Informe de posicionamiento ético y valorativo acerca de la posible despenalización y regulación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.

El 11 de noviembre de 2018, la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi (CSSCEE),emitió un informe de posicionamiento ético sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido (SMA), a petición expresa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, con relación a la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de Ley Orgánica sobre esta materia.


La presentación de una nueva proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia por, el Grupo Parlamentario Socialista, el pasado 31 de enero de 2020, así como el informe del pasado 6 de octubre del Comité de Bioética de España, contrario a la despenalización y regulación de la eutanasia, ha reavivado el debate sobre este aspecto concreto del final de la vida, y sobre el papel que las y los ciudadanos, las y los profesionales y las administraciones sanitarias deben jugar.


La CSSCEE ha considerado que forma parte de su quehacer reflexionar sobre este tema, deliberar acerca de las implicaciones éticas de la posible despenalización y regulación de la “muerte médicamente asistida” -que es la perspectiva en la que puede considerarse competente-, y elaborar este informe, esta vez “de oficio”, así como darlo a conocer. La cuestión principal desde la perspectiva ética es la siguiente:

¿La eutanasia y el suicidio médicamente asistido pueden ser, en determinadas situaciones y condiciones concretas, una profundización de los derechos de las personas en el alivio de su sufrimiento y en el logro de una buena muerte?
Para procurar una buena muerte se han dado muchos pasos tanto en el conocimiento científico y su aplicación, como en el soporte sociosanitario y en un marco legal apropiado. Sin embargo, ¿existen situaciones en que las prácticas existentes no son suficientes para evitar un sufrimiento intolerable para una persona? Y si existen, ¿debemos de facilitarle morir a través de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido?; ¿con que condiciones?; ¿en qué circunstancias?
Todos los miembros de la CSSCEE somos profesionales del sector salud y del de servicios sociales y representamos a distintos comités de ética, tanto del ámbito social como del sanitario. Es desde esta posición desde la que decidimos deliberar para elaborar este informe. Después de las personas afectadas directamente como solicitantes, somos las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios, los más directamente interpelados por la posible regulación, tanto por nuestro compromiso con las personas que desean morir, como por nuestra conciencia. Es el compromiso profesional con las personas y con la sociedad, el punto de partida que compartimos quienes componemos la CSSCEE, que como todo comité de ética es multiprofesional y acoge en su seno personas con diversos códigos morales; por ello, los contenidos y recomendaciones recogidas en este informe, han sido producto de utilizar la deliberación moral como procedimiento para llegar a acuerdos.

INFORME ETICO Y VALORATIVO-EUTANASIA 

Sindicatos y Pensiones Privadas de Empleo (EPSV).

El reciente cierre del año 2020 ha coincidido con la actualización de las 22 recomendaciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo y quedó confirmada el pasado día 19 de noviembre con la aprobación mayoritaria en el Congreso de los Diputados de Madrid.

Esta actualización es la tercera que se hace desde que nació el Pacto de Toledo en 1995. La primera y la segunda fueron en 2003 y 2011 respectivamente. El artículo que publicó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sr. Escrivá, con el sugerente título “El momento de refundar el Pacto de Toledo” el pasado 19 de julio supuso el pistoletazo de salida para pisar el acelerador del consenso político en el mencionado pacto.

La profusión de artículos, pronunciamientos y estudios que aparecieron al final del verano y entrado el otoño ya acreditaba que no era un “globo sonda” y que esta vez, la cosa iba en serio. De entre estas recomendaciones, la que me parece que tiene más carga destructora del Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social (Modelo de reparto) es la número 16, la cual recoge “que aunque la apuesta central es por el Sistema Público de Pensiones, el Pacto de Toledo reafirma de nuevo su apuesta por impulsar la implantación efectiva de los planes complementarios de pensiones privadas individuales de “empresa” (los pactan las empresas, sectores y sindicatos en convenio colectivo). Considera igualmente que deberá dotarse a estas entidades gestoras de los planes de empleo “de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad”.

En definitiva, nos encontramos con que se llega al consenso político para poner toda la capacidad normativa de la Seguridad Social al servicio de la promoción del Modelo de capitalización y socavar, quizás de forma irreversible, la caracterización de nuestro Sistema Público de Pensiones como modelo de reparto.

La fiscalidad ventajosa puesta a disposición de este fin supone una apropiación indebida e injusta de recursos públicos, y que hace que me pregunte ¿qué recorrido tendría esta propuesta sin ese beneficio fiscal? En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de claro contenido e interés social.

El momento de normativizar de forma amplia dentro de una ley, como la de la Seguridad Social, el sistema previsional complementario y dentro de éste, dar preponderancia a los “Planes de Empresa” se buscaba desde que el Gobierno de Felipe González aprobó en 1987 la ley de Fondos y Planes de Pensiones Privadas. También ha quedado explicitado por el señor Escrivá como elementos referenciales tanto el modelo inglés como el modelo vasco y más en concreto, la EPSV GEROA.

Así que se podrían considerar las EPSV como un producto genuino vasco que sin ser nuevo -lleva 37 años- se ha puesto de moda por su, presunto, atractivo diseño. Llama la atención el contraste que supone que la respuesta de los pensionistas (en general) que participan en las movilizaciones de la CAV frente a este intento de liquidar el Sist. Público de Pensiones y dejarlo en mero asistencialismo no vaya más allá de un balbuceo o se pase de puntillas, ¡como si no se quisiera molestar! Frente al contundente rechazo que manifiestan las múltiples plataformas y coordinadoras del resto del Estado. Igualmente llamativa es la escasa o nula atención que se viene prestando desde el ámbito político y sindical a la decisión de impulsar la privatización, de momento parcial, del eje central de la Protección Social (la Seg. Social). En este sentido, acaba el año y empieza el 2021 de la misma manera: guardando silencio.

Sobre los silencios sindicales

– Silencio desconcertante: En esta tipología encajan tanto ESK como Steilas. Ambos rechazaron, en su momento, con contundencia sus respectivas EPSV. El 1º, GEROA en el año 1996 y el 2º, ITZARRI en 2004.

Sorprende que ante este renovado esfuerzo privatizador de extender los “planes de empleo” , desde el recién estrenado 2021, en detrimento del Sistema Público de Pensiones (Seg. Social) no se conozca un pronunciamiento público de estos sindicatos.

Tenían argumentos, entonces y seguro que hoy los han mejorado para mantener el rechazo a las EPSV. ¿A qué se debe esta falta de reacción? ¿Acaso consideran amortizada esta batalla? ¿Ven institucionalizadas las EPSV? Si es así, les animo a revisar ese planteamiento y a dinamizar un amplio debate con participación social para reclamar que se reviertan esas políticas incentivadora del Modelo de Capitalización (de acumulación individual).

– Silencio profesional: Aquí entran CC.OO. Y UGT. Es el sitio de los auténticos profesionales que a la hora de manejar este producto financiero lo hacen con “entrega y entusiasmo”. No lo ocultan pero no hablan de ello. Baste esta cita para entender lo que digo: “El Fondo de Pensiones de la Administración del Estado está gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% por estos sindicatos (El País, 12/10/2005).

– Silencio vergonzante: Lo ocupan los sindicatos de obediencia vasca y mayoritarios en cuanto a representación, tanto en el metal de Gipuzkoa (principal sector de la EPSV GEROA) como en las Administraciones locales y forales (EPSV Elkarkidetza) y autonómica (EPSV Itzarri). Cuando se defiende simultaneamente dos modelos de Pensiones radicalmente opuestos y no hay manera de explicar de forma convincente esa práctica, se impone el silencio y la cuestión se convierte en tabú.

Por un lado se defiende el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, contributivo solidario, de reparto y por otro se firma y se promueve las EPSV (Planes de Pensiones Privados) de “empleo”, vinculados a la negociación colectiva que responden al modelo de capitalización (acumulación individual) con su correspondiente incentivo fiscal (subvencionado por todos/as los/as contribuyentes). En definitiva, la protección social pública supone una garantía de rentas colectiva, sin dejar a nadie fuera y el de capitalización es una salida individual, de la que quedan excluidos la mayoría de trabajadoras/es que no pueden ahorrar a largo plazo. ¿Dónde queda la equidad fiscal? ¿y la justicia social? ¿así se entiende el reparto de la riqueza con equidad? Actuar así es poner en práctica la definición de hipocresía: “defender lo contrario de lo que se practica”. Tengo claro que la peor cobardía es saber que es lo justo y no hacerlo. Lo cierto es que nos encontramos con unos sindicatos que mientras se presentan como vanguardia y vertebradores de la cohesión social siguen azacaneados en la promoción de las EPSV de “empleo”. Por ejemplo, en octubre del finiquitado 2020 se respaldó a GEROA en la renovación del convenio del metal.

¿Quién decide en GEROA?

– Esta EPSV es considerada por los mercados financieros e instituciones como el “buque insignia” de la Previsión Social individual de empresa. Es la más importante del sector privado, radicada en Gipuzkoa. Nació con el convenio colectivo del sector del metal (año 1996) a la que se han ido sumando otros sectores y empresas a título individual. En la actualidad, el patrimonio se sitúa en los 2280 millones.

Los estatutos de GEROA PENSIOAK (año 2016) contempla como socios Promotores Fundadores a la Patronal Adegi más los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT. Estos tienen recogido en el art. 8.1 como único fin, a estos efectos, el de PROMOVER el ahorro a través de la Previsión Social Complementaria.

En cuanto a las obligaciones de los mismos, el art. 9.2 de los mencionados estatutos dice: “Velar y controlar, por el interés y beneficio social de las/os socios de número u ordinarias, destinatarios últimos de las prestaciones económicas establecidas, las inversiones y el patrimonio constituido por la Entidad procurando una gestión eficaz de los recursos y una administración transparente”.

Una de las primeras decisiones que los Promotores Fundadores tomaron fue asumir ellos mismos la gestión de la Entidad en vez de salir al mercado y ver qué gestora o gestoras contratar. Así que hicieron una convocatoria y eligieron a la actual gerente, Sra. Virginia Oregi.

Esta fórmula permitió reducir el número y la cuantía de las habituales comisiones de gestión. A lo largo de los años han ido adaptándose en función de los cambios sociales y crisis. Así se hizo cuando se decidió que a partir del 1 de enero de 2001 las prestaciones serían en forma de renta o capital. Hasta ese momento se percibía siempre en forma de capital. Otro momento inquietante para los promotores de las EPSV de empleo fue cuando se analizó la evolución de las EPSV en el periodo 2013 – 2017 y se encontró que el volumen medio de las aportaciones fue de 788 millones de euros y el de las prestaciones de 935 millones. Es decir, superó en casi el 20% al de las aportaciones. Lo que queda claro es que el objetivo siempre será “salvar” el negocio de la previsión social de capitalización a base de anular la capacidad decisoria del socio/a trabajador/a.

¿Qué suponen las EPSV de empleo?

Estas sirven para fidelizar a la base afiliativa mejor situada en el mercado laboral lo que sin duda, supone un punto de soldadura muy eficaz, al cual acompaña la tendencia a considerar como justo todo aquello que nos beneficia. Así mismo conviene señalar que estos sindicatos de clase se encargan de invertir el patrimonio de estas entidades en los mercados financieros (más rentables que la economía productiva). Las rentabilidades de los fondos de pensiones privadas de empleo son injustas e insolidarias porque las producen otros trabajadores que por sus bajos salarios no pueden acceder a una EPSV (externalizaciones, contratas, subcontratas, …). Existen inversiones especulativas, fondos buitre y otros fondos que van a empresas e instituciones financieras con activos opacos (muchos en paraísos fiscales). Recorrer las calles con los/as trabajadoras/es de los sectores sociosanitarios, atención domiciliaria, dependencia, residencias geriátricas, asumiendo sus justas reivindicaciones y no explicarles que la EPSV de empleo de ELKARKIDETZA (funcionarios de ayuntamientos y diputaciones) y GEROA (sector privado de Gipuzkoa) tienen participaciones en una “SOCIMI” (sociedad de inversión) que invierte en residencias, es una indecencia y una cobardía. Claro que cómo explicar que esa inversión es “PURO NEGOCIO”, con lo que supone de estimular la lógica del máximo beneficio, bendecir la lógica del rentista y reforzar la hegemonía cultural capitalista. ¡Ay señor, los caminos del capital son inescrutables!

Una visión depredadora de lo público encuentra acomodo en instituciones, partidos y sindicatos. Esa mentalidad extractiva genera desigualdad económica, social y política, fomenta el elitismo y es regresiva en lo social. En el momento de la jubilación, el acceso a la garantía de rentas que supone el Sistema Público de Pensiones no se hace con equidad. La EPSV de empleo construye una aristocracia laboral que rompe esa equidad, a su favor. En este contexto de capitalismo y pandemia donde los riesgos sociales no se mutualizan y en cambio, se refuerza “el sálvese quien pueda” es necesaria una reflexión personal y colectiva para salir de tanta hipocresía y cinismo insoportable.

Reclamar transparencia a gobiernos, instituciones y partidos y no aplicárselo uno mismo es lo propio de los que se instalan en “la apariencia”. Hay que ir a un debate público y abierto con participación social y sin bloqueos sobre las EPSV de empleo como modelo privatizador de la Seguridad Social. Mientras llega la respuesta, espero que a no tardar, conviene no olvidar que las pensiones privadas individuales de empleo (EPSV) nos recuerdan todos los días del año y desde hace años que:

¡LO PÚBLICO ES DE TODOS, PERO NO PARA TODOS!

Juanen Elua

Carta escrita por Felix Zubia, jefe de la UCI del Hospital Donostia.

Hasta ahora, he intentado no escribir sobre mí mismo. Pero esta semana me he dado cuenta de que no puedo más, que estoy agotado, agotado, que la cabeza no puede más.

Esta semana también hemos tenido más de veinte pacientes en nuestra UCI. Esta semana también he visto muertos, familias llorando, personas muriendo en soledad. Esta semana, de nuevo, a pesar de los más de quince muertos por día en Hego Euskal Herria, me he dado cuenta de que no nos importa mucho. Lo hemos convertido todo en una estadística, en un número frío, sin que nos demos cuenta de cuántas vidas hay por detrás, cuántos sufrimientos, cuántas familias.

He visto cómo quien escribe las leyes no las cumple, cómo un juez piensa que sabe más que los médicos. He visto cómo en la calle no se cumplen las medidas, cómo se acumula la gente. He visto, de nuevo, cómo todos creemos que nuestra actividad es segura, que no hay posibilidad de contagio, y que, por lo tanto, no necesitamos medidas restrictivas. Nadie es responsable de nada.

He visto cómo andan los partidos políticos en chextra, en discusión, picoteándose los unos a los otros, en lugar de buscar la solidaridad y el apoyo mutuo también en esta pandemia.

También esta semana, me han llamado una veintena de medios de comunicación, todos ellos con preguntas similares. Muchas de sus preguntas fueron hechas para romper la chextra antes mencionada, empujando la salsa, en lugar de explicar la situación que tenemos todos los días, o con el pretexto de explicarla.

He vuelto a ver cómo entendemos la vacunación como una medida de autoprotección, más que como una medida de protección mutua. Preguntándome cuándo es mi turno, en lugar de preguntarme qué puedo hacer yo. Y cómo la geopolítica puede condicionar nuestra vida, como si estuviéramos dentro de una partida de ajedrez.

Y me ha parecido que no puedo más. A ver por qué yo tengo que hacer más cuidados en el hospital para cuidar a los miembros de una sociedad que no es capaz de cuidarse a sí misma, a los miembros de una sociedad que no saben cuidarse los unos de los otros. Por qué tengo que dejar a mi familia en casa, a los miembros de una familia que necesito y me necesitan para cuidar de una sociedad que no tiene la responsabilidad de cuidarse mutuamente. Que os cuiden vuestros santísimos padres o madres.

Y cuando ya no puedes más, un enfermo te ha cogido de la mano. Lleva más de tres semanas con nosotros y, debido a una traqueotomía, no puede hablar. Me ha cogido justamente de la mano, y, no pudiendo de otro modo, me ha mostrado su gratitud con su mirada. Yo, guardando lágrimas bajo el beso, el anteojo y la pantalla, le he estrechado la mano. Entonces se me ha renovado el fuego y me ha recordado por qué la medicina es el medio de vida más hermoso del mundo, no sólo el oficio. Pero no sé hasta cuándo vamos a aguantar.

DEMENCIA,TESTAMENTO VITAL Y EUTANASIA.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), permite la ayuda médica a morir a una persona si padece un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable (o insoportable) a consecuencia de:
1) Una enfermedad grave e incurable, con un pronóstico de vida limitado y fragilidad progresiva. Esta es la situación más frecuente (70% de eutanasias en Países Bajos y Bélgica), un proceso avanzado o terminal, en su mayoría por cáncer, pero también por una insuficiencia de órgano. 
2) O un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, con limitaciones persistentes o sin mejoría apreciable sobre la autonomía física, y actividades de la vida diaria, de manera que la persona no pueda valerse por sí misma, así como sobre su capacidad de expresión y relación. Este sería el caso de las enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, ELA, Parkinson, las demencias; las secuelas graves de un accidente (Ramón Sampedro), y la pluripatología asociada a la vejez.
De una forma acertada la Ley prevé que si una persona ha perdido sus facultades mentales, pero anteriormente solicitó la eutanasia en su testamento vital, tiene derecho a la ayuda a morir conforme a lo dispuesto en dicho documento, si cumple el resto de requisitos de la Ley (LORE, art. 5.2).
Según la Ley 14/2002 básica de autonomía del paciente, el TV entra en vigor en situaciones en cuyas circunstancias una persona no sea capaz de expresar su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud. Según la LORE, el representante será el interlocutor válido para el médico responsable, por eso es importante nombrar una persona representante y, sobre todo, que la solicitud de eutanasia sea clara.

Tanto el médico responsable de la eutanasia, como el consultor, deben hacer un informe con una descripción de la patología, de la naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y de las razones por las cuales se considera que no existen perspectivas de mejoría (art. 12). Este informe es la base de la verificación previa de la Comisión de Garantía y Evaluación, que debe autorizar cada eutanasia.
Como la comunicación con la persona solicitante ya no es posible, es importante dejar por escrito qué significa para ella padecer una demencia, cuándo y por qué será una situación de sufrimiento constante e intolerable y cuáles son los valores que fundamentan su decisión de morir. Se trata de sustituir esa conversación imposible entre los profesionales y la persona enferma por un diálogo con lo expresado en el documento, a ser posible con la presencia del representante, familia y allegados, que facilite la comprensión de los profesionales de su voluntad de morir y la gestión de su solicitud.
¿Cómo se hace esto? La Asociación DMD propondrá un texto que las personas puedan utilizar como modelo o copiar íntegramente si les parece bien. Mientras tanto, conviene darle unas vueltas al tema, que tiene su complejidad.


La mayoría de solicitudes de eutanasia en un testamento vital serán por casos de demencia. El resto de situaciones de pérdida de capacidad para expresar la voluntad serán situaciones de deterioro agudas en las que, por falta de tiempo para gestionar la eutanasia como regula la Ley, es muy probable que la persona fallezca tras retirar o no iniciar medidas de soporte vital, o con una sedación profunda si la muerte es inminente. 
Las demencias duran años. Según la escala GDS-FAST, una persona con demencia tipo Alzheimer incipiente (GDS 3) puede perderse en un lugar no familiar, tener menor rendimiento laboral o mayor dificultad para evocar nombres, presentando un deterioro cognitivo leve con defectos de memoria que solamente son objetivables en una entrevista a fondo. En la demencia leve (GDS 4) existe un deterioro cognitivo moderado, disminuye su capacidad para realizar tareas complejas, con defectos claros en el conocimiento de la actualidad, el recuerdo de su historia personal, capacidad para viajar a lugares no conocidos y manejar su dinero, pero no tiene por qué ser dependiente. No es hasta la fase de demencia moderada (GDS 5) cuando, debido a un deterioro cognitivo moderadamente grave (incapaz de recordar su dirección, teléfono, nombres de familiares, desorientación en tiempo y espacio…), la persona empieza a necesitar la ayuda de otras personas para vivir. 
La demencia moderada cumple todos los requisitos de un padecimiento crónico, grave e imposibilitante, pero desde el diagnóstico existen alteraciones cognitivas de intensidad suficiente como para interferir en las actividades habituales del sujeto, incluyendo las ocupacionales y sociales, que pueden provocar en una persona sufrimiento e incapacidad de valerse por sí misma. ¿Cuándo es constante e intolerable, como exige la Ley? Cuando así lo ha expresado la persona previamente en su testamento vital. La LORE no es una escala de deterioro o dependencia, sino un marco conceptual que se concreta caso por caso.

​Lo que determina la voluntad de morir no es un diagnóstico, el deterioro de la calidad de vida, ni siquiera una experiencia de sufrimiento, sino los valores de una persona. Por eso en circunstancias similares de deterioro de su salud, una minoría decide morir. Porque para ellas vivir así, con una demencia, carece de sentido y por ello deciden anticipadamente adelantar su muerte.

Todavía, la muerte voluntaria es contracultural (ver eutanasia: libertad tutelada). Preferimos mirar para otro lado. Con la demencia pasa lo mismo, existe un discurso de paños calientes contra el Alzheimer, una especie de visión de Mr Wonderfull, que, como advierten los autores de este artículo, tiene el peligro de negar el sufrimiento de los enfermos con demencia:
“El énfasis actual de la política “vivir bien con demencia” ha sido bien recibido desde hace mucho tiempo, pero niega el sufrimiento. Además, implica que no se requieren más pensamientos ni recursos porque todo lo que tenemos que hacer es aspirar o esperar que las personas “vivan bien” con demencia. Los conocimientos de la literatura sobre sociología del sufrimiento nos recuerdan que todas las enfermedades implican inevitablemente sufrimiento y que debemos trabajar para reconocerlo, comprenderlo y aliviarlo”.

¿Qué es el sufrimiento? ¿Sufre una persona con Alzheimer?
El sufrimiento es un concepto difícil de definir y reconocer porque es una experiencia personal, subjetiva, es la otra cara de la felicidad, que cambia de una persona a otra. ¿Cómo definimos el sufrimiento? Para algunos sociólogos de la salud es “lo indecible”. En contraposición a aquello de lo que se puede hablar (el dolor, la debilidad, la dependencia, el cuerpo, lo físico), el sufrimiento permanece en la oscuridad, eludiendo la iluminación. Es una experiencia común a todas nosotras, pero que solo puede ser conocida como propia en primera persona, por cada una de nosotras. ¿Cómo podemos distinguir al que baila del baile?, preguntaba en una página de este blog sobre el sufrimiento.

Una manera de acercamiento al fenómeno del sufrimiento es el llamado modelo amenaza recursos: una persona sufre cuando acontece algo que percibe como una amenaza importante para su integridad (personal-biográfica y/u orgánica-biológica) y, al mismo tiempo, cree que carece de recursos para hacerle frente. Esta definición es útil mientras existe conciencia, pero no sirve cuando entra en vigor el TV. 
Sufrimiento y dolor no son sinónimos. Se entiende que el sufrimiento es físico cuando está provocado por síntomas como dolor, dificultad respiratoria, debilidad, etc. Pero también puede ser psíquico cuando existe ansiedad, preocupación, angustia, temor, inseguridad, o cuando una persona siente que el aburrimiento y la soledad (rodeada o no de otras personas), han vaciado de sentido y de significado una vida que se hace insoportable (sufrimiento espiritual). Necesitamos describir el sufrimiento con palabras, hacer una lista de síntomas, puntuados del 1 al 10, ir y venir de lo concreto a lo abstracto, de los datos a la metáfora, a la afectividad, respetando la manera de ser y de sufrir de cada persona y la persona que cada una era cuando, con total lucidez, firmó su testamento vital.
¿Cuándo es el momento de morir? Cuando la vida para esa persona sea intolerable. En el caso de personas con demencia que solicitan la eutanasia en su TV nos encontramos con una situación paradójica: respetar la voluntad de una persona que, debido al deterioro de su personalidad, no sabe quién es, ni dónde está, y quizá ni siquiera recuerde el deseo de morir que dejó por escrito. Es una persona que ya no existe, que quizá no sea capaz de expresar sus miedos, su preocupación, ni su sufrimiento físico o psíquico. Un ser humano del que no tenemos forma de saber cómo se siente, si quiere vivir o quiere morir. No es otra persona, lúcida, no ha cambiado de opinión, porque no tiene opinión. 
Todo ser humano es digno de respeto. En los casos de demencia, no solo por lo que es, sino sobre todo, por la persona que fue. Por eso, si ha dejado dicho que para vivir así, prefiere morirse, aunque ya no lo recuerde, aunque no dé la impresión de sufrimiento, es un imperativo ético respetar su voluntad anticipada y ayudarla a morir. Lo contrario, es tratarla como un objeto, en manos de otras personas que no están dispuestas a respetar su última voluntad.

Fernando Marín @docfmarin

CON PRECAUCIÓN, PERO SEGUIMOS

 

Las personas pensionistas estamos viviendo una situación muy dura. En primer lugar, por la pandemia y el hecho de que, en el territorio de Gipuzkoa, como en numerosas ciudades, hayamos entrado en zona roja (máxima grado de alerta).

Nos preocupa el alto número de personas contagiadas, hospitalizadas, fallecidas. Además, el colectivo de personas mayores, al ser personas de alto riesgo, ha sido el más afectado.

El alto grado de hospitalizaciones y ocupación de Ucis va in crescendo, y el riesgo de saturación de nuestros hospitales es cada vez mayor; con el consiguiente cansancio, hartazgo y desesperación de nuestro personal sanitario.

Otro dato preocupante es la situación en las residencias de personas mayores. Sobre todo, si tenemos en cuenta las alarmantes cifras de usuarios y personas trabajadoras que han estado afectadas hasta la fecha.

Estamos hablando de personas con rostro, nombre y apellidos. No nos podemos quedar sólo con los fríos datos estadísticos.

Es necesario fortalecer lo público, lo común y el apoyo mutuo. Dotar a la Sanidad Pública de los recursos humanos y sanitarios que permitan una atención de calidad. Es urgente acabar con la precariedad que padece el personal sanitario. Y es igual de urgente reforzar la red pública sociosanitaria y fiscalizar la atención de los cuidados de las personas mayores, tanto en el servicio a domicilio como en el residencial; con recursos necesarios y con empleo de calidad.

Por otro lado, es muy preocupante la incertidumbre con la que estamos viviendo las diferentes propuestas que sobre pensiones están apareciendo en los medios de comunicación, algunas claramente interesadas desde las entidades financieras el Banco de España o el Círculo de Empresarios entre otros, con el fin de crear confusión y desviar la atención sobre nuestras verdaderas demandas.

Desde el colectivo de pensionistas de Gipuzkoa Bat Etorri-Consenso nos reafirmamos en la defensa de nuestros 5 puntos básicos. Y vamos a seguir presionando hasta conseguirlos. Somos conscientes de que, en estos tiempos de pandemia, estamos obligados a adaptar nuestra presión al duro momento que nos toca vivir. Movilizaciones masivas como hemos venido realizando con éxito hasta el inicio de la pandemia, hoy no son posibles. Y desde Bat Etorri-Consenso vamos a ser muy responsables en este sentido.

Pero que quede claro que, con pandemia o sin pandemia, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Buscando los medios que nos permitan seguir presionando en la defensa de una pensiones públicas dignas; haciendo hincapié en las pensiones mínimas porque afectan a las personas pensionistas que tienen dificultades para llegar a final de mes y que mayoritariamente son mujeres.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN.

 

KONTUZ, BAINA JARRAITU EGITEN DUGU



Pentsiodunok oso egoera gogorra bizi dugu. Lehenik eta behin, pandemiagatik eta Gipuzkoako lurraldean, hiri askotan bezala, eremu gorrian sartu garelako (alerta maila gorena).

UCISen ospitaleratze- eta okupazio-maila handia in crescendo/goruntz doa, eta gure ospitaleen saturazio-arriskua gero eta handiagoa da; ondorioz, gure osasun-langileen nekea, gogaitzea eta etsipena.


Beste datu kezkagarri bat adinekoen egoitzetako egoera da. Batez ere, kontuan hartzen baditugu orain arte kaltetuta egon diren erabiltzaileen eta langileen kopuru kezkagarriak.


Aurpegia, izena eta abizenak dituzten pertsonez ari gara. Ezin gara datu estatistiko hotzekin bakarrik geratu. Beharrezkoa da publikoa, guztiona eta elkarrekiko laguntza indartzea. Osasun Publikoari kalitatezko arreta ahalbidetzen duten giza baliabideak eta osasun-baliabideak ematea. Premiazkoa da osasun-langileek pairatzen duten prekarietatearekin eta murrizketekin amaitzea. Era berean, premiazkoa da sare publiko soziosanitarioa indartzea eta adineko pertsonen zainketen arreta fiskalizatzea, bai etxez etxeko zerbitzuan, bai egoitzetan, beharrezko baliabideekin eta kalitatezko enpleguarekin.

ÇBestalde, oso kezkagarria da pentsioei buruz komunikabideetan agertzen ari diren proposamenek duten ziurgabetasuna. Proposamen horietako batzuk interes handikoak dira finantza-erakundeetatik, Espainiako Bankua edo Enpresarien Zirkulua, besteak beste, nahasmena sortzeko eta arreta gure benetako eskaeretara desbideratzeko.


BAT ETORRI/CONSENSO Gipuzkoako pentsiodunen kolektiboak
berretsi egiten du gure oinarrizko 5 puntuen defentsa. Eta presionatzen jarraituko dugu lortu arte. Jakin badakigu, pandemia garai hauetan, bizi dugun une gogorrera egokitu behar dugula gure presioa. Pandemia hasi arte arrakastaz egin izan ditugun mobilizazio masiboak, gaur egun ez dira posible. Eta BAT ETORRI/CONSENSO oso arduratsuak izango gara zentzu horretan.

Baina argi gera dadila, pandemiarekin edo pandemiarik gabe, gure eskubideak exijitzen jarraituko dugula. Pentsio publiko duinen defentsan presioa egiten jarraitzeko baliabideak bilatuz; gutxieneko pentsioak azpimarratuz, hilabete amaierara iristeko zailtasunak dituzten eta gehienak emakumeak diren pentsiodunei eragiten dietelako.

GOBERNATZEN DUENAK, EDOZEIN DELARIK, PENTSIO PUBLIKOAK ZAINTZEN ETA BABESTEN DIRA.

La reforma de las pensiones del ministro Escrivá.

Parecía que con los acuerdos del Pacto de Toledo, su ratificación parlamentaria y la aprobación de las cuentas del Estado, el futuro de las pensiones estaba despejado y encarrilado. Pero no, era el primer trámite de un largo y complejo proceso de negociación, representado en varios escenarios, con distintos guiones y diferentes intérpretes, aunque en todos los casos figura como actor principal José Luis Escrivá. El Ministro de la Seguridad Social hace propuestas y toma iniciativas que no constan en el programa del Gobierno de coalición ni fueron asumidas en el Pacto de Toledo, así que sufre reveses en el Consejo de Ministros y se ha convertido en el enemigo a batir en las movilizaciones de pensionistas. En esa enrevesada situación no han faltado rumores de dimisión, desmentidos de inmediato por el propio Escrivá.   

Propuestas e iniciativas imprevistas

Las recomendaciones del Pacto de Toledo están basadas en los planteamientos de José Luis Escrivá. Sin necesidad de hacer ninguna aportación novedosa, logra impulsar su futuro modelo de pensiones con medidas que ya estaban en vigor. En concreto, la reforma aplicada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y las prestaciones complementarias, recogidas en el artículo 41 de la Constitución y en la ley aprobada en 1987 por un Gobierno de Felipe González. A eso añade, entre otras actuaciones, su intención de hacer coincidir la edad real de jubilación con la oficial. Es decir, penalizar las jubilaciones anticipadas.

La polémica en torno al alcance del proyecto Escrivá se desata al notificar, y al mismo tiempo negar, su intención de ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo para tener derecho a la pensión íntegra. Dentro del Gobierno lo rechaza Unidas Podemos, amenazando con apoyar las movilizaciones anunciadas por los sindicatos UGT y CCOO (respaldaron en 2011 el aumento de 15 a 25 años). Lógicamente las asociaciones de pensionistas también están en contra. Escrivá deja de concretar el alcance de la medida, aunque intenta colarla en el programa de reforma de las pensiones enviado por el Gobierno a la Comisión Europea. Igualmente la llevará, con una u otra formulación, a la Mesa de Diálogo Social. 

Los planes de Escrivá van todavía más lejos. De sus declaraciones se deduce que intentará camuflar incluso medidas regresivas de la reforma de pensiones del 2013, cambiando el nombre y la forma de aplicarlas. El factor de sostenibilidad podría denominarse factor de equidad intergeneracional, mientras que la revalorización anual de las pensiones dependería de otros parámetros, además del incremento del IPC. Escrivá se justifica con frases como esta: “Lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con un recorte de pensiones”. Puede ser que esté fabricando un modelo de mochila austriaca con diseño hispano. 

Concordancia entre Báñez y Escrivá 

Hace tres años, a comienzos del 2018, la entonces Ministra de Empleo y Seguridad Social logró con la prodigiosa fórmula del 0,25% impulsar un novedoso movimiento social en defensa de las pensiones públicas. Actuando como potente grupo de presión, esa marea de la edad tardía consiguió que desde entonces las pensiones no perdiesen poder adquisitivo. Por causas varias, ese singular movimiento se fue fragmentando y diluyendo, teniendo hoy carácter testimonial. El cargo de Fátima Báñez en la Seguridad Social lo ocupa ahora José Luis Escrivá, que logra atraer en torno a su persona todos los reproches que acumulaba el Pacto de Toledo. La contestación social se basa en agravios, más que en grandes ideas o en principios esenciales.

Combatir los proyectos de Escrivá resulta más difícil que invalidar los de Báñez. Intervienen muchas variables y son más complejas: Las medidas de Báñez afectaban a las pensiones actuales y futuras, las de Escrivá sobre todo a las futuras. No es probable que Escrivá aplique medidas drásticas, actuará de forma progresiva. Aunque las movilizaciones hayan decaído, quienes siguen en la calle son pensionistas, no trabajadores preocupados por el porvenir de las pensiones. El Gobierno de coalición tiene una imagen de izquierdas que no provoca un rechazo similar al de Rajoy. En las asociaciones de pensionistas hay militantes y simpatizantes de PSOE y UP. Los sindicatos UGT y CCOO amenazan con movilizaciones, pero evitarán desestabilizar al actual Gobierno. Cabe añadir otros motivos. 

Escrivá parece empeñado en seguir el guión de Báñez con todo detalle, hasta el punto de enviar a los nueve millones de pensionistas una carta exculpatoria y pretenciosa sobre sus actuaciones, que en vez de calmar los ánimos puede soliviantarlos, alcanzando un estado de catarsis colectiva al ser quemadas en piras purificadoras, como la carta de Báñez que prendió la llama del movimiento de pensionistas. 

La oportunista actitud de la derecha política se viste de apoyo, siendo una rémora. Ejemplos tomados de titulares de Europa Press: “Casado pide “sinceridad” al Gobierno con las pensiones y dice que la reforma del Gobierno puede llevar a que bajen un 6%”. “Vox avanza su rechazo a ampliar a 35 años el cálculo de la pensión por suponer “el mayor recorte de la historia”. El Círculo de Empresarios copia a Escrivá, planteando ampliar los años para calcular las pensiones y revalorizarlas con la productividad en vez del IPC. En estos momentos críticos se intensifica la ofensiva de la banca y aseguradoras, persistiendo en la prédica de la quiebra de las pensiones públicas para promocionar sus planes privados. 

Los papeles de Bruselas

Aunque da la impresión de que Escrivá va por libre, según publicaba el diario digital “La última hora” el 15 de diciembre, el Ministro de la Seguridad Social actúa siguiendo instrucciones del Presidente del Gobierno. La iniciativa de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años se intentó enviar a la UE a través de un cauce tan opaco como la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por la Ministra de Economía Nadia Calviño. UP se opuso, reclamando que el asunto fuese tratado en el Consejo de Ministros.  

Según ese misma fuente “la utilización de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea está sometida a una especie de condicionalidad abstracta –vinculada al cumplimiento de recomendaciones específicas para cada Estado y para cada ministerio–“. Es decir, la ayuda no es altruista, hay condiciones implícitas. El Mundo lo confirmaba el 30 de enero con una cita de Escrivá: “La reforma de las pensiones es clave para acceder a los fondos de la UE y está en el propio interés de España”. El titular de “La última hora” no podía ser más contundente: “El PSOE maniobra para recortar las pensiones”.

Mesa de Diálogo Social 

En la concertación tripartita entre Gobierno, patronal y sindicatos, la figura clave es el Ministro de la Seguridad Social. José Luis Escrivá acude con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con proyectos que anuncia en unos foros y desmiente en otros. Sabe que los sindicatos no pueden aceptar (como en la época de Rodríguez Zapatero) una nueva ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, mientras la anterior se aplica de forma gradual. Se conformará con el parabién empresarial, como ya ha hecho el Círculo de Empresarios.

Más fácil lo tiene con las pensiones privadas de empleo. CCOO y UGT participan en gestoras de ese tipo de productos financieros, junto con el BBVA. En Euskadi comparten con ELA y LAB las EPSV, destacadas por Escrivá como modelo de su macrofondo “de pensiones de promoción pública y gestión privada”. Sindicatos y empresarios guardan silencio, hasta conocer las ventajas que les reportará el experimento. 

Escrivá lanzará además otros mensajes, reproducidos por numerosos medios de comunicación: “Lo más eficaz para hacer sostenible el sistema de pensiones es que las personas trabajen más años”. Escrivá no quiere pasar a la historia como el ministro que liquidó la “hucha de las pensiones”. Las recomendaciones del Pacto de Toledo solicitaban recuperarla, pero solo se compromete a mantener los 2.150 millones actuales, habiendo acumulado 67.000 hace una década. Escrivá pretende acabar con la brecha de género de las pensiones con una ayuda por maternidad de 378 euros anuales por cada hijo o hija. Siendo un paso positivo, si realmente tuviese voluntad de zanjar esa brecha, no dudaría en equiparar la pensión mínima con el SMI. 

Las conversaciones se desarrollarán bajo la atenta mirada de las instituciones europeas, que no plantean exigencias para conceder la ayuda de 140.000 millones del fondo de recuperación, mientras se acaten sus preferencias. Junto a los planes privados de empleo tocará hablar de los Planes de Pensiones Paneuropeos (PEPP) aprobados en abril de 2019. En declaraciones a eldiario.es, el eurodiputado catalán Ernest Urtasun los valoraba así: “Hemos votado en contra de este producto en defensa de un sistema de pensiones público y de calidad, que garantice unas prestaciones suficientes para toda la ciudadanía”. 

El principio de realidad del bienestar colectivo

En una situación tan excepcional, cualquier demanda debe tener en cuenta las circunstancias socioeconómicas del país. Para constatarlas basta repasar titulares de prensa recientes: “La economía española se contrajo un 11% en 2020, el mayor desplome desde la Guerra Civil” (El País) “El paro sube en 527.900 personas en 2020 y se destruyen 622.600 empleos, los peores datos desde 2012” (eldiario.es) “La pobreza severa podría aumentar en España en casi 800.000 personas y llegar a 5,1 millones por la COVID-19” (Oxfam Intermón). “La otra cara del Covid: Las muertes de mayores disparan las bajas en pensiones a niveles históricos” (65ymás).

Reconocer la realidad no implica renunciar a reclamar derechos, significa asumir un programa mínimo. Podría ser: 1) revalorización de pensiones en base al IPC real por ley, 2) equiparar las pensiones mínimas con el SMI, 3) suprimir las desgravaciones fiscales de fondos de pensiones, privados y de empleo, 4) derogar los aspectos regresivos de las reformas de pensiones.

Sin unidad no hay victoria

En esta situación queda poco margen para el optimismo. Se corre el riesgo de que las reformas sean regresivas, aunque los pensionistas de hoy no pierdan derechos ni retribuciones. Como en el empleo, las amenazas acechan a quienes soportan el trabajo precario. Ana Lacalle lo decía en Zaragoza con palabras recogidas por elheraldo.es: “Ahora ser pensionista te permite vivir de una manera justa la jubilación, pero lo que viene va a ser miseria”.

El movimiento de pensionistas ha perdido el ímpetu de una marea humana, replegándose a las actividades reivindicativas y asistenciales del asociacionismo. En todas partes las acciones son hoy testimoniales y se nota más donde antes eran multitudinarias. Mermada la capacidad de movilización, en general se opta por integrarse en otras causas con arraigo social, sean las residencias geriátricas, la defensa de la sanidad pública, conflictos laborales o, como en Bilbao, solidarizarse con la población saharaui. 

Las asociaciones de pensionistas reclaman participar en la toma de decisiones que les afectan, pero la capacidad legal, tanto a nivel de representación como de negociación, corresponde a los sindicatos mayoritarios. Hay objetivos comunes, como la revalorización de las pensiones en base al IPC por ley, o el rechazo a la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora. Lo ideal sería emprender una acción conjunta asociaciones – sindicatos, pero los obstáculos parecen insalvables: costaría obviar la reforma de las pensiones del 2011, asumida por UGT y CCOO, junto con los planes de pensiones de empleo, suscritos además por ELA y LAB. 

La confluencia resulta inimaginable, salvo en Euskadi, donde la ideología soberanista neutraliza la confrontación entre colectivos sociales que se declaran abertzales. Es probable que las plataformas de pensionistas actúen como grupo de presión sobre la Mesa de Diálogo Social, mientras Escrivá remarca la responsabilidad sindical en materia de pensiones. El 2 de febrero anunció en el Senado que lo aprobado “en el marco del diálogo social dará certidumbre a los pensionistas de ahora y del futuro”.

Por necesario que sea, costará lograr un vínculo estable a nivel estatal entre el conjunto de agrupaciones que forman parte del atomizado movimiento de pensionistas. La posibilidad de lograr una unidad de acción firme, entre asociaciones de base y organizaciones sindicales, depende del empeño común por consensuar una idea fuerza con el arraigo y la capacidad de movilización que tuvo a comienzos del 2018 la oposición al 025%. Ese poder de convicción, de convocatoria, de legitimación, lo tendría hoy la demanda de una pensión mínima equivalente al SMI. Se trata de una consigna idónea para reducir la brecha de género y las desigualdades sociales relacionadas con las pensiones. Implica buscar la unanimidad en torno a una demanda común, haciendo realidad proclamas tan coreadas como: “la unión hace la fuerza” o “insistir, persistir, nunca desistir”. Ciertamente, en la actual situación, resistir significa vencer. 

Testamento Vital: que nadie decida por ti

“Los deseos manifestados en el documento, que pueden cambiarse o revocarse en cualquier momento, deben prevalecer siempre sobre las opiniones de familiares y allegados”, dice la doctora Teresa Ribas Ariño para añadir que “se estima que su cumplimentación es inferior al 1% de la población y posiblemente sea debido al desconocimiento”.

Nos cuesta mucho pensar en la muerte, la única cosa que tenemos bien cierta desde el momento de nacer. Es un tabú que vemos bien asentado en toda la sociedad: cuando hablamos de ello, suele haber siempre alguien que quiere acallarnos la voz como si al verbalizarla activáramos algún tipo de conjuro agorero.

Hemos vivido con el temor a nuestra marcha de este mundo y le hemos dado la espalda: la ignoramos, consumimos gran energía en negarla. Sin embargo, el objetivo de una muerte digna debe ser tan relevante como el de una vida digna, y consecuencia de la misma. Si se generan recursos para vivir, no deberíamos olvidar el capítulo final de nuestra biografía y procurar que en ese momento no haya carencias.

Creo con firmeza que debemos visibilizar la muerte, para comprenderla y no temerla ni estigmatizarla; para ello es imprescindible la reflexión que nos sensibilice en la certeza de que debemos mantener nuestra dignidad y autonomía hasta que nos despidamos de la vida. Y creo también que esa preparación de la despedida debe realizarse despacio y con tiempo, resolviendo todas aquellas cuestiones en apariencia nimias que sin embargo a las personas próximas pueden hacerles complicado el momento del fin.

La mayoría de nosotros expresa claramente cómo aspira que sea ese trance: en casa, sin dolor, rodeado de los seres queridos, sin prolongar inútilmente una existencia ya sin sentido; esas son las cuestiones constantes que aparecen siempre cuando se explora la visualización que cada cual hace de su final. Luego, se añaden otros aspectos, según los valores y convicciones, y los deseos de materializar o no determinados rituales de despedida.

Pero la realidad es otra: los logros de la medicina hacen que muramos mayoritariamente en hospitales, sometidos a tratamientos muchas veces de escasa utilidad y siempre molestos, carentes de la intimidad necesaria en un momento de tanta trascendencia, a veces en soledad. Como si la ciencia en lugar de ayudarnos, estuviera en contra.

Sin embargo, en nuestros días, podemos influir sobre esa situación, y esa influencia está a nuestro alcance. Esto es de gran importancia y trascendencia: podemos dejar constancia de cómo queremos que esté conformada nuestra despedida mediante el Documento de Voluntades Anticipadas o de Instrucciones previas, también llamado Planificación anticipada de la Asistencia o Testamento Vital, término más acorde al sentir general y probablemente de comprensión más gráfica y visual.

Regulado por la Ley de Autonomía del Paciente, Ley 41/2002, tiene como objetivo procurar el cumplimiento de los deseos expresados anticipadamente por cualquier persona mayor de edad, capaz y libremente acerca de los cuidados que desea o no recibir en aquellos momentos en los que su situación física o psíquica le impida manifestarlos personalmente.

En ese documento se expresan las diferentes opciones en cuanto a rechazar o aceptar determinados tratamientos que contribuyan exclusivamente a prolongar la vida, manifestar si se desea o no asistencia religiosa, solicitar cuidados paliativos e incluso se podrá comunicar la actitud a tener en cuenta frente a la eutanasia, de próxima legalización en nuestro país. Así mismo, podemos decidir acerca de la donación o no de nuestros órganos. También es posible, y aconsejable, asignar un representante o interlocutor para las situaciones en que pudiera ser preciso.

El Testamento Vital se puede cumplimentar ante notario, al igual que el testamento ordinario. También la administración ha habilitado un Registro de Instrucciones Previas dependiente de la Gerencia de Salud, o bien en el Registro Civil acompañado de tres testigos sin vínculos familiares con la persona interesada. Una vez otorgado, se inscribe en el Registro Autonómico de Instrucciones previas, de donde pasará al Registro Nacional, lo cual facilita su posterior consulta.

Es un documento de enorme importancia, que queda recogido en el historial clínico del paciente, no sólo para el firmante sino también para la familia, allegados y sanitarios que le atienden al final de sus días, los cuales podrán obrar en consecuencia con los valores manifestados. Es el garante del respeto a nuestra voluntad incluso si perdemos la capacidad de decidir.

Para los sanitarios que atienden al firmante es de excepcional relevancia, ya que sin ese documento, por su propia formación se inclinarán a prolongar la vida del paciente, sobre todo si no hay evidencia de sufrimiento por su parte o si no hay acuerdo entre los familiares. Por otra parte, los deseos manifestados en el documento, que pueden cambiarse o revocarse en cualquier momento, deben prevalecer siempre sobre las opiniones de familiares y allegados.

Es sorprendente que este documento, cuya potencialidad es enorme y su utilidad esta fuera de toda duda, no haya tenido más arraigo en nuestra sociedad; se estima que su cumplimentación es inferior al 1% de la población y posiblemente sea debido al desconocimiento, a pesar de que la asociación Derecho a Morir Dignamente, incluso algunos notarios, realizan periódicamente tareas de información en ese sentido.

Morir bien debe ser un valor a tener en cuenta, un derecho a garantizar. Por ello, tras una cuidadosa reflexión acerca de qué es lo que queremos para nosotros o mejor lo que de ninguna manera queremos, y con el adecuado asesoramiento que ofrecen asociaciones y administración, animo a los lectores a registrar de manera anticipada los planes asistenciales que les parezcan más acordes a sus valores, deseos y temores, para que cada cual sea quien decida libremente cómo debe ser su adiós a la vida.

Teresa Ribas Ariño (Doctora)

MÁS INFORMACIÓN:

https://derechoamorir.org/testamento-vital/

OTRA VEZ EN CAMPAÑA CONTRA LAS PENSIONES PÚBLICAS.

El Círculo de Empresarios, en el documento “El Talento Sénior y el Valor de la Experiencia” elaborado en colaboración con la Fundación Transforma España, después de cuestionar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, hace una serie de propuestas para su reforma, entre las que caben destacar: creación de cuentas nocionales; incrementar el número de años cotizados que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación hasta llegar a toda la vida laboral; ligar la revalorización de las pensiones a la productividad y no al IPC; sobre las cotizaciones sociales plantean establecer un mayor equilibrio entre lo cotizado por el empresario y el trabajador y transformar el actual modelo de reparto por un modelo mixto basado en tres soportes, uno de reparto, que garantizaría una pensión básica, uno de capitalización obligatoria y un tercero de capitalización voluntaria. Los modelos de referencia serían los de Holanda, Suecia, Reino Unido, Dinamarca o Alemania.

Conviene recordar que el Círculo de Empresarios, con la idea de influir en los Gobiernos de turno, lleva mucho tiempo dedicando una especial atención a las pensiones, sobre todo en los momentos de crisis económicas que las utiliza como pretexto, para realizar propuestas que poco tienen que ver con la sostenibilidad del sistema y mucho con la de reducir las pensiones públicas a su mínima expresión para conseguir que se privaticen las pensiones.  Comenzaron el año 1996 encargando a José Piñera, que fuera ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile en la época de Pinochet, a realizar un informe para sustituir el sistema de reparto por un sistema de pensiones públicas capitalizadas. El año 2001, su Boletín nº 66 estuvo dedicado, de forma monográfica, a una clara defensa en la privatización de la Seguridad Social y ahora han hecho públicas sus nuevas propuestas cuyo objetivo no es otra que el de recortar las pensiones públicas.

Desde el colectivo de pensionistas de Gipuzkoa, BAT-ETORRI CONSENSO, queremos llamar la atención sobre una tendencia que, en los últimos años, intenta importar modelos de otros países orientados a garantizar una pensión pública mínima, perfeccionada con otras generadas por sistemas de capitalización. Pero los sistemas de pensiones de cada país, no se pueden aislar de sus propias particularidades en lo que se refiere a la población, tasa de actividad del empleo de mujeres y hombres, modelo productivo, situación de su mercado de trabajo (paro, calidad del empleo, nivel salarial o precariedad laboral), productividad de su economía así como de su estructura y eficiencia fiscal. Es bueno conocer lo que ocurre en otros países, pero no podemos importar modelos ajenos que supondrían fuertes costes sociales.

En otro orden de cosas, es preciso señalar que abordar nuestro sistema de pensiones con un mínimo rigor, exige apartarse de de orientaciones segadas y, a menudo, llenas de mala intención, dirigidas a analizar un sistema de reparto propio de un aseguramiento colectivo universal, con un segmento contributivo y otro asistencial y una financiación mixta con cotizaciones sociales y aportaciones del Estado como el nuestro, utilizando variables financieras propias de los sistemas individuales de capitalización. Es lo que han hecho en sus últimos estudios el Banco de España y el Instituto de Actuarios Españoles, de cuyas fuentes bebe el Círculo de Empresarios. Y ello, que carece de sentido cuando se pretende comparar realidades que son muy diferentes en sus objetivos, en sus modalidades y en su financiación, se convierte en lamentable cuando es el Banco de España quien participa en poner en cuestión las pensiones públicas.

Para justificar todo esto, el Círculo de Empresarios, nos viene a alertar del actual déficit de la Seguridad Social, de la evolución de la ratio afiliados/pensionistas o de los cambios demográficos. Pues bien, nos podrán llenar de gráficos sobre demografía, esperanza de vida, ratios activos/pasivos, pero no nos responderán a la pregunta de por qué un país más rico que el de hoy, pagará mañana pensiones más bajas que las actuales. Que es lo que ocurrirá si no somos capaces de cambiar las cosas. Y eso, además de injusto, carece de toda ética.

Lo cierto es que el sistema privado en Chile, que tuvo un gran coste de transición, está en una muy difícil situación que se ha acrecentado como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia. El sistema proporciona unas pensiones de miseria que son más bajas en las mujeres, lo que ha profundizado en las desigualdades económicas y sociales. Además, las cuentas nocionales no aportan nada nuevo, ya que, como el factor de sostenibilidad, introduce mecanismos automáticos para cargar sobre los jubilados los ajustes del sistema con el recorte de sus pensiones.

Por todo lo que antecede, BAT-ETORRI CONSENSO, se reafirma en su compromiso de defender, con el rigor necesario, nuestro sistema público de reparto, como la mejor garantía para hacer efectiva la solidaridad entre generaciones, entre territorios y entre regímenes. Y para ello nos ratificamos en las reivindicaciones que forman parte de nuestro mejor activo fundacional y unitario: la defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y  de reparto; mantenimiento por Ley del poder adquisitivo de las pensiones; pensiones mínimas equiparadas al Salario Mínimo Interprofesional, derogación del factor de sostenibilidad y medidas que pongan fin a la brecha de las pensiones en razón del género.

Pentsio publikoen aurkako kanpainan berriro

Enpresaburuen Zirkuluak, Transforma España Fundazioarekin elkarlanean egindako “Sénior Talentua eta Esperientziaren Balioa” dokumentuan, pentsio-sistema publikoaren iraunkortasuna zalantzan jarri ondoren, hura erreformatzeko proposamen batzuk egiten ditu, besteak beste: kontu nozionalak sortzea; erretiro-pentsioa kalkulatzeko kontuan hartzen diren kotizatutako urteen kopurua handitzea, lan-bizitza osora iritsi arte; pentsioetatik produktibitatera, eta ez KPIra; kotizazio sozialei dagokienez, enpresaburuak kotizatutakoaren eta langilearen artean oreka handiagoa ezartzea planteatzen dute, eta egungo banaketa-eredua hiru euskarritan oinarritutako eredu misto bihurtzea, banaketako bat, oinarrizko pentsioa, nahitaezko kapitalizazioko bat eta kapitalizazioko hirugarren bat bermatuko lituzkeena. Erreferentziazko ereduak Holanda, Suedia, Erresuma Batua, Dinamarka edo Alemaniakoak izango lirateke.

Komeni da gogoratzea Enpresarien Zirkuluak, txandakako gobernuetan eragiteko asmoz, denbora asko daramala pentsioei arreta berezia eskaintzen, batez ere krisi ekonomikoko uneetan, horiek aitzakiatzat erabiltzen baititu, sistemaren iraunkortasunarekin zerikusi gutxi duten proposamenak egiteko, eta pentsio publikoak ahalik eta adierazpen txikienera murrizteko, pentsioak pribatiza daitezen lortzeko. 1996. urtean hasi ziren horretan. José Piñera Txileko Lan eta Aurreikuspen Sozialeko ministro izan zen Pinocheten garaian, banaketa-sistemaren ordez pentsio publikoen sistema ezartzeko txostena egitera.  2001.urtean, 66.buletina Gizarte Segurantzaren pribatizazioaren defentsa argia egiteko erabili zen, modu monografikoan, eta orain beren proposamen berriak argitaratu dituzte, pentsio publikoak murriztea helburu dutenak.

BAT-ETORRI/CONSENSO, Gipuzkoako pentsiodunen kolektibotik, azken urteotan, kapitalizazio-sistemek sortutako beste batzuekin hobetutako gutxieneko pentsio publikoa bermatzera bideratutako beste herrialde batzuetako ereduak inportatzen saiatzen den joera bat nabarmendu nahi dugu. Baina herrialde bakoitzeko pentsio-sistemak ezin dira beren berezitasunetatik bereizi, honako hauei dagokienez: biztanleria, emakumeen eta gizonen enpleguaren jarduera-tasa, ekoizpen-eredua, lan-merkatuaren egoera (langabezia, enpleguaren kalitatea, soldata-maila edo lan-prekarietatea), ekonomiaren produktibitatea, bai eta haren egitura eta eraginkortasun fiskala ere. Ona da beste herrialde batzuetan gertatzen dena ezagutzea, baina ezin ditugu inportatu kostu sozial handiak ekarriko lituzketen kanpoko ereduak.

Bestalde, adierazi behar da gure pentsio-sistemari gutxieneko zorroztasunez heltzeak murrizpen orientabideetatik eta, askotan, asmo txarrez jokatzetik aldentzea eskatzen duela, aseguru kolektibo unibertsal bati dagokion banaketa-sistema bat aztertzera bideratuta, segmentu kontributibo batekin eta asistentzial batekin, eta finantzaketa mixto batekin, gurea bezalako gizarte-kotizazioekin eta Estatuaren ekarpenekin, kapitalizazio-sistema indibidualei dagozkien aldagai finantzarioak erabiliz. Horixe egin dute Espainiako Bankuak eta Espainiako Aktuarioen Institutuak azken azterketetan, eta bertako iturrietatik edaten du Enpresarien Zirkuluak. Eta hori, bere helburuetan, modalitateetan eta finantzaketan oso desberdinak diren errealitateak alderatu nahi direnean zentzurik ez duena, tamalgarri bihurtzen da Espainiako Bankuak pentsio publikoak zalantzan jartzen dituenean.

Hori guztia justifikatzeko, Enpresarien Zirkuluak Gizarte Segurantzaren egungo defizitaz, afiliatuen/pentsiodunen ratioaren bilakaeraz edo aldaketa demografikoez ohartarazi nahi digu. Bada, demografiari, bizi-itxaropenari eta ratio aktibo/pasiboei buruzko grafikoz bete ahal izango gaituzte, baina ez digute erantzungo gaur baino aberatsagoa den herrialde batek bihar egungoak baino pentsio txikiagoak zergatik ordainduko dituen. Hori gertatuko da gauzak aldatzeko gai ez bagara. Eta horrek, bidegabea izateaz gain, ez du inolako etikarik.

Egia esan, Txileko sistema pribatua, trantsizio kostu handia izan zuena, pandemiak eragindako krisi ekonomikoaren ondorioz areagotu den egoera oso zail batean dago. Sistemak miseria-pentsioak ematen ditu, eta horiek baxuagoak dira emakumeen artean; horrek desberdintasun ekonomiko eta sozialetan sakondu du. Gainera, kontu nozionalek ez dute ezer berririk ekartzen; izan ere, jasangarritasun-faktoreak bezala, mekanismo automatikoak sartzen ditu erretirodunen gain kargatzeko sistemaren doikuntzak pentsioen murrizketarekin.

Aurreko guztia kontuan hartuta, BAT-ETORRI/CONSENSOk berretsi egiten du gure banaketa-sistema publikoa behar den zorroztasunez defendatzeko konpromisoa, belaunaldien arteko, lurraldeen arteko eta erregimenen arteko elkartasuna gauzatzeko bermerik onena den aldetik. Eta, horretarako, gure sorrerako aktiborik onena eta unitarioa osatzen duten aldarrikapenak berresten ditugu: Pentsioen Sistema Publiko solidario eta banatzailearen defentsa; pentsioen erosteko ahalmenari Lege bidez eustea; Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren pareko gutxieneko pentsioak, iraunkortasun-faktorea indargabetzea eta generoaren araberako pentsioen arrakala amaitzen duten neurriak.

 

El asesinato de Gregorio Ordoñez.

Se cumplen 26 años de asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA. Con motivo de ese triste aniversario les dejo por aquí una crónica que recuerda aquel atentado mortal. Para agilizar su lectura divido el post en cuatro partes y elimino todo el aparato crítico del capítulo (referencias de prensa, actas municipales y otros documentos), que forma parte de nuestro proyecto titulado Historia y memoria del terrorismo vasco. Esta primera entrega está dedicada a la ponencia Oldartzen, la antesala de aquel asesinato y de otros muchos que vendrían poco después:

1.UN CAMBIO DE PARADIGMA:LA PONENCIA OLDARTZEN.

“…el día que un tío del PSOE, PP, PNV va al funeral de un txakurra o cien […] no ve en peligro su situación personal […], pero el día que vayan a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea, en una caja de pino y con los pies por delante)”.

De esta manera tan gráfica y directa se expresaba un miembro de ETA en un boletín interno que publicó la organización terrorista en junio de 1993. Su «reflexión», aunque todavía no se había comenzado a elaborar ni debatir la ponencia Oldartzen, expresaba cual sería la estrategia de la banda terrorista durante los años siguientes: extender el miedo entre los partidos democráticos que se oponían a ella para «encontrar soluciones», es decir, ampliar el punto de mira de sus atentados, incluir a otra serie de sectores contrarios a ETA entre sus posibles víctimas y socializar el sufrimiento, aunque esta última expresión nunca llegó a aparecer de forma textual en el citado documento. La descarnada simplicidad de aquella exposición resumía de un modo contundente lo que significaba el terrorismo; un instrumento para lograr por la fuerza de las armas unos objetivos políticos concretos que despreciaban por completo los principios democráticos y la voluntad de los ciudadanos.

Desde finales de los años setenta ETA había apostado por acumular cadáveres sobre una hipotética mesa de negociación con los diferentes gobiernos. Su objetivo era ejercer una presión insostenible con el fin de que estos hincasen la rodilla y se vieran obligados a aceptar unas condiciones que solo tenían un objetivo: imponer su proyecto totalitario. Sin embargo, tras superar los sangrientos «años del plomo» que pusieron a la democracia española contra las cuerdas, esta se había asentado firmemente y el Estado de Derecho comenzaba, lentamente, pero con firmeza, a vencer al terrorismo. La caída de la cúpula de Bidart que tuvo lugar el 22 de marzo de 1992 fue uno de los golpes policiales, quizás el más importante, en la lucha contra ETA. Como han señalado Alonso, Domínguez y García Rey, «El mito de que la banda no podía ser destruida policialmente se vino abajo y los etarras interiorizaron la idea que de podían desaparecer»ii. Todavía tendrían que transcurrir casi 20 años para ver el final de la organización terrorista, pero ya nada volvería a ser como hasta entonces dentro de ella. La operación que tuvo lugar en la localidad francesa desbarató el sueño que había alimentado ETA a comienzos de 1992; es decir, lograr, a partir de una serie de importantes atentados, concitar la atención de todos los medios internacionales, pendientes de la celebración de los grandes eventos que tendrían lugar en España -la Exposición Universal de Sevilla y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de Barcelona- y poner al Gobierno ante una situación insostenible que le hiciera claudicar. Las importantes medidas de seguridad que adoptaron las autoridades y la sustancial mejora que se produjo en la lucha antiterrorista, junto con la colaboración francesa, culminaron en aquella operación que acabó con la detención de Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Joseba Arregi Erostarbe, Fitipaldi. La crisis que provocó la caída de la dirección de ETA obligó a la organización terrorista a cambiar de estrategia. Si los asesinatos de guardias civiles y policías no habían servido para resquebrajar al Estado y lograr que los diferentes gobiernos se tomasen en serio sus exigencias en los distintos procesos de negociación que habían tenido lugar hasta entonces, la banda terrorista extendería sus acciones contra políticos, jueces, fiscales y «terroristas de la pluma».

En realidad, el terrorismo abertzale en el País Vasco ya había atentado directamente contra dirigentes de diferentes formaciones políticas durante los primeros años de la Transición. Como ya se trató en los capítulos III y IV del primer volumen de este proyecto, entre 1976 y 1982 la rama militar de ETA mató a varios afiliados de Fuerza Nueva, militantes tradicionalistas y de Alianza Popular. Otro tanto hicieron los CAA con miembros del PSOE y la UCD y los polimilis, que acabaron en 1980 con la vida de varios dirigentes de esta última formación. En este caso, la estrategia de ETApm, como han recordado Raúl López Romo y Gaizka Fernández Soldevilla, buscaba provocar una «mayor radicalización» que consistía en «causar traumas» tras constatar la escasa efectividad de su actividad terrorista, eclipsada frente al importante eco político y mediático que alcanzaban los numerosos atentados mortales de la rama militar de ETAiv. Para lograrlo, los polimilis optaron, hasta su desaparición definitiva en 1982, por la práctica de un terrorismo más selectivo con el fin de compensar su menor capacidad operativa. No volvieron a producirse atentados mortales contra dirigentes políticos hasta que los CAA acabaron a tiros en 1984 con la vida del senador socialista Enrique Casas.

Pero la situación cambió de forma radical unos años más tarde. Tal y como constató el juez Baltasar Garzón en el año 2002 a raíz del proceso judicial que terminó con la ilegalización de Batasuna, el debate que se abrió en el seno de la izquierda abertzale a mediados de los años noventa tenía un objetivo claro: agilizar el funcionamiento de la estructura social y política del entorno de ETA y nutrirlo de actividadvi. El nombre elegido para designar este proyecto fue Bizkar Hezurra (Columna Vertebral) y se desdobló en dos planos paralelos (véase capítulo X): el primero, llamado Txinaurri (hormiga), dedicado a establecer los objetivos e instrumentos para alcanzar la independencia; y Karramarro (cangrejo), urdido para crear la estructura idónea capaz de articular estos instrumentos. En el primero de los procesos se trataba de iniciar la «construcción nacional de una Euskal Herria independiente y socialista» sin esperar a forzar una negociación política con el Gobierno para conseguir la independencia, como habían tratado de hacer hasta ese momento. Fue precisamente a partir de este planteamiento como nació a principios de 1995 la denominada Alternativa Democrática de Euskal Herria, que terminó sustituyendo a la Alternativa KAS.

Por tanto, los objetivos estaban perfectamente delimitados. Tan solo faltaba por definir la segunda fase, Karramarro, cuya consecuencia sería la constitución de ETA-KAS como la genuina «columna vertebral» del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Sin embargo, su puesta en marcha implicaba que los miembros de KAS -Jarrai, HB, LAB, Gestoras…- debían cumplir a rajatabla sus directrices por encima de cualquier otra decisión adoptada por las organizaciones en las que militaban. Según el mismo juez Garzón, esta remodelación de KAS forzó una reforma en la estructura de HB a través del proceso Oldartzen que, en definitiva, supuso «la incorporación a la dinámica política de HB de los nuevos objetivos de KAS concretados en la «construcción nacional». Como confirmó un Zutabe meses después (septiembre de 1995), «existía un peligro real de caer en un debate tan largo como estéril» entre quienes propugnaban «cambiar la línea de raíz» y «los que no veían esa necesidad o parecían temerosos». «Uno de los elementos que ayudó fue la intervención de la organización, concretamente con la acción contra Ordóñez». De esta forma resumía ETA el valor y la importancia que tuvo su asesinato. En este sentido, el atentado mortal que acabó con la vida del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián no sirvió únicamente para extender el miedo y socializar el sufrimiento entre quienes se oponían a la imposición por la fuerza del proyecto abertzale, sino también como una prueba de fuego para constatar la consistencia de la nueva estructura y el liderazgo de ETA en todo este proceso.

Pero Ordoñez no fue el primer objetivo de esta nueva estrategia de «socialización del sufrimiento» que se puso en marcha tras la caída de la cúpula de Bidart. Como recuerda Javier Marrodán, en diciembre de 1994, un mes antes del asesinato del dirigente más carismático del Partido Popular en el País Vasco, la Guardia Civil desarticuló en Navarra un comando que pretendía atentar contra varios objetivos, entre ellos el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Jesús Aizpún y el expresidente del Gobierno Foral, el socialista Gabriel Urralburu.

Aunque las FCSE lograron evitar aquellos atentados no pudieron hacer lo mismo con el que acabó con la vida de Gregorio Ordoñez

 

 

2.CRÓNICA DE UN CRIMEN.

En las navidades de 1994 el miembro de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, ordenó a Valentín Lasarte Oliden, Potxolo, que recabara información sobre los movimientos de Gregorio Ordóñez Fenollar, uno de los hombres más carismáticos del Partido Popular en el País Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. Su objetivo no era otro que ir preparando un atentado para asesinarle. Con ello, la organización terrorista confirmaba lo que había debatido y aprobado en la ponencia Oldartzen: socializar el sufrimiento, es decir, advertir a todos aquellos que se oponían a su proyecto que nadie estaría a salvo a partir de entonces, y los primeros objetivos serían los representantes políticos de los partidos no nacionalistas, aquellos a quienes consideraba enemigos de Euskal Herria.

Lasarte trabajaba en aquellos momentos como camarero en un bar que regentaba su padre en la parte vieja de la capital donostiarra y gracias a ello pudo controlar discretamente los movimientos de Ordóñez por la zona, situada muy cerca del Ayuntamiento. Tras varios días de seguimientos comunicó a García Gaztelu y a un tercer miembro del comando Donosti del que formaban parte, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata y Mikel, los datos necesarios para llevar a cabo el atentado contra el miembro del Partido Popular. Sin embargo, Gregorio Ordóñez entraba a primera hora de la mañana a trabajar en su despacho de consistorio municipal, pero no tenía una hora fija de salida a la hora de comer. La oportunidad ideal para cometer el atentado surgió unas semanas después, el 23 de enero de 1995. Ese día, sobre las 15:00 horas, Lasarte vio como Ordoñez entraba en el bar-restaurante «La Cepa», ubicado en la calle Treinta y Uno de Agosto de San Sebastián, acompañado por Enrique José Villar, Kote, María San Gil e Iciar Urtasun. Tras observar que el grupo se sentaba en una mesa y se disponía a comer, el terrorista avisó por teléfono a sus dos compañeros del comando, que se encontraban en esos momentos esperando en un piso del barrio donostiarra de Gros el momento justo para cometer el atentado. García Gaztelu y Carasatorre Aldaz cogieron sus armas y se encaminaron hacia el restaurante. Al llegar al local Lasarte les indicó donde se encontraba sentado Gregorio Ordoñez. Uno de los terroristas (nunca se pudo concretar quién fue) entró en el comedor y disparó sobre él a bocajarro, alcanzándole en la cabeza y provocando su muerte en el acto. María San Gil, secretaria personal del miembro del Partido Popular, quedó sobrecogida, sin embargo, segundos después logró reaccionar y salió del restaurante corriendo detrás del terrorista que huyó del lugar de los hechos a pie, perdiéndose rápidamente entre las calles de la parte vieja.

Para comprender el alcance político y social que tuvo el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián es necesario trazar un breve recorrido sobre su trayectoria y todo lo que significó Gregorio Ordoñez. El miembro del Partido Popular del País Vasco había nacido en Venezuela en 1958, después de que sus padres emigrasen a este país tras la Guerra Civil. Cuando tenía tan solo siete años Gregorio y su familia volvieron a España, concretamente a San Sebastián, y emprendieron una nueva vida. Con dieciocho años el joven comenzó a estudiar Periodismo en la Universidad de Navarra, carrera que terminó en 1981 para empezar poco después a trabajar en Norte Exprés. La vida de Ordóñez estuvo siempre ligada a la capital donostiarra. Fue allí donde conoció a su novia, Ana Iribar, con la que terminaría casándose en 1990 y teniendo un hijo tres años después, Javier Ordóñez Iribar. Hombre inquieto y preocupado por la convulsa vida política vasca, marcada profundamente por el terrorismo de ETA, el joven Gregorio ingresó en las juventudes de Alianza Popular en unos momentos especialmente difíciles para la formación conservadora. Su carrera política fue rápida y fulgurante. Con apenas 24 años fue elegido concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián y comenzó a encargarse del área de Legalidad Urbanística. Cuatro años después pasó a estar al frente de Turismo y fue designado responsable del Centro de Atracción y Turismo (CAT) y en 1991, se puso al frente del área de Urbanismo.

Tanto en el Ayuntamiento de San Sebastián como en la Cámara vasca (fue elegido parlamentario por el Partido Popular en 1990) Ordóñez destacó como un hombre firmemente comprometido con la defensa de los principios democráticos frente al terrorismo. Su carácter abierto, sociable y su discurso directo y beligerante contra ETA, en una época marcada por el miedo a expresar cualquier tipo de crítica al nacionalismo, hicieron que rápidamente llamara la atención, sobre todo entre los votantes no nacionalistas. El PP por fin parecía haber encontrado un referente tras la penosa travesía por el desierto que había arrastrado el centro-derecha en el País Vasco a lo largo de más de una década. De hecho, como recordó en primera plana el diario El Mundo al día siguiente de su asesinato. Ordoñez era en aquellos momentos «el político con mayor apoyo electoral en San Sebastián» según constataban los últimos comicios.

Sin embargo, ese mismo carácter y la claridad de sus posiciones políticas también hizo crecer un rechazo profundo y visceral contra su persona entre amplios sectores del mundo nacionalista, donde era calificado «un mal vasco», alguien que no merecía ser considerado como tal. En esos términos despectivos y excluyentes se refirió a él Imanol Beristain, concejal de EA en el Ayuntamiento de San Sebastián el 14 de enero de 1995 en una carta publicada en el diario Egin, tan solo unos días antes de su asesinato. En la misiva, dirigida al líder del PP, se afirmaba lo siguiente: «Que sea usted concejal de Donostia, para todo buen vasco, sobre todo si es nacionalista, supone una provocación. Dios quiera que no sea por mucho tiempo». Eran solo los deseos de un contrincante político. Los episodios más graves llegaron en forma de amenazas y Gregorio Ordóñez las sufrió de todo tipo. «Te quedan pocos días», le llegó a espetar en la calle un joven de Jarrai, después de haber intentado agredirle por llevar el lazo azul que reclamaba la libertad del empresario Julio Iglesias, secuestrado por ETA. En otras ocasiones el acoso llegó por vía telefónica y fue mucho más explícito, a través de mensajes que quedaron grabado en su contestador: «A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Otra declaración tuya más y tu familia, cualquiera de ellos, corre riesgo de morir. Fuera de Euskadi, cabrón». Se trataba de amedrentar al oponente político para emprender una limpieza ideológica en el País Vasco donde solo tuvieran cabida los nacionalistas. A pesar de ello Ordoñez nunca se arredró, ni siquiera cuando leyó en Egin en septiembre de 1994, unos meses antes de ser asesinado, una amenazadora carta firmada por Antton López Ruiz, Kubati. En la misiva el pistolero de la banda terrorista, que había acabado antes con la vida de su excompañera de la organización terrorista, Dolores González Catarain, Yoyes, se despachaba sin contemplaciones contra varios dirigentes políticos. Entre ellos citaba expresamente a Ramón Jáuregui, Juan María Atutxa, Iñaki Anasagasti y al propio Gregorio Ordoñez, en este último caso en dos ocasiones, y expresaba un inquietante deseo: «que algún día, al poner la radio, oiga por ella una buena noticia que me alegre el día».

Ordoñez siempre dejó claro cuál fue el motivo que le había animado a entrar en política en aquellos años tan difíciles. «Me metí en política, porque quiero mucho a mi tierra y no quería verla doblegada por el yugo de los pistoleros de ETA y también porque no me daba la gana de actuar de un pistolero verbal, Xabier Arzalluz». Además de ello, también puso de manifiesto su posición absolutamente contraria a establecer cualquier tipo de negociación política con la organización terrorista para lograr el final de la violencia. «Si el Gobierno negocia con ETA significa que estamos prostituyendo la democracia, significa que vale más comprarse una escopeta que votar. […] No valen las negociaciones políticas y el único camino para conseguir la paz son los éxitos policiales».

Pero existieron otras circunstancias en torno al asesinato de Gregorio Ordoñez que hay que considerar y tener en cuenta. El día siguiente del atentado mortal contra el dirigente del Partido Popular la periodista de El Mundo Carmen Gurrutxaga (acosada por ETA y objeto de un atentado contra su vivienda el 22 de diciembre de 1997), publicó un artículo impactante. En el mismo daba cuenta de los nuevos datos que, al parecer, había conseguido el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, como parte de una investigación que venía desarrollando sobre posibles infiltrados de ETA en la Policía Municipal de la capital donostiarra. Gregorio Ordoñez había manifestado a la periodista tan solo unas horas antes de ser asesinado, que había «dado con algo muy gordo. Y en el momento que lo tenga cerrado os lo cuento». La historia, arrancaba unos meses atrás, cuando las FCSE habían detenido a dos agentes municipales de San Sebastián. Uno de ellos, José María Lizarraga, fue posteriormente puesto en libertad sin cargos, pero el otro, Patxi Añorga, fue juzgado y condenado a seis años de prisión mayor por colaboración con banda armada. El hecho es que Ordóñez, basándose en las declaraciones del primero estaba convencido de que pasaba información a ETA y a partir de ella la organización terrorista había asesinado a Olarte y a José Antonio Santamaría unos meses antes. A raíz de ello comenzó a investigar los casos de corrupción que existían dentro de la Guardia Municipal de San Sebastián, lo que le llevó a tener un duro enfrentamiento con el alcalde socialista, Odón Elorza. El desarrollo de la trama y de los acontecimientos se precipitaron de forma dramática unos días después, cuando el comando Donostia de la banda terrorista acabó con la vida de Alfonso Morcillo. La víctima, sargento jefe de la brigada de investigación de la Policía Municipal de San Sebastián, según recordó posteriormente el periodista José María Calleja, había dedicado los últimos meses a tratar de desenmascarar a los topos que la organización terrorista había introducido dentro de aquel cuerpo. Un año después del asesinato de Alfonso Morcillo el sargento de la Guardia Municipal fue distinguido a título póstumo por la corporación de la capital donostiarra con la Encomienda de la ciudad en reconocimiento «por su gran labor desarrollada en el Cuerpo en beneficio de San Sebastián y de todos los donostiarras y por su impecable trayectoria profesional».

Unos minutos antes de ser asesinado, Ordóñez mantuvo una conversación informal en su despacho del ayuntamiento con un periodista de El Diario Vasco, a quien manifestó. «No estoy tranquilo, tengo miedo» […] «Me han dicho que Lizarraga vuelve a estar activo». Nunca pudo probarse que este último tuviera relación con su asesinato, ni que este fuera cometido como respuesta a la investigación que estaba realizando Ordóñez, pero el hecho, pero lo cierto, como declaró el miembro del PP a este periódico poco antes de sufrir el atentado que acabó con su vida, era que estaba sumamente preocupado tras su puesta en libertad.

3.UNA SOCIEDAD CONMOCIONADA.

Las muestras de estupor y condena de las fuerzas políticas vascas tras el asesinato de Ordoñez fueron prácticamente unánimes. La cúpula del PP, profundamente afectada por el atentado que había segado la vida de su hombre más popular y querido en el País Vasco, hizo un llamamiento a la serenidad. El rey Juan Carlos interrumpió un acto oficial para dar de viva voz el pésame a la familia, el presidente del Gobierno Felipe González telefoneó a José María Aznar, líder del PP, y el ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, regresó precipitadamente de un viaje a Israel, lo que da una idea del impacto político que tuvo aquel asesinato.

La excepción, como siempre, fue Herri Batasuna. La junta de portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián se reunió de urgencia unas horas más tarde del asesinato para elaborar un comunicado de condena que contó con el apoyo del resto de los partidos. Sin embargo, Joseba Álvarez, concejal de la coalición abertzale, se remitió al pleno posterior, aduciendo que en esos momentos la postura oficial de HB se estaba debatiendo en la Mesa Nacional de esta formación. Finalmente, ni él ni sus compañeros acudieron al citado pleno. En medio de la conmoción provocada por aquel atentado mortal la el brazo político de ETA recurrió al argumentario ensayado y repetido durante más de tres décadas, desprovisto de la más mínima sensibilidad humana ante otro crimen execrable, y «situándolo en el marco de la confrontación entre el País Vasco y España». Los concejales de los partidos democráticos reunidos en el pleno de urgencia aprobaron una condena unánime del atentado, destacaron la trayectoria política y la firmeza de su teniente de alcalde frente al terrorismo y animaron a que todos los ayuntamientos vascos presentasen la misma moción en sus plenos.

“Quienes han acabado con la vida del primer teniente de alcalde de San Sebastián y miembro del Parlamento Vasco, pretenden con este acto eliminar los fundamentos de la Democracia, realizando un ataque frontal y violento al funcionamiento pacífico de las instituciones públicas de las que era representante democráticamente elegidoi. Comprobar quienes apoyaron la moción”.

Siguiendo el llamamiento del pleno municipal de San Sebastián, otros ayuntamientos vascos, muy pocos, presentaron la misma moción, apoyada por el PSE-EE, PNV, PP, EA y EUE. En la mayor parte de los casos el resultado fue muy similar: ningún concejal de HB rechazó el atentado. Así ocurrió, por ejemplo, en Andoain, Irún, Fuenterrabía o Zarauz. Las excepciones que hubo, muy pocas, tan solo sirvieron para comprobar la solidez de la fidelidad de los representantes de la coalición abertzale. La más significativa fue la de la concejal de San Sebastián, Begoña Garmendia, portavoz en el ayuntamiento y parlamentaria por HB en la Cámara vasca, quien rompió la disciplina interna de su grupo y criticó públicamente el asesinato de Gregorio Ordoñez a «título personal», según sus palabras «cumpliendo con lo que me exige mi conciencia humana y mi dignidad política»ii. En una comparecencia voluntaria ante los medios informativos en el ayuntamiento de San Sebastián, Garmendia expresó lo siguiente:

“Gregorio Ordóñez era probablemente el adversario más contundente de cualquiera que fuese abertzale o progresista en el marco de la institución del Ayuntamiento y del Gobierno de la ciudad, pero como adversario político debía de ser combatido con armas políticas y en el marco de una confrontación política”.

Se trataba del mismo texto que la abogada había presentado un día antes la Mesa Nacional de HB, en el que manifiesta su «total desacuerdo» y su «más firme rechazo a este acto». Tras «lamentar profundamente la muerte de Gregorio Ordóñez y mostrar su voluntad de expresar «con toda sinceridad mi condolencia a sus familiares y allegados», Garmendia afirmó que «este atentado se caracteriza como una intervención de carácter armado en el campo de la lucha político-institucional, circunstancia, a mi entender, absolutamente rechazable». Aunque el texto reproducía en cierto modo la alambicada terminología de la izquierda abertzale y evitaba deliberadamente pronunciar la palabra condena, en un mundo tan cerrado y vigilado como aquel, donde las disidencias públicas podían tener fatales consecuencias, la declaración de la concejal de HB fueron recibidas como un importante avance por el resto de representantes de las fuerzas políticas democráticas. El propio lehendakari Ardanza destacó el gesto como «una actitud valiente», con la esperanza de que significase un punto de referencia para otras personas que se encontraban en aquellos momentos dentro de HB a las que instó a «tener la valentía de seguir los pasos de la concejal». En parecidos términos se expresó el líder del Partido Popular, José María Aznar. Sin embargo, a pesar de la importancia que dieron los representantes políticos de los partidos democráticos a aquel desmarque puntual, apenas se produjeron disensiones internas en la izquierda abertzale tras aquel asesinato. Javier Olaverri, exparlamentario por EE y concejal independiente en aquellos momentos en el ayuntamiento de la capital donostiarra, se mostró mucho más escéptico sobre la posibilidad de que el asesinato terminase afectando a la posición que durante todos aquellos años había mantenido HB sobre la violencia. Txema Montero, antiguo dirigente de la coalición, pero alejado de ella tras el atentado de Hipercor, manifestó que aquel asesinato representaba «un auténtico test interno para ver quiénes siguen siendo amigos, después de un salto cualitativo como es éste, de atentar contra un político exclusivamente por el hecho de serlo».

Solo unas pocas voces críticas se desmarcaron públicamente de la postura oficial de HB, como ocurrió en el Ayuntamiento de Pamplona, donde la concejal abertzale Mariné Pueyo rechazó el asesinato de Ordóñez, lo mismo que Patxi Zabaleta, parlamentario navarro y miembro de la Mesa Nacional de la coalición que posteriormente lideraría una escisión dentro HB. Por su parte, el exdirigente de ETA, Julen Madariaga, un hombre con un cierto halo simbólico por su trayectoria, pero para entonces con un nulo peso político en ese mundo, manifestó unos días después del atentado que si ETA había matado a Ordoñez y HB estaba de acuerdo dejaría su militancia. En definitiva, el atentado, salvo contadas excepciones, tan solo sirvió para avalar las tesis más ortodoxas de la izquierda abertzale y poner a prueba el apoyo incondicional de la coalición y la sumisión a ETA.

 

Cada pequeño avance que detectaban los representantes de los partidos políticos democráticos se veía empañado en muy poco tiempo por el cierre de filas de aquella comunidad profundamente identificada con la organización terrorista, o por los matices de los contados miembros de la izquierda abertzale que se atrevían a disentir de la mayoría. La propia Begoña Garmendia fue incapaz de apoyar dos semanas más tarde de aquel atentado la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de San Sebastián a Gregorio Ordónez y la propuesta del Ayuntamiento para poner una calle con su nombre nombre en la capital donostiarra. Todavía como portavoz del grupo municipal de Herri Batasuna, la concejal manifestó que la coalición no podía suscribir aquel acuerdo y utilizó una fórmula tan rebuscada como estrambótica para justificar su postura y evitar participar en la votación: «la presencia ausente» de la coalición en el pleno. Las explicaciones fueron aún más reveladoras sobre la posición que mantenían sus representantes. Garmendia afirmó en nombre de la coalición abertzale que el miembro del Partido Popular y teniente de alcalde del Ayuntamiento no era el único que había sido objeto de la violencia y recordó la reciente muerte del simpatizante de HB Imanol Lertxundi tras sufrir un ataque cardiaco en una manifestación; el juicio por la muerte de Juan Calvo en dependencias de la Ertzaintza y la pérdida de un ojo de una mujer vecina de San Sebastián, al ser alcanzada por una pelota de goma durante una manifestación convocada por las Gestoras Pro-Amnistía. De nuevo el argumento de los dos bandos y la mezcla de víctimas de distinta naturaleza para «enmarcar» un asesinato planificado y ejecutado a sangre fría contra aquellos a quienes ETA consideraba enemigos políticos. A pesar de ello, Begoña Garmendia fue tachada de «txakurra» (así apareció en varias pintadas) y terminó dimitiendo poco después por su desacuerdo con la línea oficial de la coalición abertzale. El pronunciamiento público de la concejal donostiarra contra aquel asesinato no sirvió para arrastrar a otras voces críticas con la violencia de ETA dentro de HB. Lejos de ello, algunos destacados representantes de las organizaciones más importantes de ese mundo, como Mikel Zubimendi, que posteriormente pasaría a la clandestinidad y se incorporaría a ETA, llegó a afirmar en una rueda de prensa de Jarrai, que con aquel atentado «se había hundido el buque insignia del fascismo español».

Estupor e incredulidad fueron algunos de los términos más repetidos por la prensa al día siguiente del asesinato. El socialista Fernando Múgica, que sería asesinado por la misma organización terrorista un año después, comparó aquel atentado con el cometido casi diez años antes en la misma capital donostiarra por los CAA que había terminado con la vida de su compañero, el senador Enrique Casas. «He sentido el mismo asco que entonces». Aquel crimen había marcado de algún modo una línea que la mayor parte de los partidos democráticos y de la propia sociedad vasca, creían infranqueable: el asesinato de un representante político, de un cargo elegido en democracia por la voluntad popular. Sin embargo, como ya hemos apuntado, la situación había cambiado en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, tras la aprobación de la ponencia Oldartzen. El Secretario General del PSE-EE se dirigió a los militantes de este partido y a los del PP para decirles que se tomaran este asesinato «como si fuera uno de los nuestros».

La historiadora Irene Moreno Bibiloni ha analizado lo que significó aquel asesinato y la trascendencia que tuvo:

“fue el punto de inflexión no solo en la estrategia de ETA, sino en la percepción que se tenía de las víctimas. El asesinato de un político en un contexto democrático de mitad de los noventa resultó indignante y doloroso para la gran mayoría de la población y abrió el camino a un nuevo estilo de movilización”.

Esta última se fue fraguando a mediados de la década de los años noventa. Como se publicó al día siguiente de aquel asesinato, ETA no había atentado solamente contra un ser humano, sino «también contra los pilares del sistema democrático»iv. El periodista José María Calleja, también perseguido por ETA por su comprometida postura frente al terrorismo, afirmó posteriormente que a Gregorio Ordoñez lo asesinaron «por su capacidad de liderazgo en la lucha contra el miedo, porque defendía unas ideas que están proscritas desde el punto de vista nacionalista».

La prensa de aquellos días y algunos de los trabajos de investigación centrados en la respuesta social contra el terror dan cuenta de la importante movilización que se produjo tras el asesinato de Ordóñez. La recepción del féretro en la capilla ardiente, instalada en el Ayuntamiento de San Sebastián, fue uno de los actos más intensos y emotivos de cuantos tuvieron lugar aquellos días. Allí se pudieron escuchar gritos de «¡Alcalde, alcalde!», «¡ETA asesina!» y «¡Viva España!». Fuera del palacio consistorial se congregó una auténtica marea humana que esperó pacientemente su turno en los jardines de Alderdi Eder para presentar sus respetos ante el cuerpo de teniente de alcalde asesinado. Mientras tanto, miles de estudiantes y profesores recorrieron el campus universitario de Ibaeta encabezados por una pancarta en la que podía leerse «Gregorio somos todos». Al mediodía, siguiendo la convocatoria hecha por el pleno del Ayuntamiento, la ciudad guardó cinco minutos de silencio y ya por la tarde una gran multitud recorrió en manifestación las calles de la capital donostiarra en dirección hacia Amara, para terminar frente a la Iglesia de la Sagrada Familia, donde se celebró el funeralv. Al oficio religioso asistieron, entre otras muchas personalidades de la vida política vasca y española, el presidente del Partido Popular, José María Aznar, el lehendakari José Antonio Ardanza; el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa; el ministro Belloch, y diversos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el interior del templo, el obispo de San Sebastián José María Setién ofició la ceremonia acompañado por el cardenal Suquía y 25 sacerdotes. Durante la ceremonia se dirigió a los presentes, pero también a la organización terrorista que había acabado con la vida del teniente de alcalde de San Sebastián para pedir que abandonara las armas:

“…una grave llamada a ETA a fin de que preste a este pueblo, por cuya libertad dice luchar, el mayor y mejor servicio que le puede hacer, que es el de dejar las armas y abrir así las vías adecuadas para lograr la paz por el camino del mutuo entendimiento”.

Aquel asesinato fue el inicio de un proceso que cambiaría la percepción de la sociedad vasca y española frente a ETA: la presencia en el espacio público del colectivo de víctimas del terrorismo, prácticamente invisibles e ignoradas hasta ese momento. Unos pocos días más tarde, el 28 de enero, tuvo lugar en Bilbao la tradicional manifestación que venía celebrando los últimos años la asociación Gesto por la Paz, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gandhi. Miles de personas, entre ellas la mayor parre de los líderes de los partidos democráticos en el País Vasco, llenaron las calles de la capital vizcaína profundamente afectados por el reciente asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián. Fue, sin duda, la manifestación más numerosa que se celebró aquellos días, pero como ha afirmado Irene Moreno Bibiloni, hubo otras que tuvieron un enorme significado. Unos días más tarde, el 10 de febrero, una nueva plataforma ciudadana, denominada «Basta ya», impulsada por miembros del colectivo Denon Artean, hizo un llamamiento ciudadano para concentrarse de forma pacífica y silenciosa durante diez minutos al día siguiente frente a la sede de HB en la calle Urbieta de San Sebastián. En el llamamiento, apoyado por cerca de mil personas, «representativas de diversas ideologías y sectores sociales», se emplazaba de forma explícita y directo a la coalición abertzale:

“… para pedir a HB que deje de apoyar a ETA, para que nadie (político, ertzaina, guardia civil o policía, militar, periodista, médico, camello…) vuelva a ser asesinado en nombre del pueblo vasco y para que cualquiera, -incluidos los de HB, pueda pensar y expresar libremente sin ser colocado en el punto de mira de una de las pistolas de ETA”.

Según explicaba el colectivo, este se había formado después del asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián, y, sobre todo, «tras las amenazas de KAS a los periodistas». La novedad no estaba en el lema utilizado (en 1980 lo habían usado los vecinos de Zorroza o la manifestación de Gesto por la Paz en enero de 1989), sino en el hecho de que la concentración se realizase frente a la sede de HB, señalando claramente a quienes consideraban cómplices del asesinato de Ordóñez. La izquierda abertzale, que había monopolizado prácticamente el espacio público con su presencia amenazadora contra todos aquellos a quienes consideraba «enemigos del pueblo vasco», reaccionó con virulencia, convocando una contramanifestación (como haría posteriormente durante los secuestros que tuvieron lugar unos pocos años más tarde). En ella se profirieron graves insultos y amenazas dirigidos a las personas que portaban carteles con el lema ¡Basta ya! entre gritos de «Gora ETA militarra» (Viva ETA militar), «Zuek ere txakurrak zarete» (Vosotros también sois perros, en alusión al apelativo empleado para referirse a las FCSE), «Gu ETAkin, ETA, Gurekin», (Nosotros con ETA, ETA con nosotros) y «Alde hemendik Espainarealdera» (Iros a España). Tras la concentración algunas personas que secundaban la concentración de la plataforma ciudadana, al igual que varios periodistas que cubrían el acto, fueron perseguidos, hostigados y agredidos por los militantes y simpatizantes de HB.

El comportamiento de la sociedad vasca frente al terrorismo y a favor de las victimas había comenzado a cambiar. Sin embargo, el odio que alimentó el mundo abertzale contra ellas, incluso después de acabar con sus vidas siguió perviviendo durante años. Consuelo Ordoñez, la hermana del dirigente del Partido Popular y la viuda de este, Ana Iribar, sufrieron durante mucho tiempo el acoso del entorno de ETA hasta que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco. La primera fue insultada y agredida en varias ocasiones por elementos de la izquierda abertzale. Como ella misma recuerda: me abrieron la cabeza de un botellazo en el casco viejo de San Sebastián; y hasta me acostumbré a que me gritaran por la calle y en las contramanifestaciones «Ordóñez a Polloe» y «Ordóñez, devuélvenos la bala». En el año 2003 Consuelo tuvo que exiliarse del País Vasco, como otras muchas víctimas de la persecución del nacionalismo radical, tras recibir una llamada del ministro del Interior Ángel Acebes, quien la alertó de que su vida corría un grave peligro al haber detectado que ETA la había incluido entre sus objetivos. Pero el odio no terminaría tan pronto. En enero de 2007 la tumba del líder del PP vasco fue profanada por dos menores de apenas catorce años de edad, un acto por el que fueron condenados a realizar setenta horas de trabajo en favor de la comunidad como autores confesos de un delito de menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo.

4.AVISO A NAVEGANTES.

La práctica de la socialización del sufrimiento no significaba solamente la posibilidad de atentar mortalmente contra aquellos a quienes ETA consideraba el «enemigo», sino señalar, cercar y hacer literalmente la vida imposible a todos aquellos cargos, representantes e incluso militantes de los partidos contrarios al terrorismo que practicaba esta organización. En poco tiempo el punto de mira se ampliaría para abarcar también a periodistas, profesores, intelectuales y miembros de la judicatura. Como ha recordado Florencio Domínguez, se trataba «lisa y llanamente, (de) perpetrar agresiones personales, acosar en la vida cotidiana a los ciudadanos -por ejemplo, cuando utilizaban el transporte público, atacando una y otra vez- hacer la vida imposible, a menudo al pie de la letra, a los adversarios políticos». El mismo periodista ha señalado, siguiendo al sociólogo Peter Waldmann, que la adopción de la nueva estrategia supuso en realidad un cambio sustancial de la organización, al pasar de ser un grupo terrorista de carácter insurgente a otro con pretensiones de paraestatalidad. Mientras el primero aspira a ganar apoyos sociales para su causa, lo que le obliga a tener un cierto cuidado en la selección de sus objetivos terroristas, el segundo tiene un carácter más punitivo y no pretende ser comprendido por la sociedad.

A finales de febrero de 1995, tan solo un mes después del asesinato de Ordoñez, el responsable de organización de Herri Batasuna, Rufi Etxeberría, uno de los hombres más importantes del entramado político de ETA, afirmó que la ponencia Oldartzen había recibido un amplio apoyo entre las bases de la izquierda abertzale, concretamente el 71,23 por ciento de la militancia votó a favor. En el debate habían participado 5.322 militantes en 211 asambleas locales de Navarra y las tres provincias vascas. Un 12 por ciento se abstuvo, aunque el líder de HB recordó que en ningún caso eso significaba un voto de castigo contra la línea oficial de la izquierda aberzale. Mucho más críticos se mostraron los representantes de Rentería, que presentaron un texto en el que manifestaban el derecho a criticar abiertamente a ETA (véase también el capítulo V). El documento en este caso tan solo recibió el apoyo de un 16,63% de la militancia de HB. Pero en aquella nueva situación no había lugar para los críticos. Tan solo un par de semanas más tarde los quince miembros del comité local de esta población dimitieron en bloque.

La ponencia dejaba claro algunos de los objetivos de la izquierda abertzale: «si se golpea a un eslabón bajo de la cadena política, la propia cadena magnifica el golpe y llega a atemorizar a toda la cadena»vi. Dos meses más tarde del asesinato de Ordoñez, el también dirigente de la izquierda abertzale, José María Olarra, dio cuenta del cambio de estrategia que había emprendido ETA y había asumido HB, sometida el control de la organización terrorista: «Hasta ahora solo hemos sufrido nosotros, pero están viendo que el sufrimiento comienza a repartirse», despreciando con ello el sufrimiento que para entonces ya había infligido a cientos de familias destrozadas por el asesinato de sus seres queridos. El 10 de julio el mismo miembro de HB declaró en el diario Egin que «nos va a tocar sufrir, pero ese sufrimiento lo vamos a compartir con ellos» y añadió como sentencia final: «cuando sufran lo que nosotros estamos sufriendo, quizás se replanteen muchas cosas». Olarra solo anunció lo que ocurriría poco después…

José Antonio Pérez Pérez

Instituto Universitario de Historia Social <Valentín de Foronda>.

NOTA:
Queremos agradecer a José Antonio Pérez el poder editar este artículo en nuestra web.
 
 
 
 
 
 

¡Únete a U30 Aldaketaldia!

Representantes de numerosos agentes sociales y sindicales han presentado la iniciativa U30 Aldaketaldia, que impulsa Larreko Mahaia . El objetivo es organizar el próximo dia 30 de Enero todo tipo de actividades en pueblos y barrios, así como en escuelas y centros de trabajo, con el fin de denunciar, desde lo local, la situación global de emergencia climática y, en general, ecológica (en este caso, muy particularmente en el ámbito de la biodiversidad).

En la actualidad ya están comprometidas actividades en más de una veintena de localidades o eskualdes de Gipuzkoa (Donostia, Orereta, Oiartzun, Goierri, Urola Bailara, Lasarte-Oria, Usurbil, Orio, Tolosa, Altzo…), incluida la manifestación unitaria que tendrá lugar en Donostia el mismo 30 de enero y que, a partir de las 17:00 horas, discurrirá entre Gladys Enea y el Bulevar.

Además, la iniciativa, que inicialmente surgió con carácter exclusivamente guipuzcoano, ha dado el salto a otros herrialdes y ya sabemos que también habrá actividades en localidades/eskualdes como Gasteiz, Bilbo, Arratia, Galdakao, Uribe-Kosta, Mungia, Morga u Ondarroa.

Entre las actividades, de todo un poco. Desde la antedicha manifestación unitaria de Donostia hasta una cadena humana, marchas montañeras, recogida de plásticos en ríos, charlas, presentaciones de libros, concentraciones, información en centros de estudios y de trabajo, etcétera.

LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA INICIATIVA U30 ALDAKETALDIA

Cuando las autoridades políticas, ahora con la excusa de la pandemia, quieren profundizar en un modelo económico y social insostenible, agudizando la crisis existente, es necesario exigir un cambio de dirección rotundo, formando una red de relaciones y activando una sociedad que dé pasos hacia una transición ecológica y social justa. Está claro que, si no hay una sociedad vasca activa en pro de ello, no se producirá este cambio de dirección a favor de la vida.

Es por ello que Larreko Mahaia propone realizar el 30 de enero, o en días anteriores o posteriores, acciones reivindicativas y de denuncia relacionadas con la crisis ecológica: charlas, concentraciones, marchas en bicicleta, limpieza de ríos, plantación de árboles, marchas a pie, acciones en espacios naturales amenazados por grandes proyectos… y todo lo que podáis imaginar.

Además, el 6 de febrero será el aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar y, por medio de las acciones organizadas en torno al 30 de enero, pretendemos también ayudar a socializar este problema. Porque, si algo ha quedado claro en Zaldibar, es que en Euskal Herria, en lo referente al medio ambiente, no se han hecho las cosas bien y se siguen sin hacer bien.

Por otra parte, en la lógica de “Pensar globalmente, actuar localmente”, nos parece imprescindible visualizar que la crisis global está directamente relacionada con lo que hacemos aquí, con las políticas de transporte, residuos, biodiversidad, ordenación territorial o saneamiento de los ríos. Lo que le ocurre al planeta empieza aquí, por decirlo así. Por lo tanto, queremos que la campaña que promovemos fusione lo local y lo global, dando pie, a la vez, a la colaboración entre diferentes grupos, de forma que sea punto de inicio para hacer frente de forma más eficaz a la crisis medioambiental.

Necesitamos un cambio. ALDA SISTEMA!

Bat egin U30ean has daitekeen ALDAKETALDIArekin.

Larreko Mahaia se constituyó en otoño de 2019 como confluencia de agentes sociales y sindicales de Gipuzkoa preocupados por la emergencia climática y ecológica. En la actualidad, está constituida por ELA, LAB, CCOO, ESK, STEILAS, EHNE, Ikasle Sindikatua, Greenpeace, Eguzki, Errausketaren Aurkako Mugimendua, GuraSOS, Ernai, Fridays For Future y Extinction Rebelion. También participan en la iniciativa U30 Aldaketaldia Haritzalde, Satorralaia, Uliako Lore Baratzak, Aire Garbia, Ipar Haizea, Landarlan, Ekologistak Martxan, AHTrik EZ, Urola Bizirik, Mutriku Natur Taldea, Antikapitalistak, BizilagunEKIN, Naturkon, Arkamurka, Ondarroa 12 mila y otros grupos.