INTRODUCCIÓN.

Este documento es el reflejo de las necesidades más cruciales que presenta el colectivo de pensionistas por incapacidad permanente (IP), y de aquellos enfermos con limitaciones funcionales a quienes el INSS les ha denegado una IP o se la ha revocado, menoscabando sus derechos. Exigimos que, como pacientes y ciudadanos, deben ser escuchados y respetados sus derechos por lasinstitucionescompetentes.

Es por ello,  que este manifiesto pretende que estos puntos sean tenidos en cuenta en posteriores tomas de decisiones y actuaciones de los diferentes Sistemas de Salud, Seguridad Social, Ministerios y resto de administraciones pertinentes, quedando establecida como referente en la línea de trabajo que pretende desempeñar esta Plataforma.

DEFINICIÓN.

 

JÓVENES PENSIONISTAS.

 

Desde Jóvenes Pensionistas pretendemos defender los derechos como ciudadanos y pacientes de los pensionistas por enfermedad o accidente y de todas aquellas personas que están luchando por conseguirlo.Todos sus integrantes somos afectados por distintas enfermedades crónicas y/o degenerativas y hemos decidido consolidar nuestro trabajo a través de esta organización.

Pretendemos que sea una Plataforma plural, participativa e integradora, donde se siga una línea de trabajo apolítica, de respeto mutuo y donde sumar sea la prioridad de todos y todas sus integrantes.Nuestro trabajo está apoyado en las bases de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

​La Plataforma de Jóvenes Pensionistas desea desempeñar su labor en varios ámbitos, por lo que solicitamos a las instituciones pertinentes que colaboren con los propósitos que, a continuación, les procedemos a mostrar; siendo éstos los puntos más importantes para la mayoría de afectados por pensiones por enfermedad que reconocen como sus derechos legítimos:

 

• Que exista información y visibilidad sobre nuestro colectivo, y el apoyo y recursos necesarios para los pensionistas con incapacidades laborales.
• Movilizar y concienciar a la sociedad sobre nuestra situación.
• Por otro lado, atención adecuada en Sanidad y Servicios Sociales.

Es por ello, que desde nuestra organización estamos trabajando en los últimos meses para conseguir que los pensionistas jóvenes -con limitaciones físicas, psicológicas y funcionales- seamos visibles socialmente y exista concienciación sobre los mismos, ya que por nuestra condición tenemos menos posibilidades de realizar movilizaciones y actos públicos, quedando en muchos casos en un segundo plano. Somos un sector amplio de la población que merece ser escuchado y que reivindica que sus derechos fundamentales sean respetados, con el único objetivo de tener una vida digna.

¿QUÉ ES LA INCAPACIDAD PERMANENTE?

La Incapacidad Permanente es una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral.

Para muchas personas la incapacidad permanente constituye no sólo una cuantía económica, sino su única forma de sobrevivir padeciendo una enfermedad crónica o degenerativa e invalidante.

Sobre estas estadísticas, los datos del año 2016 apuntan que en España existían 940.000 personas con incapacidades permanentes reconocidas (no hay cifras oficiales acerca de las que siguen procesos de reclamación judicial por parte de los enfermos afectados), es decir, el 10% de los pensionistas.

Los grados de incapacidad se estiman en función de las reducciones anatómicas o funcionales sufridas por los trabajadores, siempre que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Dependiendo del grado de incapacidad que se solicite, se exigen unos requisitos generales y de cotización.

 

• Incapacidad Parcial para la profesión habitual:  es la situación del trabajador, que como consecuencia de haber padecido una lesión o enfermedad, tiene una disminución en su capacidad laboral superior al 33 %, pero no le impide la realización de las labores fundamentales de su trabajo habitual. La cuantía de la prestación consiste en una indemnización a tanto alzado (24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal).
• Incapacidad Total para la profesión habitual: es la situación del trabajador que tras haber sufrido una enfermedad o lesión, está incapacitado para las tareas fundamentales de su profesión habitual, es decir, inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta. La prestación equivale a una pensión de cuantía igual al 55% de la base reguladora. Se incrementa a una cantidad del 75% de esa base al cumplir 55 años.
• Incapacidad Absoluta para todo trabajo: es la situación del trabajador que tras haber sufrido una lesión o enfermedad, ésta le impide la realización de todo tipo de trabajo o profesión. La prestación equivale a una pensión del 100% de la base reguladora.
• Gran invalidez: es la situación del trabajador que, tras haber sufrido una enfermedad o lesión, ésta no sólo le impide la realización del trabajo, sino que además le impide la realización de la mayor parte de las actividades de la vida diaria necesitando de la ayuda de una tercera persona. La prestación equivale a la pensión según lo establecido en los apartados anteriores, más un complemento destinado a que el afectado pueda remunerar a la persona que le atienda.
• REIVINDICACIONES:
• INCAPACIDADES PERMANENTES.

Las patologías crónicas o degenerativas y determinados accidentes hacen que la calidad de vida de los afectados se vea mermada sustancialmente. Las capacidades familiares, sociales y laborales van variando conforme la enfermedad progresa y/o se sufren niveles de mayor gravedad. A todo ello, se suman las enfermedades asociadas a estas patología (comorbilidades) y sus secuelas correspondientes. Los criterios de valoración, tanto en las evaluaciones para la incapacidad laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) -a través del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI)-, como de los Servicios de Valoración de Discapacidades, deben reconocer en sus baremos todas estas enfermedades limitantes.

Valoraciones en Incapacidades Permanentes:

Basándose en la objetividad de los informes pertenecientes a la historia clínica del paciente (atención primaria, especializada y hospitalaria) y redactados por los facultativos que atienden con regularidad a estos enfermos y, por ende, conocedores de sus casos con precisión solicitamos que:

-El informe de síntesis, realizado por el médico evaluador del INSS, se apoye fundamentalmente en hechos objetivos y probados (diagnósticos, pruebas, tratamientos, efectos adversos…), dando la debida validez a los mismos.

-El EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) tendrá en cuenta de manera prioritaria estos informes, incrementando y mejorando así su efectividad en la valoración de incapacidad permanentes, siendo éstas más justas que en la actualidad.

Por otro lado, también solicitamos que se cumplan los siguientes puntos:

• Permitir asistir con acompañamiento durante las valoraciones del INSS o ICAM.
• Identificación del médico evaluador (mediante chapa identificativa).
• Reembolso de gastos de transporte.

Pensiones permanentes no revisables:

En caso de patologías declaradas con anterioridad como incapacitantes laboralmente, consideramos que si no existen expectativas de mejora de forma sostenida en el tiempo, no deberían realizarse revisiones periódicas en las incapacidades permanentes totales. En muchos casos la población afectada por las limitaciones propias de su enfermedad o por accidente (laboral o no) suelen someterse a tratamientos no curativos -paliativos, para prevenir y evitar complicaciones y riesgos, inmunosupresores, biológicos, rehabilitadores, etc-, ya que no existe cura o terapia que mejore su calidad de vida hasta el punto de poder reincorporarse al mercado laboral.

Esta situación, en la que muchos pensionistas ven retirada su incapacidad permanente, lleva a una situación de empeoramiento progresivo de sus dolencias, tanto físicas como psicológicas, agravando, más si cabe, su ya maltrecha situación de salud.

Para ello es necesario la actualización de baremos y clasificaciones de determinadas enfermedades y lesiones que, según las recientes investigaciones, tienen un claro componente crónico y/o irreversible.

 

ELIMINACIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO.

Desde la Plataforma de Jóvenes Pensionistas estamos a favor de la eliminación del copago farmacéutico en pensiones que estén por debajo del sueldo mínimo interprofesional (SMI). Además, creemos muy necesario mencionar que muchos pensionistas por enfermedad ven incrementados sus gastos en medicaciones y productos sanitarios debido a la existencia del RD 16/2012, del que hablaremos en el siguiente punto. Estos gastos suelen resultar desorbitados si las necesidades del individuo son superiores, derivadas de sus lesiones o patologías. Por ello, somos conscientes que existe una descompensación entre personas con cuantías similares en sus pensiones, por tener diferentes necesidades sanitarias y gastos en fármacos.

 

• Derogación del RD 16/2012.

El Real Decreto 16/2012 deja desfinanciada del Sistema de Seguridad Social mucha medicación y productos sanitarios, necesarios para mejorar nuestras patologías o lesiones crónicas.

Este RD se llevó a cabo como medida extraordinaria ante las reiteradas “situaciones de descoordinación entre los servicios de salud autonómicos lo que se traduce en la aparición de considerables diferencias en las prestaciones y en los servicios a los que acceden los pacientes en las distintas comunidades autónomas .” Estas decisiones también están basadas según el propio decreto en “la realidad socioeconómica y la propia falta de rigor y énfasis en la eficiencia del sistema han conducido al Sistema Nacional de Salud a una situación de grave dificultad económica sin precedentes desde su creación”.

Dado que muchas de las condiciones económicas y del Sistema de Salud que cita el RD ya no presentan un carácter de urgencia, pedimos que el mismo sea derogado y mejore el acceso a las medicaciones y productos sanitarios de muchos pensionistas en situación de vulnerabilidad que son, potencialmente, las personas de avanzada edad y enfermos crónicos.

 

• Listado de medicaciones desfinanciadas por el RD 16/2012

SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD.

El acceso a una atención sanitaria pública es indispensable para la ciudadanía, mayormente si se trata de personas que padecen alguna enfermedad o lesión crónica o degenerativa. La sanidad pública es uno de los grandes pilares para que la población mantenga unas condiciones de vida dignas. Éste es un derecho fundamental que también apoyan la mayoría de profesionales de la salud y que desde que fueron aplicadas determinadas políticas en los  últimos años, se ha llegado a una situación de pérdida de calidad y privatización de servicios básicos.

Dado que existe una necesidad tan crucial para tantos millones de personas, desde Jóvenes Pensionistas apostamos por un sistema de calidad, universal y que llegue a toda la población por igual.

Hoy en día las competencias en sanidad están segmentadas por CCAA, haciendo que los centros sanitarios -ya sean hospitalarios, centros de especialidades o de atención primaria-, no cuenten con un acceso equitativo e integral en todos los casos, con la particularidad de no poder ser atendido en determinados servicios según el lugar de residencia. Esto se traduce en problemáticas tales como no poder acceder a unidades de referencia  especializadas, terapias, tratamientos, etc. Estos inconvenientes también se trasladan a la falta de accesibilidad para obtener fármacos o productos sanitarios entre comunidades autónomas.

Por ello es crucial disponer de una Sanidad Pública, Universal y de Calidad en todo el territorio nacional para poder atender de forma íntegra, coordinada y con garantías a las personas de todas las CCAA sin excepción y cubrir sus necesidades sin diferenciación de ningún tipo.

Equipos Sanitarios Multidisciplinares.

La formación de equipos multidisciplinares es la pieza fundamental para que la atención integral de los pacientes crónicos sea una realidad. Para que dichos equipos funcionen y otorguen un servicio de calidad a los pacientes, exigimos que terapias y especialidades como la fisioterapia, psicología o acceso a salud bucodental, sean parte de esas terapias multidisciplinares.

La diversidad de especialistas que deberán formar este equipo dependerá de las necesidades de cada paciente, aludiendo también a la amplia sintomatología y dificultad de diagnóstico en determinadas enfermedades/ lesiones, para las que algunos casos deberán ser derivados a Unidades de Referencia.

Así los derechos como pacientes se verían cubiertos, pero también se crearían otros beneficios como:

• Abordar esta enfermedad de manera integrada entre las diferentes especialidades clínicas.
• Minimizar los posibles errores de diagnóstico.
• Aumentar la calidad en el servicio prestado.
• Ahorro de costes sanitarios.

Cuando esto sucede, como la mayor parte de enfermedades con secuelas crónicas o degenerativas que requieren un seguimiento continuado a lo largo del proceso y pueden afectar a aspectos físicos, psíquicos y sociales, su manejo también corresponde a atención  primaria. Sus servicios deben ser integrados, coordinados y longitudinales.

ELIMINACIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN PENSIONES.

La brecha de género referente a las pensiones que existe en nuestro país tiene su base en la precariedad del empleo que frecuentemente desempeñan las mujeres, desde labores no cotizadas al sistema de Seguridad Social -señoras del hogar, cuidado de menores-, determinados vetos en distintas profesiones, menor porcentaje en puestos de responsabilidad, hasta los no remunerados -como cuidado de familiares o tareas del hogar-.

Todas estas cuestiones nos han llevado durante décadas al deterioro de las pensiones que corresponden a las mujeres, por ser claramente inferiores a la de los hombres.

Caben destacar también las amplias diferencias que existen entre géneros respecto a las pensiones por incapacidad. La media en varones asciende a 991, 52 euros mientras que en mujeres es de  815,90 euros (datos de 2016). Esta diferencia entre ambos condena a muchas mujeres a tener una situación más elevada de riesgo de exclusión respecto a la otra mitad de la población.

 

SUBIDA DEL SMI Y DE LAS PENSIONES SEGÚN IPC REAL.

 

Desde nuestra plataforma nos hemos comprometido en la lucha conjunta, con otros colectivos de pensionistas, para conseguir la subida del sueldo mínimo interprofesional (SMI) a 1.080 euros y, a su vez, crear unos criterios básicos para la necesaria subida de las pensiones.

Es por ello, que instamos al Sistema de Seguridad Social, al Gobierno y a todas las instituciones pertinentes a que lleven a cabo las recomendaciones del Pacto de Toledo respecto a una subida del IPC real (y no estimado), recuperar las pérdidas de poder adquisitivo que se vienen llevando a cabo desde las políticas implantadas a este respecto desde 2.011 y equiparar las pensiones al coste real de la vida y servicios básicos, y así  garantizar una correcta puesta en marcha de protocolos que salvaguarden los derechos fundamentales de estos pensionistas y puedan acceder a tener una vida digna.

 

• LEY DE CRONICIDAD.

 

Los pensionistas por incapacidad permanente y el colectivo de enfermos crónicos en general son un sector muy amplio de la población que requieren múltiples servicios y atenciones especiales. En concreto, queremos prestar especial atención a todas aquellas personas que presentan algún tipo de vulnerabilidad, tanto en el sector económico, sanitario o social.

Pretendemos que todos ellos puedan tener una vida digna, cubriendo sus necesidades básicas, ya no sólo con la subida de las pensiones más bajas, sino a través de otras ayudas.

Es por ello que los Servicios Sociales se deberían de hacer cargo de las situaciones de desprotección, exclusión social y laboral que experimentan muchas de estos ciudadanos y sus familias, ya que éste no sólo es un problema enfocado a los afectados directos, sino también a menores bajo su tutela o familiares a cargo.

Para ello la Plataforma de Jóvenes Pensionistas insiste en la aprobación y aplicación de la Ley de Cronicidad , como protección integral socio-económica para evitar situaciones de desamparo que llevan a muchos ciudadanos en esta situación a sobrevivir en pésimas condiciones y tener un gran riesgo de empeoramiento en sus condiciones de salud y en su calidad de vida, ya que muchas de estas personas no cobran ningún tipo de prestación pública, ya sea por haber sido rechazadas sus solicitudes de incapacidad permanente, no llegar al 65% de en su valoración de discapacidad o no acceder a las cuantías correspondientes que la Ley de Dependencia estipula para todos aquellos que presentan discapacidades funcionales que impiden realizar sus actividades diarias sin ayuda de terceros.

 

APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA Y LEY DE ACCESIBILIDAD:

 

Ley de Dependencia:

Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, entró en vigor en el año 2007. Esta ley creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Se trata de un conjunto de servicios y prestaciones económicas destinadas a la atención y protección de personas dependientes, que son todos aquellos que por enfermedad, accidente o envejecimiento, presenten una discapacidad funcional para llevar a cabo actividades de la vida diaria, necesitando asistencia para desempeñar dichas funciones básicas.

La ley dice que gracias al SAAD se garantiza la atención a la dependencia por parte de los Servicios Sociales Públicos en todo el estado.

A mediados del año 2018 había 1.730.000 solicitantes, de los cuales se habían resuelto 1,6 solicitudes. De ellas, 1,27 millones de personas son beneficiarias con grado reconocido de dependencia y derecho a prestación, frente a 330.248 que no tienen grado reconocido.

Sin embargo, las CCAA obligadas a hacer frente a estos servicios no reciben de los Presupuestos Generales del Estado las asignaciones de fondos necesarios para su sostenimiento, situación que está empeorando de forma progresiva el estado de bienestar de este sector de la ciudadanía.

Por eso solicitamos que sean destinados los presupuestos necesarios para que dicha ley pueda ser cumplida en su totalidad y así poder ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas, sus familiares y cuidadores.

 

Ley de accesibilidad.

Desde 1.982 la legislación española ha ido incluyendo diversas leyes y normativas donde poco a poco se iban integrando determinados derechos de las personas con discapacidad. Es a partir de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, también llamada Ley de Accesibilidad, cuando realmente se unifican estos derechos.

Su fin primordial es establecer medidas que  garanticen el derecho a la autonomía personal y a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (recogido en la Constitución Española, Artículos 9.2, 10, 14 y 49).

Esta normativa se basa en los siguientes puntos: no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal, y cita: “Se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación que tenga su causa en una discapacidad y la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar en la vida política, económica, cultural y social”. Su ámbito de aplicación comprende: Telecomunicaciones y sociedad de la información / Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación / Transportes / Bienes y servicios a disposición del público / Relaciones con las Administraciones públicas.

Desde nuestra plataforma venimos utilizando la denuncia pública para dar visibilidad a todos los casos en los que esta ley no se lleva a cabo. Abogamos por la integración real y no sesgada de todas las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos e instamos a las administraciones competentes a solucionar los problemas que en relación con la información, los espacios públicos o con disposición al público siguen sin aplicarse.

 

SUPRESIÓN DE DESCUENTOS SALARIALES.

 

Mantenerse en el mercado laboral sufriendo problemas crónicos o degenerativos incapacitantes en la salud es una tarea complicada. Además de tener amplias dificultades para conseguir un puesto adaptado a esas limitaciones, la precariedad de los empleos, la menor oportunidad de formarse y la inaccesibilidad a determinadas profesiones, según las limitaciones o grado de discapacidad de cada individuo, hay que tener muy en cuenta las constantes revisiones médicas, pruebas clínicas, tratamientos, hospitalización y/o incapacidades temporales (bajas médicas) por la aparición de nuevas patologías, lesiones, síntomas, empeoramiento de las ya existentes o recaída. Esto lleva al trabajador a la pérdida constante de parte de su salario por sus problemas de salud.

Es imprescindible que tal sector de la población no vea mermado su poder adquisitivo por estas cuestiones y se lleve a cabo la supresión de los descuentos salariales por incapacidad temporal o recaída, que bien parecen un “castigo” a estas personas en forma de sanción económica.

 

VIVIENDA ASEQUIBLE Y ACCESIBLE.

Partiendo en este punto del Artículo 47 de la Constitución Española donde cita “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, es imprescindible mencionar el deterioro que ha sufrido el mercado inmobiliario tras el estallido de la crisis económica y la burbuja inmobiliaria en el año 2.007. La llamada estafa hipotecaria, la banca y a la complicidad de los diferentes gobiernos e instituciones nos han llevado a tener una situación insostenible respecto a la accesibilidad a una vivienda que sea habitable y asequible.

La situación general es lamentable, pero lo es más si cabe para personas con bajos recursos económicos que perciben pensiones mínimas y están en riesgo de exclusión por diferentes causas, entre ellas su falta de salud. Muchas de estas personas cuentan además con problemas de diversidad funcional, por lo que los alojamientos también deben estar adaptados a sus necesidades, libres de barreras arquitectónicas y estructurales.

Es crucial poder dar acceso a este sector de la población a viviendas públicas con las que no tengan que sobreendeudarse, ofrezcan los servicios y suministros básicos necesarios y les garantice una residencia que ofrezca estabilidad y seguridad a los ciudadanos que las demanden.

DESCUENTOS EN TRANSPORTE.

Las ventajas económicas relativas al transporte público en las diferentes Autonomías y municipios, suelen estar ligadas a unos requisitos que estipulan que sólo se ejercen determinados descuentos a pensionistas por jubilación, mayores de 55, 60 o 65 años. La coordinación entre comunidades y servicios de transportes públicos sería crucial para poder ejercer las actuaciones pertinentes que permitan a otros pensionistas acceder a esas rebajas.

El acceso a un transporte adaptado a la diversidad funcional y a las bajas cuantías que perciben prácticamente la mitad de los pensionistas por enfermedad, facilitaría la movilidad de los ciudadanos pertenecientes a este colectivo.

De esa manera, se podría avanzar en el campo de la integración en varios terrenos esenciales (sanitario, educativo, laboral, social…) para mejorar la accesibilidad y desplazamientos a cualquier punto de su entorno u otro destino, mejorando así su calidad de vida.

 

                                                                                                             5 de Noviembre de 2.018

                                       

 

Luis Alejos Escarpe

Sociólogo y pensionista.

kalejos@hotmail.com                                                              

La defensa del sistema público de pensiones aporta aspectos tan novedosos que constituye un fenómeno singular. Destacan en particular el plano organizativo, los escenarios donde se desarrolla y la prolongada duración del conflicto. Para encontrar experiencias con alguna similitud habría que remontarse al movimiento obrero durante el periodo franquista y la Transición. No es casual que quienes dinamizan esa lucha estuviesen entonces en plena juventud y se comprometiesen en diversas causas. Las movilizaciones de pensionistas constituyen un acontecimiento social digno de estudio. Su problemática ya ha sido tratada en cursos de verano universitarios. Este artículo analiza sus orígenes y trayectoria con un enfoque sociológico, sin pretender abarcar aspectos que atañen a la política, al derecho y la economía. Términos clave: pensionistas, reivindicaciones, concentraciones,

“No veo por ningún lado la crisis de las pensiones” Miren Etxezarreta

Hain alderdi berrien erakarpena egiten du Pentsio-sistema publikoaren defentsak, ezen fenomeno bitxi bihurtu baita. Haren antolaketa, agertokia eta gatazkaren luzaroko irau pena azpimarratzekoak dira. Antzeko esperientziak aurkitzeko Francoren eta trantsizioaren denboraldietan egondako langile-mugimenduraino atzera egin beharko genuke. Gaur egun borroka hau burutzen dutenak, lehen aipatutako garaian gaztetxoak ziren, kausa desberdinetan arduratuta zeudenak, beraz, eskarmentu handiko partaideak ditugu. Pentsiodun-mobilizazioak garrantzi handiko gertaera sozial baten parte dira; hortaz, ikertuta izateko merezidunak. Unibertsitateko udakurtsoetan jadanik proble-matika honi buruz mintzatu da. Artikulu honetan ikuspegi soziologiko batetik fenomeno honen hasiera eta jarduera aztertuko dira, politikari, zuzenbideari eta ekonomiari dagozkien aldeak jorratzeko asmorik gabe. Gako-hitzak: Pentsiodunak, aldarrikapenak, kontzentrazioak, antolaketa

1. Consideraciones previas.

Dado que las movilizaciones de pensionistas constituyen un fenómeno reciente e inesperado, sin antecedentes ni episodios anteriores, no es posible documentarlo ni contrastarlo con otras fuentes. Tan solo cabe verificar si merece la consideración de movimiento social. Sin ser previsible que estallase el conflicto, al tratarse de un colectivo disperso y sin trayectoria reivindicativa, quienes se dedican a estudiar la problemática de las pensiones públicas sí venían destacando la posibilidad de esas acciones colectivas. Veamos algunos ejemplos:
La reforma de las pensiones ha pasado sigilosa por encima de la sociedad española, sin que apenas se haya expresado el conflicto social latente en ella, pese a que todos los sondéos reflejaban un fuerte rechazo a algunas de sus medidas más conocidas. A ello ha contribuido, sin duda, el apoyo que ha recibido de las dos principales centrales sindicales, que no ha convencido pero si ha desactivado posibles respuestas, pero también el contexto de crisis en que se ha producido el rápido cambio legislativo. (Sáenz, 2011:162)
Ante la dureza que supone la propuesta actual (reforma de 2013), que además viene cuando justo se están experimentando las de la reforma de 2011, es posible que la opinión pública reaccione con más fuerza, pero todavía no se percibe una actitud de resistencia, rechazo y actuación como serían necesarias para por lo menos intentar frenar este nuevo y amplio ataque. (Etxezarreta 2013:56)
Una característica sorprendente de estas reformas es que, a pesar de conllevar reducciones drásticas de las pensiones, se han realizado sin demasiadas protestas de los sindicatos y agentes sociales. Quizá sea porque las reformas se han hecho en medio de una crisis o quizá porque los efectos son de largo plazo. Pero la realidad es que las reformas han sido aceptadas sin casi oposición (Zubiri, 2015:260).

2. Movimiento social de pensionistas.

No resulta fácil datar el nacimiento de la mayoría de los movimientos sociales, sea el feminista, el ecologista o el antimilitarista. Sin embargo, el movimiento de pensionistas surge un día concreto, a una hora determinada, en un lugar preciso, respondiendo a una cita: “lunes 15 de enero de 2018, a las 12 del mediodía, en el Ayuntamiento de Bilbao, defenderemos nuestras pensiones. Pásalo”. Este escueto texto u otro similar es el mensaje que circuló a modo de convocatoria por las redes sociales, logrando reunir a varios cientos de personas, sin brecha digital en la edad madura.
Fue un acto improvisado, no autorizado. Entre quienes asistieron nadie ha podido precisar cómo se promovió. Intervinieron varias personas que, sin utilizar megáfono, insistieron en la necesidad de pasar la voz para volver a concentrarse el lunes siguiente. Una semana después la concentración estaba autorizada, se disponía de megafonía y acudió un millar de personas. En fechas sucesivas la participación siguió creciendo, hasta alcanzar una cifra que ronda las 5.000 personas. Mientras esas escenas se desarrollaban en Bilbao, lo mismo ocurría frente a los ayuntamientos de Barakaldo, Santurtzi, Basauri y muchas otras localidades de Bizkaia.
El escenario de las concentraciones de pensionistas no resultó del agrado del Alcalde de Bilbao: “le “incomoda” que se manifiesten semanalmente junto al Ayuntamiento “teniendo a la Delegación de Gobierno como eje” de sus protestas” (Europa Press 12/03/2018). Puede que el Sr. Aburto haya cambiado de opinión. Las concentraciones de pensionistas han convertido en un símbolo la fachada del ayuntamiento y la escultural esfera ovoide de Oteiza que cada lunes destaca sobre la muchedumbre.

2.1. ¿El activismo de los pensionistas es un movimiento social?.

Despejaremos las dudas basándonos en sus características:
Un movimiento social es una forma colectiva de acción (reclamar pensiones dignas), y la existencia de una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto (pérdida del poder adquisitivo de las pensiones)”. “Surge, pues, porque existen carencias organizativas (los pensionistas no se sienten representados por los sindicatos)”. Creen que los problemas, a favor de cuya solución ha decidido movilizarse, deben solucionarse de forma participativa, igualitaria y cooperativa (concentraciones, manifestaciones). (Ibarra, Grau 2000:02)
Los tres rasgos que conforman esos marcos, potencialmente impulsores de una decisión de movilización, son los siguientes. Sentimiento de que algo injusto está ocurriendo y de que hay alguien culpable de esa injusticia (gobierno); sentimiento de que esa injusticia recae sobre un colectivo con el que el individuo se siente solidario, de que existe un “nosotros”, una identidad colectiva (pensionistas), violada por esos “otros” culpables; y finalmente, sentimiento de que es posible, en una movilización colectiva, vencer –juntos- esa injusticia(concentraciones). (Ibarra, Grau, 2000:03)
Las movilizaciones de pensionistas poseen los elementos definitorios de cualquier movimiento social, volveremos a corroborarlo en referencia al perfil de los activistas y al modelo organizativo de dicho movimiento.

3. El asociacionismo en el colectivo de pensionistas.

Hay multitud de asociaciones de pensionistas, la mayoría son asistenciales. Hasta el inicio de las movilizaciones del año en curso, si exceptuamos las agrupaciones de pensionistas promovidas por sindicatos, apenas había plataformas reivindicativas.
Siendo características esenciales de las asociaciones de pensionistas la pluralidad y la dispersión, existe interacción y reciprocidad entre movilizaciones a nivel estatal y en Euskadi. Dos ejemplos lo evidencian: en el País Vasco se asumió el llamamiento promovido por la Coordinadora Estatal (COESPE) el 5 de mayo, y viceversa, la COESPE apoyó la movilización impulsada desde Euskadi tres semanas después, el 26 del mismo mes. Ocurre otro tanto con la manifestación promovida por asociaciones del País Vasco y Navarra para el 15 de diciembre, la COESPE convocará el mismo día en el conjunto del Estado.

3.1. Asociacionismo de ámbito estatal.

Al margen de los sindicatos, dos organismos sin vinculación orgánica agrupan a la generalidad de las asociaciones reivindicativas representativas:
Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)
Se crea en 2016, está constituida por unas 200 plataformas de pensionistas de todas las Comunidades Autónomas. Se han integrado en ella asociaciones como la catalana Marea Pensionista o sectores del movimiento Yayoflautas, surgido del 15-M. Tiene carácter apartidista y asindical, funcionamiento asambleario, autonomía territorial. El factor aglutinador de esa red asociativa es su tabla reivindicativa.
Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP)

Principal reivindicación: “Las pensiones públicas deben elevarse en nuestra Carta Magna a la categoría de derecho fundamental, prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo.” Destaca por su alcance mediático y el apoyo de personalidades de diversos ámbitos. Agrupa 250 colectivos, incluyendo sindicatos y partidos políticos.

3.2. Asociacionismo en Euskadi y Navarra.

En las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra el asociacionismo reivindicativo es más amplio y está más consolidado que en el Estado. Se caracteriza por la dispersión, no coincide con el modelo unitario de Bizkaia. Hay unidad de acción, aunque no agrupa a todas las plataformas. Se convocan reuniones periódicas para
analizar la situación y planificar movilizaciones coordinadas, suelen ser manifestaciones simultáneas en las cuatro capitales.

4. Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB).

Se cimenta sobre las concentraciones y funciona como equipo de trabajo. Integrado al comienzo por unas 30 personas, en la actualidad se ha duplicado. Se reúne cada semana, en general los miércoles, casi siempre en el centro cívico La Bolsa de Bilbao. Programa y coordina acciones, elabora y difunde declaraciones, informando de todo ello en las concentraciones locales y a través de la prensa.
Dicho equipo se constituyó de forma espontánea, lo mismo que surgió el movimiento de pensionistas. Se participa a nivel personal, sin ser preciso formar parte de una asociación. Basta acudir a las concentraciones de cualquier población. Otra función del MPB es zanjar diferencias de todo tipo: personales, organizativas o ideológicas, para que no se trasladen a las concentraciones. Este problema afecta sobre todo a Bilbao, no se suele dar en el resto de municipios de Bizkaia.

4.1. Asociaciones integradas en el MPB.

En Bizkaia, como en Euskadi y el conjunto del Estado, abundan las asociaciones de pensionistas, sobre todo de carácter asistencial y cultural. Tan solo en Bilbao hay 53. En proporción a su número, son pocas las asociaciones que participan en actividades reivindicativas. Dado que las organizaciones sindicales suelen tener federaciones o secciones de pensionistas, sorprende que ELA, sindicato mayoritario en todos los territorios de Euskadi, apoye las movilizaciones sin considerar necesario mantener una representación directa en el MPB.
Nagusiak: es la asociación mayoritaria, más veterana y menos ideologizada. De hecho es un organismo asistencial institucional que se suma a la acción reivindicativa. Agrupa 138 asociaciones de todos los municipios de Bizkaia, declarando 50.000 asociados.
Pentsionistak Martxan: promovido por la izquierda abertzale, es el grupo más estructurado y activo. Insiste en la acción unitaria en el conjunto del País Vasco y Navarra. Sus aspiraciones soberanistas son compatibles con el apoyo a reivindicaciones y movilizaciones de ámbito estatal.
Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia: pertenece a la Coordinadora Estatal (COESPE). Varias plataformas municipales de Bizkaia forman parte de ella. Su principal objetivo es la defensa del sistema público de pensiones. Su seña de identidad en el País Vasco es la oposición a la proliferación de las EPSV de empleo.
Personas Jubiladas de Bizkaia (PJB): surge en Bilbao. Dado su carácter local, al comienzo la prensa identificaba al MPB con PJB. Utilizando vínculos orgánicos se ha entrevistado con delegaciones de Podemos y del PSOE. Estuvo adscrita a la Coordinadora Estatal (COESPE), desvinculándose posteriormente.
Movimiento 15-M: agrupa a pensionistas que participaron en el Movimiento 15-M.
Asociación de Jubilados y Pensionistas por la Democracia de Bizkaia, vinculada a la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO.
Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT (UPJ – UGT)
En la mayoría de las plataformas y coordinadoras de pueblos no hay incidencia directa de las asociaciones, ese rasgo destaca sobre todo en Bilbao.

4.2. Ámbito territorial del MPB.

Listado no exhaustivo de poblaciones representadas en el MPB:
Bilbao, Barakaldo, Basauri, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Trapagaran, Sopuerta, Ortuella, Abanto y Zierbena, Getxo, Leioa, Erandio, Sopela, Galdakao, Zornotza, Durango, Yurreta, Berriz, Ermua, Zaldibar, Zornotza…Otras poblaciones donde se realizan concentraciones sin participar en las reuniones del MPB: Mungia, Gernika, Bermeo, Balmaseda, Lekeitio, Derio …

4.3. Modelo organizativo del MPB.

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia es un equipo de coordinación dedicado a planificar y gestionar acciones reivindicativas. Dado que la lucha surge de forma espontánea y se expande de la misma manera, el MPB constituye un movimiento social de base, coordinado a nivel horizontal, con autonomía municipal. Es unitario y plural, integra a personas de sensibilidad nacionalista y estatal, gente afín a los sindicatos o que los rechazan. Se respeta la igualdad, en la representación tienen prioridad las mujeres. Hay sensibilidad hacia la problemática lingüística, se procura que haya intervenciones en euskera y que los documentos sean bilingües. No existe estructura vertical, no hay portavoces oficiales. Las portavocías son rotatorias, se eligen en cada acto. No hay liderazgos individuales, las movilizaciones se secundan porque las convocatorias llevan la firma del MPB.
La participación en ese grupo de coordinación es voluntaria e individual, sin ser preciso pertenecer a ninguna asociación. No hay delegaciones de plataformas ni de asociaciones, quienes lo integran carecen de representatividad formal. Al no ser posible establecer criterios de proporcionalidad, las decisiones relevantes se toman por unanimidad, tras arduos debates. Hay estabilidad en la participación, aunque la asistencia fluctúa entre 40 y 60 personas. La representación más numerosa procede de Bilbao, siendo la más ideologizada y plural. Las delegaciones de los pueblos resultan más homogéneas. Las características básicas del MPB son: composición plural, autonomía local, liderazgo compartido y decisiones por consenso.
Conforme corresponde a un fenómeno social que surge y se expande de forma espontánea, el MPB carece de estructura orgánica. Sin embargo, está coordinado y tiene normas de funcionamiento basadas en el modelo asambleario.
los movimientos tienen una notable capacidad de informalidad organizativa, métodos no convencionales, redes preexistentes disponibles para canalizar fácilmente las tensiones emergentes. (Ibarra, Grau 2000:04)

5. Unidad en la diversidad.

La composición del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia además de plural es muy compleja. Tanto, que para describir sus características es preciso basarse, a falta de fuentes documentales precisas, en analizar comportamientos. Insistimos en que la incorporación al MPB y a las diversas plataformas o asociaciones que lo integran es voluntaria e individual. No siendo posible cuantificar la representatividad de sus componentes, ni el liderazgo de sus miembros. Para acercarse a la realidad hay que observar lo que acontece cada lunes en las concentraciones (sobre todo en la de Bilbao) y los miércoles en la asamblea abierta donde se coordinan las actividades.

5.1. Dilemas internos.

El primer escollo que surgió al crearse el MPB como equipo coordinador de la lucha fue la presencia de sindicatos (UGT y CCOO). Se zanjó aceptando, no sin recelos, su integración. Después apareció el protagonismo personal. Se compite por ir en la pancarta, leer comunicados o intervenir en ruedas de prensa. En los plenos la mayoría de las discusiones están motivadas por la imagen ante los medios de comunicación. Ocurre en Bilbao porque la prensa está concentrada en la capital.
Un punto de fricción es el posicionamiento respecto a los planes de pensiones de empleo (EPSV), implantados en la administración pública vasca y en amplios sectores industriales de Gipuzkoa. En la promoción y gestión de las EPSV están implicados los cuatro sindicatos mayoritarios. En el MPB se ha conseguido llegar a un acuerdo para reclamar que se supriman las bonificaciones fiscales.
La puesta en marcha de la mesa de concertación puede reavivar el conflicto sindical, si quedan fuera los sindicatos de ámbito autonómico. Se puede llegar a cuestionar la legitimidad para negociar sin representar al conjunto de los pensionistas y careciendo de la capacidad de movilización que tienen las plataformas. Está por ver si CCOO y UGT defienden en la negociación las reivindicaciones que ahora asumen o toleran: demanda de 1.080 € de pensión mínima, derogación de la reforma laboral del PP (2013) y también la que ellos firmaron con el anterior gobierno del PSOE (2011).
Otro motivo de disenso es la “caja única de las pensiones”. Pentsionistak Martxan reclama un sistema de pensiones propio en Hego Euskal Herria. El problema se neutraliza obviando el modelo de pensiones en la plataforma reivindicativa. Si no se respeta ese acuerdo tácito hay tensiones. El manifiesto conjunto de asociaciones de Navarra y de Euskadi hecho público el 18/10/18 declara: “… en relación con las Instituciones Vascas, no se libera por Ley su capacidad para ejercer competencias a la hora de decidir su techo de gasto y dignificar las pensiones a las que el Estado renuncia”. Tal posicionamiento motivó una ardua polémica. Algunas plataformas se negaron a difundirlo. Hechos de ese tipo ponen a prueba el frágil equilibrio del MPB.

5.2. La cuestión del liderazgo.

Toda organización, aunque tenga una estructura mínima, como los movimientos sociales, tiende a la jerarquización. Está ocurriendo entre quienes integran el MPB, pese a carecer de representatividad formal, dado que no se ha efectuado ningún nombramiento o designación. Queda dicho que ni siquiera hay portavoces oficiales. En las concentraciones de Bilbao un elemento tan material como el control de la megafonía es un instrumento de poder que determina el orden y la duración de las intervenciones, facilitando además el acceso a los medios de comunicación. Esas circunstancias establecen un rango, una jerarquía, aunque el liderazgo sea colectivo. Las movilizaciones se secundan porque las convoca el MPB, no se responde al llamamiento de nadie con cualidades carismáticas.

5.3. Perfil de activista de movimientos sociales.

Ese individuo que siente solidariamente la injusticia y que cree que a través de una movilización colectiva y solidaria es posible eliminarla (Ibarra, Grau 2000:04).
Además de la conciencia social intervienen otros elementos: la militancia política, la simpatía ideológica e incluso el afán de protagonismo personal. Quienes integran el MPB son conscientes de que si se exteriorizasen los conflictos internos se disolverían las concentraciones. Uno de los cometidos de las reuniones es ejercer la función de “tanque de tormentas” para evitar catástrofes.

6 El MPB y las organizaciones sindicales.

La relación entre las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, antaño el obrero, ahora el de pensionistas, siempre ha sido de mutuo recelo. Esa desconfianza se basa sobre todo en la defensa de las reivindicaciones. Parte de las aspiraciones que motivan un conflicto llegan a la mesa de negociación a través de los sindicatos. Son demandas maximalistas que se recortan en los acuerdos establecidos entre gobierno, patronal y sindicatos. Puede ocurrir con la consigna de la pensión mínima de 1.080 € que cohesiona y moviliza al colectivo de pensionistas.
Uno de los elementos que explican el éxito del MPB es la pluralidad lograda integrando sindicatos. Aunque solo participan UGT y CCOO, cabe interpretar que Pensionistak Martxan representa a LAB, sorprendiendo la ausencia de ELA, que no considera necesaria su presencia directa en el MPB. Sin embargo, apoya todas las
movilizaciones. Lo evidencia su comunicado del 16 de febrero de 2018: “ELA llama a participar en las movilizaciones convocadas por las plataformas de pensionistas”.
Los sindicatos tienen menor capacidad de movilización que el MPB. Estando activo el movimiento social, no es probable que tomen iniciativas propias sobre pensiones. En Bizkaia, por exigencia expresa de la gente que participa en las movilizaciones, se excluyen símbolos y pancartas con distintivos de organizaciones. Los sindicatos secundan las convocatorias del MPB, dejando al margen las diferencias que provocan su división. Pero la capacidad de interlocución es competencia sindical. Si negocian en exclusiva las organizaciones sindicales de ámbito estatal, se puede reavivar la confrontación, afectando al colectivo de pensionistas.

7. El MPB y los partidos políticos

Como cualquier movimiento social, El MPB es apartidista, pese a que se difundan rumores interesados de lo contrario. Ni en las concentraciones ni en las reuniones se interviene nunca en nombre de ningún partido. No obstante, las personas que participan en las tareas organizativas tienen una ideología definida y hasta militancia política. No podría ser de otra forma, dada la personalidad del activista de movimientos sociales: “… casi siempre esta sensibilidad especial se ha sedimentado a través de una práctica previa”. (Ibarra, Grau 2000:04).
En las concentraciones se aprecia confusión al no diferenciar el apartidismo del apoliticismo. En las manifestaciones se puede gritar: “Rajoy dimisión” o “Ni un día más de gobierno del PP”, pero no declarar lo evidente: reivindicar pensiones dignas es hacer política. Cabe distinguir la política social de la partidista, pero intentar hacerlo ante una multitud entraña el riesgo de la incomprensión, sobre todo habiendo gente presta a promover un abucheo si se pronuncia esa palabra proscrita.
Desconciertan tales reacciones mientras se corean consignas de inequívoco alcance político: “Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones”. Esta proclama lleva a suponer que las movilizaciones proseguirán hasta mayo del 2019. Conforme se vaya acercando la cita con las urnas, se reclamará a los partidos que incluyan en sus programas electorales las reivindicaciones de los pensionistas, aunque no es probable que se llegue a orientar el voto en una dirección concreta.
Entretanto surgen partidos dispuestos a competir por los votos de nueve millones de pensionistas. El Partido de Jubilados y Pensionistas de España (PJPE) reclama dejar de abonar el IRPF. No es una medida para quienes cobran las pensiones más bajas, pues no dan para pagar impuestos. Tarjeta de presentación de Tercera Edad en Acción, que reniega de las movilizaciones en la calle: “Somos expertos en la gestión, por nuestras actividades empresariales”. Tanta demanda por el voto pensionista recuerda el título de la última película de Buñuel: “Ese oscuro objeto del deseo”, aunque tiene un indudable interés sociológico y político.

8 Reivindicaciones del movimiento de pensionistas.

“Las soluciones a los problemas económicos son políticas, nunca económicas”
 Juan Torres                                                                                                                                                                                                                    
Las reivindicaciones fundamentales coinciden en todos los territorios. El detonador de las movilizaciones fue la oposición al incremento del 0,25%, establecido por el Gobierno del PP como “índice de revalorización de las pensiones”. Calculado mediante una compleja fórmula, permitiría al gobierno de turno aplicar la subida preferida. El rechazo del 0,25% parece más que justificado.
La propuesta de un aumento del 0,25% de suelo no es más que un intento de enmascarar la reducción del valor real de las pensiones para manipular a la opinión pública y facilitar la aceptación del nuevo sistema. (Etxezarreta 2013:53)
La alternativa al 0,25 % viene siendo desde el principio la revalorización anual de las pensiones en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) real. Por eso, la mejora incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 fue declarada insuficiente y no afectó a la participación en las movilizaciones. La propuesta del Gobierno del PSOE de aplicar el IPC real en 2019 tampoco ha convencido, sigue sin estar garantizada por ley o en la Constitución. Como además se reclama una pensión mínima de 1.080 €, cabe suponer que las movilizaciones proseguirán, confiando en que en la negociación tripartita (gobierno, patronal, sindicatos) o en vísperas de las elecciones de mayo de 2019, haya un compromiso de subida lineal que reduzca las desigualdades entre pensiones bajas y altas.
El colectivo de pensionistas lleva la iniciativa en el plano reivindicativo, de tal modo que ni el anterior gobierno ni el actual consiguen solucionar el conflicto. Entretanto, desde los sectores económicos, políticos y mediáticos que compiten por desprestigiar esa lucha, se acusa a los pensionistas de insolidaridad, al estar planteando, entre otras reclamaciones, pensiones superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Si se aprobasen los PGE del 2019 con 900 € de SMI, las plataformas de pensionistas deberían valorar esta disyuntiva:

a) seguir demandando los 1.080 € como una reivindicación irrenunciable e impostergable,

b) reclamar la equiparación con el SMI, uniendo ambas causas para que avancen al unísono.

También se debería valorar si tiene sentido que los pensionistas reclamen un SMI de 1.200 €, en vez de hacerlo la gente afectada. En cualquier caso, al menos en teoría, la alternativa pasa por:
si se desea evitar un empobrecimiento generalizado de los jubilados futuros, se debe pasar de un sistema como el actual en el que los ingresos determinan los gastos a otro en el que sean los gastos los que determinen los ingresos necesarios.(Zubiri,2015:260)

8.1 Posicionamientos sobre la reivindicación de 1.080 € y las EPSV.

El artículo 23 de la Carta Social Europea (creada en 1961, revisada en 1996) ampara el derecho de las personas de edad avanzada a la protección social. Interpretando dicha declaración respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se estima que la pensión mínima en el Estado español debería ser de 1.080 € mensuales. Esa demanda, proclamada el año 2016, antes de comenzar el conflicto actual, se ha convertido en todos los territorios en el elemento aglutinador que sustituye al rechazo del 0,25%. De la fase de autodefensa se ha pasado a la ofensiva con una demanda difícil de asumir por cualquier gobierno. No obstante, algo se mueve en ese sentido cuando el 21/10/2018 un titular de Europa Press anunciaba: “El Pacto de Toledo pide indicadores a la Seguridad Social para calcular mejor la pensión mínima”.
Las demandas de los pensionistas se convirtieron en moneda de cambio entre PP y PNV durante la negociación de los PGE de 2018. Algo similar ocurre entre PNV y EH Bildu al negociar los presupuestos del País Vasco para el 2019. En ese sentido, la agencia Europa Press recogía el 20 de octubre de 2018 la siguiente valoración:
El PNV cree “complicado” que pueda haber un acuerdo con EH Bildu sobre los Presupuestos vascos después de que la coalición soberanista haya pedido una inversión de 350 millones de euros para complementar las pensiones, cuando éstas no son competencia del Gobierno Vasco. Tras considerar que una “subida generalizada” debe reclamarla a Pedro Sánchez, ha asegurado que acceder a la exigencia de la coalición soberanista, supondría someter a los vascos a una doble tributación.
La demanda de EH Bildu está basada en los 1080 € de pensión mínima que reclaman los pensionistas, mientras que el PNV la cuestiona, conforme proclamaba el titular de Noticias de Gipuzkoa el 8 de mayo: “Urkullu no ve viable las pensiones mínimas de 1.080 euros”. Es un asunto de mayor alcance que la materia presupuestaria, pues ambas formaciones, nacionalistas moderados y radicales, incluyen en sus planes soberanistas un sistema de pensiones propio. El modelo del PNV son las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Se trata de planes de pensiones de empleo que son productos financieros. La alternativa de EH Bildu no está definida, se limitan a reclamar el complemento hasta 1080 € en los presupuestos del País Vasco.
La demanda de EH Bildu llega al movimiento de pensionistas a través del documento publicado el 18/10/18 por asociaciones de Euskadi y de Navarra: “Reclamamos a los Gobiernos de Gasteiz e Iruña un reparto justo de la riqueza existente y que reconozcan una Pensión Mínima de 1080 €”. Es una medida que no figura en la tabla reivindicativa del MPB. Caso de llevarse a efecto, supondría un agravio comparativo respecto a otros colectivos sociales con percepciones de RGI inferiores.
El PNV niega la viabilidad de la pensión mínima de 1080 €. También cuestiona el incremento de la cotización máxima que el Gobierno central estudia aplicar para aumentar la recaudación. Es una medida que sin llegar al “destope” (suprimir el límite superior de las cotizaciones) afecta a los sueldos altos.

8.2. Plataforma reivindicativa básica del MPB.

*Revalorización de las pensiones según el IPC real, garantizada por ley
*Reducir las desigualdades y la brecha de género, pensión mínima 1.080 €
*Derogación de reformas laborales lesivas para las pensiones actuales y futuras
*Integración de las trabajadoras de hogar en el régimen general de la Seguridad Social
*Suprimir las desgravaciones de los planes de pensiones de empleo (EPSV)
*Suprimir la penalización de las jubilaciones anticipadas no voluntarias

9. Defensa del bien común.

El Sistema Público de Pensiones es un modelo de reparto basado en la solidaridad intergeneracional e interterritorial. Constituye un mecanismo de redistribución de rentas. El método es válido, fallan las fuentes de financiación, la distribución de los recursos disponibles y la gestión. Resulta imprescindible incrementar los ingresos procedentes de las cotizaciones, dignificando las retribuciones y las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras en activo. Dejando esas materias para quienes analizan la legislación y la regulación del mercado de trabajo, vayamos a ese modelo colectivo. Con un sistema de financiación individual no cabe imaginar que se pueda alcanzar la cohesión social lograda por el movimiento de pensionistas.
La lucha en defensa de pensiones dignas se basa en las claves del Sistema Público de Pensiones: bien común repartido de forma solidaria. El modelo establece una causa única. Es preciso mostrar sus insuficiencias y defender sus potencialidades de forma conjunta. La distribución debe ser equitativa, por eso se reivindica una pensión mínima que reduzca las diferencias entre pensiones altas y bajas, entre hombres y mujeres. Solidaridad en el colectivo de pensionistas, también con las generaciones futuras, reclamando la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013. Solidaridad con otras causas: conflictos laborales, recortes sociales, desigualdad…
El PNV aspira a generalizar en Euskadi un modelo de pensiones mixto, dual. Así lo anunció el 26/07/18 un titular del diario Deia: “Remetería aboga por impulsar una EPSV para todos los trabajadores de Bizkaia”. Tal proyecto no favorece al sistema público de pensiones ni beneficiaría al conjunto de los pensionistas. Se intensificaría lo que ocurre en la actualidad: parte de las retribuciones salariales dejan de cotizar a la Seguridad Social y se detraen recursos de las haciendas públicas a través de las desgravaciones fiscales. Los sindicatos que han contribuido a implantar las EPSV parece que ahora cambian de actitud. Cabe interpretarlo del comunicado de ELA
publicado el 06/08/2018: “Tras el supuesto impulso a las EPSV hay un intento de rebajar la fiscalidad a las rentas más altas”.
Los fondos de pensiones no convencen a la Ministra Magdalena Valerio. Es lo que se deduce de las declaraciones recogidas por la agencia Europa Press el 27/08/18 en la inauguración de los cursos de la Universidad de Verano de Baeza:
Este Gobierno apuesta por un sistema público de pensiones fuerte porque la inmensa mayoría de los trabajadores de este país no pueden confiar su suerte a tener una pensión en un futuro digna con un fondo de pensiones. Eso sería tomarles el pelo si tenemos en cuenta el nivel salarial.

10. Rejuvenecer en la edad tardía.

En las concentraciones se ha dicho: “la lucha nos rejuvenece, alarga nuestra esperanza de vida”. Esa expresión es fruto del sentimiento de pertenencia a un colectivo muy amplio, de millones de personas, que han llegado sentirse socialmente excluidas. Cuando tanta gente comparte un proyecto y aspiraciones en un lugar determinado, ese espacio adquiere carácter simbólico. Participar como sujeto activo, como protagonistas, en movilizaciones multitudinarias. Sentir el reconocimiento de gentes que pertenecen a generaciones más jóvenes. Sincerarse con quienes están alrededor en la concentración. Poder exponer casos particulares ante una cámara de televisión. Salir de la soledad que tantas veces acompaña a las personas de mayor edad. Compartir espacio físico, inquietudes, sentimientos, tiene efecto terapéutico, contribuye a mejorar la calidad de vida. La experiencia de los pensionistas constituye un fenómeno digno de estudio en dinámica de grupos y en psicología social.
Es la generación que sufrió la represión y las miserias del franquismo, conquistando las libertades y los derechos que hoy tenemos. Se trata de la gente que impulsó los movimientos sociales: obrero, estudiantil, ecologista, feminista o vecinal. Es un colectivo que en su juventud tuvo que soportar las penurias del trabajo asalariado en la industria o el campo, con tareas penosas y horarios cuartelarios. En el movimiento de pensionistas se daban las condiciones precisas para pasar de la sumisión a la indignación y a la acción directa: disciplina, tenacidad, experiencia y, por supuesto, tiempo libre. Si sorprendió el estallido del conflicto, no debería extrañar la capacidad para organizar el proceso reivindicativo. Es una experiencia para sentirse útil que favorece la autoestima. Un ejercicio físico y mental que fortalece y vivifica.

11. De las coordinadoras de fábricas al movimiento de pensionistas.

No abundan los fenómenos sociales con las características del movimiento de pensionistas desarrollado en Bizkaia. En duración guarda similitud con la “Huelga de Bandas” (1966) que duró 163 días y con la huelga de las trabajadoras de residencias (2017), 370 jornadas de paro indefinido. Ambas luchas tuvieron lugar en Bizkaia. En
el aspecto organizativo, no en el origen ni en las características del conflicto, el ejemplo más parecido es el de las coordinadoras obreras del periodo de la “transición política”. El sindicato CCOO nació en aquella época como movimiento de base que posteriormente se transformó en organización piramidal.
El caso más significativo, en cuanto a la forma de estructurarse, no en otros aspectos, es la Coordinadora de Fábricas de Bizkaia (CFB) (septiembre de 1976). Surgió como respuesta solidaria a un asesinato policial que tuvo lugar en Hondarribia (Gipuzkoa). Adoptó la forma de movimiento asambleario, agrupando a 240 representantes de 150 empresas, con una plantilla global de 100.000 trabajadores. En el plazo de dos semanas la CFB convocó y se secundaron 5 huelgas generales. El Gobernador Civil reconoció su capacidad de interlocución, autorizando tres concentraciones. A Sestao acudieron 40.000 personas, 15.000 en Erandio, 5.000 a Basauri. Se logró liberar a los obreros detenidos durante las manifestaciones.
El modelo organizativo era similar al del MPB: concentraciones, equipos de coordinación, capacidad de movilización, liderazgo colectivo. La CFB fue un ensayo de democracia directa en un sistema político sin libertades. Las asambleas de fábrica eran decisorias, en ellas se elegían las delegaciones y se votaban a mano alzada las propuestas de movilización.
La CFB se diluyó al acabar el conflicto que la había motivado, pese a que algunos sectores intentaron mantenerla sin las condiciones de las que surgió. Algo similar podría ocurrir con el MPB, si se pretendiese darle continuidad cuando concluya el conflicto. El modelo de las coordinadoras obreras no desapareció con la disolución de la CFB y la legalización de las organizaciones sindicales (abril 1977), se expandió por las zonas fabriles y durante varios años, hasta la consolidación de los sindicatos, coexistían ambos sistemas de representación en una misma empresa.
Caso notable de cohabitación fue Coordinadora de Representantes de Trabajadores de AESA (septiembre 1977), constituida al anunciarse la reconversión que una década después culminaría con el cierre de varios astilleros, entre ellos Euskalduna (junio 1988). Dicha coordinadora, reconocida por la dirección de la empresa pública Astilleros Españoles SA, recibida en los ministerios afectados por el conflicto, estaba formada por 26 delegados pertenecientes a 10 centros de trabajo, con plantilla global de 20.000 trabajadores (8.000 en Bizkaia). Para conocer detalles de esos episodios del movimiento obrero consultar en bibliografía los trabajos de Luis Alejos.

12. El conflicto continúa, la lucha sigue.

El 18 de octubre de 2018 diversas plataformas de pensionistas del País Vasco y de Navarra reunidas en Vitoria /Gasteiz, acordaron convocar manifestaciones en las cuatro capitales el sábado 15 de diciembre, en vísperas de las festividades navideñas. En Bizkaia en esa fecha se cumplirán 11 meses de concentraciones semanales y será la séptima manifestación que se celebre en el mismo periodo de tiempo, destacando la movilización multitudinaria e intergeneracional que el 17 de mayo concentró en Bilbao a 115.000 personas, bloqueando las calles y plazas de la ciudad.
Las movilizaciones promovidas a escala estatal los días 24 y 27 de octubre por la red No + Precariedad, integrada por un centenar de colectivos, han logrado una participación notable. Esa confluencia de movimientos sociales, apoyada por algunos sindicatos y partidos de izquierda, saca a la calle el extenso y grave dilema de las desigualdades sociales, sintetizadas en cuatro reivindicaciones básicas: redistribuir riqueza, conquistar derechos, recuperar el planeta, vida digna. Son hechos que evidencian el auge de los movimientos sociales, en particular el de pensionistas, ampliamente representado en la manifestación del sábado 27 en Madrid.
Resulta paradójico que un siglo después de implantarse en el Estado español el Retiro Obrero Obligatorio (1919) que estableció la edad de jubilación a los 65 años, los y las pensionistas tengan que reclamar que se respete, entre otros derechos, la edad de jubilación instaurada hace 100 años. Aquél histórico acontecimiento tuvo lugar en una época convulsa, con un gobierno conservador, en un país que todavía negaba el voto a las mujeres. Tras el cambio de gobierno de junio de 2018, la Coordinadora Estatal (COESPE) impulsó una consigna que se ha convertido en patrimonio de todas las movilizaciones de pensionistas y que marca el rumbo de futuros acontecimientos: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
Las concentraciones se mantienen en el País Vasco y se generalizan en el conjunto del Estado. Bizkaia seguirá como referente, salvo que surjan conflictos internos por cualquiera de los motivos citados. Cabe suponer que proseguirán las movilizaciones hasta las elecciones de mayo del 2019 y que entretanto el Gobierno central hará algún gesto satisfactorio. Esa fecha de referencia pondrá a prueba el compromiso de los partidos políticos con las reivindicaciones del movimiento de pensionistas.

13. Claves del conflicto.

1) Las concentraciones de Bilbao comenzaron el 15 de enero mediante convocatoria anónima. El MPB, grupo que coordina las acciones, surge de las concentraciones.
2) El detonador de las movilizaciones fue el 0,25%, convertido en referente símbolo. Previsiblemente, a ningún gobierno se le ocurriría volver a implantarlo.
3) La inclusión en los PGE de la mejora de las pensiones en base al IPC real no tiene efecto desmovilizador. La alternativa al 0,25% es la pensión mínima de 1.080 €.
4) El PNV, fuerza hegemónica en la CAV, niega la viabilidad de la pensión mínima de 1.080 €. Su alternativa son las EPSV, incluidas en su proyecto soberanista.
5) Paradoja: donde mayor es el nivel de combatividad y de renta, se implantan planes privados de empleo (EPSV), considerados amenaza al sistema público de pensiones.
6) Las concentraciones de Bizkaia, el modelo organizativo del MPB, son un referente, tienen efecto llamada para el colectivo de pensionistas del conjunto del Estado.
7) Las movilizaciones podrían sucumbir por: a) protagonismo personal, b) desacuerdo sobre caja única de pensiones, a) pacto sindical que anule la demanda de 1.080 €.
8) El movimiento de pensionistas aspira a seguir activo en las elecciones de 2019. Es previsible que el Gobierno haga algún gesto previo sobre pensiones mínimas.
9) El soporte del MPB son las concentraciones, sin ellas perdería legitimidad. No cabe descartar que al acabar las movilizaciones haya intentos de mantenerlo.
10) Sugerencia para proyecto de investigación: analizar las claves de este movimiento social, espontáneo, descentralizado y plural, no supeditado a partidos ni sindicatos.

Publicaciones citadas en el texto.

Etxezarreta, Miren (2013), “Las pensiones públicas en cuestión”, Laberinto, nº 40

Ibarra, Pedro y Grau, Elena (2000), Anuario de Movimientos sociales. Una mirada sobre la red, Icaria Editorial y Getiko Fundazioa, Barcelona, 9-26

Sáenz, Luis María (2011),“Pensiones, capitalismo y desigualdad”, Lan Harremanak , 24, 139-164

Zubiri, Ignacio (2015) “Cómo reformar las reformas de las pensiones… y el coste de no hacerlo”, Lan Harremanak , 33, 259-287

Otras fuentes documentales
Alejos, Luis (1977), “Las luchas de septiembre del 76 en Vizcaya”, El Cárabo
Alejos, Luis (2017), La amnistía del 77 y el movimiento obrero, Pensamiento Crítico
Alejos, Luis (2018), seis artículos de opinión sobre pensiones, eldiarionorte.es
De la Fuente, Mikel, diversos artículos sobre pensiones, Viento Sur
Etxezarreta, Miren, Iglesias Fernández, José, Idoate, Elena, Junyent, Joan (2009),
Sin pensiones públicas, qué futuro? Seminario Economía Crítica, Icaria, Barcelona
Navarro, Vicenç, Torres, Juan, Garzón, Alberto (2010), ¿Están en peligro las pensiones públicas? Manu Robles-Arangiz Institutua
Portas, Mª Victoria (2017), La sostenibilidad de las pensiones: ¿problema de mercado o problema político? Foro Ametzagaña
Ruiz Cabezuelo, José Manuel (2015), Tesis doctoral Evolución de la pensión de jubilación: presente y futuro, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
Cursos de verano 2018
Baeza: El futuro de las pensiones a debate: retos y apuntes para sus sostenibilidad https://cursosdeverano.unia.es/item/el-futuro-de-las-pensiones-a-debate-retos-y-alternativas-para-su-sostenibilidad.html
Donostia / San Sebastián: La sostenibilidad del actual sistema de pensiones https://www.uik.eus/es/la-sostenibilidad-del-actual-sistema-de-pensiones#panel2

COESPE | El embrollo de las Pensiones [Completo] from COESPE on Vimeo.

Datos Pensiones Diciembre-2018

 

 

 

 

Propuesta de conclusiones y alternativas

Queremos que el trabajo de información, reflexión y debate realizado en estas jornadas se concrete en unas conclusiones que sirvan para orientar el trabajo político, reivindicativo y de movilización de los próximos meses y años. Estas son las principales conclusiones a las que llegamos.

1. Mujer, pensiones, dependencia

Como nos enseña a ver la economía feminista, en todas las sociedades humanas, las mujeres trabajan más horas que los hombres.

La suma de trabajo retribuido de mercado, trabajo doméstico, trabajo reproductivo y trabajo de cuidados, que realizan las mujeres es superior a la de los hombres. Las cuentas satélites del trabajo doméstico cuantifican una parte, mas no toda, esa diferencia.

Sin embargo, los ingresos de las mujeres, tanto salariales como procedentes de actividades empresariales, son inferiores a los de los hombres. Y el patrimonio poseído por las mujeres es muy inferior al de los hombres. Los menores salarios se traducen en cotizaciones sociales inferiores y dan derecho a pensiones más bajas.

Los hombres y el capital ignoran el enorme volumen de trabajo no retribuido realizado por las mujeres. El sistema público de pensiones refleja esa ignorancia.

Para acabar con esta discriminación es necesario:

socializar parte del trabajo no retribuido, desarrollando servicios públicos universales de atención a las niñas y niños de 0-3 años, con amplia cobertura horaria; creando un servicio público de atención a las personas dependientes de cobertura universal y gratuita, que favorezca la atención domiciliaria y, sólo en segundo lugar, la apertura de plazas residenciales; la universalización de los comedores escolares gratuitos y, a medio plazo, de comedores de empresa.

igualar la tasa de actividad de las mujeres con la de los hombres, la tasa de actividad femenina continúa siendo un 10% inferior a la masculina,

que los hombres asuman la parte que les corresponde del trabajo no retribuido, para lo cual será necesario: establecer permisos de paternidad de la misma duración que los permisos de maternidad y obligatorios; reducir la jornada de trabajo hasta igualar la duración del tiempo de trabajo de mercado masculino y femenino; introducir en el sistema educativo materias y contenidos de promoción del reparto igualitario del trabajo doméstico,

políticas de igualación salarial y cuotas: introducir en la negociación colectiva la cuestión de la igualdad salarial real y una política de cuotas que iguale el porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad,

reconocer como tiempo cotizado los períodos de abandono del mercado de trabajo como consecuencia del trabajo reproductivo o de cuidado a personas dependientes.

2. Reparto o capitalización

En los sistemas de reparto las cotizaciones sociales y/o ingresos procedentes de los Presupuestos generales del Estado, impuestos, financian las pensiones públicas.

Este sistema recibe, también, el nombre de sistema de solidaridad entre generaciones pues se basa en un pacto que se extiende en el tiempo. Las generaciones de las personas activas financian con sus impuestos la formación de las más jóvenes, y con sus cotizaciones sociales las pensiones de las personas jubiladas.

En definitiva, los sistemas de reparto o solidarios, reconocen la aportación que cada generación hace a la actividad económica y a la sociedad, y el derecho que de esa aportación se deduce a disfrutar de una parte del producto social después de su jubilación.

Como parte de las políticas pro- capital y pro- finanzas propias de la Revolución conservadora desencadenada por Augusto Pinochet, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, las instituciones de gobierno del capitalismo internacional proponen sustituir los sistemas públicos de reparto, hasta donde fuere posible, por fondos privados de capitalización.

Rechazamos los fondos privados de capitalización:

a. No son un sistema de protección social, sino un instrumento para desarrollar los mercados de capitales.

b. Crean un estado de bienestar dividido entre una minoría que puede realizar aportaciones periódicas importantes y acumular un gran volumen de activos financieros; y la mayoría de las trabajadoras y trabajadores que no tienen capacidad de ahorro.

c. Contribuyen a los procesos en curso de financiación de la economía capitalista y de gobierno de la sociedad por las finanzas.

Los sistemas de reparto son el principal instrumento de lucha contra la pobreza entre las personas mayores, son una conquista de la civilización humana que no permitiremos eliminar. Nos opondremos a todos los intentos de sustituir los sistemas de reparto por fondos privados de capitalización.

3. Pensiones en Galicia

Las pensiones gallegas son inferiores al promedio de la pensión estatal, las segundas más bajas de todo el Reino de España, después de las extremeñas.

La población gallega es una población envejecida como consecuencia de la dependencia económica y la emigración endémica que provoca.

Nuestro país asiste a un marcado declive demográfico y el saldo vegetativo es negativo desde 1988.

Corregir estas tendencias exige la recuperación de soberanía, especialmente económica, para poder desarrollar actividades creadoras de empleo que produzcan bienes y servicios, social y ecológicamente útiles, con salarios dignos, bases de cotizaciones sociales superiores a las actuales, y en el futuro de pensiones suficientes.

El envejecimiento de la población sólo se podrá invertir previa recuperación de los sectores económicos hoy privatizados y centralizados en Madrid. En primer lugar, el financiero y el energético.

Defendemos la constitución de una empresa pública gallega que gestione las grandes infraestructuras energéticas, hidroeléctricas, térmicas, parques eólicos, y lidere la transición a un sistema más descentralizado y de cero emisiones de carbono.

La creación de una banca pública gallega serviría como potente instrumento para desarrollar una política económica al servicio de la mayoría social y no del beneficio privado.

Es necesaria una política de gestión integral del territorio para desarrollar las capacidades de producción agrícola, ganadera y forestal. Política que debe incluir la transformación de la producción en toda la cadena de valor.

A corto plazo, la Xunta de Galicia deberá establecer complementos para las pensiones más bajas, entre ellas las de las personas que cotizaron en el régimen agrario, como existen en otras comunidades autónomas.

A largo plazo, la existencia de pensiones bajas sólo se corregirá con una política económica que permita crear empleo en actividades productivas de bienes y servicios social y ecológicamente útiles, con salarios dignos.

4. Las reformas de 2011 y 2013

La reforma del sistema público de pensiones, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, eliminó derechos adquiridos de las trabajadoras y trabajadores:

a. Retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

b. Endureció los parámetros para el cálculo de las pensiones iniciales: porcentaje de la base reguladora por año cotizado y número de años que se       tendrán en cuenta para el cálculo de la base reguladora.

c. Creó el factor de sostenibilidad que reducirá las pensiones iniciales en función del aumento de la esperanza de vida.

La reforma del sistema público de pensiones, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, extremó el ataque contra los derechos de trabajadoras y trabajadores iniciado por la reforma de 2011, además de poner en peligro el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas ya pensionistas:

a. Adelantó la aplicación del factor de sostenibilidad a 2019.

b. Introdujo un Índice de Revalorización de las pensiones que hará que las pensiones suban por debajo del IPC durante décadas, produciendo que       las personas pensionistas sean cada año, un poco más pobres.

c. En consecuencia desvinculó el aumento de las pensiones de la evolución de los precios.

Exigimos la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y la recuperación del vínculo entre suba anual de las pensiones e IPC.

Además, exigimos la derogación de la reforma laboral de 2012 que sirvió para debilitar a las trabajadoras y trabajadores en la negociación colectiva y bajar los salarios. La disminución de la participación de la remuneración total de las personas asalariadas en el PIB es la causa principal del descenso de las cotizaciones sociales.

Por último, exigimos una reforma fiscal radical para:

*Acercar los ingresos fiscales al promedio de la UE-28. 

*Hacer que las tecnológicas, bancos, grandes empresas y grandes patrimonios contribuyan según el principio de progresividad.

5. No al PEPP.Pensiones públicas en Europa

En el mes de septiembre, la Comisión de economía del Parlamento europeo aprobó, a propuesta de la Comisión Europea (CE), un reglamento para un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP).

Los objetivos del PEPP son, según recoge la propuesta de la CE:

– Promover un mercado único de capitales, “Según se afirmaba en el Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de septiembre de 2015”.

-Promover la innovación financiera, “promover un entorno que estimule la innovación en el sector de productos financieros”.

-Estimular la inversión en activos de alto riesgo, “instrumentos derivados” semejantes a los que causaron la crisis financiera de 2007. 

-Transferir el riesgo de los activos a las trabajadoras y trabajadores europeos, “canalizar … hacia los mercados de capitales, más ahorros de los hogares, y garantizar que los consumidores sean plenamente conscientes de los elementos llave del producto”. 

-Abrir un nuevo espacio de valoración para las empresas financieras, “bancos, compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión”

La CE les propone a los Estados miembros el establecimiento de desgravaciones fiscales a las aportaciones al PEPP. Estas desgravaciones son muy regresivas, ya que benefician a las rentas más altas y reducen los ingresos de la hacienda pública.

La CE renuncia a garantizar pensiones públicas suficientes, “el aumento de los ahorros adicionales … destinados a la jubilación podría … mitigar las repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos Estados miembros … las pensiones complementarias podrían desempeñar un papel llave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones públicas puedan ser inadecuadas”.

Rechazamos el PEPP como un paso más en la guerra de posiciones para sustituir el pilar básico de los sistemas de protección social que son las pensiones públicas de reparto, por un instrumento financiero que favorecerá a las grandes empresas financieras que gestionarán los fondos privados de capitalización.

Promoveremos la colaboración de todos los pueblos europeos en contra del PEPP y todos los productos semejantes ya existentes o que se creen en el futuro.

Santiago de Compostela, 29 de septiembre de 201

  RESPUESTA AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y PROPUESTA AL GOBIERNO

La Directora del F.M.I Christine Lagarde, advierte a España que para llevar a cabo la revalorización al IPC se tendrán que llevar a cabo reformas estructurales como aumentar la cotización mínima de autónomos, elevar la contribución social para los asalariados que más ganan, además de aumentar la edad de jubilación (incluso más que a los 67 años), en consonancia con la evolución de la esperanza de vida. Y además señalan que las previsiones de recaudación por la subida de los impuestos debe ser “prudente”, y terminan dicho informe con que “con incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional se pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes”.
Por ello La Coordinadora Estatal se ve en la obligación de aclarar determinados puntos tanto al FMI como al total del arco parlamentario que rige la política en nuestro país.
Todos coincidimos en que nuestro sistema necesita de una reforma integral, e integral supone una nueva reforma de Seguridad social acompañada de una reforma fiscal y una reforma laboral para que la sostenibilidad del mismo no se vea entredicha; pero para nada coincidimos en los medios.
La pérdida de cotizaciones, no ha venido de la mano de Pymes y autónomos, ha venido de las grandes sociedades y del gobierno de turno que maquilló y sigue maquillando “estimulo a la contratación” con bonificaciones en las cotizaciones empresariales. En 2016 la Seguridad Social dejó de ingresar 2.100 millones por reducciones directas de cotizaciones y en el 2015 fueron 2.600 millones, que no fueron compensadas por el Estado a las arcas de la Seguridad Social.
Para que esto se pueda recuperar es imprescindible la Derogación de la Reforma Laboral del 2012 y un Aumento de los tipos de cotización, de los trabajadores con salarios más altos (actualmente 4.7%) y un destope de las bases de cotización máxima, y el aumento de cotización de los empresarios (28.3%), empezando por la desaparición de las bonificaciones, tarifas planas en contratos de formación y aprendizaje, e incluso se podrían imponer una escala móvil en función de la facturación, valor añadido de la empresa, no sólo en materia de accidentes de trabajo sino también en materia de desempleo, vejez, invalidez etc. Ya que cada punto adicional de cotización daría una recaudación adicional de 0.3 puntos de PIB.
Por otro lado, el FMI pide prudencia en la subida de impuestos a los que más tienen, si la presión fiscal de España (suma de impuestos directos e indirectos en porcentaje del PIB) es del 33,1%, y países como Dinamarca es 48,2%; esa diferencia es el margen que España tiene para subir los impuestos a las rentas más altas. Según un informe de la OCDE “las grandes multinacionales en España pagan unos impuestos que corresponden al 6% de su resultado contable, cuando el tipo nominal para las sociedades se sitúa, tras la reforma del 2015 en un teórico 28%, las grandes empresas se ahorran, gracias a la ingeniería fiscal, unos 7.226 millones de euros al año”, y la reforma fiscal del 2015 además conllevó una bajada de impuestos, que lejos de reducir estas diferencias las aumentó.
Y esto se constata con un informe del Sindicato de técnicos de Hacienda Gestha que dice que los grandes defraudadores son las Grandes empresas y grandes patrimonios con un 72% sobre el total del fraude fiscal en éste país, económicamente corresponde a 42.711 mill. de euros en el 2010.
Alertan, que con incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional se pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes. Dicha devaluación salarial se llevó a cabo por la Reforma Laboral del 2012 para promover la contratación, pero el efecto real que produjo fue la temporalidad fraudulenta y despidos masivos injustificados, trabajos precarios, salarios mínimos que cotizan lo mínimo y con ello las mayores caídas en las cotizaciones; no subir el Salario Mínimo solo beneficia a las grandes empresas ya que lo que consiguen es el abaratamiento de la mano de obra y reducción de ingresos en las arcas de la Seguridad Social. Necesitamos un aumento de los salario reales para aumentar las bases y los tipos de cotización, medidas de aumento de empleo estable supondrían aumento de afiliados, aumento de contribuciones y liberación de recursos del SEPE por descenso en el paro.
Y nuevamente nos hablan de la esperanza de vida como un lastre para la sociedad, en vez de reconocerlo como un logro. Cabría indicar que el babyboom llegará a la jubilación en torno al 2023/2025 y que lo hará de forma escalonada pues no podrán acceder todos a la vez a la jubilación, se prevé que le año con más número de pensionados será en el año 2044 y que a partir del 2050 ya se prevé un descenso de esa tasa en un 20%, suponiendo una subida en el gasto de pensiones en un 9.1% de PIB para 2050 o 11.1 % ( en el peor caso por EUROSTAT), actualmente se encuentra más menos en el 6.8 % PIB, del todo perfectamente asumible por el gobierno español. Teniendo en
cuenta además que ese mismo intervalo de tiempo la tasa de desempleo bajará pues habrá menos mano de obra debido a la baja tasa de nacimientos, nos encontramos que el 15% de cotizaciones que se dedica a desempleo actualmente, se podría trasladar a Seguridad Social y que la mitad de dichas cotizaciones podrían suponer un punto del PIB.

Si además retiramos de forma inmediata las bonificaciones a planes de pensiones privados e incentivamos las Cotizaciones complementarias dentro del sistema de Seguridad Social, que complementaría la pensión del beneficiario al margen del sistema de reparto, pero siempre con la gestión del sistema público, consiguiendo así reforzar los recursos del propio sistema, que en este momento se escapa a manos privadas y que las pensiones subirían sus cuantías no necesitando ya complementos a mínimos.

Señores del FMI, ésta ciudadanía no va a permitir más política de austeridad que pagan siempre los mismos, ésta ciudadanía conoce las soluciones del Sistema y no pasa porque el Gobierno de turno se quede con los brazos cruzados.

El verdadero agujero está en la fiscalidad del país y la precariedad laboral de las reformas vigentes. Atacar por ahí proporcionará a todo el Estado recursos suficientes para cumplir el mandato constitucional que proclama que nuestro Estado es un “estado social, democrático y de derecho”.

Pues pónganse manos a la obra, ya que gobierne quien gobierne las pensiones se defienden.

Comisión de Portavoces y de Organización.

 

• PAUTAS PARA CALCULAR LA CUANTÍA DE CADA PENSIÓN DE VIUDEDAD

DISPONER DEL DESGLOSE DE LA PENSIÓN DE JULIO:

• Pensión total= Pensión Seguridad Social + Complemento a mínimos + Complemento de maternidad si lo hubiera.
  • Pensión S.S. = Pensión Seguridad Social sin complemento a mínimos.
  • Complemento a mínimos = Cantidad con la que se complementa la pensión de la S.S. para que alcance la pensión mínima y cuyo máximo en 2018 asciende a 380,10 €, para las pensiones nuevas a partir de 1 de enero de 2013, y sin límite para las anteriores a esa fecha.
  • Pensión mínima = Pensión S.S. + Complemento a mínimos. Varía según la edad. Los pensionistas posteriores al 1 de enero de 2013 pueden no llegar a la mínima.
  • Complemento de maternidad. Para nuevas pensionistas a partir de 1 de enero de 2016, cantidad porcentual que se añade a la pensión de las mujeres que han tenido dos o más hijos No se absorbe por el complemento a mínimos.

Para madres con dos hijos 5%, 10% con 3 y 15% con 4 o más, de la pensión sin complementos a mínimos.

• • Pensiones mínimas viudedad 2018: Mayores de 65 años. 656,9 €. Entre de 60 y 65 años, 614,15 €. Menor de 60 años 497,6 €.

 

SUPUESTOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

• PENSIONISTAS MENORES DE 65 AÑOS

 

1.- Si la pensión es inferior a la mínima (con complemento a mínimos):

1. Pensionista anterior al 1 de enero de 2013

Formula: Pensión Total = Pensión de la S.S. de julio + el 1,35 % de incremento + complemento a mínimos = Pensión mínima según edad.

2. Pensionistades de el1de enerode 2013

El complemento a mínimos tiene un tope, la Pensión No Contributiva. En 2018 es de 380,10 €.

Formula: Pensión Total = (Pensión de la S.S. de julio + el 1,35 % de incremento + complemento de 380,10 €). La pensión puede ser inferior a la mínima.

3. Pensionista a partir del 1 de enero de 2016 y dos o más hijos.

Formula: Pensión total = Pensión S.S. de julio + el 1,35 % de incremento + Complemento a mínimos, el necesario para llegar a la pensión mínima, con el límite de 380,10 € + Complemento de maternidad.

 

2.- Si la pensión es superior a la mínima. No hay complemento a mínimos.

Formula: Pensión total = Pensión S.S. + el 1,35 % de incremento + Complemento de maternidad.

Además de lo anterior

 

• PENSIONISTAS MAYORES DE 65 AÑOS

 

REQUISITOS PARA LA NUEVA PENSION DE VIUDEDAD DEL 56% DE LA BASE REGULADORA

1. Solo para mayores de 65 años.
2. Que no cobren otra pensión pública (española o de país extranjero)
3. Que no tengan otros ingresos por trabajo, de capital u otras rentas en cuantía superior a 7.347,99 € año. (IRPF, rendimientos referidos al ejercicio año anterior).

*NOTA IMPORTANTE

La pérdida de alguno de estos 2 últimos requisitos da lugar a la pérdida de estos aumentos y volver al 52%.

 

EN FUNCION DE LA SITUACION PERSONAL

1. Pensionista por encima de la pensión mínima de 656,9 €.
   1. A partir del 1-8-2018 se aplicará un incremento del 7,69 % de la Pensión S.S. actualizada con un incremento del 1,35 %.

Formula= Pensión total= (Pensión de la S.S. de julio + el 1,35 % de incremento) + el 7,69% de la suma anterior.

1.2 Incremento a partir del 1-1-2019 se aplicará un incremento de 4 puntos (56% al 60%) a la Base Reguladora de la pensión (subida de 7,14 % sobre la pensión a 31 de diciembre de 2018)

Formula= Pensión total= Pensión de la S.S. de diciembre + el 7,14%.

 

2. Pensionista con pensión mínima 656,90 € y el complemento a mínimos superior a 47 €. Incremento pensión S.S. el 7,69 % y reducción del complemento a mínimos en la misma cantidad que suba la pensión S.S. La pensión total no varía 656,90 €.

 

3. Pensionista con el complemento a mínimos inferior a 47 €.

Incremento pensión S.S. el 7,69 % y reducción del complemento a mínimos en la misma cantidad que suba la pensión S.S. Hasta quedar a 0 €. La pensión superará los 656,90 €.

 

* Lo mismo se repite a 31 de diciembre de 2018 pero con incremento del 7,14%.

Complemento de maternidad. En todos los casos anteriores incremento del 7,69 %

 

4. Pensionista con cargas familiares (737,60 € en 2017 ó 739,50 € hasta julio 2018, en agosto será de 759,90 €)

 

* No procede mientras se mantenga en el 70% por cargas familiares. Si cambia la situación familiar, cuando cumpla los 65 años debe pedir que le apliquen el 56%. o el 60% según corresponda.

 

ANEXO PARA PERSONAS SEPARADAS Y DIVORCIADAS

 

1. Personas separadas y/o divorciadas con sentencia firme antes del 1-1-2008
   1. Menor de 65 años y sin pensión compensatoria. La pensión no varía al no alcanzar la edad mínima 65 años.

1. 2. Mayor de 65 años y sin pensión compensatoria y un cónyuge superviviente.

Su pensión se calcula según la GUIA.

1. 3. Mayor de 65 años y sin pensión compensatoria y más de un cónyuge superviviente.

La pensión se dividirá entre los cónyuges supervivientes y en función de su edad física, se le aplicará solo a la persona mayor de 65 años.

1. 1. 1. Mayores de 65 años. Más de una pensión de viudedad.
         1. Se realizará el nuevo cálculo de la pensión de la S.S. + los complementos a mínimos + el Complemento de maternidad si lo hay, como está en LA GUIA. (Apartado mayores de 65 años.)
         2. Se asigna a la persona viuda mayor de 65 años, el porcentaje de la pensión y del complemento a mínimos que la S.S. le asignó sobre el total de la pensión.
         3. El complemento por maternidad es personal e independiente del número de pensionistas viudas que dejó el difunto y se le aplicará el 7,69 % en agosto de 2018 y el 7,14 en enero de 2019.
2. Personas separadas y/o divorciadas con sentencia firme posterior al 1-1-2008
   1. Menores de 65 años.

Se mantendrá la pensión que viniera percibiendo y su complemento. No se ajustará al nuevo reparto hasta cumplir los 65 años.

1. 2. Mayores de 65 años y con pensión compensatoria y en el máximo de lo estipulado para la pensión compensatoria actualizada.

No procede la actualización del 7,69%.

1. 3. Mayores de 65 años y con pensión compensatoria y sin el máximo de lo estipulado para la pensión compensatoria actualizada.

Se aplicará la actualización según LA GUIA y hasta alcanzar el tope de la pensión compensatoria actualizada.

Si hay complemento de maternidad, se actualizarán sus cuantías en los porcentajes del 5%, 10% ó 15% sobre la nueva pensión sin complemento a mínimos.

3.- Mayores de 65 años, cónyuge superviviente y separado/a o divorciado/a.

Procede la actualización de la pensión de acuerdo con la GUIA.

A cada persona viuda se le seguirá aplicando el porcentaje estipulado por la Seguridad Social al conceder la pensión de viudedad.

4.- Caso de existir menores de 65 años.

Su porcentaje de pensión se hará sobre la pensión calculada para menores de 65

años.

NOTA:

IMPORTANTE. Según Sentencia del TS 386/2017 de 11 de octubre de 2017 cuando la viuda con pensión compensatoria llega al límite de su pensión en el reparto, la otra viuda puede pedir el incremento de su complemento a mínimos hasta el límite de este por la cantidad no percibida por la anterior.

Que al ser la petición anual puede pedirla ahora, ya que la Sentencia es de octubre de 2017 y los complementos se pueden pedir en cualquier momento.

 

NOTA: Para todas las pensionistas.

• Hay que solicitar al INSS la subida del 56%, si de oficio no lo ha hecho la S.S. en el mes de agosto.
• Pedir cita previa en un CAISS cercano al domicilio (901 10 65 70) o por internet https://loentiendo.com/solicitar-cita-previa-inss-seguridad-social/
• Hay que recibir una carta de la Seguridad Social (I.N.S.S.) con la actualización, comprueben con la anterior. Y si no la reciben pidan cita para solicitarla.

Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones

Comisión Legal Estatal

25 de Agosto de 2.018  

(Ley 6/2018 de 3 julio de PGE, Ley 27/2011 de 1 de agosto y Real Decreto 900/2018 de 20 de julio).

 

Victoria Portas Mariño (Pontevedra, 1976), experta en Relaciones Laborales, compagina su trabajo de Asesoría Laboral y de Seguridad Social con sus actuales funciones como portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), como colaboradora de la Federación de Sindicatos Mundial (FSM) y como miembro del Movimiento Gallego en Defensa de las Pensiones (MODEPEN). A pesar de su juventud, tiene tras de sí una larga trayectoria como activista social desde el año 2000 en actividades de asesoramiento a emigrantes retornados (presidenta de la Asociación Galega de Emigrantes Retornados entre 2006 y 2009) y de gestión y administración en temas de Seguridad Social Internacional y en otros de índole laboral en la Confederación Intersindical Galega.

Por mi parte, como empleado público de la Seguridad Social desde hace más de 25 años (12 años en la TGSS y 14 en el INSS), puedo afirmar que he comprobado de primera mano las consecuencias de los diferentes recortes de derechos en las prestaciones de la S. S. a los ciudadanos (sobre todo en los últimos años debido a las reformas de las pensiones en 2011-PSOE y 2013-PP). Pero, sobre todo he podido vivir los efectos de los recortes a los empleados públicos de la Administración General del Estado en temas salariales, así como la progresiva disminución de las plantillas de trabajadores de la Seguridad Social (INSS, TGSS, ISM, …). Esto último, además de provocar en los últimos años el cierre de varias oficinas de atención a los ciudadanos en el territorio nacional, también está aumentando considerablemente las cargas de trabajo y responsabilidad entre los trabajadores de la menguante plantilla de la S.S. Además, la elevada pérdida de efectivos de la S.S. en los últimos años, sobre todo por jubilaciones, hace que la calidad de los servicios a los ciudadanos también vaya disminuyendo. Según datos de la Subdirección General de Recursos Humanos del INSS, el número de funcionarios de dicha Entidad Gestora en diciembre de 2010 era de 11.764 y en diciembre de 2016 era de 10.687 (1.077 funcionarios menos en 6 años). Pero, si no se remedia antes, la estimación de pérdida de efectivos en el INSS en los próximos 4 años será mucho mayor (2.358 funcionarios menos, aprox., para diciembre de 2020), por la elevada edad media de sus funcionarios, muy próximos en gran número a la edad de jubilación.

El crecimiento y expansión del reciente movimiento social de las plataformas ciudadanas y asociaciones en defensa de las pensiones públicas es el resultado de la creciente preocupación de los pensionistas actuales y del futuro para preservar y garantizar el derecho fundamental a una pensión digna

Está claro que el Sistema Público de Pensiones español necesita de una reforma que lo mejore a nivel de sostenibilidad presente y futura en cuanto al derecho de acceso y al mantenimiento de unas prestaciones y pensiones dignas dentro del actual sistema de reparto, frente a unos intereses privados que presionan en sentido contrario para desacreditarlo y cercenarlo pretendiendo conseguir sus especulativos propósitos de ganancias con los planes de pensiones privados, conduciéndolo por tanto hacia lo que sería un sistema de pensiones mixto o de capitalización que, como sabemos por experiencia de otros países del mundo que los han implantado, no funciona. Pero también es necesario que las Entidades Gestoras (INSS, ISM, SEPE,…) y Servicios Comunes (TGSS) de la S.S. estén presentes en todo el territorio nacional con una dotación suficiente de empleados públicos y con un funcionamiento eficaz y fácilmente accesible para los ciudadanos.

Por tales motivos, el crecimiento y expansión del reciente movimiento social de las plataformas ciudadanas y asociaciones en defensa de las pensiones públicas, coordinadas en su gran mayoría por la Coordinadora Estatal de la que es portavoz Victoria Portas, es el resultado de la creciente preocupación no solo de los más de nueve millones de pensionistas actuales, sino de los muchos más que lo serán en el futuro, para preservar y garantizar el derecho fundamental a una pensión digna. Así lo contempla la Constitución Española en su artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Pasemos ahora a la entrevista.

Manuel: ¿Cuándo y porqué empezó el movimiento social de las plataformas ciudadanas para la defensa del Sistema Público de Pensiones?

Victoria: Hay comunidades donde el movimiento asociativo en defensa de las pensiones públicas lleva funcionando más de cinco años, como pueden ser Cataluña y Canarias, a raíz de las últimas reformas sobre pensiones en 2011 del PSOE y en 2013 del PP. Sin embargo, venimos observando que se está produciendo una fuerte expansión y crecimiento de este movimiento social por toda España desde hace poco más de un año.Las plataformas las componen fundamentalmente grupos de ciudadanos, muchos de ellos provenientes del mundo sindical, con cierta experiencia en comités de empresa, pero que en la actualidad ya no forman parte de ellos, o también militantes de base de partidos políticos o simplemente ciudadanos de a pie y todos ellos unidos por un interés común, la defensa de unas pensiones dignas y muy concienciados por la grave situación que actualmente atraviesa el Sistema Público de Pensiones.

¿Y cuándo apareció la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP)?
En Galicia se pusieron en contacto conmigo en el año 2016 para que colaborara en la legalización del Movimiento Gallego en Defensa de las Pensiones, al que pertenezco desde entonces. A partir de ahí y tras las noticias que recibíamos de la creación de otros movimientos similares en el territorio español, a sabiendas de que las competencias en Seguridad Social son estatales, participamos en una reunión en Madrid el 10 de septiembre del 2016 con otros colectivos de diferentes partes de España, donde también se invitó a todo tipo de organizaciones sociales y sindicatos. Finalmente se tomó la decisión de crear la Coordinadora Estatal como una organización apartidista de ámbito nacional que permita formar parte de ella a cuantos colectivos sociales, sindicales y políticos apoyen nuestra Tabla Reivindicativa en todos sus puntos y demandas, admitiendo también todo tipo de colaboración que pueda llegar por parte de personas o grupos de personas que apoyen nuestra Tabla.

Esta Coordinadora Estatal asume el compromiso de realizar un debate profundo a corto plazo sobre el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, con la participación imprescindible y necesaria de todas las organizaciones de trabajadores y de pensionistas como paso previo a las propuestas de mejoras que puedan dar lugar a una nueva legislación que garantice el Sistema Público de Pensiones a corto, medio y largo plazo con prestaciones dignas.
En las reuniones iniciales de la Coordinadora se consiguió dar un gran paso al concretarse nuestras demandas y reivindicaciones en un manifiesto que así las recoge, habiéndose logrado con el transcurso del tiempo un grupo coordinador cada vez más sólido, con una mayor capacidad organizativa, que ha ido creciendo continuamente en cuanto a representación territorial y al que, además, se le ha provisto de unas normas de funcionamiento aprobadas por unanimidad.

Actualmente, ¿en cuántas provincias y comunidades autónomas existen plataformas que defiendan las pensiones públicas y cuántas de ellas están asociadas a la CEDSPP?
En la reunión de Madrid de septiembre del 2016, la Coordinadora se creó con asociaciones y plataformas de las CCAA de Galicia, Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia y Murcia. Poco tiempo después, estos colectivos fueron creciendo dentro de las CCAA mencionadas, añadiéndose posteriormente Asturias e iniciándose más recientemente contactos con plataformas y asociaciones de Castilla la Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Y con la Plataforma Vasca en Defensa de las Pensiones tenemos también frecuentes contactos y muy buena relación.
En poco más de un año de existencia hemos avanzado muchísimo y creemos que en el próximo año tendremos la representación de todas las Comunidades Autónomas y de la gran mayoría de provincias de España.

¿De qué modo se organizan las plataformas ciudadanas y la propia Coordinadora Estatal? ¿y cuáles son las funciones de ésta última?
Esta es una organización totalmente asamblearia, donde los territorios disponen de absoluta autonomía. Debemos recordar que vivimos en un país muy diverso donde cada asociación o plataforma de cada región o provincia puede organizarse y gestionarse con diferentes criterios que generan disimilitudes entre ellas.
Aparte de esas diferencias, obviamente tenemos muchísimos puntos comunes que es lo que nosotros agrupamos en un documento o manifiesto que denominamos “Tabla Reivindicativa” que es el documento matriz de la Coordinadora, digamos que los principios por los que nos regimos y que nos aglutinan.
Así que, para formar parte de la Coordinadora Estatal, todos los colectivos y movimientos ciudadanos, sociales y civiles, deberán compartir y defender la Tabla Reivindicativa de la que nos hemos dotado en Asambleas Generales Estatales realizadas en su día.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de las plataformas ciudadanas? ¿Las recogen todas la Coordinadora Estatal en su Tabla Reivindicativa?
Cada plataforma local o regional tiene su propio manifiesto o tabla reivindicativa para la defensa de los derechos de los pensionistas, pero también para la defensa de otros derechos no necesariamente relacionados con las prestaciones de la Seguridad Social. Por tanto, la Coordinadora Estatal, trata de recoger la mayoría de reivindicaciones de todas ellas dividiéndolas en tres bloques:

En el bloque legal:
1. Recoger las pensiones como un derecho constitucional con inclusión de las mismas en los Presupuestos Generales del Estado.
2. Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años de edad.
3. Jubilación anticipada sin penalizar, es decir, 100% de la base reguladora con 40 o más años cotizados.
4. Recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
5. Integración de los regímenes especiales en todos sus campos.

En el bloque económico:
1. Pensión mínima de 1080€ que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea.
2. Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real.
3. Recuperación económica de lo perdido por los pensionistas desde 2011.

Y en el bloque social:
1. Homologación de las prestaciones a niveles europeos.
2. Modificación del tope mínimo en caso de doble pagador.
3. Reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones.
4. Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia.
5. Eliminación de todo tipo de copago y restablecimiento de los derechos sanitarios.
6. Garantía de los suministros básicos como son la energía, el agua y el transporte.
7. Defensa de los Derechos Humanos.

¿Hay más propuestas o reivindicaciones pendientes de ser aprobadas para incluirse en vuestra Tabla Reivindicativa, como por ejemplo las pensiones no contributivas?
Tenemos otras propuestas que nos van llegando y que, en su momento, serán debatidas para ver si también se incluyen en la Tabla Reivindicativa. Por ejemplo, recientemente nos ha llegado una propuesta que afectaría a la mayoría de funcionarios de carrera que cotizan al Régimen General de la S.S. para que puedan tener derecho, en igualdad de condiciones que el resto, a la jubilación parcial, a la jubilación flexible, a la jubilación activa o, en el caso de la prestación por paternidad, poder iniciar el descanso paternal dentro de las 16 semanas siguientes al parto. Estas discriminaciones negativas que afectan a la mayoría de funcionarios de carrera, además de otras discriminaciones positivas (las de las pensiones parlamentarias de los diputados y senadores que pueden alcanzar la pensión máxima con muy pocos años de cotización), nos hacen ver que deberíamos defender un Sistema Público de Pensiones que además sea Igualitario.
En cuanto a las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez, también tenemos propuestas de que se eleven sus cuantías, o bien, que se sustituyan mediante la implantación de la conocida Renta Básica de cuantía más favorable

¿Cuáles son las principales acciones que se han llevado a cabo desde la Coordinadora Estatal desde su creación hasta ahora?
Han sido muchas las acciones conjuntas que se han promovido desde la Coordinadora Estatal desde el año pasado. Las más relevantes podrían ser:

1. El 1 de diciembre de 2016 se presentó en el Congreso de los Diputados nuestra Tabla Reivindicativa y se solicitó reunión con todos los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara.
2. El 20 de diciembre hubo manifestaciones de más de 5.000 personas en Madrid que marcharon de Atocha a Sol. En Barcelona más de 3.000. Cientos de personas salieron a las calles en Sevilla, Málaga, Córdoba, Castellón, Murcia, Gijón, Pontevedra, Vigo, … El 21D se manifestaron los pensionistas en Valencia…
3. El 8 de febrero de 2017, concentraciones y registro de nuestra Tabla Reivindicativa en todos los Parlamentos Autonómicos.
4. El 8 de marzo de 2017, apoyo a las manifestaciones del día de la mujer trabajadora en contra de la desigualdad salarial y la brecha de género en las pensiones.
5. El 27 de mayo de 2017, participación en las manifestaciones de las Marchas de la Dignidad en Madrid con columna propia en defensa del Sistema Público de Pensiones.
6. El 26 de octubre del 2017, concentraciones en las puertas de las Direcciones Provinciales del INSS y del ISM de toda España para defender el poder adquisitivo de los pensionistas con subida de las pensiones en base al IPC Real.
Aparte de lo que promueve la Coordinadora Estatal, todos los colectivos que defienden el Sistema Público de Pensiones también llevan a cabo por toda España charlas informativas, mesas de debate, asambleas, reparto de dípticos, participación en diferentes actos públicos, etc.
Además de todo ello, participamos a nivel institucional en los Proyectos de Ley, Mociones Parlamentarias e Iniciativas Legislativas Populares, siempre que afecten a las prestaciones de la S.S.

¿Qué opinas del reciente veto del Gobierno a la Proposición de Ley sobre reforma de las pensiones que presentó en julio de este año el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
El Gobierno del PP ha vetado esta Proposición de Ley, que contemplaba sustanciales mejoras para el Sistema Público de Pensiones, coincidiendo en parte con las de nuestra Tabla Reivindicativa. La partida presupuestaria de esta Proposición de Ley era para 2018-2027 y el Gobierno ha usado un artículo que solo puede vetar el techo de gasto del siguiente ejercicio, por lo que demuestra que su política no es la de ayudar a la sociedad o al menos demostrar un interés suficiente para ello, sino más bien al contrario, parece que no existe la menor intención de mejorar la situación de los trabajadores y de los pensionistas, aun pudiéndose demostrar que existen suficientes recursos económicos y posibilidades de mejoras para garantizar unas pensiones públicas dignas. Esto apunta a que el Gobierno cree más en el discurso catastrófico del capital privado que alienta la necesidad de contratar sus planes de pensiones para complementar un Sistema Público “cada vez menos sostenible”.
Por todo ello, vamos a realizar las denuncias oportunas ante el Defensor de Pueblo y ante los Tribunales Europeos.

Con respecto al futuro, aparte de las denuncias que acabas de mencionar ¿Qué otras actuaciones se desean emprender desde la Coordinadora Estatal?
Seguiremos montando pieza a pieza el engranaje que sustenta el Sistema Público de Pensiones y que el Gobierno ha desmontado y pretende seguir desmontando bajo su yugo de mentiras para así tener engañada y callada a la sociedad. Y lo haremos con inteligencia y perseverancia en base a cuatro principios:

PRIMERO, a través de la INFORMACIÓN. Informaremos a los trabajadores, a los desempleados, a los jóvenes y a los pensionistas de la estafa que nos quieren imponer arruinando el Sistema Público de Pensiones. La sociedad tiene que conocer la verdad.
SEGUNDO, a través de la DEFENSA de la sostenibilidad de la Seguridad Social Pública, llegando a todos los rincones posibles de España mediante concentraciones, manifestaciones, demandas, recursos, recogidas de firmas, medios de comunicación, universidades, institutos…, y todo lo que se nos ocurra, para defender los derechos que nos quieren robar a los trabajadores y trabajadoras que cotizamos a la Seguridad Social
TERCERO, a través de la PARTICIPACIÓN. Trataremos de atraer hacia nosotros a todas las personas que podamos y a todos los movimientos sociales y plataformas ciudadanas afines que defiendan nuestro Sistema Público de Pensiones, así como a todos los colectivos sindicales, políticos y empresariales que defiendan nuestra Tabla Reivindicativa. Pero también, nosotros debemos participar solidariamente en todos los movimientos sociales y plataformas que defiendan los derechos de los ciudadanos ante los recortes en sanidad, educación, salarios, dependencia, etc., pues todo esto también forma parte de la misma estafa, siendo también los máximos responsables los gobernantes que se ponen al servicio de los poderes económicos.
Y CUARTO, a través del VOTO. Los más de 9 millones de pensionistas actuales, ante unas elecciones generales son una fuerza irresistible que hay que tener muy en cuenta. Cuando la inmensa mayoría de ellos no vuelvan a votar a los responsables que han permitido y permiten los recortes, la situación cambiará.

Aparte de las plataformas, ¿Qué otros colectivos sociales, sindicales o políticos vienen apoyando las iniciativas y movilizaciones que promueve la Coordinadora Estatal?
Los colectivos sociales y sindicales e incluso políticos varían en función del territorio, pero por ahora los sindicatos que más nos apoyan son Co.bas, Somos, CGT, CUT e incluso, en algunos lugares, también CC.OO. y UGT. En cuanto a partidos políticos, por ahora los que más colaboran con nosotros a nivel regional son En Marea, ERC, Bildu y, a nivel nacional, Unidos Podemos.

Para finalizar y teniendo en cuenta que eres una joven de 41 años que se preocupa no solo por los derechos de los pensionistas actuales, sino también por los pensionistas futuros, ¿Qué le dirías a los jóvenes para que se impliquen en la defensa del Sistema Público de Pensiones?
En primer lugar, les diría que no piensen que la defensa del Sistema Público de Pensiones es cosa de las personas mayores jubiladas, puesto que las pensiones incluyen, además de la jubilación, otras prestaciones como la viudedad, la orfandad, las incapacidades, las prestaciones familiares, la maternidad-paternidad, la asistencia sanitaria, el seguro escolar, etc.
Y también les diría, que las reformas del 2011 y 2013 perjudican mayoritariamente a los jóvenes, es decir, a todas las generaciones que en un futuro próximo o lejano tendrán necesidad de acceder a alguna de las prestaciones que acabo de mencionar, no afectando tanto a las personas que hoy por hoy ya disfrutan de su pensión.

Entrevista realizada por:  Manuel López Arrabal 23/11/2017

(NUEVA REVOLUCIÓN-Periodismo alternativo)

Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones

21 de Agosto 2018
Nota de prensa:

Ante los repetidos intentos de menoscabar la fuerza y representación de la Coordinadora Estatal en defensa de las pensiones públicas por parte de pesebristas sindicales y de partidos políticos hemos mantenido un prudencial silencio. Pero ante los ataques a la portavoz Victoria Portas y su falta de representación democrática no podemos callar más y manifestar que estos intentos de desprestigio son absolutamente intolerables, falsos y sobre todo infames.

Victoria fue elegida por unanimidad de los presentes en la asamblea constitutiva y ratificada en su cargo al año siguiente por todos los asistentes a la asamblea nacional celebrada en Madrid.

Sufrimos desde hace tiempo un ataque para desprestigiar el movimiento publicando mentiras como que somos militantes de tal o cual partido, si la estructura no es democrática, si los dirigentes se han autoproclamado y atribuido la representación etcétera.

Estos permanentes ataques quieren dividir a los pensionistas porque nuestras reivindicaciones “molestan” a la clase política y sindical y ven en nuestra unión una fuerza electoral de gran calado. Sin un sistema de pensiones suficiente no es posible una democracia desarrollada puesto que todos somos sujetos políticos y no solo los que viven de la política y del sindicalismo.

Desde RedPENSIONISTAS apoyamos dicho comunicado

 

 

Bloque legal

 1 El Sistema de Pensiones de la Seguridad Social debe mantenerse como tal Sistema Público y, en caso de necesidad, o déficit, se recurrirá a los Presupuestos Generales del Estado. 

 2.- Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 65 años, en el contexto de la Proposición de ley Presentada por 71 diputados en el Congreso.

 3.- Jubilación anticipada, sin penalizar, con 40 o más años cotizados = 100%.

 4.- Recuperación del Subsidio para mayores de 52 años.

 5.- Integración en el Régimen General de todos los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

 6.- Rechazo a las Reformas Laborables del 2011 y 2013, ya que la precariedad laboral afecta negativamente al Sistema Público de Pensiones.

 Bloque económico

 1.- Pensión mínima de 1.084 € (a fecha 2017) que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea.

 2.- Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real anual.

 3.- Recuperación económica de lo perdido desde 2011.

 Bloque Social

 1.- Reducción, hasta su desaparición, de la brecha de género en las pensiones.

 2.- Modificación del tope mínimo en caso de doble pagador.

 3.- Pleno e Inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia,

 4.- Eliminar todo tipo de co/repago y “medicamentazo”, restablecer los derechos sanitarios, en el sentido de la sanidad pública,universal y de calidad que teníamos.

 5.- Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte).

  6- Derechos Humanos efectivos: Derecho a la Vida, a una Muerte Digna, a la Libertad, al Trabajo, Sanidad, Vivienda, Refugiados, Extranjería, etc…

 

Que se establezca el compromiso de llevar a cabo un debate profundo a corto plazo sobre el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, con la participación necesaria de las organizaciones de los/as trabajadores/as y pensionistas –pero con todas ellas– como paso previo a la puesta en marcha de la legislación necesaria para garantizar el mantenimiento de Sistema Público de Pensiones e importes dignos.

 Así mismo, acometer una verdadera reforma fiscal y una verdadera reforma laboral, en postitivo para los derechos de la mayoría social, como herramientas para facilitar la redistribución de rentas y recursos.

 Los ciudadanos debemos manifestarnos y salir a la calle con unos objetivos claros y coincidentes con lo que se pide por los miles de pensionistas movilizados y se recoge por decenas de diputad@s en la Proposición de Ley planteada, y apoyada por la CEDSPP.

 Sería absurdo y anacrónico exigir unas reivindicaciones menores de lo que realmente necesitan con urgencia los pensionistas actuales y futuros, y planteadas ya en el Congreso; lo que de forma inmediata se traduce en  derogar los aspectos más regresivos de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.

 

 

TABLA ESTATAL REIVINDICATIVA

Esta Coordinadora de ámbito estatal, formada por diferentes colectivos sociales, fue creada con el objetivo de defender uno de nuestros derechos históricos más sensibles y necesarios para las familias trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomos: el actual Sistema Público de Pensiones.

ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

 

 

La CE propone un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) y que los Estados miembros aprueben desgravaciones fiscales para las personas suscriptoras de este producto. El PEPP es un paso más en la privatización y mercantilización de la protección social.

La Comisión Europea (CE) redactó en junio de 2017 una Propuesta de Reglamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). La propuesta fue remitida al Parlamento Europeo  para su debate y aprobación.
La Propuesta recomienda a los Estados miembros que aprueben desgravaciones fiscales para las personas suscriptoras del PEPP. Estas desgravaciones fiscales benefician a las personas perceptoras de altos ingresos, las únicas que podrán aportar cantidades significativas al PEPP, al mismo tiempo que reducirán los ingresos públicos y reducirán la progresividad de los sistemas impositivos.
La Propuesta tiene como objetivo principal, tal como su texto repite con insistencia, el desarrollo de los mercados de capitales europeos. La CE promueve explícitamente la innovación financiera y la inversión en instrumentos derivados. Debemos recordar que la innovación financiera y la proliferación de derivados están enel origen de la crisis económica y financiera de 2008, la crisis más grave del capitalismo desde 1929. Esta crisis provocó enormes daños en forma de aumento del paro, de la exclusión social y de la desigualdad. Las entidades que la habían provocado, con la innovación financiera y creación y difusión de instrumentos derivados, debieron ser rescatadas con cuantiosos fondos públicos.
La CE opta por promover fondos de pensiones privados antes que garantizar la suficiencia de las pensiones públicas como queda explícito en la Propuesta.
Consideramos la Propuesta un importante paso en el camino de reducir las pensiones públicas para dejar espacio a los fondos privados de capitalización. La Propuesta de la CE sigue las recomendaciones del Banco Mundial (BM): reducir las pensiones públicas hasta un tamaño modesto para complementarlas con fondos privados de capitalización.
En la moción que presentamos le pedimos a las parlamentarias y parlamentarios europeos que como representantes de la mayoría social:
1- Voten en contra de la creación del PEPP.
2- Exijan a la CE que estudie medidas para garantizar pensiones públicas suficientes.
3- Exijan a la CE que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados.
La Propuesta de la CE fue entregada a la Comisión de Economía del Parlamento europeo y será sometida a votación en esa Comisión los días 11 y 12 de julio. Proponemos que se presente esta moción lo antes posible en los ayuntamientos y que se remitan los acuerdos plenarios al Parlamento europeo-Comisión de Economía, una copia a la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y que se difundan entre los medios de comunicación.

 

AQUÍ TIENES EL MODELO PARA PRESENTAR EN TU AYUNTAMIENTO.

 

Moción sobre el PEPP

 

Aquí os dejamos el enlace, donde podéis acceder al documento original del PANEUROPEO sobre el que están a trabajar en al Comisión Europea.
Para haceros un resumen, indicar que es un plan de pensiones privado que saldrán en la comisión Europea como Reglamento , es decir, de efectos inmediatos en todos los estados miembros el mismo día que se apruebe. Será gestionado por bancos , aseguradoras y fondos de inversión, con grandes bonificaciones y con el mismo riego que los demás fondos de pensiones privados que ya conocéis. 

Como vais a poder leer en el informe esperan recaudar más de 700.000 millones de Euros entre el 2019 y 2030 , y que para nosotros es un claro desvio de posibles ingresos del Sistema de Seguridad Social Pública a la privada y a los bancos.
Por ello realizaremos concentraciones el 16 ABRIL delante de los ayuntamientos de toda España, primero como pre calentamiento para la próxima gran movilización y otra para dar a conocer a la luz pública cual es de verdad la idea de nuestro gobierno de salvaguardar lo Público, obviamente desmontándolo para beneficiar a los entes privados.

 

Aquí os dejamos el enlace, donde podéis acceder al documento original del PANEUROPEO sobre el que están a trabajar en al Comisión Europea.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/…

 

 

 

Las continuas agresiones a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia y sobre todo pensiones), se ponen de manifiesto una vez más con las vergonzosas declaraciones de la Sra. Bañez y la Sra. Villalobos, pidiendo aumentar la edad de jubilación a los 70 años. El presidente de los empresarios se ha unido a esas declaraciones pidiendo la jubilación a los 75 años. Los representantes del poder económico y el gobierno que  diriguen estos mismos poderes económicos pretenden acabar con todos los derechos sociales. Las reformas laborales y de pensiones llevadas a cabo han precarizado y exiliado a los jóvenes con salarios de miseria, provocan unas cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social y por tanto impiden unas pensiones dignas. Se condena a más de 9 millones de pensionistas a la pobreza. Jóvenes, trabajadores y pensionistas sufrimos las consecuencias de la crisis que el sistema impone a la mayoría social.

 Se gobierna para una minoría privilegiada que controla el poder económico, bancos, eléctricas, y corporaciones del IBEX 35, empresas en cuyos Consejos de Administración están los políticos que han hecho las reformas laborales y de pensiones con el único objetivo de favorecer a estas empresas. Desde estos consejos, nutridos por políticos del bipartidismo, se determina la subida de la luz en más del 12%, del gas un 10% y se lleva a la

mayoría social y a los pensionistas al empobrecimiento generalizado.

El IPC actúa sobre nuestras pensiones como un impuesto que el gobierno del PP impone a los y las pensionistas de forma inmoral y perversa mientras utiliza este dinero que se nos roba para darlo a bancos y eléctricas y salvar sus cuentas financieras.

El gobierno del Partido Popular plantea para el año 2018 unos Presupuestos Generales del Estado que condenan a la miseria a los pensionistas, no garantiza las mismas, la miserable subida del 0,25% 2 €  es no sólo insuficiente frente a una inflación incontrolada que nos conduce a pensiones asistenciales sino una auténtica burla

Las reformas del 27/2011 (PSOE) y del 23/2013 (PP)  y los Pactos de Toledo introduciendo los PPP y PPE actúan como una losa y suponen, según expertos y economistas, una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones. Es evidente que este deterioro del Sistema Público de Pensiones tiene un objetivo que es favorecer los Planes Privados de Pensiones (PPP) y los Planes Privados de Empresa (PPE), y con ellos a bancos y gestores de dichos planes.

 

Desde la CEDSPP exigimos mantener el actual sistema de reparto, las pensiones como un derecho constitucional, su inclusión en los PGE para hacer frente a los posibles déficits del sistema y reenbolsar lo sustraído de la hucha de las pensiones. Exigimos retomar la jubilación a los 65 años, la jubilación sin penalización a los 40 años cotizados, así como retomar el subsidio a los mayores de 52 años y la eliminación de toda discriminación que actualmente vulnera los derechos humanos de la mujer.

Es una lucha que no podemos perder y por ello estaremos hoy y los días necesarios en las calles hasta conseguirlo.

COMUNICADO 22 FEBRERO 2018

 

https://www.facebook.com/RedPENSIONISTAS/

 @RedPENSIONISTAS quiere ser una entidad plural que va a utilizar las Redes Sociales para impulsar, facilitar y coordinarnos con otras entidades en pro de una jubilación con Dignidad ,en derechos y oportunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su país para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos, violencia y persecuciones, aumenta cada día. Ya son más de 70 millones en todo el mundo. En 2016, 1.259.265 trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en España. El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho más de 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección.

Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales,están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos,
esclavitud laboral…

Mientras tanto, Europa se blinda, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países
africanos, para que sean éstos los que se encarguen de “gestionar” el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución, auspiciando la esclavitud y la tortura. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional.
Vivimos una crisis del Estado de Derecho.

El Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas. El 26 de septiembre del año
pasado terminó el plazo del programa de reubicación europeo. España ha acogido a un ridículo 13,48% de las 9.323 personas asignadas en su cuota, tras haber rebajado casi la mitad el compromiso inicial de acoger a 17.337. Tan solo 1.257 personas en dos años. Un porcentaje vergonzoso, que nos coloca entre los países con un mayor grado de incumplimiento.

Además, las políticas de asilo españolas durante 2016-2017 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.

Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.

Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.

Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.

Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.

Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como España, sin trabas y de forma efectiva.

Que España, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.

Que España y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI.

Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los Derechos Humanos.

Que España y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.

Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.
La ciudadanía está en pie. No seremos cómplices. Esta Europa Fortaleza no nos representa, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN

Egoera oso latza da. XXI. mendean ongi sartuta gaudela, Bigarren Mundu Gerraz geroztik izan den errefuxiatu eta migratzaileen krisi humanitariorik handiena jasaten ari gara. Gatazka armatuen, eskubide-urraketen, indarkeriaren eta jazarpenen ondorioz bizirik jarraitzeko beren herrialdetik ihes egiten duten pertsonen kopurua gero eta handiagoa da. Dagoeneko 70 milioi baino gehiago dira mundu osoan. 2016. urtean, 1.259.265 pertsona saiatu ziren Europan aterpea aurkitzen, eta nazioarteko babesa eskatu zuten. Haietatik guztietatik, 15.755 baino ez ziren saiatu Espainian. Mediterraneo itsasoko egoera benetan lotsagarria da gaur egun. Azken 17 urteetan, 35.000 pertsona hil dira bertan, eta 2016. urteaz geroztik, 7.000 baino gehiago, haurrak tartean. Heriotza horiek ez ziren gertatuko pertsona horiek babesa lortzeko bide seguruak eta legezkoak izan balituzte.

Gainera, gure multinazionalak ere, munduko beste potentzietakoak bezala, nahitaezko migrazio horien arrazoien jatorrian daude (interes ekonomiko eta energetikoek eragindako gerrak, eskubideen urraketak, lan-esklabotza eta abar).

Aldi berean, Europa blindatu egin da, asilo-politikak gogortu egin ditugu nazioarteko babesa jasotzeko eskubidea baliatzea gero eta zailagoa izan dadin, eta seguruak ez diren hirugarren herrialdeekiko “legez kanpoko” akordioak bultzatu ditugu (Turkiarekin edo Afrikako herrialde batzuekin egindako akordioak, adibidez), gerratik ihesi doazen edo jazarpen motaren batengatik bizitza arriskuan duten milioika pertsonaren etorkizuna herrialde horietan “kudea” dadin, era horretan esklabotza eta tortura babesten bada ere. Pertsona horien giza eskubideak behin eta berriz urratzen dira, lehenik eta behin jatorrizko herrialdean, eta, ondoren, gure herrialdera iristen direnean, Espainia nazioarteko babesa eskaintzera behartzen duten nazioarteko lege eta adierazpen unibertsal guztiak gorabehera. Zuzenbide Estatuaren krisi batean sartuta gaude.

Espainiako gobernua ez da betetzen ari hartu dituen konpromisoak. Milaka pertsonak nonbait hartuko dituzten zain jarraitzen dute Europa barruko zein kanpoko errefuxiatu-esparruetan, egoera penagarrian. Joan den urteko irailaren 26an, Europako birkokapen-programaren epea amaitu zen. Espainiak bere kuotako 9.323 pertsonen % 13,48 baino ez ditu hartu, hasierako konpromisoa (17.337 pertsona hartzeko konpromisoa, alegia) ia erdira murriztu ondoren. 1.257 pertsona baino ez dira izan bi urtean. Ehuneko lotsagarria da, eta ez-betetze mailarik handieneko herrialdeen artean kokatzen gaitu.

Gainera, 2016-2017 aldian, Espainiako asilo-politikak asilo-eskubidea mugatu die Siriakoaz bestelako gatazka batzuetatik ihes egiten duten eta, Sirian bezala, eskubideen urraketak jasaten dituzten milaka pertsonari.

Orain, inoiz baino gehiago, beharrezkoa eta premiazkoa da herritar, kolektibo, elkarte, entitate eta mugimendu sozial guztiak kalera irtetea eta zer nahi dugun garbi eta ozen esatea.

EZ dugu Europa “gotorleku” bat nahi, Europa abegikor bat baizik.

Bizitzeko eta aterpea jasotzeko eskubidea babestuko duen Europa nahi dugu, heriotzatik ihesi gure mugetara iristen saiatzen diren pertsonen eskubideak urratuko EZ dituena.

Pertsona horiek nazioarteko legeriari jarraikiz hartzea nahi dugu, eta hartutako konpromisoak eta betebeharrak betetzea. EZIN da inor bidali segurua ez den herrialde batera.

Denok elkarrekin eskatzen dugu beren herrialdeetatik ihes egiten duten pertsonak dagozkien eskubideen arabera trata daitezen, eta, beraz, hainbat herrialdetan (Espainian, adibidez) dagokien nazioarteko eskubidea eragozpenik gabe eta eraginkortasunez eskatzeko aukera izan dezaten.

Espainiak eta Europako gainerako herrialdeek legezko bide seguru batzuk (hala nola korridore humanitarioak) edota enbaxadetan asiloa eskatzeko aukera berma ditzaten.

Espainiak eta EBko gainerako gobernuek premiazko harrera-neurriak har ditzaten eta berehala aplika ditzaten, kalteberatasun-egoeran dauden pertsonen babes-premiak bereziki kontuan hartuta (hala nola haurrenak, emakumeenak eta LGBTI pertsonenak).

Europar Batasunak giza eskubideak betetzen ez dituzten herrialdeekin mugak kontrolatzeko eta pertsonak itzultzeko eta berriz hartzeko akordioak bertan behera utz ditzan.

Espainiak eta Europar Batasunak errefuxiatuen eta migratzaileen duintasuna eta inklusioa bermatuko duten harrera-politikak gara ditzaten.

Eta, jakina, gobernuek garapenerako lankidetza sendotu dezaten, errefuxiatuen desplazamenduak eragiten dituzten arrazoietan lan egiteko eta pertsona horiek ihes egiten ez jarraitzeko.

Herritarrok zutik gaude. Ez gara konplizeak izango. Europa “gotorleku” honek ez gaitu ordezkatzen, GIZA ESKUBIDEAK EZ DIRA NEGOZIATZEN

 

 

En este trabajo, que he titulado LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN EL PROCESO FINAL DE LA VIDA, trato de dar una perspectiva generalista al asunto, si bien recalcaré ciertos toques de especialización en relación con el armazón jurídico que tanto afecta al desarrollo de estos DERECHOS.

En este empeño, al construir este discurso:

• He preferido referirme a “los ciudadanos”, o usuarios del sistema médico, más que a los pacientes
• He priorizado la perspectiva de inmanencia, frente a la de trascendencia
• He optado por hablar de Derechos, más que a actos derivados de la compasión que para algunas personas marca el vector de las actuaciones
• Manifiestamente he querido que se me entienda que la muerte es un acto civil, y religioso solamente para quien así lo sienta
• Voy a intentar que se me entienda que al hablar de los posibles derechos de la ciudadanía considero que, además de analizar el ámbito de lo individual, de lo privado, también estamos hablando de una cuestión de alcance público
• Que debemos realizar un esfuerzo metodológico, y de justicia, al describir los Derechos de la Ciudadanía, tanto referidos a las personas en situación de enfermedad terminal, como en favor de las personas que manifiestan su deseo de morir
• En definitiva, que pongo a la persona en el centro de mis reflexiones, a esa persona que es titular de su vida, propietaria de la misma, y no, como algunos quieren hacernos creer, usufructuarios de la misma, porque, dicen, nuestra vida tiene un origen divino. Por eso, aunque sea brevemente, hablaré de la influencia derivada de la inculturación que desde el cristianismo se ha realizado en relación con la sacralización de la muerte.
• Os diré también, que en mi opinión la Sociedad SÍ está preparada para debatir estas cuestiones… Que hay dos modelos de vivir el proceso de morir: el TRADICIONAL, para las personas más conformistas y menos interesadas por el cambio; y el BIOGRÁFICO, construido por las personas más reflexivas, más rebeldes con el poder, aquellas que hacen un uso más fecundo de SU AUTONOMÍA
• Por eso, y concluiré con esta lista, os diré también que la Antropología, al analizar la Historia de la Muerte, se esfuerza en diferenciar las variadas concepciones de la muerte. Por eso, es conveniente enfatizar en las diferencias que subyacen entre la MUERTE DEL OTRO y la MUERTE PROPIA, y os diré que por aquí viene el cambio, que desde la perspectiva de Muerte Propia se está construyendo una manera más democrática y de mayor calidad para concebir el proceso de morir.

 

Pero, como el temario es tan amplio, no hablaremos hoy:

• Del Ritual Funerario
• De cómo se pueden diferenciar las “muertes aceptadas” de aquellas otras que producen mayor rebeldía
• De la construcción del mensaje y discurso de la despedida
• Del luto, muchas veces patológico
• De los cambios que se perciben con nitidez en relación con el destino del cuerpo
• De la cosmología de la muerte
• De las legislaciones en Sociedades más avanzadas
• De cómo se vive en nuestra Sociedad el envejecimiento de la población y la Dependencia
• De cómo, injustamente, la carga de los cuidados recae en las mujeres
• Del conflicto que se genera al revisar los orígenes de la titularidad del patrimonio arquitectónico religioso, y las nuevas alternativas de uso que se suscitan…
• Y, aunque con esfuerzo, no os hablaré hoy de la MUERTE SOCIAL, un tema que reservo para otra ocasión, pero que, anticipo, ocupará pronto el centro del debata acerca del proceso de morir…

 

De todas estas cosas hablaremos, o no hablaremos… ¡Ya veremos! Vosotras y vosotros lo decidiréis en el coloquio.

Pero ahora, vamos a hablar de los Derechos de la Ciudadanía en el Proceso Final de la Vida.

AQUÍ TIENES EL DOCUMENTO COMPLETO:

LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN EL PROCESO FINAL DE LA VIDA