Transcurridos tres meses de estado de alarma, las noticias sobre la tragedia de las residencias de mayores siguen siendo pavorosas, con 20.000 defunciones en centros geriátricos. Aun así, hay sectores del movimiento de pensionistas impacientes por volver a las plazas. Se entiende que la situación sanitaria pase a primer plano, dejando de ser noticia de portada las pensiones. Entre las ‘fake news’ de las redes sociales se cuela el rumor de la supresión de la paga extra del verano, pese a que el ministro Escrivá insiste en que las pensiones están “absolutamente aseguradas”. En Euskadi no podía faltar un llamamiento a la movilización social en vísperas de las elecciones autonómicas. En este contexto se conmemora el 15 de junio el Día Mundial de la toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. No hay mayor agravio que negar el derecho a la vida privando de tratamientos hospitalarios. Sobran motivos para que el Gobierno reforme el Código Penal incluyendo el edadismo como delito de odio.

La salud, factor clave del estado de bienestar

El estado de bienestar es un bien común con tres pilares, sanidad, enseñanza y pensiones. A causa de las desigualdades sociales precisa el refuerzo de otro más, los servicios sociales. Hoy la principal preocupación de la población son los efectos sobre la salud de la pandemia, que deteriora la situación económica, con aumento del desempleo e incremento de los índices de pobreza. Esos cuatro jinetes del apocalipsis requieren la intervención firme y urgente de las instituciones del Estado, acallando los cantos de sirena del neoliberalismo. Hasta los magnates de las finanzas se vuelven socialdemócratas, pero claro, reclamando la intervención de la iniciativa privada en el plan de recuperación, sin derogar la reforma laboral de 2013 ni aumentar la presión fiscal.

Puede que en el plano económico lleguemos a una situación comparable a la de Europa al final de la segunda guerra mundial. De aquella crisis se salió con un acuerdo entre capital y trabajo para repartir de forma proporcional la riqueza creada en la nueva etapa de desarrollo. La ruptura de aquel pacto de convivencia entre oligarquía y clase trabajadora se constata, por ejemplo, en la privatización de industrias estratégicas y de servicios públicos básicos, realizada con la complicidad de gobiernos que, incluso declarándose socialistas, aplican la doctrina neoliberal que antepone el interés individual al colectivo.

Para superar la actual crisis sanitaria, económica y social, hace falta un nuevo contrato social, que anteponga lo público a lo privado. La base es un desarrollo sostenible, con reparto justo de la riqueza, aplicado de forma solidaria entre generaciones y entre territorios. Es un objetivo que afecta a todos los colectivos sociales, en particular a los de mayor edad. Pero no puede estar centrado en las pensiones. La clave del futuro es la vida saludable, meta cimentada sobre la economía de los cuidados. Abarca todos los espacios de la convivencia social, el conjunto de las relaciones humanas, desde la infancia hasta la edad tardía. Implica convertir las residencias de mayores, hoy antesalas del tanatorio, en hogares con ilusión por la vida.

La prensa, caja de resonancia del movimiento de pensionistas

Entre las claves del rotundo éxito del movimiento de pensionistas destaca el eco mediático. Los medios de comunicación han intervenido de forma determinante en su difusión y arraigo. Durante dos años la prensa ha mantenido el interés y la expectación, tanto a nivel de opinión pública como entre el propio colectivo de pensionistas. Bilbao, principal referente, ofrecía un escenario incomparable, entre el estrado de las escalinatas del Ayuntamiento y la monumental esfera ovoide de Oteiza. La prensa nombró líderes y lideresas, difundiendo sus discursos de forma acrítica, sin  contraste con la realidad. Algo similar ocurrió con la marcha a Madrid que partió de Bilbao. Siendo una actividad menos exigente que el frecuentado Camino de Santiago, gracias a los medios de comunicación tuvo gran notoriedad, culminando con un apoteósico recibimiento en la Puerta del Sol.

Al convertirse las concentraciones en un fenómeno normalizado, descender la participación y emerger las diferencias entre los diferentes sectores, el movimiento de pensionistas dejó de ser noticia relevante, mereciendo menos atención de la prensa. Tras la forzosa interrupción del confinamiento, la corriente abertzale decide relanzar las concentraciones, vinculando las reivindicaciones habituales a la denuncia de la desdicha de las residencias geriátricas. Son concentraciones minoritarias, denominadas simbólicas para justificar la escasa participación. Desaparecerán si dejan de acudir los medios de comunicación.

Cuando la cobertura informativa no es satisfactoria para los impulsores de las concentraciones, se achaca “falta de objetividad y de respeto democrático de algunos medios de comunicación”, además de acusar de dar cobertura a “quienes critican y denigran”. Tal comportamiento se produce al confundir e identificar la parte, en este caso Pentsionistak Martxan, con el todo que representaba el movimiento de pensionistas. Son reacciones a noticias como la difundida por la cadena SER el 25 de mayo: “Parte de los pensionistas retoman las concentraciones en los ayuntamientos”, precisando: “La concentración en Bilbao ha sido secundada por más de medio centenar de personas…”.

Ingreso Mínimo Vital y pensiones

El desarrollo social y humano de un país requiere atender las necesidades básicas de toda la población, evitando bolsas de pobreza. Afecta a los sectores más vulnerables y dependientes, en particular la infancia, la vejez y hogares monoparentales, la mayoría tutelados por mujeres. Según el Banco de España, el riesgo de pobreza afecta a 12 millones de personas. Hasta la fecha la cuarta potencia económica europea carecía de una ayuda asistencial de ámbito estatal que evitase caer en la exclusión y la indigencia. Cada autonomía tiene la suya, en general precaria, salvo en el País Vasco y Navarra. No es cuestión de hacer comparaciones. Como en tantos otros casos, la fuerza reivindicativa y la voluntad política pesan más que el poderío económico.

La cuantía del Ingreso Mínimo Vital equivale a la pensión no contributiva. Oscila entre 462 y 1.015 euros mensuales, en función de las personas que integren la unidad familiar. Se estima que llegará a unos 850.000 hogares integrados por 2,2 millones de personas. Su coste anual alcanzará los de 3.000 millones de euros. Será compatible con el cobro de un salario bajo. No afecta a las pensiones contributivas, pues la mínima individual es de 14 pagas de 683,50 euros, todavía inferior a los 740 euros que marcan el  umbral de la pobreza en el conjunto del país.

Dado que el Ingreso Mínimo Vital  se puede complementar con las ayudas de las comunidades autónomas, falta saber cómo afectará al colectivo de pensionistas. El caso más significativo es el de Euskadi. En la actualidad 13.500 pensionistas, la mayoría viudas, perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que complementa las pensiones más bajas hasta alcanzar a nivel individual 796 euros en 12 pagas. Los  colectivos de pensionistas Bat/Etorri de Gipuzkoa y ADOS/Consenso de Bizkaia, reclaman la equiparación de la pensión mínima con los 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), declarando: “La combinación del nuevo IMV y la RGI deben servir para intensificar la lucha contra la pobreza extrema, para la inclusión social y para mejorar las pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca”.

En Euskadi la gestión del Ingreso Mínimo Vital va a depender del propio Gobierno autónomo. Además está pendiente la transferencia de la Seguridad Social, lo cual facilita la aplicación del complemento. Siendo las pensiones públicas un derecho individual y colectivo, la demanda de dicho complemento no implica renunciar a la equiparación de la pensión mínima con el SMI. Por otra parte, al disminuir el gasto total de la RGI, la concesión de la ayuda no condiciona la mejora de las prestaciones del resto de las personas perceptoras de esa renta social.

Movilizaciones en torno a las elecciones vascas

La nueva convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco coincidió el lunes 18 de mayo con una concentración del sector abertzale del movimiento de pensionistas ante la Diputación de Bizkaia. Se denunciaba la infausta situación de las residencias de mayores, además de reclamar pensiones mínimas de 1.080 euros. Ese acto tuvo lugar en Araba y en Bizkaia, no en Gipuzkoa, donde EH Bildu presidió la Diputación entre 2011 y 2015. Desde ese día la convocatoria se repite cada lunes, como durante los dos años anteriores.

Desde que el 9 de marzo se interrumpieron las concentraciones a causa de la declaración del estado de alarma, la situación ha cambiado de forma significativa. Las movilizaciones son minoritarias, la única asociación que las convoca es Pentsionistak Martxan. Las reiteradas demandas de entrevista con el lehendakari Urkullu en nombre de movimiento de pensionistas son ignoradas, mientras recibe a otras asociaciones. El gobierno municipal de Bilbao cuestiona la utilización de las escalinatas del Ayuntamiento como tribuna. El 15 de junio se celebró el 720 aniversario de la fundación de Bilbao. Una hora antes de la concentración simbólica de pensionistas, el Consistorio homenajeó a los fallecidos por coronavirus. Son actos con la misma motivación que se han dado la espalda.

Las circunstancias son adversas para movilizaciones. Al riesgo de contagio se une la proximidad del periodo vacacional. Además cuesta entender ciertas reivindicaciones en el contexto de una crisis económica y social aguda. Este año, como consecuencia del efecto de la COVID-19 sobre los precios, el denostado 0,25 % podría ser más favorable que la adaptación de las pensiones a la variación del IPC. Si la inflación fuese negativa, dado que el Índice de Revalorización de las Pensiones del Gobierno de Rajoy no se ha derogado, procedería aplicar el 0,25 %.

En la huelga del 30 de enero, promovida por el sector abertzale de pensionistas y convocada por los sindicatos ELA y LAB, se anunció una “primavera roja y en lucha”. En plena precampaña electoral, utilizando de nuevo el marco de la “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria”, el 19 de junio se llama a manifestarse con la consigna: “Para reforzar lo público y lo esencial, hay que repartir la riqueza”. Entre las reivindicación destaca el desarrollo de servicios públicos, con publificación inmediata de las tareas de cuidados.

Se reclama además una nueva fiscalidad, con costes que recaigan sobre rentas altas, rentas de capital y beneficios de empresas. Siendo consecuentes, ELA y LAB podían haber incluido la supresión de las desgravaciones fiscales de las EPSV. Son productos financieros de empleo, defendidos por los sindicatos en la negociación colectiva, pese a competir con las pensiones públicas y beneficiar a las rentas salariales altas, intensificando las desigualdades sociales.

También figuran demandas específicas del colectivo de pensionistas, entre ellas la pensión mínima de 1.080 euros. Sin embargo, no se aprecia la implicación directa de Pentsionistak Martxan, que en la huelga del 30 de enero provocó el distanciamiento entre asociaciones. Cabe pensar que esta movilización está motivada sobre todo por el empeño del sindicato ELA, que de modo reiterado se comporta como la oposición más firme al Gobierno Vasco.

La anormalidad como norma

Ni el final del estado de alarma el próximo 21 de junio, ni el descubrimiento de la vacuna que posibilite frenar la pandemia del coronavirus, pueden asegurar la vuelta a la normalidad. La pandemia arrastra otras calamidades, además de la sanitaria. La drástica caída del PIB afectará más a las clases bajas que a las adineradas. Se aprecia a nivel productivo con el cierre de  Nissan en Barcelona o Alcoa en Lugo. Tras la aplicación de los ERTES que de modo transitorio impiden el cierre del comercio de proximidad y PYMES, evitando 3,4 millones de  despidos, está por ver el alcance del “plan de reconstrucción” que el Gobierno impulsa en el Parlamento para promover la recuperación económica y social.

No es deseable volver a la normalidad con empleo precario, altas tasas de paro, desigualdades sociales. Ni con alteración de ecosistemas y pérdidas de biodiversidad que provoquen nuevas pandemias. La constatación de la vulnerabilidad colectiva posibilita alcanzar acuerdos de reciprocidad entre clases sociales. Toca insistir en la necesidad de establecer un contrato social que comprometa a toda la población, basado en la convivencia con garantía de equidad. Todo ello pese al enrarecido ambiente político, pues nada resuelve la confrontación.

La situación requiere amplios consensos que determinen obligaciones y garanticen derechos. Pedir un nuevo contrato social no implica abandonar las movilizaciones. Lo mismo que la gran patronal actúa como grupo de presión sobre el Gobierno con la cumbre empresarial de la CEOE, deben surgir iniciativas en defensa del estado de bienestar, recuperando los derechos perdidos desde la crisis del 2008. Es preciso coordinar la acción de los diversos movimientos sociales, renovando hasta las consignas. Ahora toca proclamar que: “Gobierne quien gobierne, los servicios públicos se defienden”.

  *Luis Alejos, sociólogo y pensionista

1.TIEMPO DE DELIBERAR PARA DECIDIR

Eudil Carbonel, co-director de los yacimientos de Atapuerca, piensa que la catástrofe humanitaria que estamos viviendo es uno de los pocos momentos de la historia en que se pone en peligro “la especie humana”. Un pequeño virus desconocido por nosotros ha puesto en jaque todo el omnipotente poder de la civilización, con sus conocimientos, sistemas, normas, pactos, técnicas y desarrollo.

De pronto somos conscientes de nuestra fragilidad como humanidad y de nuestra interdependencia, no sólo entre los pueblos y personas, sino del planeta y del cosmos en que habitamos. Nuestra pretendida y sobrevalorada autonomía moderna, tantas veces malentendida como autosuficiencia, parece que no es suficiente para el mantenimiento de lo más básico y perentorio: vivir.

Dice Reyes Mate (1) que la vacuna será una tregua, pero no una solución definitiva a la fragilidad y dependencia de la humanidad, porque simplemente nuestra fragilidad no tiene solución, somos radicalmente interdependientes y vulnerables, y no solo biológicamente. Dependemos de las dependientas y reponedores de los supermercados, siempre, de las baserritaras y las personas que trabajan en el sector primario, siempre, de la compasión y el compromiso de quienes nos cuidan, siempre, de quienes limpian las calles y los espacios comunes, siempre, del aire que respiramos, SIEMPRE.

En esta cuarentena impuesta e involuntaria, en este tiempo de interrupción, podemos decidir. La palabra CRISIS significa etimológicamente “decisión”; Es el tiempo para DECIDIR qué debemos de hacer, es el tiempo de la ÉTICA, de la RESPONSABILIDAD, de ver lo que está ocurriendo y reconocer cuáles son los VALORES imprescindibles a preservar ahora, en este tiempo extraordinario, y después, para avanzar como humanidad. Es el tiempo para escuchar, dialogar y DELIBERAR, para encontrar respuestas y soluciones PRUDENTES, como diría el profesor Gracia Guillén (²); es el tiempo de acordar como comunidad humana, como sociedad, qué VALORES Y VIRTUDES debemos cuidar, proteger, desarrollar y crear. Es el tiempo de proponer lo que nos parece que es BUENO.

Este documento es el resultado de ese esfuerzo. 22 personas interesadas por la ética, principalmente profesionales de los servicios sociales y sanitariosⁱ, hemos intentado darnos cuenta y comprender lo que estaba ocurriendo. Ampliando la mirada, más allá de la necesidad de UCIs y respiradores, hemos tratado de VISIBILIZAR por qué estaban sufriendo las personas, las familias, los barrios, las ciudades. Tras reconocer los hechos que generan incertidumbre y dolor, hemos indagado en sus porqués desde diferentes perspectivas e interpretaciones (económica, política, sanitaria, social, psicológica, educativa…), y nos hemos atrevido a proponer algunas orientaciones para algunos de los problemas que hemos descubierto. Problemas profundamente humanos como el miedo, abandono, injusticia, soledad, inseguridad, desconfianza, pobreza, hambre, exclusión, discriminación, dolor, sinsentido, mal morir y mal vivir. También somos AGENTES MORALES en situaciones tan extraordinarias como la que estamos viendo y también ahora hemos de procurar lo éticamente correcto, las propuestas óptimas para respetar la dignidad y los derechos de todas las personas y colectivos.

Sin duda hemos partido de un gran “capital humano”: la confianza, entre nosotras y nosotros y en la sabiduría de tantas gentes expertas cada una en lo suyo, de diferentes edades, procedencias y estatus, ideologías políticas y religiosas, con miradas y experiencias diversas, que merecen ser escuchadas por ser valiosas y necesarias para encontrar propuestas buenas.

2.¿UNA CRISIS SANITARIA?

Dicen que esta es una crisis sanitaria, que el problema mayor ha sido que el sistema sanitario no estaba preparado para una pandemia así. Los gobiernos y hasta los/las gestores/as han adoptado mayoritariamente un lenguaje bélico: es una guerra contra un virus que nos ha sorprendido y nos quiere matar. Hay que resistir (“Resistiré” ha sido el himno), confinarse y, de modo urgente, centrar todos los esfuerzos en poner a punto lo mejor que tenemos frente a la muerte, las UCIS. Parecía que si hubiéramos estado preparados con más UCIs y más respiradores, nada grave hubiera ocurrido.

Pero es mucho más, si comprendemos la salud como forma de vivir autónoma, solidaria y gozosa, según la define nuestra Ley de Salud Pública, es algo más que sobrevivir, es algo más que no enfermar; salud es tener capacidad de desarrollar un proyecto personal y social, ser solidarias con las personas que nos rodean, de amarlas, de no abandonarlas. Es capacidad de cuidar, y cuidarnos.

Algo se ha quebrado en la gestión de esta pandemia. La solidaridad de las personas jóvenes con las mayores, a la que tanto se ha aludido, ha quedado empañada por la interpretación de que su mayor bien es la mera supervivencia. Y pensamos que no, que nadie quiere la supervivencia a cualquier precio, al precio de la soledad, del miedo, de la falta del cariño de tus seres queridos, del abandono.

Siguiendo el empeño de algunas personas en utilizar la terminología militar, se están provocando graves daños “colaterales”, porque lo urgente sirve como excusa para dejar de lado lo importante. Medidas excepcionales como las que estamos manteniendo, con graves consecuencias para las personas mayores, para las personas con discapacidad, para las personas en riesgo de exclusión, para la infancia, para las personas privadas de libertad… ¿hasta cuándo se pueden mantener? ¿La salud de quién estamos defendiendo? ¿No estaremos defendiendo la salud de una persona adulta de mediana edad, generalmente hombre, que tiene un trabajo y una vivienda confortable, con apoyo social, con colchón económico para el día después y para quien el confinamiento apenas supone un incomodo?

Esta crisis saca a la luz la debilidad de los avances conseguidos en las políticas de coordinación entre las prestaciones sanitarias y de servicios sociales, en la asunción de la función, también cuidadora, del sistema de salud, en el modelo dominante biomédico y centrado en el hospital, que ha dejado de lado la atención comunitaria de la atención primaria y también los cuidados básicos, responsabilidad de los servicios sociales.

También nos muestra que es más fácil protocolizar para todos igual, con tratamientos uniformes que abordan de igual manera situaciones de partida distintas, con posiciones extremas y absolutas que solo protegen un valor: frenar los contagios.

No es fácil compaginar medidas epidemiológicas con medidas humanitarias, pero no podemos dejar de lado cuestiones humanitarias por razones epidemiológicas. Protocolizar para todos igual es discriminatorio e injusto porque olvida la equidad y con ella los apoyos necesarios para que las personas en diversas situaciones y con déficits diversos puedan acceder al bien común de la asistencia sanitaria sea para curar, para aliviar o para obtener los cuidados necesarios para un buen morir.

Así, se indican aislamientos excesivos por el bien común como si fuera una indicación inocua, sin darnos cuenta que en muchos casos no tiene nada inocuo y puede ser estimado como una auténtica mala praxis, por ejemplo en la atención al final de la vida o en algunas circunstancias de la asistencia a personas con enfermedad mental o con adicciones. Así, se ha olvidado la heterogeneidad del colectivo de personas mayores (7 millones en España), la dificultad para aislarse de los que no tienen dónde, la imposibilidad de hacerlo si la comida depende de la beca escolar de comedor, la necesidad de continuar atendiendo enfermedades y tratamientos crónicos que no pueden suspenderse, o los derechos de una persona con grave discapacidad a recibir apoyos para seguir un tratamiento intensivo que evite su discriminación. Como dice Javier Segura (3): “Urgentes medidas de brocha gorda que desatienden importantes detalles, estandarizan la complejidad y devuelven a los respectivos armarios los avances conseguidos en la acción social y la formación de talento”.

Y ¿por qué? Probablemente porque de nuevo, en los comités de expertos y comisiones políticas donde se toman las decisiones, predominan las personas adultas de mediana edad, mayormente hombres, con una vivienda confortable y apoyo familiar y red social.

3.EL AISLAMIENTO TOTAL COMO RESPUESTA UNICA y HOMOGENEIZANTE PARA UNA SOCIEDAD DIVERSA Y CON GRAVES DESIGUALDADES

Nuestra naturaleza social nos configura como seres interdependientes y es el reconocimiento reciproco lo que nos permite sobre-vivir, más allá de lo puramente orgánico. La naturaleza humana es expresión de pertenencia a la especie pero también de desigualdad y diferencia.

El aislamiento por sí mismo es una situación potencialmente dañina para cualquier ser humano; el confinamiento impuesto y controlado, está correctamente regulado y requiere supervisión judicial. La regulación de la pérdida de libertad, incluso en las personas en régimen penitenciario, no puede justificar la pérdida de otros derechos.

Entendemos y consideramos que ha sido correcta la medida de confinamiento de la población en esta situación. Pero reconocer y estar atentos a los daños que puede provocar, forma parte de nuestra salud moral y de la obligación de los/as profesionales. Si bien en un primer momento esto no era posible, nos sorprende lo que se ha tardado (más de 40 días) en comenzar a prestar los apoyos necesarios para aquellas personas en que el aislamiento genera daños importantes. Sabemos cuáles son los factores principales que inciden en sus consecuencias: la voluntariedad o no del mismo; la capacidad de comprender la situación asumiendo que tendrá un final para poder tolerar la incertidumbre; el acompañamiento que otorga seguridad frente al miedo; la experiencia de confianza o de desconfianza; y el contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas.

La pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades existentes anteriormente que NECESARIAMENTE diversifican la afectación de la enfermedad, y de las medidas propuestas, aunque se haya pretendido ofrecer una visión homogeneizadora de cómo afecta el contagio de la COVID-19. Se ha argumentado insistentemente que el Bien común en situación de emergencia justifica la falta de atención al bien particular y la restricción de derechos individuales, dando por supuesto que lo común (vivir) es igual en toda la ciudadanía.

Pero el vivir, no era el mismo vivir, y consecuentemente el confinamiento no ha sido el mismo vivir confinado en todas las personas: La imposibilidad de seguir manteniendo la economía sumergida y las actividades “laborales ilegales” o al menos “alegales”, mayoritariamente feminizadas (mujeres migrantes sin regularizar, cuidadoras intensivas y sin derechos, de personas con graves dependencia, mujeres prostituidas, limpiadoras…) ha hecho emerger la precaria situación de pobreza extrema de muchas personas y familias que han acudido a los servicios sociales de base solicitando alimentos y cobijo. La escolarización en remoto ha mostrado la evidente brecha digital, y lo que es más importante económica y social, de niñas y niños en situaciones de grave exclusión. La paradoja de la ocupación de los polideportivos, recurso necesario para el mantenimiento de la salud poblacional, por personas sin hogar o en situación de hacinamiento o de infravivienda, ha revelado los verdaderos datos y números tantas veces inciertos. La existencia de personas con deficiencias sensoriales incapaces de comprender y seguir las recomendaciones públicas para no enfermar, o deficiencias psíquicas que impiden comprender su razón de ser, ha mostrado que la convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad no son sólo para las situaciones sin riesgos, porque la discapacidad no desaparece de las personas en situación de alerta o de pandemia.

Parece necesario establecer con claridad criterios de flexibilización, de compensación o de apoyos en algunas personas que pueden vivir con gran sufrimiento, o que les puede generar daño, la situación de aislamiento prolongado. Las llamadas de teléfono como recurso generalizado utilizado en este tiempo puede ser un recurso escaso y hasta ineficiente si sólo persigue un control de la situación de la persona y no generan un espacio para expresar su vivencia y sentirse escuchada, comprendida, validada en la misma.

Para evitar la homogenización que criticamos en esta aportación, vemos necesario perfilar algunas situaciones donde el aislamiento debe de ser establecido con cautela.

*En el ámbito de los servicios sociales residenciales, el aislamiento es especialmente penoso para muchas personas: genera graves consecuencias en centros con condicionantes físicos y espaciales muy limitados, con escaso apoyo personalizado o sin capacidad de percibirlo. Dicha situación se agrava, muchas veces, con condicionantes previos, que impiden a la persona adaptarse a la nueva situación (demencias, enfermedad mental, limitaciones psíquicas, adicciones, etc.) y si no se considera su especificidad pueden llegar a ser víctimas de maltrato por el Lo que nos permite soportar el confinamiento son, entre otras cosas, los recursos cognitivos, la capacidad de comprender los antecedentes y el desarrollo de los hechos y, sobre todo, de poder proyectar, imaginar y prever consecuencias y escenarios futuros. Las personas con discapacidad intelectual y con deterioro cognitivo cuentan con menos recursos en este aspecto, y, cuanto mayor es su necesidad de apoyos (comunicativos y cognitivos), más precisan de referentes que las acompañen para mediar entre la realidad que es vivida como hostil y su vivencia. Del bienestar de las personas que viven en los centros ha dependido el modelo de confinamiento: el modelo estricto de confinamiento total en habitaciones para todas las personas, afectadas o no por el virus, sin contacto entre ellas, modelo que es muy seguro pero puede ser maleficente; o un modelo más laxo, con convivencia entre residentes y personal, con cautela, y estricto sólo con los casos positivos de enfermedad, que aporta más seguridad emocional a las personas.

*El confinamiento en el hogar puede ser generador de daño si se prolonga mucho en el tiempo, tanto para las personas con capacidad limitada (por discapacidad intelectual y/o trastorno del espectro autista, por deterior cognitivo o por otras causas), como sobre la familia cuidadora, ya que la dependencia y la necesidad de apoyo intenso en el domicilio sin momentos de respiro (como los que proporciona la asistencia a un centro de día), sumadas al aislamiento, pueden ser altamente estresantes en la persona concernida, porque la deprivación social y de estímulos de todo tipo, en general, puede provocar retrocesos en su desarrollo y trastornos diversos.

*Las personas aisladas en sus domicilios con soledad prolongada no deseada, mayoritariamente ancianas, han sido durante el primer mes el colectivo que más ha sufrido la desproporción de esta medida de manera extrema, habiendo casos en que sus propias familias no les han acompañado, siguiendo las orientaciones emitidas por los medios de dejarles la comida o lo que necesiten en los felpudos, y La relación telefónica con el entorno resulta un vínculo muy escaso en situaciones como la vivida, (de miedo, angustia e incertidumbre) y las videollamadas no están a su alcance, salvo en escasas ocasiones. Preocupa que no se valore adecuadamente esta realidad, existiendo incluso propuestas de que sean las últimas ciudadanas en poder salir del aislamiento, y especialmente que desde los servicios sociales no se les facilite el acceso a los apoyos para poder salir La falta de EPIs ha dificultado las visitas de personas del exterior que pudieran de manera limitada y supervisada apoyarles, como las/los profesionales comunitarios y de centros de apoyo para visitas en domicilio. Los esfuerzos realizados por muchas profesionales y los recursos de videollamadas puestos a disposición en algunos territorios a través de ayudas públicas son merecedores de reconocimiento por haber supuesto un gran alivio para muchos casos.

*El aislamiento debe ser modulado y en ocasiones suspenderse periódicamente para evitar conflictos o conductas de alto riesgo, en algunas personas con enfermedad mental, TEA, adicciones crónicas, discapacidad intelectual, o sin capacidad de comprensión del encierro…, tanto si viven en un medio residencial, con sus familias o son personas excluidas socialmente y albergadas en espacios Si bien cabe subrayar el gran esfuerzo de todos los cuerpos policiales para facilitar el abastecimiento, la higiene, el control social y los servicios esenciales de la población, no siempre se ha modulado adecuadamente y con la flexibilidad debida, el control poblacional para evitar contagios y la atención a las necesidad especiales de algunos colectivos, haciéndonos cargo de su vulnerabilidad y observando las diferencias.

*El aislamiento en los centros hospitalarios es probablemente el mayor problema para encontrar propuestas que compaginen la necesidad humana de ser acompañado/a por personas de confianza en situaciones de grave riesgo como la hospitalización en la enfermedad, y el riesgo de aumento de contagios tanto de los/as profesionales como de la población. Consideramos que la prudencia justifica el aislamiento total de las personas enfermas en los centros sanitarios suspendiéndose todas las visitas en un primer momento, pero del mismo modo que se han ido encontrando soluciones como la sectorización, la provisión de EPIs en otros mercados, la adecuación de locales y edificios como hospitales e incluso UCIs, no han existido apoyos, recursos y propuestas que minimicen el sufrimiento generado por el aislamiento en personas con enfermedades graves, personas con demencia, menores, personas con discapacidad etc. Suponemos que esta falta de abordaje es debida a la falta de personas con especialización en las necesidades emocionales y sociales, lo que nos lleva a pensar que las personas “expertas” han sido mayoritariamente del mismo perfil, es decir capacitadas para establecer propuestas que minimicen el riesgo de Este curso tan extremo de acción, ha supuesto en determinados hospitales y centros, la falta de atención a otras patologías graves o muy graves, o al menos el retraso en sus tratamientos de modo desproporcionado e injustificado, con plantas y profesionales de varias especialidades sin posibilidad de atender a las personas enfermas que lo necesitaban.

*Las personas privadas de libertad, desde la instrucción adoptada el 12 de marzo por Instituciones penitenciarias para continuar con las actuaciones de contención del virus en los establecimientos penitenciarios, han visto significativamente reducidas sus posibilidades de relación. Se han suspendido las visitas (comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia), los permisos ordinarios, las salidas programadas, las actividades realizadas por entidades, la recepción de paquetes,…etc. Esta situación, está generando importantes limitaciones en el día a día, que sufren especialmente las personas más empobrecidas, las que tienen menos habilidades, las que carecen de apoyos, quienes no tienen ingresos económicos, quienes sufren adicciones y/o enfermedad mental; a pesar del alivio de algunas medidas (incremento de llamadas semanales permitidas, como novedad algunas videollamadas). Además, para las personas sin apoyo familiar, la posibilidad de acogerse al tercer grado se han paralizado o dificultado.

*Resulta necesario resaltar que el confinamiento, en muchos casos, ha encerrado a las víctimas de violencia de género con sus maltratadores. Estas mujeres enfrentan dos pandemias: el Covid-19 y la violencia machista, viéndose obligadas a convivir las 24 horas del día con su mayor enemigo, bajo el mismo Se ha puesto a disposición de estas mujeres teléfonos de atención, y en algunos municipios se han establecido servicios de urgencia para dar respuesta a este terrible problema. Ahora más que nunca se hace necesario disponer de viviendas alternativas que hagan posible un confinamiento libre de violencia.

*Desde la declaración del estado de alarma, a los niños y niñas se les aplica un confinamiento total, sin entrar en las pocas excepciones que se han considerado para las personas Entendiendo la gravedad de la situación, valoramos que ha faltado una mirada que integrara las necesidades y especial vulnerabilidad de la infancia. Todas las expertas/os coinciden en considerar que estas restricciones aplicadas a la infancia pueden afectar a su desarrollo -físico, social, educativo y emocional- y es necesario un apoyo y contención especial por parte de sus cuidadores, que seguramente no todas las familias están  en  condiciones  de  ofrecer.  Se  ha  echado   en  falta   la  presencia   de expertos/as en el área de la intervención social y, en particular, de infancia para poder haber asesorado y emitido recomendaciones para las vivencias de duelo y miedo que muchos niños y niñas están viviendo, así como como posibles espacios de “excepción” al confinamiento, con las medidas y limitaciones que se establecieran.

La declaración del estado de alarma ha supuesto el cierre de centros educativos especiales, centros de día, etc. Para muchos niños y niñas con discapacidad o necesidades especiales, también para sus familias, esto ha supuesto la pérdida de un espacio social y una atención directa a sus problemas, con graves consecuencias para su desarrollo. Después de 6 semanas, se comienza tímidamente a vislumbrar la posibilidad de recuperar estos recursos y los seguimientos y tratamientos individuales que siguen los niños y niñas con estas necesidades especiales: psicoterapias, rehabilitación, Atención Temprana, etc. En estos casos, al ser tratamientos especializados y basados en la relación, resulta muy difícil “sustituirlos” por una intervención a distancia.

*La generalidad de las medidas de confinamiento han respondido de forma uniforme a una situación de crisis y de emergencia, sin tener presente que muchas familias vulnerables que viven con alta precariedad en situación de hacinamiento, en viviendas con falta de espacio, luz, ventilación, etc. Tampoco que la educación a distancia está limitada en muchos casos por la “brecha digital” lo que genera situaciones de “injusticia” y producen “inequidad” al tratar por igual situaciones muy diferentes.

Consideramos de interés y necesidad especial la infancia que está en situación de riesgo de violencia intrafamiliar, de origen machista o de tipo filio parental o con medida de protección tras separación del medio familiar. Hay un número significativo de niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo con programas municipales y forales de intervención socioeducativa familiar. Esta intervención, básica para garantizar su protección y mantenimiento en el medio familiar, se ha suspendido o limitado en una situación de sobreexposición al estrés de ese medio familiar, que ya sufre limitaciones y conflictos importantes. Una vez más, la disposición profesional para el seguimiento telefónico parece claramente insuficiente.

Se debe de considerar también los casos que se están produciendo durante este periodo en los que se debe asumir una medida de Guarda o Tutela, que supone la separación temporal del medio familiar, y aquellos otros en que existe una medida de protección y están acogidos/as en otra familia o en centros residenciales. En estos casos, el confinamiento, en ocasiones unido a una cuarentena de aislamiento en una habitación, supone una situación especialmente preocupante por la pérdida de relación con sus progenitores/as.

4.LA JUSTICIA COMO CRITERIO EN LAS POLÍTICAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

El reconocimiento de la IGUAL DIGNIDAD es la que fundamenta la igualdad de derechos de la ciudadanía, también en esta situación de alarma que estamos viviendo. Desde siempre, y también ahora, han existido modos de tratamiento y relación que quebrantan la dignidad. Se dan en las siguientes situaciones (Etxeberria, 2005)⁴:

• Cuando se trata a la persona como puro medio que vale para algo. Decimos entonces que la persona no tiene valor en sí, sino precio, y se tolera el mal trato y la lesión de sus derechos para conseguir determinados intereses personales, económicos, lucrativos… El caso claro sería la explotación de una persona para los propios
• Cuando la persona es considerada un no valor, por carencia de capacidades y/o recursos, y, en consecuencia, sufre menosprecio, indiferencia o, incluso, exclusión o marginación (no es tenida en cuenta, se la aparta si nos estorba o molesta, se la aísla o margina para no ser vista…). Esta situación no dependerá solamente de las condiciones de déficit o capacidad de la persona, sino sobre todo de la situación subjetiva de quien observa y se relaciona (mayor o menor control emocional) y, especialmente, del compromiso ético y el vínculo personal que existan entre ambas
• Por último, se atenta contra la dignidad cuando se considera a la persona como un disvalor peligroso, porque supone una carga para otros/as o para el sistema, por sus conductas inadecuadas, por generar gasto, molestia o insatisfacción en su comunidad de En estos casos, puede plantearse su eliminación y discriminación (modelo eugenésico) con respecto a los recursos sociales o sanitarios, por considerar que son «desproporcionados» o “poco eficientes” para la calidad de vida que se obtendrá.

En términos generales, con respecto a las políticas de salud pública, el ámbito residencial se queda a medio camino entre el hospital y la comunidad, en “tierra de nadie”, con la excepción del control de las cocinas y de la intervención cuando surge un brote de transmisión alimentaria o de otro tipo. La orientación preventiva en sus instalaciones, en la práctica del cuidado, en la formación de su personal, queda a su propia responsabilidad, sin la orientación, por ejemplo, de un servicio de medicina preventiva de la que sí dispone un hospital. Y no es que haya que “medicalizar” las residencias, pero hay que reconocer que son instituciones cerradas donde residen muchas personas de riesgo, y su abordaje no es en absoluto comparable a la de cualquier domicilio. Este hecho unido a la todavía no suficientemente desarrollada coordinación sociosanitaria, ha podido generar discriminación para estos colectivos de personas que no viven en domicilios propios, especialmente en una situación de recursos escasos, como ha podido ser el de los equipos de protección personal. Habrá que repensar en el futuro el modelo de prevención de la salud en el ámbito residencial.

Consideramos, escuchando algunas noticias, comentarios, artículos y argumentaciones de expertos/as, que hay tres grupos sociales que están en riesgo importante de vivir una de las tres situaciones de discriminación expuestas: no ser destinatarias de prestaciones por ser un mero medio que ahora no se requiere para lograr el fin (por ejemplo, se mantiene el salario del profesional y por tanto no es ya necesario para el profesional seguir prestando atención), no ser un valor (por ejemplo, hay vidas humanas a las que se da menos valor que a otras ), ser un disvalor que hay que eliminar o controlar (por ejemplo, porque su atención en igualdad de condiciones que el resto genera peligro de contagio). Consideramos que el riesgo ha aumentado en las personas ancianas, las personas con discapacidad importante (física y/o psíquica), las personas en situación de exclusión social (puede que antes algunas de ellas fueran explotadas y fueran consideradas útiles) y, especialmente, en el caso de las mujeres pertenecientes a estos grupos.

Son varias las personas o colectivos⁵ que han alertado del aumento de la APOROFOBIA (discriminación por ser pobre), GERONTOFOBIA (discriminación por edad) Y DEFICIENTISMO (discriminación por discapacidad) y queremos hacernos eco de ello. En concreto, queremos visibilizar las siguientes situaciones:

• La exclusión social es un proceso en cuya esencia están el aislamiento, la falta de vínculos y de apoyo social. El decreto del estado de alarma y la obligación de confinamiento en el domicilio ha hecho que muchas personas con grave exclusión y sin hogar hayan tenido que recurrir, en ocasiones de manera involuntaria, a las plazas de acogida de emergencia que las administraciones han dispuesto de manera apresurada en dispositivos variados (polideportivos, albergues juveniles, residencias etc.). Por otro lado, las personas que se encontraban alojadas en centros de acogida, permanente o “invernales”, se han visto sujetas al confinamiento prolongando y forzoso en las condiciones (y también las dificultades) de convivencia durante las 24

Las circunstancias y problemáticas previas al confinamiento que presenta cada persona condicionan de forma decisiva el acceso y la permanencia en los recursos sociales. En este sentido, para las personas con algún trastorno mental (diagnosticado o no) así como las personas con adicciones, el confinamiento supone una dificultad añadida ya que limita gravemente las posibilidades de relajamiento mental (“andar a mi rollo”). Por otro lado, el uso y/o abuso de sustancias legales e ilegales produce en muchas personas alteraciones en el comportamiento que afectan gravemente a la convivencia, ya de por sí difícil en un confinamiento forzoso y prolongado.

Las personas en situación de exclusión social siempre han sido “temidas” y estigmatizadas a partes iguales: son un “otro” del que nos queremos diferenciar y al que no nos preocupamos mucho por conocer… y lo desconocido genera miedo. Además, muchas de ellas tienen un aspecto característico: físicamente deterioradas, desaliñadas, con falta de higiene… Y son acusadas de no aportar nada a la sociedad.

En un momento de crisis y miedo (a la enfermedad, a la escasez de recursos tras la pandemia, etc.), se da el caldo de cultivo necesario para que la estigmatización de las personas en exclusión aumente, y se refuerce en el imaginario colectivo su imagen de propagador de enfermedades (por su aspecto y delicada salud), acaparador de recursos (por su baja empleabilidad), delincuente, etc.

El estado de salud de las personas en situación de exclusión social es más precario que el de la media de la población, convirtiéndolas en población de mayor riesgo, lo que debiera de entenderse como una razón para que la atención sanitaria fuese mayor, pero sin embargo no se han planteado desde el sistema sanitario una atención “de apoyo” a los lugares habilitados. Todo el dispositivo de acogida de emergencia ha puesto de manifiesto, más claramente si cabe, los déficits existentes, no solamente en aspectos cuantitativos (nº de personas en exclusión residencial grave) sino sobre todo en los cualitativos, ya que ahora podemos observar casi en una única mirada las personas que están atendidas y las que no lo están por parte de los distintos sistemas del bienestar, llamando especialmente la atención las dificultades de acceso al Sistema Sanitario (Atención Primaria por no disponer de TIS y a la Red de Salud Mental) y al Sistema de Servicios Sociales (de Atención Primaria y Secundaria), y de permanencia en ellos.

• Un grupo “desconocido” hasta ahora ha sido el de las personas, mayoritariamente mujeres, y familias migradas o con empleos precarios, que en esta situación han perdido los recursos escasos que obtenían normalmente a través de trabajos irregulares como cuidados, limpieza, empleo sumergido. Este grupo está emergiendo poco a poco como solicitantes de ayudas en los servicios sociales de base por falta principalmente de alimentos y productos de higiene. Todavía hoy, hay quien no se reconocen como sujetos con derecho a una prestación social por ser personas que nunca se habían imaginado estar en una situación de pobreza o riesgo de exclusión.

• La gestión de la epidemia de COVID-19 ha tenido una demoledora mirada de las personas mayores que debe de ser repensada, al menos por dos motivos: ha focalizado en la edad el riesgo de enfermar y morir, en lugar de en variables de salud; y ha “culpabilizado” a los centros residenciales de personas mayores en la extensión y deriva de la pandemia. Hay una identificación permanente en los medios de comunicación entre ser mayor y mortalidad por la infección por covid19. Si bien sólo el 20 % de las personas mayores son personas fragilizadas de modo importante, lo que las convierte en un grupo para el que no está indicado un tratamiento intensivo, han sido frecuentes los argumentos de edad para limitar determinados recursos sanitarios específicos como UCIs, y organizar la distribución de los centros sanitarios y sociales en caso de Las personas mayores han sido así potencialmente discriminadas trasmitiendo a la sociedad la idea de personas menos-valiosas, invitándolas a protagonizar un “altruismo obligatorio” sin posibilidad de participación y de dudosa reciprocidad. Han sido discriminadas por tanto, también en su autonomía, no dejándoles participar en la toma de decisiones en las cuestiones que les afectan y asumiendo sobre ellas, al mismo tiempo, una actitud paternalista de sobreprotección de las que difícilmente han podido escapar.

La edad nunca debe de ser un criterio excluyente para la atención, y tampoco el residir en un centro de alojamiento permanente con otras personas mayores. El sistema sanitario debe de procurar similares prestaciones con similares criterios científicos que para el resto de la población, tanto para tratamientos de agudos como de crónicos, como puede ser el abordaje del dolor, de la salud mental, de las dificultades para la autonomía personal o para las relaciones sociales. Las intervenciones de profesionales ajenos a los servicios sociales y sanitarios (militares, ONGs, etc.) en la atención a las residencias de personas mayores, y no en otros colectivos, evidencia la falta de consideración en los planes de atención y cobertura sociosanitaria.

• El confinamiento ha sido durante siglos el modo habitual en que en nuestras sociedades se ha abordado las necesidades de las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual. El llamado modelo prescindente (prescindir socialmente de estas personas) ha derivado en diversos momentos de la historia en un modelo claramente eugenésico, que está siendo sustituido por un enfoque social de la discapacidad recogido en la Convención de sus Derechos de la ONU del año 2006, ratificada por España en el 2008.

El llamado modelo social nos descubre que todas las personas podemos ser discapacitadas si nos encontramos con barreras que impidan el desarrollo de nuestras capacidades y la participación social en condiciones de igualdad. Poner esto de manifiesto es esencial, porque solo la excepcionalidad de la situación justifica esta mirada focalizada en las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, lo que nada tiene que ver con la escisión artificial entre nosotras, las personas normales, y ellas, las personas con discapacidad generando una alteridad extraña y ajena.

El colectivo de personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual y/o en situación de dependencia, ha sido definido desde el comienzo de la pandemia como grupo de especial vulnerabilidad para el virus COVD-19. Pero este reconocimiento no ha ido acompañado de otros efectos: a día de hoy se desconoce la incidencia de la infección en este colectivo, cómo se están cubriendo las diferentes necesidades en los confinamientos, las hospitalizaciones, los criterios de acceso a recursos específicos como UCI, etc. Las personas con alguna discapacidad se han diluido en el grupo de personas mayores y su invisibilidad (como tantas veces) se ha manifestado, entre otras cosas, en la falta de recomendaciones y apoyos a las propias personas con discapacidad, a sus familiares (que en general son sus personas de apoyo), a entidades de cuidado y defensa de sus derechos, residencias, etc., y, de forma más dolorosa, en momentos de discriminación en el acceso a servicios sanitarios y apoyos específicos necesarios en cada caso. La ausencia de información y casuística en los medios de comunicación y de debate público promovido desde las organizaciones y asociaciones que representan a estas personas, genera riesgos añadidos de exclusión e injusticia, así como de trato inadecuado.

La situación vivida en la pandemia por parte de las personas más vulnerables sanitaria y socialmente, pone de manifiesto una crisis muy importante de cuidados y responsabilidad y una evidente ruptura del llamado “pacto intergeneracional de cuidados” que puede generar riesgos graves de daños y maltrato.

El desarrollo en las últimas décadas de los servicios de atención a personas vulnerables y en situación de exclusión, por parte del estado, como expresión de justica, puede haber debilitado la conciencia de ligazón y ob-ligazón de las personas dentro de los contextos de apoyos naturales: familias, vecindario, amigos/as, etc. La pandemia está poniendo en escena los límites y contradicciones del propio sistema. Un problema muy importante que puede generar, si no se aborda convenientemente, es un debilitamiento de la cohesión social y abandono y discriminación de las personas más vulnerables.

Como contrapunto muy importante reconocemos la irrupción de personas voluntarias que de manera libre y solidaria se han ofrecido gratuita y altruistamente a ayudar en lo que fuese necesario. Es indudable su gran aportación y su valor tanto para las personas que han cuidado o atendido como para la sociedad en general. Es destacable sin embargo la falta de liderazgo para sistematizar y dar cauce a su aportación que ha quedado en muchos casos sin ser aprovechada para mejorar y aliviar la situación.

El “nada humano me es ajeno” (dicho de Terencio atribuido a Séneca) no parece una opción ahora, sino una elección en clave de consecuencias, porque apela a la responsabilidad, más allá de los derechos. Se actualiza el hacerse cargo porque el nosotros, lo común, se construye en el reconocimiento y respeto a la dignidad del otro, que me completa en mi humanidad (Ricoeur, Lévinas).

5.MORIR Y HACER DUELO EN TIEMPOS DEL COVID

En estos meses de pandemia han muerto muchas personas como consecuencia del contagio del Virus Covid-19, (a 27 de abril, 1.269 personas fallecidas con enfermedad confirmada en Euskadi, y 23.822 en España), bien porque ya partían de procesos delicados de salud que no les han permitido hacer frente a la enfermedad, o bien porque ésta les ha afectado de manera cruenta y la evolución ha sido desfavorable. La falta de respuesta a los tratamientos intensivos, y en algunos casos el no ser candidatas a ellos, requeriría, como marca nuestra legislación, una atención propia para bien morir que claramente ha sido deficitaria en muchos de los casos.

La centralización de la asistencia sanitaria en los tratamientos agudos e intensivos, la atención telefónica de atención primaria en los domicilios, la prohibición de visitas y acompañamiento familiar a las personas enfermas en hospitales y centros residenciales, y la falta de cualificación y de recursos necesarios en determinados lugares, para unos correctos cuidados paliativos, han sido las causas principales de este mal morir. El fallecimiento de una persona es algo único que no se puede posponer para cuando la crisis pase, ni se puede recuperar, y que aunque parezca que no deja consecuencias negativas, puede dejar graves huellas emocionales en las personas allegadas, y dificultar el duelo posterior.

En los centros residenciales de servicios sociales, la tendencia ha sido la no derivación de las personas consideradas como paliativas a otros medios. Este hecho, que en condiciones normales se considera como buena práctica en los centros que disponen de capacitación interna o con apoyos externos sanitarios, sin embargo, no ha resultado adecuado en muchas situaciones. Los centros residenciales no tienen por qué contar con recursos sanitarios especializados, pues no son centros sanitarios, sino lugares donde vivir en los que se prestan los apoyos para las actividades de la vida cotidiana. Por tanto, lo correcto es que sus residentes accedan como ciudadanas, en igualdad de condiciones que el resto, a las prestaciones sanitarias comunitarias (atención primaria, unidades de cuidados paliativos, hospitalización a domicilio u otros). Se ha visto que, en numerosas situaciones, estas prestaciones han sido inaccesibles por la gestión establecida por los/las responsables sanitarios/as, o por la ausencia de una coordinación sociosanitaria eficiente.

Si bien en pocos días se flexibilizó la medida de restricción absoluta de visitas para las personas en procesos finales de vida, han existido diversos criterios a la hora de determinar cuáles son las personas que se encuentran en el momento final de su vida, y más concretamente en situación terminal. Se ha identificado este momento especialmente con la agonía, cuando la persona ya está muy desconectada y la comunicación es difícil, lo que ha dificultado en los días previos las despedidas, la expresión de los afectos y la resolución de asuntos pendientes, acciones tan necesarias para un buen morir.

Las restricciones por riesgo de contagio también posterior al fallecimiento, han dificultado, y en algunos casos han impedido, poder ver y reconocer a la persona fallecida y despedirse de ella, siendo especialmente duro si el fallecimiento ha sido imprevisto. La dificultad continúa con la organización de los ritos funerarios y la despedida social de la persona fallecida… Para que haya un buen proceso de duelo, sin sentimientos de culpa y experiencia de abandono familiar, es importante, entre otras cosas, que se haya podido hacer bien tanto el acompañamiento como la despedida.

Se comprenden las limitaciones en esta situación por los riesgos para la salud pública, pero no podemos olvidar los derechos de las personas al final de la vida, recogidos en nuestro marco legislativo, y que deben de garantizarse, en la medida de lo posible. La situación de alerta actual, no anula el derecho de la persona a recibir información veraz sobre su proceso y enfermedad, a rechazar un tratamiento, a unas correctas decisiones de representación en caso de incapacidad y al alivio del sufrimiento mediante una asistencia paliativa de calidad, derechos poco respetados en muchos casos.

Es necesario y urgente facilitar el acompañamiento de las personas en el final de sus días, permitiendo la presencia, como mínimo, de una persona familiar o allegada durante un tiempo suficiente, en un espacio íntimo, siempre respetando las normas de higiene y de prevención, y proporcionándole el equipo adecuado si está en un centro sanitario o residencial. Reconocer y destacar la iniciativa de los centros residenciales, y de algunas unidades hospitalarias que, además de lo anterior, han facilitado las despedidas de otras personas, amistades y familiares mediante otros sistemas de comunicación (teléfonos, lecturas de correos electrónicos, videollamadas, etc.).

6.LAS OBLIGACIONES ÉTICAS DE LOS/LAS  PROFESIONALES Y LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

Los colectivos profesionales, asistenciales y de servicios, han demostrado gran integridad y compromiso en esta crisis, como lo ha reconocido la ciudadanía general en los aplausos de las 8,00 p.m cada día. La responsabilidad profesional emerge en las personas que han cultivado determinados valores y modo de concebir su profesión. Quienes no han cultivado dichos valores y virtudes no es fácil que estén dispuestas a arriesgarse. Por eso han existido casos de personas que no han cumplido con lealtad aquello a lo que se habían comprometido previamente con la sociedad. Entendemos que un/a profesional es alguien dotado/a de capacidades técnicas y éticas suficientes como para comprometerse con las personas de una comunidad y aportarles un bien, un beneficio. El fundamento por tanto está en dicho compromiso (promete hacer el bien) que como decimos, se ha dado en un gran número de personas, pero no en otras.

De todos los colectivos, el gran protagonista de la crisis generada por la COVID-19 ha sido el de profesionales sanitarios/as, especialmente los de ámbito hospitalario, por varios motivos. El más visible ha sido la grave afectación de la salud de gran parte de la población, que ha colapsado las urgencias y ha necesitado de ingresos y de medidas intensivas. Y segundo, por la dificultad de contar con medios materiales y humanos para hacer frente a la pandemia, lo que ha expuesto a profesionales a jornadas intensivas y al contagio.

Sin embargo, ha habido otros escenarios que no son secundarios, sino paralelos e igual de importantes. La crisis ha revelado quiénes son realmente profesionales esenciales que generan un bien social: personal de supermercados, transportistas, limpiadoras, cuidadoras y auxiliares geriátricas, celadores/as, educadores/as, trabajadoras/es sociales, psicólogos/as maestra/os, policías, integradores/as sociales…y tantas otras personas que quizá no han recibido ni la protección ni el reconocimiento a su compromiso leal y en ocasiones heroico. Sin ellas la población se habría podido ver expuesta sin remedio al hambre, la afectación de la salud, la precariedad y a la desprotección en general frente a la epidemia.

Se hace imprescindible también una reflexión colectiva de todos los aspectos afectados en esta crisis, reconociendo que, junto a la salud biológica, están en juego otros factores de salud como son los psicosociales. La consecuencia más inmediata, que ya se ha hecho notar, es el aumento de la brecha social, que agrava la vulnerabilidad de las personas que ya eran vulnerables, y deja en situación de fragilidad a otras muchas. Y la brecha de género, por ser las mujeres las más afectadas en esta crisis, por su mayoritario papel de cuidadoras en los ámbitos público y privado. De ahí la importancia de que además del reconocimiento legal de ser esenciales que ya tienen los servicios sociales y sus profesionales, se les de la visibilidad política y social que les corresponde, por ser cuidadores del contexto social que soporta el confinamiento para la salud y las consecuencias socioeconómicas que ya se están derivando del mismo.

Han existido conflictos de carácter ético (y en ocasiones también legal) entre la responsabilidad de atención a la población, y la seguridad y el cuidado de su salud. No está bien abusar del carácter vocacional y solidario, y permitir que las personas trabajen en condiciones límites y/o de desprotección o sobreexponerlas a la fatiga y al burnout. Tampoco es correcto en virtud de la propia seguridad, negarse a atender necesidades que no pueden ser prestadas a través del teletrabajo. Como siempre, los extremos no suelen ser la mejor opción en situaciones de conflictos de valor. Creemos que ha faltado la deliberación para poner en marcha cursos de acción que distribuyeran los equipos de protección en función del riesgo y no del estatus o la categoría profesional y facilitaran el acompañamiento personal y emocional de los/las profesionales, también en los momentos en los que se requiera movilidad o cambios en la actividad laboral para atender necesidades urgentes.

La situación tan intensa que viven los equipos profesionales y las personas afectadas gravemente por la crisis, por las circunstancias y condiciones en las que enferman y fallecen las personas, y las solicitudes imprevistas de movilidad y cambios en la actividad laboral para cubrir necesidades importantes y urgentes, les coloca en grave riesgo emocional que no ha sido suficientemente valorado a la hora de establecer medidas de protección y apoyo emocional. La responsabilidad no es sólo de las personas profesionales, es también de las entidades e Instituciones, que tienen el deber de buscar y distribuir de manera eficiente los medios existentes (humanos y materiales) para que la población y las profesionales que más riesgos físicos y emocionales sufre en esta situación, sean protegidos prioritariamente.

No es menos importante, hablando de responsabilidad y de solidaridad, la excelente respuesta de la mayoría de la población “quedándose en casa” con lo que ello supone no solo de aislamiento y pérdida de relaciones sino, en muchísimos casos, de pérdida del propio sustento. Creemos que las autoridades en su conjunto no han reconocido dicha responsabilidad y han comenzado a extralimitarse en las medidas de control impuestas con un fundamento marcadamente paternalista. Queremos subrayar la necesidad que tenemos las personas de cumplir con nuestras propias obligaciones morales, independientemente de nuestra condición social y de salud.

Es comprensible que dichas obligaciones se vean limitadas si su cumplimiento puede suponer un riesgo contrastado y demostrado para terceras personas. Si no es así, se podrá aconsejar y recomendar a la población determinadas medidas y orientaciones para el cuidado de la salud, pero no se pueden imponer coactivamente, más en el caso de que supongan una limitación de sus derechos.

¿Y AHORA QUÉ? MIRANDO AL FUTURO

 Próximamente vamos a iniciar la fase de desescalada, es decir, de ir retomando poco a poco la normalidad, con prudencia, para seguir vigilando la extensión del virus, pero reconociendo y confiando en la responsabilidad ciudadana en la gestión de su salud, sin discriminación por edad y respetando la autonomía personal, que no es otra cosa que la capacidad de cumplir con las propias obligaciones morales.

Hemos aprendido mucho en estas semanas, muchas cosas buenas, pero también cosas que pueden mejorar y es nuestra obligación intentarlo seriamente si de ello depende que las personas, todas, podamos vivir decentemente. Compartimos a continuación lo más importante de lo aprendido en nuestro grupo:

• Que no todas las personas somos iguales, que algunas son más vulnerables y que requieren que se atiendan sus necesidades de una manera distinta; que no valen fórmulas sencillas para realidades Que si tratamos a todas las personas igual, faltaremos a la equidad y al reconocimiento de que la igual dignidad merece igual estima y consideración, pero no hacer lo mismo.
• Que hay personas que tienen serias dificultades para ser reconocidas como sujetos de derechos, también de derechos a la asistencia sanitaria, a la libertad de decidir, a la vivienda, a la educación…y que entre ellas la mayoría son mujeres.
• Que la salud es más que biología mecanicista individual que funciona correctamente, que es vida autoinsuficiente con significado, que necesita relación y compromiso.
• Que las ayudas de emergencia, beneficentes y graciables, no pueden ni deben de ser, en una sociedad justa, el modo habitual de enfrentar el empobrecimiento de las personas, por lo que se debe de garantizar una renta básica a toda la ciudadanía que asegure unos mínimos de vida saludable (al menos con los estándares básicos que existen cuando una persona está hospitalizada por enfermedad).
• Que hay servicios esenciales que no se pueden sustituir por teletrabajo, pues exigen intervenciones cualificadas de cuidado que pueden generar graves riesgos si se suspenden, por lo que deben de retomarse lo antes posible los servicios de día para personas con dependencia y/o discapacidad, los tratamientos individualizados de tipo sociosanitario que necesitan adultos/as y menores con discapacidad o necesidades especiales, y las medidas educativas de carácter comunitario para familias en situación de riesgo y personas con vulnerabilidad social.
• Que en cualquier momento podemos morir y que no es lo mismo morir bien que mal, aislado/a o acompañado/a, porque morir siempre es con-morir, como vivir siempre es con-vivir. Por eso debemos reconocer como sociedad la deuda que hemos contraído de las personas que han fallecido en absoluta soledad y la ausencia de despedida de sus familiares, y debemos de hacer todo lo necesario para aliviar con recursos psicológicos suficientes el daño que han sufrido sus allegados.
• Que la “crisis de los cuidados” y el “envejecimiento de nuestras sociedades”, temas “estrella” en nuestros foros académicos, políticos y económicos, han sido en este tiempo retos que nos han devuelto la conciencia de que las relaciones comunitarias en los entornos naturales son imprescindibles.
• Que poner en marcha un sistema eficaz y suficientemente dimensionado de servicios sociales, que pueda preservar y enriquecer las relaciones y los apoyos comunitarios, es imprescindible, si no queremos que el próximo gran colapso sea el de los servicios sociales de base facilitando ayudas de emergencia para necesidades básicas a una gran parte de la población.
• Que hay compromisos y lealtades, profesionales o voluntarias, que no se pagan con “salarios”, sino con “honorarios”, es decir con reconocimiento social a quien más allá de sus obligaciones legales, presta una atención excelente corriendo riesgos, porque sabe que en la relación asistencial no solo se juega la dignidad de la persona atendida, (cuidada, educada, protegida, lavada, alimentada o acariciada) sino el propio proyecto de autorrealización personal.
• Que el lucro y la distribución desigual de los bienes básicos escasos, (como por ejemplo la prioridad de los deportistas en el acceso a los test diagnósticos frente a los grupos de riesgo, o a los profesionales de la intervención social y sanitaria), es inmoral e injusto.
• Que la justicia requiere trasparencia, argumentación, conocimientos y deliberación entre diferentes perspectivas, desde la convicción de que cualquier mirada es siempre limitada y necesita complementarse desde otras experiencias, siempre afectadas y subjetivas, porque la subjetividad está en la mirada y no en el virus.

30 de abril de 2020

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO

1. Marije Goikoetxea, Psicóloga, Profesora de ética. Universidad de CEIS Bizkaia. CEA Plena Inclusión
2. Juana Aza, Enfermera especialista en geriatría, IFAS-Diputación Foral De Bizkaia. CEIS Bizkaia
3. Lourdes Zurbanobeaskoetxea, Médica. Servicio de Valoración y Orientación. Diputación Foral de Bizkaia. Coordinadora Sociosanitaria. CEIS Bizkaia
4. Concha Castells, Epidemióloga. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Asociación DMD-DHE
5. Coro Rubio, Psicóloga, ASPACE-Bizkaia. CEIS Bizkaia
6. Angel Bao, Psicólogo. Atención Temprana-Diputación Foral de CEIS Bizkaia
7. Porfirio Hernández, Federación Vasca de Deporte Adaptado. CEIS Bizkaia
8. Celia Ramos, Trabajadora social. Ayto. de Bilbao. CEIS Bizkaia
9. Txema Duque, Trabajador social. Ayto. de Bilbao
10. Javier Yanguas, Doctor en Psicología. Aubixa
11. Boni Cantero, Trabajadora Social. Ayto. de Vitoria-Gasteiz. CEIS Araba
12. Pablo Ruiz, Coordinador técnico. Asociación Bizitegi
13. Rafael Armesto, Abogado. FEVAS-Plena Inclusión. CEIS Bizkaia
14. Brígida Argote, Enfermera especialista en geriatría. IFBS-Diputación Foral de Áraba. CEIS Áraba
15. Ángela Fernández, Trabajadora Social. Ayto de Ermua. CEIS Bizkaia
16. Mirian Del Campo, Psicóloga. Fundación Gizakia. CEIS Bizkaia
17. Maria Angeles Larrinaga, Trabajadora Social. Red de Salud Mental de Bizkaia. CEIS Bizkaia
18. Zorione Benedicto, Trabajadora Social. CEIS Gipuzkoa
19. Carlos Romera, Jurista, Mediador y Educador Asociación Goiztiri. CEIS Bizkaia
20. Yolanda Pérez. Técnica del Departamento de Salud. Gobierno Vasco. CEIS Bizkaia
21. Marian García, Trabajadora Social.CEIS Bizkaia
22. Álvaro Mosquera, Educador Social-Residencia Aspaldiko. Profesor Universidad de Deusto

1  REYES      MATE,      M.      (2020)     “Un      test      sobre     nuestra      humanidad”.      Religión      digital. https://www.religiondigital.org/opinion/Reyes-Mate-tomarse-serio-salud-deponer-progrescuarentena-iglesia-coronavirus-reflexion_0_2223677631.html

2 GRACIA GUILLEN, D. (2016) “Tomar decisiones morales. Del casuismo a la deliberación”. Dilemata, Nº. 20, 2016, págs. 15-31

3 SEGURA  DEL POZO,  J. (2020). “Salud pública  y  otras  dudas”. https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/author/javierseguradelpozo/

⁴ ETXEBERRIA, X. (2005). Aproximación ética a la discapacidad. Bilbao: Universidad de Deusto.

5 Adela Cortina, Plena Inclusión, SEGG, etc.

Desde Jóvenes Pensionistas, en publicaciones recientes, venimos aludiendo al término de “Cifras de la vergüenza” para referirnos a los datos sobre incapacidades permanentes rechazadas anualmente, de los que ni el INSS ni ninguna administración dan datos oficiales.

Hoy, en una publicación de “Cinco días” firmada por el presidente de Fidelitis, un grupo de abogados laboralistas que trabajan en incapacidades, nos encontramos con un dato estremecedor. Antes de la crisis del Covid-19 las solicitudes presentadas por vía administrativa eran denegadas en un 95%. Esto quiere decir que se concedía una incapacidad permanente a una de cada veinte personas que la solicitaban.

No hay que ser muy inteligente para leer entre líneas. ¿Acaso cabe atribuir las diecinueve restantes a la picaresca o el engaño?¿Es que todas se solicitan sin basarse en criterios médicos?.
Más bien se trata de un modelo hecho en sí para poner trabas y obstáculos. Empezando por un equipo de evaluadores que en la mayor parte de los casos no tienen nada que ver con las especialidades médicas asociadas a nuestras patologías. Donde priman más aspectos económicos que las pruebas e informes de los especialistas que nos atienden.

A todo esto hay que sumar lo siguiente:
● El endurecimiento de los protocolos de concesión de pensiones, dado que los fondos de reserva de la Seguridad Social, que aún no se habían recuperado de la crisis de 2008, se han visto afectados por esta situación.
● El colapso sufrido por la sanidad pública, que trae consigo el retraso de pruebas diagnósticas y los correspondientes informes médicos, por lo que aquellos que estén en trámite de solicitud verán alargado este proceso en varios meses más.
● Como la mayoría de los casos se resuelven por vía judicial, la paralización de estos procesos trae consigo una importante demora. La media en España antes de la pandemia suponía unos 9 meses de espera. En algunas ciudades se demora más de un año y medio.

Todo esto supone un duro mazazo para un colectivo desfavorecido ya de por sí y que deja literalmente sin recursos a miles de personas cada año en este país.
Nos complace oír que en esta difícil situación por la que atravesamos no se va a dejar a nadie atrás, pero los datos dicen lo contrario. Sin pandemia ni confinamiento ya estamos dejando personas y familias atrás. Personas que terminan perdiendo los trabajos por sus enfermedades crónicas y a las que sistemáticamente se les niega una pensión para subsistir dejándolas abandonadas a su suerte.

Es por ello que exigimos una completa reestructuración del sistema que atienda a las necesidades sanitarias y a las pruebas e informes de los especialistas que nos atienden, y que dejen de una vez de basarse en criterios económicos y de austeridad.

jovenespensionistas@gmail.com

Propuestas de Bat Etorri-Consenso.

 La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la inclusión social, aprobada en el Parlamento Vasco, vinculó las cuantías de las ayudas al importe del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.). En el caso de las unidades de convivencia formadas por perceptores de pensiones contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, las cuantías garantizadas eran: 100% del S.M.I. para las unidades de convivencia unipersonales; 125% del S.M.I. para las unidades de convivencia de dos personas y un 135% del S.M.I. para las unidades de convivencia de tres o más personas. De seguir vigente esta norma, los importes de los complementos de pensiones a día de hoy serían 1.108,-€/mes; 1.385,.€/mes y 1.495,-€/mes en 12 pagas respectivamente.

El año 2011, como consecuencia de la crisis económica, se recortó “de forma temporal” un 7% su cuantía y en 2016 sus cuantías se desvincularon del S.M.I. No se recuperó tras la crisis el denominado “recorte temporal” y se redujeron sus cuantías con la desvinculación de las mismas del S.M.I. Hoy las cuantías son 795,95%; 994,94% y 1.074,53% respectivamente, es decir, más de un 28% de reducción.

Datos de interés

Según el informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN), el Umbral de la Pobreza en Euskadi es de 839,43 €/mes en 14 pagas.

De las personas que perciben la RGI, algo más de 13.400, son pensionistas, en su mayoría mujeres. Unas 207.000 pensiones, que suponen el 37 % del total de las pensiones en el País Vasco, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. Además, en torno a 35.000, es decir, el 6,26 % del total de las pensiones vascas tiene un importe inferior al umbral de pobreza severa. Más de 240.000, el 43,53% de las pensiones, están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

En el País Vasco, según datos de EAPN, hay más de 200.000 personas en riesgo de pobreza. La pobreza de las mujeres siempre ha sido superior a la de los hombres y, en la actualidad, el 10,2 % de la población femenina está en riesgo de pobreza, cifra que contrasta con el 9,1 % que registra la tasa masculina.

Nuestras Propuestas

Es conveniente recordar, con carácter previo, que la capacidad para determinar las cuantías de las pensiones mínimas es competencia del Gobierno Central. Pero no es menos cierto, que el Gobierno Vasco tiene competencias para poder complementar las cuantías de estas pensiones.

Por otra parte, se acaba de aprobar por el Gobierno español el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se ha configurado como una prestación de la Seguridad Social y será compatible con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vigente en el País Vasco y su gestión, que en nuestro caso ha sido transferida al Gobierno Vasco.

En consecuencia la RGI vasca tendrá un papel complementario. Es decir, la RGI abonará la diferencia entre lo que las y los beneficiarios reciban de la IMV y las cuantías que garantice la RGI si las personas beneficiarias no alcanzaran dicho importe. Por tanto, estaríamos ante un ahorro muy importante en el gasto de la RGI, que permitiría mejorar sus actuales prestaciones para luchar contra la exclusión social y la reducción de la brecha de género de manera más eficaz.

Dicho lo que antecede, las propuestas que trasladamos a las fuerzas políticas para que las tengan en consideración para lograr el objetivo la lucha contra la pobreza extrema, para la inclusión social y para mejorar la protección a las y los pensionistas, serían las siguientes:

*Llegar a todas las personas pensionistas que teniendo derecho a complementar su pensión, no lo saben o  tienen dificultades para acceder a  la R.G.I. y así poder erradicar al 100% la pobreza en nuestro territorio.

*Modificar algunos requisitos de acceso, sobre todo el del patrimonio, para ampliar el número de personas que pueden tener derecho a la RGI  para poder llegar al 100% de la población en riesgo de pobreza.

*Mejorar las cuantías de los complementos para recuperar el espíritu de la ley que la origina y se vinculen sus cuantías al Salario Mínimo  Interprofesional (SMI).

En definitiva, reivindicamos que con la cuantía de los complementos de las pensiones más el importe de su pensión, no exista ninguna persona pensionista en Euskadi con ingresos por debajo del SMI vigente en cada momento.

 Donostia 8 de junio de 2020

ADOS/Pensionistas de Bizkaia* reclama que ningún pensionista en Euskadi tenga un ingreso inferior al SMI.

La combinación del nuevo IMV y la RGI deben servir para intensificar la lucha contra la pobreza extrema, para la inclusión social y para mejorar las pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca.
Conviene recordar con carácter previo que las pensiones públicas constituyen un derecho individual y colectivo, no una ayuda social, y que la capacidad para determinar las cuantías de las pensiones mínimas es competencia del Gobierno Central. Al respecto, consideramos que debe abordarse sin demora la revalorización de la pensión mínima situándola en referencia al Salario Mínimo Interprofesional. No obstante lo anterior, el Gobierno Vasco tiene competencias para poder mejorar la situación de las pensiones en Euskadi.

TODO SOBRE EL INGRESO MINIMO VITAL

La aprobación por el Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una prestación de la Seguridad Social, compatible con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco y la transferencia de su gestión, permite al Gobierno Vasco complementar las cuantías de las pensiones y la mejora general de las ayudas de la RGI.

La transferencia del IMV supone un ahorro muy importante en el gasto de la RGI, ya que supondría abonar la diferencia entre lo que las personas beneficiarias reciban de la IMV y las cuantías que garantice aquella.
Entendemos que esto permitiría mejorar sus actuales prestaciones para luchar contra la exclusión social y la reducción de la brecha de género de manera más eficaz.

En ese sentido nos vamos a dirigir a los partidos políticos de Euskadi para instarlos a:

-Mejorar las cuantías de los complementos de las pensiones para recuperar el espíritu de la Ley 18/2008 que vinculaba las cuantías de la RGI al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

-Modificar algunos requisitos de acceso a la RGI para poder llegar al 100% de la población en riesgo de pobreza, entre ellos en relación al patrimonio.

-Llevar a cabo una amplia campaña de difusión, en combinación con las organizaciones de personas mayores, para lograr que puedan acceder todas las personas pensionistas que teniendo derecho a complementar su pensión no lo saben o tienen dificultades para acceder a la R.G.I. y así poder erradicar al 100% la pobreza en nuestro territorio.

En Euskadi cobran la RGI algo más de 13.400 pensionistas, en su mayoría mujeres y hay unas 216.000 pensiones que tienen un importe inferior al umbral de la pobreza que, según EAPN, Red Europea de Lucha contra la pobreza, es en Euskadi, de 839,43 €/mes en 14 pagas. La pobreza de las mujeres siempre ha sido superior a la de los hombres y, en la actualidad, el 10,2 % de la población femenina está en riesgo de pobreza, cifra que contrasta con el 9,1 % que registra la tasa masculina. En torno a 35.000, es decir, el 6,26 % del total de las pensiones vascas tiene un importe inferior al umbral de pobreza severa. Si tenemos en cuenta las que están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se alcanzarían las 240.000 personas, el 44% del colectivo de pensionistas.

En definitiva, reivindicamos que con la cuantía de estos complementos, más el importe de su pensión, no exista ningún pensionista en Euskadi con ingresos por debajo del SMI vigente en cada momento.
Igualmente, en el ámbito de la reforma de la Seguridad Social, debe abordarse sin demora la revalorización de la pensión mínima situándola en referencia al Salario Mínimo Interprofesional.

Bilbao 10.06.2020
* La plataforma de pensionistas ADOS-CONSENSO/Pensionistas de Bizkaia está formada por las asociaciones
NAGUSIAK, AJPD, COESPE-Bizkaia y personas y portavoces de la coordinadoras de Bilbao, Barakaldo, Muskiz, Sestao y Santurtzi.

En primer lugar, seguimos recomendando prudencia. Gracias al esfuerzo de toda la ciudadanía, y del sector sanitario fundamentalmente, podemos disfrutar de cierto alivio dentro de la alarma sanitaria. Pero el COVID-19 aún no está controlado.

Y como colectivo de pensionistas tenemos una gran responsabilidad en ponderar cuando podremos convocar nuevas concentraciones de personas mayores, al ser el grupo más vulnerable ante el COVID-19. Y nos atendremos, en todo momento, a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Empieza una campaña mediática, que posiblemente se recrudecerá en el tiempo, para hacer creer que las personas pensionistas somos un grupo privilegiado con respecto a otros sectores de la sociedad que están padeciendo las consecuencias de la pandemia a nivel económico y social. Por supuesto, en dichos comentarios, nunca mencionarán los privilegios de las élites financieras.

Recordemos lo siguiente: el 35% de las pensiones están por debajo del Umbral de la Pobreza (634,-€ mensuales en 14 pagas en España y 839,-€ en Euskadi) o que en Euskadi el 44% de las pensiones están por debajo del SMI (el 62% en España). En ese sentido, hay que recordar que la mayoría de esas pensiones precarias recaen sobre las mujeres. Que es preciso resaltar que, una vez más, muchos pensionistas serán el sostén de sus familias en los momentos más difíciles de la crisis.

Los y las pensionistas somos conscientes de la nueva realidad económica y social por la que nos va a tocar transitar. La dificultad de muchas empresas, pymes, autónomos, trabajadores en paro o en Erte. Personas que van a necesitar de ayudas para poder salir adelante. Pero debemos recordar, siempre, que hay cientos de miles de pensionistas en situación de vulnerabilidad.

Que la defensa del Sistema Público de Pensiones y nuestros derechos obedece a una necesidad de que se cumplan derechos humanos y sociales básicos de toda la sociedad, y de las personas pensionistas en particular.

Para hacer frente a todas estas necesidades básicas: reactivar las empresas, pymes, autónomos…, salvaguardando los derechos laborales y sociales y que nadie se quede atrás, va a ser necesario acometer muchas medidas en diferentes frentes: UE, Estado Español y Euskadi. Buscando la máxima cooperación, unidad y solidaridad. En el que un factor fundamental debe ser el Reparto de la riqueza de una forma más justa y equitativa, promoviendo una fiscalidad realmente progresiva y combatiendo los dumpings fiscales entre países y territorios.

La plataforma se dirigirá a las administraciones vascas y los partidos políticos para pedirles información sobre cómo se está abordando y tienen previsto abordar los problemas sanitarios y cuidados de vital importancia para el colectivo de pensionistas.

La plataforma Pensionistas de Bizkaia/ADOS-CONSENSO considera necesario que el colectivo de pensionistas sea parte activa en el proceso de recomposición de una nueva realidad a ir  construyendo con especial atención a lo referente a la Seguridad Social y los servicios públicos de sanidad y cuidados, entre los que señalamos especialmente el modelo y titularidad de las residencias y otros servicios de atención a la dependencia y las personas mayores como la ayuda a domicilio o los centros de día.

Al respecto, vamos a ponernos en contacto con las instituciones a los distintos niveles, para pedir participar en el proceso de reconstrucción social que se vaya articulando para aportar las demandas del colectivo de pensionistas en una actitud crítica, positiva y colaboradora en el ámbito de un necesario dialogo ciudadano.

En la misma línea, dado que gran parte de nuestras preocupaciones corresponden a competencias del Gobierno Vasco y en estos momentos están pendientes unas elecciones nos dirigiremos a los partidos políticos de Euskadi para conocer sus respuestas a nuestras reclamaciones.

Queremos manifestar nuestro apoyo incondicional al personal sanitario y sus demandas materiales, laborales y de calidad del servicio con especial atención a sus peticiones a la sociedad de prudencia en la desescalada para evitar contagios.

Ante las últimas recomendaciones de las autoridades sobre el uso de mascarillas y otros productos sanitarios como hidrogeles, etc. pedimos que como primera medida general se baje el IVA del 21 al 4% y se establezca una fórmula de gratuidad para colectivos socioeconómicamente vulnerables.

Como parte del movimiento social de los pensionistas creemos que nuestro papel va más allá de la mera reivindicación. No descartamos que el colectivo tenga que movilizarse si las respuestas a la crisis le perjudican. Consideramos que en este momento la prioridad es el diálogo. Centrarse en acciones meramente testimoniales que son una simple escenificación, no compensan el riesgo para  la salud de los participantes. La mejor defensa de los derechos del colectivo creemos que requieren la implicación de la mayoría del mismo.

Respecto al sector que utiliza de forma unilateral las siglas MPB que, en su momento, representaban al conjunto del colectivo y ahora han sido secuestradas por una asociación, le pedimos que revise su estrategia y sus objetivos. Le reclamamos que vuelvan al consenso y establezcamos una unidad de acción sobre las reivindicaciones comunes que recibieron el apoyo masivo de la ciudadanía. Solo con planteamientos que incorporen a la mayoría de pensionistas podremos defender eficazmente nuestros derechos.

Mientras no se restablezca la normalidad sanitaria, ADOS seguirá considerando un factor de riesgo cualquier acto público, en consecuencia no va a convocar a los pensionistas a ninguna concentración.

Bilbao 29.05.2020

* La plataforma de pensionistas ADOS-CONSENSO/Pensionistas de Bizkaia está formada por las asociaciones NAGUSIAK, AJPD, COESPE-Bizkaia y personas y portavoces de la coordinadoras de Bilbao, Abanto, Barakaldo, Muskiz, Sestao y Santurtzi.

La crisis sanitaria consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 ha puesto sobre la mesa la realidad de la consideración y atención a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y dependencia, muchas de ellas personas de edad avanzada y otras más jóvenes con grandes necesidades de apoyo. Se trata de situaciones que no son nuevas, que vienen siendo objeto de debate y denuncia hace tiempo, pero se han hecho mucho más visibles ahora ante la dureza de las situaciones que estamos viviendo, aflorando carencias importantes en nuestro sistema de cuidados. También se están evidenciando riesgos futuros en torno a cómo conjugar valores que deben estar equilibrados en el cuidado, como la salud y la libertad de las personas.

Resulta del todo imprescindible generar un debate con el fin de una revisión de los cuidados en España para poder mejorar los cuidados, la coordinación y la alternancia de servicios, y los problemas de competencias para conseguir la eficacia deseada y que necesitan las personas dependientes.

CUIDADOS DOMICILIARIOS

 Partimos de la base de que más de 3/4 del total de mayores de 65 años y personas de menor edad en situación de fragilidad, dependencia o discapacidad, prefieren vivir en su casa y seguir participando en su comunidad. Parece evidente que hay que avanzar en una propuesta de atención integral en el domicilio capaz coordinar a todos los implicados en esta atención: familias en primer lugar, servicios sociales (SAD fundamentalmente, que debe ser reforzado, aunque no exclusivamente), atención primaria y especializada de salud, sector de empleo de hogar y cuidados, asistentes, voluntariado, servicios de proximidad e iniciativas de participación comunitaria. Es urgente ampliar la cobertura pública y el nivel de protección para todos los grados de dependencia, y hacerlo garantizando un mejor funcionamiento de los servicios e infraestructuras, incorporando más profesionales. Resulta necesaria, por tanto, una atención sociosanitaria integrada y centrada en las personas que viven en sus domicilios, coordinando los servicios necesarios para mejorar su calidad de vida y el de su entorno familiar tal como recomienda la OMS.

Además, y en tanto dure el peligro del COVID-19, hay que garantizar la puesta en marcha de protocolos de actuación específicos y de obligado cumplimiento, formación específica para el personal, abastecimiento de productos de limpieza específicos y controles de inspección para velar por su cumplimiento, y también garantizar que las personas del entorno familiar que se han hecho cargo del cuidado de las personas dependientes, usuarias de recursos cerrados (centros de día y similares) o de SAD, reciben la Prestación por cuidados en el entorno familiar, dejando sin efecto las posibles incompatibilidades establecidas entre servicios (recomendación técnica de actuación realizada desde el IMSERSO).

Todo esto conllevará el inevitable incremento presupuestario y de empleos especializados a corto plazo, a cambio de una mejora importante en los cuidados prestados y en la calidad de vida de las personas que los reciben, y de decenas de miles de mujeres, sobre todo, que trabajan en este sector y que no disfrutan de las mínimas condiciones de seguridad y legalidad, con las consecuencias personales que esta situación genera, pero hay mucho margen para ello. Tengamos en cuenta que, en 2017, el gasto social en familia/hijos/as per cápita en paridad de poder adquisitivo era de 760 en la UE-15, 701 en la UE-28 y sólo 330 en España. En porcentaje del PIB, esta diferencia de gasto se traducía en que la UE-15 dedicaba de media 2,4% de su PIB a esta área, la UE-28, 2,3% y España dedicaba la mitad (1,2%). En millones de euros, esta diferencia se traducía en una inversión de 333 millones de media en la UE- 15, 359 en la UE-28 y sólo 14,5 en nuestro país. Por otro lado, atendiendo a los datos que ofrece la OCDE, en 2017 el gasto social en cuidados de larga duración (cuidados para personas en situación de dependencia) constituía el 3,7% del PIB en Holanda, el 3,2% en Suecia, el 1,9% en Francia, el 1,5% en Alemania, el 1,4% en Reino Unido y sólo el 0,7% en España.

CUIDADOS EN RESIDENCIAS

 Necesitamos pensar y definir un cambio en profundidad del modelo de alojamientos para personas mayores o personas con discapacidades que precisan apoyos para continuar con sus proyectos de vida. Son precisas alternativas de alojamiento que dispensen cuidados e intervenciones profesionales orientadas hacia una atención centrada en las personas. La experiencia de otros países, avalada por décadas de desarrollo y evidencia científica, sugiere la bondad de desagregar los conceptos “vivienda” y “cuidados” haciendo depender cada uno de su ámbito competencial natural. Esta diferenciación, además de racionalizar el gasto público en recursos destinados a los cuidados, nos alejaría definitivamente de los modelos institucionales. La vivienda garantiza espacio propio, intimidad; y en los entornos domésticos los cuidados y apoyos se ofrecen en función de las diferentes necesidades de cada situación de dependencia.

No son necesarias urbanizaciones con chalets unifamiliares o compartidos por el alto coste que representa, de construcción y de gestión, para Servicios Sociales y la mayoría de personas dependientes, y porque de lo que hablamos es de cambiar el sistema copia del hospitalario de habitaciones compartidas, por el de apartamentos con nuevos diseños arquitectónicos y nuevas fórmulas organizativas, de servicios y de gestión lo más similares a un hogar, donde se garantice la intimidad, se personalice el cuidado y se evite la continua rotación de profesionales, y donde el tiempo y las actividades se organicen pensando en las personas y en alimentar una vida con sentido.

Hay, por tanto, que erradicar definitivamente los macrocentros privados o concertados  que  almacenan  personas  donde  la  mayoría  de  las  habitaciones son compartidas, y dejar de percibir como un lujo las habitaciones individuales. Esos centros, donde las personas permanecen casi todo el día en salas repletas de “internos” alineados, evitar el contagio cuando hay enfermedades fácilmente transmisibles puede acabar siendo una misión imposible como ha ocurrido   con   la   pandemia   del COVID-19.

Consideramos urgente que, desde el parque residencial que ahora existe, se provoque su tránsito hacia el cambio de modelo, contextualizándolo en la realidad concreta de cada centro.

Al mismo tiempo, es imprescindible apoyar y cuidar a los y las profesionales, dignificando su labor, supervisando el desarrollo de sus competencias de atención integral y relacional, invirtiendo en el cuidado de los equipos y en la mejora de las organizaciones. Esto no puede considerarse como algo superfluo y por tanto prescindible. Solo así podremos avanzar en un buen cuidado. Hay que corregir la escasez de profesionales bien formados y la precariedad de las condiciones de trabajo en las residencias privadas y concertadas puesto que, aunque no es una condición única ni suficiente para garantizar la calidad de cuidados y apoyos, es una cuestión que debe ser subsanada.

Cartagena, mayo de 2020

NO ACEPTAMOS que para cuidar a nuestros mayores se explote o esclavice a miles de mujeres el la CAPV,
QUEREMOS seguir viviendo en casa, con un sistema público de cuidados digno y asequible, y – cuando ya no sea posible – en pequeñas residencias para vivir como en casa.(Plataforma IRAULI-ZAINTZA)

En el País Vasco la pandemia – también – ha dejado al descubierto nuestro sistema de residencias. Las personas trabajadoras castigadas y menospreciadas en su oficio y profesión han sacado lo mejor de si mismas; y de su compromiso con los abuelos y la sociedad;
arriesgando su salud y sus vidas. Han respondido. Se han ganado los aplausos, pero en demasiados casos con un alto costo.

Y ahora qué? Donde están los que han alimentado este modelo de residencias gigantes y sin recursos suficientes. Las alarmas estaban encendidas mucho antes del Covid-19. Las huelgas de las trabajadoras venían marcando lo que hay en la política actual de la atención a la dependencia: ratios de personal agobiantes para las trabajadoras e indignos para los residentes; plantillas con mucha precariedad; autoritarismo y desprecios de muchos gerentes y directores, presionados por empresas creadas para ganar dinero. Los responsables de cada una de las Diputaciones Forales se han lucido. Su única política de atención a lo que ya estaba pasando, ha sido solicitar de forma enfermiza al Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco que se aumentarán los servicios mínimos durante las huelgas, y este se conformó aumentando, porque según sus propias palabras
solo tienen el deber de garantizar el servicio y las condiciones laborales son una cuestión de negociación con la patronal, en la que ni el Gobierno Vasco ni las Diputaciones, creen que tengan algo que decir. Simplemente han pasando de lo que venía sucediendo en el interior de las
residencias y solo se ajustan a sus Presupuestos Generales.

Durante largos años, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han hecho apología de la privatización (“les das las ganancias que buscan y te resuelven el problema”) y grandes campañas de auto-propaganda (“somos punteros en Europa”). En una cosa están en lo cierto: en las políticas públicas de la CAPV en atención a la dependencia de los últimos 20 años se impusieron abrir las puertas a empresas de servicios privadas y además han creado redes clientelares. Nada de iniciativas sociales, ni de buscar amplios consensos para abordar el profundo cambio demográfico que estamos viviendo, ni de abrir un debate trasparente en la sociedad. Por el contrario han ideado un entramado competencial entre Gobierno y Diputaciones, con apoyo social minoritario, que lo único que ha generado es un laberinto de coberturas, de servicios y de tarifas diferentes en cada Territorio Histórico.

En los servicios de atención a los mayores hay otra realidad – siempre invisibilizada – que son las cuidadoras internas en los hogares y que la pandemia les ha sumado precariedad. Su situación laboral y de vida se ha visto afectada por: despidos ( simple desistimiento del patrón);
reducciones de jornadas; confinamientos obligatorios; sin derecho al subsidio del RD 11/2020 ; en demasiados casos, sin casa, sin alimentos, dependiendo de la beneficencia. Cuanto tiempo más debe pasar para que se termine con este indigno sistema, cimentado sobre una precariedad
abusiva – rozando la esclavitud – con miles de trabajadoras que son absolutamente necesarias y que se les niegan los papeles.

En la CAPV, son muchos más los mayores cuidados en los domicilios familiares, que los ingresados en las residencias. Esto además de ser algo natural es un derecho: poder vivir en su entorno, bien en su propio domicilio o en viviendas adaptadas, con políticas públicas que  garanticen esos cuidados de calidad, así como la calidad en el empleo para quienes los cuidan.

Son muchas las cosas que se deben cambiar en nuestro sistema público de cuidados, desde la atención en domicilio, hasta las residencias de mayores, y este es el momento. Nos haríamos un gran fraude, si después de lo que la pandemia ha destapado, hacemos pequeños retoques y nos
quedamos con un tipo de residencias que no tienen nada que ver con lo que nos encontramos en el centro y norte de Europa, ni con las necesidades de nuestros mayores.

Proponemos abrir un gran debate, que nos lleve un acuerdo social que es básico y necesario en una sociedad que aspira a tener un sistema digno de cuidados para sus mayores. El número de personas mayores va ir subiendo. Muchas jubiladas y jubilados de hoy, y las de mañana más, van a pasar a esta fase de la vida sin apoyo familiar, como ya ocurrió en el centro y norte europeo. La gran mayoría de la sociedad vasca, aspira a vivir dignamente con su pensión, tiene la esperanza de vivir muchos años, y desea condiciones dignas, en su entorno de siempre, con viviendas
adecuadas y unos servicios públicos suficientes, y eso sí, sin ser una carga para la familia. Y por supuesto, este acuerdo básico debe hacer justicia con las trabajadoras de todos estos servicios garantizándoles condiciones de trabajo, salarios y jornadas, estabilidad y conciliación familiar a la
altura del resto de trabajadores públicos, además del reconocimiento del tiempo anterior trabajado, también durante el vergonzoso periodo de “sin papeles”.

No dejemos que cambien algunas cosas para que todo quede igual.

Es necesario pasar :
* de lo privado, a lo público;
* de residencias masificadas, a pequeños centros, con habitáculos individuales e independientes para los residentes;
* de una estructura por Territorios Históricos ineficaz, a una centralización a nivel de la CAPV (como ya se da en la Enseñanza o la Sanidad);
* de unos ayuntamientos casi al margen, a que, por su cercanía, sean los verdaderos responsables de los servicios;
* de unos insuficientes servicios municipales de atención domiciliaria complementados con cuidadoras contratadas en los domicilios en condiciones inadmisibles y con pocas o ninguna cobertura, a una nueva realidad de viviendas adecuadas para quienes van perdiendo autonomía y promoción de cooperativas de cuidadoras a nivel local para la atención en el domicilio.

Abrimos la posibilidad de adhesiones y aportaciones a esta propuesta para colectivos que estén interesados en apoyar esta iniciativa o que quieran implementarla escribiendo a:

iraulizaintza@gmail.com

Mayo 2020

En la crisis del 2008 se rescató a la banca, esta vez hay que proteger a millones personas, víctimas de un modelo económico y social depredador. Como en la crisis anterior, el colectivo menos afectado volverá a ser el pensionista, teniendo que contribuir la gente mayor a salvar las economías familiares

Los movimientos sociales no surgen de la noche a la mañana, se forman y consolidan durante un periodo de tiempo indeterminado. La excepción es el movimiento de pensionistas, que nació de forma simultánea en varias poblaciones de Bizkaia el 15 de enero de 2018. Tampoco es habitual que los movimientos sociales desaparezcan a fecha fija, más frecuente es que se escindan formando organizaciones diferenciadas que siguen operando en el mismo campo. La excepción vuelve a ser el movimiento de pensionistas, que interrumpió las concentraciones el 9 de marzo de 2020 a causa de la mortífera Covid-19. No siendo posible saber si se trata de una desaparición definitiva o si volverá a resurgir, si cabe asegurar que para cuando se puedan reanudar las movilizaciones habrán pasado meses y la situación social será distinta.

La suspensión de los Sanfermines, celebrados incluso durante la epidemia de 1918, el retraso de la final de Copa, el aplazamiento de las olimpiadas de Tokio, y tantos otros eventos que no se podrán celebrar, hace suponer que tampoco se autorizarán movilizaciones multitudinarias, al menos hasta el otoño. En consecuencia, el movimiento de pensionistas, que ya estaba en declive, se ha disuelto y puede que no vuelva a recuperarse, entre otros motivos porque las circunstancias que lo motivaron han cambiado. Ninguna otra demanda tiene la capacidad movilizadora del rechazo al denostado incremento del 0,25 %. Tal vez se llegase a reavivar si a causa de la crisis social y económica que está provocando el coronavirus se volviesen a congelar las pensiones. Es una posibilidad remota, pues al finalizar el año la tasa de inflación hasta puede resultar negativa.

El hábito de confundir la parte con el todo 

Los movimientos sociales se cimentan sobre organismos de base en situación de conflictividad permanente. Es el caso del fenecido Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB). Surgió de las concentraciones de los pueblos, promovidas desde plataformas locales, diseminadas por todo el territorio. Clausurados los encuentros en las plazas de cada municipio, dejan de actuar las respectivas plataformas. A la vez desaparece la asamblea provincial, que era el espacio de coordinación y decisión del MPB. Desde el 9 de marzo, las declaraciones y propuestas que se plantean en nombre del MPB carecen de cualquier legitimidad. Son iniciativas unilaterales promovidas por Pentsionistak Martxan, asociación que actúa al amparo de esas siglas.

El asunto no se ciñe a un acto de suplantación de identidad, llega a inspirar rotundos titulares que crean falsas expectativas: “Los pensionistas de Bizkaia volverán a movilizarse a partir del 18 de mayo”. Esa convocatoria intenta llegar a un grupo reducido de gente, suficiente para mantener la presencia mediática de quienes intervengan. La iniciativa sería admisible si Pensionistak Martxan la promoviese con su propio nombre. La cosa cambia al utilizar de tapadera al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, aunque haya dejado de existir. Si otras organizaciones siguiesen el mismo método, cabe imaginar la situación de confusión resultante.

La deliberada identificación entre la asociación y el movimiento, la obstinación en asociar la parte con el todo, llevan al extremo de publicar el mismo documento como MPB y en el blog de la plataforma abertzale Gaurgeroa. Son textos que al no estar sometidos a ningún control externo, marcan las posiciones políticas de EH Bildu. Un ejemplo: “La Diputación de Bizkaia, como siempre, la más conservadora – totalmente hegemonizada por el PNV- se ha puesto a la cabeza en la aprobación de ayudas fiscales a los empresarios”. Esta discutible manera de proceder se basa en la pretensión de que ambos niveles organizativos, movimiento social y agrupación ideológica, se integren el mismo proyecto político, sobre todo en época electoral.

Vuelta al asociacionismo de pensionistas 

Se puede seguir hablando del movimiento de pensionistas en general, no como organización específica o entidad concreta. El conjunto de asociaciones que se dedican a defender los derechos del colectivo de pensionistas forman un movimiento atomizado, sin vínculo estable. No siendo posible mantener el modelo que surgió en enero de 2018, resulta inevitable volver a las condiciones anteriores, cuando la problemática de las pensiones se encauzaba a través de asociaciones con estructura y base social propia. Ante la nueva situación varias asociaciones de pensionistas de Bizkaia han formado una unidad de acción denominada Ados.Consenso. Cabe suponer que también Pentsionistak Matxan acabará actuando con su propio nombre, dejando de utilizar la cobertura del inexistente Movimiento de Pensionistas de Bizkaia.

Durante más de dos años la lucha en defensa de las pensiones públicas se canalizó a través de un poderoso y singular movimiento social. Alcanzó relevancia política y obtuvo mejoras económicas actuando como grupo de presión sobre los gobiernos de turno. Mientras duró el periodo intenso del conflicto se daban condiciones propicias para que surgiese ese organismo de base capaz de impulsar grandes movilizaciones, como la fastuosa manifestación del 17 de marzo de 2018 en Bilbao. Tal ha sido el memorable e irrepetible rol interpretado por el MPB. Al desaparecer ese movimiento, que al comienzo era unitario y plural, vuelven a intervenir las asociaciones de pensionistas y reaparecen las centrales sindicales.

Con el reflujo de la lucha los sindicatos de ámbito estatal recuperan el control de la situación, en detrimento de los sindicatos nacionalistas que el 30 de enero convocaron huelga general en Euskadi y Navarra. El Gobierno reconoce a las centrales sindicales mayoritarias, además de la representación de trabajadores y de pensionistas, un papel esencial en la negociación de las medidas precisas para atajar las consecuencias laborales del estado de alarma, así como en los posibles pactos para amortiguar la crisis socioeconómica provocada por la pandemia del coronavirus. Por supuesto, participarán en la reforma de las pensiones, que pasa a un segundo plano, junto con la Comisión del Pacto de Toledo. Guste o no, el protagonismo de las centrales sindicales y organizaciones patronales se intensifica. Se tendría que desencadenar un proceso conflictivo muy agudo para que resucitase el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, aunque todavía haya quien se empeñe en negar su defunción y hable en su nombre.

Problemática de la futura realidad 

La crisis actual no guarda relación con ninguna otra a lo largo de la historia. Su origen no está relacionado con el sistema productivo o el financiero. La provoca la necesidad de paralizar el sistema económico para proteger a la población de una mortífera epidemia. La caída del PIB, el aumento de la deuda pública, serán sus consecuencias, no la causa. El desempleo puede alcanzar a finales de año al 20 % de la población activa, afectando sobre todo a los sectores sociales más vulnerables, en particular jóvenes y mujeres, que ya sufrieron la crisis del 2008.

Junto al personal sanitario, esos colectivos sometidos al empleo precario, con salarios de miseria, desempeñan actividades esenciales para mantener el funcionamiento de los servicios sociales, mientras el resto de la población permanece en casa. Comercio, limpieza, transporte, asistencia domiciliaria y geriátrica, entre otros, representan un tercio de la población ocupada, sin incluir cuidados no retribuidos, atendidos sobre todo por mujeres en el ámbito familiar.

La crisis permite comprobar que, además de la sanidad, los empleos peor considerados son los indispensables para atender los servicios comunitarios, resultando expuestos al contagio. Entre las múltiples tareas que será preciso abordar al volver a la normalidad, la prioridad absoluta la constituyen las políticas públicas que posibilitan el bien común. Las desigualdades sociales, siempre injustas, dificultan la eficiencia del sistema productivo y de la economía. La defensa de los servicios públicos debe ir unida a la exigencia de un mejor reparto de la riqueza. En la crisis del 2008 se rescató a la banca, esta vez hay que proteger a millones personas, víctimas de un modelo económico y social depredador. Como en la crisis anterior, el colectivo menos afectado volverá a ser el pensionista, teniendo que contribuir la gente mayor a salvar las economías familiares.

Nuevos tiempos, diferentes objetivos, distintos métodos 

Ante un panorama tan desolador, las asociaciones de pensionistas tienen que reflexionar sobre la idoneidad y vigencia de sus demandas. Los esquemas del pasado no sirvan para afrontar los dilemas del futuro. La nueva situación requiere renovar formas de organización, movilización y liderazgos, determinado todo ello por el objetivo principal: la defensa de la salud pública. Implica que el movimiento de pensionistas deja de ser el eje movilizador. La iniciativa y el protagonismo pasan a las mareas blancas de la sanidad y de las residencias.

Siendo los servicios sanitarios la meta prioritaria, garantizar el bienestar del conjunto de la población demanda un auténtico cambio social y económico, que requiere la participación de múltiples organizaciones de base, incluidos los sindicatos, para presionar en esa dirección a los poderes públicos y fácticos. En el contexto de ese movimiento unitario y plural, interterritorial e intergeneracional, el colectivo de pensionistas es uno más, subsidiario y complementario. El potencial de la defensa de la sanidad pública posibilita alcanzar a nivel estatal movilizaciones como las logradas en Euskadi con las pensiones en 2018.

Entre los obstáculos que dificultan la confluencia en la lucha reivindicativa destacan intereses partidistas y protagonismos obsesivos. Está ocurriendo en Bizkaia con la convocatoria de concentraciones en residencias y diputaciones el lunes 18. La impulsa Pentsionistak Martxan, amparándose en el nombre del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Es una acción orientada a llamar la atención de la prensa, que no aporta nada a las numerosas denuncias presentadas por asociaciones de residencias y familiares. El 6 de mayo Rtve.es anunciaba que la fiscalía acumula más de 130 diligencias penales y 176 civiles. El día 13 la Cadena SER notifica que 18.200 residentes en geriátricos han fallecido a causa del coronavirus. Una tragedia que abarca dos tercios del total de defunciones precisa una profunda investigación. No se resuelve con actos testimoniales, con el agravante de exponerse a intensificar el número de víctimas.

*Luis Alejos, sociólogo y pensionista 

Gestionar una crisis sanitaria tan imprevisible como la provocada por la COVID-19 resulta difícil para cualquier gobierno. Las medidas aplicadas desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, que desembocó en el confinamiento de la población, se han asumido con rigor. Las dudas surgen en la fase posterior, cuando las decisiones tienen un carácter más político que sanitario. Es el caso de los confusos criterios manejados para facilitar la salida a la calle de los grupos sociales de menor y de mayor edad. A falta de evidencias científicas contrastadas, se utilizan argumentos políticos discutibles, de modo que el Gobierno pueda curarse en salud.

Nuevos casos de edadismo

Cuando la situación era más crítica, con las UCI saturadas, surgió el debate sobre el criterio de la edad para salvar vidas. Está visto que este no es un país para viejos, pues un dilema similar se ha vuelto a plantear en relación al orden de salida del confinamiento. El 17 de abril numerosos titulares de prensa apuntaban en esa dirección: ‘Sanidad admite que confinar a los mayores hasta verano está sobre la mesa’. Aunque no faltaban motivos para suponer que ese proyecto no podía prosperar, se llegó a plantear, pese a constituir un intolerable intento de discriminación, basado en un inadmisible comportamiento paternalista.

Siendo una tentativa condenada al fracaso, lleva a pensar en qué realidad se basa el Gobierno y en cómo se asesora para conocer la situación social del momento. Disponía de suficientes indicadores para saber que no podía prolongar el aislamiento de los mayores, destacando la oposición de las asociaciones de pensionistas, la opinión contraria de profesionales de geriatría y también las experiencias de otros países.

El 20 de abril el Colectivo de Pensionistas Ados.Consenso de Bizkaia declara en nota de prensa: “La edad tardía no es una enfermedad que cause la muerte.  Forma parte del ciclo de la vida y existe una diferencia significativa  entre edad cronológica y biológica. Los equipos médicos que atienden las UCI lo saben y actúan en consecuencia. No podemos admitir ni acatar ninguna de las múltiples formas de discriminación que se aplican en función de la edad. No es una medida de protección, es un comportamiento paternalista que vulnera derechos. Entenderíamos que si se aplica alguna prohibición haya personas que la incumplan por considerarla ilegítima”.

 El 22 de abril la Fundación Pilares para la Autonomía Personal insiste: “… en que el ejercicio de los derechos individuales no está reñido con el cumplimiento de los deberes de solidaridad y civismo en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Las personas mayores han dado sobradas muestras de saber ponerse al frente de los cuidados y de la defensa del bienestar de sus familias y comunidades a lo largo de la historia. No las tutoricemos ahora como si no supieran cuidar de sí mismas”.

En el plano político adquieren relevancia los casos de Buenos Aires, Francia y Alemania. Según el diario argentino Clarín, en Buenos Aires se prohibió salir a la calle sin autorización a los mayores de 70 años. Tal decisión fue declarada inconstitucional por un juez porteño, dado su carácter discriminatorio, pues además de vulnerar la igualdad ante la ley, supone reducir la autonomía personal y la capacidad de decisión en función de la edad. En Francia, el intento de confinar a mayores de 65 por tiempo indefinido se queda en llamamiento a la responsabilidad personal. El cambio de actitud llega tras la amenaza de una ‘rebelión de las canas’. En ese debate que alcanza nivel intelectual interviene la prestigiosa Academia de Medicina, calificando la medida como una “tentación simplificadora e insatisfactoria” que  llega a provocar “sufrimiento moral inducido”.

La réplica a tan desafortunadas actuaciones la ha dado Angela Merkel al declarar: “Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral”. Con tales precedentes, tras el error cometido, y de inmediato rectificado, al decretar sacar a los niños de casa para meterles donde más riesgo hay, en el supermercado, el Gobierno no tenía más opción que renunciar a cualquier medida que margine a las personas de mayor edad. Así ha ocurrido. El ‘Plan para la transición hacia una nueva normalidad’ del 28 de abril,  aunque resulta deliberadamente ambiguo, no establece medidas específicas, salvo el ” horario preferente para mayores de 65 años” en la apertura de servicios.

Amparar los derechos de las personas mayores

Parece que la intensa lucha llevada a cabo durante dos años por el colectivo de pensionistas no ha bastado para que se comprenda y asuma que las personas mayores son sujetos de derecho, con las mismas obligaciones y garantías jurídicas que el resto de la población. Basta que sean consideradas personas adultas, sin ser infantilizadas ni tratadas con actitud paternalista. Tales comportamientos llevan a planteamientos contradictorios, como es el intento de alargar la edad legal de jubilación, utilizando el pretexto del aumento de la calidad de vida, mientras se ignora ese mismo argumento al planificar el desconfinamiento. Del mismo modo, aunque no existan limitaciones de edad para conducir un vehículo, se pretenden establecer para pasear. Si el criterio de los años cumplidos tuviese sentido, debería basarse en la edad biológica, que varía de forma significativa respecto a los cumpleaños acumulados. Es una evidencia que tanto en el plano físico como en el sicológico hay jóvenes de 70 años y ancianos de 50.

La pandemia del Coronavirus vuelve a mostrar la discriminación social que sufren las personas mayores. Se utiliza la trágica situación de las residencias para intentar prolongar el aislamiento de nueve millones de personas, que necesitan más que nadie hacer ejercicio. Toda medida que se tome de forma indiscriminada en base a la edad, además de ser perjudicial e injusta, atenta contra derechos individuales y colectivos. Los casos concretos, relacionados con patologías, se tratan por los cauces sanitarios. Norma básica de comportamiento debe ser la responsabilidad personal, sin que un ‘gran hermano’ controle cada paso, porque tiene miedo a la libertad.

29 de abril, ‘Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones’, se pública el manifiesto ‘La intergeneracionalidad suma vidas’. Entre sus objetivos destaca: “Considerar el paradigma intergeneracional como eje principal para plantear y diseñar los horizontes de un nuevo modelo social. Las administraciones públicas deben incorporar en sus políticas activas y, de manera transversal, una perspectiva intergeneracional, que incluye una visión integradora de todas las edades, que promueva los espacios de encuentro, que fomente la interacción, la participación y el liderazgo, que logre corregir las políticas sesgadas por los criterios de edad y enfocar la acción de la Administración desde un prisma inter-etario, común e integrador”.

*Luis Alejos es sociólogo y pensionista