Después de 10 años del último acuerdo, el pleno de la Comisión del Pacto de Toledo, ha alcanzado un amplio acuerdo (30 votos a favor; 5 en contra, de Vox y 2 abstenciones, de Bildu y ERC) en el que se establecen las nuevas recomendaciones que deben servir de base para acotar las reformas de las pensiones públicas por este y otros gobiernos.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, es una Comisión Permanente, no legislativa, del Congreso de los Diputados, cuyas propuestas deben ser aprobadas por el Pleno. Este proceso ha finalizado hoy, día 19 de noviembre, con un acuerdo político muy amplio, ya que ha tenido un respaldo muy mayoritario del Pleno del Congreso de los Diputados, sólo 2 votos en contra, en un parlamento más fragmentado que nunca.

El Pacto de Toledo hay que analizarlo con perspectiva y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla. A estos efectos, es preciso recordar que antes de la pandemia, a finales del año 2019, después de cuatro años de debates, los trabajos desarrollados en la Comisión del Pacto de Toledo, fracasaron estrepitosamente ya que finalizaron sin acuerdo. Ahora, con las mismas fuerzas políticas como protagonistas, se ha alcanzado un acuerdo, en el que la situación límite en la que nos encontramos como causa de la pandemia, ha jugado su papel sin ningún género de dudas.

Teniendo en cuenta que es un acuerdo entre las diferentes y muy distanciadas propuestas que tienen los partidos políticos sobre el modelo público de pensiones, el Pacto de Toledo es un punto de partida y no un punto de llegada. Es también un acuerdo de mínimos que ahora toca desarrollar al Congreso de los Diputados, a través de los Presupuestos Generales del Estado y las Leyes que regulen su reforma.

Por todo ello, como no podía ser de otra manera, el Pacto tiene luces y sombras. Entre los aspectos positivos, cabe destacar como especialmente significativo el hecho de que las recomendaciones de 2020 hayan recuperado el apoyo de los dos principales partidos estatales que históricamente han vertebrado los gobiernos del País, PSOE y PP; y que junto a ellos se haya incorporado también el apoyo de las dos nuevos partidos de ámbito estatal, UNIDAS-PODEMOS y CIUDADANOS, como exponentes de las nuevas realidades políticas surgidas en los últimos años, al calor de la crisis política, económica e institucional que vivimos desde 2008.

Hemos de comenzar por señalar entre las recomendaciones adoptadas que, una vez más, se rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización, y se reafirman los principios del sistema: universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia. La Comisión reconoce expresamente que el IRP (o,25%) aprobado en 2013 “no goza del suficiente consenso político y social” y defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley. Apuesta por la recuperación de la «hucha de las pensiones»; propone la mejora de las pensiones más bajas; profundiza en la integración del Régimen Agrario y de Empleadas del Hogar, en el Régimen General; establece vías para la equiparación de derechos y obligaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con el Régimen General; establece incentivos para el empleo de los mayores de 55 años; no incrementa loa años para el cálculo de la Base Reguladora de la jubilación, 25 años a partir del año 2022, mejorando sus cuantías por la libertad de elección de los mejores años de cotización de los beneficiarios; apuesta por el saneamiento de las cuentas al sustituir los préstamos del Estado por aportaciones que no generan deuda y eliminando los gastos impropios para que sean financiados por los Presupuestos Generales del Estado y apuesta por una financiación sostenida y sostenible de las pensiones.

En cuanto a los aspectos negativos, en las recomendaciones no se habla del blindaje constitucional; no hay referencias al factor de sostenibilidad; en cuanto a las bases máximas de cotización, las recomendaciones se limitan a una mera mención bastante inconcreta referida a que entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima debe guardar el necesario equilibrio sin menoscabo de la dimensión solidaria del sistema, y que dicha relación debe establecerse legalmente de forma clara y estable. No entra por tanto a concretar ninguna medida de forma expresa  para destopar la base máxima de cotización.

Los cinco puntos que, de forma unitaria, defiende BAT-ETORRI Consenso, son: La defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y con el modelo de reparto; Mantenimiento por Ley del poder adquisitivo de las pensiones; pensiones mínimas de 1.080 euros, derogación del factor de sostenibilidad y medidas que pongan fin a la brecha de las pensiones en razón del género. Respecto de estos cinco puntos reivindicativos, veamos que dice el Pacto de Toledo:

1.- Defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y de reparto

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, en la Recomendación 0 «Reafirma su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y en el seno de cada generación, y a través del reparto equitativo de las cargas.» Además, se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual, en especial los de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, suficiencia de prestaciones, equidad en el reparto de las cargas y responsabilidad pública en la dirección y gestión del sistema.

2.- Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su garantía por Ley

En la Recomendación 2, se reconoce expresamente que el IRP aprobado en 2013(0,25%) “no goza del suficiente consenso político y social”.

De acuerdo con lo que establece esta Recomendación, es inequívoca la apuesta de la Comisión por la defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero del sistema.

3.- Pensión mínima 1.080 euros

La Comisión del Pacto de Toledo no tiene facultades para establecer la cuantía mínima de las pensiones, pero si autoriza la posibilidad subidas superiores al IPC. En este orden de cuestiones la Comisión, en la Recomendación 2, considera que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC, por ejemplo de las pensiones mínimas, sea sufragada con cargo a otros recursos financieros. Por otra parte, en la Recomendación 17, la Comisión llama la atención sobre la importancia de asegurar rentas mínimas suficientes, tanto en el ámbito contributivo como en el no contributivo, que permitan una subsistencia digna.

Sobre la suficiencia de las pensiones, la recomendación 15, entre otras cosas, dice:  «(…) la suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 10 de nuestra Constitución, asegurando el nivel mínimo de recursos establecido en el Protocolo Adicional de la Carta Social Europea. De ahí la importancia de contar con indicadores de suficiencia que a través de la delimitación de umbrales de referendo sirva para reforzar la efectividad de la lucha contra la pobreza.

Por ello, la Comisión considera necesario establecer alguna referencia adecuada (como puede ser la tasa de sustitución que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores ocupados) y un ámbito territorial de medición comparada (países más avanzados de la Unión Europea), que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas. Así, del mismo modo que la Carta Social Europea establece una fórmula para considerar que un salario es digno, resulta necesario establecer un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.

4.- Derogación del factor de sostenibilidad

No hay una referencia al factor de sostenibilidad y no ha sido objeto de ninguna recomendación por parte de la Comisión Parlamentaria. No obstante, la Comisión, en la Recomendación 0, dice que se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual, en especial los de solidaridad intergeneracional e intrageneracional y los de suficiencia de prestaciones.

5.- Medidas que ponga fin a la brecha de las pensiones en razón del género

Hay varias medidas en las recomendaciones de la Comisión para eliminar la brecha de las pensiones por razón del género.

En la recomendación 5, cuando se dice que es necesaria una evaluación del impacto que haya podido tener la ampliación de 15 a 25 años (cuando finalice el período transitorio el año 2022), del período que se toma para el cálculo de la base reguladora de la pensión, se dice que se pondrá especial cuidado en contemplar y paliar las consecuencias negativas que dichas ampliaciones podrían tener para la brecha de género en materia de pensiones.

En la recomendación 17, Mujeres y Seguridad Social, se reconoce un hecho incuestionable: Las mujeres son mayoría en la percepción de las pensiones más bajas y, por ello, una política igualitaria requiere una revisión del sistema de pensiones no contributivas, de los complementos por mínimos y de la pensión de viudedad, para garantizar progresivamente un umbral de garantía universal, suficiente y digno.

Además, se recomiendan medidas de carácter estructural para garantizar la igualdad efectiva en el campo laboral, acometer el tema de los cuidados, conseguir la igualdad retributiva que resulta clave para la equiparación de las pensiones, las lagunas de cotización haciendo aflorar el trabajo doméstico o los trabajos a tiempo parcial  no deseados que, como es público y notorio, afectan mayoritariamente a las mujeres.

Como conclusión, en líneas generales, valoramos las recomendaciones de forma positiva ya que este acuerdo da certidumbre a los pensionistas actuales y a los futuros. En primer lugar por su apuesta por un Sistema Público de Pensiones, basado en el modelo de reparto y solidario entre generaciones. En segundo lugar, hay que poner en valor el amplio respaldo alcanzado en un acuerdo, así como que se haya puesto la política por delante de la economía, lo que es un buen punto de partida para poder garantizar las pensiones de hoy y de mañana. Por otra parte, hace una referencia expresa a la sostenibilidad del sistema y refuerza la idea de que las pensiones contributivas se financiarán principalmente por cotizaciones y por impuestos donde no lleguen las cotizaciones.

La Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

En lo que a las pensiones públicas se refiere, las cuentas de los presupuestos generales para el 2021, recogen algunas grandes líneas de actuación siguiendo las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Entre ellas, en lo que a las pensiones se refiere, destacan: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la asunción de una parte importante de los gastos impropios.

Respecto a la revalorización de las pensiones públicas,  los presupuestos contemplan un incremento de la pensiones contributivas del 0,9%, inflación prevista para el año 2021, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo si la inflación crece por encima del 0,9%. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, subirán el 1,8%.

Además, siguiendo con las recomendaciones primera y sexta del Pacto de Toledo, de los casi 23.000 millones de euros identificados como gastos impropios, las cuentas del 2021 dan un gran paso y cubren cerca de 14.000 millones.

Sorprende que las pensiones mínimas no mejoren su poder adquisitivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el programa de Gobierno, en lo que a las pensiones concierne, dice de forma literal: «Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas«. Es una mala noticia para los pensionistas que han venido exigiendo en sus movilizaciones la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas para que ninguna pensión este por debajo del umbral de la pobreza y con el objetivo de equipararlas, más pronto que tarde, al SMI. Por otra parte, la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas, es un gran instrumento para reducir la brecha de pensiones en razón del género, si tenemos en cuenta que son las mujeres las que mayoritariamente perciben complementos por mínimos.

En nuestra opinión, sorprende también el hecho de que el Factor de Sostenibilidad no haya sido objeto de ningún comentario, puesto que su entrada en vigor se encuentra actualmente suspendida hasta el 1 de enero de 2023. Pero, de no revisarse la norma, llegada esta fecha entrará en vigor.

Para finalizar, es preciso poner en valor las movilizaciones de las y los pensionistas, porque hemos conseguido, gracias al gran respaldo de las manifestaciones realizadas en los últimos años, que las pensiones hayan formado parte de la agenda política de los partidos y de las instituciones públicas. Por eso tenemos hoy un nuevo acuerdo en el Pacto de Toledo y, por eso, hemos logrado que los Presupuestos Generales del Estado garanticen el poder adquisitivo de las pensiones.

Ahora nos toca seguir reivindicando que los proyectos de Ley para la reforma de las pensiones y los Presupuestos Generales del Estado tengan presente, y hagan suyas, las recomendaciones del Pacto de Toledo, empezando por la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y su equiparación al Salario Mínimo Interprofesional y la derogación del Factor de Sostenibilidad. 

 NOTA.- BAT ETORRI / CONSENSO lo componemos las Asociaciones de Pensionistas: AGIJUPENS, NAGUSILAN, FEVAAS (Fed.Vasca Asociaciones), GEPE ( Gipuzkoako Erretiratu edo Pentsionisten Elkartea), ASPALGI, HELDUAK ADI y RED de PENSIONISTAS. Así como COESPE Gipuzkoa y Personas representativas de Asambleas Locales y Comarcales de Gipuzkoa. Asimismo, se adhiere a esta iniciativa, Asociación alavesa de Pensionistas -Tologorri. Coordinadora de pensionistas y jubilad@s de LasarteOria.                                                                                   

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