Tras más de cuatro años de reuniones, la Comisión permanente no legislativa de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes 23/10/2020 su informe para la reforma del sistema público de pensiones. Los grupos políticos votarán en comisión el documento el próximo martes 27.
Las recomendaciones son claves para la prometida reforma de las pensiones, ya que el Gobierno ha asegurado que servirán de base para los cambios que se aprueben, que también estarán sometidos a la negociación con los sindicatos y la patronal.
Resumimos telegráficamente el contenido de todas las recomendaciones:

Recomendación 0: Defensa del sistema público
Se reafirma el compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones y se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de sus principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad, entre otros.
Se reitera que las cotizaciones sociales se mantengan como “la fuente básica” de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas, sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales, como pueden ser las transferencias del Estado.
Se insiste además en que las prestaciones no contributivas y los servicios de carácter universal se financien a través de aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

Recomendación 1: Equilibrio y Separación de fuentes
Se emplaza a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 y propone que los gastos impropios pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado. Entre los gastos impropios enumera: las ayudas a las empresas de reducciones en la cotización a la Seguridad Social, las tarifas planas y otros ejemplos de tratamiento favorable en la cotización, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor, el complemento de maternidad en las pensiones,…

Recomendación 2: Poder adquisitivo. Subidas con el IPC
Se defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y precisa que “la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.

Recomendación 3: La ‘hucha de las pensiones’
El Pacto destaca que una vez se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social se debe retomar la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva, apunta que aunque el Fondo de Reserva no es el mecanismo adecuado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural sí puede servir como una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social.

Recomendación 4: Cotización de autónomos
Indica que la sostenibilidad del sistema de pensiones exige que, de manera gradual y acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo, se aproxime la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. Este cambio se debe producir en el marco del diálogo social entre sindicatos y patronal.
Recomienda medidas que contemplen el trabajo a tiempo parcial de los autónomos.

Recomendación 5: Elección del periodo de cotización
Recomienda evaluar la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión, es decir, que el trabajador pudiera elegir esos 25 años de manera que le sea más favorable para el cobro de su pensión.
Sobre la pensión máxima y la base máxima de cotización, indica que su relación debe establecerse legalmente de forma clara y estable.

Recomendación 6: Incentivos al empleo
La financiación de los incentivos al empleo no podrá hacerse con cargo a las cotizaciones sociales, salvo excepciones en colectivos especiales como personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género.

Recomendación 7: Información ciudadana. “La carta naranja”
Se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las obligaciones de información contenidas en el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, “de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión”. Es el conocido “sobre de color naranja” que ningún Gobierno ha llegado a remitir a los mayores de 50 años, como estaba previsto.

Recomendación 8: Gestión del sistema. Nueva Agencia
Se debe abordar un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social. Además, la Comisión defiende “una más estrecha y adecuada coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos”.

Recomendación 9: Mutuas de la Seguridad Social. Modernización
Respecto a las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, destaca que debe cumplirse la regla de paridad en la composición de sus órganos de gobierno y dotarlas de cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos que resulte compatible con un estricto control por la Seguridad Social.

Recomendación 10: Lucha contra el fraude
Se deben clarificar las lagunas legislativas bajo las que se ocultan abusos en la determinación del concreto régimen de afiliación en el que se debe cotizar (“falsos autónomos”) y apremia por el endurecimiento de las sanciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social”.

Recomendación 11: Contributividad. Pensiones mínimas
Se apuesta por la “contributividad” del sistema, es decir, la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador.
Se precisa que, en los casos de vidas laborales muy prolongadas, habría que valorar la posibilidad de reconocer la posibilidad de que el beneficiario descarte algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o pueda escoger el tramo de la carrera de cotización sobre el que se aplicaca la fórmula de cálculo de su pensión.

Recomendación 12: Edad de jubilación
La edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.
También apuesta por revisar el acceso a la jubilación anticipada, de manera que los coeficientes reductores sean equitativos y emplaza al Gobierno a proponer una respuesta en el plazo máximo de 3 meses ante la Comisión.

Recomendación 13: Viudedad y orfandad
Se debe llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones de viudedad y orfandad, manteniendo su carácter contributivo. Se debe acomodar la configuración de la pensión a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos.
La protección social debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos y propone aumentar el porcentaje de la base reguladora de la pensión.

Recomendación 14: Fiscalidad
Queda suprimida esta anterior recomendación sobre el reordenamiento del tratamiento tributario

Recomendación 15: Un sistema suficiente
La Comisión cree necesario establecer alguna referencia adecuada para evaluar la “suficiencia” de las pensiones, como puede ser la llamada ‘tasa de sustitución’ (que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores), que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas”.
Se reitera que los complementos a mínimos de las pensiones, como manifestación práctica de ese sistema solidario, deben ser asumidos por impuestos (Presupuestos Generales del Estado) y no por cotizaciones sociales.

Recomendación 16: Sistemas complementarios
Reafirma de nuevo su apuesta por impulsar la implantación efectiva de los planes complementarios de pensiones, en especial de los planes de trabajo (los planes de empleo, el llamado segundo pilar de las pensiones), que negocian empresas y trabajadores y que “prioritariamente” habrán de ser sin ánimo de lucro. Y apostilla que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros”.
En cuanto a los sistemas de pensiones individuales (el llamado tercer pilar), sostiene que la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores.

Recomendación 17: Mujeres
Se reclaman medidas que permitan identificar las discriminaciones retributivas y llama a introducir “las correcciones” para solventar los vacíos en las carreras de cotización por la irregularidades de las carreras profesionales, y también emplaza a impulsar reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios con los trabajadores a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres, como ha indicado ya la justicia europea y el Tribunal Constitucional.

Recomendación 17 bis: Jóvenes
Hace un llamamiento a potenciar su confianza en el sistema de la Seguridad Social. Una medida concreta que incluye al respecto consiste en adoptar “medidas legislativas definitivas encaminadas a garantizar y a mejorar la protección social del colectivo de becarios”.

Recomendación 18: Personas con discapacidad
Deben intensificarse las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos laborales de las personas con discapacidad, y en concreto, se recomienda “seguir introduciendo modificaciones en la normativa de Seguridad Social que afecten, entre otras cuestiones, al régimen jurídico de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente y a su compatibilidad con la realización de un trabajo, evitando la litigiosidad existente en este ámbito”.

Recomendación 19: Trabajadores migrantes
Afirma que la inmigración ayudará a fortalecer el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población en España, y apuesta por la llegada de personas canalizada “a través de mecanismos que garanticen la incorporación de personas migrantes al mercado de trabajo”. Destaca también la llamada a que la Administración intensifique “su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes”, así como las situaciones de explotación.

Recomendación 19 bis: Digitalización
La Comisión destaca que “resulta clave” favorecer la inclusión de los trabajadores dentro del sistema, “como fórmula para combatir la economía informal y garantizar la protección ante situaciones de necesidad” (cita la sentencia del Supremo sobre Glovo como referencia para la “imprescindible” lucha contra los falsos autónomos).
Señala el riesgo de una protección social contributiva insuficiente y considera que “hay que reforzar los mecanismos no contributivos, típicamente solidarios, del sistema”.
La Comisión añade una reflexión: “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.

Recomendación 20: Control Parlamentario
A juicio de la comisión, conviene “intensificar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones, del equilibrio financiero del sistema y de los resultados que se obtienen en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social”.
El Pacto de Toledo recuerda por último que, transcurridos al menos cinco años desde su aprobación, “el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como a una evaluación de su grado de cumplimiento, mediante los instrumentos parlamentarios específicos para ello”.

EL PACTO DE TOLEDO 

NOTA PREVIA
Para la más sencilla comprensión de los documentos que se adjuntan, se ruega la lectura previa de la siguiente explicación:

El texto se compone de 5 partes:

Parte I.‐ Antecedentes; en esta parte se relatan los datos relativos a la creación de la Comisión, su composición, las sesiones celebradas y la
documentación recibida.

Parte II.‐ Introducción; en esta parte, tras unas breves palabras de presentación y agradecimiento, se exponen el contenido de las principales
leyes que han desarrollado el Pacto de Toledo, desde 2003, así como los datos más destacados sobre las prestaciones económicas que, a día de hoy,
satisface la Seguridad Social.

Parte III.‐ Orientaciones comunitarias; en esta parte se expone la posición de las Instituciones de la UE, una vez transcurrido el plazo de
10 años para ejecutar la Estrategia de Lisboa, y las metas fijadas dentro del marco diseñado por la nueva Estrategia Europa 2020.

Parte IV.‐ Evolución demográfica prevista para España; en esta parte se indican las principales proyecciones demográficas referidas a España, con
especial atención a las previsiones y simulaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística.

Parte V.‐ Recomendaciones; es la parte medular del Informe. En ella se encuentran las recomendaciones elaboradas en las reuniones mantenidas por la Mesa y los Portavoces durante los últimos meses. Las recomendaciones incorporan, señaladas en negrita las correcciones sugeridas por el Letrado y aquellas otras que le fueron encargadas a lo largo de las reuniones mantenidas. Entre esas correcciones tienen una profundidad mayor las introducidas en la Recomendación número 20, relativa al seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo. Asimismo, se ha dado una nueva numeración a las recomendaciones, más acorde con los acuerdos que se fueron adoptando en las reuniones sucesivas.
Las recomendaciones van precedidas de una Consideración Preliminar, elaborada por el Letrado, atendiendo a las indicaciones efectuadas en el curso de la última reunión.

Parte VI.‐ Anexo Estadístico; se trata de la parte complementaria integrada por los cuadros y gráficos que sirven para ilustrar las explicaciones y demás datos que se ofrece a lo largo del Informe.
Secretaría de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo

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En la actual situación de crisis múltiples, donde a las desigualdades sociales, económicas y políticas que no dejan de crecer hay que añadir las carencias e insuficiencias dotacionales de los servicios públicos, así como la caída de la actividad económica y la bajada de la recaudación fiscal, se constata el riesgo de cronificarse la pérdida de bienestar.

                La privatización siempre ha tenido lo público en el punto de mira, pero hoy día es en la protección social donde coge impulso el modelo privatizador, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Más en concreto, el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad  Social y su modelo de reparto va a ser complementado, de momento de forma parcial, por las pensiones privadas (en Euskadi EPSV) con la correspondiente, por supuesto, mejora de sus beneficios fiscales. No lo podemos permitir.

                Todo esto lleva a impulsar el Colectivo Argitasuna con la idea de hacer visible las diferentes problemáticas y de construir de forma colectiva una nueva realidad. No queremos una mano de pintura a lo existente. Necesitamos promover el bien común, la justicia social, la equidad en el reparto de la riqueza, una reforma fiscal percibida como justa. En definitiva, un modelo social alternativo que rescate los derechos del conjunto de la ciudadanía.

El manifiesto adjunto recoge el ideario Argitasuna y está dirigido a todo tipo de asociaciones: feministas, ecologistas, pensionistas, culturales, juveniles, deportivas incluso. Va dirigido también a las organizaciones sindicales, así como a los partidos políticos que desde las instituciones gestionan los intereses del conjunto de la sociedad.

                Quienes a nivel personal o asociativo se identifiquen con el contenido del citado manifiesto y deseen participar en su desarrollo, rogamos que lo comuniquen, a través del siguiente correo electrónico: colectivoargitasuna@gmail.com

La crisis económica del 2008 y su deplorable gestión, a base de recortes, austeridad, reformas laborales, de pensiones y de género, se tradujo en menos protección, más precariedad, más pobreza, más desigualdad social. Hace tres años, los indicadores macroeconómicos señalaban el final de la crisis. Para el 66% de la población vasca la percepción era bien distinta, no había acabado. Es más, desde el 2013 alrededor de una cuarta parte de la sociedad no puede ni ir al dentista y tiene que ajustarse en la alimentación. En cuanto a la pobreza infantil, el Deusto Barómetro Social recogía que más de un 31% ha renunciado a las actividades de ocio. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de abril, el paro juvenil ronda el 22% en la CAV. Además, las mejoras salariales se concentran en el nivel superior, mientras que en el inferior empeoran.

Se instala y cronifica la precariedad. Corremos el riesgo de dar carta de naturaleza a una “sociedad indecente” en la que se viva con normalidad la persistente desigualdad, donde para consolidar la situación se recurra a normas que disciplinen a la población en la pobreza.

En este contexto aparece la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, con efectos demoledores en el plano económico y social. La pandemia intensifica la precariedad y la desigualdad. La devastación será extensa e intensa. Estimaciones oficiales señalan que la recaudación fiscal caerá este año alrededor del 20% (2.000 millones menos de ingresos en la CAV). El reto es con la salud pública, sostenibilidad económica, ambiental y rescate social. En definitiva, se necesitan cambios profundos, sociales, culturales e impositivos.

Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Combatir la desigualdad pasa por una reforma fiscal profunda, que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales. Que aporte de manera continuada los recursos que la sociedad necesite y que sea percibida como justa y progresiva. La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude (evasión fiscal) y desgravaciones (elusión fiscal). Además de pagar, hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos, elitistas. Son ejemplos evidentes de inequidad fiscal.

 No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que tenga beneficios fiscales.

Gobierno Vasco y Diputaciones favorecen con desgravaciones fiscales de la base imponible de la declaración de la renta (hoy hasta 5.000 euros) a contribuyentes con capacidad de ahorro a largo plazo, para complementar la pensión pública próxima o futura. De esta forma se transfieren recursos públicos a segmentos sociales y laborales razonablemente bien situados, convirtiendo al resto de la población en meros donantes de beneficios fiscales. La crisis sanitaria ha retrasado la propuesta fiscal más generosa que la Administración tiene prevista para intentar extender el aseguramiento social privado más allá de las rentas medias/altas.

El Viceconsejero de Economía del Gobierno Vasco, instaba en julio a redoblar esfuerzos para impulsar las EPSV de empleo. No hubo respuesta sindical ni de partidos, no hubo el rechazo frontal que cabía esperar ante este intento de privatizar las pensiones públicas. ¿Y si mañana se instase a suscribir pólizas de aseguramiento sanitario privado, ya que son centros de iniciativa social, con el argumento de que se refuerza el derecho a elegir, posibilitando que se gestione en dos redes, como ocurre con la educación concertada? ¿Habría respuesta política, sindical, social, a ese intento de privatizar lo público, o sea, a pretender sostener con dinero público empresas privadas como ocurre con nuestra educación de modelo segregacionista?

En la CAV asistimos desde hace años, con el silencio cómplice de partidos y sindicatos, al fomento institucional de una fiscalidad “a la carta”, para que sectores concretos accedan a la jubilación con una pensión privada complementaria, financiada con recursos que se sustraen de cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. Es necesario rechazar los reiterados intentos de extender la privatización de los servicios públicos, en particular de las pensiones y de la sanidad, dos urgencias del momento actual, con una fiscalidad ventajosa que constituye una apropiación injusta de recursos colectivos. En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de interés social.

Es preciso recuperar la hegemonía de la política sobre la economía y la acción de las instituciones en las decisiones económicas y sociales que afectan a la colectividad. Necesitamos servicios públicos eficientes que posibiliten el desarrollo de las familias en igualdad, conciliando. Es imprescindible la progresividad fiscal frente a la actual regresividad. Deben dejar de existir situaciones tan preocupantes como estas:

– 25% de perceptores de la RGI son pensionistas, en su mayoría (dos de cada tres) mujeres

 -Casi un 30% de mujeres trabajan con contrato a tiempo parcial, hombres sólo el 10%

– Las pensionistas vascas cobran de media 907 euros al mes, los hombres 1.568 euros

Organizar los recursos públicos con eficiencia y equidad, establecer prioridades compartidas y bien definidas, requiere acuerdos amplios que se debieran abordar en los próximos meses, en los presupuestos de la CAV y del Estado.

Quienes integramos el colectivo Argitasuna, impulsor de este documento, somos gente de procedencia obrera, trabajadores en activo y pensionistas. Venimos de diferentes ámbitos profesionales, tenemos características políticas e ideológicas diversas, pero nos mueve la voluntad común de clarificar, dar luz (argia) a la situación actual para contribuir a transformar esta realidad. Consideramos necesario que partidos y sindicatos se pronuncien sin dilación sobre las necesidades sanitarias y la fiscalidad que pedimos revertir. Solicitaremos encuentros con cada uno de ellos para exponer en detalle la razón de esta iniciativa.

Socializaremos este manifiesto con otras asociaciones, en particular las de pensionistas y los colectivos de la sanidad, para que contribuyan con su parecer, si así lo consideran. Animamos a que los trabajadores y trabajadoras en activo debatan sobre las EPSV y el modelo social que representan. Hacemos un llamamiento a los profesionales de la sanidad para que expongan con claridad y valentía las necesidades concretas e inaplazables en la situación actual. Este planteamiento vale para el conjunto del Estado, al compartir problemas similares, aunque su adaptación y gestión corresponde a colectivos que recojan el testigo en cada territorio.

Euskadi, octubre de 2020

ARGITASUNA-Errealitate  berri bat eraikitzeko argitasuna

2008ko krisi ekonomikoa eta horren kudeaketa tamalgarriak, murrizketa, austeritate, lan-erreforma eta pentsio eta genero-erreformen bidez, babes gutxiago, prekarietate gehiago, pobrezi handiagoa eta desberdintasun sozial nabarmenak ekarri zituen berekin. Duela hiru urte, adierazle makroekonomikoek krisiaren amaiera adierazten zuten. EAEko biztanleen % 66aren pertzepzioa ostera, kontrakoa zen. Are gehiago, 2013az geroztik, gizartearen laurden batek ezin du dentistarengana ere jo eta janaria murriztu behar izan du. Haurren pobreziari dagokionez, Deusto Barometro Sozialak % 31k baino gehiagok aisialdiko jarduerei uko egin ziela jasotzen zuen. Apirileko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, gazteen langabezia % 22 ingurukoa da EAEn. Gainera, soldata-hobekuntzak maila gorenean daude, behekoan okerrera egiten duten bitartean.

Prekarietatea ezarri eta kroniko bihurtzen da. Etengabeko berdintasun eza normaltasunez bizitzen duen “gizarte lotsagarri” bati izaera emateko arriskua dugu, non, egoera sendotzeko, herritarrak pobrezian diziplinatzen dituzten arauetaz baliatzen diren.

Testuinguru honetan Covid 19ak eragindako osasun-krisia agertzen da, ondorio suntsitzaileekin ikuspegi ekonomiko eta sozialean. Pandemiak prekarietatea eta desberdintasuna areagotzen ditu. Hondamena zabala eta bizia izango da. Kalkulu ofizialen arabera, aurton zerga-bilketa % 20 inguru jaitsiko da (EAEn 2.000 milioi gutxiagoko diru-sarrerakin). Erronkak, osasun publiko, iraunkortasun ekonomiko, ingurumen eta erreskate sozialean datza. Azken batean, aldaketa sakonak, sozialak, kulturalak eta inposatzaileak behar dira.

Errealitate berri bat eraiki behar da, begirada eraldatzaile baten bidez, herritarrei bizitza duina izateko beharrezko baliabideetarako sarbidea bermatzeko mekanismoak aktibatu eta proiektu partekatu bat gaitzen duena.

Desberdintasunari aurre egiteko, erreforma fiskal sakona egin behar da, egitura beharrei erantzuten duena eta ez soilik egoeraren araberako beharrei. Gizarteak behar dituen baliabideak etengabe ematea eta bidezkotzat eta progresibotzat hartzea. Erreformak, PFEZk ordaintzeko benetako gaitasuna zergapetu eta gure fiskalitatearen bidegabeko bi bide: iruzurra (zerga-ihesa) eta desgrabazioak (zerga-saihestea), iztetik hasi behar du. Pentsio-plan pribatuei, mutualitateei edo BGAEei pizgarri eta onura fiskalak kendu behar zaizkie, bidegabeak, atzerakoiak eta elitistak izateagaitik. Zerga-ekitate ezaren adibide nabarmenak dira.

Ez gaude aurrezki pribatuaren aurka, baina bai onura fiskalak izatearen kontra.

Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek errenta-aitorpenean zerga-oinarriaren desgrabazioekin (gaur egun 5.000 euro arte), hurbileko edo etorkizuneko pentsio publikoa osatzeko, epe luzera aurrezteko gaitasuna duten zergadunei laguntzen diete. Horrela, baliabide publikoak nahiko ondo kokatutako gizarte eta lansegmentuetara transferitzen dira, eta gainerako biztanleak zerga-onuren emaile huts bihurtzen dira. Osasunkrisiak, Administrazioak gizarte-aseguramendu pribatua errenta ertain/altuetatik haratago zabaltzen saiatzeko aurreikusita duen zerga-proposamen oparoena atzeratu egin du.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako sailburuordeak, uztailean, enpleguko BGAEak bultzatzeko ahaleginak areagotzeko eskatu zuen. Ez zen sindikatuen edo alderdien erantzunik izan, ez zen espero zitekeen erabateko arbuiorik izan pentsio publikoak pribatizatzeko ahalegin horren aurrean. Eta bihar, gizarteekimeneko zentroak izanik, osasun-aseguramendu pribatuko polizak sinatzeko eskatuko balitz, aukeratzeko eskubidea indartzen dela argudiatuz, kudeaketa bi saretan ahalbidetuz, itunpeko hezkuntzarekin gertatzen den bezala? Arlo publikoa pribatizatzeko saiakera horri, hau da, diru publikoarekin enpresa pribatuak sostengatu nahi izateari, erantzun politiko, sindikal edo sozialik emango litzaioke, eredu segregazionistako gure hezkuntzarekin gertatzen den bezala?

EAEn, urteak dira, alderdi eta sindikatuen isiltasun konplizearekin, erakundeek sustatutako “Nahierazko” fiskalitate baten lekuko garela, gizarte osoaren beharrak betetzetik kanpo geratzen diren baliabideekin finantzatuta, sektore jakin batzuek pentsio pribatu osagarri batekin erretiroa har dezaten. Beharrezkoa da, baliabide kolektiboez bidegabe jabetzea dakarren zerga-sistema abantailatsu batekin, zerbitzu publikoen pribatizazioa zabaltzeko behin eta berriz egindako ahaleginei, bereziki pentsioen eta osasunaren pribatizazioari, uko egitea. Pentsioetan, belaunaldien arteko banaketa-sisteman inplizituki dagoen birbanaketa-ahalmena dago jokoan. Hori, iraunkorra eta arreta sozialekoa den gure pentsio-sistemaren elkartasun-eredua hausten duen, eta itzulera guztiz indibiduala den kapitalizazio-sistema batean, ezinezkoa da.

Kolektibitateari eragiten dioten erabaki ekonomiko eta sozialetan, erakundeen ekintza eta politikak ekonomiaren gain duen nagusitasuna berreskuratzea beharrezkoa da.

Bateragarritasuna sustatuz, familiak berdintasunean garatzea ahalbidetzen dituzten zerbitzu publiko eraginkorrak behar ditugu. Ezinbestekoa da zerga-progresibitatea egungo erregresibotasunaren aurrean. Jarraian aurkeztutako egoera kezkagarri hauek desagertu behar dira:

– DBE jasotzen dutenen % 25 pentsiodunak dira, gehienak (hirutik bi) emakumeak

– Emakumeen ia % 30ek lanaldi partzialeko kontratuarekin lan egiten dute, gizonek soilik % 10

– Emakume pentsiodunek bataz beste 907 euro kobratzen dituzte hilean, gizonek aldiz, 1.568

Baliabide publikoak eraginkortasunez eta ekitatez antolatzeko, lehentasun partekatuak eta ongi definituak ezartzeko, datozen hilabeteetan EAEko eta Estatuko aurrekontuetan landu beharko liratekeen akordio zabalak behar dira.

Dokumentu honen bultzatzaile den Argitasuna kolektiboa osatzen dugunok, langile jatorriko jendea, jardunean gauden langileak eta pentsiodunak gara. Hainbat lanbide-eremutatik gatoz, ezaugarri politiko eta ideologiko desberdinak ditugu, baina egungo egoera argitzeko eta errealitate hori eraldatzen laguntzeko amankomuneko borondateak mugitzen gaitu. Gure ustez, beharrezkoa da alderdi eta sindikatuek lehenbailehen osasun-premiei eta lehengoratu nahi dugun fiskalitateari buruz iritzia ematea. Ekimen honen arrazoia zehatz-mehatz azaltzeko, horietako bakoitzarekin topaketak egitea eskatuko dugu.

Manifestu hau beste elkarte batzuekin sozializatuko dugu, bereziki pentsiodunekin eta osasun-arloko kolektiboekin, halan uste badute, beren iritziarekin lagun dezaten. Lanean ari diren langileak BGAEei eta horiek ordezkatzen duten gizarte-ereduari buruz eztabaidatzera animatzen ditugu. Osasun-arloko profesionalei dei egiten diegu argi eta ausardiaz azal ditzaten egungo egoeraren premia atzeraezin zehatzak. Antzeko arazoak partekatzean, planteamendu honek Estatu osorako balio du, nahiz eta egokitze eta kudeatze lanak lurralde bakoitzean lekukoa hartzen duten kolektiboei dagokien.

Euskadi, 2020ko iraila

Argitasuna kolektiboa

Desde el pasado día 2 de octubre de 2020 la Plataforma de Jóvenes Pensionistas está llevando a cabo una campaña sobre la atención sanitaria a enfermos crónicos en la que, entre otras acciones, enviamos varias cartas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a las distintas Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, demandando medidas urgentes para este colectivo.
Hoy hemos recibido contestación al email desde la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, a la que hemos emitido una queja de manera formal.
La contestación recibida por su parte es la siguiente:
“Buenos días: Le agradecemos que se haya puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad así como la comunicación que nos hacen.
En contestación a su escrito le comunicamos que las competencias en materia de sanidad y servicios sociales están transferidas a las Comunidades Autónomas. Le facilitamos el enlace donde podrá encontrar las direcciones y teléfonos de los correspondientes departamentos autonómicos de las diferentes Comunidades Autónomas para que contacte con ellos:

http://www.mscbs.gob.es/organizacion/ccaa/directorio/home.htm

Atentamente”

Ante semejante respuesta a un tema de absoluta importancia y urgencia, reclamamos que dicho Ministerio asuma sus responsabilidad y, a través de la Comisión de Cohesión Interterritorial, exija a las Comunidades Autónomas que introduzcan la puesta en marcha de protocolos necesarios para asumir la atención sanitaria adecuada a las necesidades de los enfermos crónicos y personas dependientes o con discapacidad.

Actualmente las competencias sanitarias de salud pública y asistencia sanitaria han sido asumidas por las diferentes Comunidades Autónomas, pero el Estado mantiene la capacidad normativa general desde la coordinación interterritorial. La Ley General de Sanidad, contempla la creación del llamado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), destinado primordialmente a garantizar la equidad en prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos de las diferentes Comunidades Autónomas.

El CISNS está constituido por el Ministro de Sanidad y Consumo, así como los Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas. Además desempeña las funciones determinadas en la Ley de Cohesión y Calidad, donde se establece que el Consejo Interterritorial conocerá, debatirá y, en su caso emitirá recomendaciones en relación con:
funciones esenciales en la configuración del Sistema Nacional de Salud; de asesoramiento, planificación y evaluación y de coordinación del Sistema.

Con todo ello, entendemos que el citado Ministerio tiene las competencias necesarias para paliar esta grave situación.
Así mismo, aclarar que nuestra campaña incluye acciones de sensibilización social y la notificación de nuestras demandas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como a las distintas Consejerías de Sanidad autonómicas.
De nuevo reclamamos medidas urgentes para:
● Una atención prioritaria debido al retraso en los tratamientos y cirugías. Dotando a la sanidad pública de recursos humanos y materiales necesarios para ello.
● Que se tomen cuantas medidas sean necesarias para garantizar nuestra atención, aún cuando la situación epidemiológica pudiera empeorar (hospitales “limpios de Covid-19, programa intensivo de pruebas PCR para este tipo de pacientes, etc.).
● Atención adecuada a personas dependientes, tanto en domicilio como en residencias y/o centros asistenciales.
● Retomar los tratamientos rehabilitadores con las debidas precauciones de seguridad sanitaria: para evitar la progresión, agravamiento y/o deterioro de la salud de los pacientes.

Madrid,  Octubre de 2.020

JÓVENES PENSIONISTAS

jovenespensionistas@gmail.com

Este año es un año especial para las y los mayores, ya que lo celebramos en medio de una pandemia que ha venido a hacer un enorme daño a nuestra convivencia, nuestra salud y nuestros derechos como colectivo vulnerable.

En estos meses hemos constatado la importancia de tener un potente sistema de bienestar, porque sin una buena Sanidad, sin buenas Residencias, sin unos buenos servicios a la Dependencia estamos indefensos, y en especial las personas mayores como se ha visto. La pandemia ha revalorizado la importancia de unas Instituciones públicas de bienestar que las empresas privadas son incapaces de sustituir. Esta valoración nos lleva a reconocer también la importancia de las Pensiones Públicas.

GAPEP-PAMPG siempre ha defendido que se respeten los derechos humanos de las personas mayores, y se les asegure una vida digna. Muchos son los motivos por los que cientos de miles de personas mayores están sumidas en la pobreza, o que no pueden llegar a fin de mes, pagar su alquiler, la luz, el gas, etc. Por ello, exigimos que se blinde el Sistema Público de Pensiones, y que se garantice una Pensión Mínima de 1080 euros, con el fin de garantizar una vida digna.

También exigimos que las instituciones, en todos los ámbitos, garanticen una Sanidad Pública con los recursos humanos y materiales necesarios que aseguren una atención sanitaria pública digna, tan necesaria para las personas mayores, entre otras cosas, por encontrarnos en una edad de gran vulnerabilidad para contraer enfermedades.

Igualmente, requerimos un Servicio Público de Cuidados tanto en el domicilio como en las residencias, de forma que se impida que empresas especulativas se hagan con el control de la Sanidad y cuidados de mayores para beneficio de unos pocos bolsillos y en detrimento de la mayoría. Desde estas líneas hacemos una defensa de todo lo público y lo común.

Poner en el centro a la persona, conlleva un cambio de modelo en los cuidados, y para ello, se debe dotar a las residencias de mayores recursos humanos y materiales que garanticen la seguridad y la dignidad de las personas.

Asimismo, solicitamos políticas de igualdad, también, en el colectivo de personas mayores.

Las pensiones, así como la supresión de la brecha en salarios y pensiones, la salud, y los cuidados (bien en el domicilio o en las residencias) juegan un papel prioritario para preservar la salud y la vida de las personas mayores, pero también existen otros aspectos muy importantes que tienen influencia directa en el bienestar de éstas y que son importantes defender, como son: la erradicación de la discriminación y/o el maltrato físico, emocional, negligencia en los cuidados, y la soledad no deseada.

Desde GAPEP-PAMPG mostramos nuestra solidaridad con las Personas Mayores más vulnerables, y exigimos que se atiendan nuestros derechos humanos y que se nos garantice una vida digna hasta el final de nuestras vidas. En este día queremos poner en valor la contribución que las personas mayores hacemos a la sociedad y expresar que la lucha que estamos llevando tiene un gran sentido para nuestra salud y nuestra vida.

Donostia, 28 de setiembre de 2020

URRIAK 1, ADINEKOEN NAZIOARTEKO EGUNA

Aurtengoa urte berezia da adinekoentzat, gure bizikidetzari, gure osasunari eta kolektibo kaltebera gisa ditugun eskubideei kalte handia egitera etorri den pandemia baten erdian ospatzen baitugu.

Hilabete hauetan, ongizate-sistema indartsu bat izatearen garrantzia egiaztatu dugu; izan ere, osasun onik gabe, egoitza onik gabe, mendekotasunari zerbitzu onik eman gabe, babesik gabe gaude, eta, bereziki, adineko pertsonak, ikusi den bezala.Pandemiak ongizateko erakunde publikoen garrantzia azpimarratu du, enpresa pribatuak ez baitira ordezkatzeko gai. Balorazio horrek Pentsio Publikoen garrantzia ere aitortzera garamatza.

GAPEP-PAMPGek beti defendatu du adinekoen giza eskubideak errespetatzea eta bizitza duina bermatzea. Arrazoi askorengatik daude ehunka mila adineko pobrezian sartuta, edo ezin dute hilabete amaierara iritsi, alokairua, argia, gasa eta abar ordaindu. Horregatik, Pentsioen Sistema Publikoa blindatzea eskatzen dugu, eta 1080 euroko Gutxieneko Pentsioa bermatzea, bizitza duina izateko.

Halaber, eskatzen dugu erakundeek, eremu guztietan, osasun publikoa berma dezatela, beharrezkoak diren giza baliabideekin eta baliabide materialekin, osasunarreta publiko duina bermatzeko, adinekoentzat hain beharrezkoa dena, besteak beste, gaixotasunak hartzeko oso adin ahulean gaudelako.

Era berean, etxean eta egoitzetan Zainketa Zerbitzu Publikoa behar dugu, espekulazioenpresek osasuna eta adinekoen zaintza kontrolatzea galarazteko, poltsiko gutxi batzuen mesedetan eta gehiengoaren kaltetan. Ildo horretatik, publikoa eta komuna den guztiaren defentsa egiten dugu.

Pertsona zentroan jartzeak zaintza-eredua aldatzea dakar, eta, horretarako, egoitzei giza baliabide eta baliabide material handiagoak eman behar zaizkie, pertsonen segurtasuna eta duintasuna bermatzeko.

Era berean, adineko pertsonen kolektiboan ere, berdintasun-politikak eskatzen ditugu.

Pentsioek, zein soldatetan eta pentsioetan dagoen arrakala kentzeak, osasunak eta zainketek (etxean edo egoitzetan) lehentasunezko eginkizuna betetzen dute adinekoen osasuna eta bizitza zaintzeko, baina badira beste alderdi oso garrantzitsu batzuk ere, haien ongizatean eragin zuzena dutenak eta defendatzea garrantzi handia dutenak, hala nola diskriminazioa eta tratu txar fisikoa, emozionala eta arduragabekeria zainketan desagerraraztea, baita nahigabeko bakardadea ere.

GAPEP-PAMPG-en izenean elkartasuna adierazten diegu Adineko pertsona ahulenei, eta eskatzen dugu gure giza eskubideak zaintzea eta bizitza duina bermatzea gure bizitzaren amaierara arte. Egun honetan, balioa eman nahi diogu adinekook gizarteari egiten diogun ekarpenari, eta adierazi nahi dugu egiten ari garen borrokak zentzu handia duela gure osasunerako eta bizitzarako.

Donostian, 2020ko irailaren 28an

Durante este estío perturbado por la pandemia de la Covid 19 bastaba informar de la situación sanitaria para mantener activada la alarma social, mas no por eso han dejado de difundirse noticias preocupantes sobre el porvenir de las pensiones. Alcanzó amplio eco el informe del Tribunal de Cuentas acerca de las deudas que comparten el Estado y la Seguridad Social, así como un estudio del Banco de España analizando la rentabilidad de las cotizaciones en materia de pensiones. Son datos que se prestan a valoraciones dispares, utilizados por economistas al servicio del establishment bancario para hacer campaña a favor de las pensiones privadas. Por otra parte, tanto a nivel estatal como en el País Vasco el movimiento de pensionistas está en declive, por primera vez desde el 2018 se suspendieron las concentraciones en verano.

Deudas compartidas entre el Estado y la Seguridad Social