LAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO PARA REFORMAR LAS PENSIONES

 

Tras más de cuatro años de reuniones, la Comisión permanente no legislativa de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes 23/10/2020 su informe para la reforma del sistema público de pensiones. Los grupos políticos votarán en comisión el documento el próximo martes 27.
Las recomendaciones son claves para la prometida reforma de las pensiones, ya que el Gobierno ha asegurado que servirán de base para los cambios que se aprueben, que también estarán sometidos a la negociación con los sindicatos y la patronal.
Resumimos telegráficamente el contenido de todas las recomendaciones:

Recomendación 0: Defensa del sistema público
Se reafirma el compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones y se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de sus principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad, entre otros.
Se reitera que las cotizaciones sociales se mantengan como “la fuente básica” de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas, sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales, como pueden ser las transferencias del Estado.
Se insiste además en que las prestaciones no contributivas y los servicios de carácter universal se financien a través de aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

Recomendación 1: Equilibrio y Separación de fuentes
Se emplaza a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 y propone que los gastos impropios pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado. Entre los gastos impropios enumera: las ayudas a las empresas de reducciones en la cotización a la Seguridad Social, las tarifas planas y otros ejemplos de tratamiento favorable en la cotización, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor, el complemento de maternidad en las pensiones,…

Recomendación 2: Poder adquisitivo. Subidas con el IPC
Se defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y precisa que “la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.

Recomendación 3: La ‘hucha de las pensiones’
El Pacto destaca que una vez se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social se debe retomar la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva, apunta que aunque el Fondo de Reserva no es el mecanismo adecuado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural sí puede servir como una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social.

Recomendación 4: Cotización de autónomos
Indica que la sostenibilidad del sistema de pensiones exige que, de manera gradual y acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo, se aproxime la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. Este cambio se debe producir en el marco del diálogo social entre sindicatos y patronal.
Recomienda medidas que contemplen el trabajo a tiempo parcial de los autónomos.

Recomendación 5: Elección del periodo de cotización
Recomienda evaluar la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión, es decir, que el trabajador pudiera elegir esos 25 años de manera que le sea más favorable para el cobro de su pensión.
Sobre la pensión máxima y la base máxima de cotización, indica que su relación debe establecerse legalmente de forma clara y estable.

Recomendación 6: Incentivos al empleo
La financiación de los incentivos al empleo no podrá hacerse con cargo a las cotizaciones sociales, salvo excepciones en colectivos especiales como personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género.

Recomendación 7: Información ciudadana. “La carta naranja”
Se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las obligaciones de información contenidas en el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, “de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión”. Es el conocido “sobre de color naranja” que ningún Gobierno ha llegado a remitir a los mayores de 50 años, como estaba previsto.

Recomendación 8: Gestión del sistema. Nueva Agencia
Se debe abordar un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social. Además, la Comisión defiende “una más estrecha y adecuada coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos”.

Recomendación 9: Mutuas de la Seguridad Social. Modernización
Respecto a las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, destaca que debe cumplirse la regla de paridad en la composición de sus órganos de gobierno y dotarlas de cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos que resulte compatible con un estricto control por la Seguridad Social.

Recomendación 10: Lucha contra el fraude
Se deben clarificar las lagunas legislativas bajo las que se ocultan abusos en la determinación del concreto régimen de afiliación en el que se debe cotizar (“falsos autónomos”) y apremia por el endurecimiento de las sanciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social”.

Recomendación 11: Contributividad. Pensiones mínimas
Se apuesta por la “contributividad” del sistema, es decir, la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador.
Se precisa que, en los casos de vidas laborales muy prolongadas, habría que valorar la posibilidad de reconocer la posibilidad de que el beneficiario descarte algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o pueda escoger el tramo de la carrera de cotización sobre el que se aplicaca la fórmula de cálculo de su pensión.

Recomendación 12: Edad de jubilación
La edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.
También apuesta por revisar el acceso a la jubilación anticipada, de manera que los coeficientes reductores sean equitativos y emplaza al Gobierno a proponer una respuesta en el plazo máximo de 3 meses ante la Comisión.

Recomendación 13: Viudedad y orfandad
Se debe llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones de viudedad y orfandad, manteniendo su carácter contributivo. Se debe acomodar la configuración de la pensión a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos.
La protección social debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos y propone aumentar el porcentaje de la base reguladora de la pensión.

Recomendación 14: Fiscalidad
Queda suprimida esta anterior recomendación sobre el reordenamiento del tratamiento tributario

Recomendación 15: Un sistema suficiente
La Comisión cree necesario establecer alguna referencia adecuada para evaluar la “suficiencia” de las pensiones, como puede ser la llamada ‘tasa de sustitución’ (que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores), que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas”.
Se reitera que los complementos a mínimos de las pensiones, como manifestación práctica de ese sistema solidario, deben ser asumidos por impuestos (Presupuestos Generales del Estado) y no por cotizaciones sociales.

Recomendación 16: Sistemas complementarios
Reafirma de nuevo su apuesta por impulsar la implantación efectiva de los planes complementarios de pensiones, en especial de los planes de trabajo (los planes de empleo, el llamado segundo pilar de las pensiones), que negocian empresas y trabajadores y que “prioritariamente” habrán de ser sin ánimo de lucro. Y apostilla que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros”.
En cuanto a los sistemas de pensiones individuales (el llamado tercer pilar), sostiene que la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores.

Recomendación 17: Mujeres
Se reclaman medidas que permitan identificar las discriminaciones retributivas y llama a introducir “las correcciones” para solventar los vacíos en las carreras de cotización por la irregularidades de las carreras profesionales, y también emplaza a impulsar reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios con los trabajadores a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres, como ha indicado ya la justicia europea y el Tribunal Constitucional.

Recomendación 17 bis: Jóvenes
Hace un llamamiento a potenciar su confianza en el sistema de la Seguridad Social. Una medida concreta que incluye al respecto consiste en adoptar “medidas legislativas definitivas encaminadas a garantizar y a mejorar la protección social del colectivo de becarios”.

Recomendación 18: Personas con discapacidad
Deben intensificarse las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos laborales de las personas con discapacidad, y en concreto, se recomienda “seguir introduciendo modificaciones en la normativa de Seguridad Social que afecten, entre otras cuestiones, al régimen jurídico de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente y a su compatibilidad con la realización de un trabajo, evitando la litigiosidad existente en este ámbito”.

Recomendación 19: Trabajadores migrantes
Afirma que la inmigración ayudará a fortalecer el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población en España, y apuesta por la llegada de personas canalizada “a través de mecanismos que garanticen la incorporación de personas migrantes al mercado de trabajo”. Destaca también la llamada a que la Administración intensifique “su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes”, así como las situaciones de explotación.

Recomendación 19 bis: Digitalización
La Comisión destaca que “resulta clave” favorecer la inclusión de los trabajadores dentro del sistema, “como fórmula para combatir la economía informal y garantizar la protección ante situaciones de necesidad” (cita la sentencia del Supremo sobre Glovo como referencia para la “imprescindible” lucha contra los falsos autónomos).
Señala el riesgo de una protección social contributiva insuficiente y considera que “hay que reforzar los mecanismos no contributivos, típicamente solidarios, del sistema”.
La Comisión añade una reflexión: “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.

Recomendación 20: Control Parlamentario
A juicio de la comisión, conviene “intensificar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones, del equilibrio financiero del sistema y de los resultados que se obtienen en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social”.
El Pacto de Toledo recuerda por último que, transcurridos al menos cinco años desde su aprobación, “el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como a una evaluación de su grado de cumplimiento, mediante los instrumentos parlamentarios específicos para ello”.

 

 

 

EL PACTO DE TOLEDO 

 

NOTA PREVIA
Para la más sencilla comprensión de los documentos que se adjuntan, se ruega la lectura previa de la siguiente explicación:


El texto se compone de 5 partes:


Parte I.‐ Antecedentes; en esta parte se relatan los datos relativos a la creación de la Comisión, su composición, las sesiones celebradas y la
documentación recibida.


Parte II.‐ Introducción; en esta parte, tras unas breves palabras de presentación y agradecimiento, se exponen el contenido de las principales
leyes que han desarrollado el Pacto de Toledo, desde 2003, así como los datos más destacados sobre las prestaciones económicas que, a día de hoy,
satisface la Seguridad Social.


Parte III.‐ Orientaciones comunitarias; en esta parte se expone la posición de las Instituciones de la UE, una vez transcurrido el plazo de
10 años para ejecutar la Estrategia de Lisboa, y las metas fijadas dentro del marco diseñado por la nueva Estrategia Europa 2020.


Parte IV.‐ Evolución demográfica prevista para España; en esta parte se indican las principales proyecciones demográficas referidas a España, con
especial atención a las previsiones y simulaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística.


Parte V.‐ Recomendaciones; es la parte medular del Informe. En ella se encuentran las recomendaciones elaboradas en las reuniones mantenidas por la Mesa y los Portavoces durante los últimos meses. Las recomendaciones incorporan, señaladas en negrita las correcciones sugeridas por el Letrado y aquellas otras que le fueron encargadas a lo largo de las reuniones mantenidas. Entre esas correcciones tienen una profundidad mayor las introducidas en la Recomendación número 20, relativa al seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo. Asimismo, se ha dado una nueva numeración a las recomendaciones, más acorde con los acuerdos que se fueron adoptando en las reuniones sucesivas.
Las recomendaciones van precedidas de una Consideración Preliminar, elaborada por el Letrado, atendiendo a las indicaciones efectuadas en el curso de la última reunión.


Parte VI.‐ Anexo Estadístico; se trata de la parte complementaria integrada por los cuadros y gráficos que sirven para ilustrar las explicaciones y demás datos que se ofrece a lo largo del Informe.
Secretaría de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo

 

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ARGITASUNA. Claridad para construir una nueva realidad

En la actual situación de crisis múltiples, donde a las desigualdades sociales, económicas y políticas que no dejan de crecer hay que añadir las carencias e insuficiencias dotacionales de los servicios públicos, así como la caída de la actividad económica y la bajada de la recaudación fiscal, se constata el riesgo de cronificarse la pérdida de bienestar.

                La privatización siempre ha tenido lo público en el punto de mira, pero hoy día es en la protección social donde coge impulso el modelo privatizador, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Más en concreto, el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad  Social y su modelo de reparto va a ser complementado, de momento de forma parcial, por las pensiones privadas (en Euskadi EPSV) con la correspondiente, por supuesto, mejora de sus beneficios fiscales. No lo podemos permitir.

                Todo esto lleva a impulsar el Colectivo Argitasuna con la idea de hacer visible las diferentes problemáticas y de construir de forma colectiva una nueva realidad. No queremos una mano de pintura a lo existente. Necesitamos promover el bien común, la justicia social, la equidad en el reparto de la riqueza, una reforma fiscal percibida como justa. En definitiva, un modelo social alternativo que rescate los derechos del conjunto de la ciudadanía.

El manifiesto adjunto recoge el ideario Argitasuna y está dirigido a todo tipo de asociaciones: feministas, ecologistas, pensionistas, culturales, juveniles, deportivas incluso. Va dirigido también a las organizaciones sindicales, así como a los partidos políticos que desde las instituciones gestionan los intereses del conjunto de la sociedad.

                Quienes a nivel personal o asociativo se identifiquen con el contenido del citado manifiesto y deseen participar en su desarrollo, rogamos que lo comuniquen, a través del siguiente correo electrónico: colectivoargitasuna@gmail.com

La crisis económica del 2008 y su deplorable gestión, a base de recortes, austeridad, reformas laborales, de pensiones y de género, se tradujo en menos protección, más precariedad, más pobreza, más desigualdad social. Hace tres años, los indicadores macroeconómicos señalaban el final de la crisis. Para el 66% de la población vasca la percepción era bien distinta, no había acabado. Es más, desde el 2013 alrededor de una cuarta parte de la sociedad no puede ni ir al dentista y tiene que ajustarse en la alimentación. En cuanto a la pobreza infantil, el Deusto Barómetro Social recogía que más de un 31% ha renunciado a las actividades de ocio. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de abril, el paro juvenil ronda el 22% en la CAV. Además, las mejoras salariales se concentran en el nivel superior, mientras que en el inferior empeoran.

Se instala y cronifica la precariedad. Corremos el riesgo de dar carta de naturaleza a una “sociedad indecente” en la que se viva con normalidad la persistente desigualdad, donde para consolidar la situación se recurra a normas que disciplinen a la población en la pobreza.

En este contexto aparece la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, con efectos demoledores en el plano económico y social. La pandemia intensifica la precariedad y la desigualdad. La devastación será extensa e intensa. Estimaciones oficiales señalan que la recaudación fiscal caerá este año alrededor del 20% (2.000 millones menos de ingresos en la CAV). El reto es con la salud pública, sostenibilidad económica, ambiental y rescate social. En definitiva, se necesitan cambios profundos, sociales, culturales e impositivos.

Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Combatir la desigualdad pasa por una reforma fiscal profunda, que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales. Que aporte de manera continuada los recursos que la sociedad necesite y que sea percibida como justa y progresiva. La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude (evasión fiscal) y desgravaciones (elusión fiscal). Además de pagar, hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos, elitistas. Son ejemplos evidentes de inequidad fiscal.

 No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que tenga beneficios fiscales.

Gobierno Vasco y Diputaciones favorecen con desgravaciones fiscales de la base imponible de la declaración de la renta (hoy hasta 5.000 euros) a contribuyentes con capacidad de ahorro a largo plazo, para complementar la pensión pública próxima o futura. De esta forma se transfieren recursos públicos a segmentos sociales y laborales razonablemente bien situados, convirtiendo al resto de la población en meros donantes de beneficios fiscales. La crisis sanitaria ha retrasado la propuesta fiscal más generosa que la Administración tiene prevista para intentar extender el aseguramiento social privado más allá de las rentas medias/altas.

El Viceconsejero de Economía del Gobierno Vasco, instaba en julio a redoblar esfuerzos para impulsar las EPSV de empleo. No hubo respuesta sindical ni de partidos, no hubo el rechazo frontal que cabía esperar ante este intento de privatizar las pensiones públicas. ¿Y si mañana se instase a suscribir pólizas de aseguramiento sanitario privado, ya que son centros de iniciativa social, con el argumento de que se refuerza el derecho a elegir, posibilitando que se gestione en dos redes, como ocurre con la educación concertada? ¿Habría respuesta política, sindical, social, a ese intento de privatizar lo público, o sea, a pretender sostener con dinero público empresas privadas como ocurre con nuestra educación de modelo segregacionista?

En la CAV asistimos desde hace años, con el silencio cómplice de partidos y sindicatos, al fomento institucional de una fiscalidad “a la carta”, para que sectores concretos accedan a la jubilación con una pensión privada complementaria, financiada con recursos que se sustraen de cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. Es necesario rechazar los reiterados intentos de extender la privatización de los servicios públicos, en particular de las pensiones y de la sanidad, dos urgencias del momento actual, con una fiscalidad ventajosa que constituye una apropiación injusta de recursos colectivos. En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de interés social.

Es preciso recuperar la hegemonía de la política sobre la economía y la acción de las instituciones en las decisiones económicas y sociales que afectan a la colectividad. Necesitamos servicios públicos eficientes que posibiliten el desarrollo de las familias en igualdad, conciliando. Es imprescindible la progresividad fiscal frente a la actual regresividad. Deben dejar de existir situaciones tan preocupantes como estas:

– 25% de perceptores de la RGI son pensionistas, en su mayoría (dos de cada tres) mujeres

 -Casi un 30% de mujeres trabajan con contrato a tiempo parcial, hombres sólo el 10%

– Las pensionistas vascas cobran de media 907 euros al mes, los hombres 1.568 euros

Organizar los recursos públicos con eficiencia y equidad, establecer prioridades compartidas y bien definidas, requiere acuerdos amplios que se debieran abordar en los próximos meses, en los presupuestos de la CAV y del Estado.

Quienes integramos el colectivo Argitasuna, impulsor de este documento, somos gente de procedencia obrera, trabajadores en activo y pensionistas. Venimos de diferentes ámbitos profesionales, tenemos características políticas e ideológicas diversas, pero nos mueve la voluntad común de clarificar, dar luz (argia) a la situación actual para contribuir a transformar esta realidad. Consideramos necesario que partidos y sindicatos se pronuncien sin dilación sobre las necesidades sanitarias y la fiscalidad que pedimos revertir. Solicitaremos encuentros con cada uno de ellos para exponer en detalle la razón de esta iniciativa.

Socializaremos este manifiesto con otras asociaciones, en particular las de pensionistas y los colectivos de la sanidad, para que contribuyan con su parecer, si así lo consideran. Animamos a que los trabajadores y trabajadoras en activo debatan sobre las EPSV y el modelo social que representan. Hacemos un llamamiento a los profesionales de la sanidad para que expongan con claridad y valentía las necesidades concretas e inaplazables en la situación actual. Este planteamiento vale para el conjunto del Estado, al compartir problemas similares, aunque su adaptación y gestión corresponde a colectivos que recojan el testigo en cada territorio.

Euskadi, octubre de 2020

ARGITASUNA-Errealitate  berri bat eraikitzeko argitasuna

2008ko krisi ekonomikoa eta horren kudeaketa tamalgarriak, murrizketa, austeritate, lan-erreforma eta pentsio eta genero-erreformen bidez, babes gutxiago, prekarietate gehiago, pobrezi handiagoa eta desberdintasun sozial nabarmenak ekarri zituen berekin. Duela hiru urte, adierazle makroekonomikoek krisiaren amaiera adierazten zuten. EAEko biztanleen % 66aren pertzepzioa ostera, kontrakoa zen. Are gehiago, 2013az geroztik, gizartearen laurden batek ezin du dentistarengana ere jo eta janaria murriztu behar izan du. Haurren pobreziari dagokionez, Deusto Barometro Sozialak % 31k baino gehiagok aisialdiko jarduerei uko egin ziela jasotzen zuen. Apirileko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, gazteen langabezia % 22 ingurukoa da EAEn. Gainera, soldata-hobekuntzak maila gorenean daude, behekoan okerrera egiten duten bitartean.

Prekarietatea ezarri eta kroniko bihurtzen da. Etengabeko berdintasun eza normaltasunez bizitzen duen “gizarte lotsagarri” bati izaera emateko arriskua dugu, non, egoera sendotzeko, herritarrak pobrezian diziplinatzen dituzten arauetaz baliatzen diren.

Testuinguru honetan Covid 19ak eragindako osasun-krisia agertzen da, ondorio suntsitzaileekin ikuspegi ekonomiko eta sozialean. Pandemiak prekarietatea eta desberdintasuna areagotzen ditu. Hondamena zabala eta bizia izango da. Kalkulu ofizialen arabera, aurton zerga-bilketa % 20 inguru jaitsiko da (EAEn 2.000 milioi gutxiagoko diru-sarrerakin). Erronkak, osasun publiko, iraunkortasun ekonomiko, ingurumen eta erreskate sozialean datza. Azken batean, aldaketa sakonak, sozialak, kulturalak eta inposatzaileak behar dira.

Errealitate berri bat eraiki behar da, begirada eraldatzaile baten bidez, herritarrei bizitza duina izateko beharrezko baliabideetarako sarbidea bermatzeko mekanismoak aktibatu eta proiektu partekatu bat gaitzen duena.

Desberdintasunari aurre egiteko, erreforma fiskal sakona egin behar da, egitura beharrei erantzuten duena eta ez soilik egoeraren araberako beharrei. Gizarteak behar dituen baliabideak etengabe ematea eta bidezkotzat eta progresibotzat hartzea. Erreformak, PFEZk ordaintzeko benetako gaitasuna zergapetu eta gure fiskalitatearen bidegabeko bi bide: iruzurra (zerga-ihesa) eta desgrabazioak (zerga-saihestea), iztetik hasi behar du. Pentsio-plan pribatuei, mutualitateei edo BGAEei pizgarri eta onura fiskalak kendu behar zaizkie, bidegabeak, atzerakoiak eta elitistak izateagaitik. Zerga-ekitate ezaren adibide nabarmenak dira.

Ez gaude aurrezki pribatuaren aurka, baina bai onura fiskalak izatearen kontra.

Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek errenta-aitorpenean zerga-oinarriaren desgrabazioekin (gaur egun 5.000 euro arte), hurbileko edo etorkizuneko pentsio publikoa osatzeko, epe luzera aurrezteko gaitasuna duten zergadunei laguntzen diete. Horrela, baliabide publikoak nahiko ondo kokatutako gizarte eta lansegmentuetara transferitzen dira, eta gainerako biztanleak zerga-onuren emaile huts bihurtzen dira. Osasunkrisiak, Administrazioak gizarte-aseguramendu pribatua errenta ertain/altuetatik haratago zabaltzen saiatzeko aurreikusita duen zerga-proposamen oparoena atzeratu egin du.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako sailburuordeak, uztailean, enpleguko BGAEak bultzatzeko ahaleginak areagotzeko eskatu zuen. Ez zen sindikatuen edo alderdien erantzunik izan, ez zen espero zitekeen erabateko arbuiorik izan pentsio publikoak pribatizatzeko ahalegin horren aurrean. Eta bihar, gizarteekimeneko zentroak izanik, osasun-aseguramendu pribatuko polizak sinatzeko eskatuko balitz, aukeratzeko eskubidea indartzen dela argudiatuz, kudeaketa bi saretan ahalbidetuz, itunpeko hezkuntzarekin gertatzen den bezala? Arlo publikoa pribatizatzeko saiakera horri, hau da, diru publikoarekin enpresa pribatuak sostengatu nahi izateari, erantzun politiko, sindikal edo sozialik emango litzaioke, eredu segregazionistako gure hezkuntzarekin gertatzen den bezala?

EAEn, urteak dira, alderdi eta sindikatuen isiltasun konplizearekin, erakundeek sustatutako “Nahierazko” fiskalitate baten lekuko garela, gizarte osoaren beharrak betetzetik kanpo geratzen diren baliabideekin finantzatuta, sektore jakin batzuek pentsio pribatu osagarri batekin erretiroa har dezaten. Beharrezkoa da, baliabide kolektiboez bidegabe jabetzea dakarren zerga-sistema abantailatsu batekin, zerbitzu publikoen pribatizazioa zabaltzeko behin eta berriz egindako ahaleginei, bereziki pentsioen eta osasunaren pribatizazioari, uko egitea. Pentsioetan, belaunaldien arteko banaketa-sisteman inplizituki dagoen birbanaketa-ahalmena dago jokoan. Hori, iraunkorra eta arreta sozialekoa den gure pentsio-sistemaren elkartasun-eredua hausten duen, eta itzulera guztiz indibiduala den kapitalizazio-sistema batean, ezinezkoa da.

Kolektibitateari eragiten dioten erabaki ekonomiko eta sozialetan, erakundeen ekintza eta politikak ekonomiaren gain duen nagusitasuna berreskuratzea beharrezkoa da.

Bateragarritasuna sustatuz, familiak berdintasunean garatzea ahalbidetzen dituzten zerbitzu publiko eraginkorrak behar ditugu. Ezinbestekoa da zerga-progresibitatea egungo erregresibotasunaren aurrean. Jarraian aurkeztutako egoera kezkagarri hauek desagertu behar dira:

– DBE jasotzen dutenen % 25 pentsiodunak dira, gehienak (hirutik bi) emakumeak

– Emakumeen ia % 30ek lanaldi partzialeko kontratuarekin lan egiten dute, gizonek soilik % 10

– Emakume pentsiodunek bataz beste 907 euro kobratzen dituzte hilean, gizonek aldiz, 1.568

Baliabide publikoak eraginkortasunez eta ekitatez antolatzeko, lehentasun partekatuak eta ongi definituak ezartzeko, datozen hilabeteetan EAEko eta Estatuko aurrekontuetan landu beharko liratekeen akordio zabalak behar dira.

Dokumentu honen bultzatzaile den Argitasuna kolektiboa osatzen dugunok, langile jatorriko jendea, jardunean gauden langileak eta pentsiodunak gara. Hainbat lanbide-eremutatik gatoz, ezaugarri politiko eta ideologiko desberdinak ditugu, baina egungo egoera argitzeko eta errealitate hori eraldatzen laguntzeko amankomuneko borondateak mugitzen gaitu. Gure ustez, beharrezkoa da alderdi eta sindikatuek lehenbailehen osasun-premiei eta lehengoratu nahi dugun fiskalitateari buruz iritzia ematea. Ekimen honen arrazoia zehatz-mehatz azaltzeko, horietako bakoitzarekin topaketak egitea eskatuko dugu.

Manifestu hau beste elkarte batzuekin sozializatuko dugu, bereziki pentsiodunekin eta osasun-arloko kolektiboekin, halan uste badute, beren iritziarekin lagun dezaten. Lanean ari diren langileak BGAEei eta horiek ordezkatzen duten gizarte-ereduari buruz eztabaidatzera animatzen ditugu. Osasun-arloko profesionalei dei egiten diegu argi eta ausardiaz azal ditzaten egungo egoeraren premia atzeraezin zehatzak. Antzeko arazoak partekatzean, planteamendu honek Estatu osorako balio du, nahiz eta egokitze eta kudeatze lanak lurralde bakoitzean lekukoa hartzen duten kolektiboei dagokien.

Euskadi, 2020ko iraila

Argitasuna kolektiboa

LAS PSEUDOCIENCIAS MATAN (Manifiesto internacional contra las pseudoterapias)

2.750 expertos de 44 países firman el primer Manifiesto Internacional contra las Pseudociencias.

 

Algunos de los firmantes del manifiesto tienen una amplia trayectoria científica, médica y mediática, como es el caso del médico y experto en pseudoterapias Edzard Ernst; el director adjunto del Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon, François Leulier; el médico y antiguo vicepresidente del Senado de Bélgica, Louis Ide; o el activista indio y refugiado internacional por su defensa del pensamiento crítico, Sanal Edamaruku.

Los expertos de este manifiesto alertan de que las pseudoterapias matan. Algo todavía más evidente en tiempos de pandemia, donde la sustitución de medidas sanitarias y la proliferación de falsos tratamientos por culpa de prácticas pseudocientíficas, le ha costado la vida o ha producido intoxicaciones alrededor de todo el mundo.

El manifiesto inicialmente habla sobre la directiva europea 2001/83/CE, que permite la venta de productos homeopáticos como si fueran medicamentos. De este modo, una de las peticiones de los expertos que firman el manifiesto es la eliminación de las normas que permiten vender azúcar como si fuera un medicamento. Pero el manifiesto va mucho más allá, insistiendo en la necesidad de crear leyes que impidan la venta de estafas como si se trataran de tratamientos.

A pesar de que los firmantes se centran en la directiva europea, el manifiesto también tiene una vocación internacional. Y es que como alertan los organizadores, las pseudoterapias creadas y legitimadas en Europa causan muertes en el resto de países del mundo, y del mismo modo otras pseudoterapias creadas fuera de Europa producen muertes en Europa. Como alertan los expertos del manifiesto, entre los cuales hay cientos que pertenecen a países externos a la Unión Europea, las pseudoterapias son un fenómeno global que afecta a todos los ciudadanos del mundo.

 

 

Seamos claros: las pseudociencias matan. Y no solo eso, sino que son practicadas con impunidad gracias a leyes europeas que las protegen.

Matan a miles de personas, con nombres y apellidos. Como Francesco Bonifaz, de 7 años, a quien su médico le dio homeopatía en lugar de antibióticos. Murió en Italia [1]. Como Mario Rodríguez, de 21 años, que fue tratado con vitaminas para su cáncer. Murió en España [2]. Como Jacqueline Alderslade, de 55 años, cuyo homeópata le dijo que dejara su medicación para el asma. Murió en Irlanda [3]. Como Cameron Ayres, de 6 meses, cuyos padres no quisieron darle “medicina científica”.

Murió en Inglaterra [4]. Como Victoria Waymouth, de 57 años, a ella le recetaron un medicamento homeopático para tratar sus problemas cardíacos. Murió en Francia [5]. Como Sofía Balyaykina, de 25 años, que tenía un cáncer curable con quimioterapia, pero le recomendaron un “tratamiento alternativo” de picaduras de mosquitos. Murió en Rusia [6]. Como Erling Møllehave, de 71 años, en su caso un acupuntor le atravesó su pecho con una aguja y dañó su pulmón. Murió en Dinamarca [7]. Como Michaela Jakubczyk-Eckert, de 40 años, cuyo terapéuta le recomendó la Nueva Medicina Germánica para tratar su cáncer de pecho. Murió en Alemania [8]. Como Sylvia Millecam, de 45 años, su sanadora de la Nueva Era le prometió curar su cáncer. Murió en los Países Bajos [9].

 

 

La directiva europea 2001/83/CE ha permitido —y aún permite— que cientos de miles de ciudadanos europeos sean engañados a diario [10]. Se les ha ofrecido a importantes lobbies la posibilidad de redefinir qué es un medicamento, y ahora venden azúcar a personas enfermas y les hacen creer que puede curarles o mejorar su salud. Esto ha ocasionado muertes, y lo seguirá haciendo, hasta que Europa admita una realidad indiscutible: el conocimiento científico no puede doblegarse ante los intereses económicos de unos cuantos, máxime si eso implica engañar a pacientes y vulnerar sus derechos.

Europa se enfrenta a otros problemas de salud pública muy serios. La medicalización excesiva de la población, la generación de bacterias multirresistentes o los problemas de financiación de los sistemas públicos de sanidad ya son demasiado graves como para añadir, además, la presencia de gurús, falsos médicos o incluso médicos titulados que dicen poder curar el cáncer (o cualquier otra enfermedad) manipulando chakras, comiendo azúcar o aplicando “frecuencias cuánticas”. Europa no solo debe detener el fomento de la homeopatía, sino que debe luchar de forma activa por erradicar las estafas de salud pública que implican las más de 150 pseudoterapias presentes en nuestro territorio. La vida de miles de ciudadanos depende de ello. De hecho, según estudios recientes [11], el 25.9% de los europeos han utilizado pseudoterapias en el último año, es decir, 192 millones de pacientes engañados.

Existe la creencia de que hay un conflicto entre la libertad de elección de un tratamiento médico y la eliminación de pseudoterapias, pero no es cierto. Según el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la asistencia médica. Mentir a los enfermos para venderles productos inservibles que pueden matarlos incumple el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz sobre su salud. Así que, aunque un ciudadano tiene derecho a renunciar a un tratamiento médico estando correctamente informado, también es cierto que nadie tiene derecho a mentirle para obtener lucro económico a costa de su vida. Solo en un mundo donde consideráramos que mentir a un enfermo para obtener su dinero fuera ético, podríamos permitir que se siguiera vendiendo homeopatía —o cualquier otra pseudoterapia— a los ciudadanos.

 

El peligro de las pseudociencias no solo está en la sustitución de tratamientos efectivos por otros engañosos. Además, existe un obvio retraso en la atención terapéutica en todos aquellos enfermos que, ante los primeros signos de una enfermedad, reciben productos falsos en lugar de medicamentos. Muchas veces, cuando llegan a la medicina, ya es demasiado tarde. También, varias de estas prácticas tienen efectos graves por sí mismas y pueden producir daños, e incluso la muerte, debido a sus efectos secundarios.

Muchos pseudoterapeutas argumentan que las prácticas de “la otra medicina” también tienen efectos secundarios, y es verdad. Pero la diferencia es que las pseudoterapias no pueden curar o mejorar una enfermedad, asumiendo el paciente un riesgo a cambio de promesas que, con todo el peso de la evidencia científica, son un engaño. Mentir a un enfermo no es otro tipo de medicina, es mentir a un enfermo.

Cada país tiene que enfrentarse al problema de las pseudoterapias a su modo. Sin embargo, no es admisible que las leyes europeas amparen la tergiversación de la realidad científica para que miles de ciudadanos sean engañados, e incluso mueran.

Así pues, los firmantes de este manifiesto declaran que:
1. El conocimiento científico es incompatible con los postulados de las pseudoterapias, como el caso de la homeopatía.

2. Las leyes europeas que protegen y amparan la homeopatía son inadmisibles en una sociedad científico-tecnológica que respeta el derecho de los pacientes a no ser engañados.

3. La homeopatía es la pseudoterapia más conocida, pero no es la única, ni tampoco la más peligrosa. Otras como la acupuntura, el reiki, la Nueva Medicina Germánica, el biomagnetismo, la iridología, la terapia ortomolecular y un largo etcétera, están ganando terreno y causando víctimas.

4. Hay que tomar medidas para frenar las pseudoterapias porque no son inocuas y producen miles de afectados.

5. Europa debe trabajar en la dirección de crear leyes que ayuden a detener este problema.

 

Nota de la redacción:

Este manifiesto es una  iniciativa organizada con la ayuda de miles de personas  residentes en más de treinta países en todo el mundo .Así como asociaciones científicas o escépticas de más de veinte países.

Organizaciones promotoras  que coordinan el Manifiesto:

– La Asociación para Proteger a los Enfermos de las Terapias Pseudocientíficas: APETP – España

– Asociación de Farmacéuticos a favor de la evidencia científica – España

– Collectif Fakemed – Francia

– Comunidad Céptica Portuguesa: COMCEPT – Portugal

– Sociedad del Buen Pensamiento – Reino Unido

– RedUNE -Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad- España

– Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico: ARP-SAPC- España

– Círculo Escéptico de España – España

– Healthwatch España – Reino Unido

– Skeptica – Dinamarca

Aquí firmantes y en diversos idiomas

Manifiesto Internacional contra las Pseudoterapias

Para más información o para contactar con algunos de los organizadores en todo el mundo, puede contactar con Fernando Cervera Rodríguez en: fernando.cervera.87@gmail.com

 

JÓVENES PENSIONISTAS #ATENCIONCRONICOSYA

Desde el pasado día 2 de octubre de 2020 la Plataforma de Jóvenes Pensionistas está llevando a cabo una campaña sobre la atención sanitaria a enfermos crónicos en la que, entre otras acciones, enviamos varias cartas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a las distintas Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, demandando medidas urgentes para este colectivo.
Hoy hemos recibido contestación al email desde la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, a la que hemos emitido una queja de manera formal.
La contestación recibida por su parte es la siguiente:
“Buenos días: Le agradecemos que se haya puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad así como la comunicación que nos hacen.
En contestación a su escrito le comunicamos que las competencias en materia de sanidad y servicios sociales están transferidas a las Comunidades Autónomas. Le facilitamos el enlace donde podrá encontrar las direcciones y teléfonos de los correspondientes departamentos autonómicos de las diferentes Comunidades Autónomas para que contacte con ellos:

http://www.mscbs.gob.es/organizacion/ccaa/directorio/home.htm

Atentamente”

Ante semejante respuesta a un tema de absoluta importancia y urgencia, reclamamos que dicho Ministerio asuma sus responsabilidad y, a través de la Comisión de Cohesión Interterritorial, exija a las Comunidades Autónomas que introduzcan la puesta en marcha de protocolos necesarios para asumir la atención sanitaria adecuada a las necesidades de los enfermos crónicos y personas dependientes o con discapacidad.

Actualmente las competencias sanitarias de salud pública y asistencia sanitaria han sido asumidas por las diferentes Comunidades Autónomas, pero el Estado mantiene la capacidad normativa general desde la coordinación interterritorial. La Ley General de Sanidad, contempla la creación del llamado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), destinado primordialmente a garantizar la equidad en prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos de las diferentes Comunidades Autónomas.

El CISNS está constituido por el Ministro de Sanidad y Consumo, así como los Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas. Además desempeña las funciones determinadas en la Ley de Cohesión y Calidad, donde se establece que el Consejo Interterritorial conocerá, debatirá y, en su caso emitirá recomendaciones en relación con:
funciones esenciales en la configuración del Sistema Nacional de Salud; de asesoramiento, planificación y evaluación y de coordinación del Sistema.

Con todo ello, entendemos que el citado Ministerio tiene las competencias necesarias para paliar esta grave situación.
Así mismo, aclarar que nuestra campaña incluye acciones de sensibilización social y la notificación de nuestras demandas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como a las distintas Consejerías de Sanidad autonómicas.
De nuevo reclamamos medidas urgentes para:
Una atención prioritaria debido al retraso en los tratamientos y cirugías. Dotando a la sanidad pública de recursos humanos y materiales necesarios para ello.
Que se tomen cuantas medidas sean necesarias para garantizar nuestra atención, aún cuando la situación epidemiológica pudiera empeorar (hospitales “limpios de Covid-19, programa intensivo de pruebas PCR para este tipo de pacientes, etc.).
Atención adecuada a personas dependientes, tanto en domicilio como en residencias y/o centros asistenciales.
Retomar los tratamientos rehabilitadores con las debidas precauciones de seguridad sanitaria: para evitar la progresión, agravamiento y/o deterioro de la salud de los pacientes.

Madrid,  Octubre de 2.020

JÓVENES PENSIONISTAS

jovenespensionistas@gmail.com

 

SOBERANISMO CON PRÁCTICAS NEOLIBERALES.

 

* La legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social son competencia exclusiva del Estado.

* La asistencia social (RGI y otras), competencia exclusiva de la CAV.

* El sistema previsional, que se asienta en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) siendo las principales de empleo e individuales.

La más importante es el Sistema Público de Pensiones (SPP). Mediante cotizaciones sociales (salario diferido) a la Seguridad Social, hace que la protección se concrete en prestaciones proporcionales (pensiones de jubilación, viudedad…) a lo contribuido en la etapa laboral. En la CAV la mayor parte del gasto social lo realiza la Administración Central a través de la Seguridad Social. De los cerca de 17.000 millones de euros de gasto, 10.000 millones provienen de las transferencias de la Seguridad Social en pensiones o gasto por desempleo. Es el modelo de protección del sur de Europa, en el que las prestaciones públicas (pensiones contributivas) son resultantes de la participación en el mercado laboral. A subrayar su componente universalista. Abramos ahora dos epígrafes:

RGI:

En los años 80, la crisis castigó con dureza a la CAV. La reconversión industrial empujó a una situación de paro galopante que aceleró el empobrecimiento. La respuesta institucional fue crear el Ingreso Mínimo de Inserción (año 1989) para asegurar unos estándares mínimos de vida y como herramienta de último recurso. La base fue considerar que la pobreza no era un problema individual, sino social. En la actualidad esa prestación social es conocida como RGI. Así mismo, hay que reseñar que el pasado mes de junio se incorporó a la protección social una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, destinada a todas las personas con independencia de su historial contributivo.

En definitiva, con la RGI se busca compensar hacia abajo carencias, riesgos, evitar situaciones límite, mediante subsidios (se trata de satisfacer una necesidad concreta en un momento determinado. Por ejemplo, el subsidio de desempleo). Aparecen como perceptores: familias monoparentales, migrantes, mujeres, trabajadores/as con empleo y encima pobres y también pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Ocupan la parte salarial baja con ingresos que no cubren lo básico. La RGI refleja es una acción paliativa, asistencial y de supervivencia.

EPSV:

En este ámbito se ubican trabajadoras/es con rentas salariales medias/ altas y con pensiones futuras, máximas o no, que supondrán pérdida de poder adquisitivo porque la pensión pública siempre será menor que la última nómina en activo (la tasa de reemplazo da esa medida).

Desde las instituciones se advierte que dicha tasa irá reduciéndose a lo largo de los años y así convierten a estos sectores sin riesgos, carencias, ni situaciones límite, en destinatarios de un proyecto, nacido hace más de 30 años, para que puedan complementar la pensión pública y, sino igualarla, al menos acercarla al último salario. Para ello promueven el aplazamiento del gasto (ahorro) a largo plazo (jubilación) mediante un proceso de acumulación individual (capitalización) acompañado de una fiscalidad ventajosa (recursos públicos) que supone a su vez un aplazamiento fiscal (en el momento de materializar la prestación).

Antes de bajar al detalle del modelo de capitalización vasco, frente al modelo de reparto (SPP de la Seguridad Social), hagamos una breve comparativa entre los apartados descritos:

* Con los impuestos se protege a quienes han pasado de “vulnerables a vulnerados”. Gente mordida por la pobreza y la desigualdad a la que se reconoce el derecho a la protección. La intervención se hace mediante “subsidios monetarios” a través de la RGI principalmente. Esto es mutualizar los riesgos y distribuir con justicia según la necesidad.

* También con impuestos, pero en este caso para impulsar el modelo de capitalización (EPSV individuales y de empleo) se diseña una fiscalidad a la carta con idea de transferir recursos públicos a sectores de gama alta (abarca desde condiciones salariales/laborales aceptables hasta los 90.000 euros de salarios con base de cotización topada) y complementar (no subsidiar) su pensión pública con una privada, subvencionada por todos los contribuyentes. Aquí, además de hiperproteger se traslada la idea de que la pensión es un asunto “privado”.

A destacar la mentalidad meritocrática y extractiva de lo público que rezuma esta manera de proceder. Se trata de acceder a la jubilación en mejores condiciones que la mayoría, que o no puede ahorrar o no quiere porque su opción es el Sistema Público de Pensiones (SPP). Es decir, salida colectiva y universal frente a generalizar la salida individual.

La Previsión Social Complementaria (PSC) se transfiere como competencia estatutaria a la CAV en 1982 y al año siguiente se aprueba la ley de EPSV (1983). En esta ley se sustituyó el concepto de “mutualidad” (que venía recogido en el artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía) por el de EPSV, con idea de englobar diversas experiencias e instituciones (cofradías, fondos de empresa, fundaciones, montepíos, mutuas…) cuyo fin era proteger a sus asociados frente a posibles infortunios.

La transferencia de la PSC permitió al PNV, ya con responsabilidades de gobierno (elecciones autonómicas de 1980), converger su ideario político (principios soberanistas) con el económico y social (principios liberales). En cuanto a la protección social opta por el modelo liberal, en el que el “mercado” aparece como la institución básica para abastecer de servicios y pensiones privadas (EPSV) mientras la protección social pública queda y quedará (a medio/largo plazo) con un papel residual a la hora de proporcionar bienestar a la ciudadanía. En ese momento se pensaba en una banca pública, promover el ahorro y hacerse con recursos para iniciar la construcción nacional vasca.

En este contexto, el funcionario de la administración local y foral se regía por la “Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local” (MUPAL) desde 1960 y cotizaba por menos de la mitad de su sueldo real, lo cual le llevaba a vivir una jubilación con penurias varias. Tras la aprobación del Estatuto de Gernika (1980) se constituye la Mutua Foral (MUFACE) a nivel de la CAV, para complementar a la mutua estatal. En 1986 se disolvió la foral y se pasó a la actual (Elkarkidetza). La base de cotización a la Seguridad Social tenía que haber sido por el total del salario y esta línea llevó al sindicato LAB a recurrir las EPSV en Bizkaia y a perder la demanda.

Con los años, el PNV ha ido atemperando este eje nacional mientras el sindicato ELA, que se sumó desde el principio con entusiasmo a esta epifanía vasca, no ha dejado de subrayar el valor añadido de las EPSV para avanzar en la materialización del soberanismo. En unos años, LAB se incorporó a esta dinámica. La huelga del pasado 30 de enero, convocada por los sindicatos soberanistas con el eslogan “soberanismo para el cambio social” supuso la constatación de dos quiebras:

* Las EPSV no se mencionaron ni por escrito ni oralmente. Las quiebras morales mejor ocultarlas y que no aparezcan en la narrativa sindical. Para avanzar en la capacidad de “decisión vasca” hacia un marco acorde con aspiraciones soberanistas no hay problema en admitir la salida privatizadora (por supuesto, con recursos públicos) frente a la salida colectiva.

* El movimiento de pensionistas vasco sigue quebrado desde ese día. Pasó de motor de transformación cultural a muleta instrumental de intereses ajenos al citado movimiento.

El pasado 24 de febrero en la concentración de Bilbao hice las siguientes afirmaciones:

* Las Pensiones Públicas se deciden en las Cortes Generales y las modificaciones que se aprueban aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

* Las Pensiones Privadas (EPSV) se deciden en la CAV y lo que se aprueba se publica en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Un pensionista soberanista mostró su contrariedad. Considerando simplistas mis afirmaciones, puso por escrito que mi proceder nos desviaba de lo principal, al ser las EPSV una cuestión menor. Después de más de 30 años de ese proceso privatizador de las pensiones, ante un “soberanismo con prácticas neoliberales” sólo cabe decir: “no, gracias”.

Se reniega de la Seguridad Social estatal asumiendo un modelo de capitalización vasco (EPSV) con beneficios fiscales para sectores con capacidad de ahorro, mientras la mayoría que lo paga con sus impuestos, queda excluida. En detrimento además del Sistema Público de Pensiones. Eso sí, sirve para construir una Seguridad Social vasca y avanzar en la edificación nacional. Es decir, se justifican prácticas neoliberales generadoras de desigualdad, fragmentando a la clase trabajadora con prácticas elitistas que refuerzan la lógica rentista y del capital. Este modelo privatizador forma parte de la agenda política y social de partidos y sindicatos soberanistas y no soberanistas.

En el año 2004, el patrimonio global agregado de EPSV individuales y de empleo ascendía a 12.800 millones de euros, equivalente al 26% del PIB. En el año 2012 estaba en unos 20.000 millones y en el 2019 rondaba los 26.000 millones, es decir, el 33% del PIB. En el Estado español se queda en un 9,5%, en Europa se aproxima al 36%. La duda que procede plantear es: ¿dónde se invierte ese capital? En 2012, en una entrevista concedida al diario Deia, el profesor José Ramón Urrutia a la pregunta “¿hay dinero para invertir aquí?” respondía de esta manera: “Las EPSV tienen unos 20.000 millones de euros de los que ni siquiera el 10% está invertido en Euskal Herria. Tenemos un patrimonio que se puede usar aquí y que está ¡invertido fuera!”.

 JUANEN ELUA

(jubilado de Osakidetza, participa en el movimiento de pensionistas).

Bulos y desinformación durante la crisis de Covid-19: una pandemia mundial.

Bill Gates en una charla TED en 2015 vaticinaba una catástrofe mundial. No se refería a una amenaza de misiles, sino de microbios, es decir, la aparición de un posible virus altamente infeccioso que, al igual que la gripe española de 1920, acabaría originando una pandemia mundial.
‘No estamos preparados para una próxima pandemia’. Tal y como predijo Bill Gates, un nuevo coronavirus Sars-Cov2 apareció en diciembre de 2019 en la provincia china de Wuhan. Desde aquel momento, los contagios por coronavirus COVID-19 no han dejado de aumentar, al igual que la marea de bulos, rumores y teorías conspirativas aparejadas al virus. Una de las más conocidas durante las primeras semanas de la epidemia fue sobre la posibilidad de que el COVID-19 fuera creado por el ser humano con un fin específico. Las redes sociales fueron el escenario perfecto para la propagación de aquella teoría, acusando a Bill Gates de crear y tener la patente de este nuevo coronavirus.
El 31 de enero de 2020, la plataforma antibulos Newtral.es publicó en su página web que la noticia sobre la supuesta implicación de Bill Gates en la creación del virus es ‘Fake’: ‘No hay pruebas de que Bill Gates sea el propietario de la patente de la nueva cepa de coronavirus’, explicaba la organización, tras haber contrastado la noticia a través de diversas fuentes y hechos.
Este es un ejemplo real de lo que está significando esta crisis, tanto sanitaria como informativa. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara al nuevo virus Covid-19 como una pandemia mundial. Una pandemia que se caracteriza por contagios masivos de los que estamos siendo testigos, causando la muerte de millones de personas en el mundo, y un aislamiento social con el fin de contraer y vencer al virus. Médicos y enfermeros en todo el mundo luchan por acabar con esta crisis sanitaria. El periodismo, por su parte, lucha contra otra pandemia, no menos peligrosa: la desinformación.

Este aislamiento social y confinamiento al que se ven sometidos millones de ciudadanos en el mundo trae consigo una enorme necesidad en la población de estar continuamente informada sobre esta nueva crisis que nos acontece.
Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) explica con este dato la enorme necesidad de la población de estar continuamente informados en este momento tan excepcional como es el Estado de Alarma decretado por el gobierno el 14 de marzo de 2020 con el fin de frenar el avance del virus: “Hay hambre de información, como lo demuestra el hecho de que la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar las medidas del estado de alarma fue seguida por 18 millones de espectadores (un 80,9% de cuota), la emisión más vista de la historia del país”.
Esta hiperconexión no se produce exclusivamente hacia los medios tradicionales y las fuentes institucionales, pues las redes sociales juegan de igual forma un papel esencial en las sociedades actuales. En la actual crisis de Covid-19 en el mundo, estas redes sociales estarían provocando lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido como ‘Infodemia’, y que se refiere a la sobreabundancia de información falsa y su rápida propagación en personas y medios.
Comprendemos, por tanto, la necesidad de analizar con detenimiento el contexto sanitario, político y social actual, pues ahí encontraremos la razón por la que las informaciones falsas han adquirido un enorme protagonismo en nuestras vidas, para luego comprobar si existe algún método contra esta nueva realidad que se impone en las sociedades de todo el mundo y que resulta tan perjudicial para los ciudadanos.

Este trabajo de investigación denominado: “Bulos y desinformación durante la crisis de Covid-19: una pandemia mundial” ha sido estudiado a raíz de las siguientes hipótesis:

1.-Posibilidad de relacionar la difusión masiva de bulos con el auge cada vez mayor de las redes sociales, el descrédito actual del periodismo y la aparición de una nueva pandemia mundial.

2.-Manejo y difusión de información errónea o poco contrastada por parte de diferentes gobiernos en la actual crisis sanitaria y su posible consecuencia desinformativa, repercutiendo de forma negativa en la población.

3.-Necesidad de diferenciar entre la comunicación en las redes sociales y el verdadero periodismo, así como la necesidad de éste de recuperar la credibilidad con el fin de combatir la desinformación actual con información contrastada, rigurosa y veraz.

La presente investigación tiene como objetivos abordar la aparición de una nueva pandemia mundial que está cambiando la vida de millones de personas en todo el mundo y que trae consigo una innumerable cantidad de bulos que viajan a través de las redes sociales y cuya consecuencia más inmediata es la desinformación de la población.
En primer lugar, es necesario conocer más a fondo los principales términos a los que nos vamos a referir en el desarrollo de esta investigación. Así pues, se ha comenzado por contextualizar el término ‘fake news’ debido a la popularidad que ha adquirido este término en los últimos años a raíz, sobre todo, de la utilización de este concepto por parte del presidente de Estados Unidos, Donnald Trump desde el año 2016.
Trataremos, además, de comprender en este primer acercamiento contextual el término ‘desinformación’, ya que su uso es aconsejado por autores como Rodríguez Pérez (2019) en un intento de ser más precisos, debido a la ambigüedad del término ‘fake news’ y su utilización como arma política. En este apartado también nos acercaremos al concepto de posverdad, al considerar que está íntimamente relacionado con la aparición de bulos y el intento de destruir a adversarios mediante un discurso político basado en emociones e informaciones falseadas.
En segundo lugar, pretendemos contextualizar la aparición de este nuevo virus en diciembre de 2019 y su posterior propagación mundial hasta llegar a ser considerado en marzo de 2020 como una nueva pandemia mundial. Igualmente, explicaremos el importante papel que han jugado las redes sociales en la difusión de los bulos provocados por el desconocimiento del nuevo virus.
En tercer lugar, y para finalizar la aproximación teórica, observaremos la situación actual en la que se encuentra el periodismo y los medios de comunicación, y su posible relación en el aumento del uso de redes sociales por parte de los ciudadanos debido al descrédito y desconfianza en el periodismo actual.
Por otro lado, se ha realizado un estudio con el objetivo de analizar la posibilidad de que diferentes gobiernos en el mundo sean causantes de generar desinformación en la población durante esta crisis sanitaria mundial, tomando como ejemplos principales a los gobiernos de Estados Unidos y China debido al protagonismo que estas dos superpotencias están alcanzando en esta crisis sanitaria mundial. El estudio seguiría con otro apartado cuyo objetivo principal es el de estudiar los efectos que esta desinformación tendría para la salud de los ciudadanos, así como para la salud democrática de la sociedad en general.
La tercera investigación se trataría de un análisis sobre las características principales de veinte bulos altamente viralizados durante esta crisis sanitaria y que resultan perjudiciales para la salud de las personas. Para ello, se ha observado cada bulo individualmente y se han buscado las características comunes de cada uno de ellos, además de examinar cuáles son los principales objetivos de propagación de estos bulos y comprobar si este tipo de informaciones tienen alguna relación con los elementos que caracterizan teóricamente al periodismo.
Por último, observaremos el intento de plataformas como WhatsApp, Facebook y los periodistas ‘fact-checkers’ por contrarrestar la enorme cantidad de bulos durante esta crisis de Covid-19 para estudiar si es un método efectivo contra la desinformación.

Nieves Estévez Delgado

TRABAJO FIN DE GRADO (Universidad de Sevilla)

La fábrica española de ‘fake news’

Alerta Digital, La Tribuna de Cartagena o Mediterráneo Digital son ejemplos de medios de comunicación españoles señalados por difundir noticias falsas.

Tras algunos de estos diarios se esconden personajes estrechamente ligados a la extrema derecha española.

AQUI TIENES EL DOCUMENTO COMPLETO

bulos-y-desinformacion-durante-la-crisis-de-__covid-19_-una-pandemia-mundial-per_estevezdelgado_tfg

1º DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

 

Este año es un año especial para las y los mayores, ya que lo celebramos en medio de una pandemia que ha venido a hacer un enorme daño a nuestra convivencia, nuestra salud y nuestros derechos como colectivo vulnerable.

En estos meses hemos constatado la importancia de tener un potente sistema de bienestar, porque sin una buena Sanidad, sin buenas Residencias, sin unos buenos servicios a la Dependencia estamos indefensos, y en especial las personas mayores como se ha visto. La pandemia ha revalorizado la importancia de unas Instituciones públicas de bienestar que las empresas privadas son incapaces de sustituir. Esta valoración nos lleva a reconocer también la importancia de las Pensiones Públicas.

GAPEP-PAMPG siempre ha defendido que se respeten los derechos humanos de las personas mayores, y se les asegure una vida digna. Muchos son los motivos por los que cientos de miles de personas mayores están sumidas en la pobreza, o que no pueden llegar a fin de mes, pagar su alquiler, la luz, el gas, etc. Por ello, exigimos que se blinde el Sistema Público de Pensiones, y que se garantice una Pensión Mínima de 1080 euros, con el fin de garantizar una vida digna.

También exigimos que las instituciones, en todos los ámbitos, garanticen una Sanidad Pública con los recursos humanos y materiales necesarios que aseguren una atención sanitaria pública digna, tan necesaria para las personas mayores, entre otras cosas, por encontrarnos en una edad de gran vulnerabilidad para contraer enfermedades.

Igualmente, requerimos un Servicio Público de Cuidados tanto en el domicilio como en las residencias, de forma que se impida que empresas especulativas se hagan con el control de la Sanidad y cuidados de mayores para beneficio de unos pocos bolsillos y en detrimento de la mayoría. Desde estas líneas hacemos una defensa de todo lo público y lo común.

Poner en el centro a la persona, conlleva un cambio de modelo en los cuidados, y para ello, se debe dotar a las residencias de mayores recursos humanos y materiales que garanticen la seguridad y la dignidad de las personas.

Asimismo, solicitamos políticas de igualdad, también, en el colectivo de personas mayores.

Las pensiones, así como la supresión de la brecha en salarios y pensiones, la salud, y los cuidados (bien en el domicilio o en las residencias) juegan un papel prioritario para preservar la salud y la vida de las personas mayores, pero también existen otros aspectos muy importantes que tienen influencia directa en el bienestar de éstas y que son importantes defender, como son: la erradicación de la discriminación y/o el maltrato físico, emocional, negligencia en los cuidados, y la soledad no deseada.

Desde GAPEP-PAMPG mostramos nuestra solidaridad con las Personas Mayores más vulnerables, y exigimos que se atiendan nuestros derechos humanos y que se nos garantice una vida digna hasta el final de nuestras vidas. En este día queremos poner en valor la contribución que las personas mayores hacemos a la sociedad y expresar que la lucha que estamos llevando tiene un gran sentido para nuestra salud y nuestra vida.

Donostia, 28 de setiembre de 2020

 

URRIAK 1, ADINEKOEN NAZIOARTEKO EGUNA

Aurtengoa urte berezia da adinekoentzat, gure bizikidetzari, gure osasunari eta kolektibo kaltebera gisa ditugun eskubideei kalte handia egitera etorri den pandemia baten erdian ospatzen baitugu.

Hilabete hauetan, ongizate-sistema indartsu bat izatearen garrantzia egiaztatu dugu; izan ere, osasun onik gabe, egoitza onik gabe, mendekotasunari zerbitzu onik eman gabe, babesik gabe gaude, eta, bereziki, adineko pertsonak, ikusi den bezala.Pandemiak ongizateko erakunde publikoen garrantzia azpimarratu du, enpresa pribatuak ez baitira ordezkatzeko gai. Balorazio horrek Pentsio Publikoen garrantzia ere aitortzera garamatza.

GAPEP-PAMPGek beti defendatu du adinekoen giza eskubideak errespetatzea eta bizitza duina bermatzea. Arrazoi askorengatik daude ehunka mila adineko pobrezian sartuta, edo ezin dute hilabete amaierara iritsi, alokairua, argia, gasa eta abar ordaindu. Horregatik, Pentsioen Sistema Publikoa blindatzea eskatzen dugu, eta 1080 euroko Gutxieneko Pentsioa bermatzea, bizitza duina izateko.

Halaber, eskatzen dugu erakundeek, eremu guztietan, osasun publikoa berma dezatela, beharrezkoak diren giza baliabideekin eta baliabide materialekin, osasunarreta publiko duina bermatzeko, adinekoentzat hain beharrezkoa dena, besteak beste, gaixotasunak hartzeko oso adin ahulean gaudelako.

Era berean, etxean eta egoitzetan Zainketa Zerbitzu Publikoa behar dugu, espekulazioenpresek osasuna eta adinekoen zaintza kontrolatzea galarazteko, poltsiko gutxi batzuen mesedetan eta gehiengoaren kaltetan. Ildo horretatik, publikoa eta komuna den guztiaren defentsa egiten dugu.

Pertsona zentroan jartzeak zaintza-eredua aldatzea dakar, eta, horretarako, egoitzei giza baliabide eta baliabide material handiagoak eman behar zaizkie, pertsonen segurtasuna eta duintasuna bermatzeko.

Era berean, adineko pertsonen kolektiboan ere, berdintasun-politikak eskatzen ditugu.

Pentsioek, zein soldatetan eta pentsioetan dagoen arrakala kentzeak, osasunak eta zainketek (etxean edo egoitzetan) lehentasunezko eginkizuna betetzen dute adinekoen osasuna eta bizitza zaintzeko, baina badira beste alderdi oso garrantzitsu batzuk ere, haien ongizatean eragin zuzena dutenak eta defendatzea garrantzi handia dutenak, hala nola diskriminazioa eta tratu txar fisikoa, emozionala eta arduragabekeria zainketan desagerraraztea, baita nahigabeko bakardadea ere.

GAPEP-PAMPG-en izenean elkartasuna adierazten diegu Adineko pertsona ahulenei, eta eskatzen dugu gure giza eskubideak zaintzea eta bizitza duina bermatzea gure bizitzaren amaierara arte. Egun honetan, balioa eman nahi diogu adinekook gizarteari egiten diogun ekarpenari, eta adierazi nahi dugu egiten ari garen borrokak zentzu handia duela gure osasunerako eta bizitzarako.

Donostian, 2020ko irailaren 28an

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