La crisis sanitaria consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 ha puesto sobre la mesa la realidad de la consideración y atención a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y dependencia, muchas de ellas personas de edad avanzada y otras más jóvenes con grandes necesidades de apoyo. Se trata de situaciones que no son nuevas, que vienen siendo objeto de debate y denuncia hace tiempo, pero se han hecho mucho más visibles ahora ante la dureza de las situaciones que estamos viviendo, aflorando carencias importantes en nuestro sistema de cuidados. También se están evidenciando riesgos futuros en torno a cómo conjugar valores que deben estar equilibrados en el cuidado, como la salud y la libertad de las personas.

Resulta del todo imprescindible generar un debate con el fin de una revisión de los cuidados en España para poder mejorar los cuidados, la coordinación y la alternancia de servicios, y los problemas de competencias para conseguir la eficacia deseada y que necesitan las personas dependientes.

CUIDADOS DOMICILIARIOS

 Partimos de la base de que más de 3/4 del total de mayores de 65 años y personas de menor edad en situación de fragilidad, dependencia o discapacidad, prefieren vivir en su casa y seguir participando en su comunidad. Parece evidente que hay que avanzar en una propuesta de atención integral en el domicilio capaz coordinar a todos los implicados en esta atención: familias en primer lugar, servicios sociales (SAD fundamentalmente, que debe ser reforzado, aunque no exclusivamente), atención primaria y especializada de salud, sector de empleo de hogar y cuidados, asistentes, voluntariado, servicios de proximidad e iniciativas de participación comunitaria. Es urgente ampliar la cobertura pública y el nivel de protección para todos los grados de dependencia, y hacerlo garantizando un mejor funcionamiento de los servicios e infraestructuras, incorporando más profesionales. Resulta necesaria, por tanto, una atención sociosanitaria integrada y centrada en las personas que viven en sus domicilios, coordinando los servicios necesarios para mejorar su calidad de vida y el de su entorno familiar tal como recomienda la OMS.

Además, y en tanto dure el peligro del COVID-19, hay que garantizar la puesta en marcha de protocolos de actuación específicos y de obligado cumplimiento, formación específica para el personal, abastecimiento de productos de limpieza específicos y controles de inspección para velar por su cumplimiento, y también garantizar que las personas del entorno familiar que se han hecho cargo del cuidado de las personas dependientes, usuarias de recursos cerrados (centros de día y similares) o de SAD, reciben la Prestación por cuidados en el entorno familiar, dejando sin efecto las posibles incompatibilidades establecidas entre servicios (recomendación técnica de actuación realizada desde el IMSERSO).

Todo esto conllevará el inevitable incremento presupuestario y de empleos especializados a corto plazo, a cambio de una mejora importante en los cuidados prestados y en la calidad de vida de las personas que los reciben, y de decenas de miles de mujeres, sobre todo, que trabajan en este sector y que no disfrutan de las mínimas condiciones de seguridad y legalidad, con las consecuencias personales que esta situación genera, pero hay mucho margen para ello. Tengamos en cuenta que, en 2017, el gasto social en familia/hijos/as per cápita en paridad de poder adquisitivo era de 760 en la UE-15, 701 en la UE-28 y sólo 330 en España. En porcentaje del PIB, esta diferencia de gasto se traducía en que la UE-15 dedicaba de media 2,4% de su PIB a esta área, la UE-28, 2,3% y España dedicaba la mitad (1,2%). En millones de euros, esta diferencia se traducía en una inversión de 333 millones de media en la UE- 15, 359 en la UE-28 y sólo 14,5 en nuestro país. Por otro lado, atendiendo a los datos que ofrece la OCDE, en 2017 el gasto social en cuidados de larga duración (cuidados para personas en situación de dependencia) constituía el 3,7% del PIB en Holanda, el 3,2% en Suecia, el 1,9% en Francia, el 1,5% en Alemania, el 1,4% en Reino Unido y sólo el 0,7% en España.

CUIDADOS EN RESIDENCIAS

 Necesitamos pensar y definir un cambio en profundidad del modelo de alojamientos para personas mayores o personas con discapacidades que precisan apoyos para continuar con sus proyectos de vida. Son precisas alternativas de alojamiento que dispensen cuidados e intervenciones profesionales orientadas hacia una atención centrada en las personas. La experiencia de otros países, avalada por décadas de desarrollo y evidencia científica, sugiere la bondad de desagregar los conceptos “vivienda” y “cuidados” haciendo depender cada uno de su ámbito competencial natural. Esta diferenciación, además de racionalizar el gasto público en recursos destinados a los cuidados, nos alejaría definitivamente de los modelos institucionales. La vivienda garantiza espacio propio, intimidad; y en los entornos domésticos los cuidados y apoyos se ofrecen en función de las diferentes necesidades de cada situación de dependencia.

No son necesarias urbanizaciones con chalets unifamiliares o compartidos por el alto coste que representa, de construcción y de gestión, para Servicios Sociales y la mayoría de personas dependientes, y porque de lo que hablamos es de cambiar el sistema copia del hospitalario de habitaciones compartidas, por el de apartamentos con nuevos diseños arquitectónicos y nuevas fórmulas organizativas, de servicios y de gestión lo más similares a un hogar, donde se garantice la intimidad, se personalice el cuidado y se evite la continua rotación de profesionales, y donde el tiempo y las actividades se organicen pensando en las personas y en alimentar una vida con sentido.

Hay, por tanto, que erradicar definitivamente los macrocentros privados o concertados  que  almacenan  personas  donde  la  mayoría  de  las  habitaciones son compartidas, y dejar de percibir como un lujo las habitaciones individuales. Esos centros, donde las personas permanecen casi todo el día en salas repletas de “internos” alineados, evitar el contagio cuando hay enfermedades fácilmente transmisibles puede acabar siendo una misión imposible como ha ocurrido   con   la   pandemia   del COVID-19.

Consideramos urgente que, desde el parque residencial que ahora existe, se provoque su tránsito hacia el cambio de modelo, contextualizándolo en la realidad concreta de cada centro.

Al mismo tiempo, es imprescindible apoyar y cuidar a los y las profesionales, dignificando su labor, supervisando el desarrollo de sus competencias de atención integral y relacional, invirtiendo en el cuidado de los equipos y en la mejora de las organizaciones. Esto no puede considerarse como algo superfluo y por tanto prescindible. Solo así podremos avanzar en un buen cuidado. Hay que corregir la escasez de profesionales bien formados y la precariedad de las condiciones de trabajo en las residencias privadas y concertadas puesto que, aunque no es una condición única ni suficiente para garantizar la calidad de cuidados y apoyos, es una cuestión que debe ser subsanada.

Cartagena, mayo de 2020

NO ACEPTAMOS que para cuidar a nuestros mayores se explote o esclavice a miles de mujeres el la CAPV,
QUEREMOS seguir viviendo en casa, con un sistema público de cuidados digno y asequible, y – cuando ya no sea posible – en pequeñas residencias para vivir como en casa.(Plataforma IRAULI-ZAINTZA)

En el País Vasco la pandemia – también – ha dejado al descubierto nuestro sistema de residencias. Las personas trabajadoras castigadas y menospreciadas en su oficio y profesión han sacado lo mejor de si mismas; y de su compromiso con los abuelos y la sociedad;
arriesgando su salud y sus vidas. Han respondido. Se han ganado los aplausos, pero en demasiados casos con un alto costo.

Y ahora qué? Donde están los que han alimentado este modelo de residencias gigantes y sin recursos suficientes. Las alarmas estaban encendidas mucho antes del Covid-19. Las huelgas de las trabajadoras venían marcando lo que hay en la política actual de la atención a la dependencia: ratios de personal agobiantes para las trabajadoras e indignos para los residentes; plantillas con mucha precariedad; autoritarismo y desprecios de muchos gerentes y directores, presionados por empresas creadas para ganar dinero. Los responsables de cada una de las Diputaciones Forales se han lucido. Su única política de atención a lo que ya estaba pasando, ha sido solicitar de forma enfermiza al Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco que se aumentarán los servicios mínimos durante las huelgas, y este se conformó aumentando, porque según sus propias palabras
solo tienen el deber de garantizar el servicio y las condiciones laborales son una cuestión de negociación con la patronal, en la que ni el Gobierno Vasco ni las Diputaciones, creen que tengan algo que decir. Simplemente han pasando de lo que venía sucediendo en el interior de las
residencias y solo se ajustan a sus Presupuestos Generales.

Durante largos años, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han hecho apología de la privatización (“les das las ganancias que buscan y te resuelven el problema”) y grandes campañas de auto-propaganda (“somos punteros en Europa”). En una cosa están en lo cierto: en las políticas públicas de la CAPV en atención a la dependencia de los últimos 20 años se impusieron abrir las puertas a empresas de servicios privadas y además han creado redes clientelares. Nada de iniciativas sociales, ni de buscar amplios consensos para abordar el profundo cambio demográfico que estamos viviendo, ni de abrir un debate trasparente en la sociedad. Por el contrario han ideado un entramado competencial entre Gobierno y Diputaciones, con apoyo social minoritario, que lo único que ha generado es un laberinto de coberturas, de servicios y de tarifas diferentes en cada Territorio Histórico.

En los servicios de atención a los mayores hay otra realidad – siempre invisibilizada – que son las cuidadoras internas en los hogares y que la pandemia les ha sumado precariedad. Su situación laboral y de vida se ha visto afectada por: despidos ( simple desistimiento del patrón);
reducciones de jornadas; confinamientos obligatorios; sin derecho al subsidio del RD 11/2020 ; en demasiados casos, sin casa, sin alimentos, dependiendo de la beneficencia. Cuanto tiempo más debe pasar para que se termine con este indigno sistema, cimentado sobre una precariedad
abusiva – rozando la esclavitud – con miles de trabajadoras que son absolutamente necesarias y que se les niegan los papeles.

En la CAPV, son muchos más los mayores cuidados en los domicilios familiares, que los ingresados en las residencias. Esto además de ser algo natural es un derecho: poder vivir en su entorno, bien en su propio domicilio o en viviendas adaptadas, con políticas públicas que  garanticen esos cuidados de calidad, así como la calidad en el empleo para quienes los cuidan.

Son muchas las cosas que se deben cambiar en nuestro sistema público de cuidados, desde la atención en domicilio, hasta las residencias de mayores, y este es el momento. Nos haríamos un gran fraude, si después de lo que la pandemia ha destapado, hacemos pequeños retoques y nos
quedamos con un tipo de residencias que no tienen nada que ver con lo que nos encontramos en el centro y norte de Europa, ni con las necesidades de nuestros mayores.

Proponemos abrir un gran debate, que nos lleve un acuerdo social que es básico y necesario en una sociedad que aspira a tener un sistema digno de cuidados para sus mayores. El número de personas mayores va ir subiendo. Muchas jubiladas y jubilados de hoy, y las de mañana más, van a pasar a esta fase de la vida sin apoyo familiar, como ya ocurrió en el centro y norte europeo. La gran mayoría de la sociedad vasca, aspira a vivir dignamente con su pensión, tiene la esperanza de vivir muchos años, y desea condiciones dignas, en su entorno de siempre, con viviendas
adecuadas y unos servicios públicos suficientes, y eso sí, sin ser una carga para la familia. Y por supuesto, este acuerdo básico debe hacer justicia con las trabajadoras de todos estos servicios garantizándoles condiciones de trabajo, salarios y jornadas, estabilidad y conciliación familiar a la
altura del resto de trabajadores públicos, además del reconocimiento del tiempo anterior trabajado, también durante el vergonzoso periodo de “sin papeles”.

No dejemos que cambien algunas cosas para que todo quede igual.

Es necesario pasar :
* de lo privado, a lo público;
* de residencias masificadas, a pequeños centros, con habitáculos individuales e independientes para los residentes;
* de una estructura por Territorios Históricos ineficaz, a una centralización a nivel de la CAPV (como ya se da en la Enseñanza o la Sanidad);
* de unos ayuntamientos casi al margen, a que, por su cercanía, sean los verdaderos responsables de los servicios;
* de unos insuficientes servicios municipales de atención domiciliaria complementados con cuidadoras contratadas en los domicilios en condiciones inadmisibles y con pocas o ninguna cobertura, a una nueva realidad de viviendas adecuadas para quienes van perdiendo autonomía y promoción de cooperativas de cuidadoras a nivel local para la atención en el domicilio.

Abrimos la posibilidad de adhesiones y aportaciones a esta propuesta para colectivos que estén interesados en apoyar esta iniciativa o que quieran implementarla escribiendo a:

iraulizaintza@gmail.com

Mayo 2020

En la crisis del 2008 se rescató a la banca, esta vez hay que proteger a millones personas, víctimas de un modelo económico y social depredador. Como en la crisis anterior, el colectivo menos afectado volverá a ser el pensionista, teniendo que contribuir la gente mayor a salvar las economías familiares

Los movimientos sociales no surgen de la noche a la mañana, se forman y consolidan durante un periodo de tiempo indeterminado. La excepción es el movimiento de pensionistas, que nació de forma simultánea en varias poblaciones de Bizkaia el 15 de enero de 2018. Tampoco es habitual que los movimientos sociales desaparezcan a fecha fija, más frecuente es que se escindan formando organizaciones diferenciadas que siguen operando en el mismo campo. La excepción vuelve a ser el movimiento de pensionistas, que interrumpió las concentraciones el 9 de marzo de 2020 a causa de la mortífera Covid-19. No siendo posible saber si se trata de una desaparición definitiva o si volverá a resurgir, si cabe asegurar que para cuando se puedan reanudar las movilizaciones habrán pasado meses y la situación social será distinta.

La suspensión de los Sanfermines, celebrados incluso durante la epidemia de 1918, el retraso de la final de Copa, el aplazamiento de las olimpiadas de Tokio, y tantos otros eventos que no se podrán celebrar, hace suponer que tampoco se autorizarán movilizaciones multitudinarias, al menos hasta el otoño. En consecuencia, el movimiento de pensionistas, que ya estaba en declive, se ha disuelto y puede que no vuelva a recuperarse, entre otros motivos porque las circunstancias que lo motivaron han cambiado. Ninguna otra demanda tiene la capacidad movilizadora del rechazo al denostado incremento del 0,25 %. Tal vez se llegase a reavivar si a causa de la crisis social y económica que está provocando el coronavirus se volviesen a congelar las pensiones. Es una posibilidad remota, pues al finalizar el año la tasa de inflación hasta puede resultar negativa.

El hábito de confundir la parte con el todo 

Los movimientos sociales se cimentan sobre organismos de base en situación de conflictividad permanente. Es el caso del fenecido Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB). Surgió de las concentraciones de los pueblos, promovidas desde plataformas locales, diseminadas por todo el territorio. Clausurados los encuentros en las plazas de cada municipio, dejan de actuar las respectivas plataformas. A la vez desaparece la asamblea provincial, que era el espacio de coordinación y decisión del MPB. Desde el 9 de marzo, las declaraciones y propuestas que se plantean en nombre del MPB carecen de cualquier legitimidad. Son iniciativas unilaterales promovidas por Pentsionistak Martxan, asociación que actúa al amparo de esas siglas.

El asunto no se ciñe a un acto de suplantación de identidad, llega a inspirar rotundos titulares que crean falsas expectativas: “Los pensionistas de Bizkaia volverán a movilizarse a partir del 18 de mayo”. Esa convocatoria intenta llegar a un grupo reducido de gente, suficiente para mantener la presencia mediática de quienes intervengan. La iniciativa sería admisible si Pensionistak Martxan la promoviese con su propio nombre. La cosa cambia al utilizar de tapadera al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, aunque haya dejado de existir. Si otras organizaciones siguiesen el mismo método, cabe imaginar la situación de confusión resultante.

La deliberada identificación entre la asociación y el movimiento, la obstinación en asociar la parte con el todo, llevan al extremo de publicar el mismo documento como MPB y en el blog de la plataforma abertzale Gaurgeroa. Son textos que al no estar sometidos a ningún control externo, marcan las posiciones políticas de EH Bildu. Un ejemplo: “La Diputación de Bizkaia, como siempre, la más conservadora – totalmente hegemonizada por el PNV- se ha puesto a la cabeza en la aprobación de ayudas fiscales a los empresarios”. Esta discutible manera de proceder se basa en la pretensión de que ambos niveles organizativos, movimiento social y agrupación ideológica, se integren el mismo proyecto político, sobre todo en época electoral.

Vuelta al asociacionismo de pensionistas 

Se puede seguir hablando del movimiento de pensionistas en general, no como organización específica o entidad concreta. El conjunto de asociaciones que se dedican a defender los derechos del colectivo de pensionistas forman un movimiento atomizado, sin vínculo estable. No siendo posible mantener el modelo que surgió en enero de 2018, resulta inevitable volver a las condiciones anteriores, cuando la problemática de las pensiones se encauzaba a través de asociaciones con estructura y base social propia. Ante la nueva situación varias asociaciones de pensionistas de Bizkaia han formado una unidad de acción denominada Ados.Consenso. Cabe suponer que también Pentsionistak Matxan acabará actuando con su propio nombre, dejando de utilizar la cobertura del inexistente Movimiento de Pensionistas de Bizkaia.

Durante más de dos años la lucha en defensa de las pensiones públicas se canalizó a través de un poderoso y singular movimiento social. Alcanzó relevancia política y obtuvo mejoras económicas actuando como grupo de presión sobre los gobiernos de turno. Mientras duró el periodo intenso del conflicto se daban condiciones propicias para que surgiese ese organismo de base capaz de impulsar grandes movilizaciones, como la fastuosa manifestación del 17 de marzo de 2018 en Bilbao. Tal ha sido el memorable e irrepetible rol interpretado por el MPB. Al desaparecer ese movimiento, que al comienzo era unitario y plural, vuelven a intervenir las asociaciones de pensionistas y reaparecen las centrales sindicales.

Con el reflujo de la lucha los sindicatos de ámbito estatal recuperan el control de la situación, en detrimento de los sindicatos nacionalistas que el 30 de enero convocaron huelga general en Euskadi y Navarra. El Gobierno reconoce a las centrales sindicales mayoritarias, además de la representación de trabajadores y de pensionistas, un papel esencial en la negociación de las medidas precisas para atajar las consecuencias laborales del estado de alarma, así como en los posibles pactos para amortiguar la crisis socioeconómica provocada por la pandemia del coronavirus. Por supuesto, participarán en la reforma de las pensiones, que pasa a un segundo plano, junto con la Comisión del Pacto de Toledo. Guste o no, el protagonismo de las centrales sindicales y organizaciones patronales se intensifica. Se tendría que desencadenar un proceso conflictivo muy agudo para que resucitase el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, aunque todavía haya quien se empeñe en negar su defunción y hable en su nombre.

Problemática de la futura realidad 

La crisis actual no guarda relación con ninguna otra a lo largo de la historia. Su origen no está relacionado con el sistema productivo o el financiero. La provoca la necesidad de paralizar el sistema económico para proteger a la población de una mortífera epidemia. La caída del PIB, el aumento de la deuda pública, serán sus consecuencias, no la causa. El desempleo puede alcanzar a finales de año al 20 % de la población activa, afectando sobre todo a los sectores sociales más vulnerables, en particular jóvenes y mujeres, que ya sufrieron la crisis del 2008.

Junto al personal sanitario, esos colectivos sometidos al empleo precario, con salarios de miseria, desempeñan actividades esenciales para mantener el funcionamiento de los servicios sociales, mientras el resto de la población permanece en casa. Comercio, limpieza, transporte, asistencia domiciliaria y geriátrica, entre otros, representan un tercio de la población ocupada, sin incluir cuidados no retribuidos, atendidos sobre todo por mujeres en el ámbito familiar.

La crisis permite comprobar que, además de la sanidad, los empleos peor considerados son los indispensables para atender los servicios comunitarios, resultando expuestos al contagio. Entre las múltiples tareas que será preciso abordar al volver a la normalidad, la prioridad absoluta la constituyen las políticas públicas que posibilitan el bien común. Las desigualdades sociales, siempre injustas, dificultan la eficiencia del sistema productivo y de la economía. La defensa de los servicios públicos debe ir unida a la exigencia de un mejor reparto de la riqueza. En la crisis del 2008 se rescató a la banca, esta vez hay que proteger a millones personas, víctimas de un modelo económico y social depredador. Como en la crisis anterior, el colectivo menos afectado volverá a ser el pensionista, teniendo que contribuir la gente mayor a salvar las economías familiares.

Nuevos tiempos, diferentes objetivos, distintos métodos 

Ante un panorama tan desolador, las asociaciones de pensionistas tienen que reflexionar sobre la idoneidad y vigencia de sus demandas. Los esquemas del pasado no sirvan para afrontar los dilemas del futuro. La nueva situación requiere renovar formas de organización, movilización y liderazgos, determinado todo ello por el objetivo principal: la defensa de la salud pública. Implica que el movimiento de pensionistas deja de ser el eje movilizador. La iniciativa y el protagonismo pasan a las mareas blancas de la sanidad y de las residencias.

Siendo los servicios sanitarios la meta prioritaria, garantizar el bienestar del conjunto de la población demanda un auténtico cambio social y económico, que requiere la participación de múltiples organizaciones de base, incluidos los sindicatos, para presionar en esa dirección a los poderes públicos y fácticos. En el contexto de ese movimiento unitario y plural, interterritorial e intergeneracional, el colectivo de pensionistas es uno más, subsidiario y complementario. El potencial de la defensa de la sanidad pública posibilita alcanzar a nivel estatal movilizaciones como las logradas en Euskadi con las pensiones en 2018.

Entre los obstáculos que dificultan la confluencia en la lucha reivindicativa destacan intereses partidistas y protagonismos obsesivos. Está ocurriendo en Bizkaia con la convocatoria de concentraciones en residencias y diputaciones el lunes 18. La impulsa Pentsionistak Martxan, amparándose en el nombre del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Es una acción orientada a llamar la atención de la prensa, que no aporta nada a las numerosas denuncias presentadas por asociaciones de residencias y familiares. El 6 de mayo Rtve.es anunciaba que la fiscalía acumula más de 130 diligencias penales y 176 civiles. El día 13 la Cadena SER notifica que 18.200 residentes en geriátricos han fallecido a causa del coronavirus. Una tragedia que abarca dos tercios del total de defunciones precisa una profunda investigación. No se resuelve con actos testimoniales, con el agravante de exponerse a intensificar el número de víctimas.

*Luis Alejos, sociólogo y pensionista 

Gestionar una crisis sanitaria tan imprevisible como la provocada por la COVID-19 resulta difícil para cualquier gobierno. Las medidas aplicadas desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, que desembocó en el confinamiento de la población, se han asumido con rigor. Las dudas surgen en la fase posterior, cuando las decisiones tienen un carácter más político que sanitario. Es el caso de los confusos criterios manejados para facilitar la salida a la calle de los grupos sociales de menor y de mayor edad. A falta de evidencias científicas contrastadas, se utilizan argumentos políticos discutibles, de modo que el Gobierno pueda curarse en salud.

Nuevos casos de edadismo

Cuando la situación era más crítica, con las UCI saturadas, surgió el debate sobre el criterio de la edad para salvar vidas. Está visto que este no es un país para viejos, pues un dilema similar se ha vuelto a plantear en relación al orden de salida del confinamiento. El 17 de abril numerosos titulares de prensa apuntaban en esa dirección: ‘Sanidad admite que confinar a los mayores hasta verano está sobre la mesa’. Aunque no faltaban motivos para suponer que ese proyecto no podía prosperar, se llegó a plantear, pese a constituir un intolerable intento de discriminación, basado en un inadmisible comportamiento paternalista.

Siendo una tentativa condenada al fracaso, lleva a pensar en qué realidad se basa el Gobierno y en cómo se asesora para conocer la situación social del momento. Disponía de suficientes indicadores para saber que no podía prolongar el aislamiento de los mayores, destacando la oposición de las asociaciones de pensionistas, la opinión contraria de profesionales de geriatría y también las experiencias de otros países.

El 20 de abril el Colectivo de Pensionistas Ados.Consenso de Bizkaia declara en nota de prensa: “La edad tardía no es una enfermedad que cause la muerte.  Forma parte del ciclo de la vida y existe una diferencia significativa  entre edad cronológica y biológica. Los equipos médicos que atienden las UCI lo saben y actúan en consecuencia. No podemos admitir ni acatar ninguna de las múltiples formas de discriminación que se aplican en función de la edad. No es una medida de protección, es un comportamiento paternalista que vulnera derechos. Entenderíamos que si se aplica alguna prohibición haya personas que la incumplan por considerarla ilegítima”.

 El 22 de abril la Fundación Pilares para la Autonomía Personal insiste: “… en que el ejercicio de los derechos individuales no está reñido con el cumplimiento de los deberes de solidaridad y civismo en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Las personas mayores han dado sobradas muestras de saber ponerse al frente de los cuidados y de la defensa del bienestar de sus familias y comunidades a lo largo de la historia. No las tutoricemos ahora como si no supieran cuidar de sí mismas”.

En el plano político adquieren relevancia los casos de Buenos Aires, Francia y Alemania. Según el diario argentino Clarín, en Buenos Aires se prohibió salir a la calle sin autorización a los mayores de 70 años. Tal decisión fue declarada inconstitucional por un juez porteño, dado su carácter discriminatorio, pues además de vulnerar la igualdad ante la ley, supone reducir la autonomía personal y la capacidad de decisión en función de la edad. En Francia, el intento de confinar a mayores de 65 por tiempo indefinido se queda en llamamiento a la responsabilidad personal. El cambio de actitud llega tras la amenaza de una ‘rebelión de las canas’. En ese debate que alcanza nivel intelectual interviene la prestigiosa Academia de Medicina, calificando la medida como una “tentación simplificadora e insatisfactoria” que  llega a provocar “sufrimiento moral inducido”.

La réplica a tan desafortunadas actuaciones la ha dado Angela Merkel al declarar: “Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral”. Con tales precedentes, tras el error cometido, y de inmediato rectificado, al decretar sacar a los niños de casa para meterles donde más riesgo hay, en el supermercado, el Gobierno no tenía más opción que renunciar a cualquier medida que margine a las personas de mayor edad. Así ha ocurrido. El ‘Plan para la transición hacia una nueva normalidad’ del 28 de abril,  aunque resulta deliberadamente ambiguo, no establece medidas específicas, salvo el ” horario preferente para mayores de 65 años” en la apertura de servicios.

Amparar los derechos de las personas mayores

Parece que la intensa lucha llevada a cabo durante dos años por el colectivo de pensionistas no ha bastado para que se comprenda y asuma que las personas mayores son sujetos de derecho, con las mismas obligaciones y garantías jurídicas que el resto de la población. Basta que sean consideradas personas adultas, sin ser infantilizadas ni tratadas con actitud paternalista. Tales comportamientos llevan a planteamientos contradictorios, como es el intento de alargar la edad legal de jubilación, utilizando el pretexto del aumento de la calidad de vida, mientras se ignora ese mismo argumento al planificar el desconfinamiento. Del mismo modo, aunque no existan limitaciones de edad para conducir un vehículo, se pretenden establecer para pasear. Si el criterio de los años cumplidos tuviese sentido, debería basarse en la edad biológica, que varía de forma significativa respecto a los cumpleaños acumulados. Es una evidencia que tanto en el plano físico como en el sicológico hay jóvenes de 70 años y ancianos de 50.

La pandemia del Coronavirus vuelve a mostrar la discriminación social que sufren las personas mayores. Se utiliza la trágica situación de las residencias para intentar prolongar el aislamiento de nueve millones de personas, que necesitan más que nadie hacer ejercicio. Toda medida que se tome de forma indiscriminada en base a la edad, además de ser perjudicial e injusta, atenta contra derechos individuales y colectivos. Los casos concretos, relacionados con patologías, se tratan por los cauces sanitarios. Norma básica de comportamiento debe ser la responsabilidad personal, sin que un ‘gran hermano’ controle cada paso, porque tiene miedo a la libertad.

29 de abril, ‘Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones’, se pública el manifiesto ‘La intergeneracionalidad suma vidas’. Entre sus objetivos destaca: “Considerar el paradigma intergeneracional como eje principal para plantear y diseñar los horizontes de un nuevo modelo social. Las administraciones públicas deben incorporar en sus políticas activas y, de manera transversal, una perspectiva intergeneracional, que incluye una visión integradora de todas las edades, que promueva los espacios de encuentro, que fomente la interacción, la participación y el liderazgo, que logre corregir las políticas sesgadas por los criterios de edad y enfocar la acción de la Administración desde un prisma inter-etario, común e integrador”.

*Luis Alejos es sociólogo y pensionista

Sabíamos que en este mundo globalizado, las personas mayores contábamos poco. Se nos decía, en cambio, que los pensionistas éramos unos privilegiados. Algunos líderes políticos se atrevían a decir que los mayores sobramos. Se olvidan que somos personas.

Las personas de todas las edades nunca sobran. Las personas mayores reclamamos no ser discriminadas cuando el confinamiento termine. Es un derecho que debe ser respetado. Al igual que debe garantizarse la seguridad, aislando a quienes portan el virus, tras realizar test masivos a la población. Pero, en la actualidad hay más derechos, e incluso más importantes que peligran porque la crisis sanitaria ha dejado al descubierto los efectos que producen los recortes año tras año. Sus repercusiones para las personas mayores pueden ser enormes, en especial para las mujeres.

La débil actividad económica reducirá los ingresos del Estado, y nuevamente habrá tentaciones de recortar en la sanidad, las pensiones y los servicios públicos, cuando precisamos lo contrario. La crisis nos ha enseñado las fragilidades del sistema de protección, y la importancia de reclamar con más firmeza nuestros derechos.

1. – El derecho a la vida y a una buena atención médica es lo prioritario, es la primera conclusión a la luz de la tragedia que acompaña a las personas mayores. Conforme a la OMS, más del 50% de fallecidos en Europa lo han sido en Geriátricos. La salud es lo primero, y garantizarla pasa por invertir en Servicios Sanitarios Públicos, en especial en personal sanitario, tanto como lo que sea necesario fomentando el retorno de quienes

2. – Necesitamos más Residencias Públicas y bien acondicionadas, porque hay escasez y no están bien reguladas. Igualmente hay que invertir mucho más en personal y equipamiento socio-sanitario para que las  personas  mayores puedan acceder a una vida digna y garantizada. En todo caso se ha de establecer un marco legal para todo tipo de Residencias que regule las condiciones mínimas de habitabilidad y de prestaciones para cubrir las necesidades humanas, que se garantizarán mediante inspecciones periódicas con intervención inmediata cuando se incumplan. Es esta una condición para que las personas mayores disfruten de unas buenas condiciones en su

3. – Debe reconocerse el valor del trabajo de las personas cuidadoras, ademas de ampliar y mejorar los equipos necesarios para sus tareas en situaciones habituales y extraordinarias. El reconocimiento ha de ser real lo que implica una regulación del sector en cuanto a sueldos dignos, cotizaciones, cursos de formación, ratios, horarios adecuados y demás factores que afectan a sus

4. – Reclamamos la viabilidad de las Pensiones Públicas como columna vertebral del Sistema, que garantice los ingresos de las personas jubiladas y beneficiarias. Esta crisis nos muestra de nuevo el fracaso de unas pensiones privadas no garantizadas por el Estado. Nos oponemos a que las pensiones públicas se conviertan en complementarias respecto a sistemas privados impulsados desde las instituciones públicas, el denominado modelo público-privado.

5. – La crisis sanitaria refuerza la necesidad de los 1080 euros de pensión mínima, y el programa reivindicativo de las personas pensionistas, puesto que unos ingresos dignos ayudan a mantener una vida y una dieta equilibrada, necesarias para una buena salud. Volver a los 65 años de edad de jubilación favorece a los jóvenes que irán al desempleo. No recortar las pensiones es el modo de inyectar dinero en la economía real, impulsar la demanda y la actividad de las empresas ante los efectos devastadores de la

6. – Defendemos el derecho a la integración de las personas Solo el 45% de los hombres mayores de 65 años utiliza internet y no llega al 40% de las mujeres, la mitad de Suecia o Dinamarca. Su impacto es devastador en el aislamiento de la tercera edad, y sólo es un indicativo del problema. Las personas mayores somos sujetos con derechos y obligaciones, con libertad para optar y decidir con el apoyo de nuestros seres queridos,  y  las instituciones públicas son las responsables de hacer accesibles  la  participación, la cultura y las tecnologías, más allá de las actividades lúdicas.

De la crisis sanitaria desconocemos aún bastante, y de sus efectos en la economía también. Solo podemos ver la punta del iceberg, aunque los líderes políticos comienzan a vislumbrar que el asunto será complicado y que no habrá más salida que dar un brusco cambio de rumbo. Vivimos en la incertidumbre, y así seguiremos. Aun y todo, todo está por decidir. Miles de formas de pensar se amontonan en las redes y los medios. Son diferentes. Ya no valen las recetas de los mercados libres. Han fracasado. En efecto. Es el cambio. El cambio que no ha hecho más que empezar.

Las personas mayores seguiremos firmes en esta batalla, porque está en juego la vida de las generaciones presentes y futura

Ana Gallén, Jon Gorrotxategi, Marian Esnaola.

BIZITZA LEHENIK/ LA VIDA ES LO PRIMERO

Gipuzkoa, a 30 de Abril, 2020.

En algunos países se ha valorado que la desescalada se realice impidiendo la libre circulación de personas de edad avanzada cuando llegue el momento. Basarse en el criterio de la edad para fijar medidas discriminatorias supone atentar contra los derechos humanos. Sería una decisión coercitiva y arbitraria. Confiemos en que las autoridades políticas y sanitarias que nos gobiernan se basen en el sentido común y se olviden de discriminaciones por edad.

Se puede recomendar, nunca prohibir, menos reprimir por razones de edad. El sentido de la responsabilidad es la base de nuestro comportamiento. Nos preocupa nuestra salud. También la de quienes nos rodean y atienden nuestras necesidades sanitarias y cotidianas. Las personas de mayor edad necesitamos practicar ejercicio físico. Nuestro organismo lo reclama para poder mantener el tono muscular e incluso el equilibrio. Gente mayor practica de forma asidua actividades deportivas de resistencia, muchas veces recomendadas por motivos de salud. Las personas de mayor edad necesitamos practicar ejercicio físico. Nuestro organismo lo reclama para poder mantener el tono muscular e incluso el equilibrio. Gente mayor practica de forma asidua actividades deportivas de resistencia, muchas veces recomendadas por motivos de salud.

 

En definitiva, reclamamos que cuando se suprima o alivie el aislamiento no haya restricciones en función de la edad. Exigimos que se nos trate como personas físicas con plenos derechos y deberes. Sería conveniente que, cuanto antes, se nos permita salir guardando todas las medidas de seguridad oportunas. Confiamos en que no será necesario promover una “rebelión de las canas”.

Sentimos una gran inquietud por los efectos de la crisis sanitaria en la economía y como está repercutiendo en empresas, trabajadores, autónomos, pymes…, y en el empleo. Que se verán agravadas en los próximos meses.

Se va a necesitar una gran dosis de responsabilidad y solidaridad para afrontar el futuro. Pero nunca aceptaremos recetas económicas como las de la crisis estafa de 2008, en la cual los paganos fuimos la mayoría social, mientras unas élites privilegiadas multiplicaban sus fortunas.

La salida a esta nueva crisis deberá darse poniendo en el centro los problemas y derechos de la gente. Se deberán liberar inmensos recursos financieros para que las empresas, autónomos, pymes… vuelvan a producir, sin recortes de derechos y permitiendo que todas las personas puedan tener una vida digna, las personas pensionistas también. Y que dicha financiación no suponga una deuda inasumible ni nuevos recortes y pérdida de derechos.

Por supuesto seguiremos luchando por unas pensiones públicas dignas.

Trabajando por una sociedad más justa y solidaria, donde cada persona tenga asegurada sus necesidades básicas, y por un mundo más habitable y sostenible.

BAT ETORRI

CORREO DE CONTACTO: batetorri.consenso@gmail.com

 

GURE ESKUBIDEEKIN ARDURATSU ETA ZORROTZ

Zenbait herrialdetan baloratu da ordua iritsitakoan ere adineko pertsonen mugimendu askea eragotzi eta murriztu egiten dela. Neurri diskriminatzaileak ezartzea adinaren irizpidean oinarrituta, giza eskubideen aurkako erasoa suposatzen du. Erabaki hertsia eta bidegabea izango litzateke. Konfiantza izan dezagun gobernatzen gaituzten agintari politiko eta sanitarioek zentzu komunean oinarriturik adin diskriminazioa ahaztu eta baztertu dezatela. Adin arrazoiengatik gomendatu daiteke, inoiz debekatu eta gutxiago zigortu. Erantzukizunaren zentzua gure portaeraren oinarria da. Gure osasunarekin kezkatuta gaude. Baita gure inguruan daudenak eta gure osasuna eta eguneroko beharrak zaintzen dizkigutenak. Adinekoek ariketa fisikoa landu behar dugu. Gure gorputzak gihar tonua eta oreka mantentzeko gai dela aldarrikatzen du. Adinekoek maiz egiten dute erresistentziarako kirol jarduerak, askotan osasun arrazoiengatik gomendagarriak. Adinekoek ariketa fisikoa landu behar dugu. Gure gorputzak gihar tonua eta oreka mantentzeko gai dela aldarrikatzen du. Adinekoek maiz egiten dute erresistentziarako kirol jarduerak, askotan osasun arrazoiengatik gomendatzen direnak.

Azkenean, isolamendua kentzen edo arintzen denean eskatzen dugu adinean oinarritutako murrizketarik ez izatea. Eskubide eta betebehar osoak dituzten pertsona gisa tratatuak izatea eskatzen dugu. Komeniko litzateke ahalik eta lasterren segurtasun neurri guztiak mantentzen uztea. Ziur ez da beharrezkoa izango “ile txurien matxinada” sustatzea.

Osasun krisiak ekonomian izan ditzakeen eraginaz eta enpresetan, langileetan, autonomoetan, ETEetan … eta enpleguan nolako eragina izaten ari denaz oso kezkatuta gaude. Hori larriagotu egingo da datozen hilabeteetan. Erantzukizun eta elkartasun handia beharko da etorkizunari aurre egiteko. Baina ez dugu inoiz onartuko 2008ko iruzur krisiaren antzeko errezeta ekonomikoak, zeinean pairatzaileak gehiengo soziala izan ginen, eta, elite pribilegiatuek beren dirutzak biderkatzen zituzten bitartean. Krisi berri honetatik ateratzeko bidea pertsonen arazoak eta eskubideak erdigunean jarri behar dira. Baliabide ekonomiko eskergak askatu behar dira, enpresak, autonomoak, ETEak … berriro ekoizten has daitezen, eskubideen murrizketarik gabe eta pertsona guztiei bizitza duina izan dezaten, pentsiodunek ere. Eta horrelako finantzaketak ez du zorra areagotu behar, ezta ere murrizketa berriak onartzea eta eskubideak galtzea.

Jakina, pentsio publiko duinak lortzeko borrokan jarraituko dugu. Gizarte bidezkoago eta solidarioago baten alde lan eginez, non pertsona bakoitzak bere oinarrizko beharrak aseguratuta izan ditzan eta jasangarriago eta orekatuagoa den mundu bat lortuz.

BAT ETORRI

 

 

 

Las personas de mayor edad comprendemos la necesidad del confinamiento motivado por la epidemia del Covid – 19. Lo cumplimos con rigor, sabiendo que es necesario para proteger la salud de toda la población. Nos apena y conmueve la mortandad que provoca. Mostramos nuestra condolencia a las familias afectadas, en particular a las de compañeras y compañeros que no volveremos a ver. Agradecemos el esfuerzo que realiza el personal sanitario y de servicios para atender las necesidades de toda la ciudadanía. Nuestro sentir es común al del conjunto de la sociedad, deseamos que se nos trate con la misma consideración.

La situación más luctuosa se da en residencias de mayores, por motivos que las autoridades sanitarias, políticas y judiciales tendrán que aclarar, enmendar y si es preciso sancionar. Esa elevada mortandad no puede servir como excusa para vulnerar los derechos de un amplio sector de la población. Basarse en el criterio de la edad para fijar medidas discriminatorias supone atentar contra los derechos humanos.

Se está valorando la posibilidad de impedir la libre circulación de personas de edad avanzada cuando llegue la desescalada. Sería una decisión coercitiva y arbitraria. Si los asesores de los gobiernos tienen posturas diferentes, significa que su opinión carece de evidencia científica.

Confiemos en que las autoridades políticas y sanitarias no sigan el ejemplo de Buenos Aires, donde se restringe la salida a la calle a mayores de 70 años, mientras en Francia la “rebelión de las canas” ha obligado al gobierno a cancelar esa misma medida con 65 años.

La edad tardía no es una enfermedad que cause la muerte. Forma parte del ciclo de la vida y existe una diferencia significativa entre edad cronológica y biológica. Los equipos médicos que atienden las UCI lo saben y actúan en consecuencia. No podemos admitir ni acatar ninguna de las múltiples formas de discriminación que se aplican en función de la edad. No es una medida de protección, es un comportamiento paternalista que vulnera derechos. Entenderíamos que si se aplica alguna prohibición hubiese personas que la incumpliesen por considerarla ilegítima.

Se puede recomendar, nunca prohibir, menos reprimir. El sentido de la responsabilidad es la base de nuestro comportamiento. Nos preocupa nuestra salud. También la de quienes nos rodean y atienden nuestras necesidades sanitarias y cotidianas. Las personas de mayor edad necesitamos más que nadie practicar ejercicio físico. Nuestro organismo lo reclama para poder mantener el tono muscular e incluso el equilibrio. La reclusión provoca estados depresivos, ansiedad y estrés, intensificando el insomnio tan común en personas de edad avanzada.

Gente mayor practica de forma asidua actividades deportivas de resistencia, si se interrumpen a veces no es posible recuperar la forma física necesaria para continuar.

En definitiva, reclamamos que cuando se suprima o alivie el aislamiento no haya restricciones en función de la edad. Exigimos que se nos trate como personas físicas con plenos derechos y deberes. Confiamos en que no será necesario promover una “rebelión de las canas”.

Bilbao, 20 de abril de 2020
Colectivo de Pensionistas Ados. Consenso Bizkaia
NAGUSIAK /AJPD /CPB (COESPE)

 

Koldo, tu ejemplo refuerza nuestras convicciones

 

 

Las concentraciones de pensionistas se han paralizado de la misma forma que surgieron: de repente, por causa de fuerza mayor. El Covid-19 las frena, produce el efecto contrario al 0,25% que las impulsó. El estado de alarma provocado por la pandemia del Coronavirus ha dejado las calles desiertas, recluyendo en casa a los pensionistas, que además constituyen el principal grupo de riesgo. Cuando esté controlado el virus tocará hacer balance de los daños que ha producido, valorando sus agudas consecuencias en pérdida de vidas humanas, penuria social e impacto económico. También el movimiento de pensionistas tendrá que analizar lo ocurrido, adaptando sus demandas y métodos de actuación a la nueva situación.

Afrontar la realidad 

Hasta la fecha el País Vasco, en concreto Bizkaia, en particular Bilbao, han sido el referente esencial del movimiento de pensionistas en el conjunto del Estado. La clave de esa primacía es el activismo social, inspirado sobre todo en las luchas obreras del pasado siglo. Esa relevancia conlleva un inevitable protagonismo, al cual cuesta renunciar, aunque cambie la realidad. Se vio antes de la declaración del estado de alarma, en la cuarentena surgen dos posturas: una mezcla reivindicaciones de pensiones y sanitarias, la otra se centra en las amenazas de la epidemia llamando a respetar las normas de protección.

El día 16 el Colectivo de Pensionistas Ados.Consenso sacó una nota con este expresivo titular: “Pedimos perdón por tardar en desconvocar la concentración de pensionistas de Bilbao”. En ese texto se dice: “Las plataformas de diversas poblaciones de Bizkaia, entre ellas Barakaldo, Sestao, Santurtzi, Muskiz o Ermua, han anulado sus concentraciones mediante carteles, a través de los medios de comunicación y en redes sociales. La excepción es Bilbao, pese a que desde el jueves 12 se sabe que el Ayuntamiento ha cancelado las “actividades al aire libre para personas mayores”. El mismo día 12 hubo un intento de reunirse en Bilbao para acordar la suspensión. Se descartó, alegando que se trataría el lunes 16 antes de la concentración. Eso significa que, por el motivo que sea, sin descartar el protagonismo mediático, había un interés expreso en mantenerla, pese al riesgo de contagio masivo que suponía.

El lunes 30 la Plataforma de Pensionistas de Santurtzi declara: “Mientras dure el estado de alarma tenemos que cumplir las instrucciones de las autoridades sanitarias. No hacerlo supone poner en peligro nuestra salud y la de las personas que con dedicación y voluntad de servicio atienden los centros hospitalarios. El derecho a la vida es nuestra reivindicación fundamental. Ahora no toca pensar en reanudar las movilizaciones, ni en plantear ninguna demanda que no sea la defensa de la sanidad pública, primordial sobre todo para quienes somos pensionistas, entre otras razones por el abandono que sufren las residencias de mayores”.

Las meritorias acciones del movimiento de pensionistas quedan eclipsadas, al menos mientras persista la epidemia, por el ejemplar esfuerzo y compromiso del personal de la sanidad pública y de otras actividades básicas para cubrir las necesidades sociales. Se trata de servicios que afectan sobremanera a las personas más vulnerables y dependientes, entre las que destacan las de mayor edad. Esta situación, reconocida por asociaciones y plataformas de pensionistas, choca con la realidad cuando persiste el empeño de mantener la imagen mediática. Pese a la interrupción de las asambleas formalmente decisorias, sin posibilidad siquiera de ratificar las iniciativas, se siguen dando instrucciones a las plataformas locales y haciendo declaraciones de prensa en nombre del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia.

Enseñanzas de una vivencia extrema

Desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma que conlleva el confinamiento de la población, la repetitiva escena del ‘día de la marmota’ se renueva cada jornada, manteniendo las monótonas actividades cotidianas. Mucho se está escribiendo sobre este fenómeno que altera los hábitos de convivencia social, intensificando las comunicaciones a través de medios que evitan al encuentro personal, recurriendo en particular a las redes sociales. La experiencia más significativa y emotiva es la cita de las ocho de la tarde en balcones y ventanas, para agradecer la labor del personal de la sanidad pública y otros servicios básicos. No podía faltar una cacerolada para reprochar la conducta del Rey emérito, reclamando que devuelva lo robado. Todo amenizado con la canción del Dúo Dinámico ‘Resistiré’.

La imagen más trágica de la epidemia por Covid-19 se da en las residencias de mayores. La Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) lo expresa con esta consigna: “No podemos consentir que las residencias sean antesalas del tanatorio”.  Avergüenza e indigna imaginar a personas de avanzada edad conviviendo con cadáveres. Hay cerca de 6.000 residencias con capacidad para atender a unas 400.000 personas. El problema inicial es que el 75 % son privadas y están controladas por multinacionales y fondos buitre.

Dignificar y humanizar las residencias de mayores se convierte en tarea prioritaria para las instituciones y la sociedad. La asistencia social es competencia de las comunidades autónomas, conviene crear una normativa unificada, con prevalencia de la titularidad pública, insignificante en la actualidad. Ocurre como en la sanidad privada y la enseñanza concertada, no son servicios, son negocios. Se trata de un sector laboral muy feminizado y precarizado, urge revisar las condiciones retributivas, la profesionalidad y el equipamiento.

El prestigio y la credibilidad que está logrando la sanidad pública, refuerza la garantía y la defensa de lo público, incluyendo al Gobierno y al Estado. La sanidad pública se consolida como prioridad absoluta frente al imperativo económico. Resulta evidente que las deficiencias del sistema sanitario son consecuencia directa de las privatizaciones y los recortes. Aún así, las beligerantes derechas cuestionan las medidas proteccionistas dirigidas a evitar el contagio de la población asalariada, temiendo que afecten a la cuenta de resultados de las empresas.

Pese a sus vacilaciones y errores, el Gobierno de coalición se consolida. La ciudadanía entiende la necesidad de aplicar medidas drásticas como el confinamiento y las trabas a la circulación de personas. Hasta los nacionalistas catalanes y vascos transigen con la presencia en su territorio de la UME en misión humanitaria, sustituyendo las armas por equipos de desinfección. A los pensionistas les toca reconocer como inevitable el cierre de los centros de jubilados y la cancelación de los viajes del IMSERSO. El viernes 13 de marzo, al anunciar la declaración de estado de alarma, el presidente Sánchez se dirigió a los pensionistas diciendo: “Quiero trasladar un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que debilitan sus defensas: deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos”.

Encarar el futuro tras la crisis

Pasada la epidemia, el movimiento de pensionistas tendrá que analizar la nueva situación. Si vuelve a movilizarse deberá hacer causa común con el conjunto de la población, fijando como objetivo inmediato la defensa de la sanidad pública: revertir recortes, desprivatizar hospitales, reforzar recursos humanos y materiales, humanizar el modelo de cuidados en las residencias de mayores. Toca anteponer la salud y la vida a cualquier otra meta.

La pandemia del Covid-19 dejará graves secuelas económicas. El gran sacrificio que soportan trabajadores e incluso empresas, el enorme esfuerzo presupuestario asumido por el Gobierno para proteger a los sectores sociales más vulnerables, todo ello conlleva duras consecuencias. Se tambalearán las economías familiares, se verán amenazadas de cierre pequeñas empresas, el incremento del endeudamiento del país será inevitable.

En tal situación, revelaría una conducta insolidaria pretender mantener íntegras las demandas del movimiento de pensionistas. Las reivindicaciones urgentes, inmediatas, se pueden agrupar en dos: garantizar por ley la revalorización de las pensiones para mantener el poder adquisitivo y establecer una pensión mínima por encima del umbral de la pobreza, reduciendo la brecha de género. Está por ver en qué consistirá el Ingreso Mínimo Vital anunciado por el Gobierno y si mantendrá el compromiso de elevar el SMI a 1.200 euros al final de la legislatura. Mientras se despejan las dudas lo razonable sería reclamar una pensión mínima equivalente a los 950 euros del actual SMI. No significa arriar la bandera de los 1.080 euros, sino dejarla a media asta, esperando a que mejoren las condiciones para volver a izarla.

No cabe consentir que la crisis actual se salde como la del 2008, con la gran banca, entidades financieras, inmobiliarias especuladoras, multinacionales que operan desde paraísos fiscales, reforzadas a costa de empobrecer a amplios sectores de la sociedad. El sacrificio colectivo para recuperar el nivel de vida perdido implica repartir los costes de la crisis. Será preciso aumentar la presión fiscal para intensificar el gasto público, con el fin de lograr que nadie se vea en el desamparo. Aunque no falte voluntad política, habrá que movilizarse en defensa del bien común. Los pensionistas participarán con el resto de la población, recayendo el protagonismo en quienes están ejerciendo de forma tan responsable su labor profesional, exponiéndose a perder la vida para proteger la nuestra. Esa actitud solidaria anima a reconciliarse con la condición humana, creyendo que sí es posible alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

*Luis Alejos es sociólogo y pensionista 

 

 

 

Las personas pensionistas cumplimos con responsabilidad las medidas de confinamiento, higiene y distancia social adoptadas por las autoridades sanitarias. Observamos con preocupación y frustración los datos sobre el número de contagiados y fallecidos, y nos preocupa sobremanera el significativo y elevado porcentaje de pensionistas en ambos grupos.

Desde BAT ETORRI trasladamos nuestras condolencias a las familias y allegados de las víctimas del COVID-19.

Esta pandemia ha dejado al descubierto severas deficiencias en el sistema sanitario y asistencial que afectan directamente al cuidado y atención a las personas mayores. El sector público necesita fortalecerse:

1. Dotándolo de recursos humanos y materiales suficientes para garantizar los objetivos previstos en el cuidado domiciliario y residencial (atención personalizada, cuidados sanitarios geriátricos, respecto a la dignidad, espacios libres de maltrato y sujeciones…)
2. impulsando proyectos como ETXEAN BIZI – tan deseado por las personas mayores – que buscan la permanencia en el domicilio el máximo tiempo

Sentimos una gran inquietud por las consecuencias de la pandemia sobre la economía y el empleo con un efecto directo sobre las grandes empresas y pymes; sobre los asalariados y autónomos… Vamos a necesitar grandes dosis de responsabilidad y solidaridad para afrontar el futuro.

La salida a esta crisis urge de recetas imaginativas diseñadas con responsabilidad y solidaridad que sitúen en el centro los problemas y necesidades de la mayoría social, y que no ocasionen recortes ni pérdidas de derechos.

Desde BAT ETORRI nos ofrecemos para seguir trabajando por una sociedad más equitativa, justa y habitable en la que primen el respeto y la solidaridad.

PENSIONISTAK AURRERA

PENTSIODUNAK, KORONABIRUSA ETA ETORKIZUNA

Pentsiodunok erantzukizunez betetzen ditugu osasun agintariek hartutako isolamenduko, garbitasunezko eta distantzia neurrien aginduak. Kutsatutako eta hildakoen kopuruari buruzko datuak kezkaz eta frustrazioarekin ikusten ditugu, eta oso kezkatuta gaude bi talde hauetan pentsiodunen portzentaia garrantzitsua eta handiagatik.

BAT ETORRI-tik COVID-19-ren biktimen senideei eta ingurukoei doluminak helarazten dizkiegu.

Pandemia honek gabezia larriak agertu ditu osasunbidea eta sorospen sisteman eta adineko pertsonen zaintza eta arreta zuzenean eragiten dutenak gainera. Sektore publikoa indartu behar da:

1. Giza eta material baliabide nahikoak hornitzea etxeko eta egoitzetako zainketan (arreta pertsonalizatua, osasun geriatrikoa, duintasunezko lana, tratu txarrik eta murrizketarik gabeko espazioak …)
2. ETXEAN BIZI bezalako proiektuak sustatzea, adinekoek nahi duten bezala, etxean ahalik eta denbora gehien irautea bilatzen

Adinekoentzako arreta, Ongizate Estatuaren oinarrizko zutabekoa, ezin da erakunde pribatuen negozioaren menpe egon. Azken asteetako gertakari triste eta lotsagarriak ezin dira berriro gertatu. INOIZ ERE EZ.

Oso kezkatuta gaude pandemiak ekonomian eta enpleguan izan ditzakeen ondorioek eragin zuzena duten enpresa handietan eta ETEetan; soldatapekoen eta autonomoen artean… Ardura eta elkartasun dosi handiak beharko ditugu etorkizunari aurre egiteko.

Krisi honetatik ateratzeak gehiengo sozialaren arazoak eta beharrak erdigunean kokatzen dituzten erantzukizun eta elkartasunez diseinatutako neurri berriak eskatzen ditu, eta eskubideen mozketak edo galerak eragiten ez dituztenak.

BAT ETORRI-tik, errespetua eta elkartasuna nagusi diren gizarte bidezkoago, zuzenago eta biziago baten alde lanean jarraitzeko aukera eskaintzen dugu.

PENTSIONISTAK AURRERA