EL MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS , tres años después.

“Todo se desvanece, se salva el recuerdo” 

Albert Camus

Como los imperios o un conflicto social, el movimiento de pensionistas ha recorrido en el transcurso de tres años tres fases: ascenso, consolidación y declive. En Bizkaia, donde mayor auge y protagonismo logró, surge de forma espontánea en Barakaldo y en Bilbao el 15 de enero de 2018. Su mayor momento de gloria fue la manifestación del 17 de marzo de 2018, apoyada por todos los sindicatos y partidos (menos el PP). Según la policía municipal acudieron 115.000 personas. COESPE a nivel estatal, en Euskadi MPB y otras plataformas, contribuyeron incluso a la caída del gobierno de Rajoy en la moción de censura del 1 de junio de 2018. Al estabilizarse el conflicto disminuye de forma progresiva la participación en las movilizaciones.

Se salió a la calle con una única reivindicación: sustituir la clausula del 0.25% por el IPC. A medida que disminuye la incidencia se amplían las demandas, emprendiendo una huída hacia adelante con programas maximalistas. El ocaso llega con la huelga general del 30 de enero de 2020 en Euskadi y Navarra. El posterior estado de alarma imposibilitó durante dos meses cualquier intento de movilización. Al reanudarse las acciones la participación resulta escasa y las consignas se plantean a la defensiva: rechazar los acuerdos del Pacto de Toledo y denunciar la tragedia de las residencias geriátricas. Tras unas 130 concentraciones semanales, en Bilbao y en Barakaldo se pasa de varios miles de asistentes a unos pocos cientos.

A nivel general la trayectoria de Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) será similar, aunque con perfil menos preciso. También pasa por tres etapas: se forma el 10 de setiembre del 2016 con la unión de diversas asociaciones. Alcanza su principal éxito en la manifestación del 16 de octubre de 2019, colofón de la marcha de pensionistas a Madrid desde Rota y Bilbao. Miles de personas procedentes de todas las comunidades autónomas acudieron en más de un centenar de autobuses, con cientos de pancartas, ocupando las calles que rodean el Congreso de Diputados. La desintegración de la COESPE coincide en marzo de 2020 con el inicio del confinamiento. Una asamblea frustrada parte la organización en dos, intentando ahora reconciliarse desde la base, integrada por unas 300 plataformas territoriales.

En horas bajas ambos movimientos, el vasco y el estatal, coinciden en la fobia al Pacto de Toledo. En uno y otro caso deberían centrarse en objetivos concretos, precisando cual es el mayor obstáculo para conseguirlos. Lograda la revalorización de las pensiones en base al IPC, la demanda más unitaria y justa pasa a ser la equiparación de las pensiones mínimas con el SMI. El Ministro José Luis Escrivá promovió la propuesta más negativa del Pacto de Toledo: impulsar los planes privados de empleo implica reconocer el empobrecimiento de las futuras pensiones. Sabiendo cuál es la meta a conseguir y la medida a combatir, toca pasar a la acción.

La ofensiva tanto del MPB como de COESPE contra el Pacto de Toledo no se corresponde con su capacidad de movilización actual ni con la realidad. Las recomendaciones se aprobaron en el Congreso con solo dos votos en contra, los de la CUP. Esa es la legitimación institucional que tienen las protestas. Con el seguimiento que hoy logran las convocatorias, no se puede actuar como grupo de presión, aunque tengan eco en los medios de comunicación. Además, se constatan situaciones paradójicas. Un ejemplo: mientras EH Bildu se abstiene en la votación parlamentaria y de hecho asume los acuerdos del Pacto de Toledo apoyando las cuentas del Estado, el sector del movimiento de pensionistas controlado por la izquierda abertzale (MPB), rechaza esas mismas medidas. Y mientras se pierden energías y tiempo demonizando al Pacto de Toledo, las decisiones finales las tomará el Gobierno negociando con patronal y sindicatos.

El movimiento de pensionistas, un fenómeno mediático

Las reuniones espontáneas del 15 de enero de 2018 en Bilbao y Barakaldo agrupan a un centenar de personas, pasando desapercibidas. En breve las concentraciones semanales logran amplio eco en los medios de comunicación, convertidos en altavoz y soporte esencial de las movilizaciones. Las imágenes de Bilbao abrían informativos de televisión y ocupaban portadas de prensa. El protagonismo mediático se convirtió en un estímulo para quienes intervenían ante las cámaras, pudiendo tener cualquier participante su minuto de gloria.

Una semana después de comenzar las concentraciones, el 23 de enero, El Correo informaba sobre lo acontecido en Barakaldo, resaltando el titular la fortaleza de la movilización. El texto dice: “Los mayores no se rinden. Cientos de personas participaron ayer en la segunda concentración celebrada en Barakaldo para reclamar una subida de las pensiones equiparable al coste de la vida. Al igual que el pasado lunes, la convocatoria se celebró en la Herriko Plaza ajena a sindicatos y grupos políticos”. Durante el acto se anunció que la Coordinadora Estatal estaba preparando una manifestación en todas las capitales para el 22 de febrero.

La primera noticia sobre las concentraciones de Bilbao la difunde Ecuador Etxea: “Este lunes 22 de enero, y por segunda semana consecutiva, cientos de personas mayores, jubiladas, pensionistas, viudas, se concentraron frente al Ayuntamiento de Bilbao, autoconvocándose a través de whatsapp para mostrar su rechazo ante el incremento fijado del 0,25% anual impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que les hace perder poder adquisitivo. Se tiene previsto realizar la próxima movilización para el lunes 29 de enero a las 12:00 h frente al Ayuntamiento de Bilbao”. El mayor alarde informativo lo consiguió en el otoño del 2019 la marcha de Bilbao a Madrid, pese a ser una iniciativa espontánea y abierta. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia evitó asumirla para no tener que compartir el protagonismo.

La agonía de las movilizaciones no ha supuesto pérdida de cobertura mediática. Mientras la prensa acuda a cualquier acto, por modesto que sea, se continuarán convocando actividades. La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar ante las cámaras explica, junto a la motivación política, la pervivencia de las convocatorias.

Causas del declive del movimiento de pensionistas

Todos los conflictos tienen periodos de ascenso y caída, flujo y reflujo, sin que sus causas estén predeterminadas. Intervienen diversas variables, cambian las circunstancias, los errores suceden a los aciertos. La situación comienza a variar cuando el PNV reclama al PP dejar en suspenso el 0,25%, revalorizando las pensiones del 2018 y 2019 con el IPC, a cambio de apoyar los presupuestos. Es un logro de la lucha de los pensionistas, consolidado con la mediación del PNV. Pero al considerar inviable la pensión mínima de 1.080 euros, nada más aprobarse las cuentas del Estado deja de apoyar las movilizaciones. La ausencia del PNV conlleva el distanciamiento de las asociaciones más institucionalizadas y numerosas. Es el caso de Nagusiak Bizkaia, integrada por 138 asociaciones locales, con más de 50.000 miembros. Tres días después de aprobarse los presupuestos, en la manifestación del 26 de mayo de 2018, según el Ayuntamiento de Bilbao participaron 14.000 personas. Cifra muy inferior a las 115.000 personas de dos meses antes.

Al crearse el MPB la participación en las reuniones era voluntaria, sin estar sujeta a criterios de proporcionalidad ni representatividad. En una organización tan indefinida resultaba inevitable tomar las decisiones por consenso. En las comisiones de trabajo la colaboración también era voluntaria, excepto en la de comunicación, dedicada a supervisar todas las actividades. Nuevas incorporaciones rompieron el equilibrio entre plataformas y corrientes, siendo sustituida la unanimidad por el voto mayoritario. El sector abertzale, promovido por la asociación Pensionistak Martxan, se hizo con el control del MPB. El resto de asociaciones acudía a los plenos sin participar en las votaciones, a fin de reclamar la vuelta al consenso. Ya no había unidad, pero en las concentraciones se eludía la confrontación para evitar la desmovilización.

El detonador de la ruptura definitiva será la huelga general del 30 de enero de 2020. Convocan ELA y LAB a petición del MPB. Las asociaciones que no asumen la huelga forman la agrupación Ados – Consenso, integrada por NAGUSIAK, AJPD, COESPE-Bizkaia y miembros de diversas plataformas, entre otras Barakaldo, Santurtzi y Muskiz. La actividad de esta agrupación ha sido escasa, dedicada sobre todo a marcar distancias respecto al MPB dirigido por la corriente de la izquierda abertzale. La convocatoria de esa huelga tampoco tuvo el apoyo de CCOO y UGT.

Desde el 30 de enero el declive se convierte en agonía. Con el estado de alarma del 14 de marzo el confinamiento evita que se aprecie la caída. Las acciones vuelven el 18 de mayo en una protesta ante la Diputación Foral de Bizkaia relacionada con la tragedia de las residencias geriátricas. Participan, según El Correo, 40 personas. En adelante serán acciones testimoniales, conforme apunta la agencia Europa Press el 25 de mayo: “El Movimiento de Pensionistas ha regresado este lunes a sus concentraciones frente a los ayuntamientos de Euskadi, que en el caso de Bilbao ha sido secundada por más de medio centenar de participantes. En la cita, sus portavoces han apuntado que mantendrán “este modelo” de protestas “simbólicas” mientras dure la alerta sanitaria, descartando así “movilizaciones masivas” (sic). Con estas declaraciones el MPB deja de ser un referente en la defensa de las pensiones públicas, dedicándose a convocar acciones testimoniales sobre diversos acontecimientos sociales.

Mirarse en espejo ajeno

El Estado español suele salir malparado en las comparaciones con otros países. No es el caso de las pensiones. Aquí, tanto en la crisis del 2008 como en la actual, el colectivo de pensionistas ha soportado la pérdida de poder adquisitivo mejor que cualquier otro, hasta el punto de convertirse en soporte económico de muchas familias. En Alemania, locomotora de Europa, ocurre lo contrario. Según publicaba El País el 28 de diciembre, en Alemania “los mayores se han empobrecido en los últimos 15 años a un ritmo mayor que el del resto de la sociedad”. “La población mayor de 65 años en riesgo de pobreza ha crecido de un 4,7% en 2005 hasta alcanzar el 15,7%” en esos 15 años. Los bancos de alimentos también aportan cifras significativas: “entre 2018 y 2019, la cifra de beneficiarios mayores creció en un 20%”.

Pero el relativo bienestar de nuestras pensiones va a empeorar en el futuro por los mismos motivos que en Alemania. El artículo de El País destaca tres causas que también se dan ahora aquí y que afectarán a las pensiones del futuro: aumento del empleo precario, dejar de cotizar por estar en paro y reforma de las pensiones. Más datos sobre Alemania: “en 2009 el 8% de las personas entre 65 y 69 años trabajaban, en 2019 esa cifra alcanzaba el 18%”. De modo que la pérdida de calidad de vida de las personas mayores en Alemania se repetirá aquí en unos años, salvo que los futuros pensionistas se movilicen junto con los actuales para evitarlo.

Crecen las amenazas, flaquean las fuerzas

El poder es el resultado del equilibrio de fuerzas entre diversos actores: gobierno, partidos, sindicatos, bancos, empresarios y presión ciudadana. Según las circunstancias, esos agentes políticos, económicos y sociales se sitúan en dos bandos: capital o trabajo. Tanto los salarios como las pensiones dependen de esa correlación de fuerzas. Por eso las medidas económicas obedecen a decisiones políticas. Un buen ejemplo es la polémica acerca del incremento del salario mínimo (SMI) que divide al Gobierno. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice: “Estamos discutiendo por 30 céntimos al día”. Frase profunda, pese a su aparente simpleza: sin reparto equitativo, cada céntimo que atesora el empresario arruina a la clase obrera. El último recurso es la acción directa, efectiva cuando es colectiva, testimonial siendo aislada. La desesperada acción del obrero en paro que atenta contra una empresa en Álava, es una forma primaria de lucha de clases. Lo mismo que los actos simbólicos en defensa de las pensiones.

 

“La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar ante las cámaras explica,

junto a la motivación política, la pervivencia de las convocatorias”

Aunque las asociaciones de pensionistas lancen dardos contra el Pacto de Toledo, la diana está en otro lado. Las mayores amenazas son, además del trabajo precario, los planes de pensiones privados, individuales en la banca, colectivos los de empleo. Por otro lado, el Ministro Escrivá propone ampliar el periodo para calcular las pensiones de 25 a 35 años. Los sindicatos UGT y CCOO hablan de movilizaciones, pasando por alto que consistiría en ampliar los acuerdos que ellos firmaron en 2011. Si ahora resulta negativo no era positivo hace una década. Esa medida planteada por Escrivá al margen de los acuerdos del Pacto de Toledo y de lo aprobado en el Congreso, tendría un impacto negativo del 5,5 % sobre las futuras pensiones. Oponerse a su aplicación generaría un renovado efecto movilizador, pero lo más probable es que ese intento quede en suspenso, pues pondría en peligro la continuidad del Gobierno de Coalición.

No es previsible que las pensiones actuales empeoren. Las amenazas se ciernen sobre las pensiones del futuro. Sin embargo, actúan los pensionistas de hoy, no los de mañana. Aunque haya perdido capacidad de movilización, cabe hablar del movimiento de pensionistas, en referencia a las asociaciones que defienden las pensiones públicas. La recuperación requiere actuar en tres niveles: 1) Aunar fuerzas en todos los territorios para seguir actuando como grupo de presión. 2) La demanda más viable y realista es la mejora de las pensiones mínimas, equiparándolas con el SMI. 3) Es preciso que tomen conciencia de su situación y se movilicen los pensionistas del futuro, en particular la juventud.

Hay que resistir, adecuando las demandas propias a las necesidades del conjunto de la sociedad. Las consecuencias de la pandemia van más allá de la grave situación sanitaria. Multitud de pequeñas empresas acogidas a ERTE cerrarán. Miles de trabajadores perderán su empleo. El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda para evitar la pobreza severa. Según un informe difundido el 8 de enero por Europa Press: “La pandemia obliga a demandar ayuda a los Servicios Sociales a familias que no lo habían necesitado antes”. El escudo social para que nadie quede atrás exige al movimiento de pensionistas tener en cuenta esa cruda realidad.

También hay que renovar la forma de actuar. Resulta alentador el surgimiento en Bizkaia del Colectivo Argitasuna (claridad). Su meta es fortalecer la equidad, referida al bienestar y a la justicia social. Se asienta sobre este principio: “Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna”.

El tercer aniversario del surgimiento del movimiento de pensionistas llega con celebraciones diferenciadas: 16 de enero concentración en Barakaldo apoyada por plataformas de Margen Izquierda y Zona Minera. El llamado movimiento de pensionistas de Euskal Herria lo celebra el día 18 y se concentra el 25 ante el Parlamento Vasco. El 30 de enero conmemorará “el primer aniversario de la exitosa movilización y huelga general” (sic). El 13 de febrero manifestaciones en las capitales del País Vasco y Navarra “junto a sindicatos y colectivos sociales”.

Por más convocatorias que se lancen, el recuerdo más emotivo y simbólico seguirá siendo la imagen de Bilbao colapsado en la manifestación del 17 de marzo de 2018. Acontecimiento emblemático comparable con la manifestación proamnístia del 8 de julio de 1976. Según El País ese día “Cerca de 150.000 personas se manifiestan en Bilbao”. Otra gran movilización se celebró el 14 de julio de 1977. El País lo destacó con este titular: “Unas 200.000 personas se manifiestan en Bilbao contra una costa vasca nuclear.” Los tres casos representan hechos históricos irrepetibles que responden a situaciones excepcionales. Pretender revivirlos o imitarlos, cuando las circunstancias han cambiado, convierten el intento en farsa.

 LUIS ALEJOS

 

 

 
 

PENSIONES PÚBLICAS Y PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA.

En los últimos días, dentro del movimiento de pensionistas, estamos asistiendo a un debate sobre el acuerdo de las Recomendaciones del Pacto de Toledo y sobre el proyecto de los Presupuesto Generales del Estado para el año 2021. Uno de las razones utilizadas para decir no al Pacto de Toledo, es en que lo establecido en la Recomendación 16, Sistemas Complementarios, es una apuesta por la privatización del sistema público de pensiones. Son varias las razones que se esgrimen para oponerse a los PGE 2021.

Como ya dijimos en el reciente documento aprobado por BAT-ETORRI Consenso, el Pacto de Toledo hay que analizarlo con perspectiva y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Y lo mismo ocurre con los Presupuestos Generales del Estado. Sobre los sistemas complementarios hablaré más adelante. Sobre los PGE 2021, es conveniente recordar que el contenido de las políticas públicas de un Gobierno es siempre fruto de la hegemonía política que hemos sido capaces de construir y de la correlación de fuerzas de cada momento. Y creo que la mayoría de las y los pensionistas, compartirá conmigo que el actual Gobierno de progreso PSOE-Unidas Podemos, lejos de ser una amenaza para nuestro sistema público de pensiones, es una oportunidad. Y debe de quedar muy claro que si el Gobierno no hubiera conseguido sacar adelante los presupuestos, es más que probable que estuviéramos abocados a nuevas elecciones de cuyo resultado no sabemos qué Gobierno resultaría.

Muchas veces, desde mi punto de vista de forma errónea, se parte de una concepción de la política que rechaza los acuerdos como medio para mejorar las cosas. Cuando decimos que la apuesta por la mejora del Estado de Bienestar es una opción política, debemos recordar que la política no consiste en transitar por caminos fáciles. Muy al contrario, la política debe tratar de resolver y explicar cosas complejas.

En materia de pensiones este Gobierno, frente a un modelo económico o actuarial de pensiones, ha apostado por un modelo social, que es aquél en el que la cuantía de las pensiones son las que determinan los ingresos necesarios para su financiación y que dichas cuantías se deciden con acuerdos políticos y sociales. Sin embargo, en el modelo actuarial son los ingresos, sólo las cotizaciones sociales, los que determinan la cuantía de las pensiones. Y este es el modelo que nos conduce a la mercantilización o privatización de los servicios públicos y al recorte del Estado de Bienestar. A nadie se le escapa que cuando se desarrolló el Estado de Bienestar, por cierto, producto de un pacto como fue el Pacto Keynesiano, los derechos sociales se convirtieron en derechos de ciudadanía, ya que se consiguió que fueran una cuestión de Estado y no una cuestión de mercado.

Por eso, el ataque sistemático a los servicios públicos y a las pensiones o que, desde la derecha política, se fomenten medidas de privatización y mercantilización de una parte de nuestro Estado de Bienestar, está suponiendo la expulsión del ejercicio del derecho de ciudadanía a los grupos más vulnerables. Por cierto, un derecho que esta democrática y constitucionalmente reconocido, y que ahora está amenazado.

El ejercicio efectivo del derecho de ciudadanía y de los derechos sociales, requiere de unos servicios públicos fuertes y una buena protección social. Y ello solo es posible con una distribución más justa de la riqueza. Hemos de tener presente que la distribución de la riqueza se da en un doble plano:

1.- El primario, a través del empleo de calidad con salarios dignos y suficientes.

2.- Y el secundario, a través de la protección social allí donde no llega el empleo, donde se ubica el sistema de protección por desempleo y el gasto en pensiones, y a través de una fiscalidad progresiva y suficiente.

Dicho lo que antecede, la tarea prioritaria es recuperar el trabajo como elemento determinante  de los derechos de ciudadanía, democratizar la economía para evitar que nos privaticen la sociedad, disputar la riqueza en el centro de trabajo y garantizar que esta riqueza se distribuye de forma justa en la sociedad a través de un sólido Estado de Bienestar. Por tanto, parece más que evidente que, para garantizar el ejercicio del derecho de ciudadanía, debe convertirse en objetivo compartido asegurar la sostenibilidad financiera del gasto social; reforzar los  medios económicos, materiales y humanos para atender los servicios públicos que más directamente repercuten en el nivel de bienestar, en la calidad de vida y en la cohesión social; asegurar la suficiencia de las prestaciones y garantizar la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

Por eso, nos inundan de muchos gráficos sobre demografía, esperanza de vida o ratios entre activos/pasivos. Pero no nos contestan a una pregunta muy sencilla: porqué un país que será más rico que el de hoy, pagará mañana pensiones más bajas que las actuales. Y eso, además de injusto, carece de toda ética política.

Por otro lado, hay que reformar nuestro sistema fiscal que es uno de los que menos capacidad distributiva tiene de toda Europa. Una reforma que incremente la presión fiscal hasta llegar a la media europea y que sea fiel a los principios de suficiencia y progresividad y que sea efectivo en la lucha contra el fraude. Es decir una política fiscal que garantice que paguemos todos y que pague más el que más tiene.

La Previsión Social Complementaria (PSC)

El debate sobre la previsión social complementaria en general y sobre las del sistema de empleo en particular, debe de realizarse de forma conjunta con el devenir de las pensiones públicas su evolución y su futuro. Es decir, evaluando el nivel de compromiso político con las pensiones públicas.

A este respecto, es preciso recordar que, en materia de pensiones, inclusión y Seguridad Social, el programa de gobierno, entre otras cosas, dice: Plantearemos a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones. Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas; impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en  caso de parejas sin vínculo matrimonial. Revisaremos el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras de cotización irregulares y el complemento de maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género. Reformaremos el Sistema de Seguridad Social, en el marco del diálogo social, y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo; Se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema. Revisaremos las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquéllas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad. En el marco de esta reforma, eliminaremos el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo; Reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a lagestión con menores costes; Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.

Estamos sin ninguna duda, ante un programa que apuesta, de forma inequívoca, por un sistema público de pensiones, solidario, de reparto, sostenible y suficiente y cuyas medidas, todas ellas, son posibles poner en marcha de acuerdo con lo que dicen las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Y, lejos de cualquier intento de potenciar las pensiones privadas, son medidas que están dirigidas a reforzar el Sistema Público de Pensiones, , a pesar de lo que dice la Recomendación 16 sobre los sistemas complementarios o, precisamente, por lo que dice.

No entenderlo así, sería como afirmar que la Ley de Sanidad de Ernest LLuch, que universalizó la asistencia sanitaria, carecía de valor porque seguía existiendo la sanidad privada. O que la Ley de educación, recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, tampoco sirve porque se mantiene los centros concertados, con financiación pública, y los centros privados.

El Gobierno de mayoría absoluta del PP, hizo el camino en sentido contrario debilitando los instrumentos más efectivos de distribución de la riqueza, con medidas como la Reforma Laboral, los recortes en las prestaciones sociales o la Reforma de la Negociación Colectiva, lo que tuvo como resultados la devaluación salarial y el incremento de la pobreza y de las desigualdades. Además, al margen del Pacto de Toledo, realizaron reformas unilaterales en el sistema público de pensiones, entre ellas el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de sostenibilidad, cuya consecuencia, según la Comisión Europea, era que la tasa de remplazo bruta, entre el último salario y la pensión, pasaría del 79% en 2013 al 48,6% en 2060, lo que le convertiría en un sistema de cobertura asistencial. Y eso si es potenciar los sistemas privados de pensiones como alternativa a las pensiones públicas.

Antes de iniciar el debate sobre la Previsión Social cComplementaria, comenzaré dejando claro que, en materia de protección social, el primer objetivo es, y debe ser, la defensa de un sistema público de pensiones, de reparto, solidario, suficiente y sostenible, porque el sistema público de pensiones, basado en los principios de equidad y solidaridad que le caracterizan como de reparto, constituyen el programa de rentas públicas con mayor potencia distributiva.

No voy a profundizar sobre la actual situación de nuestro sistema público de pensiones porque no es el objetivo de este trabajo, pero si quiero dejar constancia de que el debate sobre las pensiones es un debate ideológico y que contrapone conceptos que son radicalmente antagónicos. Contrapone:

  • la política con la economía
  • lo público con lo privado
  • el modelo de reparto con el modelo de capitalización

Se mire por donde se mire, las actuales Recomendaciones del Pacto de Toledo, con sus luces y sombras, son una victoria de la política sobre la economía, de lo público sobre lo privado y del modelo de reparto sobre el modelo de capitalización.

A mediados de los años 80, el sistema financiero constató que la Seguridad Social tenía una gran importancia económica (hoy la nómina anual de pensiones está en torno 150.000 millones de euros) y vio un gran negocio si conseguía gestionar una parte de ese dinero.

Con ese objetivo se diseñaron intensas campañas contra las pensiones públicas y a favor de las pensiones privadas. En ello participaron “expertos independientes”, pagados por las entidades financieras que concluían que las pensiones públicas estaban en quiebra y que la única solución era bajar las prestaciones.

Son los mismos expertos que ahora se rebelan contra las Recomendaciones del Pacto de Toledo y nos dicen que la mayoría de las Recomendaciones aprobadas, perjudican al sistema y su sostenibilidad. Que es irresponsable actualizar las pensiones con el IPC y proponen que se congelen para el 2021. En su opinión, también es irresponsable permitir elegir los años de mejor cotización para el cálculo de la pensión. Proponen aumentar la edad legal de jubilación y echan en falta la aplicación del factor de sostenibilidad. Y afirman que es un despropósito reducir primero y retirar después los incentivos a los planes privados individuales. Por otra parte, aseguran que el traslado de los gastos impropios no se conseguirá casi nada. Entre esos expertos están José Antonio Herce, José Enrique Devesa, María Jesús Fernández o Mariano Jiménez Lasheras.

El soporte legal y competencial de las EPSV

El derecho a unas pensiones públicas que garanticen a toda la ciudadanía “prestaciones sociales suficientes”, está reconocido en artículo 41 de la Constitución:

El artículo 41 establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Es en este artículo 41 de la CE donde se establecen los tres pilares de la protección social:

El primer pilar, en el que se incluyen las pensiones públicas obligatorias y contributivas, reguladas en el sistema de la Seguridad Social, y la protección básica a la que todos los ciudadanos en situación de necesidad tienen derecho y las prestaciones no contributivas.

El segundo pilar, que son las prestaciones complementarias colectivas o de empleo que nacen de la negociación colectiva (Planes de Pensiones y EPSV de empleo).

El tercer pilar, que son las prestaciones complementarias individuales (Planes de Pensiones y EPSV individuales).

Las competencias de las pensiones contributivas de la Seguridad Social corresponden al Gobierno Central

Las competencias vascas en materia de protección social, se regulan en la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

En materia de Seguridad Social:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía, corresponde al país Vasco:

a)El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

b)La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

La Disposición transitoria 5ª, establece que la ” La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económica de la Seguridad Social, dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad (el subrayado es mío).

En materia de Previsión Social Complementaria:

El Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 10.23, atribuye competencia exclusiva a la CAPV en materia de Mutualidades no integradas en la Seguridad Social, sin perjuicio de la ordenación y supervisión del Seguro Privado cuya normativa tiene carácter básico de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.11 de la C.E.

En cuanto a la protección básica y las pensiones no contributivas, las competencias residencian en las Administraciones Locales y Forales.

Por tanto, Euskadi tiene competencias exclusivas en las prestaciones básicas del primer pilar (RGI,…) y en el segundo y tercer pilar de la protección social cuando las prestaciones complementarias se desarrollen utilizando como instrumento las Entidades de Previsión Social Complementarias (EPSV). Así mismo, en el primer pilar es competencia del Gobierno Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, cuya competencia esta sin transferir.

La Previsión Social Complementaria en Euskadi.

Teniendo en cuenta que el artículo 41 de la Constitución, donde se regula la protección social, establece el marco de desarrollo de la previsión social complementaria como una alternativa posible, libre y voluntaria, llegó el momento de preguntarse cuál era la necesidad social de la existencia de estos instrumentos de protección social.

Para ello, la primera cuestión a determina era el objetivo que se buscaba. Convendremos fácilmente que se trataba de cubrir la pérdida en los ingresos que una persona percibía en su actividad laboral, una vez materializada la contingencia correspondiente, se producían como consecuencia del abandono del mercado de trabajo.

Conforme a este planteamiento, el objetivo no era otro que alcanzar, como máximo, una tasa de sustitución que garantizara percibir las mismas percepciones que estando en activo. Es decir se trataba de garantizar rentas que, como máximo, alcanzaran su último salario como personas activas. No tiene sentido social estimular tasas de sustitución superiores al 100% del último salario de activo, por tanto, siendo este el ámbito en el que debe desarrollarse la Previsión Social Complementaria, el objetivo de las EPSV de empleo, no puede ser otro que el de generar una pensión complementaria cuyo importe este en torno al 20% del último salario en activo del pensionista. Y todo ello, unido al control social de estos sistemas privados de pensiones.

Con estos objetivos, defensa del sistema público de pensiones y carácter complementario y no sustitutivo de la previsión social complementaria, se ha estado desarrollando, a través de la negociación colectiva sectorial y de empresa, la previsión social complementaria. El instrumento que, con carácter general, se utiliza en Euskadi es el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), sobre las que, como ya se ha señalado, tiene competencias plenas la CAPV. Están reguladas por la Ley 5/2012, de 23 de diciembre, del Parlamento vasco.

Características de la Previsión Social Complementaria

La PSC en general y las EPSV en particular, se caracterizan por ser:

1.- De carácter voluntario. En las de empleo depende del trabajador o de sus representantes y de cada persona en el caso de los sistemas individuales.

2.- Complementarios y no sustitutivos del sistema público. Tratan de complementar las pensiones públicas con una pensión cercana al 20% del último salario.

3.- El sistema financiero es el de capitalización. Las aportaciones realizadas por la persona asociada a lo largo de su vida laboral, van integrando un fondo propio que determina el derecho a la prestación que le corresponde cuando se cumpla alguna de las contingencias protegidas.

4.- De carácter privado. Surgen de la libertad de las partes, aunque su gestión queda sujeta a los correspondientes controles administrativos.

5.- En todas las EPSV, que tienen Órganos de Gobierno propios. Deberán existir una Asamblea General y una Junta de Gobierno.

Tipos de EPSV

No todas las EPSV son iguales. Las del 2º pilar, las de empleo, nacidas en la negociación colectiva. Y las del 3º pilar, las individuales, están promovidas por las entidades financieras. Las del sistema individual, que puede jugar un papel como sistema de ahorro en un país, no tienen interés desde una perspectiva social por ser un modelo cuyo objetivo final es el ahorro fiscal.

En función de su naturaleza, las EPSV son de aportación definida o de prestación definida. En las primeras se determina la cuantía de la aportación sin perseguir un objetivo concreto de prestación, siendo las personas asociadas las que soportan el riesgo del resultado de las rentabilidades. En el caso de la prestación definida se persigue un objetivo concreto de prestación, siendo la aportación el aspecto variable.

Tienen la calificación de preferentes las EPSV de previsión social voluntaria de empleo que únicamente integren planes de previsión social preferentes.

Los requisitos que deben cumplir los planes de previsión social para calificarse como preferentes son los siguientes:

Principio de no discriminación. En los planes de previsión social preferentes se debe garantizar el acceso como personas socias de número a la totalidad del personal empleado como mínimo con una antigüedad de un año.

Acción protectora mínima. Deben cubrirse como mínimo, las contingencias de jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que suponga extinción de la relación laboral o equivalente.

Aportaciones compartidas. Las aportaciones vendrán determinadas por la negociación colectiva y deberán ser compartidas entre los socios protectores y las personas socias de número.

Movilidad. La movilidad de los derechos económicos solo se podrá efectuar a otros planes de previsión social de empleo preferentes.

Imposibilidad de rescate. Sólo se atenderá la cobertura de las contingencias establecidas en los reglamentos, sin posibilidad de devolución anticipada de los derechos económicos.

Prestaciones. Las prestaciones por jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que supongan extinción de la relación laboral se percibirán de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o reglamentos, y deberá llevarse a cabo su reconocimiento y pago en forma de renta vitalicia, con la posibilidad de rentas financieras siempre y cuando tengan una duración mínima de quince años.

La implantación actual de las EPSV

Si tenemos en cuenta que la tasa de sustitución de las pensiones respecto al último salario está en torno a un 75%, las pensiones públicas, si bien constituyen la parte esencial de las rentas de sustitución de los trabajadores que han cesado en la actividad laboral, dejan un margen significativo para la promoción generalizada de sistemas de previsión social complementarios, y de las EPSV en particular, al conjunto de la población trabajadora, más allá del ámbito de las grandes empresas y los trabajadores con salarios más elevados, que han venido protagonizando hasta hoy el desarrollo de estos instrumentos de protección social.

En base a estas premisas, el año 2006 el Gobierno Vasco aprobó el documento “Diagnóstico y Plan de Previsión Complementaria en Euskadi”. Un plan cuyo objetivo principal era la generalización de la previsión social complementaria, lo que sólo era posible si se desarrollaban las EPSV de empleo, a través de la negociación colectiva.

El objetivo era que al, final del año 2013, la Previsión Social Complementaria alcanzara una cobertura mínima del 70% de la población asalariada y que en el futuro se generara una prestación complementaria cuya cuantía fuera el 20% del último salario en activo. Para alcanzar esta cuantía, se calcula que es necesario aportar cotizaciones cercanas al 7% del salario durante un período de entre 35 y 40 años.

A la luz de estos datos, lo que no resulta razonable es, como se hace en ocasiones, presentar el desarrollo de los sistemas de previsión social complementarios como algo contradictorio con la existencia de un saludable y poderoso sistema de pensiones público.

Parece claro que ambos pueden coexistir y complementarse, el sistema público para cumplir el mandato constitucional, es decir, dispensar prestaciones suficientes a los ciudadanos en situación de necesidad; las pensiones complementarias para completar, hasta donde alcancen, las prestaciones públicas y acercar las rentas de pasivo, en lo posible, a la última renta de activo de cada individuo.

En Euskadi el ahorro acumulado en la previsión social complementaria supone casi el 33,76% del PIB vasco. En España el ahorro voluntario es del 9,35% del PIB. Aunque es cierto que en Euskadi hay una cultura más ahorradora que en el conjunto del Estado, hay que tener en cuenta que una parte importante de ese nivel de ahorro obedece a la existencia de las EPSV de empleo, producto de la negociación colectiva, tanto sectorial como de empresa y que, en el ámbito sectorial, ha dado lugar a Entidades como Elkarkidetza, Geroa o Itzarri de las que son socios muchos trabajadores y trabajadoras. De acuerdo con datos del Gobierno Vasco, el número de socios de las EPSV de empleo es de 495.120 en diciembre de 2019, de los que 174.175 son socios en suspenso.

También tiene un papel relevante para alcanzar este nivel de ahorro, la EPSV Lagun-Aro que es un sistema de protección social que protege, de forma sustitutiva primero y complementaria después a la Seguridad Social, a los socios-trabajadores de las cooperativas afiliadas El ahorro de las Entidades de Previsión Social Complementaria de la modalidad de empleo está en torno al 54% del ahorro total de las EPSV.

Elkarkidetza EPSV, tiene como objetivo complementar las pensiones del personal de las Instituciones locales y forales. Tiene como antecedente las Mutuas Forales que existían en las Diputaciones para complementar las pensiones de los funcionarios. En 1986, ante la negativa evolución económica de estas Mutuas, se creó la EPSV Elkarkidetza por acuerdo entre los partidos políticos y los sindicatos más representativos. En aquella época, los funcionarios y funcionarias locales y forales no estaban integrados en el Régimen general de la Seguridad Social, su afiliación obligatoria era la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) que, en proporción a sus cotizaciones, concedía pensiones notoriamente inferiores a la de los trabajadores incluidos el Régimen General de la Seguridad Social, es decir el personal laboral de las instituciones locales y forales. En esta etapa, Elkarkidetza fue una EPSV cuyas personas protegidas eran funcionarias y funcionarios de estas instituciones. Era de prestación definida y su objetivo era igualar las pensiones del personal laboral y funcionarial. El primero de abril de 1993, la MUNPAL se integra en el Régimen General de la Seguridad Social y las instituciones dejan de aportar a Elkarkidetza. El año 1998 se creó un Plan de aportación definida que incluía a la totalidad de las empleadas y empleados públicos. El año 2003 se unificaron los Planes de aportación definida y prestación definida, constituyendo el actual Plan de aportación definida. En Elkarkidetza la cuantía de las aportaciones, que se establece en la negociación colectiva, es compartida al 50% entre las personas socias y la institución. El 90% tiene como objetivo el ahorro y un 10% de la aportación es para cubrir casos de incapacidad permanente y fallecimiento. Salvo excepciones, se cobra en forma de renta vitalicia.

Geroa EPSV, Su objetivo es complementa las pensiones del personal de las empresas del territorio de Gipuzkoa. Nace en 1996 en el sector del metal con el acuerdo entre la patronal Adegi y los sindicatos ELA, CC.OO, LAB y UGT. Tiene como antecedente el fondo generado con cotizaciones adicionales a las de la Seguridad Social, con el objetivo de garantizar que la pensión mínima de las y los trabajadores del metal, se equiparara al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Este compromiso se externalizó con la creación de GEROA EPSV que, en un principio complementaba las pensiones en el sector del metal y que, en la actualidad, integra a 20 sectores de actividad. Las aportaciones, que se determinan en la negociación colectiva sectorial, son compartidas y paritarias. La mayor aportación corresponde a la industria siderometalúrgica, con un 4,6% (2,3% por cada parte), a la Construcción y a las Gasolineras, con un 4%. Salvo excepciones, se cobra en forma de renta vitalicia. Es de aportación definida.

Itzarri EPSV, su objetivo es complementar la pensiones públicas del personal de la Administración General e Institucional de Euskadi (Osakidetza, Enseñanza pública, Ertzantza, empresas públicas…). Nació el año 2005 por acuerdo en la Mesa General de Negoción. ELA y LAB no suscribieron el acuerdo, Es una EPSV de aportación definida. La aportación de las instituciones es obligatoria y la del personal es voluntaria. Se puede cobrar en capital, en renta financiera o de forma mixta entre ambas opciones.

Lagun Aro EPSV, Es un sistema de protección social para socios y socias de las cooperativas afiliadas que nace en junio de 1959 y que cubre, con el sistema de reparto, discapacidades, defunción maternidad, paternidad, ayuda al empleo (desempleo), incapacidad temporal y con el sistema de capitalización las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Ha sido un sistema sustitutivo de la Seguridad Social ya que, las pensiones que percibían como autónomos eran pensiones mínimas porque cotizaban por la base mínima del RETA. La Asamblea General Ordinaria de Lagun Aro, celebrada en marzo de 2010, aprobó una reforma integral del Sistema de Pensiones y Cotizaciones y, entre las medias acordadas, destaca el cambio de los porcentajes de cotización que se realiza al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Lagun Aro En concreto, de cotizar un 33% de lo que se cobra (anticipo de consumo) al RETA y un 67% a Lagun Aro, se pasó a cotizar un 60% al RETA y un 40% a Lagun Aro. Esto incrementaba las pensiones concedidas por la Seguridad Social y por ello pasaron de ser un sistema sustitutivo de la Seguridad Social a un sistema complementario, reconociendo más seguridad  y sostenibilidad al sistema público de reparto que a los privados de capitalización.

Entre las EPSV ligadas a las empresas vascas, destacan Iberdrola, Tubacex, C.A.F., Mercedes Benz, Productos Tubulares, Cooperativa San Prudencio, Lantegi Batua, Cegasa, Euskaltel, Tubos Reunidos, Puerto de Pasaia, Elektra y otra pymes del sector laboral de la CAPV

Generalizar o democratizar la Previsión Social Complementaria

Los sistemas individuales en Euskadi tienen una penetración del 75% en las rentas altas y medias-altas, quedándose en un porcentaje insignificante entre los que tienen rentas bajas o medias-bajas, es decir los trabajadores y trabajadoras que conforman el núcleo social más vulnerable.

Por ello, para hacer posible la cohesión social y evitar profundizar en las desigualdades, la previsión social complementaria, en el caso vasco las EPSV, deben responder adecuadamente al reto social de mantener el nivel de vida de todas las personas jubiladas. Y ello sólo es posible si se generalizan, es decir, si se democratizan.

Por eso, el instrumento a desarrollar es el modelo de empleo, porque es el único que permite generalizar su desarrollo entre los trabajadores y trabajadoras de rentas medias y medias bajas que, de otra manera, no podrían hacerlo.

Conviene también recordar que las EPSV de empleo se han desarrollado en Euskadi de forma desigual. En Gipuzkoa se ha desarrollado a través de un acuerdo sectorial en el ámbito privado, es decir en los convenios provinciales y afecta a la mayoría de los trabajadores y de los sectores de actividad. Sin embargo en Bizkaia y Álava únicamente se han establecido en las grandes empresas en las que hay implantación sindical.

Si tenemos en cuenta que el objetivo de generalización de la Previsión Social Complementaria previsto en el Plan del Gobierno Vasco, era hasta que alcanzara una cobertura mínima del 70%  de la población trabajadora para el año 2013, con objetivo de obtener una prestación en torno al 20% del último salario y hacemos un balance de lo logrado, comprobaremos que el grado de implantación de las EPSV de empleo ha sido muy insuficiente ya que está en torno al 31% de la población asalariada de la CAPV. Por otro lado, las aportaciones de las EPSV sectoriales no son suficientes para alcanzar el 100% del último salario. Las razones por las que no se han alcanzado dichos objetivos, son diversas.

Nada más nacer el Plan, se hicieron estridentes declaraciones como que sus bases “apuntalan la política neoliberal del recorte de pensiones” o que “cuestionan el sistema público de pensiones”, mientras CONFEBASK afirmaba que tendría una repercusión muy negativa sobre el empleo y la competitividad.

En estas circunstancias, el Plan estaba condenado al fracaso. Por cierto, en Gipuzkoa, donde está implantada la EPSV GEROA desde 1996, el empleo estaba mejor que en los otros territorios y las empresas no eran, ni son, menos competitivas que las de Araba o Bizkaia.

Otras causas fueron la falta de un amplio acuerdo social sobre la materia y la situación de la negociación colectiva en la que, por razones relacionadas con la devaluación salarial y la precariedad, hay cierta resistencia a abordar la previsión social complementaria.

Aunque en algunas ocasiones se suele afirmar que los incentivos fiscales que se ha venido aplicando han sido insuficientes para desarrollar de forma eficaz la Previsión Social Complementaria, sin embargo, parece que el problema fundamental es la resistencia empresarial a asumir costes y la prioridad sindical en otras materias dentro de la negociación colectiva.

El resultado fue evidente: no sólo no se desarrolló la Previsión Social Complementaria, sino que se estancó la que ya había, al no incrementarse de forma generalizada las aportaciones, lo que ha supuesto que las aportaciones realizadas sean insuficientes para alcanzar el objetivo del 20% del último salario.

Si a ello añadimos que quién debía generar confianza y crear un escenario favorable para el desarrollo de las EPSV, como era el Gobierno Vasco, optó por suspender las aportaciones a ITZARRI, la EPSV de sus empleados, convendremos en que no se adoptaron las medidas necesarias crear las mejores condiciones.

Recientemente el Gobierno Vasco, a través de jornadas sobre la PSC o en declaraciones públicas, ha manifestado su intención de apostar por el desarrollo de las EPSV con la aprobación de nuevos incentivos fiscales. También han hecho pública su intención de poner  en marcha, de la mano de las tres Diputaciones, de las Entidades Financieras y de las EPSV, fondos que permitirán al sector público participar en empresas privadas con el doble objetivo de ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y para incrementar su arraigo en el país.

No tenemos conocimiento de las propuestas concretas y en particular sobre la forma y manera en que tienen previsto el desarrollo de la PSC. No es lo mismo que se imponga un modelo casi obligatorio, como el NEST británico, lo que en estos momentos no sería posible, o que se siga decidiendo en el ámbito de la negociación colectiva.

Respecto al uso de los fondos de las EPSV, hay que señalar que, con carácter general las EPSV de empleo de ámbito sectorial, GEROA, ELKARKIDETZA e ITZARRI son sistemas de aportación definida, lo que significa que las consecuencias derivadas de la mayor o menor rentabilidad de las inversiones, recae sobre la cuantía final de las prestaciones de los socios de número.

Esto no ocurre en los modelos de prestación definida, porque la Entidad debe garantizar una prestación concreta, cuya cuantía es producto de un acuerdo alcanzado en el marco de la negociación colectiva. Lo que quiero decir con ello es que, si estas decisiones afectan a las prestaciones de los trabajadores, cualquier destino de los fondos se debe decidir desde la propia EPSV o previo acuerdo con las organizaciones sindicales.

Las Reformas Fiscales necesarias

Para el desarrollo de la Previsión Social Complementaria en Euskadi, la fiscalidad es importante, pero, como ya se ha constatado, no es suficiente por sí sola. Además, una fiscalidad mal diseñada, puede dar lugar a la especulación y al ahorro a corto plazo con el único objetivo de obtener beneficios fiscales. Los objetivos de las medidas deben ser:

*Garantizar la iliquidez que caracteriza a los instrumentos de previsión social como ahorro finalista para la construcción de rentas complementarias y, en este caso, debe conllevar una compensación fiscal.

*Favorecer el desarrollo de las EPSV y de los Planes de Pensiones de empleo.

*Potenciar el desarrollo efectivo y real del ahorro finalista a largo plazo.

Los sistema individuales, desde nuestro punto de vista, no deben tener incentivos fiscales porque su objetivo prioritario no es la construcción de rentas complementarias a las pensiones públicas, sino que, con carácter general, se suscriben por meras razones de ahorro fiscal. Y las ayudas fiscales solo se pueden justificar si hay un interés social en su aplicación.

Si consideramos que los sistema individuales tienen un alto porcentaje de penetración en la rentas altas y medias-altas (un 75%), siendo el porcentaje de penetración insignificante en las rentas bajas, los esfuerzos fiscales se deben dirigir a potenciar únicamente las EPSV de empleo y no las de carácter individual ya que beneficiaría a las rentas más altas. Los incentivos deben estar dirigidos a personas que, de no ser a través de una EPSV de empleo, no podrían ahorrar para su jubilación por tener rentas insuficientes.

La reducción de la base imponible del IRPF de las aportaciones de las trabajadoras y de los trabajadores, es una medida regresiva ya que beneficia, sobre todo, a las y los contribuyentes de mayor renta, que son los que concentran el mayor porcentaje de las aportaciones a EPSV y planes de empleo que se deducen del IRPF. Proponemos la eliminación de esta figura.

Por otra parte, además de cerrar todas las posibilidades de rescate a los 10 años de antigüedad, para evitar transformar de forma radical la naturaleza de las EPSV y de los planes de pensiones de empleo como instrumentos de previsión social complementaria, se deben adoptar medidas que supongan un mejor tratamiento a la percepción de los derechos en forma de renta en forma de capital.

Hay que tener en cuenta la desfiscalización actual de los beneficios empresariales por ser el Impuesto de Sociedades excesivamente generoso en las deducciones, que reducen el tipo efectivo medio de forma considerable. Y también es excesivamente generoso en el descuento de las pérdidas pasadas contra beneficios futuros. El resultado es que en 2019  las sociedades no financieras ganaron 26.000 millones de euros más que en 2008 y pagaron en concepto de Impuesto de Sociedades, 21.000 millones/€ menos. En Euskadi 2l año 2028 se recaudaron 388,4 millones menos que el año 2008. Cualquier incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades por aportaciones a la PSC, debería estar incluido en una reforma global de este impuesto. No obstante, como quiera que, desde enero del año 2014, es obligatorio cotizar a la Seguridad Social por las aportaciones a la PSC, hacemos una propuesta para recuperar la deducción en cuota que fue derogada en su día.

En el caso de las trabajadoras y trabajadores autónomos, que carecen de negociación colectiva, cualquier ayuda o incentivo fiscal debería conllevar paralelamente la condición de que pagarán las cotizaciones a la Seguridad Social por sus ingresos reales. Lo contrario sería incentivar que los trabajadores autónomos cotizaran a la Seguridad Social por la base mínima, reduciendo los ingresos por cotizaciones.

A)Incentivos fiscales para aportaciones y contribuciones a planes de previsión complementaria de empleo.

  1. Deducción del 10% de la cuota del Impuesto de Sociedades de las contribuciones realizadas por los socios protectores.
  2. Se da una doble alternativa en las aportaciones de las personas trabajadoras. En función de por cuál de    ellas se opte, se establecerá el tratamiento fiscal a las prestaciones.
  • Primera alternativa: Eliminar la reducción de las aportaciones de la base imponible del IRPF, de los Es lo que se hace ahora y es una medida regresiva ya que beneficia a las rentas más altas que son las que concentran el mayor porcentaje de las aportaciones.
  • Segunda alternativa: consistiría en sustituir la reducción de las aportaciones de la base imponible por una deducción en la cuota del IRPF en un porcentaje a determinar. El máximo de la aportación de las personas trabajadoras sujeta a la deducción, no podrá superar las contribuciones realizadas por los socios protectores.

B)Las prestaciones y su fiscalidad.

  1. La prestación cobrada en forma de capital, se integrará en la base imponible del IRPF el 100% de la prestación percibida.
  2. La prestación que se perciba en forma de renta vitalicia o de renta financiera de más de 15 años, en el caso de que se haya optado por la  primera alternativa, eliminar la reducción del importe de las aportaciones de la base imponible del IRPF, solo gravarán los rendimientos  generados por las aportaciones, conforme a la tributación que corresponda a los rendimientos de capital mobiliario.

De haberse optado por la segunda alternativa en la fiscalidad de las aportaciones, es decir por sustituir la reducción de las aportaciones en la base imponible del IRPF por una deducción en cuota, de las prestaciones percibidas en forma de renta vitalicia o de renta financiera con una duración mínima de 15 años, la cuantía que corresponda al importe de las aportaciones realizadas por las personas trabajadoras tendrán la consideración de rentas del trabajo y el resto, es decir los rendimientos obtenidos, tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario.

En el capítulo de las inversiones, se deben adoptar medidas que faciliten el desarrollo de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), como un compromiso de la entidad más allá de lo que establece la Ley de EPSV. La ISR se desarrolla principalmente a través de la Previsión Social

Complementaria de empleo. El objetivo fundamental que se persigue con el desarrollo de la Inversión Socialmente responsable, no es otro que lograr que el ahorro de los trabajadores sea sostenible a largo plazo y promueva la Responsabilidad Social de las Empresas, que no es otra cosa que conseguir introducir la valoración de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión de las inversiones.

El contexto en el que se pueden desarrollar las EPSV:

1.- Hoy, igual que ayer, el desarrollo de la Previsión Social Complementaria necesita de un acuerdo amplio entre los agentes sociales y las instituciones.

2.- Hasta la fecha, después de tantos años de estancamiento de las EPSV de empleo, el Gobierno Vasco no ha puesto en marcha ninguna medida de apoyo a su implantación y tampoco para su fomento y promoción entre las empresas, sus trabajadoras y trabajadores y los agentes sociales, como establece la Ley de EPSV.

La ley dice también que el Gobierno propondrá programas de colaboración con las universidades. Experiencias en debates organizados por asociaciones de pensionistas con profesores de la universidad no van en esta dirección.

3.- La negociación colectiva sectorial es el marco idóneo para su desarrollo en un modelo productivo donde más del 98% de las empresas son PYMES.

4.- Las consecuencias de la crisis y las reformas laborales, que han dejado mayor precariedad, más desigualdad y salarios más bajos, son una dificultad añadida para la extensión de estos instrumentos ya que, en la negociación colectiva sectorial, la generalización de la Previsión Social complementaria, no es una prioridad reivindicativa.

5.- Por otra parte, si tenemos en cuenta las competencias fiscales que, de acuerdo con la Ley de Territorios Históricos (LTH), están residenciadas en las Diputaciones Forales, ¿qué garantía hay de que se vaya a aplicar una política fiscal común y, por tanto armonizada, para ayudar al desarrollo de las EPSV?

Conclusiones

La base de las pensiones futuras debe ser el Sistema Público de pensiones. La Previsión Social Complementaria, por tanto, debe ser un sistema complementario de la Seguridad Social y nunca sustitutivo. La generalización de la PSC no puede, ni debe, garantizar tasas de sustitución por encima del 100% del último salario.

Los esfuerzos fiscales se deben dirigir a potenciar las EPSV de empleo y no las de carácter individual. Las ayudas fiscales solo se pueden justificar si hay un interés social que en este caso es la generalización entre los trabajadores con rentas más bajas.

Debe de reducirse el límite máximo que puede deducirse de la base imponible general del IRPF para evitar un tratamiento más favorable que el que se da a las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los incentivos deben estar dirigidos a personas que, de no ser a través de una EPSV de empleo no podrían ahorrar para su jubilación por tener rentas insuficientes.

Los incentivos fiscales deben dirigirse a que las prestaciones se perciban en forma de renta vitalicia o financiera de más de 15 años, por lo que esta modalidad de cobro debe tener un mejor tratamiento fiscal que la percepción en forma de capital.

La participación del sector público en la empresa privada debe condicionar la política laboral de la misma. No se debe de participar con fondos públicos y de EPSV en una empresa de bajos salarios, con desigualdad y brecha salarial o con precariedad laboral.

La única solución para salir de esta situación es la vía del diálogo social, la negociación colectiva y el acuerdo. Una vía que ya recomendó el Consejo de Relaciones Laborales en el Dictamen que realizó en su día sobre el Plan de Previsión Social del Gobierno Vasco. Eso sí, hay que abordar el diálogo desde la responsabilidad y el rigor. Y debe realizarse desde la lealtad y la discreción.

Eduardo García Elosua

BAT ETORRI abre una ronda de contactos con los partidos políticos de la Cámara Vasca.

A través de la asociación Tologorri de Gasteiz, en representación del grupo de Jubilados y Pensionistas BAT ETORRI estámos presentando nuestras demandas a los partidos políticos de la Cámara Vasca.

El pasado día 17 de Diciembre el encuentro fue con Jon Aiartza por parte del PNV.El 23 de Diciembre dicha representación de pensionistas se entrevisto con Jon Hernández de Elkarrekin-Podemos,el cual hizo suyas las reivindicaciones de BAT ETORRI.

Queremos recordar los cinco puntos, que de forma unitaria defiende BAT-ETORRI Consenso, son:

La defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y con el modelo de reparto; Mantenimiento por Ley del poder adquisitivo de las pensiones; pensiones mínimas de 1.080 euros, derogación del factor de sostenibilidad y medidas que pongan fin a la brecha de las pensiones en razón del género.

Las próximas semanas seguiremos la ronda con los demás grupos politicos.

ARGITASUNA. Nuevo colectivo para luchar contra la desigualdad

En la actual situación de crisis múltiples, donde a las desigualdades sociales, económicas y políticas que no dejan de crecer hay que añadir las carencias e insuficiencias dotacionales de los servicios públicos, así como la caída de la actividad económica y la bajada de la recaudación fiscal, se constata el riesgo de cronificarse la pérdida de bienestar.

La privatización siempre ha tenido lo público en el punto de mira, pero hoy día es en la protección social donde coge impulso el modelo privatizador, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Más en concreto, el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad  Social y su modelo de reparto va a ser complementado, de momento de forma parcial, por las pensiones privadas (en Euskadi EPSV) con la correspondiente, por supuesto, mejora de sus beneficios fiscales. No lo podemos permitir.

Todo esto lleva a impulsar el Colectivo Argitasuna con la idea de hacer visible las diferentes problemáticas y de construir de forma colectiva una nueva realidad. No queremos una mano de pintura a lo existente. Necesitamos promover el bien común, la justicia social, la equidad en el reparto de la riqueza, una reforma fiscal percibida como justa. En definitiva, un modelo social alternativo que rescate los derechos del conjunto de la ciudadanía.

El manifiesto adjunto recoge el ideario Argitasuna y está dirigido a todo tipo de asociaciones: feministas, ecologistas, pensionistas, culturales, juveniles, deportivas incluso. Va dirigido también a las organizaciones sindicales, así como a los partidos políticos que desde las instituciones gestionan los intereses del conjunto de la sociedad.

Quienes a nivel personal o asociativo se identifiquen con el contenido del citado manifiesto y deseen participar en su desarrollo, rogamos que lo comuniquen, a través del siguiente correo electrónico: colectivoargitasuna@gmail.com

 

La crisis económica del 2008 y su deplorable gestión, a base de recortes, austeridad, reformas laborales, de pensiones y de género, se tradujo en menos protección, más precariedad, más pobreza, más desigualdad social. Hace tres años, los indicadores macroeconómicos señalaban el final de la crisis. Para el 66% de la población vasca la percepción era bien distinta, no había acabado. Es más, desde el 2013 alrededor de una cuarta parte de la sociedad no puede ni ir al dentista y tiene que ajustarse en la alimentación. En cuanto a la pobreza infantil, el Deusto Barómetro Social recogía que más de un 31% ha renunciado a las actividades de ocio. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de abril, el paro juvenil ronda el 22% en la CAV. Además, las mejoras salariales se concentran en el nivel superior, mientras que en el inferior empeoran.

Se instala y cronifica la precariedad. Corremos el riesgo de dar carta de naturaleza a una “sociedad indecente” en la que se viva con normalidad la persistente desigualdad, donde para consolidar la situación se recurra a normas que disciplinen a la población en la pobreza.

En este contexto aparece la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, con efectos demoledores en el plano económico y social. La pandemia intensifica la precariedad y la desigualdad. La devastación será extensa e intensa. Estimaciones oficiales señalan que la recaudación fiscal caerá este año alrededor del 20% (2.000 millones menos de ingresos en la CAV). El reto es con la salud pública, sostenibilidad económica, ambiental y rescate social. En definitiva, se necesitan cambios profundos, sociales, culturales e impositivos.

Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Combatir la desigualdad pasa por una reforma fiscal profunda, que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales. Que aporte de manera continuada los recursos que la sociedad necesite y que sea percibida como justa y progresiva. La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude (evasión fiscal) y desgravaciones (elusión fiscal). Además de pagar, hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos, elitistas. Son ejemplos evidentes de inequidad fiscal.

 No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que tenga beneficios fiscales.

Gobierno Vasco y Diputaciones favorecen con desgravaciones fiscales de la base imponible de la declaración de la renta (hoy hasta 5.000 euros) a contribuyentes con capacidad de ahorro a largo plazo, para complementar la pensión pública próxima o futura. De esta forma se transfieren recursos públicos a segmentos sociales y laborales razonablemente bien situados, convirtiendo al resto de la población en meros donantes de beneficios fiscales. La crisis sanitaria ha retrasado la propuesta fiscal más generosa que la Administración tiene prevista para intentar extender el aseguramiento social privado más allá de las rentas medias/altas.

El Viceconsejero de Economía del Gobierno Vasco, instaba en julio a redoblar esfuerzos para impulsar las EPSV de empleo. No hubo respuesta sindical ni de partidos, no hubo el rechazo frontal que cabía esperar ante este intento de privatizar las pensiones públicas. ¿Y si mañana se instase a suscribir pólizas de aseguramiento sanitario privado, ya que son centros de iniciativa social, con el argumento de que se refuerza el derecho a elegir, posibilitando que se gestione en dos redes, como ocurre con la educación concertada? ¿Habría respuesta política, sindical, social, a ese intento de privatizar lo público, o sea, a pretender sostener con dinero público empresas privadas como ocurre con nuestra educación de modelo segregacionista?

En la CAV asistimos desde hace años, con el silencio cómplice de partidos y sindicatos, al fomento institucional de una fiscalidad “a la carta”, para que sectores concretos accedan a la jubilación con una pensión privada complementaria, financiada con recursos que se sustraen de cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. Es necesario rechazar los reiterados intentos de extender la privatización de los servicios públicos, en particular de las pensiones y de la sanidad, dos urgencias del momento actual, con una fiscalidad ventajosa que constituye una apropiación injusta de recursos colectivos. En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de interés social.

Es preciso recuperar la hegemonía de la política sobre la economía y la acción de las instituciones en las decisiones económicas y sociales que afectan a la colectividad. Necesitamos servicios públicos eficientes que posibiliten el desarrollo de las familias en igualdad, conciliando. Es imprescindible la progresividad fiscal frente a la actual regresividad. Deben dejar de existir situaciones tan preocupantes como estas:

– 25% de perceptores de la RGI son pensionistas, en su mayoría (dos de cada tres) mujeres

-Casi un 30% de mujeres trabajan con contrato a tiempo parcial, hombres sólo el 10%

– Las pensionistas vascas cobran de media 907 euros al mes, los hombres 1.568 euros

Organizar los recursos públicos con eficiencia y equidad, establecer prioridades compartidas y bien definidas, requiere acuerdos amplios que se debieran abordar en los próximos meses, en los presupuestos de la CAV y del Estado.

Quienes integramos el colectivo Argitasuna, impulsor de este documento, somos gente de procedencia obrera, trabajadores en activo y pensionistas. Venimos de diferentes ámbitos profesionales, tenemos características políticas e ideológicas diversas, pero nos mueve la voluntad común de clarificar, dar luz (argia) a la situación actual para contribuir a transformar esta realidad. Consideramos necesario que partidos y sindicatos se pronuncien sin dilación sobre las necesidades sanitarias y la fiscalidad que pedimos revertir. Solicitaremos encuentros con cada uno de ellos para exponer en detalle la razón de esta iniciativa.

Socializaremos este manifiesto con otras asociaciones, en particular las de pensionistas y los colectivos de la sanidad, para que contribuyan con su parecer, si así lo consideran. Animamos a que los trabajadores y trabajadoras en activo debatan sobre las EPSV y el modelo social que representan. Hacemos un llamamiento a los profesionales de la sanidad para que expongan con claridad y valentía las necesidades concretas e inaplazables en la situación actual. Este planteamiento vale para el conjunto del Estado, al compartir problemas similares, aunque su adaptación y gestión corresponde a colectivos que recojan el testigo en cada territorio.

 

 

 

ARGITASUNA-Errealitate  berri bat eraikitzeko argitasuna

2008ko krisi ekonomikoa eta horren kudeaketa tamalgarriak, murrizketa, austeritate, lan-erreforma eta pentsio eta genero-erreformen bidez, babes gutxiago, prekarietate gehiago, pobrezi handiagoa eta desberdintasun sozial nabarmenak ekarri zituen berekin. Duela hiru urte, adierazle makroekonomikoek krisiaren amaiera adierazten zuten. EAEko biztanleen % 66aren pertzepzioa ostera, kontrakoa zen. Are gehiago, 2013az geroztik, gizartearen laurden batek ezin du dentistarengana ere jo eta janaria murriztu behar izan du. Haurren pobreziari dagokionez, Deusto Barometro Sozialak % 31k baino gehiagok aisialdiko jarduerei uko egin ziela jasotzen zuen. Apirileko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, gazteen langabezia % 22 ingurukoa da EAEn. Gainera, soldata-hobekuntzak maila gorenean daude, behekoan okerrera egiten duten bitartean.

Prekarietatea ezarri eta kroniko bihurtzen da. Etengabeko berdintasun eza normaltasunez bizitzen duen “gizarte lotsagarri” bati izaera emateko arriskua dugu, non, egoera sendotzeko, herritarrak pobrezian diziplinatzen dituzten arauetaz baliatzen diren.

Testuinguru honetan Covid 19ak eragindako osasun-krisia agertzen da, ondorio suntsitzaileekin ikuspegi ekonomiko eta sozialean. Pandemiak prekarietatea eta desberdintasuna areagotzen ditu. Hondamena zabala eta bizia izango da. Kalkulu ofizialen arabera, aurton zerga-bilketa % 20 inguru jaitsiko da (EAEn 2.000 milioi gutxiagoko diru-sarrerakin). Erronkak, osasun publiko, iraunkortasun ekonomiko, ingurumen eta erreskate sozialean datza. Azken batean, aldaketa sakonak, sozialak, kulturalak eta inposatzaileak behar dira.

Errealitate berri bat eraiki behar da, begirada eraldatzaile baten bidez, herritarrei bizitza duina izateko beharrezko baliabideetarako sarbidea bermatzeko mekanismoak aktibatu eta proiektu partekatu bat gaitzen duena.

Desberdintasunari aurre egiteko, erreforma fiskal sakona egin behar da, egitura beharrei erantzuten duena eta ez soilik egoeraren araberako beharrei. Gizarteak behar dituen baliabideak etengabe ematea eta bidezkotzat eta progresibotzat hartzea. Erreformak, PFEZk ordaintzeko benetako gaitasuna zergapetu eta gure fiskalitatearen bidegabeko bi bide: iruzurra (zerga-ihesa) eta desgrabazioak (zerga-saihestea), iztetik hasi behar du. Pentsio-plan pribatuei, mutualitateei edo BGAEei pizgarri eta onura fiskalak kendu behar zaizkie, bidegabeak, atzerakoiak eta elitistak izateagaitik. Zerga-ekitate ezaren adibide nabarmenak dira.

Ez gaude aurrezki pribatuaren aurka, baina bai onura fiskalak izatearen kontra.

Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek errenta-aitorpenean zerga-oinarriaren desgrabazioekin (gaur egun 5.000 euro arte), hurbileko edo etorkizuneko pentsio publikoa osatzeko, epe luzera aurrezteko gaitasuna duten zergadunei laguntzen diete. Horrela, baliabide publikoak nahiko ondo kokatutako gizarte eta lansegmentuetara transferitzen dira, eta gainerako biztanleak zerga-onuren emaile huts bihurtzen dira. Osasunkrisiak, Administrazioak gizarte-aseguramendu pribatua errenta ertain/altuetatik haratago zabaltzen saiatzeko aurreikusita duen zerga-proposamen oparoena atzeratu egin du.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako sailburuordeak, uztailean, enpleguko BGAEak bultzatzeko ahaleginak areagotzeko eskatu zuen. Ez zen sindikatuen edo alderdien erantzunik izan, ez zen espero zitekeen erabateko arbuiorik izan pentsio publikoak pribatizatzeko ahalegin horren aurrean. Eta bihar, gizarteekimeneko zentroak izanik, osasun-aseguramendu pribatuko polizak sinatzeko eskatuko balitz, aukeratzeko eskubidea indartzen dela argudiatuz, kudeaketa bi saretan ahalbidetuz, itunpeko hezkuntzarekin gertatzen den bezala? Arlo publikoa pribatizatzeko saiakera horri, hau da, diru publikoarekin enpresa pribatuak sostengatu nahi izateari, erantzun politiko, sindikal edo sozialik emango litzaioke, eredu segregazionistako gure hezkuntzarekin gertatzen den bezala?

EAEn, urteak dira, alderdi eta sindikatuen isiltasun konplizearekin, erakundeek sustatutako “Nahierazko” fiskalitate baten lekuko garela, gizarte osoaren beharrak betetzetik kanpo geratzen diren baliabideekin finantzatuta, sektore jakin batzuek pentsio pribatu osagarri batekin erretiroa har dezaten. Beharrezkoa da, baliabide kolektiboez bidegabe jabetzea dakarren zerga-sistema abantailatsu batekin, zerbitzu publikoen pribatizazioa zabaltzeko behin eta berriz egindako ahaleginei, bereziki pentsioen eta osasunaren pribatizazioari, uko egitea. Pentsioetan, belaunaldien arteko banaketa-sisteman inplizituki dagoen birbanaketa-ahalmena dago jokoan. Hori, iraunkorra eta arreta sozialekoa den gure pentsio-sistemaren elkartasun-eredua hausten duen, eta itzulera guztiz indibiduala den kapitalizazio-sistema batean, ezinezkoa da.

Kolektibitateari eragiten dioten erabaki ekonomiko eta sozialetan, erakundeen ekintza eta politikak ekonomiaren gain duen nagusitasuna berreskuratzea beharrezkoa da.

Bateragarritasuna sustatuz, familiak berdintasunean garatzea ahalbidetzen dituzten zerbitzu publiko eraginkorrak behar ditugu. Ezinbestekoa da zerga-progresibitatea egungo erregresibotasunaren aurrean. Jarraian aurkeztutako egoera kezkagarri hauek desagertu behar dira:

– DBE jasotzen dutenen % 25 pentsiodunak dira, gehienak (hirutik bi) emakumeak

– Emakumeen ia % 30ek lanaldi partzialeko kontratuarekin lan egiten dute, gizonek soilik % 10

– Emakume pentsiodunek bataz beste 907 euro kobratzen dituzte hilean, gizonek aldiz, 1.568

Baliabide publikoak eraginkortasunez eta ekitatez antolatzeko, lehentasun partekatuak eta ongi definituak ezartzeko, datozen hilabeteetan EAEko eta Estatuko aurrekontuetan landu beharko liratekeen akordio zabalak behar dira.

Dokumentu honen bultzatzaile den Argitasuna kolektiboa osatzen dugunok, langile jatorriko jendea, jardunean gauden langileak eta pentsiodunak gara. Hainbat lanbide-eremutatik gatoz, ezaugarri politiko eta ideologiko desberdinak ditugu, baina egungo egoera argitzeko eta errealitate hori eraldatzen laguntzeko amankomuneko borondateak mugitzen gaitu. Gure ustez, beharrezkoa da alderdi eta sindikatuek lehenbailehen osasun-premiei eta lehengoratu nahi dugun fiskalitateari buruz iritzia ematea. Ekimen honen arrazoia zehatz-mehatz azaltzeko, horietako bakoitzarekin topaketak egitea eskatuko dugu.

Manifestu hau beste elkarte batzuekin sozializatuko dugu, bereziki pentsiodunekin eta osasun-arloko kolektiboekin, halan uste badute, beren iritziarekin lagun dezaten. Lanean ari diren langileak BGAEei eta horiek ordezkatzen duten gizarte-ereduari buruz eztabaidatzera animatzen ditugu. Osasun-arloko profesionalei dei egiten diegu argi eta ausardiaz azal ditzaten egungo egoeraren premia atzeraezin zehatzak. Antzeko arazoak partekatzean, planteamendu honek Estatu osorako balio du, nahiz eta egokitze eta kudeatze lanak lurralde bakoitzean lekukoa hartzen duten kolektiboei dagokien.

Argitasuna kolektiboa

 

 

BONOS DESCUENTO,BUENA INICIATIVA,MAL MÉTODO

El comercio de proximidad, la hostelería, las actividades deportivas y culturales, son sectores
económicos y sociales gravemente afectados por las medidas de confinamiento aplicadas para
evitar la propagación de la epidemia Covid-19. Entre las decisiones adoptadas por el Gobierno
Vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao para paliar las negativas consecuencias
de las restricciones al uso público de esos servicios figuran los bonos descuento.


Siendo una iniciativa positiva, la forma de promover, de administrar y de adquirir los bonos, ha
resultado inadecuada, beneficiando a los sectores de población con mayor poder adquisitivo,
en detrimento de los colectivos sociales más desfavorecidos a nivel económico. Cada paso de
ese procedimiento ha obstaculizado la igualdad de oportunidades, así como el tratamiento
equitativo, que debe prevalecer en las actuaciones de las instituciones públicas. Ni siquiera se
ha tenido en cuenta la brecha digital, que segrega a las rentas familiares bajas.


A mayor nivel de renta, el acceso a la información es más rápido, se dispone de mejores
medios para realizar cualquier gestión y resulta determinante el poder adquisitivo. Tras las
emisiones lanzadas por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, de los 100.000 Bono
Denda promovidos por la Diputación de Bizkaia, la parte correspondiente a Bilbao se agotó en
12 horas, el resto en menos de dos días. Cabe suponer que los bonos han sido adquiridos y
acumulados por quienes tienen todas las ventajas a su favor. Bastaría cruzar los datos de los
tres organismos para obtener resultados concluyentes.


En lugar de limitarse a organizar una competición en condiciones desiguales, las instituciones
deben beneficiar tanto a la economía local y al comercio de proximidad como a los colectivos
más vulnerables y amenazados por la exclusión social. Financiar con dinero público el 50% del
importe de las angulas y del besugo de quienes tienen medios suficientes para pagarlo íntegro,
no fomenta el consumo responsable y sobre todo vulnera el principio de equidad, favorable
siempre a los más débiles. Se podía actuar de otra manera, distribuyendo vales de consumo a
través de los servicios sociales o entre las personas perceptoras de la RGI.


Las buenas ideas fracasan si carecen de perspectiva global y de sensibilidad suficiente para que
contribuyan a la cohesión social.


Bilbao, 12 de diciembre de 2020

LOS PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES.

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991. Se exhortó a los gobiernos a que incorporasen estos principios en sus programas nacionales cuando fuera posible. Algunos puntos salientes de los Principios son los siguientes:


Independencia

Las personas de edad deberán:

  • Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia;
  • Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos;
  • Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales;
  • Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;
  • Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio;
  • Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.

Participación

Las personas de edad deberán:

  • Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes;
  • Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades;
  • Poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.

Cuidados

Las personas de edad deberán:

  • Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad;
  • Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad;
  • Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado;
  • Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro;
  • Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

Autorrealización

Las personas de edad deberán:

  • Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial;
  • Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.

Dignidad

Las personas de edad deberán:

  • Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales;
  • Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.

SEGUIREMOS LUCHANDO POR UNAS PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS

La crisis de la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de que las Instituciones Públicas fortalezcan la sanidad, la enseñanza, y las ayudas a la dependencia. En esta misma línea las personas pensionistas reclamamos que no se privaticen las Pensiones Públicas, sino que se refuercen ya que los mercados no pueden garantizar su futuro.

Una vez aprobadas las recomendaciones del Pacto de Toledo, ahora toca pasar el trámite legislativo y presupuestario.

La Comisión del Pacto de Toledo ha aprobado una serie de recomendaciones en relación con las Pensiones Públicas, entre las cuales está el reconocimiento de la revalorización de las pensiones con el IPC y que se eliminen los gastos impropios de la Seguridad Social. También se reconoce, que el Sistema Público de Pensiones es sostenible.

Varias de dichas recomendaciones tienen claroscuros, por lo que es preciso que algunas materias se desarrollen favorablemente y otras se cambien o se retiren, mediante leyes concretas que garanticen el futuro de las pensiones públicas.

Debemos seguir manteniendo la presión, ya que la ejercida durante varios años empieza a dar algunos frutos en cuestiones importantes.

Nuestra lucha sigue y seguirá hasta que se consiga:

*La sostenibilidad y solvencia del Sistema Público de Pensiones de reparto solidario y suficiente, que garantice su futuro; las pensiones son, y deben seguir siendo, una cuestión de Estado y no una cuestión de mercado.

*Subida anual de las pensiones según IPC por ley.

*Derogación del factor de sostenibilidad.

* Pensiones mínimas que garanticen una vida digna. 1080€.

*Acabar con la brecha de género en pensiones.

Defendemos que la Ley revierta el período de cálculo de la pensión a los 15 años, y no de 25. La actual situación de paro y precariedad aconseja no subir la edad de jubilación por encima de los 65 años.

Ninguna persona debe ver mermados sus derechos ni percepciones a la hora de jubilarse mediante recortes en los cálculos sobre su vida laboral. También defendemos los intereses de quiénes se jubilan de forma anticipada, y que no sean penalizados tras largas carreras de 40 años cotizados.

Prestamos especial atención a que se garantice unas pensiones mínimas que permitan una vida digna a cientos de miles de pensionistas, principalmente mujeres, que tienen auténticas dificultades para llegar a fin de mes.

Los derechos de las mujeres y de los jóvenes en paro deberían ser una prioridad en el actual colapso económico.

La crisis ha sido una lección para todo el mundo. Apelamos a los Gobiernos para que defiendan el empleo digno y con derechos, la productividad, la mejora de los salarios, la sana competencia, y la innovación, lo cual se logra con más democracia, reformas y el reparto de la riqueza, que permita en el futuro pensiones dignas.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN

Pentsio publiko duinen alde borrokan jarraituko dugu

Pandemiaren krisiak agerian utzi du Erakunde Publikoek osasuna, irakaskuntza eta mendekotasunerako laguntzak indartzearen garrantzia. Ildo beretik, pentsiodunok eskatzen dugu ez daitezela Pentsio Publikoak pribatizatu, indartu baizik, merkatuek ezin baitute beren etorkizuna bermatu.

Toledoko Itunaren gomendioak onartu ondoren, lege- eta aurrekontu-izapideak igaro behar dira orain.

Toledoko Itunaren Batzordeak zenbait gomendio onartu ditu Pentsio Publikoei dagokienez; besteak beste, pentsioak KPIarekin errebalorizatzea eta Gizarte Segurantzaren gastu bidegabeak ezabatzea. Halaber, Pentsioen Sistema Publikoa jasangarria dela onartzen da.

Gomendio horietako batzuek argi-ilunak dituzte, eta, beraz, beharrezkoa da gai batzuk ondo garatzea eta beste batzuk aldatzea edo erretiratzea, pentsio publikoen etorkizuna bermatuko duten lege zehatzen bidez.

Presioari eusten jarraitu behar dugu, urte batzuetan egindakoa fruitu batzuk ematen hasi baita gai garrantzitsuetan.

Gure borrokak aurrera jarraitzen du eta jarraituko du lortu arte:
*Pentsio-sistema publikoaren iraunkortasuna eta kaudimena, banaketa solidarioa eta nahikoa duena, haren etorkizuna bermatuko duena; pentsioak
estatu-arazoa dira, eta hala izaten jarraitu behar dute, eta ez merkatu-arazoa.
*Pentsioen urteko igoera, legez ezarritako KPIaren9 arabera.
*Iraunkortasun-faktorea indargabetzea.
*Bizitza duina bermatzen duten gutxieneko pentsioak. 1080 €.
*Pentsioetako genero-arrakalarekin amaitzea.

Legeak pentsioa kalkulatzeko epea 15 urtera itzultzea defendatzen dugu, eta ez 25 urtera. Egungo langabezia eta prekarietate egoerak erretiratzeko adina 65 urtetik gora ez igotzea gomendatzen du.

Inork ez ditu bere eskubideak eta pertzepzioak murriztu behar erretiroa hartzerakoan, lan-bizitzari buruzko kalkuluetan murrizketak eginez. Era berean, aldez aurretik erretiroa hartzen dutenen interesak defendatzen ditugu, eta kotizatutako 40 urteko karrera luzeen ondoren zigortuak ez izatea.
Arreta berezia jartzen dugu gutxieneko pentsio batzuk berma daitezen, ehunka mila pentsiodunek bizitza duina izan dezaten, batez ere emakumeek, hilabete amaierara iristeko benetako zailtasunak baitituzte.

Langabezian dauden emakumeen eta gazteen eskubideek lehentasuna izan beharko lukete egungo kolapso ekonomikoan.

Krisia ikasgaia izan da mundu guztiarentzat. Gobernuei eskatzen diegu enplegu duina eta eskubideduna, produktibitatea, soldaten hobekuntza, lehia osasuntsua eta  berrikuntza defenda ditzatela, eta hori demokrazia gehiagorekin, erreformekin eta aberastasunaren banaketarekin lortzen da, etorkizunean pentsio duinak ahalbidetzeko.

Pentsio publikoak agintean bat hala bestea egon, beti defendatzen dira

PENSIONES DE EMPRESA PRIVADAS EN EL PACTO DE TOLEDO

Las personas se merecen una jubilación decente, que puedan llegar a fin de mes sin depender de colas para alimentarse, de organismos benéficos o de sus hijos. O depender de un trabajo a tiempo parcial cuando no se desea o no se puede.Entre las recomedaciones del Pacto de Toledo apoyadas por una amplia mayoría del Congreso se propone impulsar las Pensiones de empresa y mantener las individuales, ambas gestionadas por Fondos Financieros que invierten en los mercados libremente. Son pensiones no garantizadas por el Estado, y no tienen carácter solidario.

En este país la experiencia en este tipo de pensiones privadas como las EPSVs, es muy corta y y han tenido muy poco significado en el conjunto del sistema como para entender sus riesgos y limitaciones, pero el objetivo de la derecha es que sean el eje central del Sistema.

En los países donde hay experiencia, como el Reino Unido, o los EEUU, la experiencia ha demostrado que los Fondos Privados de Pensiones son menos eficaces y sus costes transaccionales son más altos que en sus Pensiones Publicas. Los Fondos buscan quedarse con más ganancias y brindan una cobertura menos amplia de los riesgos.

Dejar las cotizaciones de los trabajadores en manos de los mercados es ponerlas en riesgo de grandes pérdidas como sucedió en la Crisis del 2008. Fue una depresión pero los mercados pueden provocar otros fenómenos como una crisis inflacionaria, con el mismo resultado.

Las jubilaciones privadas, incluso las de empleo como las EPSV son menos rentables para el conjunto de la sociedad, aunque puedan tener puntos alzistas en algunos Fondos. Al no ser un sistema de reparto, su rentabilidad depende también de los años de vida de cada trabajador, cayendo su valor si la esperanza aumenta.

En el caso de EEUU y Reino Unido, quienes invirtieron en jubilaciones privadas, vieron menguados sus beneficios hasta en un 35%. En la privatización hay una transferencia de dinero entre los pensionistas y los Fondos que gestionan su dinero. No hay pruebas de que éstos generen ingresos más altos o seguros, sino lo contrario.

No se debe confiar en los mercados para la jubilación. Las fluctuaciones entre sus valores y los ingresos generados son demasiado grandes y los Fondos de gestión de pensiones, demasiado avariciosos para que los riesgos desaparezcan. Puede argumentarse que si el Estado controla estos Fondos en cuanto a sus inversiones el problema estaría superado.

En tal caso, sus rentabilidades caerían sin ofrecer ventaja alguna, y las Comisiones que cobran los Fondos de gestión serían un regalo por nada. Pero esto tampoco cambia el rendimiento decreciente de los Fondos privados conforme aumenta la esperanza de vida, un factor clave de inseguridad para la gente mayor pensionista, además de depender de la evolución de los mercados.

Financiar Fondos de pensiones de empresa por parte del Gobierno es un golpe bajo a las Pensiones Públicas que las debilita, y es una medida grave porque fomenta la especulación privada de dichos Fondos. El uso indebido de los fondos públicos para productos que se usan en beneficio de empresas privadas es además un serio revés a los derechos de la ciudadanía, al igual que recortar las pensiones públicas y los fondos destinados a la Seguridad Social.

Lo que debe hacerse es revitalizar el sistema asegurando que no se desvíe el dinero a pensiones de empresa, sino que tal financiación añadida fuera a los trabajadores para que pudieran invertir en Pensiones Publicas garantizadas.

Esto obligaría a los Fondos Privados a bajar sus costes y sus garantías, para que no fueran al mercado especulativo para detraer más fondos de los trabajadores. De esta manera se mejoraría la pension publica y la privada sin apoyo de dinero publico, con costes y comisiones a la baja. Es un modo de regular el mercado sin dañar los derechos de los pensionistas a una Pensión Publica amparada por el Gobierno.

Los que operan en el sector Financiero no son favorables a esta solución porque les obliga a jugar limpio y no pueden competir con las Pensiones Publicas por ser más rentables y más seguras. Por un lado hablan de competencia pero piden dinero público para que su negocio basado en las pensiones privadas prospere.

Hay muchas cosas que se pueden hacer para revitalizar y fortalecer la Seguridad Social, y una es ampliar los intrumentos de inversión que complementen las inversiones de deuda pública con el objetivo de mejorar su rendimiento. Sería invertir en un fondo con amplia base a medio plazo o en bonos de un Banco de Inversión en infraestructura que podría ser público, del tipo Banco Europeo de Inversiones.Las inversiones en infraestructura pública son seguras y de alto rendimiento, y una parte de su rentabilidad podría encauzarse hacia un Fondo de la Seguridad Social, que daría solidez al sistema público de Pensiones.

Vivimos momentos de Transición, la crisis de las energías sucias es ya permanente, y el cambio hacia un nuevo Modelo social está en marcha porque es inevitable. Se constata en el número de crisis que padecemos desde el año 1973, desmantelamiento de empresas en los 80, nueva crisis en los 90, la crisis del 2006, la del 2020, que aunque sea por causa de una pandemia, hace crujir todas nuestras debilidades. El futuro es incierto y las coberturas de defensa de la ciudadanía van a ser imprescindibles.

Las pensiones públicas son la mejor defensa para el envejecimiento, y ponerlas ahora en manos de los mercados que serán cada vez más inestables es un error del que nos arrepentiremos.

Cometimos el error de recalentar la economía con créditos sin límites al ladrillo para que algunos hicieran negocio. Ahora se plantea poner las cotizaciones para las pensiones en manos de otros para hacer negocio. No deberíamos hacerlo, no deberíamos tropezar en la misma piedra.

BAT ETORRI/ CONSENSO. Ante las recomendaciones del Pacto de Toledo

Después de 10 años del último acuerdo, el pleno de la Comisión del Pacto de Toledo, ha alcanzado un amplio acuerdo (30 votos a favor; 5 en contra, de Vox y 2 abstenciones, de Bildu y ERC) en el que se establecen las nuevas recomendaciones que deben servir de base para acotar las reformas de las pensiones públicas por este y otros gobiernos.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, es una Comisión Permanente, no legislativa, del Congreso de los Diputados, cuyas propuestas deben ser aprobadas por el Pleno. Este proceso ha finalizado hoy, día 19 de noviembre, con un acuerdo político muy amplio, ya que ha tenido un respaldo muy mayoritario del Pleno del Congreso de los Diputados, sólo 2 votos en contra, en un parlamento más fragmentado que nunca.

El Pacto de Toledo hay que analizarlo con perspectiva y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla. A estos efectos, es preciso recordar que antes de la pandemia, a finales del año 2019, después de cuatro años de debates, los trabajos desarrollados en la Comisión del Pacto de Toledo, fracasaron estrepitosamente ya que finalizaron sin acuerdo. Ahora, con las mismas fuerzas políticas como protagonistas, se ha alcanzado un acuerdo, en el que la situación límite en la que nos encontramos como causa de la pandemia, ha jugado su papel sin ningún género de dudas.

Teniendo en cuenta que es un acuerdo entre las diferentes y muy distanciadas propuestas que tienen los partidos políticos sobre el modelo público de pensiones, el Pacto de Toledo es un punto de partida y no un punto de llegada. Es también un acuerdo de mínimos que ahora toca desarrollar al Congreso de los Diputados, a través de los Presupuestos Generales del Estado y las Leyes que regulen su reforma.

Por todo ello, como no podía ser de otra manera, el Pacto tiene luces y sombras. Entre los aspectos positivos, cabe destacar como especialmente significativo el hecho de que las recomendaciones de 2020 hayan recuperado el apoyo de los dos principales partidos estatales que históricamente han vertebrado los gobiernos del País, PSOE y PP; y que junto a ellos se haya incorporado también el apoyo de las dos nuevos partidos de ámbito estatal, UNIDAS-PODEMOS y CIUDADANOS, como exponentes de las nuevas realidades políticas surgidas en los últimos años, al calor de la crisis política, económica e institucional que vivimos desde 2008.

Hemos de comenzar por señalar entre las recomendaciones adoptadas que, una vez más, se rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización, y se reafirman los principios del sistema: universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia. La Comisión reconoce expresamente que el IRP (o,25%) aprobado en 2013 “no goza del suficiente consenso político y social” y defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley. Apuesta por la recuperación de la “hucha de las pensiones”; propone la mejora de las pensiones más bajas; profundiza en la integración del Régimen Agrario y de Empleadas del Hogar, en el Régimen General; establece vías para la equiparación de derechos y obligaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con el Régimen General; establece incentivos para el empleo de los mayores de 55 años; no incrementa loa años para el cálculo de la Base Reguladora de la jubilación, 25 años a partir del año 2022, mejorando sus cuantías por la libertad de elección de los mejores años de cotización de los beneficiarios; apuesta por el saneamiento de las cuentas al sustituir los préstamos del Estado por aportaciones que no generan deuda y eliminando los gastos impropios para que sean financiados por los Presupuestos Generales del Estado y apuesta por una financiación sostenida y sostenible de las pensiones.

En cuanto a los aspectos negativos, en las recomendaciones no se habla del blindaje constitucional; no hay referencias al factor de sostenibilidad; en cuanto a las bases máximas de cotización, las recomendaciones se limitan a una mera mención bastante inconcreta referida a que entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima debe guardar el necesario equilibrio sin menoscabo de la dimensión solidaria del sistema, y que dicha relación debe establecerse legalmente de forma clara y estable. No entra por tanto a concretar ninguna medida de forma expresa  para destopar la base máxima de cotización.

Los cinco puntos que, de forma unitaria, defiende BAT-ETORRI Consenso, son: La defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y con el modelo de reparto; Mantenimiento por Ley del poder adquisitivo de las pensiones; pensiones mínimas de 1.080 euros, derogación del factor de sostenibilidad y medidas que pongan fin a la brecha de las pensiones en razón del género. Respecto de estos cinco puntos reivindicativos, veamos que dice el Pacto de Toledo:

1.- Defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y de reparto

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, en la Recomendación 0 “Reafirma su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y en el seno de cada generación, y a través del reparto equitativo de las cargas.” Además, se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual, en especial los de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, suficiencia de prestaciones, equidad en el reparto de las cargas y responsabilidad pública en la dirección y gestión del sistema.

2.- Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su garantía por Ley

En la Recomendación 2, se reconoce expresamente que el IRP aprobado en 2013(0,25%) “no goza del suficiente consenso político y social”.

De acuerdo con lo que establece esta Recomendación, es inequívoca la apuesta de la Comisión por la defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero del sistema.

3.- Pensión mínima 1.080 euros

La Comisión del Pacto de Toledo no tiene facultades para establecer la cuantía mínima de las pensiones, pero si autoriza la posibilidad subidas superiores al IPC. En este orden de cuestiones la Comisión, en la Recomendación 2, considera que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC, por ejemplo de las pensiones mínimas, sea sufragada con cargo a otros recursos financieros. Por otra parte, en la Recomendación 17, la Comisión llama la atención sobre la importancia de asegurar rentas mínimas suficientes, tanto en el ámbito contributivo como en el no contributivo, que permitan una subsistencia digna.

Sobre la suficiencia de las pensiones, la recomendación 15, entre otras cosas, dice:  “(…) la suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 10 de nuestra Constitución, asegurando el nivel mínimo de recursos establecido en el Protocolo Adicional de la Carta Social Europea. De ahí la importancia de contar con indicadores de suficiencia que a través de la delimitación de umbrales de referendo sirva para reforzar la efectividad de la lucha contra la pobreza.

Por ello, la Comisión considera necesario establecer alguna referencia adecuada (como puede ser la tasa de sustitución que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores ocupados) y un ámbito territorial de medición comparada (países más avanzados de la Unión Europea), que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas. Así, del mismo modo que la Carta Social Europea establece una fórmula para considerar que un salario es digno, resulta necesario establecer un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.

4.- Derogación del factor de sostenibilidad

No hay una referencia al factor de sostenibilidad y no ha sido objeto de ninguna recomendación por parte de la Comisión Parlamentaria. No obstante, la Comisión, en la Recomendación 0, dice que se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual, en especial los de solidaridad intergeneracional e intrageneracional y los de suficiencia de prestaciones.

5.- Medidas que ponga fin a la brecha de las pensiones en razón del género

Hay varias medidas en las recomendaciones de la Comisión para eliminar la brecha de las pensiones por razón del género.

En la recomendación 5, cuando se dice que es necesaria una evaluación del impacto que haya podido tener la ampliación de 15 a 25 años (cuando finalice el período transitorio el año 2022), del período que se toma para el cálculo de la base reguladora de la pensión, se dice que se pondrá especial cuidado en contemplar y paliar las consecuencias negativas que dichas ampliaciones podrían tener para la brecha de género en materia de pensiones.

En la recomendación 17, Mujeres y Seguridad Social, se reconoce un hecho incuestionable: Las mujeres son mayoría en la percepción de las pensiones más bajas y, por ello, una política igualitaria requiere una revisión del sistema de pensiones no contributivas, de los complementos por mínimos y de la pensión de viudedad, para garantizar progresivamente un umbral de garantía universal, suficiente y digno.

Además, se recomiendan medidas de carácter estructural para garantizar la igualdad efectiva en el campo laboral, acometer el tema de los cuidados, conseguir la igualdad retributiva que resulta clave para la equiparación de las pensiones, las lagunas de cotización haciendo aflorar el trabajo doméstico o los trabajos a tiempo parcial  no deseados que, como es público y notorio, afectan mayoritariamente a las mujeres.

Como conclusión, en líneas generales, valoramos las recomendaciones de forma positiva ya que este acuerdo da certidumbre a los pensionistas actuales y a los futuros. En primer lugar por su apuesta por un Sistema Público de Pensiones, basado en el modelo de reparto y solidario entre generaciones. En segundo lugar, hay que poner en valor el amplio respaldo alcanzado en un acuerdo, así como que se haya puesto la política por delante de la economía, lo que es un buen punto de partida para poder garantizar las pensiones de hoy y de mañana. Por otra parte, hace una referencia expresa a la sostenibilidad del sistema y refuerza la idea de que las pensiones contributivas se financiarán principalmente por cotizaciones y por impuestos donde no lleguen las cotizaciones.

La Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

En lo que a las pensiones públicas se refiere, las cuentas de los presupuestos generales para el 2021, recogen algunas grandes líneas de actuación siguiendo las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Entre ellas, en lo que a las pensiones se refiere, destacan: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la asunción de una parte importante de los gastos impropios.

Respecto a la revalorización de las pensiones públicas,  los presupuestos contemplan un incremento de la pensiones contributivas del 0,9%, inflación prevista para el año 2021, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo si la inflación crece por encima del 0,9%. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, subirán el 1,8%.

Además, siguiendo con las recomendaciones primera y sexta del Pacto de Toledo, de los casi 23.000 millones de euros identificados como gastos impropios, las cuentas del 2021 dan un gran paso y cubren cerca de 14.000 millones.

Sorprende que las pensiones mínimas no mejoren su poder adquisitivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el programa de Gobierno, en lo que a las pensiones concierne, dice de forma literal: “Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Es una mala noticia para los pensionistas que han venido exigiendo en sus movilizaciones la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas para que ninguna pensión este por debajo del umbral de la pobreza y con el objetivo de equipararlas, más pronto que tarde, al SMI. Por otra parte, la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas, es un gran instrumento para reducir la brecha de pensiones en razón del género, si tenemos en cuenta que son las mujeres las que mayoritariamente perciben complementos por mínimos.

En nuestra opinión, sorprende también el hecho de que el Factor de Sostenibilidad no haya sido objeto de ningún comentario, puesto que su entrada en vigor se encuentra actualmente suspendida hasta el 1 de enero de 2023. Pero, de no revisarse la norma, llegada esta fecha entrará en vigor.

Para finalizar, es preciso poner en valor las movilizaciones de las y los pensionistas, porque hemos conseguido, gracias al gran respaldo de las manifestaciones realizadas en los últimos años, que las pensiones hayan formado parte de la agenda política de los partidos y de las instituciones públicas. Por eso tenemos hoy un nuevo acuerdo en el Pacto de Toledo y, por eso, hemos logrado que los Presupuestos Generales del Estado garanticen el poder adquisitivo de las pensiones.

Ahora nos toca seguir reivindicando que los proyectos de Ley para la reforma de las pensiones y los Presupuestos Generales del Estado tengan presente, y hagan suyas, las recomendaciones del Pacto de Toledo, empezando por la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y su equiparación al Salario Mínimo Interprofesional y la derogación del Factor de Sostenibilidad

 NOTA.- BAT ETORRI / CONSENSO lo componemos las Asociaciones de Pensionistas: AGIJUPENS, NAGUSILAN, FEVAAS (Fed.Vasca Asociaciones), GEPE ( Gipuzkoako Erretiratu edo Pentsionisten Elkartea), ASPALGI, HELDUAK ADI y RED de PENSIONISTAS. Así como COESPE Gipuzkoa y Personas representativas de Asambleas Locales y Comarcales de Gipuzkoa. Asimismo, se adhiere a esta iniciativa, Asociación alavesa de Pensionistas -Tologorri. Coordinadora de pensionistas y jubilad@s de LasarteOria.                                                                                   

DECLARACIÓN PAMPLONA ,sobre derechos de las personas mayores.

La Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (SNGG), con motivo de la celebración en 2016 del XXV aniversario de su fundación, y consciente del aumento de la esperanza de vida de las personas y de los consiguientes retos, oportunidades y dificultades que el fenómeno del envejecimiento comporta, desea transmitir a la opinión pública una Declaración sobre los Derechos de las Personas Mayores, que constituyen un patrimonio humano de primer orden.

El documento, basado en declaraciones oficiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, en conclusiones de congresos nacionales e internacionales de Geriatría y Gerontología y en la propia experiencia profesional de los miembros de la SNGG, pretende ser un toque de atención que estimule el conocimiento, el debate público, la toma de conciencia y la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la situación de las personas en su proceso de envejecimiento.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES:

  • Derecho a una existencia saludable y con calidad de vida, entendida con criterio holístico, capaz de integrar los elementos cognitivos, emotivos, sociales y participativos, en la que se salvaguarde siempre la identidad y la dignidad de las personas mayores.
  • Derecho a participar activamente en la vida pública, social y política, tanto a título individual como asociativo, mediante un envejecimiento activo que trate de prevenir y paliar las situaciones de vulnerabilidad y fragilidad, discapacidad y dependencia.
  • Derecho a acceder a equipamientos públicos y actividades que fomenten una socialización intergeneracional mutuamente enriquecedora.
  • Derecho a elegir libremente su estilo de vida, a disponer de su tiempo libre y a disfrutar con sus seres queridos, mediante la garantía de permanencia, cuando sea posible, en su entorno o medio habitual.
  • Derecho a una asistencia geriátrica especializada (hospitalaria y ambulatoria), multidisciplinar, integral, de calidad y centrada en la personas y no solo en las enfermedades, proporcionada por profesionales formados tanto en el campo de la Geriatría como de la Gerontología.
  • Derecho a que los profesionales que atienden a las personas mayores tengan una correcta formación en competencias geriátricas y gerontológicas en todos los planes de estudios, y que el número de estos profesionales refleje las necesidades reales de nuestra sociedad.
  • Derecho a convertirse en agentes activos de planes de voluntariado, en los que pueden aportar su valiosa experiencia personal y profesional y, al mismo tiempo, transmitir sus conocimientos, principios y valores.
  • Derecho a una plena integración social en el espacio privado y público, refractaria a prejuicios edadistas, causantes de exclusiones y discriminaciones en la esfera laboral, social, cultural y sanitaria.
  • Derecho a decidir acerca de las condiciones de modo, lugar y personas en las que desean ser atendidas cuando sus capacidades físicas y cognitivas estén limitadas, y, asimismo, a recibir cuidados paliativos cuando se precisen.
  • Derecho a redactar el documento de voluntades anticipadas, capaz de aliviar las eventuales inquietudes del presente y de asegurar un final de la existencia adecuado para los protagonistas, sus familiares y allegados, acompañados por profesionales que permitan mantener su dignidad en momentos de vulnerabilidad o deterioro cognitivo.
  • Derecho a que del envejecimiento y la vejez se transmita una imagen  positiva en las construcciones sociales, de ordinario perjudiciales, fomentadas por los diferentes medios de comunicación.
  • Derecho a que en todos los cuidados y servicios se cumplan con escrupulosidad los principios bioéticos de no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia, con respeto estricto de su dignidad e intimidad.
  • Derecho a que se tomen decisiones de carácter económico que faciliten el acceso a los servicios de atención a la dependencia a toda persona que lo necesite, y muy en particular a las que se hallen en el umbral de la pobreza.
  • Derecho a que se desarrolle un mapa de recursos y servicios de atención a la dependencia en el ámbito rural que permita a las personas mayores no desvincularse de su entorno mediante el acercamiento de los servicios a las personas.
  • Derecho a que se implementen estrategias tendentes a incrementar la calidad asistencial de los centros y servicios de atención a personas en situación de dependencia (ayuda a domicilio, centros de día, hospitales y residencias).
  • Derecho a que se adopten medidas de cooperación multidisciplinar – arquitectónica, tecnológica, social y médica- que contribuyan a fomentar el envejecimiento en el propio domicilio mediante la integración de distintos servicios: comunidades, vecindario y agentes locales, en ventanilla única.
  • Derecho a que, para fomentar la mejora de las personas afectadas y la buena convivencia familiar y social, se difundan entre la población conocimientos  sobre las enfermedades neurodegenerativas (como las demencias) y otros procesos crónicos.
  • Derecho a que las administraciones públicas y la sociedad promuevan acciones y programas dirigidos a evitar situaciones de exclusión, aislamiento y soledad.

 

HABLEMOS DE LA COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO.

 

El día 20 de octubre de 2020 dicha comisión ha aprobado casi por unanimidad, (solo las abstenciones de ERC y BILDU, más el voto en contra de Vox aguaron la fiesta), las 21 recomendaciones que elevará al Gobierno, para que este las plasme en lo que será a buen seguro la tercera reforma del Sistema Público de Pensiones (SPP) en una década.

Son prácticamente las mismas recomendaciones, que el pasado año en febrero de 2019 no fue posible aprobar, ya que hizo saltar por los aires el consenso de la citada comisión, precisamente por la firme oposición de Unidas Podemos. Sería bueno preguntarnos, ¿por qué?

¿Qué ha pasado para que esto haya cambiado, si las recomendaciones no han cambiado? Sin duda sería largo de explicar, este repentino cambio de esta fuerza política.

Dejaré de lado muchos temas de todo este entramado, jurídico, político y económico entre la gestión de la Seguridad Social y el Estado, y me limitaré a trasladar mi opinión sobre las 21 recomendaciones, y a poner algunos ejemplos que nos puedan hacer separar el grano de la paja.

Os pediría a quienes leáis este documento, que escuchéis la estupenda intervención de Jordi Salvador (responsable de pensiones de ERC en la comisión), para explicar porque su grupo no podía votar a favor y se abstenía. 

Recomendaciones:

Defensa y mantenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones.

 Esta recomendación, (la Nº0), solo es una declaración de intenciones, que no tiene más que buenas palabras, pero que no va más allá de eso.

1.-Separación y clarificación de las fuentes de financiación.

Le da un pequeño tirón de orejas al Estado, para a continuación decir cosas como esta:

La Comisión considera inaplazable actualizar el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social para que, sin ocasionar daños irreparables en las cuentas públicas, se liquiden definitivamente las deudas existentes entre la Seguridad Social y el Estado. La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos, concedidos en su día por el Estado a la Seguridad Social para hacer frente a las insuficiencias financieras derivadas del ejercicio de sus competencias, podría resolverse, –si conviene a las Administraciones afectadas y por el procedimiento que legalmente corresponda-, permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia.

¿Qué nos está diciendo la Comisión aquí?

Yo entiendo que no solo está diciendo que la Seguridad Social tiene una deuda con el Estado (lo que no es cierto), sino que está pidiendo a la Seguridad Social, que se desprenda de su patrimonio inmobiliario (red de Hospitales del Estado) para saldar esa deuda.

No solo no reconoce las enormes cantidades que el Estado debe a la Seguridad Social, más de 100.000 millones de euros según el Tribunal de Cuentas del propio Estado, o los más 500.000 millones que reconocen Economistas Frente a la Crisis, sino que carga toda la culpa en la propia Seguridad Social.

2.-Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las

Aquí sí que podemos decir que, “para este viaje no hacían falta alforjas”.

No solo no hace el más mínimo gesto, para blindar ese mantenimiento del poder adquisitivo, IPC real, mediante una ley, o su traspaso a un Art. fundamental de la Constitución, sino que además, sugiere la posibilidad de otros elementos para tener en cuenta la revalorización en el futuro, como; los salarios, la evolución de la economía, o el comportamiento las propias cotizaciones de la Seguridad Social.

Sobre esto, también hemos de pensar, que llevan años haciendo que los ingresos de la S. Social disminuyan, mediante las reformas laborales, que han llevado poco menos que a la esclavitud a muchos trabajadores, y precisamente por eso apuntan al comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social, como parámetro a tener en cuenta.

Pues bien, el Art. 50 de la CE y el Convenio 102 de la OIT, ya dejan de una forma clara y meridiana esta situación de obligatoriedad de revalorización de las pensiones, por tanto considero que lo que nos están vendiendo como la clave de bóveda, la revalorización de nuestras pensiones, sigue quedando al libre albedrío del partido gobernante y de las mayorías que haya en el Congreso de los Diputados.

No hace ni la más mínima recomendación de que  las pensiones mínimas se igualen al SMI 950 euros en una primera subida, ni mucho menos de la posibilidad de igualarlas al 60% del salario medio del país, como dice la Carta Social Europea.

3.-El Fondo de Reserva o “Hucha de las Pensiones”

Aquí la Comisión hace un “brindis al sol”, y propone que los remanentes han de ir siempre al Fondo de Reserva, no hace ni una sola mención, al porque se agotaron los 68.000 millones que tenía a finales de 2.013, ni por qué no se dijo nada cuando M. Rajoy, modificó la Ley que le impedía usar más de un 3% de ese Fondo de Reserva en un ejercicio, ni pide que se haga una auditoria sobre donde fueron a parar esos 68.000 millones.

Vale la pena comentar que dicho Fondo de Reserva, tenía tres comisiones: La Comisión de Gestión Técnica, La Comisión Asesora de Inversiones y la Comisión de Seguimiento.

¿Qué hacían?

En la Comisión de seguimiento había representación sindical y era preceptivo que el Gobierno presentase un informe anual sobre la evolución y composición del Fondo al Congreso de los Diputados.

No sé vosotros/as, pero yo nunca pude leer absolutamente nada, de que estaba pasando con el Fondo, por parte de ninguna de estas comisiones.

Pero lo que es peor es que nos habla de remanentes, cuando todas las políticas que se han desarrollado desde que se creó esta Comisión, han ido destinadas a disminuir los ingresos del sistema, cuando se ha permitido, sin el más pequeño pronunciamiento, la desregulación más absoluta del mercado laboral. La pregunta es: ¿Qué remanentes piensan que puede tener el Sistema?

 4.-Cotización de autónomos.

Esta recomendación trata de pedir que se vaya a dos sistemas de pago en un solo sistema de cotización a la Seguridad Social, uno para los trabajadores por cuenta ajena, y otro para los trabajadores por cuenta propia, y es aquí donde entran los autónomos (muchos de los cuales son falsos autónomos).

Aquí la Comisión se olvida de una de sus recomendaciones primeras, la convergencia de los diferentes subsistemas en un solo sistema de Seguridad Social. A fecha de hoy, después de 25 años desde la creación de esta Comisión, aún existen varios sistemas no integrados en el General de la S. Social.

Tampoco la Comisión, discrimina sobre que autónomos, porque no es lo mismo un autónomo que puede tener un negocio, o una empresa con trabajadores, o que sea un profesional que trabaje solo o que sea un repartidor de Amazon.

En este punto vale la pena recordar que, si se está tratando de hacer algo con los falsos autónomos, es gracias a nuestras propuestas, trasladadas a la actual Presidenta de la Comisión Magdalena Valerio, en la reunión celebrada el día 31 de julio de 2.018.

5.-Periodos de cotización.

Aquí la Comisión recomienda mantener la nefasta Reforma de Pensiones de 2.011, la del Gobierno Zapatero aprobada con la firma y el beneplácito de CC.OO  y  UGT,  que  ya  viene  provocando  desde 2.015 una perdida en las expectativas de pensión de los actuales trabajadores, perdida que con el aumento de la edad legal de jubilación a 67 años, más los 25 de base reguladora, llegará en muchos casos a la cantidad de entre un 20 y un 30% menos de su pensión.

En mi opinión, no se para que puede servir una Comisión que se constituye para hacer sostenible el SPP y no opone la más mínima resistencia, a toda esta pérdida de derechos. En realidad solo es un lobby, que se constituyó con el objetivo de terminar con el Sistema Público de Pensiones.

En esta recomendación, la Comisión podría muy bien haber tomado la molestia, de tener una visión más realista con la sociedad que la rodea,  o estudiar la posibilidad de otras medidas, que no sea alargar la edad de jubilación (menos aun cuando tenemos un paro juvenil del 40%). Estas posibles vías de actuación podrían ir desde: reducir la jornada laboral manteniendo los salarios, poner impuestos finalistas, aumentar un punto la cotización social empresarial, cargas fiscales a la robotización de las empresas, etc., pero no, es mejor tirar por el derecho y limitarse a lo mismo de siempre, ni siquiera apuntan a la llamada nueva revolución digital, o 4.0 que está llamando a la puerta. No se trata de recortar gastos, se trata de elevar los ingresos.

 

6.-Incentivos al empleo.

Aquí la Comisión, se limita a decir que se ha de mejorar el empleo, pero que no se ha de incentivar la contratación continuamente como vienen haciendo los respectivos gobiernos. Sí que aconseja proteger especialmente a los colectivos más desfavorecidos.

Tampoco se molestan mucho en hacer aportaciones en sentido de ir transformando el mercado de trabajo, con fuertes incrementos en I+D+i, o tratar de crear empleos de alto valor añadido, en sectores de las energías renovables y limpias, o las nuevas tecnologías, de tal manera que se cambie el sistema actual, que pivota sobre el turismo y los servicios (actividades muy inestables), en casos como catástrofes atmosféricas, atentados o pandemias como la actual, que además solo aportan salarios y contrataciones de mala calidad, que reducen drásticamente las aportaciones al Sistema Público de Pensiones. Se debería facilitar la participación laboral de las mujeres (solo 52% de tasa de actividad), el empleo juvenil y el empleo estatal que es muy bajo en comparación con la UE: sanidad, educación, escuelas infantiles, servicios sociales, etc. Se podrían crear un millón de empleos.

7.-Modernización e información al ciudadano.

En esta recomendación, la Comisión entra a valorar el trabajo que se ha hecho en cuanto a los nuevos sistemas de información al ciudadano, resalta lo avanzado que está actualmente el sistema, insta al Gobierno que cumpla con las obligaciones de información al ciudadano, que fija el Art.17 de la Ley General de la Seguridad Social, para que el ciudadano pueda estar informado de sus expectativas futuras de pensión.

El Partido Popular ya decía hace años que pondría los medios, para que los ciudadanos pudieran saber en cualquier momento que posible pensión tendrían en el futuro. Pero eso no se puso en práctica, quizás para no alarmar a los futuros/as pensionistas, dado que la disminución, ya se empezaba a notar como consecuencia de la reforma de 2.011.

8.-Gestión del sistema.

 Aquí, después de hablar de la necesidad de mejorar la gestión del sistema, tanto por parte de la Seguridad Social, como de las entidades gestoras y colaboradoras, la Comisión recomienda la creación de una Agencia de la propia Seguridad Social, con la finalidad de que garantice, la simplificación, racionalización de economía de costes.

No entendemos para que duplicar más aun la burocracia, en un momento en que las nuevas tecnologías permiten agilizar los procesos entre administrados y Administración.

También pide que se cubran los puestos de trabajo del personal que se ha ido jubilando, y que se rejuvenezca la plantilla administrativa.

9.-Mutuas colaboradoras de la Seguridad.

En esta recomendación, la Comisión plantea la necesidad de que dichas mutuas, mejoren la paridad en sus órganos de gobierno.

Quiero recordar que la Seguridad Social, ha salvado a muchas de estas mutuas y entidades, lo que no concuerda mucho con la necesidad de seguir duplicando la burocracia.

Vale la pena recordar, que las mutuas llevan años asumiendo cada vez más competencias, incluida el control de las bajas comunes de los trabajadores en muchos casos. Y, aunque dicen que son sin ánimo de lucro, no son más que organizaciones empresariales, que chupan del sistema de la Seguridad Social.

Esto ha perjudicado a los trabajadores, ya que las mutuas ejerciendo el control de las bajas comunes en muchos caos, lo que mejor saben hacer es presionar para que esos trabajadores se incorporen al trabajo aunque no estén completamente curados.

10.-La lucha contra el fraude:

 En esta recomendación, se menciona lo negativo del fraude para el sistema (eso sí, en primer lugar se menciona a los ciudadanos/as defraudadores), parece que para la Comisión esto es lo más negativo.

Hace la petición de que se pongan en común los diferentes sistemas informáticos, de todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude, como son: La Tesorería General de la Seguridad Social; el Instituto Nacional de la Seguridad Social; Los Servicios Públicos de Empleo; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las Instituciones Tributarias Forales, y el Ministerio del Interior.

En esta recomendación también se pide, una estrecha colaboración con las CCAA para una mejor utilización de los recursos. Esta es la teoría. En la práctica la inspección de trabajo carece de los medios humanos suficientes para ser eficaces en la lucha contra el fraude. Veremos si se contrata más personal para este fin.

11.-Contributividad.

Esta recomendación no ha variado en la práctica desde el año 2.011, y básicamente recomienda que se ha de mantener la relación entre el esfuerzo que hace el trabajador en sus aportaciones al sistema, y la posterior remuneración de su pensión.

Todo y así, recomienda que se han de tener en cuanta determinadas excepciones, de cara a los trabajadores/as que se ven obligados a jubilarse antes, como con los que tienen largas carreras de cotización.

No hace por eso, ni una mención al movimiento AJUVI, un colectivo que tiene 40 años o más cotizados, y que lleva años pidiendo que no se les penalice de por vida, sino que esa penalización de los coeficientes reductores, deje de aplicarse a partir de que cumplen la edad ordinaria de jubilación, 65 años.

12.-Edad de jubilación.

Esta recomendación en línea con lo que piensa el Gobierno, mantiene que la jubilación ha de ser a la edad ordinaria, o sea los 67 años de la reforma de 2.011 de Zapatero, firmada por CC.OO y UGT.

No se entiende que esta Comisión, desconozca que tenemos actualmente un paro juvenil del 40%, que más de 300.000 jóvenes, en los que hemos invertido mucho dinero público para formarlos, hayan tenido que salir de España, dadas las pocas o nulas expectativas laborales que se les ofrecían aquí.

Por lo visto tampoco la importa los miles y miles de jóvenes que salen de la universidades, para estar como becarios en una empresa durante años, sin cobrar nada, o lo mínimo posible.

No se entiende, que la Comisión desconozca el entorno Europeo en el que estamos, y donde hace años que funcionan reducciones de jornada, jornadas a tiempo parcial (con salarios estables y dignos), y otras medidas laborales tendentes a paliar estos problemas. Alargar la edad de jubilación perjudica doblemente a quienes tienen profesiones más duras y salarios bajos porque la esperanza de vida y el tiempo de vida saludable son menores que quienes tienen rentas altas y trabajos con poco esfuerzo físico.

13.-Prestaciones de viudedad y orfandad.

Esta recomendación, a pesar de que en su segundo apartado se pronuncia por mantener las dos prestaciones como contributivas, y se manifiesta en contra de la utilización de otros parámetros como (edad, renta, hijos o compatibilidades) al  asignarlas, lo cierto es que toda su argumentación posterior, va encaminada a su modificación en unos años, para pasar a considerarse una mera aportación económica de subsistencia, excepto a personas viudas con más de 65 años sin otras rentas.

14.-Esta recomendación ha sido suprimida.

15- Solidaridad y criterios de suficiencia.

Más de lo mismo, en esta recomendación plantean al Gobierno que sería conveniente tener fijado una pensión mínima, como tenemos establecido un Salario Mínimo Interprofesional, y evitar los casos de pobreza severa que se están produciendo, en nuestro sistema público de pensiones.

Pero casualidad o no, se olvida de que decenas de miles de pensionistas del Estado, llevamos años reclamando una pensión mínima igual al salario mínimo y que, a su vez, habría de ser el 60% del salario medio de cada Estado miembro. En España (tal y como dice la Carta Social Europea), es de1.084 euros al mes y 14 pagas al año.

16- Sistemas complementarios:

Es esta una recomendación que como decimos en Catalunya, se puede considerar el “rovell de l’ou”. O sea, el meollo de la cuestión.

Utilizan el Art. 41 de la Constitución para argumentar, que este abre la posibilidad a otros sistemas de carácter voluntario. Pero no utilizaron el Art. 50 de la misma Constitución o el Convenio 102 de la OIT, para decirle a M. Rajoy, que no podía congelar las pensiones.

 Bajo este paraguas, quieren introducir (copiando el modelo de las EPSV de Euskadi y el modelo británico) los planes de pensiones de empresa.

¿En qué consiste este sin sentido que propone la Comisión?

El objetivo final es el de adelgazar la parte destinada a pensiones públicas, y derivar una buena parte de estas hacia estas pensiones. Además de que las empresas, en total, paguen menos.

Evidentemente, de este juego participan los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT, que se lucran con la gestión de ellas, además de tenerlas como un punto más a tratar en la negociación colectiva. Por otra parte ellos ya tienen sus propios sistemas.

También se pretende conseguir apoyar una vez más a la banca, para que a través de esta capitalización pueda disponer de liquidez, y llegar a constituir un fondo de inversión, que pueda competir en el mercado globalizado actual.

¿Y los trabajadores que consiguen con esto?

Lo primero, a medio y largo plazo, que sus pensiones públicas en el inmediato futuro sean de miseria.

Lo segundo, terminar con la solidaridad intergeneracional e interterritorial que se produce con el sistema público.

Lo tercero, que se crearán dos o más clases diferenciadas de trabajadores: los que tienen  empleo fijo y bien remunerado, que cuando se jubilen, tendrán una buena pensión pública, acompañada de una complementaria de la empresa, o incluso de una privada y quienes tengan solo una pensión pública asistencial.

Lo cuarto, mucha inseguridad, ya que en la situación económica actual, de una volatilidad extrema, genera mucha más confianza poner ese dinero en la caja común de la Seguridad Social, que en una entidad privada.

Lo quinto, que este sea el primer paso hacia la Mochila Austriaca, que terminara de forma definitiva con los pocos derechos que los trabajadores/as disfrutan actualmente.

La pregunta que se habrían de hacer todos los trabajadores y trabajadoras sería.

¿Por qué quieren que se ponga ese dinero para que lo gestione una entidad privada, y no se puede poner en la caja única de la Seguridad Social?

Si lo hacemos como ellos quieren, estaremos aumentando la inestabilidad del sistema público, y estaremos eliminando las pensiones públicas de nuestros hijos y nuestros nietos.

Por el contrario si luchamos contra esta imposición las estaremos asegurando.

17.-Mujeres y Seguridad Social.

Si esta Comisión ha abandonado su trabajo en la práctica totalidad de sus campos de actuación, ha sido en este precisamente, el referente a la brecha de género, donde se puede considerar totalmente nulo.

En esta recomendación, la comisión hace una serie de apuntes, en relación con las políticas laborales nefastas en relación con la igualdad de género, los trabajos peor remunerados, los contratos más cortos, los trabajos del hogar… que han dado lugar a que esa diferencia de género en materia de pensiones este hoy en día situada en un diferencial del 37% en contra de las mujeres.

La propia Comisión considera que aunque se hayan desarrollado algunas políticas en ese sentido, no se ha avanzado prácticamente nada.

También reconoce la necesidad de actuar en cuanto a la cobertura de lagunas para hacerlas eficaces, y en la contratación a tiempo parcial, con un porcentaje muy alto de mujeres, haciendo mención a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 8 de mayo de 2.019, por la que condena al Reino de España en el caso Villar Láiz, por trato discriminatorio en cuanto a pensión otorgada por la Seguridad Social, Sentencia confirmada también por el Tribunal Constitucional.

No  entendemos,  como  puede  ser  que  esta Comisión          no     acierte   a detectar,  todas  las injusticias           que   se producen   día  tras día  en materia   de         pensiones, y tenga     que      ser       el Tribunal Europeo quien nos enmiende la plana. En nuestra opinión, nuestro Sistema  Público  de pensiones tiene tantas carencias y tantos parches, en la parte baja de su tabla, que no vemos más que una solución. Que el Estado haga una apuesta seria por regularizar la situación y que el Gobierno tenga la valentía, de fijar la pensión mínima en los 950 euros actuales del SMI, con la perspectiva de llegar a los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea al finalizar esta legislatura, y así mismo, subir el SMI a los 1200 euros en esta legislatura.

17 bis.- Juventud y Seguridad Social.

La   comisión  es   consciente  de   la   dificultad  de nuestros jóvenes para encontrar un empleo, y pide al Gobierno, políticas que faciliten el paso de los estudios al mercado de trabajo.

Pero una vez más, no recomienda al Gobierno que no alargue la edad de jubilación, o que reduzca la jornada laboral, para tratar de integrar a los jóvenes en la sociedad.

Así mismo está preocupada por el descrédito, que sufre la Seguridad Social entre los jóvenes, pero recomienda planes de pensiones ajenos al Sistema, como los planes de empresa, sabiendo que eso debilitara el sistema, y hará efectivos esos temores de los jóvenes, de no tener pensión publica mañana.

La Comisión considera que el colectivo de becarios necesita más protección, y que se ha de profundizar en ella mediante la adopción de medidas legislativas, pero no señala cuales podrían llevarse a cabo.

Hay una muy sencilla, que todos cobren como mínimo el SMI, estén dados de alta en la Seguridad Social, y en un año, que las empresas estén obligadas por Ley a contratarles como un trabajador/a más.

18.-Personas con discapacidad.

En esta recomendación la Comisión hace todo un decálogo de buenas intenciones, y nos remite a la recomendación de 2.011, y a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, y su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2.013).

Mientras que toda la recomendación está llena de buenas palabras y peticiones, la situación que tenemos en los centros concesionarios encargados de las cuidados de diversidad funcional, o de los grados de dependencia son un verdadero caos, de tal manera que no te hacen caso ni aunque vayas arrastrándote, por no hablar de las bajas laborales de larga duración, donde exigen a los trabajadores/as su incorporación al trabajo, en muchas ocasiones en situaciones lamentables.

Ejemplo: Mi compañera solicita grado de revisión  de su grado de discapacidad. El médico y la asistente social que la visitan, nos dicen que pasaran por casa a ver qué grado de dependencia, la correspondería, ya que para ellos supera el 75%, a partir del cual ellos harán la solicitud, ya que han de hacerlo de oficio al llegar a ese 75%. Pasados unos meses, otra persona hace la visita a casa, y nos comunican después de unos meses más, que no tiene derecho a ningún grado de dependencia, la dan un 74% de discapacidad, con lo que eluden el cumplimiento de la Ley, y tienen una persona menos entre las miles que esperan su grado de dependencia, y que mueren esperando; 80 personas al día mueren sin recibir la prestación de dependencia a la que hubieran tenido derecho.

La sociedad necesita menos buenas palabras y promesas, y más cumplimiento de las leyes, y de los programas con los que se presentan los partidos a las elecciones.

19.-Trabajadores migrantes.

En esta recomendación, la Comisión vuelve a aconsejar con más o menos fortuna, lo que se ha de hacer, para que dichos trabajadores/as, se integren en la sociedad, y no se produzcan situaciones de exclusión social, para conseguir que la migración sea un fenómeno beneficioso, y sea percibido como tal, por la sociedad de acogida.

19bis- Seguridad Social y Economía Digitalizada.

 Aquí la Comisión, ve serios problemas de que solo con las contribuciones sociales, se pueda mantener el sistema a medio plazo, dada la nueva revolución tecnológica que tenemos a la puerta. Ahora bien, en recomendaciones anteriores donde se pronuncia por mantener la edad de jubilación, u otras medidas restrictivas semejantes, parece que eso no le importe mucho.

Dice textualmente: El compromiso de esta Comisión con el sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional nos lleva a alertar, en línea con recomendaciones anteriores, sobre la necesidad de corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen los ingresos de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

20.-Control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo.

En esta recomendación, la Comisión trata simplemente de asegurar su propio futuro, convirtiéndose en una comisión permanente, pues no en vano es una comisión obscurantista y se mantiene a lo largo de todas las legislaturas. El siguiente párrafo lo deja bien claro:

“se valora positivamente que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo tenga naturaleza de comisión permanente”

CONCLUSIONES.

La primera conclusión que podemos sacar de todo esto, es que la Comisión del Pacto de Toledo, ni se creó con el objetivo de salvaguardar el Sistema Público de Pensiones, ni trabaja para ello, más bien se ha convertido una firme aliada, de todos esos intereses económicos que compiten por privatizar ese sistema público.

La segunda conclusión sería, que la Comisión procura no meterse demasiado con los actuales pensionistas, aunque no aborda, los duros problemas que afectan a más de 4 millones de ellos, como la disminución de la brecha de género, o igualar las pensiones mínimas al SMI.

Pero sí que les prepara un futuro muy negro a los futuros pensionistas, si estos no reaccionan.

La tercera conclusión sería, que las medidas que se prevé poner en práctica, de los temas de autónomos, de horas extras, la revalorización al IPC, de pasar los gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado, reconocer que la Seguridad Social no tiene déficit… son propuestas, que todas ellas han salido de nuestras reclamaciones. Si no hubiera habido movilización, nada de esto se  hubiera hecho, ni tan solo estaríamos hablando de ello. La división del antiguo Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, de la que siempre nos hemos quejado, ha sido el primer gol que este Gobierno nos ha metido.

Como consecuencia de esta conclusión, haríamos bien en reconocer todos/as, que nuestra lucha no ha sido en vano, que ninguna lucha es en vano. No hemos cubierto ni de lejos los objetivos que teníamos, pero hemos avanzado algo.

 

TRES PREGUNTAS QUE ENTIENDO NOS HEMOS DE HACER.

¿Por qué quieren que los trabajadores hagan aportaciones a los planes de empresa, o privados, cuando esas aportaciones podrían hacerse a la Seguridad Social y reforzar el sistema público?

Ahora que Unidas Podemos está en el Gobierno.

¿Por qué no se habla de la Proposición de Ley, que dicho partido presento en 2.018, y que el PP y Ciudadanos rechazaron? Cuando era una propuesta que recogía el 90% de nuestras demandas.

¿Qué ha cambiado para que con las mismas recomendaciones que ahora, no hubiera acuerdo de la Comisión en febrero de 2.019, y ahora sí haya sido posible?

UNA SOSPECHA.

Tengo la sospecha, de que esta reforma que se avecina (la tercera en una década), será la puerta de entrada a la futura Mochila Austriaca.

 

PONGO  AQUÍ  NUESTRA  TABLA  REIVINDICATIVA REDUCIDA. QUE CADA CUAL SAQUE SUS CONCLUSIONES.

Tabla Reivindicativa de las Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones es la que a continuación relacionamos

Bloque legal

1 El Sistema de Pensiones de la Seguridad Social debe mantenerse como tal Sistema Público y, en caso de necesidad, o déficit, se recurrirá a los Presupuestos Generales del Estado.

2.- Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 65 años, en el contexto de la Proposición de ley Presentada por 71 diputados en el Congreso.

3.- Jubilación anticipada, sin penalizar, con 40 o más años cotizados = 100%.

4.- Recuperación del Subsidio para mayores de 52 años.

5.- Integración en el Régimen General de todos los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

6.- Rechazo a las Reformas Laborables del 2011 y 2013, ya que la precariedad laboral afecta negativamente al Sistema Público de Pensiones.

Bloque económico

1.- Pensión mínima de 1.084 € (a fecha 2017) que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea.

2.- Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real anual. 3.- Recuperación económica de lo perdido desde 2011.

Bloque Social

1.- Reducción, hasta su desaparición, de la brecha de género en las pensiones.

2.- Modificación del tope mínimo en caso de doble pagador.

3.- Pleno e Inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia,

4.- Eliminar todo tipo de copago y/o repago y “medicamentazo”, restablecer los derechos sanitarios, en el sentido de la sanidad pública, universal y de calidad que teníamos.

5.- Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte).

6- Derechos Humanos efectivos: Derecho a la Vida, a una Muerte Digna, a la Libertad, al Trabajo, Sanidad, Vivienda, Refugiados, Extranjería, etc…

 

Que se establezca el compromiso de llevar a cabo un debate profundo a corto plazo sobre el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, con la participación necesaria de las organizaciones de los/as trabajadores/as y pensionistas –pero con todas ellas– como paso previo a la puesta en marcha de la legislación necesaria para garantizar el mantenimiento de Sistema Público de Pensiones e importes dignos.

Así mismo, acometer una verdadera reforma fiscal y una verdadera reforma laboral, en positivo para los derechos de la mayoría social, como herramientas para facilitar la redistribución de rentas y recursos.

Los ciudadanos debemos manifestarnos y salir a la calle con unos objetivos claros y coincidentes con lo que se pide por los miles de pensionistas movilizados y se recoge por decenas de diputad@s en la Proposición de Ley planteada, y apoyada por la CEDSPP.

Sería absurdo y anacrónico exigir unas reivindicaciones menores de lo que realmente necesitan con urgencia los pensionistas actuales y futuros, y planteadas ya en el Congreso; lo que de forma inmediata se traduce en derogar las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.

 

TAGS: COORDINADORA ESTATAL ENDEFENSA de las pensiones [11:05, 26/1/2018]

 

 

Domiciano Sandoval, y Manuel Colinas. Barcelona – León, noviembre de 2020

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