¿ESTÁN EN PELIGRO LAS PENSIONES PÚBLICAS?

Los cambios sociales de los últimos años han sido extraordinarios. Se ha producido una gran revolución tecnológica que ha traído consigo nuevas formas de producir, nuevas relaciones laborales, modos de gobernar diferentes y un reparto de las rentas y de los frutos del progreso mucho más desigual e injusto. En el capitalismo de la postguerra había un equilibrio de poderes que permitió mantener potentes estructuras de bienestar pero en los años setenta el mundo empresarial se rebeló frente a este estado de cosas. Con el liderazgo de políticos como Pinochet, Reagan y Tatcher se aplicaron políticas neoliberales que han dado lugar a un capitalismo sin bridas ni limitaciones que no admite contemplaciones a la hora de apostar por las rentas financieras y del capital en perjuicio de los trabajadores y amplios sectores de las clases populares

Eso se ha podido producir porque se ha propiciado un gran cambio moral y en los valores sociales. El equilibrio social en torno al bienestar colectivo ha sido sustituido por un capitalismo insolidario que rompe con la cohesión social. Se ha debilitado a la sociedad para sostener la convivencia en el individualismo y los ciudadanos han quedado envueltos en una avalancha de mensajes que les impiden entender que su situación es la de otros muchos millones como ellos. Y así, aislados, solo saben gobernarse a sí mismos aspirando a salir individualmente de la frustración y del entorno fantaseado por los grandes medios de información y persuasión que los envuelve. En tales medios se presentan como verdades científicas y objetivas argumentos que son claramente erróneos e ideológicos y que no tienen detrás sino la búsqueda compulsiva de más beneficios y mejores condiciones de acumulación para los afortunados que todo lo tienen. Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días.

Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías. Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados.

Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces. Lo que quieren lograr con esos discursos es muy sencillo: que sean los bancos y no los poderes públicos quienes manejen el ahorro colectivo, y que ese ahorro se gobierne con vistas a darle rentabilidad privada y no equidad o solidaridad entre una generación y otra.

La privatización de los sistemas públicos de pensiones es, posiblemente, una de las medidas más beneficiosas del capital financiero, puesto que permitiría poner en manos de los bancos y entidades financieras volúmenes ingentes de recursos, quizá suficientes para garantizarles el dominio total sobre las economías y las fuentes de creación de empleo, renta y riqueza.

Es decir, del poder. Y precisamente por ello es urgente reaccionar y evitar el brutal asalto que se proponen sin descanso. En primer lugar, desvelando los errores y las falsedades en que se basan sus discursos y, además, tratando desmovilizar a los ciudadanos para que defiendan por todos los medios sus derechos y las conquistas sociales que tanto esfuerzo costó alcanzar. Este texto divulgativo y escrito en un tono muy conciso intenta contribuir a esa toma de conciencia y a esa movilización.

Porque solo la movilización ciudadana puede parar esta enorme avalancha ideológica que se presenta como científica, y que en realidad responde a unos intereses concretos, contrarios a los intereses generales de las clases populares. Es propósito de este trabajo mostrar la falsedad de sus argumentos, con datos e información que niegan su veracidad y credibilidad. Animamos a sus lectores a divulgarlo y hacer de estos argumentos un arma de debate y de concienciación para evitar que se sigan dando pasos hacia atrás en el ejercicio de los derechos ciudadanos y del bienestar al que todos las mujeres y hombres del mundo tienen derecho.

VICENÇ NAVARRO, JUAN TORRES LÓPEZ Y ALBERTO GARZÓN

¿ESTÁN EN PELIGRO LAS PENSIONES PÚBLICAS

 

Valoración por la Coordinadora Estatal sobre los Presupuestos Generales del Estado 2018 Subidas de un 3%, 1.5% o 1%

Si se aprueban los Presupuesto Generales del Estado (PGE) con las revalorizaciones propuestas por el Gobierno, todas las pensiones públicas habrán perdido poder adquisitivo en el periodo que comienza en 2011 con el incremento de las pensiones mínimas un 1% y la congelación del resto de pensiones.

Así la pérdida acumulada en el periodo 2011-2018, es tanto  mayor cuanto más nos alejamos de las pensiones mínimas, siendo para estas de un 0,9% y continuando con un 3,4 % para las pensiones inferiores a los 700 € hasta alcanzar el 5,65% para las pensiones superiores a 1.000 €.

En 2018 la pérdida de una pensión que en 2011 era de 1000€ será de 791€/anuales.

AQUÍ TIENES EL DOCUMENTO PARA VISUALIZAR.

Valoracion PGE. Subida

Tabla Reivindicativa de las Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones

Bloque legal

 1 El Sistema de Pensiones de la Seguridad Social debe mantenerse como tal Sistema Público y, en caso de necesidad, o déficit, se recurrirá a los Presupuestos Generales del Estado. 

 2.- Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 65 años, en el contexto de la Proposición de ley Presentada por 71 diputados en el Congreso.

 3.- Jubilación anticipada, sin penalizar, con 40 o más años cotizados = 100%.

 4.- Recuperación del Subsidio para mayores de 52 años.

 5.- Integración en el Régimen General de todos los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

 6.- Rechazo a las Reformas Laborables del 2011 y 2013, ya que la precariedad laboral afecta negativamente al Sistema Público de Pensiones.

 Bloque económico

 1.- Pensión mínima de 1.084 € (a fecha 2017) que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea.

 2.- Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real anual.

 3.- Recuperación económica de lo perdido desde 2011.

 Bloque Social

 1.- Reducción, hasta su desaparición, de la brecha de género en las pensiones.

 2.- Modificación del tope mínimo en caso de doble pagador.

 3.- Pleno e Inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia,

 4.- Eliminar todo tipo de co/repago y “medicamentazo”, restablecer los derechos sanitarios, en el sentido de la sanidad pública,universal y de calidad que teníamos.

 5.- Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte).

  6- Derechos Humanos efectivos: Derecho a la Vida, a una Muerte Digna, a la Libertad, al Trabajo, Sanidad, Vivienda, Refugiados, Extranjería, etc…

 

Que se establezca el compromiso de llevar a cabo un debate profundo a corto plazo sobre el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, con la participación necesaria de las organizaciones de los/as trabajadores/as y pensionistas –pero con todas ellas– como paso previo a la puesta en marcha de la legislación necesaria para garantizar el mantenimiento de Sistema Público de Pensiones e importes dignos.

 Así mismo, acometer una verdadera reforma fiscal y una verdadera reforma laboral, en postitivo para los derechos de la mayoría social, como herramientas para facilitar la redistribución de rentas y recursos.

 Los ciudadanos debemos manifestarnos y salir a la calle con unos objetivos claros y coincidentes con lo que se pide por los miles de pensionistas movilizados y se recoge por decenas de diputad@s en la Proposición de Ley planteada, y apoyada por la CEDSPP.

 Sería absurdo y anacrónico exigir unas reivindicaciones menores de lo que realmente necesitan con urgencia los pensionistas actuales y futuros, y planteadas ya en el Congreso; lo que de forma inmediata se traduce en  derogar los aspectos más regresivos de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.

 

 

TABLA ESTATAL REIVINDICATIVA

Esta Coordinadora de ámbito estatal, formada por diferentes colectivos sociales, fue creada con el objetivo de defender uno de nuestros derechos históricos más sensibles y necesarios para las familias trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomos: el actual Sistema Público de Pensiones.

ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

 

SOBRE EL PRODUCTO EUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP) Modelo de moción para presentar en los ayuntamientos

 

La CE propone un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) y que los Estados miembros aprueben desgravaciones fiscales para las personas suscriptoras de este producto. El PEPP es un paso más en la privatización y mercantilización de la protección social.

La Comisión Europea (CE) redactó en junio de 2017 una Propuesta de Reglamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). La propuesta fue remitida al Parlamento Europeo  para su debate y aprobación.
La Propuesta recomienda a los Estados miembros que aprueben desgravaciones fiscales para las personas suscriptoras del PEPP. Estas desgravaciones fiscales benefician a las personas perceptoras de altos ingresos, las únicas que podrán aportar cantidades significativas al PEPP, al mismo tiempo que reducirán los ingresos públicos y reducirán la progresividad de los sistemas impositivos.
La Propuesta tiene como objetivo principal, tal como su texto repite con insistencia, el desarrollo de los mercados de capitales europeos. La CE promueve explícitamente la innovación financiera y la inversión en instrumentos derivados. Debemos recordar que la innovación financiera y la proliferación de derivados están enel origen de la crisis económica y financiera de 2008, la crisis más grave del capitalismo desde 1929. Esta crisis provocó enormes daños en forma de aumento del paro, de la exclusión social y de la desigualdad. Las entidades que la habían provocado, con la innovación financiera y creación y difusión de instrumentos derivados, debieron ser rescatadas con cuantiosos fondos públicos.
La CE opta por promover fondos de pensiones privados antes que garantizar la suficiencia de las pensiones públicas como queda explícito en la Propuesta.
Consideramos la Propuesta un importante paso en el camino de reducir las pensiones públicas para dejar espacio a los fondos privados de capitalización. La Propuesta de la CE sigue las recomendaciones del Banco Mundial (BM): reducir las pensiones públicas hasta un tamaño modesto para complementarlas con fondos privados de capitalización.
En la moción que presentamos le pedimos a las parlamentarias y parlamentarios europeos que como representantes de la mayoría social:
1- Voten en contra de la creación del PEPP.
2- Exijan a la CE que estudie medidas para garantizar pensiones públicas suficientes.
3- Exijan a la CE que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados.
La Propuesta de la CE fue entregada a la Comisión de Economía del Parlamento europeo y será sometida a votación en esa Comisión los días 11 y 12 de julio. Proponemos que se presente esta moción lo antes posible en los ayuntamientos y que se remitan los acuerdos plenarios al Parlamento europeo-Comisión de Economía, una copia a la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y que se difundan entre los medios de comunicación.

 

AQUÍ TIENES EL MODELO PARA PRESENTAR EN TU AYUNTAMIENTO.

 

Moción sobre el PEPP

 

Aquí os dejamos el enlace, donde podéis acceder al documento original del PANEUROPEO sobre el que están a trabajar en al Comisión Europea.
Para haceros un resumen, indicar que es un plan de pensiones privado que saldrán en la comisión Europea como Reglamento , es decir, de efectos inmediatos en todos los estados miembros el mismo día que se apruebe. Será gestionado por bancos , aseguradoras y fondos de inversión, con grandes bonificaciones y con el mismo riego que los demás fondos de pensiones privados que ya conocéis. 

Como vais a poder leer en el informe esperan recaudar más de 700.000 millones de Euros entre el 2019 y 2030 , y que para nosotros es un claro desvio de posibles ingresos del Sistema de Seguridad Social Pública a la privada y a los bancos.
Por ello realizaremos concentraciones el 16 ABRIL delante de los ayuntamientos de toda España, primero como pre calentamiento para la próxima gran movilización y otra para dar a conocer a la luz pública cual es de verdad la idea de nuestro gobierno de salvaguardar lo Público, obviamente desmontándolo para beneficiar a los entes privados.

 

Aquí os dejamos el enlace, donde podéis acceder al documento original del PANEUROPEO sobre el que están a trabajar en al Comisión Europea.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/…

 

 

LA SOSTENIBILIDAD DE LA PENSIONES: ¿PROBLEMA DE MERCADO O PROBLEMA POLÍTICO?

En la actualidad la publicación de estadísticas, estudios y análisis sobre el envejecimiento de la población española y el imparable aumento efectivo, el previsible aumento de pensiones y los pocos ingresos que recibe el sistema, ayuda a que se genere una inquietud social imprecisa, donde se recomienda a las nuevas generaciones que deben complementar sus futuras pensiones con planes de pensiones privados para así poder generar una pensión digna.
Históricamente y hasta el 2011, las decisiones políticas siempre tuvieron el objetivo de consolidar el sistema a favor de los contribuyentes, la revalorización anual de las pensiones de acuerdo con el IPC previsto (1997), la creación de un fondo de reserva (2000) o el aumento de las pensiones mínimas (2004 – 2009). Pero a partir del 2011 las decisiones políticas se han orientado más al recorte de las pensiones como único elemento de ajuste financiero del sistema, debiendo ser cuestionable no solo por sus efectos sino también porque, independientemente de lo que hayamos cotizado, bajarán lo necesario para equilibrar el sistema sin reconocer ningún derecho adquirido por los años cotizados. Todas las reformas realizadas entre el 2011 y 2013 , supusieron y supondrán que trabajaremos más, cotizaremos más tiempo y cobraremos prestaciones por debajo de un mínimo de bienestar social.
Las reformas del sistema no pueden tener como objetivo el ir reduciendo paulatinamente las pensiones sin que la población apenas se dé cuenta.
Se sostenía hace tiempo que el modelo español de pensiones públicas incluye todas las características para continuar siendo sustentable, pero con la experiencia de todos estos años y los resultados obtenidos, no quita que pueda ser nuevamente reformulado para reforzar estas virtudes.
Reflexionemos sobre la necesidad de adaptar las prestaciones a la cambiante realidad social, realizar una distribución más justa y equitativa de los recursos públicos dedicados a la protección social.
En este trabajo nos basaremos más en las consecuencias que están sufriendo los contribuyentes del sistema que lo único que han hecho es contribuir mientras que las reformas llevadas a cabo solamente han sabido recortar de su lado y no buscar otras soluciones de financiación, soluciones que pueden pasar por las que iremos comentando.

 

INTRODUCCIÓN
El sistema de Seguridad Social es la esencia del Estado Social, según lo establecido en el artículo 1.1 de la Constitución “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico de libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Cuando además en su artículo 412 la Constitución establece, que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social indica que es un «sistema técnicojurídico destinado a proteger a determinadas colectividades de personas frente a determinados riesgos o contingencias, que provocan en ellas situaciones de necesidad, sea por defectos de rentas o exceso de gastos». Clara intención por parte del legislador de continuara perviviendo el mecanismo de protección de Seguridad Social como tal, y recordando que «el origen de la Seguridad Social se encuentra en la voluntad del poder público de luchar contra las necesidades sociales».Dicho artículo consagra a la Seguridad social como una institución cuyo contenido, objeto, niveles y técnicas de financiación se dirigen a reconocer una protección universalista y asistencial.
Además, dicho artículo acompañado del art. 14 CE, dar gran relevancia al principio de igualdad, «los poderes públicos mantendrán un régimen público para todos los ciudadanos…, refleja una clara interpretación de cómo debe afectar ese principio fundamental en la Seguridad Social. Ya que después de enumerar una serie de causas discriminatorias termina extendiéndolas a cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Al igual que lo hacen con el principio de universalidad. Ya que no se trata tan sólo de que todas las personas sean igualmente aptas para disfrutar de los derechos, sino que se les garantice iguales posibilidades en el ejercicio de los mismos.
La Seguridad Social, tiene como objetivo proteger a los ciudadanos ante situaciones de necesidad, desarrolla una función «instrumental» del Estado Social, realizando la redistribución de las rentas entre las diversas capas de la sociedad. No trata de debilitación de las prestaciones suficientes, sino de atender y elevar aquellas que son insuficientes, y a veces incluso simbólicas.
Si a los artículos anteriores le sumamos el art.50 CE donde obliga a que…” los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica del ciudadano durante la tercera edad”
Queda muy claro la obligación de mantener un Sistema de Seguridad Social, gobierne quien gobierne”, para todos los ciudadanos y las ciudadanas, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante las situaciones sociales de necesidad”.
En definitiva, igualar, elevando la calidad y cantidad de las prestaciones, y no al contrario.

Mª Victoria Portas Mariño

Portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), 

DOCUMENTO COMPLETO:

LA SOSTENIBILIDAD DE LA PENSIONES PROBLEMA DE MERCADO O PROBLEMA POLÍTICO

 

 

¿QUÉ HACER CON LOS CUIDADOS?

La Economía Feminista es un campo en desarrollo en el Estado español desde hace alrededor de una década. Lejos de encerrarse en reflexiones meramente teóricas, surge con una clara vocación de intervención política y de transformación social. De hecho, desde 2005, los sucesivos congresos estatales de Economía Feminista han crecido exponencialmente en número de asistentes y participantes, han agrupado igualmente a investigadoras y a activistas feministas y de otros movimientos sociales, han contribuido a incrementar de manera radical las publicaciones sobre la temática y se han esforzado por emitir declaraciones y propuestas de consenso en relación a las situaciones político-económicas de cada momento.

En los últimos años, a su vez, la reflexión sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida se ha convertido en una reflexión central tanto en la Economía Feminista como en el resto de ciencias sociales. Y lo ha hecho no solo como un campo de estudio y de incidencia en las condiciones de vida de las mujeres, sino como una propuesta de transformación estructural que afecta al conjunto de la organización socioeconómica. En un contexto de crisis sistémica que se arrastra desde hace ya una década,
el feminismo ha abordado el campo de los cuidados y de la economía en general con una clara voluntad de superar los análisis meramente interesados en analizar los hechos diferenciales entre las vidas de las mujeres y de los hombres y ha buscado construir una mirada analítica que ubique las relaciones de género, así como su intersección con otros ejes de desigualdad social, en el centro del estudio del funcionamiento del sistema capitalista. El crecimiento de la desigualdad, la crisis económica y las políticas de austeridad han agravado la llamada crisis de los cuidados y han generado una verdadera crisis de reproducción social. Por ello, la tarea de plantear alternativas de intervención políticas y preguntarse por sus efectos –tanto sus potencialidades como sus limitaciones– es urgente y necesaria. La Economía Feminista, en este sentido, plantea la posibilidad de construir una verdadera alternativa civilizatoria al capitalismo neoliberal globalizado contemporáneo, poniendo en el centro de las reflexiones y de las prácticas la organización social de los cuidados.

Sin embargo, lejos de ser monolíticas, las reflexiones en el seno de la Economía Feminista han desencadenado distintas líneas de investigación, con diagnósticos y propuestas diversas sobre cómo abordar una reorganización social de los cuidados. Sin ánimo de simplificar, en medio de esta pluralidad identificamos dos sensibilidades principales: una más centrada en influenciar la organización social actual del cuidado mediante las políticas públicas, particularmente aquellas centradas en
impulsar y regular la participación en el mundo laboral, y una segunda, más interesada en las iniciativas de corte comunitario emergentes en los últimos años que proponen nuevas formas de organizar el cuidado más allá de los procesos institucionales. El documento que María Pazos y Bibiana Medialdea elaboraron en 2015 para Podemos y la campaña de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), que consiguió que el Congreso aprobara en octubre de 2016 una proposición no de ley para la igualación de los permisos de maternidad y paternidad, serían ejemplos de las propuestas del primer tipo de corriente. Los grupos de crianza compartida que han surgido a escala municipal en algunas ciudades, como Barcelona, serían más bien un ejemplo práctico del segundo tipo de corriente.

Estas dos sensibilidades se dividen a su vez entre aproximaciones que, como decíamos, enfatizan la importancia de la participación en el mercado laboral y plantean principalmente desde esa área herramientas para reducir las desigualdades y eliminar los mandatos de género en torno al cuidado, y aproximaciones que, cargadas de escepticismo ante el supuesto productivismo de las primeras, ponen el acento más bien en las políticas sociales y educativas, como punto de partida –y
de llegada– de la intervención pública en la esfera de los cuidados. Así, aunque las cinco contribuciones que conforman este Plural se centran en qué políticas públicas son necesarias para impulsar una reorganización social de los cuidados, lo hacen en algunos casos desde diagnósticos diversos y, como resultado, plantean propuestas diferentes, a veces incluso enfrentadas.
El principal objetivo de este Plural reside en hacer un inventario y promover un diálogo entre las diferentes propuestas en las que aterriza eso que llamamos poner la vida en el centro, con el fin de reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de cada una de ellas y poder esbozar una posible síntesis que nos permita impulsar una agenda de reorganización de los cuidados desde un prisma feminista anticapitalista. Este Plural surge, pues, con la voluntad de animar el debate, tender puentes y profundizar
precisamente en las propuestas concretas que se han ofrecido hasta ahora por parte de las distintas sensibilidades. Más en concreto, las preguntas que nos han guiado y que hemos planteado a las autoras han sido las siguientes:

¿Qué medidas de política pública y/o de iniciativas no institucionales cabe impulsar para promover una reorganización social de los cuidados?
¿Cuál es la viabilidad (económica y política) de las distintas propuestas? ¿Y su adecuación a las condiciones sociales y económicas de nuestro país?

¿Cuáles son los efectos esperados de las diversas políticas propuestas y de posibles iniciativas comunitarias? O, de otro modo:
¿Cómo contribuyen o pueden contribuir tales medidas a dar respuesta al déficit de cuidados? ¿Y a su valorización social? ¿En qué medida promueven la justicia de género? ¿En qué medida impulsan la justicia social? ¿Y en qué medida promueven la colectivización o desfamiliarización de las responsabilidades de cuidado? ¿Es posible conjugar los diferentes objetivos (cubrir cuidados, valorizar cuidados, promover igualdad social, promover igualdad de género, colectivizar los cuidados)? ¿Cuáles son los dilemas o juegos de suma cero?

A la pregunta sobre cómo se aterriza en ese objetivo común de pensar una reorganización social de los cuidados que ponga la vida en el centro, todas las colaboradoras coinciden en responder que se trata de valorizar los cuidados. Sin embargo, divergen en sus estrategias para hacerlo. Carmen Castro y María Pazos inciden en la idea de que la valorización de los cuidados pasa por la erradicación de la división sexual del trabajo y por la simetría de género, para lo que proponen políticas mayoritariamente
relacionadas con el empleo. No obstante, Carmen Castro, como Inés Campillo y Carolina del Olmo, se distancian de María Pazos en su consideración del empleo, abogando por una reducción radical de la jornada de trabajo para todas y todos. Sandra Ezquerra, a su vez, realiza un intento, aún genérico y conceptual, de integración.

Frente a la idea de que valorizar los cuidados implica necesariamente una estrategia centrada en la igualdad de género, Inés Campillo y Carolina del Olmo argumentan que ambos objetivos no tienen por qué ir siempre de la mano y que subsumir aquel a este puede dejar sin cubrir muchos casos de vulnerabilidad y provisión de cuidados. Por ello, apuestan
por una aproximación más multidimensional al problema de los cuidados.

Por su parte, Patricia Merino denuncia que los discursos dominantes sobre los cuidados eluden hablar de la maternidad y de la centralidad de la relación madre-criatura. Para esta autora, la clave del problema de la división sexual del trabajo no está en la asimetría de género, sino en el valor social diferencial que se le otorga a esa asimetría. De ahí que la clave para Merino sea el desarrollo de políticas de protección a la maternidad desligadas de la figura paterna. Si bien todas las colaboradoras comparten preocupación por los efectos que la actual organización de los cuidados tiene en la (des)igualdad social (de género, clase, etnia, edad, discapacidad, etc.), las propuestas de María Pazos y Carmen Castro se centran principalmente en el desafío que los
cuidados plantean a la igualdad de género, mientras que los artículos de Inés Campillo y Carolina del Olmo, por un lado, y de Patricia Merino, por el otro, problematizan algunas de las propuestas de aquellas autoras por su desigual impacto de clase. Sandra Ezquerra, a su vez, plantea que la defensa de la justicia de género y de una democratización de los cuidados
¿Qué hacer con los cuidados?son indisolubles, sin que ninguna de las dos esté necesariamente por ello al servicio de la otra.

La propuesta de permisos iguales e intransferibles de 16 semanas de la PPIINA ejemplifica claramente las diferencias entre las diversas colaboradoras del Plural. Carmen Castro y María Pazos defienden esta medida, que describen como la herramienta clave para promover la igualdad en los cuidados y en el mercado de trabajo. Inés Campillo, Carolina del Olmo y Patricia Merino, en cambio, se muestran escépticas con la potencialidad de los permisos así planteados y critican algunas de sus limitaciones, entre ellas, su corta duración, que estén pensados para familias de dos sustentadores, y que hagan depender un derecho básico al cuidado de la situación laboral. Promover la corresponsabilidad de los padres en la crianza es un objetivo compartido por todas las colaboradoras, si bien Patricia Merino defiende que esta no debe conseguirse a costa de la
maternidad. Para esta autora, la relación madre-criatura es la que debe protegerse principalmente y la corresponsabilidad ha de construirse a lo largo del ciclo amplio de la crianza a partir del reconocimiento de ese vínculo primario clave. De ahí que proponga permisos de maternidad largos y permisos parentales transferibles. Para terminar, cabe subrayar que los cinco textos que los y las lectoras van a encontrar a continuación son una muestra excelente de por dónde se están moviendo los debates sobre los cuidados en el interior de la Economía Feminista. Nos parece que todas las propuestas tienen fortalezas y debilidades, y que los puntos de disenso y los dilemas que se apuntan son de especial relevancia para seguir pensando y depurando
propuestas de síntesis que puedan recabar consensos amplios. Es necesario mantener este diálogo abierto porque la vida nos va en ello.

Inés Campillo.
Sandra Ezquerra

DOCUMENTOS:

*De la economía feminista a la democratización de los cuidados

*Aportaciones feministas al debate sobre la reorganización de los cuidados

*Por el cambio estructural a una sociedad sin patriarcado

*La maternidad como cuidado (Guia hacia un futuro sostenible)

*Reorganizar los cuidados.Y si dejamos de hacernos las suecas

 

 

¡PENSIONES DIGNAS YA!

 

Las continuas agresiones a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia y sobre todo pensiones), se ponen de manifiesto una vez más con las vergonzosas declaraciones de la Sra. Bañez y la Sra. Villalobos, pidiendo aumentar la edad de jubilación a los 70 años. El presidente de los empresarios se ha unido a esas declaraciones pidiendo la jubilación a los 75 años. Los representantes del poder económico y el gobierno que  diriguen estos mismos poderes económicos pretenden acabar con todos los derechos sociales. Las reformas laborales y de pensiones llevadas a cabo han precarizado y exiliado a los jóvenes con salarios de miseria, provocan unas cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social y por tanto impiden unas pensiones dignas. Se condena a más de 9 millones de pensionistas a la pobreza. Jóvenes, trabajadores y pensionistas sufrimos las consecuencias de la crisis que el sistema impone a la mayoría social.

 Se gobierna para una minoría privilegiada que controla el poder económico, bancos, eléctricas, y corporaciones del IBEX 35, empresas en cuyos Consejos de Administración están los políticos que han hecho las reformas laborales y de pensiones con el único objetivo de favorecer a estas empresas. Desde estos consejos, nutridos por políticos del bipartidismo, se determina la subida de la luz en más del 12%, del gas un 10% y se lleva a la

mayoría social y a los pensionistas al empobrecimiento generalizado.

El IPC actúa sobre nuestras pensiones como un impuesto que el gobierno del PP impone a los y las pensionistas de forma inmoral y perversa mientras utiliza este dinero que se nos roba para darlo a bancos y eléctricas y salvar sus cuentas financieras.

El gobierno del Partido Popular plantea para el año 2018 unos Presupuestos Generales del Estado que condenan a la miseria a los pensionistas, no garantiza las mismas, la miserable subida del 0,25% 2 €  es no sólo insuficiente frente a una inflación incontrolada que nos conduce a pensiones asistenciales sino una auténtica burla

Las reformas del 27/2011 (PSOE) y del 23/2013 (PP)  y los Pactos de Toledo introduciendo los PPP y PPE actúan como una losa y suponen, según expertos y economistas, una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones. Es evidente que este deterioro del Sistema Público de Pensiones tiene un objetivo que es favorecer los Planes Privados de Pensiones (PPP) y los Planes Privados de Empresa (PPE), y con ellos a bancos y gestores de dichos planes.

 

Desde la CEDSPP exigimos mantener el actual sistema de reparto, las pensiones como un derecho constitucional, su inclusión en los PGE para hacer frente a los posibles déficits del sistema y reenbolsar lo sustraído de la hucha de las pensiones. Exigimos retomar la jubilación a los 65 años, la jubilación sin penalización a los 40 años cotizados, así como retomar el subsidio a los mayores de 52 años y la eliminación de toda discriminación que actualmente vulnera los derechos humanos de la mujer.

Es una lucha que no podemos perder y por ello estaremos hoy y los días necesarios en las calles hasta conseguirlo.

COMUNICADO 22 FEBRERO 2018

 

https://www.facebook.com/RedPENSIONISTAS/

 @RedPENSIONISTAS quiere ser una entidad plural que va a utilizar las Redes Sociales para impulsar, facilitar y coordinarnos con otras entidades en pro de una jubilación con Dignidad ,en derechos y oportunidades.

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA GOTORLEKUARI EZ #25Feb18

 

La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su país para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos, violencia y persecuciones, aumenta cada día. Ya son más de 70 millones en todo el mundo. En 2016, 1.259.265 trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en España. El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho más de 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección.

Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales,están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos,
esclavitud laboral…

Mientras tanto, Europa se blinda, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países
africanos, para que sean éstos los que se encarguen de “gestionar” el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución, auspiciando la esclavitud y la tortura. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional.
Vivimos una crisis del Estado de Derecho.

El Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas. El 26 de septiembre del año
pasado terminó el plazo del programa de reubicación europeo. España ha acogido a un ridículo 13,48% de las 9.323 personas asignadas en su cuota, tras haber rebajado casi la mitad el compromiso inicial de acoger a 17.337. Tan solo 1.257 personas en dos años. Un porcentaje vergonzoso, que nos coloca entre los países con un mayor grado de incumplimiento.

Además, las políticas de asilo españolas durante 2016-2017 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.

Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.

Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.

Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.

Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.

Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como España, sin trabas y de forma efectiva.

Que España, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.

Que España y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI.

Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los Derechos Humanos.

Que España y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.

Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.
La ciudadanía está en pie. No seremos cómplices. Esta Europa Fortaleza no nos representa, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN

Egoera oso latza da. XXI. mendean ongi sartuta gaudela, Bigarren Mundu Gerraz geroztik izan den errefuxiatu eta migratzaileen krisi humanitariorik handiena jasaten ari gara. Gatazka armatuen, eskubide-urraketen, indarkeriaren eta jazarpenen ondorioz bizirik jarraitzeko beren herrialdetik ihes egiten duten pertsonen kopurua gero eta handiagoa da. Dagoeneko 70 milioi baino gehiago dira mundu osoan. 2016. urtean, 1.259.265 pertsona saiatu ziren Europan aterpea aurkitzen, eta nazioarteko babesa eskatu zuten. Haietatik guztietatik, 15.755 baino ez ziren saiatu Espainian. Mediterraneo itsasoko egoera benetan lotsagarria da gaur egun. Azken 17 urteetan, 35.000 pertsona hil dira bertan, eta 2016. urteaz geroztik, 7.000 baino gehiago, haurrak tartean. Heriotza horiek ez ziren gertatuko pertsona horiek babesa lortzeko bide seguruak eta legezkoak izan balituzte.

Gainera, gure multinazionalak ere, munduko beste potentzietakoak bezala, nahitaezko migrazio horien arrazoien jatorrian daude (interes ekonomiko eta energetikoek eragindako gerrak, eskubideen urraketak, lan-esklabotza eta abar).

Aldi berean, Europa blindatu egin da, asilo-politikak gogortu egin ditugu nazioarteko babesa jasotzeko eskubidea baliatzea gero eta zailagoa izan dadin, eta seguruak ez diren hirugarren herrialdeekiko “legez kanpoko” akordioak bultzatu ditugu (Turkiarekin edo Afrikako herrialde batzuekin egindako akordioak, adibidez), gerratik ihesi doazen edo jazarpen motaren batengatik bizitza arriskuan duten milioika pertsonaren etorkizuna herrialde horietan “kudea” dadin, era horretan esklabotza eta tortura babesten bada ere. Pertsona horien giza eskubideak behin eta berriz urratzen dira, lehenik eta behin jatorrizko herrialdean, eta, ondoren, gure herrialdera iristen direnean, Espainia nazioarteko babesa eskaintzera behartzen duten nazioarteko lege eta adierazpen unibertsal guztiak gorabehera. Zuzenbide Estatuaren krisi batean sartuta gaude.

Espainiako gobernua ez da betetzen ari hartu dituen konpromisoak. Milaka pertsonak nonbait hartuko dituzten zain jarraitzen dute Europa barruko zein kanpoko errefuxiatu-esparruetan, egoera penagarrian. Joan den urteko irailaren 26an, Europako birkokapen-programaren epea amaitu zen. Espainiak bere kuotako 9.323 pertsonen % 13,48 baino ez ditu hartu, hasierako konpromisoa (17.337 pertsona hartzeko konpromisoa, alegia) ia erdira murriztu ondoren. 1.257 pertsona baino ez dira izan bi urtean. Ehuneko lotsagarria da, eta ez-betetze mailarik handieneko herrialdeen artean kokatzen gaitu.

Gainera, 2016-2017 aldian, Espainiako asilo-politikak asilo-eskubidea mugatu die Siriakoaz bestelako gatazka batzuetatik ihes egiten duten eta, Sirian bezala, eskubideen urraketak jasaten dituzten milaka pertsonari.

Orain, inoiz baino gehiago, beharrezkoa eta premiazkoa da herritar, kolektibo, elkarte, entitate eta mugimendu sozial guztiak kalera irtetea eta zer nahi dugun garbi eta ozen esatea.

EZ dugu Europa “gotorleku” bat nahi, Europa abegikor bat baizik.

Bizitzeko eta aterpea jasotzeko eskubidea babestuko duen Europa nahi dugu, heriotzatik ihesi gure mugetara iristen saiatzen diren pertsonen eskubideak urratuko EZ dituena.

Pertsona horiek nazioarteko legeriari jarraikiz hartzea nahi dugu, eta hartutako konpromisoak eta betebeharrak betetzea. EZIN da inor bidali segurua ez den herrialde batera.

Denok elkarrekin eskatzen dugu beren herrialdeetatik ihes egiten duten pertsonak dagozkien eskubideen arabera trata daitezen, eta, beraz, hainbat herrialdetan (Espainian, adibidez) dagokien nazioarteko eskubidea eragozpenik gabe eta eraginkortasunez eskatzeko aukera izan dezaten.

Espainiak eta Europako gainerako herrialdeek legezko bide seguru batzuk (hala nola korridore humanitarioak) edota enbaxadetan asiloa eskatzeko aukera berma ditzaten.

Espainiak eta EBko gainerako gobernuek premiazko harrera-neurriak har ditzaten eta berehala aplika ditzaten, kalteberatasun-egoeran dauden pertsonen babes-premiak bereziki kontuan hartuta (hala nola haurrenak, emakumeenak eta LGBTI pertsonenak).

Europar Batasunak giza eskubideak betetzen ez dituzten herrialdeekin mugak kontrolatzeko eta pertsonak itzultzeko eta berriz hartzeko akordioak bertan behera utz ditzan.

Espainiak eta Europar Batasunak errefuxiatuen eta migratzaileen duintasuna eta inklusioa bermatuko duten harrera-politikak gara ditzaten.

Eta, jakina, gobernuek garapenerako lankidetza sendotu dezaten, errefuxiatuen desplazamenduak eragiten dituzten arrazoietan lan egiteko eta pertsona horiek ihes egiten ez jarraitzeko.

Herritarrok zutik gaude. Ez gara konplizeak izango. Europa “gotorleku” honek ez gaitu ordezkatzen, GIZA ESKUBIDEAK EZ DIRA NEGOZIATZEN

 

 

De los ODM (OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO) ,a los ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE): REPITIENDO ERRORES Y FRACASOS.

Durante la cumbre de Naciones Unidas en septiembre del 2015, se aprobó la AGENDA 2030 para el Desarrollo Sostenible, definida como “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tabién tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”. La Agenda plantea los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), derivados de los fracasados ODM ( Objetivos de Desarrollo del Milenio).  Estos ODS constan de 17 grandes objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible. Son aún más ambiciosos que los ODM y presentan algunas novedades como la lucha contra el Cambio Climático, pero en lo sustancial participan de los mismos errores de planificación y de concepto que los difuntos ODM.

Sin embargo, una vez más, asistimos a un cierto entusiasmo de ONGD,s y otras organizaciones por creer en los ODS, se vuelve otra vez a dar un cierto aval a las NN UU. Las organizaciones son libres de llevar adelante esta iniciativa, pero llegados a esta segunda versión, también se multiplican las voces para no respaldar los ODS. Porque ¿de verdad podemos creer en lo que las Naciones Unidas nos informan acerca de esta Agenda 2030? A muchas organizaciones les resulta muy sospechoso que, una vez más, la resolución de los problemas del mundo dependa de los mismos políticos, empresarios y entidades financieras que fracasaron con los ODM, y de los cuales una gran parte de la ciudadanía global desconfía profundamente.

Los ODS como antes los ODM se dedican a combatir las consecuencias del nefasto sistema capitalista y no ataca a las causas. En realidad no se pone en cuestión al sistema, lo que para muchos torna inviable la consecución de los ODS.

 

FALSEDADES CONCEPTUALES DE LOS ODS

 

Se mantiene una visión retrógada y errónea del desarrollo

La ONU continúa pues, con una visión capitalista del desarrollo condenada al fracaso. No se cuestiona en absoluto el sistema capitalista, limitándose, como siempre, a una huída hacia adelante, hacia el colapso total. Se continúa con una visión desarrollista diseñada por la ONU, el FMI y el BM que ya ha demostrado con creces su fracaso. Más de una vez las políticas diseñadas por esta pléyade de burócratas han ocasionado y ocasionan verdaderas catástrofes económicas y sociales.

 

Continúa combatiendo las consecuencias y no las causas de la situación global.

Al no cuestionar el orden mundial, se continúa desgastándose luchando contra las consecuencias del injusto sistema mundial, sin ni siquiera intentar denunciar y combatir a las causas,es decir, el actual sistema capitalista y neoliberal. Se formula un diagnóstico falso y se aplican medidas erróneas que no llevan a ninguna parte. Por ejemplo, se habla de “reducir el hambre” o de “disminuir la desigualdad” sin denunciar las causas que producen estos fenómenos económicos y sociales, como las injustas estructuras económicas mundiales y la exclusión sistemática de las clases más desfavorecidas.

 

Se da el poder y el protagonismo al sector privado, a las grandes transnacionales y a las entidades económicas, excluyendo, en la práctica, a los Movimientos Sociales y a la Ciudadanía Global.

Los ODS nacen con una absoluta falta de democracia y con un abuso del poder en manos de los poderosos de siempre. No se crean mecanismos democráticos de decisión acerca de los problemas colectivos globales. Una vez más serán los poderosos los que terminarán decidiendo sobre el resto.

Además y, tal como ocurrió con los ODM, la Agenda 2030 se utiliza como arma de chantaje y control sobre los países más empobrecidos, condicionando la asignación de ayudas al sometimiento a los dictámenes de los poderosos grupos económicos, o a los intereses geoestratégicos, tales como la represión de los movimientos migratorios.

 

 

“ Cuanto más ampulosa y florida es la retórica

que acompaña a un hecho, menos relevante es, inevitablemente, su contenido. “

 

Ausencia de un enfoque de Derechos Humanos en los ODS.

La Agenda 2030 no ha incluído en sus ODS un compromiso claro con los derechos humanos, otro de los grandes fallos de este programa. En la parte del texto de los objetivos, sólo aparecen dos derechos, los laborales y los reproductivos, nada más. Y además se substituye la palabra “garantizar” por la de un simple “promover”.

Los ODS priorizan unos Derechos Humanos e ignora otros. Así no se contemplan ni las minorías étnicas, ni a las personas marginadas del sistema. No existe transversalidad de género en ninguno de los 17 objetivos, tampoco se contemplan los Derechos Sexuales ni a las personas LGTB.

 

Se dice promover sociedades pacíficas e igualitarias, pero no se condena la venta de armas ni las políticas genocidas contra los refugiados.

No se puede sermonear sobre la paz mundial, cuando los principales países protagonistas son los líderes mundiales del comercio de armamento.

Igualmente, no se pueden lanzar estos ODS y paralelamente negar una ruta segura y legal a las personas refugiadas e inmigrantes. No se puede hablar de derechos humanos reprimiendo a la fuerza la llegada de refugiados y chantajeando a los países del Sur para que actúen como gendarmes contra los flujos migratorios.

 

Rechazo a combatir los paraísos fiscales, el fraude y la evasión fiscal.

A sólo dos meses de la aprobación de la Agenda 2030, los países se reunieron en Etiopía en la Cumbre de Financiación de Addis Abeba para decidir cómo pagar el proyecto. Allí se retiraron de la Agenda algunas de las medidas más importantes. Los países ricos bloquaron la propuesta de los estado empobrecidos y emergentes para crear un organismo independiente para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.

A pesar de que los países del Sur pierden al menos 100.000 millones de dólares por año por los abusos fiscales de las grandes transnacionales, los países ricos se negaron en rotundo a ningún tipo de control hacia sus políticas corruptas y fraudulentas en el terreno económico.

 

Se evita la obligatoriedad y los compromisos vinculantes

A rechazar un enfoque de derechos humanos, se suma que la estrategia de los ODS no es vinculante. Los objetivos no son de obligado cumplimiento, ni hay sanciones a los países que los incumplan o que no alcancen las metas, porque así lo han decidido los países firmantes.

Ocurre lo mismo que con los ODM, con lo que todo se convierte en “papel mojado”, en una mera declaración de intenciones.Los Estados sólo rendirán cuentas ante la opinión pública, mayoritariamente desinteresada en la temática, cuando se publiquen las evaluaciones de resultados. Además y, según la experiencia de los ODM, los Estados siempre tienden a falsiticar esas evaluaciones. Los diversos “Informes Sombra” de los Movimientos Sociales demuestran que las cifras oficiales que dan todos los gobiernos no son reales, se practica el juego de cifras, el maquillaje político de los datos.

 

ERRORES METODOLÓGICOS DE LOS ODS: EL PROBLEMA DE LOS INDICADORES

 

En este contexto, tenemos que casi una tercera parte de las metas que definen los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por los gobiernos en la ONU, están siendo reescritos de facto o borrados por la propuesta del Grupo de Expertos Interinstitucional sobre “indicadores prioritarios”. Nociones importantes incluidas en los ODS, tales como los derechos laborales, derechos de las mujeres a la propiedad, servicios financieros, la herencia y los recursos naturales y muchos compromisos de los países desarrollados para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo, están fuera de la lista de indicadores propuesta y, por lo tanto, no formarían parte de las revisiones de la ONU de la nueva agenda de desarrollo.

El ejemplo más obvio es el Objetivo 10, “Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos”. No se propone un solo indicador para medir las desigualdades entre países (o a nivel global) y no hay ninguna sugerencia de un indicador universal adecuado para la desigualdad dentro de los países. Además alrededor de 50 metas de los ODS (de un total de 169) serán alteradas substancialmente por un indicador que no mida en absoluto o sólo parcialmente lo que trate la meta. Este es particularmente el caso de todas las metas relacionadas con los medios de aplicación. Tome la meta 1.a, que propone “garantizar una importante movilización de recursos a partir de una variedad de fuentes, incluso mediante una mayor cooperación para el desarrollo”. El indicador propuesto (por el Banco Mundial) mide la “parte general en el gasto total del gobierno (incluyendo subnacionales) en programas dirigidos a al 40% más pobre de la población del país”. El “indicador de prioridad” no sólo no mide cualquier mejora en la cooperación internacional sino que también desplaza la atención (y la culpa potencial por no cumplir con la meta) al gobierno del país en desarrollo y no a los países desarrollados que fallen en hacer su parte.

Del mismo modo, la meta 3c quiere “aumentar sustancialmente la financiación” para la salud pero los indicadores propuestos sólo miden el número de trabajadores de salud. La meta 4.c plantea la “cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo”, pero los indicadores propuestos sólo miden el número de maestros capacitados, independientemente de la existencia de la cooperación o no.

Esta incoherencia entre metas e indicadores es particularmente notable en muchas de las metas relacionadas con la sostenibilidad. La meta 15.c de los ODS busca “aumentar el apoyo mundial en la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, incluso mediante el aumento de la capacidad de las comunidades locales para aprovechar las oportunidades de medios de vida sostenibles”. El indicador propuesto es una medida de la OCDE de inversión extranjera directa en el sector forestal, ¡que muchos dirían que es parte del problema.

Similarmente, la meta 17.6 quiere “mejorar […] la cooperación internacional y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación […] a través de un mecanismo de facilitación de tecnología global”, pero el indicador propuesto por la OMPI mide el uso del actual sistema internacional de propiedad intelectual, que es visto por los países en desarrollo, precisamente, como uno de los obstáculos que esta meta trata de evitar.

 

Por último, sobre los indicadores en sí mismos, la meta 17.18 quiere “para el 2020, aumentar el apoyo de creación de capacidades a los países en desarrollo […] para aumentar significativamente la disponibilidad de […] datos desglosados”. El indicador propuesto sobre indicadores mide la “proporción de indicadores de desarrollo sostenible con la desagregación total producida a nivel nacional”, pero no el apoyo para lograr ese resultado.

 

En definitiva,los retos que plantean los ODS vuelven a ser irrealizables, generando falsas expectativas que no van a ser satisfechas. No existe una base sólida ni una alternativa al actual sistema, principal causante de las desigualdades mundiales. Además el actual contexto mundial es más difícil y complicado que en la época de los ODM. Los  ODS adolecen tanto de errores de diagnóstico y definición, como de método. Esto llevará a su incumplimiento general y al fracaso de la consecución de los objetivos.

 

 

ONKOLOGIKOA PUBLIKOA-INFORME

Es una organización sanitaria que nace hace 80 años siguiendo el modelo francés de centros monográficos de diagnóstico y tratamiento de tumores sólidos, llegando incluso a tener su propia unidad de investigación básica. Este centro, en su anterior ubicación, dependió de la Asociación contra el Cáncer en sus inicios y atendió a pacientes provenientes del País Vasco, La Rioja, Castilla, León etc… A medida que estos territorios se van dotando de recursos oncológicos el centro pierde influencia y pacientes.

Cambio de Titularidad

En 1967 fue la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa quien se hizo cargo de su financiación y mantenimiento. El Instituto Oncológico tenía el mismo CIF y sus trabajadores eran empleados de la Caja primero y Kutxa después.

La crisis de 1984

En 1984 sufre otra crisis porque deja de ser el único y hegemónico centro de atención oncológica en Gipuzkoa, pues el hoy Hospital Donostia crea la unidad de oncología médica y potencia el funcionamiento del equipo de cobalto del que ya disponía pero que estaba infrautilizado. Se genera un conflicto en Gipuzkoa pues la población desea que siga funcionando este centro. Uno de los valores percibidos por la población es el buen trato que en él se daba a los pacientes oncológicos.
El Parlamento Vasco se posicionó en 1984 a favor del mantenimiento de este centro, con carácter complementario, como un Centro Concertado. Sin embargo, ni la Kutxa siguió invirtiendo, ni el Insalud primero y Osakidetza después garantizaban la remisión de enfermos. Así, en 1991, coincidiendo con que la franja de mayor riesgo (nacidos en la posguerra) en la pirámide de edad se estrecha de manera considerable, la situación de crisis es grave, la Kutxa no sabe qué hacer con el Centro, al nuevo director le plantea incluso la alternativa de gestión del cierre pues la ocupación del centro es baja y la afluencia de pacientes escasa. El valor de amortización era insignificante y de 1500 millones de presupuesto de gasto anual 500 millones eran déficit.
En estas fechas se implantó el primer Acelerador Lineal de Euskadi y comenzaron a afluir pacientes no solo del territorio vasco también de Burgos, territorio que decidió remitir toda la radioterapia al Instituto Oncológico. También en esta época se produce un hermanamiento con el centro de cáncer, la Fondation Bergonié, de Burdeos. Se modifica la organización funcional del Centro creándose siete unidades funcionales multidisciplinares (mama, próstata, digestivo etc..). El aumento de actividad, la minoración del déficit y la nueva organización funcional, generan la confianza de Kutxa, y vuelven las inversiones. Igualmente se logra que Osakidetza respete la libre elección de centro a todos los pacientes oncológicos gipuzkoanos, eliminando así las trabas de Inspección Médica.
Al inicio de este periodo se hace un Plan Estratégico en el que la Kutxa establece los límites de actuación del Instituto Oncológico, definiéndolo como un centro que atiende tumores, orientado a hacer aquello que por lo que fuera no pueda hacer la sanidad pública en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, y que en ningún caso está para hacer la competencia a los otros centros privados de Gipuzkoa, pues estos son también clientes de la entidad financiera.

Las Unidades Funcionales permiten una orientación estratégica para el tratamiento de los distintos tumores. Así, la Unidad de Mama fortalece su posición con la participación en el Programa de Detección del Cáncer de Mama del Gobierno Vasco, realizando toda la detecciónvaloración de cribado y la zonificación para los tratamiento quirúrgico y quimio-radio. La Unidad de tumores de Próstata se convierte en el segundo centro del estado en el tratamiento de braquiterapia prostática con implantes de semillas. La Unidad de tumores cerebrales se convierte en referencia de Euskadi para el tratamiento de estos tumores con radiocirugía etc…
En resumen, como una crisis también puede ser una oportunidad si se sabe reaccionar, el centro así lo hizo, generó confianza a Kutxa, logró que esta entidad invirtiera, también logro acuerdos institucionales para sectorizar los flujos de pacientes y que se respetase la libre elección de centro a los pacientes con cáncer. Igualmente, a través de su participación en el Consejo Asesor del Cáncer de Euskadi se logró que se racionalizasen las inversiones y se respetasen las de elevado costo, no duplicando equipos.

INFORME ONKOLOGIKOA