UNAI PASCUAL DOCTOR EN ECONOMÍA AMBIENTAL«Deberíamos diseñar ya una asamblea ciudadana por el clima»

 

Para Unai Pascual, 2020 va a ser un año clave para saber si la arquitectura levantada durante años para llegar el Acuerdo de París, con el objetivo de limitar el calentamiento global a 2º C –a ser posible 1,5ºC– frente a la era preindustrial se viene abajo o se pone en marcha. Que los países reporten sus emisiones de forma comparable y con datos fiables, y la financiación para que los países más empobrecidos puedan comprometerse a sus reducciones de CO2 son retos que quedaron pendientes en la cumbre de Madrid y que tendrán que decidirse en noviembre en Glasgow. El «no acuerdo», que para muchos fue mejor que un mal acuerdo, debería convertirse ahora en medidas concretas sobre el mercado de emisiones. Aun así, estima que «el fiasco de Madrid» hay que tomarlo con cautela, ya que las expectativas por la presión cada vez mayor de la calle eran demasiado elevadas para unos Estados que posponen decisiones hasta el límite.

¿Esperarán los países hasta última hora para aumentar sus compromisos en Glasgow o no habrá la ambición suficiente?
Creo que hay menos ambición real que la que retóricamente se trata de mostrar. Los países van a incrementar sus compromisos nacionales pero mi impresión es que en Glasgow todavía vamos a estar lejos de llegar a esos 2º C de aumento. Se dijo que este tipo de acuerdos voluntarios generan una especie de círculo virtuoso en el que los países empiezan a implicarse con un efecto contagio positivo. Es el único acuerdo político que se puede llevar a cabo. Otra cosa es que llegue a ser efectivo pero quizá no había otra manera de convencer a EEUU, Rusia… de que hagan esfuerzos para reducir sus emisiones cuando otros países emergentes que tienen responsabilidad se quedan fuera. En la última década China se convierte en el primer emisor mundial de CO2 –aunque per capita emita mucho menos que EEUU– pero nosotros importamos un montón de productos de China.

Aquí entra en juego la geoestrategia.
Si hasta ahora la geostrategia ha impactado en el clima, estamos en un momento en el que el clima está impactando en las cuestiones geostratégicas. China hoy produce dos terceras partes de todas las hélices eólicas del mundo, dos terceras partes de las baterías de litio y la mayoría de los paneles solares del mundo. Ya no es el país de la mano de obra barata de hace veinte años. China produce en este momento la mitad de carbón de todo el mundo. Lo que haga con su carbón tendrá efecto en las emisiones a nivel mundial y en los acuerdos comerciales el tema de la energía se convierte en uno de los puntos más importantes de readecuación del orden mundial. Si China, como primer emisor, no participa de manera decidida es muy difícil que el Acuerdo de París tenga recorrido real. Este año va a haber una presión diplomática sobre China, que va a pedir contraprestaciones. Es muy posible que, dentro de su estrategia comercial y de dominio de nuevas tecnologías energéticas, quiera asegurarse un pastel de ese sector para sus exportaciones. En setiembre va a haber una reunión entre Europa y China sobre relaciones comerciales, y creo que Europa va a tratar de presionar para que China dé un paso decidido en sus compromisos en Glasgow. Si no, es muy difícil que cualquier otro país se comprometa. Pero va a ser más complicado que Europa convenza a China si EEUU no se mueve.

EEUU se mueve… hacia atrás.
Unos días antes de la cumbre de Glasgow todo el mundo va a estar mirando a la Casa Blanca y ver quién va a ser presidente de Estados Unidos. Hasta el último minuto va a ser una cumbre con muchas incógnitas. O hay una jugada maestra y los grandes emisores de CO2 ponen sobre la mesa compromisos más ambiciosos o significará un fracaso del diseño del Acuerdo de París. Si llega otro presidente a la Casa Blanca y China se compromete, podría generar un efecto positivo y significaría que el Acuerdo de Paris ya empieza a funcionar. Si no, puede tener un efecto dominó donde toda la arquitectura de París se puede venir abajo. Estaríamos en un terreno desconocido y muy preocupante.

¿Y Europa? Acaba de presentar el Gran Acuerdo Verde, comprometiéndose a la neutralidad en carbono para 2050.
La única piedra en el zapato es Polonia. Polonia está jugando sus bazas. Sabe que es básico para el consenso europeo y está buscando una tajada de este acuerdo europeo. Gran parte de su industria y su estructura económica depende del carbón y está buscando esa compensación. Ese tipo de negociación dentro de Europa hasta ahora ha sido un hueso duro de roer pero creo que lo conseguirán. Tenemos a Alemania un poco reticente y Francia que depende de energía nuclear.

La energía nuclear como parte del Acuerdo Verde.
Hay lobbys o países que dependen de ese tipo de energía que no van a dar su brazo a torcer. La retórica verde no es real si vamos hacia una Europa que al final consigue esa neutralidad de carbono comprando derechos de emisión y basándose en la energía nuclear. Cuando se repite machaconamente que hay una emergencia climática también hay un efecto que puede llegar a ser perverso. Yo prefiero hablar de urgencia.

¿En qué sentido?
Por un lado, la gente y los medios ven que es real, que los impactos están aquí y son muy graves, pero bajo cualquier emergencia se pueden aprovechar momentos en los que sicológicamente la gente siente esa especie de miedo y pasar por el aro de un montón de cosas, como fomentar la energía nuclear. Claro que es urgente. Los datos científicos nos dicen que en los próximos diez años si queremos llegar a 1,5ºC de calentamiento global del planeta tendríamos que estar reduciendo las emisiones globales en más de un 7% anuales. Eso es una revolución. También es cierto que lo sabíamos hace décadas. Los negacionistas y el lobby de los combustibles fósiles han sido muy eficaces en estirar el chicle del uso de combustibles fósiles. Y ahora parece que las principales empresas energéticas ya empiezan a ver que es difícil seguir estirando y se tienen que reconvertir en el gran negocio de las renovables.

La economía verde.
La economía verde es el sistema capitalista vestido de verde generando nuevos negocios y el contrapunto es la economía ecológica. Tenemos que pensar hasta qué punto el crecimiento económico es necesario para un progreso social y humano. Los científicos llevan décadas diciendo que hay un límite a partir del cual el crecimiento económico tiene más implicación negativas que positivas. La economía verde que se entiende como utilizar el sector de energías renovables para hacer negocio y seguir creciendo económicamente puede tener muchos impactos sociales y económicos. Lo renovable también tiene una cara oscura. En lugar de un Gran Acuerdo Verde, ha mí me gustaría hablar de un Nuevo Pacto Ecológico donde las necesidades sociales y la equidad social vayan de la mano de un cambio en el paradigma de los recursos naturales.

Esto supone cambios en los modos de producción, consumo… que habrá que adoptar en la década que comienza.
Es que no hay otra. O cambiamos el paradigma del sistema económico. que tiene que ser respetuoso con el planeta, la biodiversidad y la gente que depende de esos ecosistemas o podemos empezara controlar el clima pero a costa de cargarnos varios ecosistemas. Todo lo que tiene que ver con el cambio de uso de la tierra, los bosques, la biodiversidad,… es fundamental. La biodiversidad es el seguro natural de la humanidad. No podemos hablar de resolver el problema del sector energético y pensar que tenemos resulta la crisis climática. Podemos estar generando muchísimos otros problemas muy graves. Lo racional es que las políticas vayan hacia una transformación socioeconómica en equilibrio con los sistemas ecológicos. No existe la solución tecnológica. Eso es una quimera. La solución es política, es social. El Nuevo Acuerdo Verde es un parche muy urgente pero no dejaría de ser un parche desde una perspectiva más completa. Estamos muy lejos incluso de imaginarnos qué transformación necesitamos para llegar a ese desarrollo donde el respeto por la naturaleza, la justicia social y el progreso humano irían de la mano. Eso no lo veo en varias décadas.

¿Cuál debería ser la ambición ante la crisis climática en Euskal Herria?
Tenemos que tener una responsabilidad mayor que el promedio de la Unión Europea, porque vivimos en un país que tiene unas capacidades mayores que las capacidades políticas, tecnológicas, de capital social que la UE. Tiene que ser vanguardia a nivel global. Si Europa va a marcar el 50% de reducción de CO2, para 2030  yo diría un poco más del 50%. Nos podemos mirar en el espejo de Escocia, que tiene una ley de cambio climático bastante interesante o en países que tengan legislaciones más ambiciosas y tratar de traerlas.

Por otro lado, para temas complejos la sociedad debe tomar el timón para impedir que con esa semántica de la emergencia puedan pasar medidas que no sean socialmente aceptables. Hay modelos de participación ciudadana que tienen que ver con al democracia directa. Son asambleas donde gente elegida por sorteo llegan a un acuerdo sobre las preferencias para atajar el cambio climático. Conoceríamos la perspectiva social de forma directa y podría ofrecer una serie de medidas que se pueden votar en un Parlamento o en un referéndum. Esto lo ha puesto en marcha Macron y se ha hecho en Irlanda con el tema del aborto. Claro que después el Parlamento se lo tiene que tomar en serio y llevar esas aportaciones a la práctica. El auzolan en la práctica. ¿Por qué no con esto también? Deberíamos empezar a diseñar en 2020 una asamblea ciudadana por el clima en Euskal Herria.

PABLO RUIZ DE ARETXABALETA (naiz 2020/01/01)

Necesitamos una Asamblea Ciudadana para la Emergencia Climática-

“Lo llaman democracia y no lo es”. Este conocido lema del 15M, tomado del carismático cantante Evaristo, de La Polla Records, no ha dejado de extenderse en la sociedad, hasta definir hoy en día el sentimiento más común para una aplastante mayoría de ciudadanos, independientemente de sus opiniones políticas. Efectivamente, en 2019, el 82% de los españoles otorgaba un suspenso al funcionamiento de la democracia actual al considerar, según una encuesta de la Fundación BBVA, que los políticos dedican más atención a sus propios intereses y a los de grandes grupos económicos que a los intereses de la sociedad. Tras la primera ola de la crisis del covid, 9 de cada 10 españoles desean ahora que la reconstrucción se haga dentro del marco de un pacto de Estado basado en un amplio acuerdo político y social, centrado realmente en el interés colectivo.

¿Pero qué puede garantizar que el interés colectivo sea el criterio verdaderamente primordial en la acción pública? Sin duda, que las decisiones se tomen lo más cerca posible y capten de la forma más nítida posible lo que piensa la gente. En este sentido, y ante la emergencia climática, movimientos internacionales como Extinction Rebellion han hecho de la Asamblea Ciudadana su tercera demanda. En España, tras finalizarse el confinamiento, el colectivo XR cubrió de zapatos varias plazas emblemáticas de las principales ciudades del país, para visualizar la responsabilidad con las generaciones futuras, exigiendo participación ciudadana en la reconstrucción post-covid y en la necesaria transición ecológica. Las asambleas ciudadanas ya se han concretado en Reino Unido y Francia como una etapa decisiva para renovar la democracia y orientar los cambios drásticos que reclaman tanto la emergencia climática como la crisis masiva provocada por la pandemia.

Extinction Rebellion Europa lo reclama a cada uno de los Estados europeos y también al Parlamento Europeo: les pide que cumplan con las recomendaciones recientes del informe de la OCDE Democratic wave (junio 2020). La democracia directa real debe integrarse, reforzar y refundar el sistema de democracia representativa, para reducir la profunda ruptura entre la ciudadanía y sus representantes políticos, en el contexto de una crisis ecológica, ambiental, política, social y económica sin precedente.

 

¿De quién es la democracia hoy?

El actual modelo de partidos políticos, presionado por empresas y otras partes de interés, con sus puertas giratorias y su corrupción endémica, no ha sido capaz de eliminar de raíz las causas que provocan el cambio climático, la destrucción masiva de ecosistemas y la continuidad de la vida de miles de especies, incluida la humana.

En España, como en el resto de Europa, es evidente la alargada sombra del poder económico sobre la acción pública. Así las cosas, el 20 de febrero de este mismo año la Comisión Europea contrató a BlackRock, el mayor gestor de fondos de inversión del mundo, con una cartera que supera en 5 veces el PIB de España y con fuertes intereses en la industria del petróleo, para que le asesore a la hora de definir normas medioambientales para la banca y las entidades financieras europeas. De esta manera, Bruselas le encargó al lobo la vigilancia de las ovejas. El mismo lobo también vigila muy de cerca a los políticos en España. Nada más formarse el gobierno de Sánchez, Blackrock y Blackstone presionaron hasta impedir una medida con la que se pretendía limitar el alza desproporcionada de los precios de los alquileres.

Estos son los hechos reales, hard facts, que demuestran que la opinión pública, masivamente crítica con los partidos políticos, tiene toda la razón. No es democracia y el contrato democrático está en muy mal estado, por no decir roto, porque los intereses de unos muy pocos son los que priman sobre la supervivencia de todos. La ciudadanía, plenamente consciente de la amenaza mortal que supone la emergencia climática, es ahora mismo el único actor capaz de emanciparse de esta tutela, para organizar la defensa democrática del derecho a la vida de las generaciones presentes y futuras.

¿Qué es la Asamblea Ciudadana y por qué funciona?

El pasado 21 de enero de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el estado de emergencia climática. La declaración contenía 30 medidas de acción climática, comprometiéndose el Ejecutivo a poner en marcha cinco de ellas en los primeros 100 días de gobierno. Entre estas cinco medidas destacaba la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. El pasado 19 de junio, a punto de finalizar el estado de alarma, la vicepresidenta Teresa Ribera aplaudió, en un anuncio demasiado discreto, las resoluciones de la Asamblea Ciudadana francesa y anunció que pensaba “relanzar pronto la iniciativa” en España.

La primera ventaja de la Asamblea Ciudadana es la independencia real: se compone de unas 150 personas seleccionadas por un sorteo representativo que refleja la realidad social del país. Con este modo de selección, la Asamblea Ciudadana funciona fuera del ámbito de influencia económica de los lobbies, de los grupos de presión y de las lógicas de intereses políticos partidistas. Upton Sinclair decía: “Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. Y si los que están diseñando ahora la sociedad del futuro están siendo los de siempre en función de los intereses de siempre, lo más probable es que nos lleven otra vez donde siempre.

La segunda clave de la Asamblea Ciudadana es la transparencia y la visibilidad: gente de la calle, debidamente informada por científicos y académicos independientes, actores sociales y ONGs deliberan sobre la situación de emergencia climática y social, proponiendo acciones basadas en criterios de justicia social y de interés colectivo. Estas deliberaciones y sus resoluciones finales se retransmiten en canales televisivos públicos y son visibles para el resto de la ciudadanía, que también puede participar mediante una plataforma digital.

Las dos asambleas celebradas este año en Francia y en Reino Unido son éxitos democráticos rotundos, cuyas conclusiones han sido plenamente respaldadas por todos los colectivos militantes ecologistas y sociales. Esta nueva forma de participación democrática directa en asuntos de política general de máxima importancia ha contribuido notablemente a que en los dos países se hable de emergencia climática y de justicia social, generando nuevas dinámicas y demandas mucho más exigentes. Sus límites actuales son los que impone el sistema representativo al no asegurar el carácter vinculante de las resoluciones de la ciudadanía. Y aceptando que con el sistema representativo actual no se garantiza el carácter vinculante de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ciudadana, no cabe duda de que los poderes del Estado tienen muy difícil justificar frente a la ciudadanía el incumplimiento de sus mandatos.

En España, desde que el Gobierno de Sánchez anunciara en enero la creación de una Asamblea Ciudadana para el Clima, no se han dado pasos necesarios para constituir una Asamblea Ciudadana que no sea un simulacro de democracia directa. Nos preocupa que, en su formulación inicial, la propuesta del Gobierno no tuviera ningún contenido concreto. Nos alarma igualmente que, de momento, los grupos ecologistas tradicionales hayan mostrado el mínimo interés en exigirla. Es necesaria la alianza de todas las militancias para abrir una nueva forma de contacto directo con la ciudadanía y reclamar tanto la independencia de la organización como la formulación de los objetivos concretos de la Asamblea, tal como lo hicieron en Reino Unido los principales movimientos verdes, o en Francia 22 ONGs y sindicatos, en el llamado “Réseau Action Climat” (Red de Acción por el Clima).

Sin embargo, por las razones ya apuntadas, parece que una Asamblea Ciudadana sigue siendo mucho más que una buena idea: en la gravísima crisis actual, es el principal camino que nos queda para reconstruir una democracia real y construir asimismo un futuro sostenible y compartido con la mayoría de la gente.

Para encarar esta década decisiva para la supervivencia de la humanidad, nos encontramos ante el pronóstico de Einstein: “El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo observan y no hacen nada”.

La Asamblea Ciudadana para la emergencia es el espacio en el que la gente puede actuar colectivamente para la defensa del mayor bien común: el derecho a la vida digna. Con una herramienta eficaz de participación ciudadana directa, España podría salir del actual atolladero partidista y encontrar un punto de apoyo muy legítimo en la participación popular, para mover las estructuras actuales que condicionan a la vez la confiscación de la democracia y la inacción climática.

La pandemia ha sido un serio aviso y lo sigue siendo: es un ensayo descomunal para lo que puede suceder con la emergencia climática. Necesitamos actuar ya frente a esta otra gran amenaza, para poder aunar democracia y participación directa con reconstrucción social y económica e imperativos vitales de transición ecológica profunda.

España debe ser el referente mundial en cómo enfrentar democráticamente el futuro y encarar la reconstrucción ecológica post-covid, todo ello en un entorno frágil y vulnerable como el mediterráneo, donde las actuaciones contra la emergencia climática en reducción de emisiones y en adaptación al calentamiento global deberían ser modélicas.

Avancemos para que lo que llamamos democracia lo sea de verdad.

Avancemos.

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Agnès Delage es miembro de Extinction Rebellion Europa, Pepe Campana es ingeniero industrial y Fernando Prieto forma parte del Observatorio de la Sostenibilidad

Democracia directa: reconstruir en tiempos de catástrofe social y climática.

En el Contrato Social, cuya edición original data de 1762, Rousseau afirmaba que el pueblo inglés se autoengañaba pues, pensándose libre, solamente lo era durante la elección de los miembros del Parlamento y que tan pronto como los elegían, volvían a ser esclavos, a no ser nada. ¿Pero son libres ese día? Se preguntaba casi 250 años después el pensador greco-francés Cornelius Castoriadis, al tiempo que denunciaba el veto a la participación directa de la ciudadanía en el quehacer político. Democracia sin participación ciudadana, lo calificaba.

No le faltaba razón. Las democracias occidentales funcionan sin el demos; sin la ciudadanía. En ellas, hacer política se ha convertido en la adopción de acuerdos negociados con los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales; las asociaciones, las ONGs y otras partes de interés.

Convertida de este modo en mera gestión administrativa, la política ya no sirve para confrontar posturas antagónicas ni para inducir los cambios sociales que requiere cada época. Su único fin es aprobar medidas populistas, en su mayor parte vacías, con las que mantener en crecimiento el ciclo producción-consumo, cuya base se supone intocable y por todos aceptada.

Autores como Zizek, Rancière o Mouffe dicen de esta forma de hacer política que es “post-política”; “post-democracia”. «Estos métodos post-democráticos —afirma Erik Swyngedouw—, reconfiguran el acto mismo de gobernar convirtiéndolo en la adopción de acuerdos de gobernanza multiescalar con las partes interesadas. El Estado tradicional opera entonces institucionalmente junto con expertos, ONG y otros socios “responsables” (mientras que los socios “irresponsables” quedan excluidos)».

Asamblea Ciudadana. Participación directa y real

Una Asamblea Ciudadana, no es una asamblea popular. A diferencia de estas últimas, las Asambleas Ciudadanas reproducen la estructura de la sociedad eligiendo para ello, a través de un sorteo estratificado, a un número representativo de ciudadanos y ciudadanas que se configuran dentro de un marco institucional y oficial. Si a esto se une que las Asambleas Ciudadanas deciden en Política, se admitirá fácilmente que se convierten en instrumentos clave para la redemocratización y regulación social.

Hay varias experiencias en Europa que así lo demuestran. Así, por ejemplo, en Irlanda se constituyó en 2016 una asamblea de los ciudadanos con la que se resolvieron diversas cuestiones que afectaban a la Constitución de aquel país, incluyendo la aprobación del aborto o la adopción de un término fijo para los mandatos del parlamento. De igual modo, el pasado mes de febrero se ha creado en la provincia germanófona de Bélgica una Asamblea Ciudadana permanente que trabajará junto con los representantes electos en sus decisiones políticas. Iniciativas similares se han dado en otras partes del mundo.

También en Francia y Reino Unido se han constituido sendas Asambleas Ciudadanas para abordar la crisis climática y proponer, bajo criterios de justicia social, acciones con las que afrontarla y mitigarla.

Es precisamente en este campo, el de la crisis climática, y especialmente ahora, cuando se une a ella una crisis sanitaria, social, económica y política, donde más necesaria es la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Podemos hablar de cambio climático, de deshielo del Ártico, de subida del nivel del mar, o de calentamiento global; de pérdida de biodiversidad, de zoonosis, de pandemias, o de COVID-19; de recesión y de desempleo masivo. Lo mismo da. La solución no se encontrará buscándola en discusiones de pasillo, ni en comisiones de expertos. Tampoco atendiendo a quienes ostentan y representan intereses particulares concretos. Su solución no se encontrará de ningún modo si los “irresponsables” ciudadanos siguen excluidos de su formulación.

Aparentemente así lo entendió en su momento el Gobierno de Sánchez, quien en respuesta a la presión ciudadana, aprobó en enero de este mismo año la Declaración de Emergencia Climática comprometiéndose a crear en los primeros cien días de su mandato una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. Y si bien entendemos que la aparición de la COVID-19 puede haber dificultado su puesta en marcha en los plazos comprometidos, no por ello dejamos de pedir que se constituya cuánto antes. No es suficiente con que la vicepresidenta Teresa Ribera nos recuerde como hizo no hace mucho, que el compromiso del gobierno sigue en pie y nos anuncie que relanzará esta iniciativa en breve.

No a cualquier precio

En efecto, ya no se trata de minimizar los efectos del cambio climático. Minimizar presupone optimizar su impacto en función de intereses ajenos. De lo que se trata es de abordar una situación de emergencia, frenando en seco el cambio climático, alentando en todo momento la justicia social, asegurando la protección de los más vulnerables y garantizando el mantenimiento de los ecosistemas y sus múltiples formas de vida. En este contexto, fijar de forma precisa el cometido de la Asamblea Ciudadana es fundamental si se quiere garantizar el éxito de su trabajo. Las recomendaciones de los científicos del IPCC, entre otros, deberían servir de guía para establecer y hacer públicos esos objetivos.

Se unen a este punto otros dos que consideramos de igual importancia. El primero tiene que ver con el horizonte temporal que se pide a las propuestas de la Asamblea Ciudadana. En efecto, su extensión debería ser la más amplia posible, abandonando el cortoplacismo en el que se mueven los políticos de turno, muchas veces limitados a la duración de sus mandatos. Entendemos que sólo de este modo se evitarán soluciones de compromiso que tienden a mantener el statu quo existente y se abordarán programas ambiciosos y duraderos que signifiquen una solución efectiva. El segundo, no pretender respuestas utilitaristas. Los valores en juego —la salud, la biodiversidad, la preservación de los ecosistemas, la vida—, no son sustituibles por valor monetario alguno.

Sólo resueltos estos puntos y con una misión clara y concreta, los asambleístas estarán en condiciones de alcanzar acuerdos válidos. Para ello, moderados por facilitadores independientes, los miembros de la asamblea se informarán preguntando a científicos, expertos independientes, representantes de colectivos, ONGs y a cuántos sea necesario, contrastando con ellos hechos y valores, sopesándolos y decidiendo sobre las políticas que deban implementarse. En otras palabras, ejercer, como el mismo Castoriadis reclamaba, la autonomía individual —lucidez, reflexión, responsabilidad—, como presupuesto necesario para el ejercicio democrático.

Y aún más. La democracia directa es una democracia abierta. La retransmisión en directo de las sesiones de la Asamblea Ciudadana y la utilización de canales de comunicación apropiados, deberían permitir a cualquier ciudadano dirigirse igualmente a la Asamblea Ciudadana y expresar sus propias dudas y preguntas, enriqueciéndose así el debate, fomentándose el compromiso de la sociedad civil y asegurándose la aceptación de las resoluciones que finalmente adopte la Asamblea.

Compromiso más allá de las buenas palabras

Pero no basta con esto. En efecto, si las reglas de funcionamiento deben asegurar la absoluta independencia de los miembros de la Asamblea Ciudadana, es igualmente necesario que sus resoluciones y acuerdos sean respaldados por el gobierno, y cuando sea preciso por el poder legislativo. El compromiso del gobierno debe ser llevarlos a cabo incluso si son más ambiciosos de los hasta ahora propuestos por el propio gobierno o la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica.

Pongamos un ejemplo: el borrador de proyecto de ley del cambio climático y la transición energética, PLCCTE, fija para el 2030 una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero de al menos un 20% respecto de 1990 y pretende que la “neutralidad climática” se alcance antes de 2050. Pero ¿y si la sociedad civil pensara en términos más ambiciosos y la ciudadanía debidamente informada acordara que la neutralidad de emisiones se alcance a más tardar en 2035? ¿O incluso antes, en 2025, tal como reclama el movimiento internacional Extinction Rebellion, XR? ¿Estarían el gobierno, la oposición, los poderes económicos y financieros, los sindicatos y cuántos grupos de expertos se quieran constituir, dispuestos a aceptar ese reto y a trabajar por conseguirlo, o preferirán los unos y los otros seguir haciendo post-política sin contar con los ‘irresponsables’ ciudadanos? Dicho de otro modo, ¿se respetarán las decisiones adoptadas democráticamente por quienes tienen el derecho real de decidir por sus propias vidas y, dicho sea de paso, de asumir el reto de decidir también por todos aquellos, humanos y no humanos, que aún no han nacido?

No se trata de una decisión económica en la que predominan, como cuando se hace post-política, conceptos de gestión administrativa. Es una decisión en la que prevalecen valoraciones políticas y, por lo tanto éticas, respecto de nosotros y respecto de cuantos cohabitan ahora o en el futuro este planeta, ese al que todos pertenecemos y que estamos en vías de destruirlo.

Por eso pedimos a este gobierno que sea valiente y que asuma, sin más demora, la constitución de una Asamblea Ciudadana para la Emergencia. y que, ante la amenaza sin precedentes que se cierne sobre nuestra supervivencia como especie, asuma valientemente lo que ya preconizaba Castoriadis: que “sólo la humanidad organizada democráticamente podrá llevar a cabo los profundos cambios necesarios” para gestionar los recursos en función del bien común y del derecho a una vida digna.

Pepe Campaña Ingeniero Industrial

Agnés Delage Extinction Rebellion Europa

Fernando Prieto Observatorio de la Sostenibilidad

Caminando hacia la justicia social y climática: XR demanda Asambleas Ciudadanas para decidir juntos el futuro del planeta.

Imaginemos de verdad un futuro mejor. Hacia dónde queremos ir? ¿Qué decisiones se deben tomar? Que hay que cambiar? Sólo así lo conseguiremos. El futuro es más incierto que nunca, ahora es el momento idóneo para repensarlo todo. Las decisiones no las tiene que tomar una minoría según sus intereses sino que las tenemos que tomar juntas a través de las asambleas ciudadanas. Queremos dejar atrás este sistema injusto, machista, racista, colonial, extractivista, destructor y desigual. Queremos una economía que ponga la vida en el centro.
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El cambio es ahora. Salimos a la calle. Hablemos claro. Organízate para una transformación justa.
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# TransformaciónJusta
#justiciasocialyambiental

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, las plataformas 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima, realizaron a lo largo de todo el territorio estatal una serie de acciones por la justicia social y ambiental reclamando una transformación justa, en una iniciativa para reivindicar “la participación ciudadana, la justicia social ante la crisis climática y por la recuperación verde tras el COVID-19”. De esta manera, recuperamos las movilizaciones tras meses de inactividad por el estado de alarma, reivindicando ecosistemas más sanos y resilientes.

Como afirma la comunidad científica, no hay mejor prevención para futuras pandemias, que unos ecosistemas sanos. La actual crisis mundial nos ha permitido entender la magnitud de los impactos de las crisis climáticas, que podemos sufrir en el futuro, y ha dotado de una nueva relevancia al derecho a la vida de las generaciones futuras.

 

Desde Gipuzkoa, los movimientos de Greenpeace, Fridays For Future y Extinction Rebellion reivindicamos una mayor participación ciudadana, con un sistema más robusto de democracia directa, a través de asambleas ciudadanas, para que la reconstrucción no deje de lado el clima, la justicia social y la biodiversidad, que son “la red que nos sustenta”.

Reivindicamos también a los ayuntamientos, diputación y Gobiernos fuertes inversiones en transición ecológica, tan altas, como el coste que los gases de efecto invernadero causarán a las generaciones futuras.

Reivindicamos repensar el modelo de la ciudad y el de la movilidad. Queremos menos coches en las ciudades, más espacios verdes y más vías para las bicicletas.

Reivindicamos repensar el modelo de consumo que el mismo sistema actual retroalimenta con sus políticas e ideologías. Mover nuestra economía lineal hacía una economía totalmente circular, generando así el mínimo residuo posible.

Estamos en un punto de inflexión en la historia, y todas las decisiones que se tomen ahora, repercutirán en el futuro.

Somos las ciudadanas las que tenemos que tomar la responsabilidad individual del cambio para así poder presionar y conseguir cambios eficientes y respetuosos que pongan

¡ SIEMPRE, LA VIDA EN EL CENTRO!

Ingurumen egun internazionala medio, “2020 Rebelión por el Clima” eta “Alianza por el Climak “ justizia klimatiko eta transizio ekologikoa eskatuz jarduerak antolatu dituzte lurralde guztian zehar, “krisi klimatikoaren aurrean herritarren parte hartzea eta COVID-19-aren errekuperaketa berde bat eskatuz”. Modu honetara, berriro mobilizazioak antolatzen hasiko gara, alarma egoeraren ondorioz hilabete batzuetan geldialdian egon eta gero.

Zientziak dioen bezala, ez dago ekosistema osasuntsu batzuk baino prebentzio hobeagorik pandemien aurrean. Momentuko krisi mundialak krisi klimatikoak eduki ditzakeen inpaktuak agerian utzi ditu berriro ere, etorkizunean sufri dezakeguna eta etorkizunean bizitza duin bat bizitzeko eskubidea.

Gipuzkoatik, Greenpeace, Fridays For Future eta Extincion Rebellion mugimenduek herritarren partaidetza handiagoa aldarrikatzen dugu, sistema sendoago eta demokazia zuzenaz osatua, herritarren asanbleen bidez,berreraikitzeak ez dezan klima alde batera utzi berriro ere, justizia soziala eta biodibertsitatea babestuz.

Udaletxe eta gobernuei trantsizio ekologikoan inbertsio handiak egin ditzaten eskatzen diegu, berotegi efektuak etorkizunean eragingo dituen eraginak bezain altuak.Mugikortasunaren eta hiriaren modeloa berpentsatzea aldarrikatzen dugu. Kotxe gutxiago nahi ditugu, eta espazio berde eta bidegorri gehiago.

 

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Sistemak berak eraikitzen duen kontsumo modelo aldaketa nahi dugu, gure ekonomia lineala ekonomia guztiz zirkular batera bideratu behar dugu, horrela ahalik eta zabor gutxien sortuz.

Momentu historiko batean gaude, eta orain hartuko diren erabakiak erabakiorrak iznago dira etorkizunean.

Herritarrok hartu behar dugu banakako aldaketaren ardura presioa jarriz eta BETI BIZITZA ERDIGUNEAN JARTZEN duten aldaketa handiak lortuz!

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Imajina dezagun etorkizun hobea. Nora joan nahi dugu? Zer erabaki hartu beharko lirateke? Zer aldatu? Orduan bakarrik izango dugu arrakasta. Etorkizuna inoiz baino ziurgabetuagoa da, momentu aproposa da dena pentsatzeko. Erabakiak ez dira gutxiengo batek bere interesen arabera hartu behar, baina elkarrekin egin behar ditugu herritarren batzarrak. Sistema injustu, matxista, arrazista, kolonial, erauztzaile, suntsitzaile eta desorekatua atzean utzi nahi dugu. Bizitza erdigunean jartzen duen ekonomia nahi dugu.
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:mega: Aldaketa orain da. Kale hegaletik irten gara. Argi izan dezagun. Antolatu bidezko eraldaketa baterako.
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#Justizia eraldaketa
#justiciasocialyambiental

Asambleas ciudadanas: ¿democracia directa frente a la crisis climática?

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Extinction Rebellion exige a los políticos dejar en manos del pueblo la acción climática. ¿Pueden las asambleas ciudadanas ser una herramienta democrática adecuada para la magnitud de la crisis?

El año pasado surgió en Gran Bretaña el movimiento social mundial Extintion Rebellion (Rebelión contra la Extinción). Los activistas bloquearon las principales arterias de tráfico de Londres, se desnudaron en la Cámara de los Comunes y aceptaron deliberadamente su encarcelamiento para luchar por el futuro del planeta.

El movimiento advierte de la “extinción masiva de especies” y de un “inminente colapso climático”. Su principal mensaje incluye tres simples demandas.

Quieren que se declare una “emergencia climática”, tal y como hizo el gobierno británico a principios de este año. Además, exigen la neutralidad climática para 2025 en lugar de 2050, como se pretende hasta ahora.

Su tercera exigencia es que el pueblo impulse la política climática a través de asambleas ciudadanas. Y es que los representantes de la democracia parlamentaria están bajo la presión de grupos de interés y temen los grandes acuerdos, razón por la cual este sistema ha demostrado ser inadecuado para tales desafíos, según Linda Doyle, activista del movimiento.

“Es incapaz de resolver tales crisis porque se basa en ciclos electorales cortos y eso fomenta la formulación de políticas a corto plazo”, explica a DW. “Creemos que la sociedad británica debería tener el poder de sentarse, entender, deliberar con sus semejantes y decidir cómo responder a esta crisis”, añade.

Modelo del momento

La provincia canadiense de Columbia Británica fue pionera en este modelo en 2004, cuando confió a 161 de sus ciudadanos la propuesta de un nuevo sistema electoral.

También se ha empleado a nivel local en Polonia y en Australia Meridional para decidir sobre el destino de los residuos nucleares. Madrid y la Bélgica germanoparlante están haciendo de las asambleas ciudadanas una característica permanente de sus sistemas democráticos, y en Francia han pasado a formar parte del debate nacional en respuesta al movimiento de los chalecos amarillos.

La más conocida, probablemente, fue una asamblea ciudadana en Irlanda, que tras décadas de bloqueo político, consiguió legalizar el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Extintion Rebellion está convencida de que, adecuadamente informado y con tiempo para deliberar, un grupo de ciudadanos seleccionados al azar “entenderán el sentido de urgencia que sentimos todos en el movimiento”, dice Doyle. “Entonces será cuestión de tratar de encontrar la mejor manera de lidiar con esta situación”. Pero no es tan fácil.

Por muy complejo y emotivo que sea el debate sobre el aborto en Irlanda, la cuestión podía reducirse a una pregunta con una respuesta: sí o no. Por el contrario, el cambio hacia una economía libre de carbono tiene una dimensión muy diferente, al menos en términos políticos.1539900800_familia-1336

Radicales en escala

La asamblea ciudadana irlandesa también abordó el cambio climático y adoptó 13 medidas, incluyendo el aumento de impuestos para reducir las emisiones de CO2, con una mayoría de más del 80 por ciento. Tras discutir el asunto durante dos fines de semana, presentaron sus propuestas a una comisión parlamentaria. El comité convirtió parte de ellas en un plan de acción sobre el clima publicado en el verano de 2019.

Pero Extintion Rebellion tiene mayores ambiciones que las “superficiales” propuestas hechas por la asamblea irlandesa, según Doyle.

Los activistas quieren una asamblea que se sumerja profundamente en la ciencia del clima y en cuestiones de justicia ambiental y social, antes de centrarse en áreas como el transporte, la agricultura y la vivienda. Además, quieren que cualquier decisión que se tome por mayoría de dos tercios sea vinculante para los gobiernos.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con estas exigencias.

Oliver Escobar, profesor titular de ciencias políticas de la Universidad de Edimburgo, opina que las asambleas de ciudadanos deben trabajar con las instituciones democráticas existentes y no ignorarlas.

“La tarea del Parlamento es registrar y revisar los resultados de las asambleas ciudadanas, al igual que se revisa cualquier otra ley”, explica Escobar a DW. “Este sistema de control y supervisión es esencial”.

Ámbito de aplicación radical

El proceso de selección de ciudadanos para la asamblea también es delicado. Para ser verdaderamente representativo, debe tener en cuenta muchos parámetros demográficos, como la edad, el sexo, los ingresos, el nivel educativo y factores geográficos.

Según Escobar, los puntos de vista deben reflejar el amplio rango de la sociedad, incluyendo a aquellos que aún no tienen una opinión y, en números razonables, aquellos que niegan el cambio climático.

“Necesitan ser testigos de todo el proceso y, a continuación, ser portavoces que hablen a su propia comunidad sobre los puntos de vista y acuerdos de la asamblea”, dice Escobar.

Extintion Rebellion también quiere conseguir que los debates se extiendan al otro extremo del espectro ideológico, y dar tiempo a propuestas mucho más drásticas que las que están actualmente en la agenda política, como su demanda de emisiones cero para 2025.

El gobierno británico planea este otoño una Asamblea Nacional de Ciudadanos sobre el Cambio Climático “para alimentar aún más el debate político” sobre cómo se pueden lograr emisiones netas nulas para el año 2050. “Una sentencia de muerte para muchas personas en todo el mundo”, dice Doyle.

A Doyle también le preocupa que la asamblea ciudadana británica no aborde los pasos más importantes que el país podría dar.

“Las pajitas y bolsas de plástico y los vuelos son cosas importantes en las que pensar”, dice, “pero en realidad necesitamos la acción del gobierno”, como la prohibición de la fracturación hidráulica (del inglés, fracking), el fin de los subsidios a los combustibles fósiles y las sanciones contra los mayores emisores.

Tendiendo puentes entre la calle y el Parlamento

Poner fin al uso del dinero de los contribuyentes para extraer y quemar combustibles fósiles podría parecer obvio para los participantes en las huelgas contra el cambio climático del mes pasado, pero hasta ahora ningún gobierno europeo está tomando medidas serias a este respecto.

Las asambleas ciudadanas podrían cerrar esta brecha entre la calle y el parlamento, según sus partidarios.

“No basta con tener un movimiento fuerte en las calles si se quiere lograr algo”, dice Escobar. “También es necesario algún tipo de mecanismo que conecte la calle con las instituciones”, añade.

Este verano, Camilla Wilkinson, profesora de arquitectura de la Universidad de Westminster, participó en una asamblea que presentó propuestas locales de protección del clima ante el Consejo de Camden, en Londres.

Wilkinson cuenta a DW que los participantes estaban motivados por la idea de un Camden más limpio y verde. Pero el proceso también agudizó sus sentidos para reconocer las trampas políticas.

“Es algo tan difícil de entender, que haya que pagar grandes cantidades de dinero simplemente para mantener el status quo”, explica.

Un mandato para lograr compromisos difíciles

Sin embargo, quizás una de las fortalezas del modelo es dar a los funcionarios electos un mandato poderoso para tomar decisiones difíciles.

“El aborto en particular, pero también el cambio climático, eran temas que los políticos no querían tocar”, dice Diarmuid Torney. “Por eso los pusieron en manos de una asamblea ciudadana, que formuló una serie de recomendaciones y permitió a los políticos seguir adelante con las decisiones políticas”.

Según Torney, fue miembro del grupo de expertos de la asamblea de ciudadanos irlandeses para el cambio climático,.ésta hizo que el clima ocupara un lugar central en la toma de decisiones parlamentarias, en un país que se había quedado rezagado en materia de cambio climático.

Aunque admite que el margen de maniobra era limitado, mucho ha cambiado en los dos años posteriores a la primera reunión. El sentido de urgencia entre científicos como él, la opinión pública y los políticos es mucho mayor ahora.

“El pasado otoño se publicó el informe de 1,5 grados del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) y hace dos años Extintion Rebellion todavía no existía”, dice Torney. “Si abordáramos el asunto hoy, podríamos hacerlo de otra manera”.

Ruby Russell