LAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO PARA REFORMAR LAS PENSIONES

 

Tras más de cuatro años de reuniones, la Comisión permanente no legislativa de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes 23/10/2020 su informe para la reforma del sistema público de pensiones. Los grupos políticos votarán en comisión el documento el próximo martes 27.
Las recomendaciones son claves para la prometida reforma de las pensiones, ya que el Gobierno ha asegurado que servirán de base para los cambios que se aprueben, que también estarán sometidos a la negociación con los sindicatos y la patronal.
Resumimos telegráficamente el contenido de todas las recomendaciones:

Recomendación 0: Defensa del sistema público
Se reafirma el compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones y se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de sus principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad, entre otros.
Se reitera que las cotizaciones sociales se mantengan como “la fuente básica” de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas, sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales, como pueden ser las transferencias del Estado.
Se insiste además en que las prestaciones no contributivas y los servicios de carácter universal se financien a través de aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

Recomendación 1: Equilibrio y Separación de fuentes
Se emplaza a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 y propone que los gastos impropios pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado. Entre los gastos impropios enumera: las ayudas a las empresas de reducciones en la cotización a la Seguridad Social, las tarifas planas y otros ejemplos de tratamiento favorable en la cotización, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor, el complemento de maternidad en las pensiones,…

Recomendación 2: Poder adquisitivo. Subidas con el IPC
Se defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y precisa que “la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.

Recomendación 3: La ‘hucha de las pensiones’
El Pacto destaca que una vez se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social se debe retomar la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva, apunta que aunque el Fondo de Reserva no es el mecanismo adecuado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural sí puede servir como una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social.

Recomendación 4: Cotización de autónomos
Indica que la sostenibilidad del sistema de pensiones exige que, de manera gradual y acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo, se aproxime la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. Este cambio se debe producir en el marco del diálogo social entre sindicatos y patronal.
Recomienda medidas que contemplen el trabajo a tiempo parcial de los autónomos.

Recomendación 5: Elección del periodo de cotización
Recomienda evaluar la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión, es decir, que el trabajador pudiera elegir esos 25 años de manera que le sea más favorable para el cobro de su pensión.
Sobre la pensión máxima y la base máxima de cotización, indica que su relación debe establecerse legalmente de forma clara y estable.

Recomendación 6: Incentivos al empleo
La financiación de los incentivos al empleo no podrá hacerse con cargo a las cotizaciones sociales, salvo excepciones en colectivos especiales como personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género.

Recomendación 7: Información ciudadana. “La carta naranja”
Se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las obligaciones de información contenidas en el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, “de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión”. Es el conocido “sobre de color naranja” que ningún Gobierno ha llegado a remitir a los mayores de 50 años, como estaba previsto.

Recomendación 8: Gestión del sistema. Nueva Agencia
Se debe abordar un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social. Además, la Comisión defiende “una más estrecha y adecuada coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos”.

Recomendación 9: Mutuas de la Seguridad Social. Modernización
Respecto a las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, destaca que debe cumplirse la regla de paridad en la composición de sus órganos de gobierno y dotarlas de cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos que resulte compatible con un estricto control por la Seguridad Social.

Recomendación 10: Lucha contra el fraude
Se deben clarificar las lagunas legislativas bajo las que se ocultan abusos en la determinación del concreto régimen de afiliación en el que se debe cotizar (“falsos autónomos”) y apremia por el endurecimiento de las sanciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social”.

Recomendación 11: Contributividad. Pensiones mínimas
Se apuesta por la “contributividad” del sistema, es decir, la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador.
Se precisa que, en los casos de vidas laborales muy prolongadas, habría que valorar la posibilidad de reconocer la posibilidad de que el beneficiario descarte algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o pueda escoger el tramo de la carrera de cotización sobre el que se aplicaca la fórmula de cálculo de su pensión.

Recomendación 12: Edad de jubilación
La edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.
También apuesta por revisar el acceso a la jubilación anticipada, de manera que los coeficientes reductores sean equitativos y emplaza al Gobierno a proponer una respuesta en el plazo máximo de 3 meses ante la Comisión.

Recomendación 13: Viudedad y orfandad
Se debe llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones de viudedad y orfandad, manteniendo su carácter contributivo. Se debe acomodar la configuración de la pensión a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos.
La protección social debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos y propone aumentar el porcentaje de la base reguladora de la pensión.

Recomendación 14: Fiscalidad
Queda suprimida esta anterior recomendación sobre el reordenamiento del tratamiento tributario

Recomendación 15: Un sistema suficiente
La Comisión cree necesario establecer alguna referencia adecuada para evaluar la “suficiencia” de las pensiones, como puede ser la llamada ‘tasa de sustitución’ (que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores), que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas”.
Se reitera que los complementos a mínimos de las pensiones, como manifestación práctica de ese sistema solidario, deben ser asumidos por impuestos (Presupuestos Generales del Estado) y no por cotizaciones sociales.

Recomendación 16: Sistemas complementarios
Reafirma de nuevo su apuesta por impulsar la implantación efectiva de los planes complementarios de pensiones, en especial de los planes de trabajo (los planes de empleo, el llamado segundo pilar de las pensiones), que negocian empresas y trabajadores y que “prioritariamente” habrán de ser sin ánimo de lucro. Y apostilla que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros”.
En cuanto a los sistemas de pensiones individuales (el llamado tercer pilar), sostiene que la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores.

Recomendación 17: Mujeres
Se reclaman medidas que permitan identificar las discriminaciones retributivas y llama a introducir “las correcciones” para solventar los vacíos en las carreras de cotización por la irregularidades de las carreras profesionales, y también emplaza a impulsar reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios con los trabajadores a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres, como ha indicado ya la justicia europea y el Tribunal Constitucional.

Recomendación 17 bis: Jóvenes
Hace un llamamiento a potenciar su confianza en el sistema de la Seguridad Social. Una medida concreta que incluye al respecto consiste en adoptar “medidas legislativas definitivas encaminadas a garantizar y a mejorar la protección social del colectivo de becarios”.

Recomendación 18: Personas con discapacidad
Deben intensificarse las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos laborales de las personas con discapacidad, y en concreto, se recomienda “seguir introduciendo modificaciones en la normativa de Seguridad Social que afecten, entre otras cuestiones, al régimen jurídico de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente y a su compatibilidad con la realización de un trabajo, evitando la litigiosidad existente en este ámbito”.

Recomendación 19: Trabajadores migrantes
Afirma que la inmigración ayudará a fortalecer el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población en España, y apuesta por la llegada de personas canalizada “a través de mecanismos que garanticen la incorporación de personas migrantes al mercado de trabajo”. Destaca también la llamada a que la Administración intensifique “su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes”, así como las situaciones de explotación.

Recomendación 19 bis: Digitalización
La Comisión destaca que “resulta clave” favorecer la inclusión de los trabajadores dentro del sistema, “como fórmula para combatir la economía informal y garantizar la protección ante situaciones de necesidad” (cita la sentencia del Supremo sobre Glovo como referencia para la “imprescindible” lucha contra los falsos autónomos).
Señala el riesgo de una protección social contributiva insuficiente y considera que “hay que reforzar los mecanismos no contributivos, típicamente solidarios, del sistema”.
La Comisión añade una reflexión: “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.

Recomendación 20: Control Parlamentario
A juicio de la comisión, conviene “intensificar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones, del equilibrio financiero del sistema y de los resultados que se obtienen en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social”.
El Pacto de Toledo recuerda por último que, transcurridos al menos cinco años desde su aprobación, “el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como a una evaluación de su grado de cumplimiento, mediante los instrumentos parlamentarios específicos para ello”.

 

 

 

EL PACTO DE TOLEDO 

 

NOTA PREVIA
Para la más sencilla comprensión de los documentos que se adjuntan, se ruega la lectura previa de la siguiente explicación:


El texto se compone de 5 partes:


Parte I.‐ Antecedentes; en esta parte se relatan los datos relativos a la creación de la Comisión, su composición, las sesiones celebradas y la
documentación recibida.


Parte II.‐ Introducción; en esta parte, tras unas breves palabras de presentación y agradecimiento, se exponen el contenido de las principales
leyes que han desarrollado el Pacto de Toledo, desde 2003, así como los datos más destacados sobre las prestaciones económicas que, a día de hoy,
satisface la Seguridad Social.


Parte III.‐ Orientaciones comunitarias; en esta parte se expone la posición de las Instituciones de la UE, una vez transcurrido el plazo de
10 años para ejecutar la Estrategia de Lisboa, y las metas fijadas dentro del marco diseñado por la nueva Estrategia Europa 2020.


Parte IV.‐ Evolución demográfica prevista para España; en esta parte se indican las principales proyecciones demográficas referidas a España, con
especial atención a las previsiones y simulaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística.


Parte V.‐ Recomendaciones; es la parte medular del Informe. En ella se encuentran las recomendaciones elaboradas en las reuniones mantenidas por la Mesa y los Portavoces durante los últimos meses. Las recomendaciones incorporan, señaladas en negrita las correcciones sugeridas por el Letrado y aquellas otras que le fueron encargadas a lo largo de las reuniones mantenidas. Entre esas correcciones tienen una profundidad mayor las introducidas en la Recomendación número 20, relativa al seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo. Asimismo, se ha dado una nueva numeración a las recomendaciones, más acorde con los acuerdos que se fueron adoptando en las reuniones sucesivas.
Las recomendaciones van precedidas de una Consideración Preliminar, elaborada por el Letrado, atendiendo a las indicaciones efectuadas en el curso de la última reunión.


Parte VI.‐ Anexo Estadístico; se trata de la parte complementaria integrada por los cuadros y gráficos que sirven para ilustrar las explicaciones y demás datos que se ofrece a lo largo del Informe.
Secretaría de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo

 

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ARGITASUNA. Claridad para construir una nueva realidad

En la actual situación de crisis múltiples, donde a las desigualdades sociales, económicas y políticas que no dejan de crecer hay que añadir las carencias e insuficiencias dotacionales de los servicios públicos, así como la caída de la actividad económica y la bajada de la recaudación fiscal, se constata el riesgo de cronificarse la pérdida de bienestar.

                La privatización siempre ha tenido lo público en el punto de mira, pero hoy día es en la protección social donde coge impulso el modelo privatizador, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Más en concreto, el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad  Social y su modelo de reparto va a ser complementado, de momento de forma parcial, por las pensiones privadas (en Euskadi EPSV) con la correspondiente, por supuesto, mejora de sus beneficios fiscales. No lo podemos permitir.

                Todo esto lleva a impulsar el Colectivo Argitasuna con la idea de hacer visible las diferentes problemáticas y de construir de forma colectiva una nueva realidad. No queremos una mano de pintura a lo existente. Necesitamos promover el bien común, la justicia social, la equidad en el reparto de la riqueza, una reforma fiscal percibida como justa. En definitiva, un modelo social alternativo que rescate los derechos del conjunto de la ciudadanía.

El manifiesto adjunto recoge el ideario Argitasuna y está dirigido a todo tipo de asociaciones: feministas, ecologistas, pensionistas, culturales, juveniles, deportivas incluso. Va dirigido también a las organizaciones sindicales, así como a los partidos políticos que desde las instituciones gestionan los intereses del conjunto de la sociedad.

                Quienes a nivel personal o asociativo se identifiquen con el contenido del citado manifiesto y deseen participar en su desarrollo, rogamos que lo comuniquen, a través del siguiente correo electrónico: colectivoargitasuna@gmail.com

La crisis económica del 2008 y su deplorable gestión, a base de recortes, austeridad, reformas laborales, de pensiones y de género, se tradujo en menos protección, más precariedad, más pobreza, más desigualdad social. Hace tres años, los indicadores macroeconómicos señalaban el final de la crisis. Para el 66% de la población vasca la percepción era bien distinta, no había acabado. Es más, desde el 2013 alrededor de una cuarta parte de la sociedad no puede ni ir al dentista y tiene que ajustarse en la alimentación. En cuanto a la pobreza infantil, el Deusto Barómetro Social recogía que más de un 31% ha renunciado a las actividades de ocio. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de abril, el paro juvenil ronda el 22% en la CAV. Además, las mejoras salariales se concentran en el nivel superior, mientras que en el inferior empeoran.

Se instala y cronifica la precariedad. Corremos el riesgo de dar carta de naturaleza a una “sociedad indecente” en la que se viva con normalidad la persistente desigualdad, donde para consolidar la situación se recurra a normas que disciplinen a la población en la pobreza.

En este contexto aparece la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, con efectos demoledores en el plano económico y social. La pandemia intensifica la precariedad y la desigualdad. La devastación será extensa e intensa. Estimaciones oficiales señalan que la recaudación fiscal caerá este año alrededor del 20% (2.000 millones menos de ingresos en la CAV). El reto es con la salud pública, sostenibilidad económica, ambiental y rescate social. En definitiva, se necesitan cambios profundos, sociales, culturales e impositivos.

Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Combatir la desigualdad pasa por una reforma fiscal profunda, que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales. Que aporte de manera continuada los recursos que la sociedad necesite y que sea percibida como justa y progresiva. La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude (evasión fiscal) y desgravaciones (elusión fiscal). Además de pagar, hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos, elitistas. Son ejemplos evidentes de inequidad fiscal.

 No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que tenga beneficios fiscales.

Gobierno Vasco y Diputaciones favorecen con desgravaciones fiscales de la base imponible de la declaración de la renta (hoy hasta 5.000 euros) a contribuyentes con capacidad de ahorro a largo plazo, para complementar la pensión pública próxima o futura. De esta forma se transfieren recursos públicos a segmentos sociales y laborales razonablemente bien situados, convirtiendo al resto de la población en meros donantes de beneficios fiscales. La crisis sanitaria ha retrasado la propuesta fiscal más generosa que la Administración tiene prevista para intentar extender el aseguramiento social privado más allá de las rentas medias/altas.

El Viceconsejero de Economía del Gobierno Vasco, instaba en julio a redoblar esfuerzos para impulsar las EPSV de empleo. No hubo respuesta sindical ni de partidos, no hubo el rechazo frontal que cabía esperar ante este intento de privatizar las pensiones públicas. ¿Y si mañana se instase a suscribir pólizas de aseguramiento sanitario privado, ya que son centros de iniciativa social, con el argumento de que se refuerza el derecho a elegir, posibilitando que se gestione en dos redes, como ocurre con la educación concertada? ¿Habría respuesta política, sindical, social, a ese intento de privatizar lo público, o sea, a pretender sostener con dinero público empresas privadas como ocurre con nuestra educación de modelo segregacionista?

En la CAV asistimos desde hace años, con el silencio cómplice de partidos y sindicatos, al fomento institucional de una fiscalidad “a la carta”, para que sectores concretos accedan a la jubilación con una pensión privada complementaria, financiada con recursos que se sustraen de cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. Es necesario rechazar los reiterados intentos de extender la privatización de los servicios públicos, en particular de las pensiones y de la sanidad, dos urgencias del momento actual, con una fiscalidad ventajosa que constituye una apropiación injusta de recursos colectivos. En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de interés social.

Es preciso recuperar la hegemonía de la política sobre la economía y la acción de las instituciones en las decisiones económicas y sociales que afectan a la colectividad. Necesitamos servicios públicos eficientes que posibiliten el desarrollo de las familias en igualdad, conciliando. Es imprescindible la progresividad fiscal frente a la actual regresividad. Deben dejar de existir situaciones tan preocupantes como estas:

– 25% de perceptores de la RGI son pensionistas, en su mayoría (dos de cada tres) mujeres

 -Casi un 30% de mujeres trabajan con contrato a tiempo parcial, hombres sólo el 10%

– Las pensionistas vascas cobran de media 907 euros al mes, los hombres 1.568 euros

Organizar los recursos públicos con eficiencia y equidad, establecer prioridades compartidas y bien definidas, requiere acuerdos amplios que se debieran abordar en los próximos meses, en los presupuestos de la CAV y del Estado.

Quienes integramos el colectivo Argitasuna, impulsor de este documento, somos gente de procedencia obrera, trabajadores en activo y pensionistas. Venimos de diferentes ámbitos profesionales, tenemos características políticas e ideológicas diversas, pero nos mueve la voluntad común de clarificar, dar luz (argia) a la situación actual para contribuir a transformar esta realidad. Consideramos necesario que partidos y sindicatos se pronuncien sin dilación sobre las necesidades sanitarias y la fiscalidad que pedimos revertir. Solicitaremos encuentros con cada uno de ellos para exponer en detalle la razón de esta iniciativa.

Socializaremos este manifiesto con otras asociaciones, en particular las de pensionistas y los colectivos de la sanidad, para que contribuyan con su parecer, si así lo consideran. Animamos a que los trabajadores y trabajadoras en activo debatan sobre las EPSV y el modelo social que representan. Hacemos un llamamiento a los profesionales de la sanidad para que expongan con claridad y valentía las necesidades concretas e inaplazables en la situación actual. Este planteamiento vale para el conjunto del Estado, al compartir problemas similares, aunque su adaptación y gestión corresponde a colectivos que recojan el testigo en cada territorio.

Euskadi, octubre de 2020

ARGITASUNA-Errealitate  berri bat eraikitzeko argitasuna

2008ko krisi ekonomikoa eta horren kudeaketa tamalgarriak, murrizketa, austeritate, lan-erreforma eta pentsio eta genero-erreformen bidez, babes gutxiago, prekarietate gehiago, pobrezi handiagoa eta desberdintasun sozial nabarmenak ekarri zituen berekin. Duela hiru urte, adierazle makroekonomikoek krisiaren amaiera adierazten zuten. EAEko biztanleen % 66aren pertzepzioa ostera, kontrakoa zen. Are gehiago, 2013az geroztik, gizartearen laurden batek ezin du dentistarengana ere jo eta janaria murriztu behar izan du. Haurren pobreziari dagokionez, Deusto Barometro Sozialak % 31k baino gehiagok aisialdiko jarduerei uko egin ziela jasotzen zuen. Apirileko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, gazteen langabezia % 22 ingurukoa da EAEn. Gainera, soldata-hobekuntzak maila gorenean daude, behekoan okerrera egiten duten bitartean.

Prekarietatea ezarri eta kroniko bihurtzen da. Etengabeko berdintasun eza normaltasunez bizitzen duen “gizarte lotsagarri” bati izaera emateko arriskua dugu, non, egoera sendotzeko, herritarrak pobrezian diziplinatzen dituzten arauetaz baliatzen diren.

Testuinguru honetan Covid 19ak eragindako osasun-krisia agertzen da, ondorio suntsitzaileekin ikuspegi ekonomiko eta sozialean. Pandemiak prekarietatea eta desberdintasuna areagotzen ditu. Hondamena zabala eta bizia izango da. Kalkulu ofizialen arabera, aurton zerga-bilketa % 20 inguru jaitsiko da (EAEn 2.000 milioi gutxiagoko diru-sarrerakin). Erronkak, osasun publiko, iraunkortasun ekonomiko, ingurumen eta erreskate sozialean datza. Azken batean, aldaketa sakonak, sozialak, kulturalak eta inposatzaileak behar dira.

Errealitate berri bat eraiki behar da, begirada eraldatzaile baten bidez, herritarrei bizitza duina izateko beharrezko baliabideetarako sarbidea bermatzeko mekanismoak aktibatu eta proiektu partekatu bat gaitzen duena.

Desberdintasunari aurre egiteko, erreforma fiskal sakona egin behar da, egitura beharrei erantzuten duena eta ez soilik egoeraren araberako beharrei. Gizarteak behar dituen baliabideak etengabe ematea eta bidezkotzat eta progresibotzat hartzea. Erreformak, PFEZk ordaintzeko benetako gaitasuna zergapetu eta gure fiskalitatearen bidegabeko bi bide: iruzurra (zerga-ihesa) eta desgrabazioak (zerga-saihestea), iztetik hasi behar du. Pentsio-plan pribatuei, mutualitateei edo BGAEei pizgarri eta onura fiskalak kendu behar zaizkie, bidegabeak, atzerakoiak eta elitistak izateagaitik. Zerga-ekitate ezaren adibide nabarmenak dira.

Ez gaude aurrezki pribatuaren aurka, baina bai onura fiskalak izatearen kontra.

Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek errenta-aitorpenean zerga-oinarriaren desgrabazioekin (gaur egun 5.000 euro arte), hurbileko edo etorkizuneko pentsio publikoa osatzeko, epe luzera aurrezteko gaitasuna duten zergadunei laguntzen diete. Horrela, baliabide publikoak nahiko ondo kokatutako gizarte eta lansegmentuetara transferitzen dira, eta gainerako biztanleak zerga-onuren emaile huts bihurtzen dira. Osasunkrisiak, Administrazioak gizarte-aseguramendu pribatua errenta ertain/altuetatik haratago zabaltzen saiatzeko aurreikusita duen zerga-proposamen oparoena atzeratu egin du.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako sailburuordeak, uztailean, enpleguko BGAEak bultzatzeko ahaleginak areagotzeko eskatu zuen. Ez zen sindikatuen edo alderdien erantzunik izan, ez zen espero zitekeen erabateko arbuiorik izan pentsio publikoak pribatizatzeko ahalegin horren aurrean. Eta bihar, gizarteekimeneko zentroak izanik, osasun-aseguramendu pribatuko polizak sinatzeko eskatuko balitz, aukeratzeko eskubidea indartzen dela argudiatuz, kudeaketa bi saretan ahalbidetuz, itunpeko hezkuntzarekin gertatzen den bezala? Arlo publikoa pribatizatzeko saiakera horri, hau da, diru publikoarekin enpresa pribatuak sostengatu nahi izateari, erantzun politiko, sindikal edo sozialik emango litzaioke, eredu segregazionistako gure hezkuntzarekin gertatzen den bezala?

EAEn, urteak dira, alderdi eta sindikatuen isiltasun konplizearekin, erakundeek sustatutako “Nahierazko” fiskalitate baten lekuko garela, gizarte osoaren beharrak betetzetik kanpo geratzen diren baliabideekin finantzatuta, sektore jakin batzuek pentsio pribatu osagarri batekin erretiroa har dezaten. Beharrezkoa da, baliabide kolektiboez bidegabe jabetzea dakarren zerga-sistema abantailatsu batekin, zerbitzu publikoen pribatizazioa zabaltzeko behin eta berriz egindako ahaleginei, bereziki pentsioen eta osasunaren pribatizazioari, uko egitea. Pentsioetan, belaunaldien arteko banaketa-sisteman inplizituki dagoen birbanaketa-ahalmena dago jokoan. Hori, iraunkorra eta arreta sozialekoa den gure pentsio-sistemaren elkartasun-eredua hausten duen, eta itzulera guztiz indibiduala den kapitalizazio-sistema batean, ezinezkoa da.

Kolektibitateari eragiten dioten erabaki ekonomiko eta sozialetan, erakundeen ekintza eta politikak ekonomiaren gain duen nagusitasuna berreskuratzea beharrezkoa da.

Bateragarritasuna sustatuz, familiak berdintasunean garatzea ahalbidetzen dituzten zerbitzu publiko eraginkorrak behar ditugu. Ezinbestekoa da zerga-progresibitatea egungo erregresibotasunaren aurrean. Jarraian aurkeztutako egoera kezkagarri hauek desagertu behar dira:

– DBE jasotzen dutenen % 25 pentsiodunak dira, gehienak (hirutik bi) emakumeak

– Emakumeen ia % 30ek lanaldi partzialeko kontratuarekin lan egiten dute, gizonek soilik % 10

– Emakume pentsiodunek bataz beste 907 euro kobratzen dituzte hilean, gizonek aldiz, 1.568

Baliabide publikoak eraginkortasunez eta ekitatez antolatzeko, lehentasun partekatuak eta ongi definituak ezartzeko, datozen hilabeteetan EAEko eta Estatuko aurrekontuetan landu beharko liratekeen akordio zabalak behar dira.

Dokumentu honen bultzatzaile den Argitasuna kolektiboa osatzen dugunok, langile jatorriko jendea, jardunean gauden langileak eta pentsiodunak gara. Hainbat lanbide-eremutatik gatoz, ezaugarri politiko eta ideologiko desberdinak ditugu, baina egungo egoera argitzeko eta errealitate hori eraldatzen laguntzeko amankomuneko borondateak mugitzen gaitu. Gure ustez, beharrezkoa da alderdi eta sindikatuek lehenbailehen osasun-premiei eta lehengoratu nahi dugun fiskalitateari buruz iritzia ematea. Ekimen honen arrazoia zehatz-mehatz azaltzeko, horietako bakoitzarekin topaketak egitea eskatuko dugu.

Manifestu hau beste elkarte batzuekin sozializatuko dugu, bereziki pentsiodunekin eta osasun-arloko kolektiboekin, halan uste badute, beren iritziarekin lagun dezaten. Lanean ari diren langileak BGAEei eta horiek ordezkatzen duten gizarte-ereduari buruz eztabaidatzera animatzen ditugu. Osasun-arloko profesionalei dei egiten diegu argi eta ausardiaz azal ditzaten egungo egoeraren premia atzeraezin zehatzak. Antzeko arazoak partekatzean, planteamendu honek Estatu osorako balio du, nahiz eta egokitze eta kudeatze lanak lurralde bakoitzean lekukoa hartzen duten kolektiboei dagokien.

Euskadi, 2020ko iraila

Argitasuna kolektiboa

JÓVENES PENSIONISTAS #ATENCIONCRONICOSYA

Desde el pasado día 2 de octubre de 2020 la Plataforma de Jóvenes Pensionistas está llevando a cabo una campaña sobre la atención sanitaria a enfermos crónicos en la que, entre otras acciones, enviamos varias cartas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a las distintas Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, demandando medidas urgentes para este colectivo.
Hoy hemos recibido contestación al email desde la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, a la que hemos emitido una queja de manera formal.
La contestación recibida por su parte es la siguiente:
“Buenos días: Le agradecemos que se haya puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad así como la comunicación que nos hacen.
En contestación a su escrito le comunicamos que las competencias en materia de sanidad y servicios sociales están transferidas a las Comunidades Autónomas. Le facilitamos el enlace donde podrá encontrar las direcciones y teléfonos de los correspondientes departamentos autonómicos de las diferentes Comunidades Autónomas para que contacte con ellos:

http://www.mscbs.gob.es/organizacion/ccaa/directorio/home.htm

Atentamente”

Ante semejante respuesta a un tema de absoluta importancia y urgencia, reclamamos que dicho Ministerio asuma sus responsabilidad y, a través de la Comisión de Cohesión Interterritorial, exija a las Comunidades Autónomas que introduzcan la puesta en marcha de protocolos necesarios para asumir la atención sanitaria adecuada a las necesidades de los enfermos crónicos y personas dependientes o con discapacidad.

Actualmente las competencias sanitarias de salud pública y asistencia sanitaria han sido asumidas por las diferentes Comunidades Autónomas, pero el Estado mantiene la capacidad normativa general desde la coordinación interterritorial. La Ley General de Sanidad, contempla la creación del llamado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), destinado primordialmente a garantizar la equidad en prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos de las diferentes Comunidades Autónomas.

El CISNS está constituido por el Ministro de Sanidad y Consumo, así como los Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas. Además desempeña las funciones determinadas en la Ley de Cohesión y Calidad, donde se establece que el Consejo Interterritorial conocerá, debatirá y, en su caso emitirá recomendaciones en relación con:
funciones esenciales en la configuración del Sistema Nacional de Salud; de asesoramiento, planificación y evaluación y de coordinación del Sistema.

Con todo ello, entendemos que el citado Ministerio tiene las competencias necesarias para paliar esta grave situación.
Así mismo, aclarar que nuestra campaña incluye acciones de sensibilización social y la notificación de nuestras demandas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como a las distintas Consejerías de Sanidad autonómicas.
De nuevo reclamamos medidas urgentes para:
Una atención prioritaria debido al retraso en los tratamientos y cirugías. Dotando a la sanidad pública de recursos humanos y materiales necesarios para ello.
Que se tomen cuantas medidas sean necesarias para garantizar nuestra atención, aún cuando la situación epidemiológica pudiera empeorar (hospitales “limpios de Covid-19, programa intensivo de pruebas PCR para este tipo de pacientes, etc.).
Atención adecuada a personas dependientes, tanto en domicilio como en residencias y/o centros asistenciales.
Retomar los tratamientos rehabilitadores con las debidas precauciones de seguridad sanitaria: para evitar la progresión, agravamiento y/o deterioro de la salud de los pacientes.

Madrid,  Octubre de 2.020

JÓVENES PENSIONISTAS

jovenespensionistas@gmail.com

 

SOBERANISMO CON PRÁCTICAS NEOLIBERALES.

 

* La legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social son competencia exclusiva del Estado.

* La asistencia social (RGI y otras), competencia exclusiva de la CAV.

* El sistema previsional, que se asienta en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) siendo las principales de empleo e individuales.

La más importante es el Sistema Público de Pensiones (SPP). Mediante cotizaciones sociales (salario diferido) a la Seguridad Social, hace que la protección se concrete en prestaciones proporcionales (pensiones de jubilación, viudedad…) a lo contribuido en la etapa laboral. En la CAV la mayor parte del gasto social lo realiza la Administración Central a través de la Seguridad Social. De los cerca de 17.000 millones de euros de gasto, 10.000 millones provienen de las transferencias de la Seguridad Social en pensiones o gasto por desempleo. Es el modelo de protección del sur de Europa, en el que las prestaciones públicas (pensiones contributivas) son resultantes de la participación en el mercado laboral. A subrayar su componente universalista. Abramos ahora dos epígrafes:

RGI:

En los años 80, la crisis castigó con dureza a la CAV. La reconversión industrial empujó a una situación de paro galopante que aceleró el empobrecimiento. La respuesta institucional fue crear el Ingreso Mínimo de Inserción (año 1989) para asegurar unos estándares mínimos de vida y como herramienta de último recurso. La base fue considerar que la pobreza no era un problema individual, sino social. En la actualidad esa prestación social es conocida como RGI. Así mismo, hay que reseñar que el pasado mes de junio se incorporó a la protección social una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, destinada a todas las personas con independencia de su historial contributivo.

En definitiva, con la RGI se busca compensar hacia abajo carencias, riesgos, evitar situaciones límite, mediante subsidios (se trata de satisfacer una necesidad concreta en un momento determinado. Por ejemplo, el subsidio de desempleo). Aparecen como perceptores: familias monoparentales, migrantes, mujeres, trabajadores/as con empleo y encima pobres y también pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Ocupan la parte salarial baja con ingresos que no cubren lo básico. La RGI refleja es una acción paliativa, asistencial y de supervivencia.

EPSV:

En este ámbito se ubican trabajadoras/es con rentas salariales medias/ altas y con pensiones futuras, máximas o no, que supondrán pérdida de poder adquisitivo porque la pensión pública siempre será menor que la última nómina en activo (la tasa de reemplazo da esa medida).

Desde las instituciones se advierte que dicha tasa irá reduciéndose a lo largo de los años y así convierten a estos sectores sin riesgos, carencias, ni situaciones límite, en destinatarios de un proyecto, nacido hace más de 30 años, para que puedan complementar la pensión pública y, sino igualarla, al menos acercarla al último salario. Para ello promueven el aplazamiento del gasto (ahorro) a largo plazo (jubilación) mediante un proceso de acumulación individual (capitalización) acompañado de una fiscalidad ventajosa (recursos públicos) que supone a su vez un aplazamiento fiscal (en el momento de materializar la prestación).

Antes de bajar al detalle del modelo de capitalización vasco, frente al modelo de reparto (SPP de la Seguridad Social), hagamos una breve comparativa entre los apartados descritos:

* Con los impuestos se protege a quienes han pasado de “vulnerables a vulnerados”. Gente mordida por la pobreza y la desigualdad a la que se reconoce el derecho a la protección. La intervención se hace mediante “subsidios monetarios” a través de la RGI principalmente. Esto es mutualizar los riesgos y distribuir con justicia según la necesidad.

* También con impuestos, pero en este caso para impulsar el modelo de capitalización (EPSV individuales y de empleo) se diseña una fiscalidad a la carta con idea de transferir recursos públicos a sectores de gama alta (abarca desde condiciones salariales/laborales aceptables hasta los 90.000 euros de salarios con base de cotización topada) y complementar (no subsidiar) su pensión pública con una privada, subvencionada por todos los contribuyentes. Aquí, además de hiperproteger se traslada la idea de que la pensión es un asunto “privado”.

A destacar la mentalidad meritocrática y extractiva de lo público que rezuma esta manera de proceder. Se trata de acceder a la jubilación en mejores condiciones que la mayoría, que o no puede ahorrar o no quiere porque su opción es el Sistema Público de Pensiones (SPP). Es decir, salida colectiva y universal frente a generalizar la salida individual.

La Previsión Social Complementaria (PSC) se transfiere como competencia estatutaria a la CAV en 1982 y al año siguiente se aprueba la ley de EPSV (1983). En esta ley se sustituyó el concepto de “mutualidad” (que venía recogido en el artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía) por el de EPSV, con idea de englobar diversas experiencias e instituciones (cofradías, fondos de empresa, fundaciones, montepíos, mutuas…) cuyo fin era proteger a sus asociados frente a posibles infortunios.

La transferencia de la PSC permitió al PNV, ya con responsabilidades de gobierno (elecciones autonómicas de 1980), converger su ideario político (principios soberanistas) con el económico y social (principios liberales). En cuanto a la protección social opta por el modelo liberal, en el que el “mercado” aparece como la institución básica para abastecer de servicios y pensiones privadas (EPSV) mientras la protección social pública queda y quedará (a medio/largo plazo) con un papel residual a la hora de proporcionar bienestar a la ciudadanía. En ese momento se pensaba en una banca pública, promover el ahorro y hacerse con recursos para iniciar la construcción nacional vasca.

En este contexto, el funcionario de la administración local y foral se regía por la “Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local” (MUPAL) desde 1960 y cotizaba por menos de la mitad de su sueldo real, lo cual le llevaba a vivir una jubilación con penurias varias. Tras la aprobación del Estatuto de Gernika (1980) se constituye la Mutua Foral (MUFACE) a nivel de la CAV, para complementar a la mutua estatal. En 1986 se disolvió la foral y se pasó a la actual (Elkarkidetza). La base de cotización a la Seguridad Social tenía que haber sido por el total del salario y esta línea llevó al sindicato LAB a recurrir las EPSV en Bizkaia y a perder la demanda.

Con los años, el PNV ha ido atemperando este eje nacional mientras el sindicato ELA, que se sumó desde el principio con entusiasmo a esta epifanía vasca, no ha dejado de subrayar el valor añadido de las EPSV para avanzar en la materialización del soberanismo. En unos años, LAB se incorporó a esta dinámica. La huelga del pasado 30 de enero, convocada por los sindicatos soberanistas con el eslogan “soberanismo para el cambio social” supuso la constatación de dos quiebras:

* Las EPSV no se mencionaron ni por escrito ni oralmente. Las quiebras morales mejor ocultarlas y que no aparezcan en la narrativa sindical. Para avanzar en la capacidad de “decisión vasca” hacia un marco acorde con aspiraciones soberanistas no hay problema en admitir la salida privatizadora (por supuesto, con recursos públicos) frente a la salida colectiva.

* El movimiento de pensionistas vasco sigue quebrado desde ese día. Pasó de motor de transformación cultural a muleta instrumental de intereses ajenos al citado movimiento.

El pasado 24 de febrero en la concentración de Bilbao hice las siguientes afirmaciones:

* Las Pensiones Públicas se deciden en las Cortes Generales y las modificaciones que se aprueban aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

* Las Pensiones Privadas (EPSV) se deciden en la CAV y lo que se aprueba se publica en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Un pensionista soberanista mostró su contrariedad. Considerando simplistas mis afirmaciones, puso por escrito que mi proceder nos desviaba de lo principal, al ser las EPSV una cuestión menor. Después de más de 30 años de ese proceso privatizador de las pensiones, ante un “soberanismo con prácticas neoliberales” sólo cabe decir: “no, gracias”.

Se reniega de la Seguridad Social estatal asumiendo un modelo de capitalización vasco (EPSV) con beneficios fiscales para sectores con capacidad de ahorro, mientras la mayoría que lo paga con sus impuestos, queda excluida. En detrimento además del Sistema Público de Pensiones. Eso sí, sirve para construir una Seguridad Social vasca y avanzar en la edificación nacional. Es decir, se justifican prácticas neoliberales generadoras de desigualdad, fragmentando a la clase trabajadora con prácticas elitistas que refuerzan la lógica rentista y del capital. Este modelo privatizador forma parte de la agenda política y social de partidos y sindicatos soberanistas y no soberanistas.

En el año 2004, el patrimonio global agregado de EPSV individuales y de empleo ascendía a 12.800 millones de euros, equivalente al 26% del PIB. En el año 2012 estaba en unos 20.000 millones y en el 2019 rondaba los 26.000 millones, es decir, el 33% del PIB. En el Estado español se queda en un 9,5%, en Europa se aproxima al 36%. La duda que procede plantear es: ¿dónde se invierte ese capital? En 2012, en una entrevista concedida al diario Deia, el profesor José Ramón Urrutia a la pregunta “¿hay dinero para invertir aquí?” respondía de esta manera: “Las EPSV tienen unos 20.000 millones de euros de los que ni siquiera el 10% está invertido en Euskal Herria. Tenemos un patrimonio que se puede usar aquí y que está ¡invertido fuera!”.

 JUANEN ELUA

(jubilado de Osakidetza, participa en el movimiento de pensionistas).

1º DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

 

Este año es un año especial para las y los mayores, ya que lo celebramos en medio de una pandemia que ha venido a hacer un enorme daño a nuestra convivencia, nuestra salud y nuestros derechos como colectivo vulnerable.

En estos meses hemos constatado la importancia de tener un potente sistema de bienestar, porque sin una buena Sanidad, sin buenas Residencias, sin unos buenos servicios a la Dependencia estamos indefensos, y en especial las personas mayores como se ha visto. La pandemia ha revalorizado la importancia de unas Instituciones públicas de bienestar que las empresas privadas son incapaces de sustituir. Esta valoración nos lleva a reconocer también la importancia de las Pensiones Públicas.

GAPEP-PAMPG siempre ha defendido que se respeten los derechos humanos de las personas mayores, y se les asegure una vida digna. Muchos son los motivos por los que cientos de miles de personas mayores están sumidas en la pobreza, o que no pueden llegar a fin de mes, pagar su alquiler, la luz, el gas, etc. Por ello, exigimos que se blinde el Sistema Público de Pensiones, y que se garantice una Pensión Mínima de 1080 euros, con el fin de garantizar una vida digna.

También exigimos que las instituciones, en todos los ámbitos, garanticen una Sanidad Pública con los recursos humanos y materiales necesarios que aseguren una atención sanitaria pública digna, tan necesaria para las personas mayores, entre otras cosas, por encontrarnos en una edad de gran vulnerabilidad para contraer enfermedades.

Igualmente, requerimos un Servicio Público de Cuidados tanto en el domicilio como en las residencias, de forma que se impida que empresas especulativas se hagan con el control de la Sanidad y cuidados de mayores para beneficio de unos pocos bolsillos y en detrimento de la mayoría. Desde estas líneas hacemos una defensa de todo lo público y lo común.

Poner en el centro a la persona, conlleva un cambio de modelo en los cuidados, y para ello, se debe dotar a las residencias de mayores recursos humanos y materiales que garanticen la seguridad y la dignidad de las personas.

Asimismo, solicitamos políticas de igualdad, también, en el colectivo de personas mayores.

Las pensiones, así como la supresión de la brecha en salarios y pensiones, la salud, y los cuidados (bien en el domicilio o en las residencias) juegan un papel prioritario para preservar la salud y la vida de las personas mayores, pero también existen otros aspectos muy importantes que tienen influencia directa en el bienestar de éstas y que son importantes defender, como son: la erradicación de la discriminación y/o el maltrato físico, emocional, negligencia en los cuidados, y la soledad no deseada.

Desde GAPEP-PAMPG mostramos nuestra solidaridad con las Personas Mayores más vulnerables, y exigimos que se atiendan nuestros derechos humanos y que se nos garantice una vida digna hasta el final de nuestras vidas. En este día queremos poner en valor la contribución que las personas mayores hacemos a la sociedad y expresar que la lucha que estamos llevando tiene un gran sentido para nuestra salud y nuestra vida.

Donostia, 28 de setiembre de 2020

 

URRIAK 1, ADINEKOEN NAZIOARTEKO EGUNA

Aurtengoa urte berezia da adinekoentzat, gure bizikidetzari, gure osasunari eta kolektibo kaltebera gisa ditugun eskubideei kalte handia egitera etorri den pandemia baten erdian ospatzen baitugu.

Hilabete hauetan, ongizate-sistema indartsu bat izatearen garrantzia egiaztatu dugu; izan ere, osasun onik gabe, egoitza onik gabe, mendekotasunari zerbitzu onik eman gabe, babesik gabe gaude, eta, bereziki, adineko pertsonak, ikusi den bezala.Pandemiak ongizateko erakunde publikoen garrantzia azpimarratu du, enpresa pribatuak ez baitira ordezkatzeko gai. Balorazio horrek Pentsio Publikoen garrantzia ere aitortzera garamatza.

GAPEP-PAMPGek beti defendatu du adinekoen giza eskubideak errespetatzea eta bizitza duina bermatzea. Arrazoi askorengatik daude ehunka mila adineko pobrezian sartuta, edo ezin dute hilabete amaierara iritsi, alokairua, argia, gasa eta abar ordaindu. Horregatik, Pentsioen Sistema Publikoa blindatzea eskatzen dugu, eta 1080 euroko Gutxieneko Pentsioa bermatzea, bizitza duina izateko.

Halaber, eskatzen dugu erakundeek, eremu guztietan, osasun publikoa berma dezatela, beharrezkoak diren giza baliabideekin eta baliabide materialekin, osasunarreta publiko duina bermatzeko, adinekoentzat hain beharrezkoa dena, besteak beste, gaixotasunak hartzeko oso adin ahulean gaudelako.

Era berean, etxean eta egoitzetan Zainketa Zerbitzu Publikoa behar dugu, espekulazioenpresek osasuna eta adinekoen zaintza kontrolatzea galarazteko, poltsiko gutxi batzuen mesedetan eta gehiengoaren kaltetan. Ildo horretatik, publikoa eta komuna den guztiaren defentsa egiten dugu.

Pertsona zentroan jartzeak zaintza-eredua aldatzea dakar, eta, horretarako, egoitzei giza baliabide eta baliabide material handiagoak eman behar zaizkie, pertsonen segurtasuna eta duintasuna bermatzeko.

Era berean, adineko pertsonen kolektiboan ere, berdintasun-politikak eskatzen ditugu.

Pentsioek, zein soldatetan eta pentsioetan dagoen arrakala kentzeak, osasunak eta zainketek (etxean edo egoitzetan) lehentasunezko eginkizuna betetzen dute adinekoen osasuna eta bizitza zaintzeko, baina badira beste alderdi oso garrantzitsu batzuk ere, haien ongizatean eragin zuzena dutenak eta defendatzea garrantzi handia dutenak, hala nola diskriminazioa eta tratu txar fisikoa, emozionala eta arduragabekeria zainketan desagerraraztea, baita nahigabeko bakardadea ere.

GAPEP-PAMPG-en izenean elkartasuna adierazten diegu Adineko pertsona ahulenei, eta eskatzen dugu gure giza eskubideak zaintzea eta bizitza duina bermatzea gure bizitzaren amaierara arte. Egun honetan, balioa eman nahi diogu adinekook gizarteari egiten diogun ekarpenari, eta adierazi nahi dugu egiten ari garen borrokak zentzu handia duela gure osasunerako eta bizitzarako.

Donostian, 2020ko irailaren 28an

Serpientes de verano amenazan el futuro de las pensiones.

Durante este estío perturbado por la pandemia de la Covid 19 bastaba informar de la situación sanitaria para mantener activada la alarma social, mas no por eso han dejado de difundirse noticias preocupantes sobre el porvenir de las pensiones. Alcanzó amplio eco el informe del Tribunal de Cuentas acerca de las deudas que comparten el Estado y la Seguridad Social, así como un estudio del Banco de España analizando la rentabilidad de las cotizaciones en materia de pensiones. Son datos que se prestan a valoraciones dispares, utilizados por economistas al servicio del establishment bancario para hacer campaña a favor de las pensiones privadas. Por otra parte, tanto a nivel estatal como en el País Vasco el movimiento de pensionistas está en declive, por primera vez desde el 2018 se suspendieron las concentraciones en verano.

Deudas compartidas entre el Estado y la Seguridad Social

Además de los impuestos directos e indirectos, desde la época franquista la Seguridad Social ha sido y sigue siendo una fuente de ingresos para el Estado. Parte de las cotizaciones obreras, que deberían estar dedicadas íntegramente a garantizar las pensiones, se desvían hacia otros fines sociales, contribuyendo a financiar, por ejemplo, hospitales y servicios sanitarios. Esa deuda histórica del Estado con sucesivas generaciones de trabajadores, proporcionaría a la caja común de la Seguridad Social un patrimonio acumulado superior a los 500.000 millones de euros. La denominada “hucha de las pensiones” alcanzó el año 2012 un superávit de 66.680 millones, dilapidados por los sucesivos gobiernos de turno.

A comienzos de agosto el Tribunal de Cuentas publicó un informe valorando que entre 1989 y 2013 el Estado contrajo una deuda con la Seguridad Social de 103.690 millones. Se refería a dos partidas: gasto sanitario y complemento de pensiones mínimas. Bastaría ampliar el cálculo hasta el año 2020 para que esa deuda aumentase de forma considerable. Seguiría creciendo si se incluyesen otros muchos gastos impropios: descuento en cuotas de contratación, tarifa plana de autónomos, prestaciones por desempleo, ayudas a la natalidad, desgravaciones fiscales a fondos de pensiones, gastos de gestión y ahora el Ingreso Mínimo Vital.

El citado informe del Tribunal de Cuentas, además de reconocer parte de la deuda del Estado con la Seguridad Social, incluye una deuda inversa de 115.022 millones de euros entre 2010 y 2018. Para los economistas neoliberales el único dato significativo es ese apunte contable que les permite proclamar la “quiebra técnica” de la Seguridad Social, pese a que el Ministro José Luis Escrivá, siendo presidente de la AIReF, declaraba que las cuentas estarían equilibradas si no cargase con gastos que corresponden a los Presupuestos Generales del Estado.

Más allá de los datos deformados para apuntalar intereses espurios, los hechos evidencian que la clase trabajadora, además de crear riqueza, contribuye al bien común a través de una fiscalidad injusta que recae en su mayor parte sobre las rentas del trabajo, aparte de financiar servicios sociales y pagar sus propias pensiones. Por si no fuese suficiente, se proclama que el actual sistema de reparto no es sostenible y resulta inviable. Es una tentativa para recortar las pensiones públicas, promocionando las pensiones privadas de empleo, que encubren ruinosos productos financieros, tan solo beneficiosos para las empresas aseguradoras y la banca.

El Banco de España y la rentabilidad de las cotizaciones

La revalorización de cualquier inversión económica es una buena noticia, salvo si se trata de las cotizaciones a la Seguridad Social. En tal caso se valora de forma negativa desde los poderes financieros que cuestionan las pensiones públicas. En realidad es la constatación de que el sistema de reparto resulta viable y suficiente, invalidando la pretendida efectividad de las pensiones privadas, siempre deficitarias. Los datos sobre pensiones que suministra el Banco de España (institución del Estado), favorecen los lucrativos intereses de la banca o contribuyen a crear incertidumbre en el colectivo de pensionistas. En esta ocasión destaca que el año 2017 la retribución de las pensiones superaba en un 74% la aportación de las cotizaciones del periodo laboral, remarcando que alcanza un rendimiento medio anual del 3,5%.

Ese erróneo análisis pretende comparar cotizaciones obreras con rentas de capital. El sistema público de pensiones no es un “mecanismo de inversión”, si no un modelo de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional. Los economistas que predican el libre mercado olvidan que la economía no es una ciencia exacta, sino que forma parte de las ciencias sociales, junto a la sociología y el derecho. Todas las teorías económicas conllevan interpretaciones subjetivas de la realidad, tienen un enfoque clasista a favor de la oligarquía o de la mayoría social.

En la línea del Banco de España se mueve el Instituto de Actuarios Españoles, entidad privada dedicada a evaluar riesgos de negocios financieros y actividades similares. Considera que las pensiones están sobrevaloradas de media un 51% sobre lo aportado con cotizaciones. De ese dato deducen “inequidades”, falta de equidad. En su opinión no hay una relación “equitativa” entre aportaciones y prestaciones, por tanto se arriesga la viabilidad del sistema. Se trata de otra interpretación contraria a la noción del Sistema Público de Pensiones (SPP), basado en un modelo de reparto, solidario, intergeneracional. La Seguridad Social es una caja común, como los fondos de resistencia que el movimiento obrero creó para sobrevivir durante las huelgas.

Pretender que la economía especulativa y financiera dirija la política económica institucional (tomemos como referencia el Consejo General de Economistas), supone negar la primacía de los derechos sociales, piedra angular del estado de bienestar, del progreso, de la democracia y de la convivencia ciudadana. El economicismo, individualista y monetarista, integrado en el ideario neoliberal, al ser contrario al bien común, intensifica las desigualdades, crea problemas en vez de resolverlos. La prueba está en el distinto e incluso opuesto tratamiento aplicado por gobiernos de signo diferente. En la crisis financiera del 2008 se reflotó la banca desdeñando el interés general, en la actual se intenta salvar el empleo y la economía social.

El declive del movimiento de pensionistas

Los dos organismos de pensionistas con mayor implantación y capacidad de movilización, uno en el conjunto del Estado, el otro en Euskadi, están en crisis. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) se rompe en tantos trozos como colectivos locales la integran: 280 plataformas territoriales de todas las comunidades autónomas. Los grupos del País Vasco también se desintegran, siendo el caso más revelador el de Bizkaia. El sector vinculado a la izquierda abertzale se apropia del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB), otras asociaciones pasan a denominarse Plataforma de Pensionistas Ados – Consenso.

La COESPE tenía previsto realizar su 4ª Asamblea en Fuenlabrada en marzo, el confinamiento que provocó el estado de alarma lo imposibilitó, siendo aplazada sin fecha de celebración. Las discrepancias respecto a las normas de funcionamiento de la asamblea se intensifican en los meses posteriores a la declaración de la pandemia. Un sector se hizo con el control de la organización, vuelven a convocarla en Aranda de Duero y es suspendida por la Comisión de Garantías. No obstante, se llevó a cabo un ejercicio telemático que sólo compromete a las plataformas que voluntariamente decidan aceptar sus resoluciones.

Al quedarse sin equipo de organización ni portavocías reconocidas por el conjunto de las plataformas, la COESPE tendrá que volver a coordinarse desde la base. Se están dando pasos en ese sentido, resultando una tarea lenta y ardua. Mientras dure esa confusa situación no será fácil impulsar movilizaciones ni conseguir reconocimiento institucional. El origen del conflicto se ha atribuido a personalismos e intromisión de sindicatos y partidos de izquierda. La militancia sindical y política es habitual en los movimientos sociales, lo cual hace necesario establecer incompatibilidades de cargos.

En Bizkaia el proceso de descomposición del MPB ha sido diferente. Las discrepancias tienen diversas causas que se pueden resumir en dos: 1) el desembarco de la izquierda abertzale acabó con la toma de decisiones por consenso, 2) la supeditación del MPB a los sindicatos nacionalistas se convierte en práctica habitual desde la huelga del 30 de enero. Tales conductas motivaron la desvinculación de la mayoría de las asociaciones, prosiguiendo su trayectoria por separado, ahora se posicionan públicamente como Colectivo Ados – Consenso.

Concluido el periodo de confinamiento, el 18 de mayo se volvieron a convocar movilizaciones en nombre del MPB, mostrándose en desacuerdo por razones sanitarias Ados – Consenso. Esas acciones, consideradas “simbólicas” por sus promotores, eran y siguen siendo minoritarias, incluso cuando cuentan con el apoyo explícito de la “mayoría sindical vasca”. Iniciada la desescalada, tal vez pretendiendo recuperar el protagonismo perdido, quienes controlan el MPB emprenden una huida hacia adelante que lleva a intentar encabezar cualquier causa, aunque no tenga relación directa con las pensiones. El 24 de agosto, pese a que el Ayuntamiento de Bilbao suspendió la Aste Nagusia y la Coordinadora de Comparsas anuló los actos festivos alternativos, se mantuvo la convocatoria de manifestación como MPB.

Los conflictos internos de la COESPE se intentan aprovechar desde Euskadi para crear una red estatal alternativa semejante al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Se han dado los primeros pasos en una acción conjunta en Madrid, con motivo de la entrevista del MPB con Magdalena Valerio, Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo. No resulta fácil ese encaje, sabiendo que la izquierda abertzale aspira a tener un sistema propio de pensiones, basado tal vez, como en el caso del PNV, en el modelo de las EPSV. Las contradicciones son palpables, se constatan en las movilizaciones de las residencias de mayores. Habiendo una convocatoria a nivel estatal promovida por la Marea Residencias el 26 de setiembre, el MPB y los sindicatos nacionalistas se amparan en el “hecho diferencian vasco” para adelantarla al 19, resultando insignificante su incidencia política y social.

Movimientos sociales permanentes y coyunturales

Hay movimientos sociales, como el feminismo o el ecologismo, que tienen carácter global y permanente, son interclasistas, intergeneracionales e internacionales. El actual movimiento de pensionistas no responde a esas características, se asemeja a las luchas obreras que surgen por una reivindicación concreta y persisten hasta que se consigue o se renuncia. El colectivo de pensionistas salió a la calle en enero de 2018 con un objetivo: rechazar el mísero incremento del 0,25%, establecido como índice de revalorización de las pensiones en la reforma del 2013. Desde que comenzaron las concentraciones las pensiones no han perdido poder adquisitivo.

El movimiento de pensionistas surgió con gran ímpetu, logrando movilizaciones memorables, pero ha dejado de ser sujeto activo. Ya no es un elemento dinamizador de la opinión pública. En la encuesta publicada por el diario El Correo en vísperas de las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, el orden de prioridades alcanzaba el 68% en la actividad económica y el empleo, 56% sanidad, 29% educación, 25% desigualdades y servicios sociales. Las pensiones quedaban por detrás del medio ambiente y de la vivienda con el 5%.

Las pensiones son desiguales, no se aplican con criterios de equidad. Las pensiones mínimas son muy bajas y esconden bolsas de pobreza que afectan sobre todo a mujeres viudas. Pero resulta que en la recesión económica que está provocando la pandemia del coronavirus, el colectivo de pensionistas soporta mejor el riesgo de exclusión social que el conjunto de la población asalariada. El diario El País señalaba el 13 de agosto que este año se están firmando menos convenios que el anterior y con un incremento salarial medio muy inferior. En concreto, un 3.8% de subida en 2019, 1.7% el 2020. Las pensiones se mantienen mientras las condiciones laborales empeoran. Frente a la dramática situación de quienes están en paro, trabajan a tiempo parcial o se mueven en la economía sumergida, las pensiones contributivas de mayores de 65 años no caen por debajo del umbral de la pobreza (9.000 euros anuales).

Según el Instituto Nacional de Estadística el colectivo de más de 65 años es el menos expuesto al riesgo de pobreza. Como ocurrió tras la crisis financiera del 2008, muchas familias obreras volverán a sobrevivir gracias a las pensiones de sus mayores. De la misma manera, los actuales pensionistas están menos expuestos a perder derechos que los del futuro. Si las declaraciones del Ministro Escrivá se confirman, las recomendaciones que la Comisión del Pacto de Toledo va a trasladar al Gobierno favorecen a los pensionistas de hoy, perjudicando seriamente a los de mañana. De modo que la lucha iniciada a comienzos del 2018 puede alcanzar el objetivo previsto: la revalorización de las pensiones en base al IPC.

Los futuros pensionistas deberían seguir el ejemplo de la generación actual, movilizándose para impedir la progresiva depreciación y sustitución de las pensiones públicas por pensiones privadas, que al ser productos financieros intensifican las desigualdades sociales. Pero resulta que son los pensionistas de hoy quienes hacen suyas demandas que no les afectan de forma directa. En ese comportamiento hay algo más que una actitud solidaria. Las reivindicaciones a largo plazo permiten mantener el protagonismo mediático y dan sensación de continuidad al movimiento inicial, aunque la incidencia social sea escasa. Pasado el periodo de gloria, llega el trabajo perseverante, sin cámaras ni micrófonos. Así funcionan el ecologismo o el feminismo.

El movimiento de pensionistas existía antes de enero del 2018 y se mantendrá a través del asociacionismo, de la acción sindical y de la militancia política. Volverá a ser una actividad discreta, basada en la divulgación y la concienciación, más que en la movilización permanente. Las relaciones entre movimientos sociales, sindicatos y partidos, siempre han sido tensas, de mutua desconfianza. La cooperación se logra respetando los respectivos ámbitos de actuación. El movimiento de pensionistas ha pretendido abarcar tanto, que sus programas reivindicativos invaden campos que no le corresponden. Incluso se ha intentado obtener la representación reconocida a los sindicatos, o suplantar a los partidos en negociaciones institucionales.

Toca volver a los orígenes, centrarse en la problemática de las pensiones, reconocer la pluralidad del asociacionismo, colaborar de forma unitaria en base a demandas compartidas, sin disputarse el espacio social común. El pasado 21 de setiembre coincidieron en Barakaldo dos plataformas locales, no hubo confrontación, pero cundió el desconcierto y puede que el desánimo entre el escaso público asistente.

LUIS ALEJOS

Las pensiones públicas y el Banco de España

 

Hace unos días que estuve leyendo, tengo que decir que, con bastante asombro, varias noticias sobre el último informe que ha realizado el Banco de España acerca de las Pensiones en España. Algunos titulares son: “Los pensionistas reciben un 74% más de lo que cotizaron, según el Banco de España” (El País) y “Cada jubilado español cobra una media de 1,74 euros por cada uno que cotiza” (Las Provincias), pero hay más. Quizás han leído algún artículo al respecto.

Después de leerlos pensé que, como decía aquel, “no se pueden mezclar churras con merinas”, y me resultó curioso el número 1,74 (ya saben que los números son traicioneros, al final les diré a qué me refiero).

Parece que la visión única de la realidad es aquella en la que todo lo pasa por el tamiz de la capitalización financiera y la rentabilidad, o por la lupa de los mercados financieros, pero resulta que el Sistema Público de Pensiones en España es un sistema de REPARTO, y NO DE CAPITALIZACIÓN, y por ello no se pueden aplicar principios financieros para cualificar algo que ni en sus principios, ni en sus conceptos, ni en sus reglas, tiene una base y unos objetivos financieros, sino SOCIALES.

No voy a entrar en los números que plantea el Banco de España, sino simplemente en decir que el enfoque que plantea es bajo el prisma de la inversión financiera cuando las pensiones (de reparto) no lo son, mal que a alguno le pese.

El Banco de España, según el artículo de El País, dice que “El Banco de España ha calculado la rentabilidad anual de las pensiones una vez descontada la inflación: un 3,5% de media. En el acumulado, el jubilado que se retiró en 2017 recibirá, en promedio, un 74% más de lo que puso en contribuciones a la Seguridad Social. O lo que es lo mismo, por cada mil euros que cotizó cobra 1.740 euros. Es decir, los pensionistas están ingresando más de lo que han aportado.” Por otro lado, en el diario Las Provincias se afirma que “La entidad calcula que el sistema de pensiones provee a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó durante su vida laboral, aunque hay grandes diferencias entre los distintos tipos de pensiones.”

Pero ¿alguien ha probado a medir el agua que cae de un grifo utilizando una cinta métrica? Parece complicado, difícil… ¡Es imposible, no están relacionados! igual que no lo están los conceptos que se han manejado aquí.

Así empieza (y acaba) la confusión: los trabajadores en España no aportan nada a un sistema público de pensiones de capitalización (como inversión a futuro) del que recibirán su pensión cuando se jubilen y que, generalmente, debería ser algo superior a lo aportado si se siguen los cánones de los mercados financieros. Esto no ocurre así en realidad.

Los trabajadores (y también las empresas en su nombre) cotizan a la Seguridad Social un porcentaje sobre una determinada base de cotización, cuyo importe no es una inversión a futuro en los mercados financieros, sino que se dedica a pagar a los jubilados del momento. Es decir, lo pagado en cotizaciones a la Seguridad social en 2017 se dedicó por ésta a pagar las pensiones de 2017, y no hay más.

Por otro lado, cuando se llega a la jubilación se calcula la pensión a percibir, según determinadas reglas, y teniendo en cuenta las bases de cotización de los últimos “x” años, pero no lo pagado en cotizaciones en dichos años que, insisto, no es una inversión financiera, por lo que no entiendo que se le apliquen conceptos como el de rentabilidad, o la comparación de lo pagado en aportaciones con la pensión recibida.

En lugar de hablar sobre rentabilidades, para mí ficticias, creo que podrían compararse otros aspectos muy interesantes, como, por ejemplo, cuantos años de esfuerzo de cotización son necesarios para tener una pensión al 100% de por vida.

En este sentido, a principios de este año publiqué una entrada en mi Blog LO MEJOR ESTÁ AL CAER, titulada “¿Merece la pena cotizar muchos años?”, que les invito a leer, donde pueden ver con amplitud lo que les muestro a continuación sobre el esfuerzo de cotización y cómo varía con las largas carreras de cotización. Vean este cuadro:



Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del INE

Entre los datos que aparecen, se ve que, según la Seguridad Social, en 2020 una persona con 37 años o más cotizados puede jubilarse a los 65 años con el 100%, lo que supone que según su esperanza de vida (86,30 años según la media hombre/mujer de datos INE) cobrará su pensión teóricamente durante 21,30 años. Eso supone que la persona ha necesitado cotizar 1,737 años por cada año de pensión que teóricamente va a percibir. El resultado es que cuantos más años se cotizan, mayor esfuerzo habrá sido necesario para percibir la misma pensión, lo que resulta discriminatorio. No digamos ya si se anticipa la jubilación, incluso con más de 40 años de cotización, generando situaciones en las que, en lugar de ponderar el exceso de cotización realizado, se aplican coeficientes reductores penalizadores, lo que aumenta la discriminación todavía más.

Es curioso que el número 1,737 se le parezca mucho al 1,74 del informe del Banco de España que aparece en los periódicos, aunque no tengan nada que ver (a esto me refería cuando decía que los números son traicioneros).

Como final, solo decirles que ya saben que las comparaciones son odiosas y, en este caso, mucho más que eso: inaceptables.

 

Francisco J. Martín, Economista y Máster en Dirección Financiera y Bancaria, mi vida profesional ha estado siempre vinculada al mundo de la Banca, bien desde dentro de las propias Entidades, o bien como Consultor externo.




INTERVENCIÓN DEL MINISTRO ESCRIVÁ en el Pacto de Toledo.

El pasado día 9 de Septiembre, el ministro Escrivá compareció en la Comisión del Pacto de Toledo, “orientando” algunas de las recomendaciones que desglosamos en este resumen, tras seguir atentamente las más de tres horas de comparecencia mediante el canal del Congreso de los Diputados.

 

 

 

 

 

 

Pacto de Toledo ¿Asignatura para septiembre?

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y la ex ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y actual presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo (PdT) desde febrero de 2020, Magdalena Valerio, están empeñados en que haya “fumata blanca” en dicho Pacto para septiembre u octubre, y en esa línea han ido tanto las declaraciones de ambos durante los últimos meses como los trabajos, siempre ocultos, del PdT durante el mes de julio que ya ha terminado, en el que se han repasado a toda velocidad las 20 o 21 (*) recomendaciones que YA HABÍA “casi pactadas” el pasado año, antes de la ruptura que originó Unidas Podemos al no aceptar algunas de las recomendaciones, las más “sangrantes” a las que nos opusimos frontalmente, y de poner objeciones a varias de ellas también de acuerdo a las exigencias de los movimientos pensionistas. El resto de partidos, antes de aceptar un texto sin unanimidad y con objeciones a las puertas de unas elecciones, optaron por romper la baraja puesto que ya tenían “culpables” a quienes achacar todos los males.

El desarrollo de las recomendaciones con las que nos encontraremos se basa en aquéllas “casi pactadas” del pasado año, en diversas declaraciones del ministro Escrivá y de la presidenta del PdT Valerio, en nuestra conversación con ella el pasado mes de junio (más bien interrogatorio, discúlpenos Sra. Valerio) y en alguna filtración de los papeles sobre los que se está trabajando.

Aclarar, en primer lugar, que el ministro Escrivá es un tecnócrata eficiente donde los haya, pero ni más ni menos que eso: un muy buen técnico experto en econometría que igual sirve al PP (como cuando lo encumbraron a la presidencia de la AIReF en 2014) como al PSOE y, por tanto, su prioridad es manejar los números sin atender a más consideraciones que las indicaciones de sus superiores y los pequeños retoques subsiguientes para que le “cuadren las cuentas”. También es justo decir que lleva años estudiando el sistema público de pensiones pero únicamente bajo su prisma, que esperemos no se refleje en su totalidad en las recomendaciones del PdT.

Por su parte, la Sra Valerio tiene un tinte más socialdemócrata, menos rígida en sus apreciaciones y hay que reconocerle la vuelta al subsidio de mayores de 52 como derecho de carácter personal, frente al recorte de >55 con cómputo familiar, de Rajoy y Fátima Báñez.

Esto ha hecho que algún@s hayan visto un poco de esperanza en que, con Valerio de presidenta y la presencia de Unidas Podemos (ya que Compromís firmará lo que haga falta y ERC se levantará de la mesa con toda seguridad), el PdT no retome las viejas prácticas de “recortes, recortes, recortes” para l@s pensionistas actuales y, sobre todo, futur@s. En parte, pero solo en una pequeña parte, quizá tengan algo de razón, pero olvidan que en el PdT están presentes TODOS los partidos políticos y las recomendaciones se emiten por consenso. El peso de UP y ERC es relativo, no así los estudios de Escrivá y los apoyos a la mayoría de recomendaciones por las derechas. Además, parten de unos textos que ya había bastante consolidados por la mayoría de partidos en el PdT y las izquierdas, como mucho, podrán emitir consideraciones a cada una de las recomendaciones con las que no estén de acuerdo, pero esa mayoría de partidos de centro izquierda + centro derecha + derecha + ultraderecha están decididas a aplicar nuevos recortes, quizá no tanto en las pensiones actuales como en las futuras.

Tienen la oposición y la seguirán teniendo de los integrantes de los movimientos pensionistas, porque no somos tod@s los que debiéramos. Porque no vemos la oposición decidida de los sindicatos y de l@s trabajador@s que, a la larga, serán quienes más perderán si no se movilizan en contra.

Vamos a ver, una a una, las recomendaciones más reseñables que hay encima de la mesa, las más notables, las más filtradas o de las que más datos tenemos, de las que nos va a regalar el “nueviejo” PdT tras las vacaciones estivales y bajo la sombra de la COVID-19.

(A partir de ahora, comentarios, en cursiva)

ÚLTIMOS AÑOS Y PUNTO DE PARTIDA DEL PACTO DE TOLEDO

Hace algo más de un año y después de más de dos años de trabajos, el Pacto de Toledo dio por rotas las negociaciones para cerrar unas recomendaciones que estaban “prácticamente acordadas”, según algunas fuentes (no así según otras), que debían servir para orientar en los siguientes cinco años una reforma que garantizase la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

Estas son las recomendaciones más destacadas, contempladas en el borrador del preacuerdo que finalmente no fue aprobado para enviarlo al Parlamento, y que según la ex ministra Valerio han servido de punto de partida para los trabajos del Pacto de Toledo. Estas recomendaciones han sido matizadas por el ministro Escrivá y aquí, por tanto, quedan reflejadas también.

  1. Revalorización de las pensiones. Inicialmente planteadas “según el IPC con la media de la inflación anual”, en la actualidad LAS DECLARACIONES del ministro Escrivá, de la ex ministra Valerio y otr@s responsables han ido decayendo desde “las pensiones no perderán poder adquisitivo” hasta “no habrá recortes de pensiones”. Cada vez que abrían la boca era a peor… Finalmente, en el documento social del Plan de Reconstrucción por la pandemia, fue precisamente el PSOE quien no quiso admitir una moción que recogía la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC REAL.

Todo esto nos hace sospechar que los partidos del Pacto de Toledo no respetarán ni el IPC REAL pactado con algunos de ellos, ni la subida por encima del IPC real para las mínimas y no contributivas con el objetivo de llegar primero al SMI, y después a los 1.080€/mes.

  1. De hecho, el texto que hay sobre la mesa del PdT, en lo referente a las pensiones mínimas, dice algo así:

Incremento hasta un umbral mínimo, pero de forma equilibrada para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones contributivas, para no desincentivar la cotización.

Es decir, se trata de una oposición directa y frontal a nuestras reivindicaciones, enlazadas con la Carta Social Europea, de una pensión mínima = SMI.

  1. Edad de jubilación: pretenden acercar la edad real de jubilación a la edad legal, mediante la maniobra de endurecer los requisitos para acceder a la anticipada (aumentar la “sanción” por trimestre anticipado, que hoy puede llegar a rebajas de 32% de la pensión que corresponda, de forma vitalicia) e ‘incentivando’ el envejecimiento activo.

Abandonan por completo a l@s parad@s de 50 o más años que ya no encuentran otro trabajo, condenados actualmente a malvivir en el mejor de los casos con el subsidio de 430 €/mes durante 13 o más años, y aceptar una Jubilación Anticipada por necesidad con reducciones de pensión de más del 30% de forma vitalicia. Y aún quieren reducirles más la pensión, y aumentarla a quienes tienen trabajos que les permiten alargar su carrera laboral sin problemas de salud.

Un ejemplo práctico: en la Universidad, doña Ana, la señora de la limpieza (perdonad pero la mayoría de casos, tanto en limpieza como en pérdida de empleo a ciertas edades, se da en mujeres) tiene que jubilarse anticipadamente, porque la despidieron por bajar el rendimiento y reestructuración en la empresa, lleva desde los 55 en el paro y ya nadie la coge, su físico está estropeado por tantos años de agua, lejía, amoníaco, fregar suelos, limpiar ventanas, etc. De su magra pensión debe perder el 30% de forma vitalicia, si se jubila a los 63 y 10 meses por necesidad, porque cobra unos miserables 430€ del subsidio de mayores de 52 años.

En paralelo, don Carlos, catedrático de la misma Universidad, con holgada económica, puede continuar dando clases más allá de los 67 años cobrando su pensión, pero también una parte del salario por el que, lógicamente, continúa cotizando. Cuando se canse, la cotización última computará también para incrementar su pensión.

Será justo, dirán. Quizá sí, pero poco redistributivo también. Hay oficios en los que debiera instaurarse con naturalidad la jubilación anticipada sin reducción, y otros en los que no hay problemas por atrasar la jubilación, sin incremento. Eso es la redistribución y la justicia social.

En todo caso, el aumento en la edad de jubilación ha contribuido a destapar y aumentar estas diferencias tan abismales que estaban latentes en nuestra sociedad, así como el estado físico en que se llega a la jubilación retrasada a los 67. La pregunta NO es ¿cuántos años te quedan tras la jubilación? sino ¿en qué condiciones vas a pasar esos años?

  1. Cotizaciones. Las cotizaciones inciden de forma triple en la jubilación:

  • Actualmente, para cobrar el 100% de la pensión a la edad legal de jubilación, son necesarios 35 años y 10 meses de cotización, y va subiendo cada año hasta los 37 años a partir de junio de 2027.

  • Para poder jubilarse a los 65 años hay que cotizar 37 años hoy, 38 y medio a partir de abril de 2026. Si no has cotizado esos años, hoy te podrás jubilar con 65 años y 10 meses, subiendo cada año hasta 2027 que se llegará a los 67 años si no has cotizado 38 años y medio o más.

Ya hemos visto anteriormente el problema que representa este punto para las jubilaciones anticipadas a los que se ven forzadas muchas personas.

  • El período de cómputo, los años cotizados, inciden para el cálculo de la pensión: hoy se calcula sobre los últimos 23 años, se calculará sobre los últimos 25 a partir de agosto de 2022, aunque Escrivá quiere aumentar el período de cómputo para el cálculo de la pensión, continuando a partir de 2022 por encima de los 25 años, hasta llegar al total de la vida laboral. Para edulcorar la medida, podría darse el caso de poder elegir descartar algunos de los peores años para el cómputo, en caso de largas carreras de cotización.

Esto significará que los primeros años de vida laboral, con salarios más bajos, incidirán en negativo sobre la pensión. Esta disminución en las futuras pensiones será más dañina sobre todo para las mujeres, aumentando la ya de por sí enorme brecha de género de alrededor de un 37% en la actualidad.

  1. Mochila austríaca. La reforma laboral del PSOE de 2010, en su Disposición Adicional Segunda, contemplaba la creación de lo que se ha venido en llamar la “mochila austríaca”, especificando que no costaría un euro a las empresas. Consistiría básicamente en un fondo privado de pensiones que hubiera servido también como indemnización por despido, y que estaría alimentado por aportaciones “de la empresa” (en realidad, pellizcos de la cotización a la SS que hace la empresa, masa salarial de cada trabajador/a a fin de cuentas).

Este sistema, imposible de implantar tal cual en España, ha sido el empeño de bancos y aseguradoras apoyados por los partidos neoliberales y ultras, los mismos buitres que crearon y consintieron las preferentes, y que hace mucho tiempo ansían los más de 140.000 M€ del Sistema Público de Pensiones para sanear sus cuentas y volver a dejar a l@s trabajador@s con una mano delante y otra detrás.

El sistema OBLIGATORIO de “mochila austríaca” se intentó copiar en España como uno de los acicates para contratar fondos privados a la vista del nulo interés de l@s trabajador@s por ellos. Pero se desechó a la entrada de Rajoy y su reforma laboral, con la que consiguió uno de los objetivos largamente soñado por los sectores financieros: el hundimiento de los salarios y de las cotizaciones a la SS, que llevó aparejada la debilidad del Sistema Público de Pensiones y lo que esperaban fuera el inicio de las contrataciones masivas de los fondos privados. Pero tanto bajaron los salarios y tanto precarizaron el empleo que no consiguieron el objetivo por falta de dinero en los bolsillos de l@s trabajador@s y por la demostrada ruina que suponen estos “instrumentos de ahorro”.

Así las cosas surge una idea similar, expresada en múltiples ocasiones por el ministro Escrivá, que va en la línea de un sistema parecido a la antigua “previsión complementaria”, que existía en algunas grandes empresas, y existe en la administración vasca y algunas empresas de aquélla CA. Se trata básicamente de un fondo privado de pensiones alimentado con aportaciones “de la empresa” (ya hemos dicho de dónde salen en realidad) y del trabajador/a, que administraría (posiblemente) un banco o aseguradora y que sería negociado entre representantes de l@s trabajador@s y empresas. Hasta ahí muy bien y muy bonito. Pero…

Pero hay algunas pegas a ese planteamiento. Veamos.

Una, toda la aportación de dinero sale del trabajador o trabajadora y va a un “profesional” que negocia con ese dinero, pudiendo tener pérdidas (como está ocurriendo ahora en casi todos los fondos de pensiones del mundo) que no afectarán al banco, sino al dueño del dinero que verá como se reducen sus ahorros. Eso sí, el fondo estará respaldado por el Estado: si el banco o la aseguradora quiebra, el Estado con TU PROPIO DINERO rescatará al banco y a tus ahorros (o parte de ellos) ¿Te suena? A cambio, para el banco es el negocio del siglo: un fondo que puede esquilmar durante muchos años con sus comisiones, sus gastos de gestión, etc, que cada vez está más lleno con unas aportaciones continuas (o casi) y que en caso de rescate se lleva un pico. Y todo limpio de polvo y paja sin arriesgar un céntimo.

Dos. Como todo fondo privado de pensiones, es finito. Es decir, no continuará pagando hasta el fallecimiento del interesado como una pensión normal, sino que el grifo se cerrará precisamente cuando se tiene más edad y cuando más necesarios son unos fondos para mantener la dignidad en su sitio y el hambre fuera.

Tres. El dinero recuperado no tiene el tratamiento como pensión, como salario diferido, sino de capitalización bursátil por lo que el tratamiento fiscal es distinto y casi siempre peor.

Cuatro. Las desgravaciones que llevarán aparejadas beneficiarán poco a l@s trabajador@s, pero mucho a las empresas y gratis, puesto que el montante de aportaciones más alto saldrá “de sus cuentas”. ¿Perjudicados? Todos, porque se reducirán de forma sustancial las aportaciones al IRPF por este concepto por parte de las empresas.

En fin, con el mismo dinero que aporta hasta ahora el trabajador o trabajadora a la SS recibirá mucho menos, aun yendo bien las cosas, que continuando sin esos cambios (preguntad a amig@s que tengan fondos privados). Las empresas ganarán, puesto que no aumentan el gasto sino que disminuyen los impuestos a pagar, y sobre todo ganarán los bancos y las aseguradoras. ¿Y eso es lo que llaman “SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA”?

Hay más “peros”: se trata de un sistema que solo funcionará en las grandes empresas, pues las pequeñas carecen del “músculo sindical” necesario para una negociación colectiva salvo que vuelvan a tener peso las negociaciones colectivas de sector y/o comarca o región, etc. Y, por fin, ¿a qué trabajador@s puede interesar ese sistema? Solo a un@s poc@s: a los de salarios más altos, porque al estar topadas las cotizaciones si quieren mantener el nivel de vida una vez jubilad@s, necesitan una herramienta de ahorro ad hoc. Además, el importe de sus deducciones al IRPF por las cantidades aportadas lo hacen interesante para ellos, a pesar de existir otros instrumentos de ahorro más eficaces.

La gran diferencia con la “mochila austríaca” es que la previsión complementaria no sirve (de momento) para pagar las indemnizaciones por despido de l@s trabajador@s, pero deja el terreno abonado. Muy bien abonado.

  1. Pensiones de viudedad. mención aparte merecen las pensiones de viudedad, para las que el ministro Escrivá propone «llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad», con el objetivo de «adaptarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios», introduciendo una prueba de rentas para acceder a esta prestación que tenga en cuenta la situación financiera de la unidad familiar, y otros criterios como la edad y los hijos. Se pretende recortar las compatibilidades, en aras a restringir de alguna forma este tipo de prestación y “limitarla a quienes realmente la necesiten”. En esta misma línea, el PdT defiende que la protección se concentre en las personas con 65 o más años para las que la pensión es su principal o única fuente de ingreso, con el fin de «garantizarles una situación de renta equiparable» a la que tenían antes de fallecer su cónyuge. Incluso se muestra partidario de elevar un poco a este colectivo el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular su prestación, en la actualidad el 60%, y subirlo hasta el 65-70%.

Nunca estaremos de acuerdo con la propuesta del ministro Escrivá que pretende reducir las personas perceptoras de viudedad prácticamente a las mayores de 65 años dependiendo de las rentas totales familiares, según el número de hijos y si la persona perceptora no tiene otra fuente de ingresos. Pero lo peor es que pretenden SACAR estas pensiones del sistema contributivo (dependientes de la SS) y convertirlas en asistenciales (dependientes de los Presupuestos Generales del Estado).

Esta propuesta de modificar la naturaleza de las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares (prestaciones por muerte y supervivencia), supone romper la integridad del sistema de pensiones públicas, abriendo el camino a la reducción de esas pensiones desligándolas de la base de cotización de origen y pudiéndose ligar, por ejemplo, al IPREM, que lleva 10 años prácticamente estancado, al tiempo que entrarían en el terreno de transferibles a las Comunidades Autónomas. Las pensiones de viudedad, en su mayoría, son de mujeres en más del 90%, que acceden a la pensión después de los 70 años y el 70% de estas pensionistas tienen como único recurso económico la propia pensión, aunque llevan camino de cambiar alguno de estos parámetros.

Esta financiación con cargo de las aportaciones de los PGE es una medida puramente economicista, y tiene como objetivo dejar un sobrante al año en los presupuestos de la SS, ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y gastos. Pero, como hemos propuesto en muchas otras ocasiones desde los movimientos pensionistas, ese sobrante se conseguiría mucho más fácilmente trasvasando los gastos impropios (salarios y gastos fijos ministeriales, bonificaciones y subvenciones a la contratación, prestaciones a maternidad y paternidad, complementos a mínimos, ayudas universales de sanidad o servicios sociales, etc).

Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales, incluidas viudedad y orfandad, sin eliminar un derecho como ese a quienes quedan en difícil situación.

  1. Autónomos. Se pretende que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada (¿?) y el trabajo a tiempo parcial.

De las pocas propuestas con sentido, y con las que podríamos estar de acuerdo, a falta de poder leer la letra pequeña, porque ya estamos demasiado acostumbrados a la literatura algodonosa y la realidad empedrada…

  1. Tasa de sustitución. Se concretaría qué es “una pensión suficiente” (¿?), utilizando un mecanismo que puede ser una tasa de reemplazo que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores. La tasa de sustitución, “es un indicador del grado en que un sistema de pensiones logra su principal cometido, que no es otro que sustituir las rentas de la etapa en activo de un trabajador manteniendo un poder adquisitivo lo más elevado posible.”

En teoría suena bien, pero no nos engañemos. La tasa de sustitución o reemplazo es un eufemismo para tratar de ocultar su relación directa con el mal llamado factor de sostenibilidad, mejor llamado factor de pobreza. Vamos a desgranarlo todo, y por partes.

Se suele definir la tasa de reemplazo o sustitución como “el porcentaje que representa el monto de la pensión respecto del promedio actualizado de las remuneraciones del trabajador en los últimos 10 años, en términos brutos y netos”. En España, esta tasa se sitúa en un 72%, aproximadamente, mientras la media europea está en un 63%. Lo que nos ocultan es que el salario medio de los 28 países de la UE está en 2.091€/mes, mientras en España es de unos 1.650€/mes, un 21% por debajo de la media.

Los poderes financieros y los medios neo y ultraliberales pretenden que la tasa en España baje hasta un 50% mediante la reducción del Sistema de Pensiones Público, y que se complemente cada uno (el que pueda) la pensión pública mediante un sistema privado o de empresa, como hemos explicado anteriormente. Pero si tenemos en cuenta el SMI, actualmente en 950€, el 50% que pretenden los buitres se quedaría en 425€, más o menos el subsidio de mayores de 52 años: una miseria.

Por otro lado, la idea del factor de sostenibilidad se introdujo en la reforma de las pensiones del PSOE en 2011 para desarrollar posteriormente y aplicar a partir de 2027, pero al llegar al poder el PP desarrolló una fórmula de revisión cada 5 años para reducir las pensiones hasta un 5% por “paquetes de edad” y cálculo de esperanza de vida para ser aplicado inicialmente a partir de 2019, pero tras las protestas de las plataformas de pensionistas se vio obligado a retrasarlo a 2023. El plan del PP (no derogado) era el siguiente: a partir de 2023 se incluirían coeficientes, factores para reducir el cálculo de las pensiones a cobrar por las personas que puedan acceder al sistema jubilatorio: el FEI, factor de equidad intergeneracional según la esperanza de vida de la población y el FRA, factor de revalorización anual (el maldito 0,25%), aún no derogado, según la “salud” económica de las arcas públicas, es decir, la relación entre ingresos y gastos públicos. Ambos son totalmente negativos para el cálculo: viviremos más, y seguirá habiendo más déficit público tras la pandemia; por tanto de no mejorar la recaudación fiscal haciendo que paguen más quienes más tienen, obviando todos los estudios contra estas teorías de otros economistas independientes, Premios Nobel incluidos, habría que recortar profundamente las pensiones como proponen el PP y los “profetas neoliberales”.

El FEI calculará una mayor esperanza de vida y la cuantía mensual de nuestra pensión se diluirá por la mayor expectativa de vida. ¡Qué paradoja de nuestra existencia! Vivir más tiempo en un mundo que progresa tecnológicamente y de mayor conocimiento es económicamente un castigo, no un privilegio para los ciudadanos.

Para entender cómo operan esos factores veamos un ejemplo sencillo, pero no menos riguroso de lo que sucederá al aplicar el FEI si continúa sin derogar. Supongamos que, hasta finales de 2022, nuestra esperanza de vida después de los 67 años, edad mínima para acceder a una pensión pública, es de 20 años, hasta los 87. Simulemos también que nos corresponde una pensión de 1000 euros mensuales: el importe, la “hucha” teórica acumulada para esos 20 años, será: (20*14 pagas anuales)*1000=280.000 euros en total. Ahora bien, si la esperanza de vida, no la nuestra sino la prevista por la estadística, aumenta a principios de 2023 a 25 años (es decir es 1,25 superior a la anterior), la “hucha de pensión teórica” crecería a 350 mil euros. Es el mismo cálculo anterior, pero para 25 años. Pues bien, el factor de sostenibilidad supone que esa “hucha” inicial (los 280.000€) hay que distribuirla entre los años que la estadística muestra que vamos a vivir, es decir, repartir la “hucha” original de 280 mil euros en los 25 años, esto es, en nuestro ejemplo que no es exacto, es una simulación para facilitar la explicación, la pensión baja de 1000 a 800 € mensuales, puesto que el factor de corrección es 1,25.

Reiteramos que lo expresado es un ejemplo grosero, para subrayar el efecto perverso del FEI en las futuras pensiones. Está “exagerado” aquí para hacerlo evidente. Entre otras cosas porque la fórmula de cálculo real es de una complejidad que intentar explicarla aquí sería un arduo trabajo. Pero la filosofía de esa ‘sostenibilidad’ es esa. Castigar a los pensionistas, no sostenerlos.

  1. Reducción de gastos impropios en la SS. En relación con comentarios de puntos anteriores, estamos totalmente de acuerdo en garantizar la viabilidad del Sistema Público de Pensiones mediante la separación de multitud de gastos impropios de la SS, como las bonificaciones al empleo o de paternidad, o las tarifas planas de autónomos y los salarios de funcionarios adscritos, los complementos a mínimos, las ayudas universales de sanidad, los servicios sociales, los gastos corrientes y las inversiones. En resumen, todos los gastos que NO sean exclusivamente prestaciones contributivas deben ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

  1. Deuda histórica y “déficit” de la SS. El ministro Escrivá pretende resolver la situación de deuda histórica de la Seguridad Social al Estado compensándola con el traspaso de patrimonio e inmuebles de la SS a las administraciones (Comunidades Autónomas). Cuando se desagregó el Sistema Público de Salud y fueron pasando las competencias a las CCAA, los edificios, hospitales, etc, que eran propiedad de la SS siguieron y siguen siéndolo, aunque la gestión o el pago del IBI, por poner un ejemplo, lo hagan las CCAA, pero no pagan alquiler u otros conceptos a la SS. De esta forma quiere acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales.

Este es un tema que daría para un largo artículo y que intentaremos resumir, pero anticipamos que NO ESTAMOS DE ACUERDO en el vaciado patrimonial de la SS para traspasarlo a las CCAA sin más, como fórmula para anular una supuesta deuda histórica que no existe, y de existir sería en sentido contrario.

La “deuda histórica” de la SS no es tal, puesto que está originada por la modificación por Aznar del art. 109.2 del TRLGSS, y después por la inaplicación del mismo sostenida en el tiempo y mantenida por PP y PSOE, al no realizar transferencias directas y llevar a cabo “préstamos”.

En realidad, la deuda histórica es del Estado con la SS, y viene de los enormes superávits por cotizaciones que se generaron durante decenios que distintos gobiernos utilizaron para muy diversos fines, no precisamente para los que se generaron. Algunos estudios bastante fiables cuantifican ese superávit en 550.000 M€ de HOY si se hubiese empleado aquél dinero solamente para las prestaciones contributivas. Para lo que eran. La prueba es que, si se emplearan las cotizaciones para pagar solamente esas prestaciones contributivas, HOY habría un superávit de alrededor de 16.000 M€ anuales.

CONCLUSIÓN

Las recomendaciones que previsiblemente saldrán del Pacto de Toledo entre septiembre y octubre serán de nuevo, y como todas las de su historia, regresivas para pensionistas actuales pero sobre todo futur@s, más allá de que haya partidos que voten en contra porque estos no han obtenido la suficiente fuerza electoral para ejercerla y tumbar esas pretensiones; no estamos en la situación previa a las elecciones de 2019 cuando algunos partidos no se atrevieron a llevar adelante las recomendaciones que llevaban pactadas de antemano. Si el ministro Escrivá quiere sacar las recomendaciones tal cual, no le quedará otro remedio que apoyarse en las derechas porque los partidos a su izquierda no asumirán determinadas recomendaciones, y aquéllas a cambio querrán endurecerlas más.

Entre tanto nos encontramos la casi nula movilización de l@s trabajador@s, futur@s pensionistas, en apoyo de sus propios derechos que, como hemos visto, resultan claramente atacados. Solamente una nueva ola de movilizaciones de pensionistas Y FUTUR@S PENSIONISTAS conseguiría parar, o suavizar al menos, las condiciones que pretenden aplicarnos. Pero los sindicatos mayoritarios no se movilizan, quizá por intereses nada obreros, y la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) está hecha trozos por luchas internas y por divisiones provocadas por el desembarco, en algunos de sus órganos de dirección, de miembros de partidos políticos y de sindicatos mayoritarios. Sólo la actuación independiente y decidida de las plataformas que la componen podría redireccionar esa deriva.

Cuídense.

Cartagena, Septiembre de 2020

Vicente González

Coportavoz de Yay@flautas de Cartagena

COESPE denuncia el saqueo de las cotizaciones sociales y llama a movilizarse en defensa de las pensiones públicas

En una declaración, COESPE denuncia que «La solución de los problemas de la Seguridad Social no vendrán de lo que conocemos del Pacto de Toledo, solo puede venir por la devolución de lo sacado indebidamente y de la derogación de las reformas laborales y de pensiones» y llama a participar en la recogida de firmas que se presentará en una concentración de pensionistas en otoño.

 

El saqueo de las cotizaciones sociales

El periódico El País de del dia 6 de agosto informa que el gobierno, según el Tribunal de Cuentas, debe resarcir a la Seguridad Social por más de 100.000 millones de euros por la inadecuada utilización de las cotizaciones sociales. Esa es la punta del iceberg. Tenemos razón los pensionistas al lanzarnos a recoger miles de firmas para exigir una auditoria pública a las cuentas de la Seguridad Social.

La COESPE aprobó entregar una carta a los diputados y grupos parlamentarios exigiendo la realización de una auditoria de la Seguridad Social para así determinar fehacientemente el importe de las cotizaciones sociales saqueadas por los diferentes gobiernos para gastos ajenos a la Seguridad Social. Con esta práctica incorrecta, hicieron desaparecer los excedentes de cotizaciones que debían nutrir la hucha de pensiones para situaciones de paro y crisis como las actuales.

Igualmente, planteamos en la carta que los diputados exijan al gobierno que impida la continuidad de las manipulaciones contables consistentes en cubrir las carencias actuales de cotizaciones con préstamos del Tesoro en vez de con aportaciones o transferencias del Presupuesto del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social. Con esta práctica incorrecta los gobiernos ocultaban los déficits del Presupuesto del Estado, que a través de los préstamos aparecían en las cuentas de la Seguridad Social como falsas deudas.

Se trata de saqueos y manipulaciones contables ordenadas por las altas instituciones del Estado para tomar indebidamente las cotizaciones sociales de los trabajadores.

Los recursos y cotizaciones que han desaparecido de la caja de la Seguridad Social, que debían haber servido de reservas para tiempos peores, estaban protegidas por la Ley General de la Seguridad Social, formaban parte del Patrimonio de la Seguridad Social, que pertenece a los trabajadores y ningún gobierno, ningún partido puede utilizarlo para lo que mejor le convenga en cada momento. Pues su destino exclusivo es atender las prestaciones de la Seguridad Social y no otras necesidades.

Los trabajadores actuales y los pensionistas, a los que ahora se les dice que no hay dinero cuando ellos han cotizado durante más de 30 o 40 años, necesitan saber la verdad.

¡¡Queremos saber la verdad, cuánto dinero han sacado, desde cuándo y hasta cuándo se siguen esas prácticas irregulares y antidemocráticas!!

Y sobre todo, ¿cómo se devolverán? Pues están todo el día diciendo que hay déficit, pero ocultan que lo han causado ellos, los gobiernos, con sus políticas de saqueos, sus políticas de reformas contra los derechos laborales y contra los salarios dignos.

¿Debemos acaso acostumbrarnos a que las autoridades y personalidades que deben gestionar lo público incumplan la ley y metan la mano donde no deben?

Como decíamos al principio, la noticia del El País muestra la punta del iceberg. Solamente se refiere a dos tipos de partidas, gastos sanitarios de algunos años y los complementos a mínimos. No se han computado ni intereses, ni las rebajas de cotizaciones por estimulo del empleo, tarifas planas de autónomos, descuentos en cotizaciones, o ayudas a la natalidad y la prestación por paternidad o maternidad.

Desde la COESPE manifestamos desde hace años rechazo al Pacto de Toledo por su papel de teatro que oculta los problemas reales, ahora se va quedando desnudo de argumentos: Si la causa de que en la actualidad la Seguridad Social tenga menos recursos, se debe al saqueo secular a que se la sometió y a las reformas laborales aprobadas que debilitan los salarios, la solución de los problemas no vendrán de lo que conocemos del Pacto de Toledo, solo puede venir por la devolución de lo sacado indebidamente y de la derogación de las reformas laborales y de pensiones.

Nuestra iniciativa de exigir al parlamento el cumplimiento de la ley, sin manipulaciones contables y transparencia y una auditoría pública, apunta en el sentido correcto y tomamos la noticia del periódico como un impulso a las movilizaciones, la IV Asamblea y la recogida de firmas a la carta a los diputados y grupos parlamentarios que a finales del otoño con una concentración de pensionistas y trabajadores de todos los rincones de presentaremos en las Cortes junto con nuestras reivindicaciones.

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!

18 de Agosto 2020

Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)

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