No es cierto, estamos a mediados de mayo de 2020 y medio país seguimos casi en cuarentena, vamos por el cuarto Estado de Alarma  y el presidente del Gobierno acaba de decir que es poco, que pedirá un quinto. Y mucha gente, gente de los movimientos sociales, gente que toda la vida ha luchado en su empresa, en entidades o asociaciones, en el Sistema Público de Salud –tan castigado por esta pandemia– en el Sistema Educativo, los trabajadores autónomos (que ahora llaman emprendedores), en general la mayoría de la sociedad se sigue preguntando ¿Qué pasará? ¿Habrá un antes y un después? ¿Podremos cambiar el modelo de sociedad que tenemos?

 Pues bien, a fecha de hoy, cuando se ha pedido por parte del Gobierno un nuevo alargamiento del Estado de Alarma, casi podemos asegurar no solo que las cosas seguirán igual que estaban para las familias y la clase trabajadora,sino que irá mucho peor de lo que estaba antes de que llegara el Covid-19.

¿Y por qué digo esto? Pues esto se deduce solo con utilizar un poco el sentido común, y analizando la mayoría de reacciones en los diferentes países que están pasando por esta pandemia.

En un principio se escuchaba alguna opinión –muy pocas, por cierto– que decían, “ya nada será igual”, “hemos de cambiar este modelo”, “no podemos seguir así”… pero en realidad lo que ha pasado ha sido que los poderes económicos, los de siempre, que en un principio parecían sorprendidos por la inmensidad de la tragedia, pronto, en unos días, habían asumido que tenían que empezar a moverse y efectivamente se empezaron a mover en la misma dirección de siempre; se dijeron “vamos a utilizar el buenismo y la caridad y la sociedad pronto olvidará, ya recuperaremos con creces lo que ahora les brindamos”.

Hemos podido comprobar como el Gobierno ha seguido haciendo (con pequeñas diferencias) lo mismo que han hecho todos los gobiernos desde hace décadas, ha empezado a repartir dinero, un dinero que no tiene, precisamente porque esos que ahora se lo piden se han negado de forma sistemática a pagar los impuestos que tendrían que haber pagado.

La crisis sanitaria del Coronavirus (Covid-19) ha significado realmente una crisis de primera magnitud, tanto a nivel sanitario como económico, pero sobre todo una crisis humana y sanitaria.

Se ha tratado de resolver la crisis sanitaria de diferentes maneras en los diferentes países afectados -prácticamente la totalidad del mundo- y, por consiguiente, la crisis económica derivada de la misma tendrá diferentes consecuencias dependiendo de la forma de afrontarla, pero sobre todo de la potencialidad de sus Sistemas de Salud Pública.

Así tenemos países como China, donde supuestamente empezó a actuar este Covid-19 (más pronto o más tarde sabremos la verdad sobre todo esto) que, con un nivel de cobertura sanitaria muy precario pero con capacidad de actuar rápidamente, con una sociedad muy disciplinada debido a la falta de libertad, ha sabido resolver la crisis sin muchas  consecuencias de salud pero sí económicas. Países como Corea del Sur (de Corea del Norte nunca lo sabremos), Taiwan, Hong Kong o Singapur están resolviendo de forma bastante satisfactoria la pandemia, lo mismo que los países del Norte de Europa con Sistemas Públicos de Salud potentes y bien dotados tanto de profesionales (médicos y enfermeras) como de medios materiales, hospitales UCIs, respiradores…

De cómo afectará a EE.UU (potencia económica y capitalista por excelencia con una persona de Presidente digno de estudio psiquiátrico) sin servicio público de salud o prácticamente inexistente, baste decir que será terrible para la clase trabajadora y para los 35 millones de personas que viven en la calle. Igualmente serán terribles las consecuencias para la América Latina, Centro América, África, países árabes y el Sureste Asiático.

Lo que ha pasado en Italia y en España para que la crisis se haya cebado de forma tan terrible, es de Juzgado de Guardia. Los dos países tienen en la práctica los mismos elementos a considerar, pero abordaré principalmente el tema de España, ya que es el que más nos afecta y el que más conozco.

En España, esta crisis del Covid-19 ha significado una verdadera catástrofe y lo ha sido por varios motivos: porque no aprendimos las lecciones de China y demás países que nos precedieron, y que actuaron con celeridad ante la crisis, por lo cual el confinamiento de la población se hizo tarde y mal. Pero además nos pillaron totalmente desprevenidos, sin los EPIs necesarios ni para trabajadores/as de la sanidad, ni para todos los compañeros y compañeras que ha habido de realizar los trabajos esenciales. No se contaban con los test necesarios para estas personas ni para la ciudadanía. Hemos tenido una descoordinación general por parte de todas las Administraciones en general, que han contribuido al  anormal número de fallecidos y de infectados, principalmente en Madrid y Catalunya. De todo esto hablaremos a partir de ahora.

España lleva 42 años de gobiernos llamados democráticos, pero que en realidad apenas cumplirían los parámetros de una verdadera democracia. Dos ejemplos: salimos de una dictadura, de más de 40 años de forma cuando menos extraña, sin poder votar la forma de Estado que queríamos y con verdaderas amenazas de intervenciones militares, algo que no se ha superado y que difícilmente se superara a corto o medio plazo (ahí están los miles y miles de muertos enterrados en las cunetas de los caminos), sin que las Administraciones Públicas hagan nada por resolverlo 42 años después. Y dos: España se considera un Estado laico, por tanto, sin preferencias por ningún tipo de religión y con libertad de elección de culto. Pero ahí tenemos a la Iglesia Católica con infinidad de prerrogativas que no tiene ninguna lógica que mantenga a día de hoy, baste decir que aún está vigente el Concordato tantas veces prometida su derogación pero que nunca llega. Tanto un ejemplo como el otro, hacen de enormes tapones difíciles de quitar, y que impiden el desarrollo pleno de nuestra democracia como tal.

 

Otro de los mayores tapones lo supone la judicatura, donde los partidos tienen el monopolio de la elección de jueces en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lo que provoca que dicha judicatura esté totalmente politizada y la mayoría de sus sentencias sean cuestionadas en los tribunales internacionales.

Desde que se estableció en nuestro país el pacto del 78 solo han gobernado dos partidos políticos, de tal forma estaba establecido el pacto que mediante leyes electorales (Ley de D’Hondt) y subterfugios diversos, siempre se ha evitado el pluripartidismo o los pactos de gobierno, y solo ahora, 42 años después, ha sido posible que un partido político diferente al PP o el PSOE haya ocupado carteras ministeriales.

En el plano cultural y de valores cívicos y de solidaridad colectiva, de educación ciudadana y política, los dos partidos mencionados PP y PSOE nunca han mostrado el más mínimo interés, tan malos han sido que Gobierno que entraba Gobierno que promulgaba una Ley de Educación adaptada a su ideología, a la vez que han mimado a la enseñanza privada dotándola de recursos económicos y subvenciones de todo tipo en detrimento de la pública, sin medios y con personal mal remunerado. Por lo que es a partir de estos hechos, que se gesta en la sociedad española la aceptación de una forma de ser y de actuar, totalmente incomprensible con la realidad del país, de tal forma que te puedes encontrar miles de ciudadanos trabajadores, que siguen pensando que las políticas del PSOE, de Ciudadanos y del PP, e incluso de Vox, son políticas de izquierdas redistributivas de renta.

Es a partir de estas condicionantes que se desarrolla nuestra sociedad y su política industrial y económica, y es más que evidente que las dos van de la mano o se relacionan muy estrechamente.

Ya cuando la dictadura empezaba a flojear y los ministros llamados por entonces “tecnócratas” de los gobiernos de Franco, empezaban a abrir un poco la mano con los llamados “Planes de Desarrollo”, los países del Norte de Europa empezaron a dar signos de acercamiento hacia nuestro país, principalmente por algo que ellos no tenían, sol y playa, acompañados de precios muy económicos para los sueldos que ellos sí tenían.

Y fue a partir de aquí cuando se empezó a tejer la desindustrialización de España, ya que nos veían ya como el sitio ideal de sol y playa para que los ciudadanos/as del Norte de Europa vinieran a pasar sus periodos vacacionales. Recordemos las famosas campañas de promoción del turismo, aquéllas “El Turista un Millón” que ya se empezaron a poner en marcha en la década de los 60. También hemos de recordar los gravísimos desastres cometidos sobre el territorio y medio ambiente principalmente en las costas, desastres difíciles de recuperar para las generaciones futuras.

Con la llegada de esta democracia limitada nacida del pacto del 78, España empieza el acercamiento definitivo a Europa, de la que ha estado separada ideológicamente y económicamente por motivos obvios. El uno de enero de 1986 España y Portugal ingresan en la UE, como miembros de pleno derecho de la mano del Gobierno socialista de Felipe González, y lo que podría haber sido un buen resultado para nuestro país se convierte con el paso del tiempo en algo muy negativo por varias causas, una de ellas es que la  UE  nunca se ha tomado en serio los países del sur,  buena prueba de  ello es el mote de PIGS (cerdos) con el que nos reconocen. Otra razón de peso en el día a día de nuestro país es la baja calidad de los políticos que hemos tenido (salvo excepciones) desde el año 78 para acá; muchos de ellos han tenido que pasar por los tribunales por temas de corrupción o de otro tipo de delitos (el PP ha llegado a tener más de 1.000 cargos implicados en estos temas), además están las implicaciones de los políticos en los cargos en los Consejos de Administración de las mayores empresas (Zaplana lo dijo muy claro, “yo he venido a la política a hacer dinero”), es por esto que mientras países como Alemania o Francia conservan una buena red de empresas y bancos públicos, en España todo se ha pasado al sector privado a precios ridículos para el capital y costosísimos para el país.

Claro que los políticos los eligen los ciudadanos, y es precisamente por esto por lo que el problema es de una magnitud tremenda, ya que somos una sociedad donde los medios de comunicación están en poder de los poderosos, y si somos incapaces de discernir el trigo de la paja, el “sistema” se convierte en un círculo vicioso del que es difícil escapar. Salir de ese círculo solo sería posible con un buen sistema educativo que no se pueda alterar en función del partido que gobierna, un sistema que para poder modificarlo,  requiera un consenso muy amplio en el Parlamento.

El año 1982 el PSOE de Felipe González, gana las elecciones con una mayoría abrumadora de más de 10 millones de votos, que le otorgan 202 diputados y 134 senadores, era el tiempo de la chaquetas de pana.

Cuando todo parecía que empezaría a cambiar, y España empezaría a avanzar hacia cotas de igualdad y derechos con el resto de países de Europa, no ocurre ni mucho menos así. Europa, con Alemania a la cabeza, empieza a cobrase el favor de la admisión de España a la UE, y junto con Holanda, presionan para que se lleve a cabo un proceso de desindustrialización, ya que un país como España fuertemente industrializado puede hacer sombra, a la llamada locomotora Europea (ya está bien con la industria Alemana y Francesa para abastecer el mercado Europeo), España tiene que dedicarse básicamente al turismo y a los servicios, pero de ninguna manera puede seguir con su capacidad industrial.

Felipe González desaprovecha la mejor ocasión que ha tenido este país para abandonar la mediocridad, y lo hace, porque con la fuerza parlamentaria que tiene, desaprovecha todas las oportunidades que esa fuerza le brinda, no consigue establecer las líneas maestras que cambien el país y lo equiparen con Europa, no consigue dotar al país de un mínimo estado de bienestar copiando a los países del norte, y lo que es peor trunca la vía de la investigación y la industrialización que nos hubieran conducido al empleo digno. Así, el año 2.020 España cuenta con 12 millones de ciudadanos por debajo del índice de pobreza, y un 32% de estos lo están a pesar de tener un trabajo.

Felipe nombra en su primer Gobierno a Carlos Solchaga, como ministro de industria y energía. Ocupa esta cartera durante tres años de 1982 a 1985, tres años en que se emplea a fondo en destruir y privatizar la gran industria del país, siguiendo las instrucciones de Alemania. En estos tres años, se desmantelan o se privatizan, a precios irrisorios, los astilleros y la industria naval, los altos hornos, la minería, las telecomunicaciones, un patético recuerdo de un ministro, que ya entonces se permitía decir frases como esta “no pasa nada porque España se convierta en un país de turismo y de servicios”. Estas fueron las consecuencias de esas políticas, que seguimos pagando hoy en día. En 1975 España era la 9ª potencia industrial del mundo. Y la industria representaba el 36% del Producto Interior  Bruto (PIB), ahora no llega al 15%. La deuda era del 7’3% y ahora llega casi al 100%. Se perdieron 2.700.000 empleos de alta calidad, y la reconversión costo a las arcas públicas más de 2 billones de las antiguas pesetas, 12.000 millones de euros actuales.

Posteriormente, entre los años 1985 y 1993 el Sr. Solchaga se ocupó del Ministerio de Economía y Hacienda y tampoco es que lo hiciera nada bien, ya que tuvo que ser otro compañero suyo, Pedro Solbes, quien pusiera un poco de orden en la economía. Actualmente  Carlos Solchaga tiene unos ingresos aproximados de 335.000 euros al año, de tres consejos de Administración de empresas en las que participa como independiente.

Estas políticas tan nefastas para la industria, y el mercado de trabajo en España es algo que estamos pagando y continuaremos pagando  en el futuro, ya que tenemos unas tasas de paro estructurales, que  se mueven en los mejores momentos entre el 12 y el 14 %, llegando cuando se produce una pequeña crisis a superar el 20%, con la actual pandemia del Covid-19, es muy posible que supere el 25% de desempleo. Esto sumado a la alta temporalidad en el empleo, y a los bajos salarios, ya que el trabajo que ofrecen los sectores del turismo y los servicios, son trabajos de poco valor añadido, hace que estemos en una crisis de empleo permanente. Por otra parte, el turismo y los servicios, son dos segmentos económicos de una alta volatilidad, lo que quiere decir que están muy afectados por situaciones  imprevistas como, la climatología, los atentados terroristas, o en el caso de ahora una pandemia sanitaria.

En el año 2.008 se produce la quiebra de Lehman Brothers, un banco norteamericano que negociaba con hipotecas basura, y que las tenía revendidas y negociadas por todo el mundo. Esto provocó la explosión de la burbuja inmobiliaria en España, el paro total del sector de la construcción y segmentos agregados, el desempleo subió a niveles de un 23% (entre los jóvenes llegó a ser de más de un 50%), estos jóvenes tuvieron que salir a trabajar fuera, la temporalidad se disparó, los gobiernos del PSOE y del PP hicieron lo único que saben hacer, desregular más aún el mercado de trabajo – eso sí, con la ayuda inestimable de los dos sindicatos mayoritarios – Europa nos tuvo que rescatar, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario, tuvimos que regalar a la banca (culpable de la burbuja inmobiliaria) 65.000 millones de euros, nos han modificado él Art. 135 de la Constitución (verdadera soga al cuello de los ciudadanos/as), ya que nos exige pagar los intereses y la deuda de los bancos Alemanes, Franceses y Holandeses, antes que atender a las necesidades sociales.

Ahora nos ha llegado esta pandemia del Coronavirus (Covid- 19), y como no podía ser de otra manera, nos ha cogido “en bragas”, porque no es solo que se hayan cometido errores; el Gobierno Central los ha cometido, pero los gobiernos de las CCAA también, principalmente los de Madrid y Catalunya. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que hemos tenido y tenemos una clase política de muy baja calidad, pero el verdadero problema, sigue siendo el que se detalla al principio de este escrito, la clase política es el reflejo evidente del pueblo que les vota. De acuerdo que el pueblo está influido por muchas circunstancias, poca y sesgada cultura, información dirigida por las clases dominantes, adoctrinamiento fácil, pero hay veces que las cosas son tan  evidentes, que no se entiende cómo puede haber quien no las quiera ver.

Las consecuencias reflejadas al principio de este escrito de desindustrialización del país, y de externalización de nuestras empresas a sitios de producción más baratas, donde no se respetan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ni los derechos humanos, junto con los grandes recortes en el sector público, producidos siempre que una crisis asomaba la cabeza (principalmente la de 2.008), han provocado el desastre.

Cuando nos montaron la crisis del 2.008, y lo digo así, porque realmente nos la montaron las entidades financieras, nosotros/as la pagamos, pero la crearon ellos, para seguir enriqueciéndose, de tal forma que se cerraban bancos y cajas por quiebra, y los directivos se auto otorgaban jubilaciones de 20 millones de euros, sin que nadie haya hecho nada por evitarlo, ni la Justicia, ni los Gobiernos, ni las Instituciones, ni el pueblo.

Como decía, esta crisis la aprovecharon los políticos, para meter la tijera en todo nuestro sector público, ya muy debilitado por la venta de las empresas mejores y más productivas del país, mediante las reconversiones llevadas a cabo por Carlos Solchaga, y después por la deslocalización  de   empresas   de  los  últimos  25   o  30   años.  En Catalunya, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, y su consejero de salud Boi Ruiz, llevaron a cabo los mayores recortes en el sector sanitario, que jamás se habían producido, recortes presupuestarios, cierre  de plantas enteras de hospitales, cierre de quirófanos, reducción de miles de trabajadores, médicos, enfermeras, celadores… y en Madrid y otras CCAA pasó exactamente lo mismo.

Todos estos hechos unidos a la alta corrupción introducida en todas las Instituciones del Estado, la poca valía de nuestros políticos más los errores de bulto cometidos al comenzar la pandemia han hecho el resto. Hoy 9 de mayo, pasamos de 26.000 muertos cuando al principio se hablaba de llegar como mucho a los 10.000, y de estos 26.500, más de 17.500 se han producido en residencias de personas mayores que abordamos en un documento aparte, han faltado EPIs para los sanitarios y para todas las tareas imprescindibles, seguimos sin hacer los test necesarios cuando la curva empieza a remitir, se aplicó el Estado de Alarma con diez días de retraso teniendo los ejemplos de otros países, y mucho nos tememos que lo peor esté aún por venir. ¿Cuándo aprenderemos?

La situación ha sido de una gravedad extrema, no tenemos una industria capaz de  producir los EPIs necesarios ni test para detectar y separar a las personas infectadas, ni teníamos suficientes UCIs ni respiradores para proteger a las personas, hasta tal punto que se ha llegado a negar asistencia a las personas en función de su edad. A todo esto, añadir la absoluta insolidaridad de Europa, esa Europa que se ha construido para que los ricos sean más ricos, y los pobres más pobres. Europa se ha dedicado a competir en precios entre sus socios, (incluso secuestrando aviones con mercancía para otros países de la UE), en el único mercado capaz de suministrar lo necesario para hacer frente a la pandemia, China.

Toda la crisis ha tenido, y sigue teniendo a día de hoy un único objetivo, el que no se colapsara el Sistema Sanitario, un sistema escuálido por los gravísimos recortes cometidos con anterioridad; el objetivo no era el de salvar vidas, era el miedo al colapso sanitario y su temor a una revuelta social, ante la más absoluta falta de previsión de futuro por parte de nuestros políticos y los gestores del mismo.

 ¿QUE PASARÁ CUANDO EL COVID-19 HAYA PASADO?

Lo primero que hemos de tener en cuenta, es que esta pandemia ha venido para quedarse, no es una cosa de encontrar una vacuna como la gripe y volver a eso que se empieza a llamar “nueva normalidad”.

Sin entrar a valorar si este ha sido un virus producido en un laboratorio para disputarse la hegemonía mundial, de un imperio en declive contra otro aumentando su influencia, o por el contrario, ha sido un virus biológico traspasado de los animales salvajes a los humanos, lo que resulta irrefutable es que la intervención del hombre en el medio natural restringiendo a pasos agigantados el espacio de los animales salvajes, hará que cada vez con mayor frecuencia aparezcan virus, que por pura lógica serán cada vez más dañinos para la especie humana.

A lo largo de esta crisis que muy pocos políticos han sabido prever, ellos mismos ya nos están hablado de la nueva normalidad.

¿En qué  consistirá esa nueva  normalidad?  Una cosa es segura, esa nueva normalidad de la que hablan los políticos tendrá varias consecuencias para los ciudadanos/as. La primera de ellas  será el debilitamiento del sistema    democrático mediante la utilización de las nuevas tecnologías, la merma de libertades ciudadanas y el consiguiente aumento de la represión policial. Esto será así porque de hecho esta pandemia para lo que primero ha servido ha sido para que el Estado, los Estados, controlen la vida diaria y la intimidad de los ciudadanos en todos los aspectos de su vida. Esto ya se estaba produciendo mediante el uso de las redes sociales, las tarjetas de crédito y otros mecanismos por los cuales las grandes compañías conocen el gusto de todos/as nosotros.

Otro aspecto muy importante será ver en el plano económico, la forma de abordar esta crisis provocada por la paralización del trabajo en todas las áreas productivas, con excepción de la sanidad y los servicios esenciales. Lo más probable es que los gobiernos aborden esta crisis de igual manera que se hizo en el 2.008, lo que indudablemente  provocará más paro, más pobreza y más miseria en las mismas clases sociales de siempre. Es más que evidente lo peligroso que puede llegar a ser para un país, basar y planificar su economía en sectores tan volátiles como el turismo y los servicios. Esta crisis castigará sobre todo al sector turismo y servicios agregados.

Pues bien, políticos y grandes empresas ya han tomado posición, ya hace semanas que se están posicionando con una enorme campaña de buenismo. Los bancos ingresan la pensión de los jubilados unos días antes y aplazan pagos de hipotecas, las grandes compañías de luz, agua y gas, que habrían de ser públicas no solo dan facilidades de pago a quien no puede pagar sino que se vuelcan en las campañas de solidaridad o lo que es lo mismo de caridad, los grandes supermercados abren las colas para que los pensionistas entren primero, los propietarios de pisos pactan aplazamiento de alquileres y todos juntos, empresas y políticos, hablan sin parar de lo cerca que estamos de que llegue la normalidad.

Y esa es precisamente la trampa. Esa normalidad no debería de llegar nunca, porque esa normalidad será la que nos llevara a los trabajadores a ser pobres de por vida, a una vida consumismo exacerbado y de esclavismo, al aumento sin fin de la pobreza y la miseria, a que unos pocos sigan acumulando dinero y poder a costa de la mayoría y lo que es peor, a la destrucción del medio ambiente y al final de la vida en el planeta.

Para asumir esa normalidad suya el Gobierno nos está tendiendo una trampa. Ya han montado la Comisión para la Reconstrucción Nacional (unos nuevos pactos de la Moncloa decían antes), no sé, pero yo solo de pensar en unos nuevos Pactos de la Moncloa me pongo a temblar porque aquellos pactos son precisamente los que nos han traído a esta situación. El Gobierno no está pensando en derogar las reformas laborales y de pensiones o la Ley Mordaza, ni en nacionalizar bancos o empresas críticas, ni sacar de una vez los miles de muertos de las cunetas, ni en tener una judicatura independiente, ni acabar con excesos de la Administración en aforados, ayudantes de ayudantes y expertos asesores de ministros, Secretarios de Estado o Presidentes, ni en suprimir comisiones inútiles, ni mucho menos en terminar con los privilegios de la Iglesia Católica o derogar el Concordato. El Gobierno no está pensando en crear puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, con contratos dignos que permitan una vida digna, o en invertir mucho en sanidad, educación, cultura I+I+D, ni está pensando en el medio ambiente, o en que otro modelo productivo es posible, y que otro tipo de sociedad es necesaria. Es por eso hemos de diseñar nuestra propia estrategia.

 ¿QUE PODEMOS HACER NOSOTROS/AS?

Hoy en día el movimiento de pensionistas es uno de los más concienciados del Estado; existen diversos y variados movimientos de pensionistas, pero sin duda es COESPE el que mejor organizado y preparado está para poder empezar a preparar una respuesta a ese futuro que nos amenaza.

Hemos de articular una verdadera marea o alianza de movimientos sociales, buscando las sinergias capaces de hacernos coincidir en todo lo que nos une como ciudadanos, seamos jubilados, trabajadores, o estudiantes, todos necesitamos o necesitaremos un día u otro acudir al servicio público de salud, y queremos que sea un servicio público, universal y de calidad; lo mismo pasara con las pensiones y con la atención a la dependencia, y exactamente igual pasa con la educación, por lo que consideramos de máxima urgencia encontrar los puntos de unión que nos hagan confluir en una alianza, no solo a nivel de España, también a nivel internacional pues los problemas con mayor o menor gravedad son los mismos. El capitalismo y la globalización no pueden solucionar los problemas que crean, y es desde esta perspectiva que hemos de trabajar en esa alianza de movimientos que sea capaz de encauzar un verdadero cambio social, para que la sociedad vaya asumiendo un modo de vida diferente, sin el consumismo y el individualismo, dos virus mucho más potentes que el Covid-19 y que amenazan nuestro futuro  y el fin de nuestro planeta.

Es aquí donde COESPE ha de poder aportar su potencial de organización y de penetración territorial, no tratando de liderar, sino aportando su experiencia con humildad pero a la vez haciendo valer todo su potencial movilizador para empoderar a la gente, para que las generaciones que se han encontrado con una serie de derechos y libertades entiendan que si queremos seguir disfrutándolos, hemos de defenderlos, y para que vean la necesidad de no pararnos solo en defender los que tenemos sino que hemos de conquistar otros nuevos, pero eso no se conseguirá como pretende el capitalismo, luchando individualmente, sino organizándonos colectivamente y planteándolos como una necesidad de igualdad social.

Hemos de organizarnos para no caer en la trampa que nos están tendiendo de volver a su “normalidad”. Nosotros el pueblo necesitamos otra normalidad, necesitamos caminar hacia otro tipo de sociedad más humana, que avance hacia el cooperativismo, el pequeño comercio, las nuevas energías respetuosas con el medio ambiente, que empiece de verdad a abandonar el consumismo y el individualismo, para centrarse en el trabajo y la organización colectiva.

Su normalidad consiste en volver al punto de partida anterior al Covid19, algo que no debemos aceptar, o no debemos aceptarlo como una solución definitiva (solo si hubiera un firme compromiso de cambio profundo, podríamos aceptarlo durante un tiempo), pues sabemos que ese mundo ya no es posible, y necesitamos con urgencia caminar en la otra dirección por nuestro bien, por el de las generaciones futuras, y por el mantenimiento de este hermoso planeta llamado Tierra, ya que no tenemos otro.

INFORME: Aquí puedes visualizar o descargar.

DEPENDENCIA Y RESIDENCIAS EN ESPAÑA

Domiciano Sandoval. Barcelona  –  Mayo 2020

 

Nos enfrentamos a una de las situaciones más graves de nuestra Historia. Padecemos una pandemia enraizada en última instancia en el cambio climático que la civilización del crecimiento sostenido y depredador de la naturaleza ha originado. La epidemia ha acelerado y agravado aún más la crisis sistémica ya anunciada por científicos, economistas y analistas. España está ante una recesión económica sin precedentes. Y ello sitúa al Gobierno – a cualquier Gobierno- y a la sociedad en su conjunto, ante un problema de extrema complejidad. Se necesitan recursos cada vez más abundantes y perentorios para gastos sanitarios de urgencia y para atender las consecuencias del obligado parón productivo: cierre de empresas, incremento exponencial del paro, precariedad y la exclusión social existentes desde hace décadas. Sin obviar, sobre todo en estos momentos, las imprescindibles inversiones en investigación.

Por exigencias derivadas de la Justicia, los Derechos Humanos y el mandato constitucional, ni los poderes públicos ni la sociedad pueden olvidar que en pleno siglo XXI, cada español y cada española tiene derecho a una vivienda digna, a un régimen público de Seguridad Social, a la Enseñanza, a la Sanidad, a pensiones suficientes, a la atención a la dependencia, al disfrute de un medio ambiente adecuado y a la percepción de un subsidio personal cuando ésta se haya visto afectada por la “pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, tal y como dice el artículo 25 de los DDHH y recoge también el artículo 41 de nuestra Constitución.

El cumplimiento de estas obligaciones legales y morales por parte de los poderes públicos necesita, aparte del consenso y apoyo de la mayoría social, un acopio de recursos sin precedentes. Y estos recursos no tienen otra fuente y origen que el contribuyente, bien por ser asalariado, bien por ser autónomo o empresario, o bien por poseer rentas y recursos de toda índole. Pero es el caso que el cierre de empresas, los Ertes y el desplome del sector turístico, conducen a una bajada prevista del PIB del 9,2% Y a ello se le suma el aumento, también previsto, del déficit público desde el 2,8% a finales del 2019, al 10% del PIB para Diciembre del 2020. Es decir, más gastos ineludibles, menos ingresos y, además, más deuda pública. Y todo esto en el marco de una pandemia que sigue generando contagios, personas hospitalizadas y muertes, sin que todavía haya vacuna que la erradique.

Este es el hoy de España. De cómo lo abordemos dependerá el mañana. Y en el mañana van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras de españoles y españolas. Es una cuestión de responsabilidad colectiva: optar entre un futuro para la inmensa mayoría o un desastre, también para la inmensa mayoría. Porque constituiría un inmenso error retornar -como si nada hubiese pasado- a la salida de la crisis del 2008, haciendo recaer, otra vez, sacrificios y penurias sobre trabajadores, asalariados y sectores populares en vez de buscar una nueva salida en la que prime la Solidaridad y el no dejar a nadie atrás. Tanto los Gobiernos de turno como la sociedad deberemos estar a la altura del reto, asumiendo que nos llevará tiempo. Construir el mañana supone priorizar objetivos, potenciar mecanismos e instrumentos de intervención en la realidad y sustentar todo el proceso en parámetros éticos y de conductas de moral pública consecuentes con ellos.

A nuestro parecer, los objetivos a conseguir son tres: la concreción en la práctica de los Derechos y Deberes contemplados en el Título Primero de la Constitución, la creación de un tejido productivo que ligue la economía al territorio, a las necesidades materiales de la mayoría social y lo haga menos vulnerable a crisis como ésta y, en tercer lugar, políticas medioambientales que combatan el cambio climático y a las que toda la actividad productiva y de consumo superfluo se supediten. En resumen: pleno empleo, democracia económica y calidad ambiental.

El hoy y el mañana necesitan, además, de un Estado fuerte y de una sociedad civil igualmente fuerte. Un Estado que en el caso español está formado por tres Administraciones: la central, la autonómica y la local. Y una sociedad civil que, de manera consciente y cohesionada, sea capaz de confrontar con el Gobierno de turno sí éste se aleja de los objetivos constitucionales de justicia social a los que se debe. Una sociedad civil que igualmente asuma su imprescindible parte de protagonismo en la salida de estos momentos críticos y en la construcción del porvenir. Que comprenda el ciudadano y la ciudadana que el recurso de mirar hacia otro lado, obviando su participación, afectará negativamente a su vida y a sus libertades.

Corresponde a los poderes públicos arbitrar las políticas y los mecanismos eficaces para disponer de las infraestructuras pertinentes y acopiar los recursos económicos y financieros necesarios. Y desde luego, tres de ellos son inaplazables: una fiscalidad justa tal y como se desprende del artículo 31.1 de la Constitución, el acogerse al punto 4 del artículo 135 de la Carta Magna y por último, desarrollar consecuentemente los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del citado texto.

Ética y Política no son, en absoluto, dos conceptos antitéticos o contrapuestos. Muy al contrario, una es la ciencia de la moral y la otra la ética de lo(s) colectivo(s). El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución propugna, no es otra cosa que la institucionalización de los principios éticos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En la antigua Roma se decía que un político ético era el que actuaba con “decorum”, es decir con honestidad, honradez, discreción y justicia.

De la misma manera que la Ética y sus principios morales deben ser inherentes a la función pública, la ética cívica es el fundamento de una sociedad civil fuerte. La defensa de los derechos, la aceptación de los deberes, los hábitos democráticos en la cotidianeidad, la tolerancia como convivencia, la participación en los asuntos públicos y el ejercicio consecuente de la crítica y la movilización, hacen una ciudadanía inmune a la tiranía, la opresión, las presiones de los poderes fácticos y las atmósferas de odio fundamentadas en bulos, manipulaciones informáticas y el pillaje político.

La salida a la crisis que propugnamos y de la cual hemos esbozado anteriormente objetivos, instrumentos y sujetos políticos y sociales, se fundamenta en tres pilares a nuestro parecer inobjetables: la aplicación, desarrollo y ampliación de los DDHH, poner freno al proceso de cambio climático y la regulación de una nueva relación entre el ser humano y la Naturaleza. Pero tal propuesta, a nuestro juicio la que responde a las necesidades y exigencias de momento, necesita del ejercicio de la austeridad. La austeridad no es recorte en bienes y servicios públicos necesarios. La austeridad significa Administraciones Públicas que eliminen gastos superfluos, innecesarios e inútiles (la lista sería extensa). La austeridad como valor público y como corresponsabilidad social con la defensa del medio ambiente, significa vivir bien, pero con otros parámetros de vida.

Salir de esta situación, sin que la totalidad de la ciudadanía tenga que pagar el peaje de carencias en lo que la Constitución denomina Derechos y deberes fundamentales, va a significar un período de “apretarse el cinturón” generalizado. Entendemos que durante un período transitorio esto deba ser así; pero con dos condiciones: que no afecte a los que nada tienen y que los esfuerzos colectivos sean directamente proporcionales al estatus económico y social de cada uno y de cada una.

Somos conscientes de que salir de la crisis en positivo, es decir cara a un mañana prometedor, más justo y más seguro, necesitará de procesos permanentes de reflexión, debate, crítica, lucha y acuerdo. Sin embargo, un proceso enmarcado en ámbitos de serenidad, seriedad y concreción temática, necesita erradicar la crispación. La pugna política -que nunca puede ni debe desaparecer- debe servir para comparar criterios, propuestas y valores. Y más aún en circunstancias como las actuales.

Esta pandemia que el mundo sufre, ha hecho florecer en nuestro país junto con la entrega, el altruismo y sentido de la responsabilidad de la mayoría social, una peculiaridad hispana en forma de enfermedad política oportunista: el discurso de odio guerracivilista generado por los responsables máximos de las organizaciones de Derechas. Para desgracia de nuestra Patria no es cosa nueva. Encarna el odio atávico a las clases populares, al movimiento obrero y al pensamiento libre. Y todo ello ha tenido como expresión la imposición de un patriarcado anulador de los derechos de la mujer, el clericalismo más rancio y el llamado “franquismo sociológico”, magma ideológico-social muy anterior al dictador, pero que se materializó en torno a su persona. La injuria zafia, la simpleza de sus propuestas y los bulos, en cuya difusión siguen a rajatabla las tesis del aparato de propaganda nazi. Sus objetivos son crear confusión, potenciar los prejuicios contra el “otro”, el “rojo”, “el homosexual”, “la mujer “ o “el inmigrante”. Pero sobre todo, el objetivo máximo es perpetuar los privilegios sociales y económicos del estatus que los dirige.

Muchas y muchos de los abajo firmantes -en plena situación de confinamiento- estamos intentando desenmascarar y combatir esa superchería a la par que procuramos ayudar a reflexionar y generar actitudes de conciencia cívica en línea con lo que desarrollamos en este documento. Pero esta actividad de combatientes solitarios no es suficiente por mucho uso que individualmente hagamos de la red o enviemos artículos para la prensa escrita.

Por ello consideramos imprescindible que desde el mundo político, social y cultural que aglutina a militantes y simpatizantes de fuerzas como Unidas Podemos, Mareas, Comunes, Confluencias, sindicatos, colectivos de defensa de los derechos sociales, feministas, ecologistas, ateneos, fundaciones, etc., debe darse un paso más y organizar colegiadamente el combate político – cultural y la entente programática. Y en tal sentido les hacemos un llamamiento. Si pretendemos crear hegemonía social y cultural para construir algo nuevo, dado el fiasco de lo existente y de lo vivido por seguir los dictados del neoliberalismo, debemos impedir que quienes se consideran dueños de un Poder sempiterno reconstruyan la realidad a su imagen y semejanza.

Primeros firmantes: