Han pasado más de diez años desde el comienzo de la crisis. Una crisis dura, con enormes costes sociales y económicos. De ella y de la aplicación de unas políticas y reformas regresivas se han derivado sus efectos. Elevados niveles de desigualdad y de pobreza. Precariedad laboral a ultranza. Devaluación salarial concentrada en los trabajadores de la mitad inferior de la distribución. Servicios públicos al límite de sus posibilidades por los recortes realizados. Impuestos cada vez menos centrados en los más ricos, más regresivos.

Estas situaciones no desaparecen –y aun se acrecientan- con el crecimiento económico y del empleo. Mientras las rentas salariales no han recuperado todavía los niveles reales previos a la crisis, los beneficios de las empresas (no financieras y sin autónomos) son 38.000 millones de euros mayores a precios constantes que en 2008. Y 11.000 millones más, los dividendos que reparten a los accionistas.

Más de diez años después de iniciada la crisis se constatan las consecuencias de las políticas adoptadas: la renta media real es hoy en España la misma que hace 10 años, pero, mientras el 1% más rico ha aumentado su renta un 21%, el 40% más pobre ha perdido lo que los demás han ganado.

Son solo algunas muestras de la situación, pero hay datos a centenares.

Los efectos no desaparecen con el crecimiento porque se han devastado las estructuras que garantizan el reparto y la redistribución. Si se siguen haciendo las mismas cosas se obtendrán, agudizados, los mismos resultados. Esa es la cuestión.

Es hora de las políticas de cambio. Y hay que actuar en muchos órdenes, pero estratégicamente en tres:

• el mercado de trabajo,
• el sistema fiscal,
• y la regulación de los mercados, en particular, del mercado de la energía y de la vivienda.

Solo políticas decididas y firmes, y necesariamente en los tres ámbitos, pueden revertir la situación y favorecer y hacer más ‘resiliente’ la economía, y recomponer la cohesión y la justicia social. Es la hora. El momento político en el que España debe decidir cómo debe ser su futuro, qué sociedad queremos.

El problema fundamental no es la composición del Gobierno sino qué políticas debemos realizar en los próximos años. En estos años se van a poner, o no, las bases de un futuro diferente, mejor.

• Si no se adoptan las reformas necesarias, simplemente se consolidarán los regresivos cambios de estructuras que realizó la derecha, cuyas consecuencias económicas y sociales han dañado a la mayoría de los ciudadanos.
• Si no aumentan las inversiones públicas y los gastos sociales al menos en 7 puntos del PIB que nos separan de la zona euro, quedaremos descolgados del progreso europeo.

Esa es la disyuntiva. Las fuerzas progresistas tienen ante sí esa responsabilidad. Los programas de los partidos evidencian amplias coincidencias que reflejan la madurez de la sociedad sobre los cambios necesarios. Los ciudadanos reclaman y esperan un acuerdo a largo plazo que aporte concreción y estabilidad al cambio. Se tienen que expresar las políticas que van a transformar nuestro país y aproximarlo a los niveles de bienestar y justicia de los países más avanzados.

Los tres ámbitos estratégicos de la política económica en este momento deben ser definidos sin ambages, con total claridad.

• Si no se reduce drásticamente la precariedad del empleo, se estabiliza el mercado de trabajo y se restablece la vinculación de los salarios con la productividad no mejorará el reparto de la renta para los asalariados.
• Si no se aumentan la justicia fiscal y los gastos públicos garantizando que los más favorecidos, ciudadanos y empresas, paguen más de acuerdo con sus altos ingresos, no aumentará la redistribución, no se reforzará el bienestar de la mayoría de los ciudadanos porque los recursos seguirán sin alcanzar y no se reducirá la elevadísima e indigna desigualdad social.
• Y si no se abordan decididamente las reformas regulatorias que requieren los mercados, la transición energética y la vivienda –reforma del mercado de la electricidad; creación de parques públicos de viviendas en alquiler, entre otros- no se conseguirá el impulso económico, de inversión, de cambio de modelo productivo y de competitividad que España, y en particular su población más joven, necesita.

Al contrario, los ciudadanos y las empresas correrán con los costes y todos perderemos el tren del futuro. Los intereses particulares de muchos grupos económicos y políticos no pueden ni deben parar esta triple transformación que necesariamente debe iniciarse y progresar con claridad durante los próximos cuatro años.

Economistas Frente a la Crisis 
10 julio 2019

Cualquier conflicto social tiene carácter político. Sin embargo, cuando se mira la política de forma despectiva, la reacción es negarlo. Visto desde la política profesional pasa lo contrario, se tiende a descalificar los conflictos sociales catalogándolos de políticos. En ambos casos, negando o rechazando la realidad, que siempre es política, se cuestiona su validez como cauce reivindicativo. Para zanjar el dilema basta separar, diferenciar, la política social de la política partidista. Analicemos ambos aspectos desde la perspectiva del movimiento de pensionistas.

El conflicto surge en Barakaldo y Bilbao el 15 de enero de 2018, de forma espontánea y simultánea, mediante convocatoria anónima. Desde la primera concentración ante los respectivos ayuntamientos, el término política se convirtió en una expresión proscrita, junto a sindicatos y partidos. Hacer una referencia en ese sentido, salvo que fuese para descalificar o desautorizar, acarreaba un sonoro abucheo. Entretanto, desde la dirección de algunos partidos, se intentó desautorizar a quienes coordinan las movilizaciones, recordando su trayectoria política. Como si fuese normal llegar al activismo social sin pasado militante.

Se trata de un conflicto social permanente, año y medio de duración, sin fecha de caducidad. Con el paso del tiempo, unas y otras posiciones se han moderado. Ya se puede informar en las concentraciones de las gestiones de los partidos, incluso en positivo, aunque nadie se atreva a declarar que las iniciativas del movimiento de pensionistas son políticas. De la misma forma, los partidos que recelaban de ese fenómeno inusual e incontrolado, reconocen su capacidad de movilización, alaban la moderación, e incluso asumen parte de las reivindicaciones. A todo ello contribuye el arraigo popular logrado, e incluso cierta simpatía institucional, expresada con la concesión de galardones o dando protagonismo en actos festivos.

La política actúa en el organismo social como el colesterol en el cuerpo humano. Tienen dos componentes complementarios. Hay una política colectiva, transversal, basada en el interés general, necesaria para convivir en sociedad. La otra política, la partidista, está diseñada para encauzar las demandas ciudadanas de forma equilibrada. Pero tiene contraindicaciones. Si no se regula de forma adecuada, produce trastornos que pueden provocar atrofia muscular en el organismo social, e incluso infartos de extrema gravedad.

El mayor riesgo que acecha a cualquier iniciativa social es caer en la órbita de una estrategia política definida. En el colectivo de pensionistas se dan intentos de parasitación o utilización partidista, cuestionados desde el interior del propio movimiento. Un fenómeno tan plural, con equilibrio de fuerzas inestable, enraizado en la actividad política, requiere asumir códigos de conducta que no comprometan la continuidad del proyecto compartido. Aunque una de las consignas más coreadas ha sido: “Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones”, en las campañas electorales se ha respetado la neutralidad, evitando posicionamientos públicos a favor o en contra de cualquier partido. Las intervenciones en uno u otro sentido eran a nivel personal, sin condicionar lo acordado.

El alcance político del movimiento de pensionistas constituye una constante del conflicto. Las movilizaciones se convocan en el contexto de acontecimientos destacados: negociación de los Presupuestos Generales del Estado y de comunidades autónomas, constitución de un nuevo gobierno o campañas electorales. Es una dinámica reivindicativa con resultados favorables. Actuando como grupo de presión, el colectivo de pensionistas se convierte en actor político, logrando modificar los PGE para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo durante dos años y evitando la entrada en vigor de medidas desfavorables. El eco de consignas como: “Rajoy, dimisión”, “Ni un día más de gobierno del PP”, retumbó en la moción de censura que llevó al cambio de gobierno. Si en vísperas de la constitución de un nuevo gobierno, en las concentraciones se sigue gritando: “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”, significa que el movimiento de pensionistas, sin dejar de ser apartidista reclama, a través de sus propias reivindicaciones, un reparto equitativo de la riqueza.

Ofensiva contra las pensiones desde la política institucional

Las pensiones no se habrían convertido en problema político si el empleo no fuese el principal dilema de la política económica. Desde altas instancias del Estado se arremete contra las pensiones, en vez de hacer propuestas viables para acabar con la precarización del empleo, que merma los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación de Hacienda. Sus catastróficas declaraciones favorecen el “cuanto peor mejor”, lema de la banca y de las aseguradoras para intentar sustituir las pensiones públicas con planes privados. Sus productos financieros tienen para las rentas bajas un efecto comparable al de las hipotecas basura.

Hay Informes oficiales que inspiran titulares tenebrosos: “El Tribunal de Cuentas certifica que la Seguridad Social está en quiebra tras perder 100.000 millones desde 2010”. Al Gobierno le toca responder con mensajes tranquilizadores: “Magdalena Valerio niega que la Seguridad Social esté en quiebra”. Tiene razón la Ministra al aclarar que el Sistema Público de Pensiones (SPP) no tiene un “gasto excesivo” sino “déficit de ingresos”. Por tanto, el propio Tribunal de Cuentas reclama al Gobierno complementar las pensiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no con “préstamos” que agigantan la deuda. La situación resulta paradójica: en vez de establecer transferencias corrientes, el Gobierno concede créditos a fondo perdido al único estamento social que, además de crear riqueza y pagar impuestos, estando activo cotiza para su pensión de jubilación. El colmo del absurdo es que a Valerio tenga que justificar el desatino de las decisiones que toma en el Consejo de Ministras.

La institución estatal que más arremete contra las pensiones públicas es el Banco de España. Sus presidentes, denominados curiosamente gobernadores, en vez de reclamar a la banca los 67.000 millones que costó su rescate, se dedican a profetizar catástrofes si sube el SMI o no se recortan las pensiones. Las propuestas de tan preclaros prohombres en su defensa de las pensiones privadas rozan el esperpento: reclaman medidas urgentes ante la amenaza que supone el creciente peso electoral del colectivo de pensionistas, mientras aconsejan a los pensionistas con vivienda en propiedad contratar hipotecas inversas para poder ahorrar. La Ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha tenido que responder a las últimas ocurrencias del actual gobernador del Banco de España aclarando, entre otras cuestiones, que quien “no llega a fin de mes, no puede ahorrar”.

Promesas incumplidas en materia de pensiones

La Ministra Valerio posee las cualidades precisas para gestionar la Seguridad Social con acierto: conoce la institución y es firme defensora del Sistema Público de Pensiones. Asociaciones de pensionistas y sindicatos confiaron en que enmendaría de inmediato los entuertos provocados por su predecesora, Fátima Báñez. No ha ido más allá de las promesas, limitándose a aplicar los aspectos positivos de los acuerdos presupuestarios PP – PNV. Va dando largas a la toma de decisiones trascendentales, complicando su resolución, en vez de facilitarla.

Si a quien gobierna no le inquietan las movilizaciones de pensionistas, no atenderá sus reivindicaciones

Congelación encubierta de las pensiones mediante el denominado “factor de revalorización”. Se comprometió a suprimirlo, estableciendo el incremento de las pensiones en base al IPC. Ahora pretende reanimar el Pacto de Toledo para eludir la responsabilidad de eliminarlo. Es una medida urgente, en 2020 volvería a entrar en vigor el fatídico 0,25% que provocó el inicio de las movilizaciones. Sustitución progresiva de las pensiones públicas por privadas con el “factor de sostenibilidad”. Para evitar derogarlo propone renovar del Estatuto de los Trabajadores. Esa medida, paralizada por el acuerdo PP – PNV, comenzaría a aplicarse en 2023.

La clase política y las pensiones

En las campañas electorales todos los partidos han hecho ofertas generosas a los pensionistas. Las de las tres derechas resultaban absurdas o no tenían credibilidad: “El Partido Popular garantizará todas las pensiones públicas y los recursos para seguir subiéndolas, con un aumento de entre un 2% y un 15% para las pensiones de las madres trabajadoras con hijos.” Las promesas de Pedro Sánchez bastarían para satisfacer las principales demandas y paralizar las movilizaciones, pero arrastran el estigma de las promesas incumplidas.

En las elecciones de 28 de abril, el voto de mayores de 60 años, que ya representa el 30% del electorado activo, basculó desde el PP hacia el PSOE, favoreciendo al triunfo de Sánchez. Se cumplía así, en parte, la consigna: “Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones”. Es un voto que sigue favoreciendo al gobierno de turno y mantiene la preferencia por el bipartidismo. El creciente protagonismo electoral y político de las personas de mayor edad no se ha traducido en una mayor representación institucional, al contrario, en la anterior legislatura había 23 congresistas mayores de 65 años, en la actual 10. En cualquier caso, la victoria de Sánchez ha creado expectativas favorables a la mejora de las pensiones, lo cual afecta a la afluencia a las concentraciones, aunque la participación sigue siendo satisfactoria. Es un dato que resultará reversible, si Sánchez no cumple sus promesas y defrauda a quienes creen que los programas electorales son un contrato con la sociedad.

Las ofertas electorales del PSOE relacionadas con las pensiones tropiezan con su práctica institucional. Durante su breve mandato el Gobierno de Sánchez ha utilizado la fórmula del decreto – ley para impulsar (por exigencia de Unidas Podemos) mejoras de carácter laboral y social, como la subida del SMI a 900 euros, mientras que en materia de pensiones no hay ningún avance significativo. Se ha limitado a aplicar los acuerdos presupuestarios heredados del Gobierno de Rajoy. En el Parlamento Europeo el PSOE facilitó con su abstención el 4 de abril la aprobación del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP). Es una decisión que favorece la implantación en el espacio comunitario de productos financieros vinculados a planes de pensiones privados, en beneficio de la banca y detrimento de las pensiones públicas.

Deshojando la margarita política

Dos meses después de las elecciones generales del 28 de abril, Sánchez decide iniciar las consultas para formar un nuevo gobierno. El periodo de inactividad ha sido utilizado por los poderes en la sombra del Ibex 35, los grupos que controlan la prensa en papel y la patronal CEOE, para presionar al previsible futuro presidente, reclamando un gobierno PSOE – C’s, en oposición al acuerdo de izquierdas con Unidas Podemos. El equipo de Iglesias ha reaccionado a esa ofensiva promoviendo encuentros con diversos movimientos sociales y sindicatos, que se han mostrado favorables a la alternativa de un gobierno de progreso que refuerce las políticas sociales y medioambientales. En la ronda de consultas participó el 28 de junio la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE), que veía así reconocida su representatividad y capacidad de movilización en el conjunto del país. En la entrevista se constató la coincidencia en las reivindicaciones y la necesidad de controlar las actuaciones del futuro ejecutivo, mediante un gobierno de cooperación u otra experiencia similar.

Parece difícil conciliar las posiciones de PSOE y UP. Tal vez el PNV contribuya a desbloquear la situación al declarar que ve factible una coalición entre Sánchez e Iglesias, mientras reclama participar en la elaboración del programa de gobierno. Recordemos que el PNV es un partido pragmático, capaz de llegar a acuerdos con la derecha o la izquierda. Precisamente, la mejora de las pensiones de 2018 y 2019 fue el resultado de un compromiso presupuestario entre PP y PNV. Siendo el PNV un referente para el soberanismo catalán, no resulta aventurado imaginar que pueda prosperar el gobierno de cooperación, evitando la repetición en noviembre de unas elecciones que todos los partidos temen. Coincidiría con la ofensiva que el movimiento de pensionistas anuncia para el otoño.

Hablando del PNV y volviendo a las consignas. A veces los partidos interpretan de forma inadecuada los mensajes que se corean en las manifestaciones. “PNV, mójate”, por ejemplo, es valorado como una ofensa. Cabe otro significado: supone reconocer su legitimidad, su capacidad de interlocución. Carecería de lógica reclamar la intervención de un partido sin poder institucional. El sentido de la realidad que caracteriza al PNV debería llevarle a esa conclusión, en vez de interpretarlo como afrenta.

Las movilizaciones proseguirán, siempre en clave política

Transcurrido año y medio desde el inicio de las concentraciones de pensionistas, sin obtener respuesta satisfactoria a las principales demandas, hay motivos para advertir que se agota la paciencia. En 2018 y 2019 no se ha perdido poder adquisitivo, pero el futuro es tan incierto como al comienzo. El comportamiento reivindicativo del movimiento de pensionistas resulta tan modélico y civilizado, que obtiene galardones y es distinguido con pregones festivos. En Bilbao se ha convertido en atracción turística, como el museo Guggenheim. Tanto éxito plantea un dilema: si a quien gobierna no le inquietan las movilizaciones de pensionistas, no atenderá sus reivindicaciones. Por eso en las concentraciones se reclaman actuaciones más contundentes, que no tienen que ser ilegales. Dado que sus mayores fortalezas son la unidad y la acción multitudinaria, se pueden emprender iniciativas pacíficas que tengan repercusión social y preocupen a quienes gobiernan. A partir del 22 de julio, o en noviembre si hay que ir a las urnas, Pedro Sánchez volverá a tener la potestad de zanjar el conflicto. Entretanto, el movimiento de pensionistas seguirá actuando como grupo de presión y sujeto político.

Luis Alejos

(Sociólogo y pensionista)

Unas  líneas preliminares para dar a conocer los inicios de nuestra COESPE, ya que es probable que muchas compañeras lo desconozcan.

COESPE nace el 10 de septiembre de 2016 en los jardines del Paseo del Prado de Madrid, con un acta fundacional de lo que se ha convertido en un movimiento que sin duda se analizará en el futuro por universidades e historiadores, debido a sus logros y sus fracasos, pero sobre todo por su inquebrantable trayectoria.

Nueve CCAA estábamos presentes ese día en la fundación de COESPE. Allí estaba Canarias, Valencia, Galicia, Murcia, Madrid, Andalucía, Catalunya, Asturias y Cantabria representados.

Aunque es justo reconocer que tres movimientos sociales formaban la parte esencial del núcleo fundador de COESPE en sus inicios, Marea Pensionista de Catalunya, Modepen de Galicia, y el movimiento pensionista de Tenerife.

Ahora que hemos situado el movimiento, vayamos a los objetivos del mismo. Estos objetivos los tenemos aprobados y fijados en nuestros documentos de la III Asamblea, por tanto aquí hablaremos de los básicos.

El primero y fundamental es la salvaguarda de nuestro Sistema Público de Pensiones, en adelante (SPP) gravemente amenazado por el capitalismo y las políticas neo-liberales que todo lo invaden, pero es que también son objetivos prioritarios nuestros, toda la defensa de lo público; Sanidad, Dependencia; Educación y todo aquello que contribuya a la consecución de una sociedad igualitaria y justa. Nuestro objetivo por excelencia podría resumirse en una frase (LO PÚBLICO PRIMERO)

Y por esto era necesario poner estas primeras líneas, porque saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, nos va a permitir afrontar el futuro
en mejores condiciones.

Hemos pasado unos meses de trabajo muy duros, desde la III Asamblea prácticamente no paramos, y no hemos podido parar porque además de las movilizaciones, hemos atravesado un ciclo electoral completo, del que además del inmenso trabajo, nos ha dejado algunas conclusiones que ya intuíamos o sabíamos, pero que ahora después de los debates con los políticos tenemos aún más claras.

La primera conclusión es que el capitalismo con su globalización se extiende a toda velocidad, abarca todos los ámbitos de nuestra vida, y ese afán depredador por privatizarlo todo va a ser muy difícil de frenar, seguramente habremos de conformarnos con establecer un muro de contención, que retarde lo más posible el sufrimiento que creará en unos años.

La segunda conclusión es que la inmensa mayoría de los políticos se han entregado de lleno en brazos de ese capitalismo, y por tanto ellos no van ni tan siquiera a intentar frenarlo, están demasiado preocupados con sus hermosas poltronas de poder y suculentos sueldos, que nosotros les pagamos.

La primera y la segunda conclusión nos llevan a la tercera: nunca debimos dejar la lucha en las calles, nunca debimos dejar de pelear por nuestros derechos, y nunca debimos aceptar el pacto del 78 y su transición nefasta.

Por lo tanto, la conclusión final es que nunca más hemos de dejar las calles, o estaremos condenando a las generaciones que nos siguen, a vivir en una sociedad que nosotros nunca habríamos aceptado.

Tres son igualmente los tristes argumentos principales de los políticos para no actuar o dedicarse a vivir su situación de privilegio, más que a proteger la vida y los derechos de sus conciudadanos/as.

Además del sacro santo “lo privado funciona mejor y es más eficiente” algo que no se sostiene se explique de la forma que se explique, ya que si algo público no funciona ¿Por qué habría de tener interés lo privado en ello?

PRIMER ARGUMENTO DE LOS POLÍTICOS EN LOS DEBATES.

Uno de los argumentos más manoseados, y que ha quedado patente en estos encuentros es cuando nos dice que: devolver al Ayuntamiento este o el otro servicio es muy caro; una residencia de ancianos es muy cara; un hospital es muy caro; volver re-municipalizar algo es muy caro…. Todo lo que sea facilitar la vida de sus conciudadanos es muy caro, pero no dicen, no quieren hablar, de lo caro que resulta todo el entramado político Administrativo e Institucional que estamos pagando nosotros, en algunos casos con Administraciones obsoletas y duplicadas o triplicadas, excesivamente burocratizadas donde el ciudadano no es nada más que un número para para ellos, y un voto cuando hay elecciones.

Y ese es el verdadero problema, que los políticos sean del partido que sean y tengan la ideología que tengan. Se han entregado por completo a la tesis de los economistas neo-liberales, por diferentes motivos (la mayoría no se sostienen) como: no se puede hacer nada; dejemos que el mercado lo regule; tienen su problema solucionado, hacemos lo que podemos…., y si alguien se acerca demasiado a ellos, para exigir que cumplan con su trabajo, su policía les protege, porque no nos confundamos, es su policía, no la nuestra.

Porque vamos a ver, hemos de tenerlo muy claro, el trabajo de los economistas es ordenar la economía de forma que todos/as los ciudadanos se puedan beneficiar de lo que produce un país y de distribuirlo de una forma equitativa.

Y el trabajo de los políticos es legislar, aprobar leyes y reglamentos para que eso se cumpla. Art. 128 de nuestra CE.

1- Toda la riqueza del país en sus diversas formas, y sea la que sea su titularidad, está subordinada al interés general.

2- Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante una Ley, determinados recursos o servicios esenciales podrán ser reservados al sector público, especialmente en caso de monopolio; podrá ser acordada, también, la intervención de empresas, cuando lo exija el interés general.
Y que decimos nosotros sobre esto?.Cuando un servicio público se privatiza, se externaliza, o se gestiona de una forma privada y opaca a los ojos de los ciudadanos ya deja de ser útil y solidario para la sociedad, podrá ser rentable para unos pocos privilegiados que se lucran con ello, pero no es en absoluto rentable para el conjunto social del país, ya que los servicios que presta tienden a degradarse rápidamente.

No se pueden ceder edificios, locales y posesiones públicas, para que se haga negocio, eso además de robar a la ciudadanía es incentivar la economía especulativa, hacer ricos y poderosos a los que no ponen ni arriesgan absolutamente nada para hacer negocio.

La gestión privada de servicios públicos, solo hace que engordar al capitalismo, ya que sin arriesgar nada el que lo gestiona obtiene pingües beneficios. Cuando esto pasa, el gestor trata por todos los medios de aumentar sus plusvalías, y lo hace despidiendo trabajadores/as y disminuyendo la plantilla, reduciendo sus condiciones laborales, de salarios y contratación, y dejando que las propias condiciones generales de las instalaciones se degraden, ya que al no ser de su propiedad no invierte en su mantenimiento. Todas estas medidas influyen en que se produzcan accidentes de trabajo, y más bajas laborales, lo que a su vez origina más coste a la Administración, o lo que es lo mismo, a la sociedad en su conjunto.

Por contra, lo público tiende a aportar beneficios a la sociedad, ya que las condiciones laborales son mejores, los salarios son seguros y mejores, permiten a estos trabajadores planificar su futuro, de inversión, de familia, de estabilidad… la plantilla sin estar sobre dimensionada, suele estar más ajustada a las necesidades de los servicios que presta, por lo que también se reducen los gastos en accidentes o bajas laborales descritos anteriormente. También es una inversión segura de futuro para la sociedad, pues hace que aumenten las cotizaciones sociales, lo que redunda en el futuro de las pensiones, a la vez que hace aumentar el consumo interno, que a su vez hace aumentar la contratación, y disminuir el desempleo. Lo único que necesita lo público, es una buena gestión con una clara delimitación en la asunción de responsabilidades, de derechos y de deberes, por parte de todos los trabajadores y gestores.

Si nuestros políticos, todos, pero sobre todo los que dicen ser progresistas y de izquierdas asumieran estos postulados, toda la sociedad en su conjunto se beneficiaría con ello.

SEGUNDO ARGUMENTO DE LOS POLÍTICOS EN LOS DEBATES.

Segundo argumento que utilizan a diario, para quitarse sus posibles responsabilidades de encima: Esto que me pedís no es competencia de esta Administración, es competencia de tal o cual Administración.

Pues bien a los ciudadanos no nos importa mucho de quien es competencia un derecho o un servicio que se le ha de prestar, el ciudadano paga sus impuestos a una Administración, y es está Administración que los recibe, la responsable de prestar los servicios o ofrecer ese derecho, la Administración que sea receptora de la petición de un ciudadano/a, habría de tener la obligación de acompañar al ciudadano en todo el recorrido de esa petición hasta que esta se haya cumplido en su totalidad, sea competencia del nivel administrativo que sea.

A su vez el ciudadano, ha de ser consciente de que una sociedad moderna, dispone de unos niveles administrativos determinados, y puede ofrecer derechos y servicios si todos/as pagamos los impuestos que nos corresponde, cada uno en función de su capacidad, pero también ha de saber exigir a la Administración que los impuestos sean equitativos, y que sirvan para ofrecer servicios y derechos, no para robarnos, o rescatar bancos, autopistas, eléctricas y todas esas cosas.

TERCER ARGUMENTO DE LOS POLÍTICOS EN LOS DEBATES.

Cuando se les pide que implementen políticas sociales para los mayores ya que es un colectivo muy desfavorecido, en transporte, dentistas, podólogos, vivienda, asistencia, dependencia y ayudas diversas te dicen:

Ya tienen la tarjeta rosa para el trasporte, y muchas ayudas en la mayoría de temas y servicios que nos proponéis.

Pero la realidad cuál es? La realidad es que para acceder a este tipo de ayudas se toma como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, en adelante (IPREM), que está situado en los 537,84 euros por mes, 6.454,03 si es por 12 pagas o 7.519 si es por 14 pagas.

De tal manera, que si tenemos dos pensionistas con pensiones de 650 euros, o algo más, se les considerara ricos, y no podrán acceder a esas ayudas por sobrepasar dicho indicador, ya que la renta que se pide para tener derecho es la renta de la unidad familiar. Y esto sirve para la práctica totalidad de las ayudas.

En una palabra, tenemos unos 2,400.000 pensionistas, y cientos de miles de parados, que no solo se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, sino que además han de pagar por unos servicios, que en la mayoría de los casos los Señores políticos no pagan.

Que pedimos desde COESPE: Estamos pidiendo que el indicador para la obtención de esos servicios, sea el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado actualmente en 900 euros y que dicho indicador suba a la par que lo haga el propio SMI.

Nos parece algo tan evidente, que no se habría de tener que pedir, pues si una persona como dice la Carta Social Europea, necesita un mínimo de 1.084 euros, es de justicia que todo lo que se encuentre por debajo, tenga la posibilidad de ayudas públicas.

¿QUE NOS ESPERA AHORA, DESPUÉS DE LAS ELECCIONES? LA MOCHILA AUSTRIACA.

Todas las noticias parecen indicar que después de la constitución del nuevo Gobierno, una vez más pintaran bastos para la clase social de este país, más aun, después de unos resultados electorales, que a dichas clases sociales les han sido del todo desfavorables, ya que han favorecido y mucho al PSOE, un partido que hace décadas que se ha desentendido de realizar políticas, que favorezcan a la ciudanía, para entregarse en brazos de la oligarquía financiera y del IBEX 35.

Parece ser, que no son (Fake News) noticias falsas, que Pedro Sánchez pocos días después de ganar las Elecciones Generales, entrego una propuesta al Consejo Europeo recogida en un documento con el título Programa de Estabilidad 2.019- 2.022, las líneas económicas del futuro gobierno. Y en paralelo también se envió otro documento denominado Programa Nacional de Reformas, esto es, las leyes y decretos que piensa aprobar el ejecutivo.

En dichos documentos se definen las líneas fundamentales y concreciones, sobre; relaciones laborales, recortes, previsión del déficit público, y como no, pensiones, de la que hablaremos en seguida.

Es la nueva hoja de ruta del nuevo gobierno, que sin duda se pondrá en marcha con la bendición de la Comisión Europea. Nuestros país, conviene no olvidarlo, perdió su soberanía cunado Zapatero y las derechas, estatales y nacionalistas, modificaron el Art. 135 de la CE para asegurar el pago de la deuda.

Simplificando, son tres los grandes bloques que se han propuesto a Bruselas: las grandes magnitudes económicas y el control del gasto, las pensiones y, especialmente los compromisos legislativos. El gobierno (no formado aun) se compromete entre otras cosas a mantener el SMI en torno a los 1.000 euros, se impondrá la mochila austriaca, y se simplificaran los contratos de trabajo dejándolos en tres modelos (acercándose con ello a la propuesta de Ciudadanos y su contrato único). Esta es la hoja de ruta que Pedro Sánchez ha enviado a la Comisión Europea. Evidentemente faltan concreciones en algunos casos, aunque hay propuestas que ya se han ejecutado.

¿A qué se ha comprometido Pedro Sánchez con Bruselas?

Pedro Sánchez pretende que hasta el 2.022 las pensiones crezcan de acuerdo con el IPC, ya que nuestra presión en la calle hobligo a incluir esta medida. Esta es según el nuevo ejecutivo la frontera; a partir de ahí la revalorización será solo del 0,25 %. Es decir se volvería a aplicar la reforma de Rajoy y su Índice de Revalorización, o más bien de pobreza. Recordar que dicha reforma no ha sido derogada.

¿QUE ES LA MOCHILA AUSTRIACA?

El otro gran tema que Pedro Sánchez ha propuesto a la Comisión Europea es la aplicación a partir de 2.020, y de forma progresiva, de la denominada “mochila austriaca”. Un plan de Pensiones Privado que se cobra de forma diferida, como decía María Dolores de Cospedal cuando hablaba del finiquito de Bárcenas.

La mochila austriaca tiene cuatro grandes objetivos. El primero reducir el costo de las pensiones futuras; una parte será cubierta por el Estado y otra por los planes de pensiones privados generados por la “mochila”. El segundo, reducir hasta hacer desaparecer las indemnizaciones por despido (como el despido ya es libre, además se consigue que también sea gratis). El tercero, refinanciar a la banca con 144.000 millones de euros, que es el monto actual de las pensiones públicas en nuestro país (se crean así las bases futuras, para la apropiación privada de los recursos producidos por las pensiones públicas). El cuarto sería conseguir que las empresas no tengan que hacer ningún tipo de aportación a la Seguridad Social (ya no sería necesario favorecerles con tarifas planas, ni otras medidas impopulares). La propuesta enviada a Bruselas ya dibuja el compromiso del PSOE con el Plan Europeo de Pensiones Individuales (PePP).

Breve Historia de la mochila austriaca.

Hemos de decir que no es ningún invento, ni siquiera es original. Es una copia, como su nombre indica del método adoptado en Austria. Hemos de hacer una salvedad: la economía española no se parece en nada a la del país centroeuropeo, ni en empleo (el paro en Austria es de un 4’8% pleno empleo – ; nosotros 16% de paro), ni en precariedad (ellos 9,2%; nosotros 30%, ni en riqueza (son el doble de ricos que nosotros, medido en PIB), ni en sueldos (su salario mínimo es el doble que el nuestro). La mochila fue instaurada en Austria en el año 2.003.

En que consiste esta mochila austriaca?

De forma simple; es una especie de plan de pensiones privado que acompaña al trabajador a lo largo de su vida laboral. Está asociada al contrato único que propone Ciudadanos. La empresa en vez de pagar el despido aporta un 1,53% mensual del salario bruto del trabajador a un fondo de capitalización. Este dinero se acumula independientemente del contrato que se tenga. El trabajador dispone de ese dinero en el momento en que es despedido (por lo que elimina la indemnización por despido), también si desea crear su propia empresa, o dejar el trabajo. Llegado el día sirve para complementar su pensión de jubilación; incluso se podrá heredar. En Austria se suprimieron inmediatamente las indemnizaciones por despido.

Pongamos un ejemplo: Según la propuesta del PSOE enviada a Bruselas por Pedro Sánchez, un trabajador que cobrara 1.000 euros/mes dedicaría 15,3 euros mensuales. (183,6 anuales) a dicha “mochila austriaca”; esa cantidad se acumularía y serviría para cubrir su despido. Evidentemente, la derecha y la patronal están que saltan de contentos. La CEOE se ha apresurado a explicar sus propuestas sobre el tema en un documento titulado “Estudiar la implantación del fondo de despido similar al modelo Austriaco”. Insistimos: en Austria la aplicación de este método implica que, para obtener la el equivalente a la indemnización por haber trabajado 25 años, ahora necesitan 37, es decir 12 años más. Todo ello dependiendo de la rentabilidad de los fondos de capitalización donde se haya invertido el dinero, sea como mínimo de un 6% anual; cosa más que improbable en la situación actual. Esto se pretende llevarlo a la Comisión del Pacto de Toledo, pacto que tienen intención de resucitar.

Esto es obvio que nos hace cuestionarnos varias interrogantes: ¿Se Implementará? ¿Quién pagará, trabajadores o empresarios? ¿Cuánto se pagaría? Como decimos, es una propuesta seria y que es más que probable veremos pronto hecha realidad. Es una propuesta que una vez dejado atrás la vorágine electoral, se apresta a desarrollar las propuestas de los sectores financieros. La participación, o no, de Unidas Podemos en los futuros gobiernos estatales o autonómicos, tendrá una importancia relevante, pero los resultados electorales fueron poco favorables.

En Austria es el patrono el que paga ese 1,53%. En nuestro país no está definido, la presión de los poderosos ha llevado a declaraciones de algunos ministros sobre la inconveniencia de aumentar la presión fiscal sobre las empresas, lo que nos deja solo un posible donante; el propio trabajador.

La segunda cuestión es aún más compleja. En Austria con un salario mínimo que ronda los 2.000 euros, el aporte a la mochila, la realiza el empleador y es de 1,53% del salario bruto. En España, teniendo en cuenta que nuestro SMI es la mitad o menos, para igualar esa cantidad “ahorrada” se habría de aportar entre el 3 y el 5% del salario.

Lo más preocupante de todo esto, es que la única cuestión que ha quedado bien definida, es quien se responsabiliza de la gestión: evidentemente las entidades privadas. Pero como hemos dicho muchas veces, la situación de la banca española y europea está en una situación muy crítica y se ha de hacer lo que sea para salvarla, y eso los ciudadanos españoles lo saben muy bien; hipotecas suelo, preferentes, timos por aquí y por allá… Recordemos que la “mochila austriaca” se constituirá como Planes de pensiones de capitalización privados. Las entidades financieras no se hacen responsables de la rentabilidad de esos fondos, por tanto: si la inversión da un resultado negativo y los fondos pierden, el Estado se hará cargo del 100% (si tiene dinero, claro) con lo que el riesgo para las entidades financieras es igual a 0. Si esto ocurre, los trabajadores pagaran dos veces. Una cuando se les retiene esa cantidad, y la segunda, vía impuestos porque, en caso de quiebra el Estado cubrirá ese “agujero” con los impuestos recaudados. De nuevo nos engañan, para que llenemos sus arcas a costa de nuestras pensiones futuras.

Consecuencias para el empleo.

Nos venderán que se mejora el contrato fijo que se propone, pero… ¿Qué más da si pueden despedir gratis, y en cualquier momento? En realidad lo que hace es facilitar mucho más el despido, al dejar de existir las indemnizaciones. Las empresas podrán despedir sin coste. Se ataca ferozmente la negociación de los convenios, la antigüedad o cualquier derecho conseguido hasta ese momento. En España tenemos tres millones de parados, un 30% de paro juvenil, todo un ejército de reserva lo suficientemente grande para cubrir la rotación laboral, que además crecerá en el futuro inmediato, con la implantación de la robótica a todos los niveles. Las empresas necesitan aún más flexibilidad y peores condiciones de contratación para asegurar su tasa de beneficios.

Consecuencias para las jubilaciones .

Cuando nuestros hijos lleguen a la edad de jubilación, podrán recuperar el capital acumulado en la mochila (si han tenido suerte de trabajar todos esos años), pero se pueden encontrar con tres desagradables sorpresas:

La primera. Suponiendo que el banco, caja o entidad que haya gestionado su dinero no haya quebrado (estamos hablando de muchos años), no recibirá todo lo aportado, el saldo final se verá reducido por los costes que aplique el banco en la gestión de esos fondos. Además, como la rentabilidad en bolsa es negativa (la mayoría de los planes de pensiones privados actualmente dan perdidas), nos encontraríamos, con que nuestra hucha en lugar de crecer, se ha reducido.

Segundo. En la actualidad las indemnizaciones por despido están exentas de tributación. La “mochila” en cambio es un fondo de capitalización, sobre el que se habrán de pagar impuestos en su momento. En la actualidad la retención de IRPF es la siguiente:

De 0 a 12.450€ se paga un 19%

De 12.451€ a 20.200 se paga un 24%

Y así sucesivamente.

Repetimos: Estamos frente a un Plan privado de pensiones. Esta propuesta vendrá a complementar otra de la UE aprobada con alevosía,
nocturnidad y premeditación, el denominado Plan pan-Europeo de pensiones individuales (PePP).

Un ejemplo:

Trabajador que cotizó 35 años, acumulo en su mochila: 11.245,5€

El banco cobra una comisión del 0,85% (renta fija) Rescata: 9524,94€

Si lo retira todo, el Estado le aplica el 19% de retención. Rescata: 7.715€

O bien diferirlo, una pensión dos años de 161€ al mes.

¿Perdemos o ganamos?

Ejemplos de la aplicación del modelo propuesto por el PSOE.

El nuevo método implica continuas pérdidas para los trabajadores respecto a la situación actual. En caso de contratos temporales, la perdida por la indemnización no cobrada sería del 45,9%, en caso de despido y suponiendo 35 años cotizados, las perdidas fluctuarían entre el 36,6% y el 81,9%.

Trabajador con contrato temporal (12 días/año)

En la actualidad: contrato indemnización 300€

De seis meses:

Con la mochila recibe 137,7€

Perdida a cargo del trabajador:………………………….45,9%

Causa del despido: indemnización.

Trabajador con Cont. Indefinido, 35 años cotizados, despido improcedente: 62.136,99€ Cont. Fomento de la contratación indef.

Despido obj. Improcedente. 35.506,85€

Despido por causas objetivas 17.753,42€
En todos los casos la mochila acumularía…….11.245,50€

El trabajador pierde del 36,66% al 81,90%

Que hace la denominada izquierda? Pero sobre todo, ¿Cómo es posible que aguantemos tanto?

Domiciano Sandoval

(Es Coordinador de la Marea Pensionista de Cataluña y coportavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones-COESPE)

Barcelona, junio de 2019