EL MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS , tres años después.

“Todo se desvanece, se salva el recuerdo” 

Albert Camus

Como los imperios o un conflicto social, el movimiento de pensionistas ha recorrido en el transcurso de tres años tres fases: ascenso, consolidación y declive. En Bizkaia, donde mayor auge y protagonismo logró, surge de forma espontánea en Barakaldo y en Bilbao el 15 de enero de 2018. Su mayor momento de gloria fue la manifestación del 17 de marzo de 2018, apoyada por todos los sindicatos y partidos (menos el PP). Según la policía municipal acudieron 115.000 personas. COESPE a nivel estatal, en Euskadi MPB y otras plataformas, contribuyeron incluso a la caída del gobierno de Rajoy en la moción de censura del 1 de junio de 2018. Al estabilizarse el conflicto disminuye de forma progresiva la participación en las movilizaciones.

Se salió a la calle con una única reivindicación: sustituir la clausula del 0.25% por el IPC. A medida que disminuye la incidencia se amplían las demandas, emprendiendo una huída hacia adelante con programas maximalistas. El ocaso llega con la huelga general del 30 de enero de 2020 en Euskadi y Navarra. El posterior estado de alarma imposibilitó durante dos meses cualquier intento de movilización. Al reanudarse las acciones la participación resulta escasa y las consignas se plantean a la defensiva: rechazar los acuerdos del Pacto de Toledo y denunciar la tragedia de las residencias geriátricas. Tras unas 130 concentraciones semanales, en Bilbao y en Barakaldo se pasa de varios miles de asistentes a unos pocos cientos.

A nivel general la trayectoria de Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) será similar, aunque con perfil menos preciso. También pasa por tres etapas: se forma el 10 de setiembre del 2016 con la unión de diversas asociaciones. Alcanza su principal éxito en la manifestación del 16 de octubre de 2019, colofón de la marcha de pensionistas a Madrid desde Rota y Bilbao. Miles de personas procedentes de todas las comunidades autónomas acudieron en más de un centenar de autobuses, con cientos de pancartas, ocupando las calles que rodean el Congreso de Diputados. La desintegración de la COESPE coincide en marzo de 2020 con el inicio del confinamiento. Una asamblea frustrada parte la organización en dos, intentando ahora reconciliarse desde la base, integrada por unas 300 plataformas territoriales.

En horas bajas ambos movimientos, el vasco y el estatal, coinciden en la fobia al Pacto de Toledo. En uno y otro caso deberían centrarse en objetivos concretos, precisando cual es el mayor obstáculo para conseguirlos. Lograda la revalorización de las pensiones en base al IPC, la demanda más unitaria y justa pasa a ser la equiparación de las pensiones mínimas con el SMI. El Ministro José Luis Escrivá promovió la propuesta más negativa del Pacto de Toledo: impulsar los planes privados de empleo implica reconocer el empobrecimiento de las futuras pensiones. Sabiendo cuál es la meta a conseguir y la medida a combatir, toca pasar a la acción.

La ofensiva tanto del MPB como de COESPE contra el Pacto de Toledo no se corresponde con su capacidad de movilización actual ni con la realidad. Las recomendaciones se aprobaron en el Congreso con solo dos votos en contra, los de la CUP. Esa es la legitimación institucional que tienen las protestas. Con el seguimiento que hoy logran las convocatorias, no se puede actuar como grupo de presión, aunque tengan eco en los medios de comunicación. Además, se constatan situaciones paradójicas. Un ejemplo: mientras EH Bildu se abstiene en la votación parlamentaria y de hecho asume los acuerdos del Pacto de Toledo apoyando las cuentas del Estado, el sector del movimiento de pensionistas controlado por la izquierda abertzale (MPB), rechaza esas mismas medidas. Y mientras se pierden energías y tiempo demonizando al Pacto de Toledo, las decisiones finales las tomará el Gobierno negociando con patronal y sindicatos.

El movimiento de pensionistas, un fenómeno mediático

Las reuniones espontáneas del 15 de enero de 2018 en Bilbao y Barakaldo agrupan a un centenar de personas, pasando desapercibidas. En breve las concentraciones semanales logran amplio eco en los medios de comunicación, convertidos en altavoz y soporte esencial de las movilizaciones. Las imágenes de Bilbao abrían informativos de televisión y ocupaban portadas de prensa. El protagonismo mediático se convirtió en un estímulo para quienes intervenían ante las cámaras, pudiendo tener cualquier participante su minuto de gloria.

Una semana después de comenzar las concentraciones, el 23 de enero, El Correo informaba sobre lo acontecido en Barakaldo, resaltando el titular la fortaleza de la movilización. El texto dice: “Los mayores no se rinden. Cientos de personas participaron ayer en la segunda concentración celebrada en Barakaldo para reclamar una subida de las pensiones equiparable al coste de la vida. Al igual que el pasado lunes, la convocatoria se celebró en la Herriko Plaza ajena a sindicatos y grupos políticos”. Durante el acto se anunció que la Coordinadora Estatal estaba preparando una manifestación en todas las capitales para el 22 de febrero.

La primera noticia sobre las concentraciones de Bilbao la difunde Ecuador Etxea: “Este lunes 22 de enero, y por segunda semana consecutiva, cientos de personas mayores, jubiladas, pensionistas, viudas, se concentraron frente al Ayuntamiento de Bilbao, autoconvocándose a través de whatsapp para mostrar su rechazo ante el incremento fijado del 0,25% anual impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que les hace perder poder adquisitivo. Se tiene previsto realizar la próxima movilización para el lunes 29 de enero a las 12:00 h frente al Ayuntamiento de Bilbao”. El mayor alarde informativo lo consiguió en el otoño del 2019 la marcha de Bilbao a Madrid, pese a ser una iniciativa espontánea y abierta. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia evitó asumirla para no tener que compartir el protagonismo.

La agonía de las movilizaciones no ha supuesto pérdida de cobertura mediática. Mientras la prensa acuda a cualquier acto, por modesto que sea, se continuarán convocando actividades. La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar ante las cámaras explica, junto a la motivación política, la pervivencia de las convocatorias.

Causas del declive del movimiento de pensionistas

Todos los conflictos tienen periodos de ascenso y caída, flujo y reflujo, sin que sus causas estén predeterminadas. Intervienen diversas variables, cambian las circunstancias, los errores suceden a los aciertos. La situación comienza a variar cuando el PNV reclama al PP dejar en suspenso el 0,25%, revalorizando las pensiones del 2018 y 2019 con el IPC, a cambio de apoyar los presupuestos. Es un logro de la lucha de los pensionistas, consolidado con la mediación del PNV. Pero al considerar inviable la pensión mínima de 1.080 euros, nada más aprobarse las cuentas del Estado deja de apoyar las movilizaciones. La ausencia del PNV conlleva el distanciamiento de las asociaciones más institucionalizadas y numerosas. Es el caso de Nagusiak Bizkaia, integrada por 138 asociaciones locales, con más de 50.000 miembros. Tres días después de aprobarse los presupuestos, en la manifestación del 26 de mayo de 2018, según el Ayuntamiento de Bilbao participaron 14.000 personas. Cifra muy inferior a las 115.000 personas de dos meses antes.

Al crearse el MPB la participación en las reuniones era voluntaria, sin estar sujeta a criterios de proporcionalidad ni representatividad. En una organización tan indefinida resultaba inevitable tomar las decisiones por consenso. En las comisiones de trabajo la colaboración también era voluntaria, excepto en la de comunicación, dedicada a supervisar todas las actividades. Nuevas incorporaciones rompieron el equilibrio entre plataformas y corrientes, siendo sustituida la unanimidad por el voto mayoritario. El sector abertzale, promovido por la asociación Pensionistak Martxan, se hizo con el control del MPB. El resto de asociaciones acudía a los plenos sin participar en las votaciones, a fin de reclamar la vuelta al consenso. Ya no había unidad, pero en las concentraciones se eludía la confrontación para evitar la desmovilización.

El detonador de la ruptura definitiva será la huelga general del 30 de enero de 2020. Convocan ELA y LAB a petición del MPB. Las asociaciones que no asumen la huelga forman la agrupación Ados – Consenso, integrada por NAGUSIAK, AJPD, COESPE-Bizkaia y miembros de diversas plataformas, entre otras Barakaldo, Santurtzi y Muskiz. La actividad de esta agrupación ha sido escasa, dedicada sobre todo a marcar distancias respecto al MPB dirigido por la corriente de la izquierda abertzale. La convocatoria de esa huelga tampoco tuvo el apoyo de CCOO y UGT.

Desde el 30 de enero el declive se convierte en agonía. Con el estado de alarma del 14 de marzo el confinamiento evita que se aprecie la caída. Las acciones vuelven el 18 de mayo en una protesta ante la Diputación Foral de Bizkaia relacionada con la tragedia de las residencias geriátricas. Participan, según El Correo, 40 personas. En adelante serán acciones testimoniales, conforme apunta la agencia Europa Press el 25 de mayo: “El Movimiento de Pensionistas ha regresado este lunes a sus concentraciones frente a los ayuntamientos de Euskadi, que en el caso de Bilbao ha sido secundada por más de medio centenar de participantes. En la cita, sus portavoces han apuntado que mantendrán “este modelo” de protestas “simbólicas” mientras dure la alerta sanitaria, descartando así “movilizaciones masivas” (sic). Con estas declaraciones el MPB deja de ser un referente en la defensa de las pensiones públicas, dedicándose a convocar acciones testimoniales sobre diversos acontecimientos sociales.

Mirarse en espejo ajeno

El Estado español suele salir malparado en las comparaciones con otros países. No es el caso de las pensiones. Aquí, tanto en la crisis del 2008 como en la actual, el colectivo de pensionistas ha soportado la pérdida de poder adquisitivo mejor que cualquier otro, hasta el punto de convertirse en soporte económico de muchas familias. En Alemania, locomotora de Europa, ocurre lo contrario. Según publicaba El País el 28 de diciembre, en Alemania “los mayores se han empobrecido en los últimos 15 años a un ritmo mayor que el del resto de la sociedad”. “La población mayor de 65 años en riesgo de pobreza ha crecido de un 4,7% en 2005 hasta alcanzar el 15,7%” en esos 15 años. Los bancos de alimentos también aportan cifras significativas: “entre 2018 y 2019, la cifra de beneficiarios mayores creció en un 20%”.

Pero el relativo bienestar de nuestras pensiones va a empeorar en el futuro por los mismos motivos que en Alemania. El artículo de El País destaca tres causas que también se dan ahora aquí y que afectarán a las pensiones del futuro: aumento del empleo precario, dejar de cotizar por estar en paro y reforma de las pensiones. Más datos sobre Alemania: “en 2009 el 8% de las personas entre 65 y 69 años trabajaban, en 2019 esa cifra alcanzaba el 18%”. De modo que la pérdida de calidad de vida de las personas mayores en Alemania se repetirá aquí en unos años, salvo que los futuros pensionistas se movilicen junto con los actuales para evitarlo.

Crecen las amenazas, flaquean las fuerzas

El poder es el resultado del equilibrio de fuerzas entre diversos actores: gobierno, partidos, sindicatos, bancos, empresarios y presión ciudadana. Según las circunstancias, esos agentes políticos, económicos y sociales se sitúan en dos bandos: capital o trabajo. Tanto los salarios como las pensiones dependen de esa correlación de fuerzas. Por eso las medidas económicas obedecen a decisiones políticas. Un buen ejemplo es la polémica acerca del incremento del salario mínimo (SMI) que divide al Gobierno. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice: “Estamos discutiendo por 30 céntimos al día”. Frase profunda, pese a su aparente simpleza: sin reparto equitativo, cada céntimo que atesora el empresario arruina a la clase obrera. El último recurso es la acción directa, efectiva cuando es colectiva, testimonial siendo aislada. La desesperada acción del obrero en paro que atenta contra una empresa en Álava, es una forma primaria de lucha de clases. Lo mismo que los actos simbólicos en defensa de las pensiones.

 

“La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar ante las cámaras explica,

junto a la motivación política, la pervivencia de las convocatorias”

Aunque las asociaciones de pensionistas lancen dardos contra el Pacto de Toledo, la diana está en otro lado. Las mayores amenazas son, además del trabajo precario, los planes de pensiones privados, individuales en la banca, colectivos los de empleo. Por otro lado, el Ministro Escrivá propone ampliar el periodo para calcular las pensiones de 25 a 35 años. Los sindicatos UGT y CCOO hablan de movilizaciones, pasando por alto que consistiría en ampliar los acuerdos que ellos firmaron en 2011. Si ahora resulta negativo no era positivo hace una década. Esa medida planteada por Escrivá al margen de los acuerdos del Pacto de Toledo y de lo aprobado en el Congreso, tendría un impacto negativo del 5,5 % sobre las futuras pensiones. Oponerse a su aplicación generaría un renovado efecto movilizador, pero lo más probable es que ese intento quede en suspenso, pues pondría en peligro la continuidad del Gobierno de Coalición.

No es previsible que las pensiones actuales empeoren. Las amenazas se ciernen sobre las pensiones del futuro. Sin embargo, actúan los pensionistas de hoy, no los de mañana. Aunque haya perdido capacidad de movilización, cabe hablar del movimiento de pensionistas, en referencia a las asociaciones que defienden las pensiones públicas. La recuperación requiere actuar en tres niveles: 1) Aunar fuerzas en todos los territorios para seguir actuando como grupo de presión. 2) La demanda más viable y realista es la mejora de las pensiones mínimas, equiparándolas con el SMI. 3) Es preciso que tomen conciencia de su situación y se movilicen los pensionistas del futuro, en particular la juventud.

Hay que resistir, adecuando las demandas propias a las necesidades del conjunto de la sociedad. Las consecuencias de la pandemia van más allá de la grave situación sanitaria. Multitud de pequeñas empresas acogidas a ERTE cerrarán. Miles de trabajadores perderán su empleo. El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda para evitar la pobreza severa. Según un informe difundido el 8 de enero por Europa Press: “La pandemia obliga a demandar ayuda a los Servicios Sociales a familias que no lo habían necesitado antes”. El escudo social para que nadie quede atrás exige al movimiento de pensionistas tener en cuenta esa cruda realidad.

También hay que renovar la forma de actuar. Resulta alentador el surgimiento en Bizkaia del Colectivo Argitasuna (claridad). Su meta es fortalecer la equidad, referida al bienestar y a la justicia social. Se asienta sobre este principio: “Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna”.

El tercer aniversario del surgimiento del movimiento de pensionistas llega con celebraciones diferenciadas: 16 de enero concentración en Barakaldo apoyada por plataformas de Margen Izquierda y Zona Minera. El llamado movimiento de pensionistas de Euskal Herria lo celebra el día 18 y se concentra el 25 ante el Parlamento Vasco. El 30 de enero conmemorará “el primer aniversario de la exitosa movilización y huelga general” (sic). El 13 de febrero manifestaciones en las capitales del País Vasco y Navarra “junto a sindicatos y colectivos sociales”.

Por más convocatorias que se lancen, el recuerdo más emotivo y simbólico seguirá siendo la imagen de Bilbao colapsado en la manifestación del 17 de marzo de 2018. Acontecimiento emblemático comparable con la manifestación proamnístia del 8 de julio de 1976. Según El País ese día “Cerca de 150.000 personas se manifiestan en Bilbao”. Otra gran movilización se celebró el 14 de julio de 1977. El País lo destacó con este titular: “Unas 200.000 personas se manifiestan en Bilbao contra una costa vasca nuclear.” Los tres casos representan hechos históricos irrepetibles que responden a situaciones excepcionales. Pretender revivirlos o imitarlos, cuando las circunstancias han cambiado, convierten el intento en farsa.

 LUIS ALEJOS

 

 

 
 

PENSIONES PÚBLICAS Y PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA.

En los últimos días, dentro del movimiento de pensionistas, estamos asistiendo a un debate sobre el acuerdo de las Recomendaciones del Pacto de Toledo y sobre el proyecto de los Presupuesto Generales del Estado para el año 2021. Uno de las razones utilizadas para decir no al Pacto de Toledo, es en que lo establecido en la Recomendación 16, Sistemas Complementarios, es una apuesta por la privatización del sistema público de pensiones. Son varias las razones que se esgrimen para oponerse a los PGE 2021.

Como ya dijimos en el reciente documento aprobado por BAT-ETORRI Consenso, el Pacto de Toledo hay que analizarlo con perspectiva y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Y lo mismo ocurre con los Presupuestos Generales del Estado. Sobre los sistemas complementarios hablaré más adelante. Sobre los PGE 2021, es conveniente recordar que el contenido de las políticas públicas de un Gobierno es siempre fruto de la hegemonía política que hemos sido capaces de construir y de la correlación de fuerzas de cada momento. Y creo que la mayoría de las y los pensionistas, compartirá conmigo que el actual Gobierno de progreso PSOE-Unidas Podemos, lejos de ser una amenaza para nuestro sistema público de pensiones, es una oportunidad. Y debe de quedar muy claro que si el Gobierno no hubiera conseguido sacar adelante los presupuestos, es más que probable que estuviéramos abocados a nuevas elecciones de cuyo resultado no sabemos qué Gobierno resultaría.

Muchas veces, desde mi punto de vista de forma errónea, se parte de una concepción de la política que rechaza los acuerdos como medio para mejorar las cosas. Cuando decimos que la apuesta por la mejora del Estado de Bienestar es una opción política, debemos recordar que la política no consiste en transitar por caminos fáciles. Muy al contrario, la política debe tratar de resolver y explicar cosas complejas.

En materia de pensiones este Gobierno, frente a un modelo económico o actuarial de pensiones, ha apostado por un modelo social, que es aquél en el que la cuantía de las pensiones son las que determinan los ingresos necesarios para su financiación y que dichas cuantías se deciden con acuerdos políticos y sociales. Sin embargo, en el modelo actuarial son los ingresos, sólo las cotizaciones sociales, los que determinan la cuantía de las pensiones. Y este es el modelo que nos conduce a la mercantilización o privatización de los servicios públicos y al recorte del Estado de Bienestar. A nadie se le escapa que cuando se desarrolló el Estado de Bienestar, por cierto, producto de un pacto como fue el Pacto Keynesiano, los derechos sociales se convirtieron en derechos de ciudadanía, ya que se consiguió que fueran una cuestión de Estado y no una cuestión de mercado.

Por eso, el ataque sistemático a los servicios públicos y a las pensiones o que, desde la derecha política, se fomenten medidas de privatización y mercantilización de una parte de nuestro Estado de Bienestar, está suponiendo la expulsión del ejercicio del derecho de ciudadanía a los grupos más vulnerables. Por cierto, un derecho que esta democrática y constitucionalmente reconocido, y que ahora está amenazado.

El ejercicio efectivo del derecho de ciudadanía y de los derechos sociales, requiere de unos servicios públicos fuertes y una buena protección social. Y ello solo es posible con una distribución más justa de la riqueza. Hemos de tener presente que la distribución de la riqueza se da en un doble plano:

1.- El primario, a través del empleo de calidad con salarios dignos y suficientes.

2.- Y el secundario, a través de la protección social allí donde no llega el empleo, donde se ubica el sistema de protección por desempleo y el gasto en pensiones, y a través de una fiscalidad progresiva y suficiente.

Dicho lo que antecede, la tarea prioritaria es recuperar el trabajo como elemento determinante  de los derechos de ciudadanía, democratizar la economía para evitar que nos privaticen la sociedad, disputar la riqueza en el centro de trabajo y garantizar que esta riqueza se distribuye de forma justa en la sociedad a través de un sólido Estado de Bienestar. Por tanto, parece más que evidente que, para garantizar el ejercicio del derecho de ciudadanía, debe convertirse en objetivo compartido asegurar la sostenibilidad financiera del gasto social; reforzar los  medios económicos, materiales y humanos para atender los servicios públicos que más directamente repercuten en el nivel de bienestar, en la calidad de vida y en la cohesión social; asegurar la suficiencia de las prestaciones y garantizar la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

Por eso, nos inundan de muchos gráficos sobre demografía, esperanza de vida o ratios entre activos/pasivos. Pero no nos contestan a una pregunta muy sencilla: porqué un país que será más rico que el de hoy, pagará mañana pensiones más bajas que las actuales. Y eso, además de injusto, carece de toda ética política.

Por otro lado, hay que reformar nuestro sistema fiscal que es uno de los que menos capacidad distributiva tiene de toda Europa. Una reforma que incremente la presión fiscal hasta llegar a la media europea y que sea fiel a los principios de suficiencia y progresividad y que sea efectivo en la lucha contra el fraude. Es decir una política fiscal que garantice que paguemos todos y que pague más el que más tiene.

La Previsión Social Complementaria (PSC)

El debate sobre la previsión social complementaria en general y sobre las del sistema de empleo en particular, debe de realizarse de forma conjunta con el devenir de las pensiones públicas su evolución y su futuro. Es decir, evaluando el nivel de compromiso político con las pensiones públicas.

A este respecto, es preciso recordar que, en materia de pensiones, inclusión y Seguridad Social, el programa de gobierno, entre otras cosas, dice: Plantearemos a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones. Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas; impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en  caso de parejas sin vínculo matrimonial. Revisaremos el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras de cotización irregulares y el complemento de maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género. Reformaremos el Sistema de Seguridad Social, en el marco del diálogo social, y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo; Se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema. Revisaremos las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquéllas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad. En el marco de esta reforma, eliminaremos el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo; Reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a lagestión con menores costes; Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.

Estamos sin ninguna duda, ante un programa que apuesta, de forma inequívoca, por un sistema público de pensiones, solidario, de reparto, sostenible y suficiente y cuyas medidas, todas ellas, son posibles poner en marcha de acuerdo con lo que dicen las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Y, lejos de cualquier intento de potenciar las pensiones privadas, son medidas que están dirigidas a reforzar el Sistema Público de Pensiones, , a pesar de lo que dice la Recomendación 16 sobre los sistemas complementarios o, precisamente, por lo que dice.

No entenderlo así, sería como afirmar que la Ley de Sanidad de Ernest LLuch, que universalizó la asistencia sanitaria, carecía de valor porque seguía existiendo la sanidad privada. O que la Ley de educación, recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, tampoco sirve porque se mantiene los centros concertados, con financiación pública, y los centros privados.

El Gobierno de mayoría absoluta del PP, hizo el camino en sentido contrario debilitando los instrumentos más efectivos de distribución de la riqueza, con medidas como la Reforma Laboral, los recortes en las prestaciones sociales o la Reforma de la Negociación Colectiva, lo que tuvo como resultados la devaluación salarial y el incremento de la pobreza y de las desigualdades. Además, al margen del Pacto de Toledo, realizaron reformas unilaterales en el sistema público de pensiones, entre ellas el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de sostenibilidad, cuya consecuencia, según la Comisión Europea, era que la tasa de remplazo bruta, entre el último salario y la pensión, pasaría del 79% en 2013 al 48,6% en 2060, lo que le convertiría en un sistema de cobertura asistencial. Y eso si es potenciar los sistemas privados de pensiones como alternativa a las pensiones públicas.

Antes de iniciar el debate sobre la Previsión Social cComplementaria, comenzaré dejando claro que, en materia de protección social, el primer objetivo es, y debe ser, la defensa de un sistema público de pensiones, de reparto, solidario, suficiente y sostenible, porque el sistema público de pensiones, basado en los principios de equidad y solidaridad que le caracterizan como de reparto, constituyen el programa de rentas públicas con mayor potencia distributiva.

No voy a profundizar sobre la actual situación de nuestro sistema público de pensiones porque no es el objetivo de este trabajo, pero si quiero dejar constancia de que el debate sobre las pensiones es un debate ideológico y que contrapone conceptos que son radicalmente antagónicos. Contrapone:

  • la política con la economía
  • lo público con lo privado
  • el modelo de reparto con el modelo de capitalización

Se mire por donde se mire, las actuales Recomendaciones del Pacto de Toledo, con sus luces y sombras, son una victoria de la política sobre la economía, de lo público sobre lo privado y del modelo de reparto sobre el modelo de capitalización.

A mediados de los años 80, el sistema financiero constató que la Seguridad Social tenía una gran importancia económica (hoy la nómina anual de pensiones está en torno 150.000 millones de euros) y vio un gran negocio si conseguía gestionar una parte de ese dinero.

Con ese objetivo se diseñaron intensas campañas contra las pensiones públicas y a favor de las pensiones privadas. En ello participaron “expertos independientes”, pagados por las entidades financieras que concluían que las pensiones públicas estaban en quiebra y que la única solución era bajar las prestaciones.

Son los mismos expertos que ahora se rebelan contra las Recomendaciones del Pacto de Toledo y nos dicen que la mayoría de las Recomendaciones aprobadas, perjudican al sistema y su sostenibilidad. Que es irresponsable actualizar las pensiones con el IPC y proponen que se congelen para el 2021. En su opinión, también es irresponsable permitir elegir los años de mejor cotización para el cálculo de la pensión. Proponen aumentar la edad legal de jubilación y echan en falta la aplicación del factor de sostenibilidad. Y afirman que es un despropósito reducir primero y retirar después los incentivos a los planes privados individuales. Por otra parte, aseguran que el traslado de los gastos impropios no se conseguirá casi nada. Entre esos expertos están José Antonio Herce, José Enrique Devesa, María Jesús Fernández o Mariano Jiménez Lasheras.

El soporte legal y competencial de las EPSV

El derecho a unas pensiones públicas que garanticen a toda la ciudadanía “prestaciones sociales suficientes”, está reconocido en artículo 41 de la Constitución:

El artículo 41 establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Es en este artículo 41 de la CE donde se establecen los tres pilares de la protección social:

El primer pilar, en el que se incluyen las pensiones públicas obligatorias y contributivas, reguladas en el sistema de la Seguridad Social, y la protección básica a la que todos los ciudadanos en situación de necesidad tienen derecho y las prestaciones no contributivas.

El segundo pilar, que son las prestaciones complementarias colectivas o de empleo que nacen de la negociación colectiva (Planes de Pensiones y EPSV de empleo).

El tercer pilar, que son las prestaciones complementarias individuales (Planes de Pensiones y EPSV individuales).

Las competencias de las pensiones contributivas de la Seguridad Social corresponden al Gobierno Central

Las competencias vascas en materia de protección social, se regulan en la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

En materia de Seguridad Social:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía, corresponde al país Vasco:

a)El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

b)La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

La Disposición transitoria 5ª, establece que la ” La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económica de la Seguridad Social, dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad (el subrayado es mío).

En materia de Previsión Social Complementaria:

El Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 10.23, atribuye competencia exclusiva a la CAPV en materia de Mutualidades no integradas en la Seguridad Social, sin perjuicio de la ordenación y supervisión del Seguro Privado cuya normativa tiene carácter básico de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.11 de la C.E.

En cuanto a la protección básica y las pensiones no contributivas, las competencias residencian en las Administraciones Locales y Forales.

Por tanto, Euskadi tiene competencias exclusivas en las prestaciones básicas del primer pilar (RGI,…) y en el segundo y tercer pilar de la protección social cuando las prestaciones complementarias se desarrollen utilizando como instrumento las Entidades de Previsión Social Complementarias (EPSV). Así mismo, en el primer pilar es competencia del Gobierno Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, cuya competencia esta sin transferir.

La Previsión Social Complementaria en Euskadi.

Teniendo en cuenta que el artículo 41 de la Constitución, donde se regula la protección social, establece el marco de desarrollo de la previsión social complementaria como una alternativa posible, libre y voluntaria, llegó el momento de preguntarse cuál era la necesidad social de la existencia de estos instrumentos de protección social.

Para ello, la primera cuestión a determina era el objetivo que se buscaba. Convendremos fácilmente que se trataba de cubrir la pérdida en los ingresos que una persona percibía en su actividad laboral, una vez materializada la contingencia correspondiente, se producían como consecuencia del abandono del mercado de trabajo.

Conforme a este planteamiento, el objetivo no era otro que alcanzar, como máximo, una tasa de sustitución que garantizara percibir las mismas percepciones que estando en activo. Es decir se trataba de garantizar rentas que, como máximo, alcanzaran su último salario como personas activas. No tiene sentido social estimular tasas de sustitución superiores al 100% del último salario de activo, por tanto, siendo este el ámbito en el que debe desarrollarse la Previsión Social Complementaria, el objetivo de las EPSV de empleo, no puede ser otro que el de generar una pensión complementaria cuyo importe este en torno al 20% del último salario en activo del pensionista. Y todo ello, unido al control social de estos sistemas privados de pensiones.

Con estos objetivos, defensa del sistema público de pensiones y carácter complementario y no sustitutivo de la previsión social complementaria, se ha estado desarrollando, a través de la negociación colectiva sectorial y de empresa, la previsión social complementaria. El instrumento que, con carácter general, se utiliza en Euskadi es el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), sobre las que, como ya se ha señalado, tiene competencias plenas la CAPV. Están reguladas por la Ley 5/2012, de 23 de diciembre, del Parlamento vasco.

Características de la Previsión Social Complementaria

La PSC en general y las EPSV en particular, se caracterizan por ser:

1.- De carácter voluntario. En las de empleo depende del trabajador o de sus representantes y de cada persona en el caso de los sistemas individuales.

2.- Complementarios y no sustitutivos del sistema público. Tratan de complementar las pensiones públicas con una pensión cercana al 20% del último salario.

3.- El sistema financiero es el de capitalización. Las aportaciones realizadas por la persona asociada a lo largo de su vida laboral, van integrando un fondo propio que determina el derecho a la prestación que le corresponde cuando se cumpla alguna de las contingencias protegidas.

4.- De carácter privado. Surgen de la libertad de las partes, aunque su gestión queda sujeta a los correspondientes controles administrativos.

5.- En todas las EPSV, que tienen Órganos de Gobierno propios. Deberán existir una Asamblea General y una Junta de Gobierno.

Tipos de EPSV

No todas las EPSV son iguales. Las del 2º pilar, las de empleo, nacidas en la negociación colectiva. Y las del 3º pilar, las individuales, están promovidas por las entidades financieras. Las del sistema individual, que puede jugar un papel como sistema de ahorro en un país, no tienen interés desde una perspectiva social por ser un modelo cuyo objetivo final es el ahorro fiscal.

En función de su naturaleza, las EPSV son de aportación definida o de prestación definida. En las primeras se determina la cuantía de la aportación sin perseguir un objetivo concreto de prestación, siendo las personas asociadas las que soportan el riesgo del resultado de las rentabilidades. En el caso de la prestación definida se persigue un objetivo concreto de prestación, siendo la aportación el aspecto variable.

Tienen la calificación de preferentes las EPSV de previsión social voluntaria de empleo que únicamente integren planes de previsión social preferentes.

Los requisitos que deben cumplir los planes de previsión social para calificarse como preferentes son los siguientes:

Principio de no discriminación. En los planes de previsión social preferentes se debe garantizar el acceso como personas socias de número a la totalidad del personal empleado como mínimo con una antigüedad de un año.

Acción protectora mínima. Deben cubrirse como mínimo, las contingencias de jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que suponga extinción de la relación laboral o equivalente.

Aportaciones compartidas. Las aportaciones vendrán determinadas por la negociación colectiva y deberán ser compartidas entre los socios protectores y las personas socias de número.

Movilidad. La movilidad de los derechos económicos solo se podrá efectuar a otros planes de previsión social de empleo preferentes.

Imposibilidad de rescate. Sólo se atenderá la cobertura de las contingencias establecidas en los reglamentos, sin posibilidad de devolución anticipada de los derechos económicos.

Prestaciones. Las prestaciones por jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que supongan extinción de la relación laboral se percibirán de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o reglamentos, y deberá llevarse a cabo su reconocimiento y pago en forma de renta vitalicia, con la posibilidad de rentas financieras siempre y cuando tengan una duración mínima de quince años.

La implantación actual de las EPSV

Si tenemos en cuenta que la tasa de sustitución de las pensiones respecto al último salario está en torno a un 75%, las pensiones públicas, si bien constituyen la parte esencial de las rentas de sustitución de los trabajadores que han cesado en la actividad laboral, dejan un margen significativo para la promoción generalizada de sistemas de previsión social complementarios, y de las EPSV en particular, al conjunto de la población trabajadora, más allá del ámbito de las grandes empresas y los trabajadores con salarios más elevados, que han venido protagonizando hasta hoy el desarrollo de estos instrumentos de protección social.

En base a estas premisas, el año 2006 el Gobierno Vasco aprobó el documento “Diagnóstico y Plan de Previsión Complementaria en Euskadi”. Un plan cuyo objetivo principal era la generalización de la previsión social complementaria, lo que sólo era posible si se desarrollaban las EPSV de empleo, a través de la negociación colectiva.

El objetivo era que al, final del año 2013, la Previsión Social Complementaria alcanzara una cobertura mínima del 70% de la población asalariada y que en el futuro se generara una prestación complementaria cuya cuantía fuera el 20% del último salario en activo. Para alcanzar esta cuantía, se calcula que es necesario aportar cotizaciones cercanas al 7% del salario durante un período de entre 35 y 40 años.

A la luz de estos datos, lo que no resulta razonable es, como se hace en ocasiones, presentar el desarrollo de los sistemas de previsión social complementarios como algo contradictorio con la existencia de un saludable y poderoso sistema de pensiones público.

Parece claro que ambos pueden coexistir y complementarse, el sistema público para cumplir el mandato constitucional, es decir, dispensar prestaciones suficientes a los ciudadanos en situación de necesidad; las pensiones complementarias para completar, hasta donde alcancen, las prestaciones públicas y acercar las rentas de pasivo, en lo posible, a la última renta de activo de cada individuo.

En Euskadi el ahorro acumulado en la previsión social complementaria supone casi el 33,76% del PIB vasco. En España el ahorro voluntario es del 9,35% del PIB. Aunque es cierto que en Euskadi hay una cultura más ahorradora que en el conjunto del Estado, hay que tener en cuenta que una parte importante de ese nivel de ahorro obedece a la existencia de las EPSV de empleo, producto de la negociación colectiva, tanto sectorial como de empresa y que, en el ámbito sectorial, ha dado lugar a Entidades como Elkarkidetza, Geroa o Itzarri de las que son socios muchos trabajadores y trabajadoras. De acuerdo con datos del Gobierno Vasco, el número de socios de las EPSV de empleo es de 495.120 en diciembre de 2019, de los que 174.175 son socios en suspenso.

También tiene un papel relevante para alcanzar este nivel de ahorro, la EPSV Lagun-Aro que es un sistema de protección social que protege, de forma sustitutiva primero y complementaria después a la Seguridad Social, a los socios-trabajadores de las cooperativas afiliadas El ahorro de las Entidades de Previsión Social Complementaria de la modalidad de empleo está en torno al 54% del ahorro total de las EPSV.

Elkarkidetza EPSV, tiene como objetivo complementar las pensiones del personal de las Instituciones locales y forales. Tiene como antecedente las Mutuas Forales que existían en las Diputaciones para complementar las pensiones de los funcionarios. En 1986, ante la negativa evolución económica de estas Mutuas, se creó la EPSV Elkarkidetza por acuerdo entre los partidos políticos y los sindicatos más representativos. En aquella época, los funcionarios y funcionarias locales y forales no estaban integrados en el Régimen general de la Seguridad Social, su afiliación obligatoria era la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) que, en proporción a sus cotizaciones, concedía pensiones notoriamente inferiores a la de los trabajadores incluidos el Régimen General de la Seguridad Social, es decir el personal laboral de las instituciones locales y forales. En esta etapa, Elkarkidetza fue una EPSV cuyas personas protegidas eran funcionarias y funcionarios de estas instituciones. Era de prestación definida y su objetivo era igualar las pensiones del personal laboral y funcionarial. El primero de abril de 1993, la MUNPAL se integra en el Régimen General de la Seguridad Social y las instituciones dejan de aportar a Elkarkidetza. El año 1998 se creó un Plan de aportación definida que incluía a la totalidad de las empleadas y empleados públicos. El año 2003 se unificaron los Planes de aportación definida y prestación definida, constituyendo el actual Plan de aportación definida. En Elkarkidetza la cuantía de las aportaciones, que se establece en la negociación colectiva, es compartida al 50% entre las personas socias y la institución. El 90% tiene como objetivo el ahorro y un 10% de la aportación es para cubrir casos de incapacidad permanente y fallecimiento. Salvo excepciones, se cobra en forma de renta vitalicia.

Geroa EPSV, Su objetivo es complementa las pensiones del personal de las empresas del territorio de Gipuzkoa. Nace en 1996 en el sector del metal con el acuerdo entre la patronal Adegi y los sindicatos ELA, CC.OO, LAB y UGT. Tiene como antecedente el fondo generado con cotizaciones adicionales a las de la Seguridad Social, con el objetivo de garantizar que la pensión mínima de las y los trabajadores del metal, se equiparara al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Este compromiso se externalizó con la creación de GEROA EPSV que, en un principio complementaba las pensiones en el sector del metal y que, en la actualidad, integra a 20 sectores de actividad. Las aportaciones, que se determinan en la negociación colectiva sectorial, son compartidas y paritarias. La mayor aportación corresponde a la industria siderometalúrgica, con un 4,6% (2,3% por cada parte), a la Construcción y a las Gasolineras, con un 4%. Salvo excepciones, se cobra en forma de renta vitalicia. Es de aportación definida.

Itzarri EPSV, su objetivo es complementar la pensiones públicas del personal de la Administración General e Institucional de Euskadi (Osakidetza, Enseñanza pública, Ertzantza, empresas públicas…). Nació el año 2005 por acuerdo en la Mesa General de Negoción. ELA y LAB no suscribieron el acuerdo, Es una EPSV de aportación definida. La aportación de las instituciones es obligatoria y la del personal es voluntaria. Se puede cobrar en capital, en renta financiera o de forma mixta entre ambas opciones.

Lagun Aro EPSV, Es un sistema de protección social para socios y socias de las cooperativas afiliadas que nace en junio de 1959 y que cubre, con el sistema de reparto, discapacidades, defunción maternidad, paternidad, ayuda al empleo (desempleo), incapacidad temporal y con el sistema de capitalización las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Ha sido un sistema sustitutivo de la Seguridad Social ya que, las pensiones que percibían como autónomos eran pensiones mínimas porque cotizaban por la base mínima del RETA. La Asamblea General Ordinaria de Lagun Aro, celebrada en marzo de 2010, aprobó una reforma integral del Sistema de Pensiones y Cotizaciones y, entre las medias acordadas, destaca el cambio de los porcentajes de cotización que se realiza al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Lagun Aro En concreto, de cotizar un 33% de lo que se cobra (anticipo de consumo) al RETA y un 67% a Lagun Aro, se pasó a cotizar un 60% al RETA y un 40% a Lagun Aro. Esto incrementaba las pensiones concedidas por la Seguridad Social y por ello pasaron de ser un sistema sustitutivo de la Seguridad Social a un sistema complementario, reconociendo más seguridad  y sostenibilidad al sistema público de reparto que a los privados de capitalización.

Entre las EPSV ligadas a las empresas vascas, destacan Iberdrola, Tubacex, C.A.F., Mercedes Benz, Productos Tubulares, Cooperativa San Prudencio, Lantegi Batua, Cegasa, Euskaltel, Tubos Reunidos, Puerto de Pasaia, Elektra y otra pymes del sector laboral de la CAPV

Generalizar o democratizar la Previsión Social Complementaria

Los sistemas individuales en Euskadi tienen una penetración del 75% en las rentas altas y medias-altas, quedándose en un porcentaje insignificante entre los que tienen rentas bajas o medias-bajas, es decir los trabajadores y trabajadoras que conforman el núcleo social más vulnerable.

Por ello, para hacer posible la cohesión social y evitar profundizar en las desigualdades, la previsión social complementaria, en el caso vasco las EPSV, deben responder adecuadamente al reto social de mantener el nivel de vida de todas las personas jubiladas. Y ello sólo es posible si se generalizan, es decir, si se democratizan.

Por eso, el instrumento a desarrollar es el modelo de empleo, porque es el único que permite generalizar su desarrollo entre los trabajadores y trabajadoras de rentas medias y medias bajas que, de otra manera, no podrían hacerlo.

Conviene también recordar que las EPSV de empleo se han desarrollado en Euskadi de forma desigual. En Gipuzkoa se ha desarrollado a través de un acuerdo sectorial en el ámbito privado, es decir en los convenios provinciales y afecta a la mayoría de los trabajadores y de los sectores de actividad. Sin embargo en Bizkaia y Álava únicamente se han establecido en las grandes empresas en las que hay implantación sindical.

Si tenemos en cuenta que el objetivo de generalización de la Previsión Social Complementaria previsto en el Plan del Gobierno Vasco, era hasta que alcanzara una cobertura mínima del 70%  de la población trabajadora para el año 2013, con objetivo de obtener una prestación en torno al 20% del último salario y hacemos un balance de lo logrado, comprobaremos que el grado de implantación de las EPSV de empleo ha sido muy insuficiente ya que está en torno al 31% de la población asalariada de la CAPV. Por otro lado, las aportaciones de las EPSV sectoriales no son suficientes para alcanzar el 100% del último salario. Las razones por las que no se han alcanzado dichos objetivos, son diversas.

Nada más nacer el Plan, se hicieron estridentes declaraciones como que sus bases “apuntalan la política neoliberal del recorte de pensiones” o que “cuestionan el sistema público de pensiones”, mientras CONFEBASK afirmaba que tendría una repercusión muy negativa sobre el empleo y la competitividad.

En estas circunstancias, el Plan estaba condenado al fracaso. Por cierto, en Gipuzkoa, donde está implantada la EPSV GEROA desde 1996, el empleo estaba mejor que en los otros territorios y las empresas no eran, ni son, menos competitivas que las de Araba o Bizkaia.

Otras causas fueron la falta de un amplio acuerdo social sobre la materia y la situación de la negociación colectiva en la que, por razones relacionadas con la devaluación salarial y la precariedad, hay cierta resistencia a abordar la previsión social complementaria.

Aunque en algunas ocasiones se suele afirmar que los incentivos fiscales que se ha venido aplicando han sido insuficientes para desarrollar de forma eficaz la Previsión Social Complementaria, sin embargo, parece que el problema fundamental es la resistencia empresarial a asumir costes y la prioridad sindical en otras materias dentro de la negociación colectiva.

El resultado fue evidente: no sólo no se desarrolló la Previsión Social Complementaria, sino que se estancó la que ya había, al no incrementarse de forma generalizada las aportaciones, lo que ha supuesto que las aportaciones realizadas sean insuficientes para alcanzar el objetivo del 20% del último salario.

Si a ello añadimos que quién debía generar confianza y crear un escenario favorable para el desarrollo de las EPSV, como era el Gobierno Vasco, optó por suspender las aportaciones a ITZARRI, la EPSV de sus empleados, convendremos en que no se adoptaron las medidas necesarias crear las mejores condiciones.

Recientemente el Gobierno Vasco, a través de jornadas sobre la PSC o en declaraciones públicas, ha manifestado su intención de apostar por el desarrollo de las EPSV con la aprobación de nuevos incentivos fiscales. También han hecho pública su intención de poner  en marcha, de la mano de las tres Diputaciones, de las Entidades Financieras y de las EPSV, fondos que permitirán al sector público participar en empresas privadas con el doble objetivo de ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y para incrementar su arraigo en el país.

No tenemos conocimiento de las propuestas concretas y en particular sobre la forma y manera en que tienen previsto el desarrollo de la PSC. No es lo mismo que se imponga un modelo casi obligatorio, como el NEST británico, lo que en estos momentos no sería posible, o que se siga decidiendo en el ámbito de la negociación colectiva.

Respecto al uso de los fondos de las EPSV, hay que señalar que, con carácter general las EPSV de empleo de ámbito sectorial, GEROA, ELKARKIDETZA e ITZARRI son sistemas de aportación definida, lo que significa que las consecuencias derivadas de la mayor o menor rentabilidad de las inversiones, recae sobre la cuantía final de las prestaciones de los socios de número.

Esto no ocurre en los modelos de prestación definida, porque la Entidad debe garantizar una prestación concreta, cuya cuantía es producto de un acuerdo alcanzado en el marco de la negociación colectiva. Lo que quiero decir con ello es que, si estas decisiones afectan a las prestaciones de los trabajadores, cualquier destino de los fondos se debe decidir desde la propia EPSV o previo acuerdo con las organizaciones sindicales.

Las Reformas Fiscales necesarias

Para el desarrollo de la Previsión Social Complementaria en Euskadi, la fiscalidad es importante, pero, como ya se ha constatado, no es suficiente por sí sola. Además, una fiscalidad mal diseñada, puede dar lugar a la especulación y al ahorro a corto plazo con el único objetivo de obtener beneficios fiscales. Los objetivos de las medidas deben ser:

*Garantizar la iliquidez que caracteriza a los instrumentos de previsión social como ahorro finalista para la construcción de rentas complementarias y, en este caso, debe conllevar una compensación fiscal.

*Favorecer el desarrollo de las EPSV y de los Planes de Pensiones de empleo.

*Potenciar el desarrollo efectivo y real del ahorro finalista a largo plazo.

Los sistema individuales, desde nuestro punto de vista, no deben tener incentivos fiscales porque su objetivo prioritario no es la construcción de rentas complementarias a las pensiones públicas, sino que, con carácter general, se suscriben por meras razones de ahorro fiscal. Y las ayudas fiscales solo se pueden justificar si hay un interés social en su aplicación.

Si consideramos que los sistema individuales tienen un alto porcentaje de penetración en la rentas altas y medias-altas (un 75%), siendo el porcentaje de penetración insignificante en las rentas bajas, los esfuerzos fiscales se deben dirigir a potenciar únicamente las EPSV de empleo y no las de carácter individual ya que beneficiaría a las rentas más altas. Los incentivos deben estar dirigidos a personas que, de no ser a través de una EPSV de empleo, no podrían ahorrar para su jubilación por tener rentas insuficientes.

La reducción de la base imponible del IRPF de las aportaciones de las trabajadoras y de los trabajadores, es una medida regresiva ya que beneficia, sobre todo, a las y los contribuyentes de mayor renta, que son los que concentran el mayor porcentaje de las aportaciones a EPSV y planes de empleo que se deducen del IRPF. Proponemos la eliminación de esta figura.

Por otra parte, además de cerrar todas las posibilidades de rescate a los 10 años de antigüedad, para evitar transformar de forma radical la naturaleza de las EPSV y de los planes de pensiones de empleo como instrumentos de previsión social complementaria, se deben adoptar medidas que supongan un mejor tratamiento a la percepción de los derechos en forma de renta en forma de capital.

Hay que tener en cuenta la desfiscalización actual de los beneficios empresariales por ser el Impuesto de Sociedades excesivamente generoso en las deducciones, que reducen el tipo efectivo medio de forma considerable. Y también es excesivamente generoso en el descuento de las pérdidas pasadas contra beneficios futuros. El resultado es que en 2019  las sociedades no financieras ganaron 26.000 millones de euros más que en 2008 y pagaron en concepto de Impuesto de Sociedades, 21.000 millones/€ menos. En Euskadi 2l año 2028 se recaudaron 388,4 millones menos que el año 2008. Cualquier incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades por aportaciones a la PSC, debería estar incluido en una reforma global de este impuesto. No obstante, como quiera que, desde enero del año 2014, es obligatorio cotizar a la Seguridad Social por las aportaciones a la PSC, hacemos una propuesta para recuperar la deducción en cuota que fue derogada en su día.

En el caso de las trabajadoras y trabajadores autónomos, que carecen de negociación colectiva, cualquier ayuda o incentivo fiscal debería conllevar paralelamente la condición de que pagarán las cotizaciones a la Seguridad Social por sus ingresos reales. Lo contrario sería incentivar que los trabajadores autónomos cotizaran a la Seguridad Social por la base mínima, reduciendo los ingresos por cotizaciones.

A)Incentivos fiscales para aportaciones y contribuciones a planes de previsión complementaria de empleo.

  1. Deducción del 10% de la cuota del Impuesto de Sociedades de las contribuciones realizadas por los socios protectores.
  2. Se da una doble alternativa en las aportaciones de las personas trabajadoras. En función de por cuál de    ellas se opte, se establecerá el tratamiento fiscal a las prestaciones.
  • Primera alternativa: Eliminar la reducción de las aportaciones de la base imponible del IRPF, de los Es lo que se hace ahora y es una medida regresiva ya que beneficia a las rentas más altas que son las que concentran el mayor porcentaje de las aportaciones.
  • Segunda alternativa: consistiría en sustituir la reducción de las aportaciones de la base imponible por una deducción en la cuota del IRPF en un porcentaje a determinar. El máximo de la aportación de las personas trabajadoras sujeta a la deducción, no podrá superar las contribuciones realizadas por los socios protectores.

B)Las prestaciones y su fiscalidad.

  1. La prestación cobrada en forma de capital, se integrará en la base imponible del IRPF el 100% de la prestación percibida.
  2. La prestación que se perciba en forma de renta vitalicia o de renta financiera de más de 15 años, en el caso de que se haya optado por la  primera alternativa, eliminar la reducción del importe de las aportaciones de la base imponible del IRPF, solo gravarán los rendimientos  generados por las aportaciones, conforme a la tributación que corresponda a los rendimientos de capital mobiliario.

De haberse optado por la segunda alternativa en la fiscalidad de las aportaciones, es decir por sustituir la reducción de las aportaciones en la base imponible del IRPF por una deducción en cuota, de las prestaciones percibidas en forma de renta vitalicia o de renta financiera con una duración mínima de 15 años, la cuantía que corresponda al importe de las aportaciones realizadas por las personas trabajadoras tendrán la consideración de rentas del trabajo y el resto, es decir los rendimientos obtenidos, tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario.

En el capítulo de las inversiones, se deben adoptar medidas que faciliten el desarrollo de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), como un compromiso de la entidad más allá de lo que establece la Ley de EPSV. La ISR se desarrolla principalmente a través de la Previsión Social

Complementaria de empleo. El objetivo fundamental que se persigue con el desarrollo de la Inversión Socialmente responsable, no es otro que lograr que el ahorro de los trabajadores sea sostenible a largo plazo y promueva la Responsabilidad Social de las Empresas, que no es otra cosa que conseguir introducir la valoración de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión de las inversiones.

El contexto en el que se pueden desarrollar las EPSV:

1.- Hoy, igual que ayer, el desarrollo de la Previsión Social Complementaria necesita de un acuerdo amplio entre los agentes sociales y las instituciones.

2.- Hasta la fecha, después de tantos años de estancamiento de las EPSV de empleo, el Gobierno Vasco no ha puesto en marcha ninguna medida de apoyo a su implantación y tampoco para su fomento y promoción entre las empresas, sus trabajadoras y trabajadores y los agentes sociales, como establece la Ley de EPSV.

La ley dice también que el Gobierno propondrá programas de colaboración con las universidades. Experiencias en debates organizados por asociaciones de pensionistas con profesores de la universidad no van en esta dirección.

3.- La negociación colectiva sectorial es el marco idóneo para su desarrollo en un modelo productivo donde más del 98% de las empresas son PYMES.

4.- Las consecuencias de la crisis y las reformas laborales, que han dejado mayor precariedad, más desigualdad y salarios más bajos, son una dificultad añadida para la extensión de estos instrumentos ya que, en la negociación colectiva sectorial, la generalización de la Previsión Social complementaria, no es una prioridad reivindicativa.

5.- Por otra parte, si tenemos en cuenta las competencias fiscales que, de acuerdo con la Ley de Territorios Históricos (LTH), están residenciadas en las Diputaciones Forales, ¿qué garantía hay de que se vaya a aplicar una política fiscal común y, por tanto armonizada, para ayudar al desarrollo de las EPSV?

Conclusiones

La base de las pensiones futuras debe ser el Sistema Público de pensiones. La Previsión Social Complementaria, por tanto, debe ser un sistema complementario de la Seguridad Social y nunca sustitutivo. La generalización de la PSC no puede, ni debe, garantizar tasas de sustitución por encima del 100% del último salario.

Los esfuerzos fiscales se deben dirigir a potenciar las EPSV de empleo y no las de carácter individual. Las ayudas fiscales solo se pueden justificar si hay un interés social que en este caso es la generalización entre los trabajadores con rentas más bajas.

Debe de reducirse el límite máximo que puede deducirse de la base imponible general del IRPF para evitar un tratamiento más favorable que el que se da a las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los incentivos deben estar dirigidos a personas que, de no ser a través de una EPSV de empleo no podrían ahorrar para su jubilación por tener rentas insuficientes.

Los incentivos fiscales deben dirigirse a que las prestaciones se perciban en forma de renta vitalicia o financiera de más de 15 años, por lo que esta modalidad de cobro debe tener un mejor tratamiento fiscal que la percepción en forma de capital.

La participación del sector público en la empresa privada debe condicionar la política laboral de la misma. No se debe de participar con fondos públicos y de EPSV en una empresa de bajos salarios, con desigualdad y brecha salarial o con precariedad laboral.

La única solución para salir de esta situación es la vía del diálogo social, la negociación colectiva y el acuerdo. Una vía que ya recomendó el Consejo de Relaciones Laborales en el Dictamen que realizó en su día sobre el Plan de Previsión Social del Gobierno Vasco. Eso sí, hay que abordar el diálogo desde la responsabilidad y el rigor. Y debe realizarse desde la lealtad y la discreción.

Eduardo García Elosua

CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL.

La aprobación por el gobierno de España del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo 2020, que establecía la ley del Ingreso Mínimo Vital y los primeros pasos en su implementación, infundieron esperanzas y levantaron expectativas entre las personas y familias vulnerables.

Según las informaciones publicadas en la web de la Moncloa el Ingreso Mínimo Vital podría ser solicitado por 850.000 hogares y beneficiaría a 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad. El presupuesto anual de esta prestación ascendería a 3.000 millones de euros anuales.

En 2019, el porcentaje de la población en España en riesgo de pobreza, según la tasa AROPE, alcanzaba el 25,3%. El porcentaje en situación de privación material severa era del 4,7%, más de 2,2 millones de personas.Los efectos económicos y sociales de la Pandemia del Covid-19 han empujado a la pobreza y exclusión social a nuevos sectores de la sociedad. La ley del Ingreso Mínimo Vital podía reducir el impacto de la pobreza,mientras se preparaban las medidas para relanzar el trabajo digno y avanzar hacia el pleno empleo.

Sin embargo, tras los inicios prometedores de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el desarrollo y gestión de su implementación hasta la fecha han provocado una gran decepción y frustración entre las personas vulnerables que han solicitado dicha prestación. Los datos publicados el 16 de diciembre por Seguridad Social son muy preocupantes: De 1.136.173 expedientes válidos de solicitud de la prestación del IMV, solo se habían aprobado 159.482 y denegados 466.973, estando el resto pendientes de subsanación y análisis. Es decir, solo 159.482 hogares donde viven 462.508 personas les ha sido reconocido el IMV. A esta cantidad hay que descontar los 74.119 hogares que percibían prestaciones por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33 y que el mes de junio recibieron la prestación de manera automática sin necesidad de presentar solicitud. En el caso de alguna provincia, como es el caso de Barcelona, las 1.596 solicitudes de IMV aprobadas solo representan el 1,9 % del conjunto de solicitudes presentadas a partir del 15 de junio 2020.

Ante la triste e indignante realidad de la implementación del IMV, tras un primer análisis de la propia ley, y su contraste con la experiencia en la implementación de otras prestaciones como es el caso de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, las personas y entidades firmantes de esta carta al gobierno proponemos como primeras medidas para mejorar la gestión de la implementación y el contenido de la ley del IMV:

1.- Con carácter de urgencia dotar del personal necesario para una tramitación rápida y efectiva de las solicitudes de IMV.

2.- Resolver de forma inmediata y efectiva la intercomunicación entre las distintas administraciones públicas, central, autonómica y local, para la resolución de las solicitudes y la articulación del IMV con las prestaciones similares que existen en las comunidades autónomas.

3.- Modificar el apartado 2 del artº 18 “Cómputo de los ingresos y patrimonio” de la ley del IMV, reduciendo el periodo de cómputo de los ingresos obtenidos por el solicitante “durante el ejercicio anterior a la solicitud” a solo dos meses antes de la solicitud, tal como establece en la actualidad la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya.

4.- Modificar el apartado 3 del artículo 25 “Tramitación” de la ley del IMV, del Real Decreto ley 28/2020 de 22 septiembre que modifica el Real Decreto ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital, al ampliar el plazo de resolución del INSS a la solicitud de la prestación de tres a seis meses, reduciendo dicho plazo a dos meses.

5.- Modificar el párrafo final del apartado 3 del artículo 25, que establece la norma del silencio negativo “Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada” y sustituirla por la norma de silencio positivo que protege mejor los derechos de la persona solicitante, con el siguiente redactado: Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona interesada debe entenderse estimada la solicitud.

Como puede comprenderse exigir un año de carencia de ingresos antes de la solicitud del IMV y luego esperar seis meses a la resolución bajo la norma de silencio negativo a las personas en situación de vulnerabilidad es prolongar injustamente el sufrimiento a dichas personas, empujarlas a la exclusión social, a que abandonen la esperanza de solicitar el IMV.

6.- Modificar el artículo 32 “Financiación” y sustituirla por el siguiente redactado: “La prestación económica del Ingreso Mínimo Vital se financia a cargo del presupuesto General del Estado. Para asegurar la cobertura suficiente de la prestación, los créditos tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con la legislación vigente”.

De este modo se asegura la financiación del Ingreso Mínimo Vital sin depender de los fondos de la seguridad social.

Finalmente, tras comprobar casos de solicitudes de IMV resueltas favorablemente, a las que se ha descontado de la cuantía de la prestación de IMV en 2020 las prestaciones de desempleo percibidas durante varios meses en 2019, lo cual ha motivado la presentación de la correspondiente demanda al juzgado de lo social, solicitamos la apertura de una investigación y la rectificación de dicha gestión devolviendo la parte detraída de la prestación del IMV a las personas que hayan sufrido dicha reducción.

Esperamos que nuestras propuestas sean atendidas y expresamos nuestra disposición a dialogar con el gobierno de España para mejorar la Ley del Ingreso Mínimo Vital en base a la experiencia acumulada con la implementación de otras prestaciones similares.

22 de diciembre de 2020

Primeras entidades firmantes:
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones-COESPE, Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, Afectats BB Serveis, Agrupació TAXI Company, Aigua es Vida, Alianza contra la Pobreza Energética, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, Asociación por la remunicipalización de los Servicios Públicos, Amigos del deporte el ocio y la cultura del Prat de Llobregat, ASSEMBLEA GROGA, ATTAC España, ATTAC Acordem, CICLO, COBAS, Colectivo Ronda, Colectivo sin vivienda de Terrassa, Confederació Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, Coordinadora Residencias 5+1, CUT de Aragón, Dones abolicionistes, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona-FAVB, FSOC Canarias, Intersindical Alternativa de Cataluña, Intersindical Valenciana, LINEAS ROJAS, Marea Blanca Gaditana, Marea Blanca Rioja, Marea la Colomense, Marea de Mareas, Marea Pensionista de Cataluña, Marxa Dignitat Catalunya, Moviment de les Pensions Dignes de Terrassa (MPD), Movimiento de Resistencia Vecinal, NO+PRECARIETAT, Pastoral Obrera de Cataluña, Plataforma Afectados por la Crisis Badalona-PAC, Plataformas de Afectados por las Hipotecas catalanas-PAHs, Plataforma SAD Cataluña, PRESSENZA-Agencia noticias Internacional, RidersxDerechos, Sindicato Las Kellys Cataluña.


Si desea suscribir esta carta al gobierno de España puedes enviar el nombre de la entidad, colectivo social o bien a título personal indicando su nombre, apellidos y profesión o actividad social al email:
carta.imv@gmail.com

 

 

 

BAT ETORRI abre una ronda de contactos con los partidos políticos de la Cámara Vasca.

A través de la asociación Tologorri de Gasteiz, en representación del grupo de Jubilados y Pensionistas BAT ETORRI estámos presentando nuestras demandas a los partidos políticos de la Cámara Vasca.

El pasado día 17 de Diciembre el encuentro fue con Jon Aiartza por parte del PNV.El 23 de Diciembre dicha representación de pensionistas se entrevisto con Jon Hernández de Elkarrekin-Podemos,el cual hizo suyas las reivindicaciones de BAT ETORRI.

Queremos recordar los cinco puntos, que de forma unitaria defiende BAT-ETORRI Consenso, son:

La defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y con el modelo de reparto; Mantenimiento por Ley del poder adquisitivo de las pensiones; pensiones mínimas de 1.080 euros, derogación del factor de sostenibilidad y medidas que pongan fin a la brecha de las pensiones en razón del género.

Las próximas semanas seguiremos la ronda con los demás grupos politicos.

El RESURGIR DEL PASADO EN ESPAÑA.Y el Documental censurado de 1980 ROCIO

Un libro a favor de una buena memoria histórica, sensible y plural.
Durante mucho tiempo la Transición española se consideró
modélica. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto
ampliamente cuestionada, al tiempo que cobraba fuerza la demanda
de justicia y verdad sobre las atrocidades cometidas por los
franquistas en la guerra y la posguerra.

El relato asentado durante la transición invitaba a dejar el pasado de
lado como único modo posible de transitar pacíficamente hacia la
democracia y se sustentaba en la idea de que todos habían sido
igualmente culpables de la barbarie desatada en la contienda. Este
pilar fundamental de la transición comienza a agrietarse a medida
que las exhumaciones de fusilados republicanos perturban el olvido
en el que habían caído las víctimas del franquismo y las confesiones
de los verdugos refieren verdades incómodas sobre el pasado. Este
excelente ensayo, claro y sintético, analiza cómo ha tenido lugar
esta transformación.

«Un tema de interés candente y dos autoras de credenciales
impecables. Un libro escrito con esmero y basado en un
impresionante conocimiento de la enorme bibliografía existente
sobre el tema». —Paul Preston

«Un análisis sorprendentemente original, de la mano de dos
destacadas especialistas, del problema de las atrocidades, la
memoria y la responsabilidad en el caso español, único tanto por la
amplitud de su perspectiva comparada como por la profundidad de
su mirada sobre los asuntos nacionales». —Stanley G. Payne

PARA VISUALIZAR AQUÍ:

El resurgir del pasado en España – Paloma Aguilar Fernandez

ROCIO(documental)

Rocío es una película documental española dirigida por Fernando Ruiz Vergara y estrenada en 1980. Fue la primera película secuestrada judicialmente en España tras la aprobación de la Constitución de 1978 y la desaparición de los mecanismos del franquismo para la censura previa del cine. También fue el primer documental realizado en España sobre la represión ejercida por el bando franquista durante la Guerra Civil Española.

El documental aborda el fenómeno de la romería de El Rocío, analizándolo desde diversas perspectivas, históricas y antropológicas: la veracidad de la aparición mariana, el clasismo de las hermandades rocieras, la relación de miembros de hermandades rocieras con la represión ejercida por partidarios de los sublevados en Almonte en los primeros meses de la Guerra Civil… Según la sinopsis de la película, se trata de «una romería de la Baja Andalucía, en donde viven miles de trabajadores sin tierras y generalmente sin trabajo, con todo el folclore y falsos mitos que ha creado la Andalucía oficial entremezclada con ésa y otra que estamos tratando de desenterrar día a día».

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EL SILENCIO DE LOS OTROS

INCIATIVAS EUROPEAS POR EL CLIMA.Petición ante el Bundestag.

El Bundestag debería decidir convocar un consejo ciudadano a nivel nacional sobre política climática. Este debe ser representativo e independiente y asesorar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué medidas debería tomar Alemania para 2035, teniendo en cuenta la justicia social, para contribuir al cumplimiento de los objetivos climáticos de París? El Bundestag debería comprometerse a tener en cuenta las propuestas del Consejo de Ciudadanos en su legislación.

Razón

Un consejo ciudadano reúne a personas con experiencias y perspectivas de vida muy diferentes, les da la oportunidad de obtener información completa y trabajar juntos en propuestas de soluciones para la política. Los consejos de ciudadanos pueden fortalecer nuestra democracia y, al mismo tiempo, iniciar una política climática justa y basada en hechos que sea apoyada por la población en general.

¿Cómo funciona un consejo ciudadano?

Un grupo de alrededor de 100-150 personas seleccionadas al azar que reflejan la diversidad de nuestra sociedad se reúne durante varios fines de semana para desarrollar recomendaciones de acción sobre un tema específico. Será asesorado por expertos reconocidos e independientes y, con la ayuda de moderadores, discutirá las ventajas y desventajas de los diferentes enfoques. Un consejo ciudadano trabaja de forma transparente e independiente.

¿Por qué un Consejo Ciudadano de Política Climática?

Durante años, el gobierno federal no ha podido abordar adecuadamente la crisis ambiental y climática. El paquete climático adoptado en 2019 es un primer paso en la dirección correcta, pero no conducirá a los principales cambios sociales que la ciencia cree que son necesarios para lograr los objetivos climáticos vinculantes de París y limitar el calentamiento global a 1,5 ° C. Aquí es donde entra en juego el Consejo Ciudadano: puede ayudar a encontrar una respuesta socialmente justa a la crisis climática que tenga en cuenta el conocimiento científico y, al mismo tiempo, implique activamente a los ciudadanos en la búsqueda de soluciones.

Cuando se trata de la protección del clima, las cuestiones ecológicas candentes se encuentran con los intereses económicos y los conflictos sociales. Para muchas personas, los cambios sociales están plagados de preocupaciones; por ejemplo en relación con su trabajo o su estilo de vida. Por lo tanto, los políticos se arriesgan cuando hacen campaña a favor de una política climática ambiciosa: si bien los efectos negativos del calentamiento global solo aparecerán por completo en las próximas décadas, las próximas elecciones son en unos pocos años. Los representantes de las personas que ahora quieren implementar medidas ambiciosas en interés de los jóvenes y las generaciones futuras pueden atraer fácilmente el descontento de muchos votantes. Un consejo ciudadano puede otorgar a los políticos un mandato para medidas orientadas al futuro.

Un consejo ciudadano como oportunidad

Además del calentamiento global, la creciente desigualdad social y la caída de la confianza en las instituciones democráticas son motivo de preocupación en Alemania. Por lo tanto, la política climática puede y debe ser una ocasión para considerar qué es importante para nosotros como sociedad y qué visiones tenemos para nuestro futuro común. Utilicemos la crisis climática como una oportunidad para crear un futuro diferente y más justo. Con un consejo ciudadano de política climática. Y tomadores de decisiones políticas que se comprometan a tomar en serio las recomendaciones de acción de los ciudadanos.

 

 

ARGITASUNA. Nuevo colectivo para luchar contra la desigualdad

En la actual situación de crisis múltiples, donde a las desigualdades sociales, económicas y políticas que no dejan de crecer hay que añadir las carencias e insuficiencias dotacionales de los servicios públicos, así como la caída de la actividad económica y la bajada de la recaudación fiscal, se constata el riesgo de cronificarse la pérdida de bienestar.

La privatización siempre ha tenido lo público en el punto de mira, pero hoy día es en la protección social donde coge impulso el modelo privatizador, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Más en concreto, el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad  Social y su modelo de reparto va a ser complementado, de momento de forma parcial, por las pensiones privadas (en Euskadi EPSV) con la correspondiente, por supuesto, mejora de sus beneficios fiscales. No lo podemos permitir.

Todo esto lleva a impulsar el Colectivo Argitasuna con la idea de hacer visible las diferentes problemáticas y de construir de forma colectiva una nueva realidad. No queremos una mano de pintura a lo existente. Necesitamos promover el bien común, la justicia social, la equidad en el reparto de la riqueza, una reforma fiscal percibida como justa. En definitiva, un modelo social alternativo que rescate los derechos del conjunto de la ciudadanía.

El manifiesto adjunto recoge el ideario Argitasuna y está dirigido a todo tipo de asociaciones: feministas, ecologistas, pensionistas, culturales, juveniles, deportivas incluso. Va dirigido también a las organizaciones sindicales, así como a los partidos políticos que desde las instituciones gestionan los intereses del conjunto de la sociedad.

Quienes a nivel personal o asociativo se identifiquen con el contenido del citado manifiesto y deseen participar en su desarrollo, rogamos que lo comuniquen, a través del siguiente correo electrónico: colectivoargitasuna@gmail.com

 

La crisis económica del 2008 y su deplorable gestión, a base de recortes, austeridad, reformas laborales, de pensiones y de género, se tradujo en menos protección, más precariedad, más pobreza, más desigualdad social. Hace tres años, los indicadores macroeconómicos señalaban el final de la crisis. Para el 66% de la población vasca la percepción era bien distinta, no había acabado. Es más, desde el 2013 alrededor de una cuarta parte de la sociedad no puede ni ir al dentista y tiene que ajustarse en la alimentación. En cuanto a la pobreza infantil, el Deusto Barómetro Social recogía que más de un 31% ha renunciado a las actividades de ocio. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de abril, el paro juvenil ronda el 22% en la CAV. Además, las mejoras salariales se concentran en el nivel superior, mientras que en el inferior empeoran.

Se instala y cronifica la precariedad. Corremos el riesgo de dar carta de naturaleza a una “sociedad indecente” en la que se viva con normalidad la persistente desigualdad, donde para consolidar la situación se recurra a normas que disciplinen a la población en la pobreza.

En este contexto aparece la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, con efectos demoledores en el plano económico y social. La pandemia intensifica la precariedad y la desigualdad. La devastación será extensa e intensa. Estimaciones oficiales señalan que la recaudación fiscal caerá este año alrededor del 20% (2.000 millones menos de ingresos en la CAV). El reto es con la salud pública, sostenibilidad económica, ambiental y rescate social. En definitiva, se necesitan cambios profundos, sociales, culturales e impositivos.

Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Combatir la desigualdad pasa por una reforma fiscal profunda, que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales. Que aporte de manera continuada los recursos que la sociedad necesite y que sea percibida como justa y progresiva. La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude (evasión fiscal) y desgravaciones (elusión fiscal). Además de pagar, hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos, elitistas. Son ejemplos evidentes de inequidad fiscal.

 No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que tenga beneficios fiscales.

Gobierno Vasco y Diputaciones favorecen con desgravaciones fiscales de la base imponible de la declaración de la renta (hoy hasta 5.000 euros) a contribuyentes con capacidad de ahorro a largo plazo, para complementar la pensión pública próxima o futura. De esta forma se transfieren recursos públicos a segmentos sociales y laborales razonablemente bien situados, convirtiendo al resto de la población en meros donantes de beneficios fiscales. La crisis sanitaria ha retrasado la propuesta fiscal más generosa que la Administración tiene prevista para intentar extender el aseguramiento social privado más allá de las rentas medias/altas.

El Viceconsejero de Economía del Gobierno Vasco, instaba en julio a redoblar esfuerzos para impulsar las EPSV de empleo. No hubo respuesta sindical ni de partidos, no hubo el rechazo frontal que cabía esperar ante este intento de privatizar las pensiones públicas. ¿Y si mañana se instase a suscribir pólizas de aseguramiento sanitario privado, ya que son centros de iniciativa social, con el argumento de que se refuerza el derecho a elegir, posibilitando que se gestione en dos redes, como ocurre con la educación concertada? ¿Habría respuesta política, sindical, social, a ese intento de privatizar lo público, o sea, a pretender sostener con dinero público empresas privadas como ocurre con nuestra educación de modelo segregacionista?

En la CAV asistimos desde hace años, con el silencio cómplice de partidos y sindicatos, al fomento institucional de una fiscalidad “a la carta”, para que sectores concretos accedan a la jubilación con una pensión privada complementaria, financiada con recursos que se sustraen de cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. Es necesario rechazar los reiterados intentos de extender la privatización de los servicios públicos, en particular de las pensiones y de la sanidad, dos urgencias del momento actual, con una fiscalidad ventajosa que constituye una apropiación injusta de recursos colectivos. En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de interés social.

Es preciso recuperar la hegemonía de la política sobre la economía y la acción de las instituciones en las decisiones económicas y sociales que afectan a la colectividad. Necesitamos servicios públicos eficientes que posibiliten el desarrollo de las familias en igualdad, conciliando. Es imprescindible la progresividad fiscal frente a la actual regresividad. Deben dejar de existir situaciones tan preocupantes como estas:

– 25% de perceptores de la RGI son pensionistas, en su mayoría (dos de cada tres) mujeres

-Casi un 30% de mujeres trabajan con contrato a tiempo parcial, hombres sólo el 10%

– Las pensionistas vascas cobran de media 907 euros al mes, los hombres 1.568 euros

Organizar los recursos públicos con eficiencia y equidad, establecer prioridades compartidas y bien definidas, requiere acuerdos amplios que se debieran abordar en los próximos meses, en los presupuestos de la CAV y del Estado.

Quienes integramos el colectivo Argitasuna, impulsor de este documento, somos gente de procedencia obrera, trabajadores en activo y pensionistas. Venimos de diferentes ámbitos profesionales, tenemos características políticas e ideológicas diversas, pero nos mueve la voluntad común de clarificar, dar luz (argia) a la situación actual para contribuir a transformar esta realidad. Consideramos necesario que partidos y sindicatos se pronuncien sin dilación sobre las necesidades sanitarias y la fiscalidad que pedimos revertir. Solicitaremos encuentros con cada uno de ellos para exponer en detalle la razón de esta iniciativa.

Socializaremos este manifiesto con otras asociaciones, en particular las de pensionistas y los colectivos de la sanidad, para que contribuyan con su parecer, si así lo consideran. Animamos a que los trabajadores y trabajadoras en activo debatan sobre las EPSV y el modelo social que representan. Hacemos un llamamiento a los profesionales de la sanidad para que expongan con claridad y valentía las necesidades concretas e inaplazables en la situación actual. Este planteamiento vale para el conjunto del Estado, al compartir problemas similares, aunque su adaptación y gestión corresponde a colectivos que recojan el testigo en cada territorio.

 

 

 

ARGITASUNA-Errealitate  berri bat eraikitzeko argitasuna

2008ko krisi ekonomikoa eta horren kudeaketa tamalgarriak, murrizketa, austeritate, lan-erreforma eta pentsio eta genero-erreformen bidez, babes gutxiago, prekarietate gehiago, pobrezi handiagoa eta desberdintasun sozial nabarmenak ekarri zituen berekin. Duela hiru urte, adierazle makroekonomikoek krisiaren amaiera adierazten zuten. EAEko biztanleen % 66aren pertzepzioa ostera, kontrakoa zen. Are gehiago, 2013az geroztik, gizartearen laurden batek ezin du dentistarengana ere jo eta janaria murriztu behar izan du. Haurren pobreziari dagokionez, Deusto Barometro Sozialak % 31k baino gehiagok aisialdiko jarduerei uko egin ziela jasotzen zuen. Apirileko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, gazteen langabezia % 22 ingurukoa da EAEn. Gainera, soldata-hobekuntzak maila gorenean daude, behekoan okerrera egiten duten bitartean.

Prekarietatea ezarri eta kroniko bihurtzen da. Etengabeko berdintasun eza normaltasunez bizitzen duen “gizarte lotsagarri” bati izaera emateko arriskua dugu, non, egoera sendotzeko, herritarrak pobrezian diziplinatzen dituzten arauetaz baliatzen diren.

Testuinguru honetan Covid 19ak eragindako osasun-krisia agertzen da, ondorio suntsitzaileekin ikuspegi ekonomiko eta sozialean. Pandemiak prekarietatea eta desberdintasuna areagotzen ditu. Hondamena zabala eta bizia izango da. Kalkulu ofizialen arabera, aurton zerga-bilketa % 20 inguru jaitsiko da (EAEn 2.000 milioi gutxiagoko diru-sarrerakin). Erronkak, osasun publiko, iraunkortasun ekonomiko, ingurumen eta erreskate sozialean datza. Azken batean, aldaketa sakonak, sozialak, kulturalak eta inposatzaileak behar dira.

Errealitate berri bat eraiki behar da, begirada eraldatzaile baten bidez, herritarrei bizitza duina izateko beharrezko baliabideetarako sarbidea bermatzeko mekanismoak aktibatu eta proiektu partekatu bat gaitzen duena.

Desberdintasunari aurre egiteko, erreforma fiskal sakona egin behar da, egitura beharrei erantzuten duena eta ez soilik egoeraren araberako beharrei. Gizarteak behar dituen baliabideak etengabe ematea eta bidezkotzat eta progresibotzat hartzea. Erreformak, PFEZk ordaintzeko benetako gaitasuna zergapetu eta gure fiskalitatearen bidegabeko bi bide: iruzurra (zerga-ihesa) eta desgrabazioak (zerga-saihestea), iztetik hasi behar du. Pentsio-plan pribatuei, mutualitateei edo BGAEei pizgarri eta onura fiskalak kendu behar zaizkie, bidegabeak, atzerakoiak eta elitistak izateagaitik. Zerga-ekitate ezaren adibide nabarmenak dira.

Ez gaude aurrezki pribatuaren aurka, baina bai onura fiskalak izatearen kontra.

Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek errenta-aitorpenean zerga-oinarriaren desgrabazioekin (gaur egun 5.000 euro arte), hurbileko edo etorkizuneko pentsio publikoa osatzeko, epe luzera aurrezteko gaitasuna duten zergadunei laguntzen diete. Horrela, baliabide publikoak nahiko ondo kokatutako gizarte eta lansegmentuetara transferitzen dira, eta gainerako biztanleak zerga-onuren emaile huts bihurtzen dira. Osasunkrisiak, Administrazioak gizarte-aseguramendu pribatua errenta ertain/altuetatik haratago zabaltzen saiatzeko aurreikusita duen zerga-proposamen oparoena atzeratu egin du.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako sailburuordeak, uztailean, enpleguko BGAEak bultzatzeko ahaleginak areagotzeko eskatu zuen. Ez zen sindikatuen edo alderdien erantzunik izan, ez zen espero zitekeen erabateko arbuiorik izan pentsio publikoak pribatizatzeko ahalegin horren aurrean. Eta bihar, gizarteekimeneko zentroak izanik, osasun-aseguramendu pribatuko polizak sinatzeko eskatuko balitz, aukeratzeko eskubidea indartzen dela argudiatuz, kudeaketa bi saretan ahalbidetuz, itunpeko hezkuntzarekin gertatzen den bezala? Arlo publikoa pribatizatzeko saiakera horri, hau da, diru publikoarekin enpresa pribatuak sostengatu nahi izateari, erantzun politiko, sindikal edo sozialik emango litzaioke, eredu segregazionistako gure hezkuntzarekin gertatzen den bezala?

EAEn, urteak dira, alderdi eta sindikatuen isiltasun konplizearekin, erakundeek sustatutako “Nahierazko” fiskalitate baten lekuko garela, gizarte osoaren beharrak betetzetik kanpo geratzen diren baliabideekin finantzatuta, sektore jakin batzuek pentsio pribatu osagarri batekin erretiroa har dezaten. Beharrezkoa da, baliabide kolektiboez bidegabe jabetzea dakarren zerga-sistema abantailatsu batekin, zerbitzu publikoen pribatizazioa zabaltzeko behin eta berriz egindako ahaleginei, bereziki pentsioen eta osasunaren pribatizazioari, uko egitea. Pentsioetan, belaunaldien arteko banaketa-sisteman inplizituki dagoen birbanaketa-ahalmena dago jokoan. Hori, iraunkorra eta arreta sozialekoa den gure pentsio-sistemaren elkartasun-eredua hausten duen, eta itzulera guztiz indibiduala den kapitalizazio-sistema batean, ezinezkoa da.

Kolektibitateari eragiten dioten erabaki ekonomiko eta sozialetan, erakundeen ekintza eta politikak ekonomiaren gain duen nagusitasuna berreskuratzea beharrezkoa da.

Bateragarritasuna sustatuz, familiak berdintasunean garatzea ahalbidetzen dituzten zerbitzu publiko eraginkorrak behar ditugu. Ezinbestekoa da zerga-progresibitatea egungo erregresibotasunaren aurrean. Jarraian aurkeztutako egoera kezkagarri hauek desagertu behar dira:

– DBE jasotzen dutenen % 25 pentsiodunak dira, gehienak (hirutik bi) emakumeak

– Emakumeen ia % 30ek lanaldi partzialeko kontratuarekin lan egiten dute, gizonek soilik % 10

– Emakume pentsiodunek bataz beste 907 euro kobratzen dituzte hilean, gizonek aldiz, 1.568

Baliabide publikoak eraginkortasunez eta ekitatez antolatzeko, lehentasun partekatuak eta ongi definituak ezartzeko, datozen hilabeteetan EAEko eta Estatuko aurrekontuetan landu beharko liratekeen akordio zabalak behar dira.

Dokumentu honen bultzatzaile den Argitasuna kolektiboa osatzen dugunok, langile jatorriko jendea, jardunean gauden langileak eta pentsiodunak gara. Hainbat lanbide-eremutatik gatoz, ezaugarri politiko eta ideologiko desberdinak ditugu, baina egungo egoera argitzeko eta errealitate hori eraldatzen laguntzeko amankomuneko borondateak mugitzen gaitu. Gure ustez, beharrezkoa da alderdi eta sindikatuek lehenbailehen osasun-premiei eta lehengoratu nahi dugun fiskalitateari buruz iritzia ematea. Ekimen honen arrazoia zehatz-mehatz azaltzeko, horietako bakoitzarekin topaketak egitea eskatuko dugu.

Manifestu hau beste elkarte batzuekin sozializatuko dugu, bereziki pentsiodunekin eta osasun-arloko kolektiboekin, halan uste badute, beren iritziarekin lagun dezaten. Lanean ari diren langileak BGAEei eta horiek ordezkatzen duten gizarte-ereduari buruz eztabaidatzera animatzen ditugu. Osasun-arloko profesionalei dei egiten diegu argi eta ausardiaz azal ditzaten egungo egoeraren premia atzeraezin zehatzak. Antzeko arazoak partekatzean, planteamendu honek Estatu osorako balio du, nahiz eta egokitze eta kudeatze lanak lurralde bakoitzean lekukoa hartzen duten kolektiboei dagokien.

Argitasuna kolektiboa

 

 

BONOS DESCUENTO,BUENA INICIATIVA,MAL MÉTODO

El comercio de proximidad, la hostelería, las actividades deportivas y culturales, son sectores
económicos y sociales gravemente afectados por las medidas de confinamiento aplicadas para
evitar la propagación de la epidemia Covid-19. Entre las decisiones adoptadas por el Gobierno
Vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao para paliar las negativas consecuencias
de las restricciones al uso público de esos servicios figuran los bonos descuento.


Siendo una iniciativa positiva, la forma de promover, de administrar y de adquirir los bonos, ha
resultado inadecuada, beneficiando a los sectores de población con mayor poder adquisitivo,
en detrimento de los colectivos sociales más desfavorecidos a nivel económico. Cada paso de
ese procedimiento ha obstaculizado la igualdad de oportunidades, así como el tratamiento
equitativo, que debe prevalecer en las actuaciones de las instituciones públicas. Ni siquiera se
ha tenido en cuenta la brecha digital, que segrega a las rentas familiares bajas.


A mayor nivel de renta, el acceso a la información es más rápido, se dispone de mejores
medios para realizar cualquier gestión y resulta determinante el poder adquisitivo. Tras las
emisiones lanzadas por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, de los 100.000 Bono
Denda promovidos por la Diputación de Bizkaia, la parte correspondiente a Bilbao se agotó en
12 horas, el resto en menos de dos días. Cabe suponer que los bonos han sido adquiridos y
acumulados por quienes tienen todas las ventajas a su favor. Bastaría cruzar los datos de los
tres organismos para obtener resultados concluyentes.


En lugar de limitarse a organizar una competición en condiciones desiguales, las instituciones
deben beneficiar tanto a la economía local y al comercio de proximidad como a los colectivos
más vulnerables y amenazados por la exclusión social. Financiar con dinero público el 50% del
importe de las angulas y del besugo de quienes tienen medios suficientes para pagarlo íntegro,
no fomenta el consumo responsable y sobre todo vulnera el principio de equidad, favorable
siempre a los más débiles. Se podía actuar de otra manera, distribuyendo vales de consumo a
través de los servicios sociales o entre las personas perceptoras de la RGI.


Las buenas ideas fracasan si carecen de perspectiva global y de sensibilidad suficiente para que
contribuyan a la cohesión social.


Bilbao, 12 de diciembre de 2020

PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ISLA DE SANTA CLARA.

Las obras del faro de la isla de Santa Clara están a punto de finalizar y se espera que la obra de Cristina Iglesias quede abierta al público a partir de la primavera de 2021. Desde que seanunció el proyecto hemos sido muchas las asociaciones, agentes y particulares que hemos mostrado dudas sobre las consecuencias que dicho proyecto podría acarrear. Tal y como se ha señalado en más de una ocasión, esta iniciativa, tendrá repercusiones en el medio ambiente, en el patrimonio, en las finanzas públicas, en el proceso de turistificación de la ciudad y en la privatización del espacio urbano. Sin embargo, haciendo oídos sordos a las sugerencias de mejora realizadas por diversos colectivos, el Gobierno municipal de Donostia ha defendido con vehemencia la ejecución integral del proyecto. La hoja de ruta marcada al principio no ha variado ni un ápice tras el estallido de la crisis sanitaria y económica que actualmente vivimos como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Es más, el Gobierno municipal de Donostia aprobó el 3 de noviembre de 2020 la segunda modificación del contrato de obras del faro de Santa Clara, acordando encarecer un 11% el coste de las mismas, precisamente en un contexto de crisis que no ha hecho más que acrecentar las necesidades sociales.

Preocupados por los efectos colaterales que la intervención artística que se está llevando a cabo en el faro de Santa Clara pueda generar en la isla y en la ciudad en general, las asociaciones y agentes firmantes del presente escrito queremos compartir la siguiente reflexión:

La isla de Santa Clara es un elemento vertebrador que articula la identidad colectiva de Donostia. No obstante, esta joya de extraordinario valor natural es tan rica como frágil. En consecuencia, el aumento de la presión antrópica que soporta la zona puede resultar totalmente perniciosa para su subsistencia. Nuestra preocupación se fundamenta en gran medida, en el potencial devastador que un previsible incremento de visitantes podría ocasionar en la isla.

Aunque entre los firmantes cada uno tiene su opinión y su posición sobre la remodelación del faro, no pretendemos poner en tela de juicio el valor artístico de este proyecto. Sin embargo, consideramos que, si el proyecto no se lleva a cabo junto con medidas para proteger y garantizar los valores del espacio y su entorno, causará daños irreparables. De hecho, tenemos presente lo que está sucediendo en Gaztelugatxe, que desde su aparición en la serie “juego de Tronos” se ha convertido en mero escaparate turístico. Este ejemplo cercano nos muestra que la proliferación desmesurada de visitantes puede provocar una progresiva pérdida de valores naturales, así como de rasgos paisajísticos característicos.

En Donostia, todavía estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para evitar impactos sociales y medioambientales irreparables. Para ello es imprescindible prever, analizar y gestionar los posibles efectos del proyecto. Somos conscientes de que los impulsores de la iniciativa comparten también muchas de estas preocupaciones, habiendo puesto en marcha un equipo técnico de trabajo para la definición de las bases para la gestión de la isla.

Ante este escenario, consideramos fundamental para la protección eficaz del espacio la elaboración de un plan de uso y gestión de la isla que regule las actividades que se puedan desarrollar, así como sus características. Del mismo modo, se solicita que el plan respete las siguientes condiciones mínimas:

 

  1. El desarrollo del punto aprobado por el Pleno de Donostia el 23 de julio de 2020 en la moción sobre el aforo de la isla de Santa Clara. Es decir, que, elaborando un plan específico de aforo, se fijen los transportes de acceso a Santa Clara y el número máximo de personas que pueden entrar en la isla según los criterios más limitativos. En concreto, este es el punto aprobado por el pleno:
    “Donostiako Udalbatzak hertsatuki eskatzen dio Udal Gobernuari osatu eta jarri dezala herritarren eskura Santa Klara uharteko edukierari buruzko berariazko plan bat. Plan honek, halaber, COVID-19 birusaren testuinguruaz haragoko beharrei erantzun beharko die eta besteak beste bisitari kopuruak ingurumenean izan ditzakeen eraginak aintzat hartu beharko ditu.”
  2. Que la temporada de apertura al público y periodo de visitas a la isla, siga siendo de 4 meses al año, tal y como se estipula actualmente, de acuerdo al bando municipal de 2003 correspondiente a la isla.
  3. Que, asumiendo el nuevo rol del faro como principal elemento de atracción de la isla, este sólo se abra 4 días a la semana para los visitantes, y siempre con respecto a la temporada de apertura de la propia isla. Con ello se garantizaría el mantenimiento de la función de espacio de ocio y esparcimiento que actualmente cumple la isla, aunque sea durante 3 días a la semana.
  4. Que las actividades permitidas sean de carácter público y orientadas al beneficio de las y los Donostiarras (promoviendo especialmente aquellas que tengan un interés pedagógico relacionado con la educación ambiental), rechazando a su vez, aquellas destinadas a incidir en el marketing urbano y el crecimiento turístico.
  5. Encomendar la gestión del faro y el control de los accesos a un organismo público (Fundación Cristina Enea), obviando todo interés subordinado a las lógicas monetaristas.
  6. La renuncia a la construcción de nuevas infraestructuras adicionales en la isla de Santa Clara.

 

Por tanto, la intervención en el faro de Santa Clara puede ser una oportunidad única para plantear un proyecto abierto y participativo, surgido del consenso entre el ayuntamiento, técnicos y expertos, y los agentes sociales, que sirva, además, como muestra del compromiso de Donostia con la sostenibilidad. La isla de Santa Clara no puede entenderse como un recurso turístico estratégico, sino como un biotopo protegido que hay que preservar para las generaciones futuras. Por ello, las asociaciones y agentes firmantes de este escrito, instamos directamente tanto al Gobierno municipal como al equipo técnico que trabaja en el proyecto artístico del faro de Santa Clara a que activen todos los recursos disponibles para garantizar la protección de la isla, haciendo suyas las propuestas aquí expuestas.

·#NosQuedamos! #EzGoazAuzotik!

En el número 22 de la calle Egia de Donostia, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) mantiene un pulso con las vecinas de cuatro viviendas. Esta entidad y una de sus principales gestoras, Haya Reale Estate, se niegan a renovar los contratos de alquiler que afectan a 12 vecinas y amenazan con impulsar procesos de desahucio a medida que se extingan los contratos actuales. La gestora ni siquiera ha querido dialogar para abrir una negociación y, en estos momentos, una vecina de 82 años de edad se encuentra ya en situación irregular, pagando el alquiler a pesar de haber vencido su contrato (en tácita reconducción), y sin saber cuándo recibirá la carta con la fecha del desahucio.

Queremos dejar bien claro que la Sareb fue creada por el Estado español y el Consejo Europeo en 2012 para comprar los llamados “activos tóxicos” (bienes sobrevalorados en la contabilidad bancaria) a fin de salvar el sistema financiero. Cuando estalló la burbuja en 2008 y bajaron los precios, se constató que si los bancos contabilizaban esos activos tóxicos por su valor real de mercado iban a declararse en quiebra y, que en su caída, podían arrastrar con ellos a toda la economía española y poner en riesgo también a los bancos europeos. Por eso se creó Sareb, constituida con un capital de 4.800 millones de euros: el 55% de origen privado y el otro 45% de origen público; una entidad que tiene supuestamente una finalidad pública pero que es gestionada por entidades privadas que cobran importantes comisiones y se lucran por dar este servicio. La entidad recibió además un préstamo de más de 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, un dinero que el Estado español debe devolver aunque la venta de todos esos activos tóxicos adquiridos por Sareb no logre recaudar esa cantidad.

Por otro lado, denunciamos que Haya Real Estate, perteneciente al fondo buitre Cerberus Capital Management L.P., ha recibido comisiones millonarias para encargarse de los bienes inmobiliarios de Sareb, es decir, para organizar la venta de infinidad de viviendas a precios de saldo principalmente a inversores y fondos buitres. Entre esos bienes están las cuatro viviendas afectadas en Egia 22, y Sareb es propietaria además de otros dos pisos y de un local comercial de 300 m2 en el mismo edificio, todos ellos actualmente vacíos esperando el momento propicio para su venta.

 Ante esta situación, desde Donostialdeko Maizterren Sindikatua y la asociación de vecinxs Egia Bizirik hacemos un llamamiento a todas las vecinas de Donostia, y a las de Egia en particular, para que se sumen a las movilizaciones de apoyo y en defensa de las inquilinas de Egia 22, y para mostrar nuestra repulsa ante las actuaciones de estas entidades financieras y rechazar su presencia en nuestros barrios. Reclamamos a Sareb que renueve los contratos de alquiler de las personas afectadas en las mismas condiciones que han tenido hasta ahora, y exigimos al Ayuntamiento de Donostia que se ponga en contacto con Sareb para que los dos pisos y el local comercial que están vacíos pasen a propiedad municipal y se destinen a viviendas de alquiler social y equipamiento público. Reivindicamos que las viviendas que han sido “rescatadas” con fondos públicos se pongan al servicio de las necesidades populares como un primer paso hacia la desmercantilización de la vivienda y de nuestras ciudades.

Convocamos, por tanto, a las vecinas de Egia y de Donostia a la asamblea informativa y rueda de prensa que se realizará el sábado 12 de diciembre, a las 12 del mediodía, en Plaza Haundi de Egia.

Porque nuestros barrios y nuestras vidas no están en venta

Porque sabemos que juntas lo podemos todo

NosQuedamos!

 

 

Donostiako Egia kaleko 22. zenbakian, Sarebek (Banku Berregituraketatik datozen Aktiboak Kudeatzeko Sozietatea) pultsu bat du lau etxebizitzetako bizilagunekin. Erakunde horrek eta bere kudeatzaile nagusietako batek, Haya Reale Estate, ez dituzte alokairukontratuak berritu nahi. Izan ere, 12 auzokideri eragiten diete alokairukontratu horiek, eta gaur egungo kontratuak amaitu ahala, maizterrak botatzeko prozesuak bultzatzeko mehatxua egiten dute. Kudeatzaileak ez du elkarrizketarik egin nahi izan negoziazioa irekitzeko eta, une honetan, 82 urteko emakume bat egoera irregularrean dago, alokairua ordaintzen ari da kontratua amaitu arren, eta ez daki noiz jasoko duen gutuna etxetik botatzeko datarekin.

Argi utzi nahi dugu Sareb Espainiako Estatuak eta Europako Kontseiluak sortu zutela 2012an, “aktibo toxikoak” (banku-kontabilitatean gainbalioetsitako ondasunak) erosteko, hau da, finantza-sistema salbatzeko. 2008an burbuila lehertu eta prezioak jaitsi zirenean, ikusi zen bankuek aktibo toxiko horiek beren merkatuko benetako balioagatik kontabilizatzen bazituzten porrotean deklaratuko zirela eta, erortzean, Espainiako ekonomia guztia haiekin arrastaka eraman, eta, Europako bankuak ere arriskuan jar zitzaketela. Horregatik sortu zen Sareb, 4.800 milioi euroko kapitalarekin: %55 jatorri pribatukoak eta %45 jatorri publikokoak. Erakunde horrek, ustez, helburu publiko bat du, baina komisio handiak kobratzen dituzten eta zerbitzu hau emateagatik dirua irabazten duten erakunde pribatuek kudeatzen dute. Gainera, Europako Batasunak 50.000 milioi euro baino gehiagoko mailegua zion entitateari. Diru hori Espainiako estatuak itzuli behar du, nahiz eta Sarebek erositako aktibo toxiko horien salmentek kopuru hori biltzea ez lortu.

Bestetik, salatzen dugu Haya Real Estatek, Cerberus Capital Management L.P. buitre-funtsekoak, milioi askoko komisioak jaso dituela Sareben ondasun higiezinez arduratzeko, hau da, hainbat etxebizitza saldoprezioan saltzeko, batez ere, inbertitzaileei eta funts-putreei. Ondasun horien artean daude Egia 22ko lau etxebizitzak, eta eraikin berean dauden beste bi pisu eta 300 m2-ko merkataritza-lokal bat. Gaur egun hutsik daude, saltzeko une egokiaren zain.

Egoera horren aurrean, Donostialdeko Maizterren Sindikatua eta Egia Bizirik auzo-elkarteak dei egiten diegu Donostiako eta, bereziki, Egiako herritar guztiei, Egia 22ko maizterrak babesteko eta defendatzeko mobilizazioekin bat egin, eta, finantza-erakunde horien jarduerari aurre egitera. Sarebi exijitzen diogu kaltetutako pertsonen alokairukontratuak orain arteko baldintza beretan berritu ditzala. Bestetik,Donostiako Udalari dei egiten diogu Sarebekin harremanetan jartzera, hutsik dauden bi pisuak eta lokala Udalaren jabetzara pasa daitezen, eta, etxebizitzak alokairu sozialeko parkera eta lokala kudeaketa
komunitarioko ekipamendu publikoa izatera pasatzea aldarrikatzen dugu. Horrenbestez, funts publikoekin “erreskatatu” diren etxebizitzak herribeharren zerbitzura jartzea exijitzen dugu, etxebizitza eta hiriak merkantilizatzeari uzteko lehen urrats gisa.

Horrela, eta lehen urrats hau elkarrekin ematen hasteko, dei egiten diegu Egia eta Donostiako herritarrei abenduaren 12an, larunbata, eguerdiko 12etan, Egiako Plaza Haundi-n egingo den informaziobatzarrean eta prentsaurreko jendetsuan parte hartzera.

Gure auzoak eta gure bizitzak ez daudelako salgai
Badakigulako elkarrekin edozer dugula posible

EzGoazAuzotik!

 

Reclutamiento de jovenes en redes sociales.¡ALERTA sobre IM Mastery Academy!

En diversos colegios ,están previniendo al alumnado y sus familias, de la existencia de una red de captación de jóvenes a nivel mundial (muchos menores de edad) que desde hace meses están actúan en alguna comunidades autónomas y que se presentan como una Plataforma de Formación.

La forma de captación, la plataforma network marketing, es a través de la presencia en las redes sociales (especialmente Instagram) donde aparece un alto nivel de vida de jóvenes sin títulos o estudios académicos. El captador utiliza el gancho de llevar al nuevo cliente a un evento para que quede impresionado por el ambiente y el lugar donde se reúnen, de ahí la importancia de que asistan.

¿Por qué les atrae tanto a los jóvenes? Te hablan de lo “poderoso” que eres si te esfuerzas y que existe un mundo de la finanzas que ellos conocen bien, que ha estado oculto en la educación “tradicional”, “es hora de despertar” y de ser “emprendedor”. Puedes  ganar “mucho” dinero y eres dueño de tu tiempo y de tu trabajo, ¿hay algo más tentador?

Una vez captado y empiezas a pagar tu mensualidad, te conviertes en captador de otros y si consigues a tres personas más te sale “gratis”. A partir de ahí, si sumas a más gente empiezas a recibir dinero, por lo que vas a querer a toda costa que esto siga adelante.

 ¿Por qué es preocupante?:

*Una vez que empiezas desconfías de los demás, familia o profesores, que les adviertan del riesgo…Ellos han “visto el éxito “en otros.

*Desmotivación en sus estudios académicos. Su foco de atención está en otra cosa, como leer libros recomendados por la plataforma incluso en horario lectivo. Algunos alumnos ya han dejado de estudiar bachillerato persuadido por esta red.

*Se convierte en un tema abusivo, porque contactan permanentemente contigo para no perder el “alumno-cliente” que es el que sostiene la plataforma.

*Ciertamente conocen de primera mano a personas que están ganando dinero (aunque enriquecerse solo lo hace la plataforma) porque van subiendo puestos (niveles) según la cantidad de personas captadas para la organización que les recompensa con una pequeña parte. Ello hace que le otorguen veracidad al mensaje de que se “aprende trading”.

*Moralmente es preocupante porque les enseñan a ganar dinero a costa de conocidos o amigos, normalmente menores.

Ante esta situación ¿qué se han hecho desde los colegios?

-Se han dado charlas por parte de profesores de economía sobre la irregularidad de la formación que no tiene ningún tipo de certificación ni titulo. El negocio del trading es altamente tecnificado y entre el 80% y el 90% de los traders pierden el dinero propio y de los clientes-cualquier web especializada seria lo advierte por obligación legal-.Además,la formación que vende se puede encontrar gratuitamente en internet en otros portales en podcast o videos.

-Una licenciada en matemáticas y con máster en Big Data, que precisamente trabaja en una empresa tecnológica de mercados financieros, ha informado de la compleja y larga formación necesaria para llegar a ese mundo (universidades reconocidas, conocimientos de matemáticas, del mundo de la empresa, informática, etc.)

Se les ha advertido en clase de la prohibición de captar a otros.

Se ha comunicado todo ello a las familias.

-Por último, se ha hablado personalmente con aquellos alumnos que se han acercado a esta red.

Se ha recordado, que en cumplimiento del derecho de protección de los menores, en dichos Colegios está terminantemente prohibido la venta de cualquier tipo de bien o servicio por parte de otros alumnos o sus familias. Por tanto, se sancionara aplicando la normativa, como una falta grave, al alumno/a que pretenda captar a otro alumno/a del Centro Escolar.

Finalmente los Equipo Directivos de dichos Centros, lamentan que haya iniciativas de este tipo en la sociedad, aunque sean inevitables en un mundo que antepone el dinero y el éxito a los valores que como familia y colegio se queremos inculcar a nuestros hijos y alumnos. Nuestro interés compartido es formar a personas críticas, con una formación seria y reconocida para poder desarrollar nuestra vocación por el bien común en servicio de la sociedad.

No es solo una estafa piramidal, pues tiene muchísimos puntos de persuasión coercitiva idénticas a grupos sectarios.

Podemos observar:

– Dicotomía buenos/malos (somos los elegidos)
– Descrédito de toda persona e información que diga información critica o contradictoria a lo que dicen   los jefes.
– Todos hablan igual, como los jefes, con las mismas palabras, expresiones, entonación… (Prácticamente entras y te hacen ver que así conseguirás más clientes).
– Te dejan de lado o te hacen el vacio si decides no hacer algo de lo que te piden “voluntariamente”.

FAMILIAS AFECTADAS pueden dirigirse al siguiente correo:

redune.infoayuda@yahoo.es

 

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