CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL.

La aprobación por el gobierno de España del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo 2020, que establecía la ley del Ingreso Mínimo Vital y los primeros pasos en su implementación, infundieron esperanzas y levantaron expectativas entre las personas y familias vulnerables.

Según las informaciones publicadas en la web de la Moncloa el Ingreso Mínimo Vital podría ser solicitado por 850.000 hogares y beneficiaría a 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad. El presupuesto anual de esta prestación ascendería a 3.000 millones de euros anuales.

En 2019, el porcentaje de la población en España en riesgo de pobreza, según la tasa AROPE, alcanzaba el 25,3%. El porcentaje en situación de privación material severa era del 4,7%, más de 2,2 millones de personas.Los efectos económicos y sociales de la Pandemia del Covid-19 han empujado a la pobreza y exclusión social a nuevos sectores de la sociedad. La ley del Ingreso Mínimo Vital podía reducir el impacto de la pobreza,mientras se preparaban las medidas para relanzar el trabajo digno y avanzar hacia el pleno empleo.

Sin embargo, tras los inicios prometedores de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el desarrollo y gestión de su implementación hasta la fecha han provocado una gran decepción y frustración entre las personas vulnerables que han solicitado dicha prestación. Los datos publicados el 16 de diciembre por Seguridad Social son muy preocupantes: De 1.136.173 expedientes válidos de solicitud de la prestación del IMV, solo se habían aprobado 159.482 y denegados 466.973, estando el resto pendientes de subsanación y análisis. Es decir, solo 159.482 hogares donde viven 462.508 personas les ha sido reconocido el IMV. A esta cantidad hay que descontar los 74.119 hogares que percibían prestaciones por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33 y que el mes de junio recibieron la prestación de manera automática sin necesidad de presentar solicitud. En el caso de alguna provincia, como es el caso de Barcelona, las 1.596 solicitudes de IMV aprobadas solo representan el 1,9 % del conjunto de solicitudes presentadas a partir del 15 de junio 2020.

Ante la triste e indignante realidad de la implementación del IMV, tras un primer análisis de la propia ley, y su contraste con la experiencia en la implementación de otras prestaciones como es el caso de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, las personas y entidades firmantes de esta carta al gobierno proponemos como primeras medidas para mejorar la gestión de la implementación y el contenido de la ley del IMV:

1.- Con carácter de urgencia dotar del personal necesario para una tramitación rápida y efectiva de las solicitudes de IMV.

2.- Resolver de forma inmediata y efectiva la intercomunicación entre las distintas administraciones públicas, central, autonómica y local, para la resolución de las solicitudes y la articulación del IMV con las prestaciones similares que existen en las comunidades autónomas.

3.- Modificar el apartado 2 del artº 18 “Cómputo de los ingresos y patrimonio” de la ley del IMV, reduciendo el periodo de cómputo de los ingresos obtenidos por el solicitante “durante el ejercicio anterior a la solicitud” a solo dos meses antes de la solicitud, tal como establece en la actualidad la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya.

4.- Modificar el apartado 3 del artículo 25 “Tramitación” de la ley del IMV, del Real Decreto ley 28/2020 de 22 septiembre que modifica el Real Decreto ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital, al ampliar el plazo de resolución del INSS a la solicitud de la prestación de tres a seis meses, reduciendo dicho plazo a dos meses.

5.- Modificar el párrafo final del apartado 3 del artículo 25, que establece la norma del silencio negativo “Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada” y sustituirla por la norma de silencio positivo que protege mejor los derechos de la persona solicitante, con el siguiente redactado: Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona interesada debe entenderse estimada la solicitud.

Como puede comprenderse exigir un año de carencia de ingresos antes de la solicitud del IMV y luego esperar seis meses a la resolución bajo la norma de silencio negativo a las personas en situación de vulnerabilidad es prolongar injustamente el sufrimiento a dichas personas, empujarlas a la exclusión social, a que abandonen la esperanza de solicitar el IMV.

6.- Modificar el artículo 32 “Financiación” y sustituirla por el siguiente redactado: “La prestación económica del Ingreso Mínimo Vital se financia a cargo del presupuesto General del Estado. Para asegurar la cobertura suficiente de la prestación, los créditos tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con la legislación vigente”.

De este modo se asegura la financiación del Ingreso Mínimo Vital sin depender de los fondos de la seguridad social.

Finalmente, tras comprobar casos de solicitudes de IMV resueltas favorablemente, a las que se ha descontado de la cuantía de la prestación de IMV en 2020 las prestaciones de desempleo percibidas durante varios meses en 2019, lo cual ha motivado la presentación de la correspondiente demanda al juzgado de lo social, solicitamos la apertura de una investigación y la rectificación de dicha gestión devolviendo la parte detraída de la prestación del IMV a las personas que hayan sufrido dicha reducción.

Esperamos que nuestras propuestas sean atendidas y expresamos nuestra disposición a dialogar con el gobierno de España para mejorar la Ley del Ingreso Mínimo Vital en base a la experiencia acumulada con la implementación de otras prestaciones similares.

22 de diciembre de 2020

Primeras entidades firmantes:
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones-COESPE, Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, Afectats BB Serveis, Agrupació TAXI Company, Aigua es Vida, Alianza contra la Pobreza Energética, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, Asociación por la remunicipalización de los Servicios Públicos, Amigos del deporte el ocio y la cultura del Prat de Llobregat, ASSEMBLEA GROGA, ATTAC España, ATTAC Acordem, CICLO, COBAS, Colectivo Ronda, Colectivo sin vivienda de Terrassa, Confederació Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, Coordinadora Residencias 5+1, CUT de Aragón, Dones abolicionistes, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona-FAVB, FSOC Canarias, Intersindical Alternativa de Cataluña, Intersindical Valenciana, LINEAS ROJAS, Marea Blanca Gaditana, Marea Blanca Rioja, Marea la Colomense, Marea de Mareas, Marea Pensionista de Cataluña, Marxa Dignitat Catalunya, Moviment de les Pensions Dignes de Terrassa (MPD), Movimiento de Resistencia Vecinal, NO+PRECARIETAT, Pastoral Obrera de Cataluña, Plataforma Afectados por la Crisis Badalona-PAC, Plataformas de Afectados por las Hipotecas catalanas-PAHs, Plataforma SAD Cataluña, PRESSENZA-Agencia noticias Internacional, RidersxDerechos, Sindicato Las Kellys Cataluña.


Si desea suscribir esta carta al gobierno de España puedes enviar el nombre de la entidad, colectivo social o bien a título personal indicando su nombre, apellidos y profesión o actividad social al email:
carta.imv@gmail.com

 

 

 

BAT ETORRI abre una ronda de contactos con los partidos políticos de la Cámara Vasca.

A través de la asociación Tologorri de Gasteiz, en representación del grupo de Jubilados y Pensionistas BAT ETORRI estámos presentando nuestras demandas a los partidos políticos de la Cámara Vasca.

El pasado día 17 de Diciembre el encuentro fue con Jon Aiartza por parte del PNV.El 23 de Diciembre dicha representación de pensionistas se entrevisto con Jon Hernández de Elkarrekin-Podemos,el cual hizo suyas las reivindicaciones de BAT ETORRI.

Queremos recordar los cinco puntos, que de forma unitaria defiende BAT-ETORRI Consenso, son:

La defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y con el modelo de reparto; Mantenimiento por Ley del poder adquisitivo de las pensiones; pensiones mínimas de 1.080 euros, derogación del factor de sostenibilidad y medidas que pongan fin a la brecha de las pensiones en razón del género.

Las próximas semanas seguiremos la ronda con los demás grupos politicos.

El RESURGIR DEL PASADO EN ESPAÑA.Y el Documental censurado de 1980 ROCIO

Un libro a favor de una buena memoria histórica, sensible y plural.
Durante mucho tiempo la Transición española se consideró
modélica. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto
ampliamente cuestionada, al tiempo que cobraba fuerza la demanda
de justicia y verdad sobre las atrocidades cometidas por los
franquistas en la guerra y la posguerra.

El relato asentado durante la transición invitaba a dejar el pasado de
lado como único modo posible de transitar pacíficamente hacia la
democracia y se sustentaba en la idea de que todos habían sido
igualmente culpables de la barbarie desatada en la contienda. Este
pilar fundamental de la transición comienza a agrietarse a medida
que las exhumaciones de fusilados republicanos perturban el olvido
en el que habían caído las víctimas del franquismo y las confesiones
de los verdugos refieren verdades incómodas sobre el pasado. Este
excelente ensayo, claro y sintético, analiza cómo ha tenido lugar
esta transformación.

«Un tema de interés candente y dos autoras de credenciales
impecables. Un libro escrito con esmero y basado en un
impresionante conocimiento de la enorme bibliografía existente
sobre el tema». —Paul Preston

«Un análisis sorprendentemente original, de la mano de dos
destacadas especialistas, del problema de las atrocidades, la
memoria y la responsabilidad en el caso español, único tanto por la
amplitud de su perspectiva comparada como por la profundidad de
su mirada sobre los asuntos nacionales». —Stanley G. Payne

PARA VISUALIZAR AQUÍ:

El resurgir del pasado en España – Paloma Aguilar Fernandez

ROCIO(documental)

Rocío es una película documental española dirigida por Fernando Ruiz Vergara y estrenada en 1980. Fue la primera película secuestrada judicialmente en España tras la aprobación de la Constitución de 1978 y la desaparición de los mecanismos del franquismo para la censura previa del cine. También fue el primer documental realizado en España sobre la represión ejercida por el bando franquista durante la Guerra Civil Española.

El documental aborda el fenómeno de la romería de El Rocío, analizándolo desde diversas perspectivas, históricas y antropológicas: la veracidad de la aparición mariana, el clasismo de las hermandades rocieras, la relación de miembros de hermandades rocieras con la represión ejercida por partidarios de los sublevados en Almonte en los primeros meses de la Guerra Civil… Según la sinopsis de la película, se trata de «una romería de la Baja Andalucía, en donde viven miles de trabajadores sin tierras y generalmente sin trabajo, con todo el folclore y falsos mitos que ha creado la Andalucía oficial entremezclada con ésa y otra que estamos tratando de desenterrar día a día».

Para visualizar via Facebook:

EL SILENCIO DE LOS OTROS

INCIATIVAS EUROPEAS POR EL CLIMA.Petición ante el Bundestag.

El Bundestag debería decidir convocar un consejo ciudadano a nivel nacional sobre política climática. Este debe ser representativo e independiente y asesorar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué medidas debería tomar Alemania para 2035, teniendo en cuenta la justicia social, para contribuir al cumplimiento de los objetivos climáticos de París? El Bundestag debería comprometerse a tener en cuenta las propuestas del Consejo de Ciudadanos en su legislación.

Razón

Un consejo ciudadano reúne a personas con experiencias y perspectivas de vida muy diferentes, les da la oportunidad de obtener información completa y trabajar juntos en propuestas de soluciones para la política. Los consejos de ciudadanos pueden fortalecer nuestra democracia y, al mismo tiempo, iniciar una política climática justa y basada en hechos que sea apoyada por la población en general.

¿Cómo funciona un consejo ciudadano?

Un grupo de alrededor de 100-150 personas seleccionadas al azar que reflejan la diversidad de nuestra sociedad se reúne durante varios fines de semana para desarrollar recomendaciones de acción sobre un tema específico. Será asesorado por expertos reconocidos e independientes y, con la ayuda de moderadores, discutirá las ventajas y desventajas de los diferentes enfoques. Un consejo ciudadano trabaja de forma transparente e independiente.

¿Por qué un Consejo Ciudadano de Política Climática?

Durante años, el gobierno federal no ha podido abordar adecuadamente la crisis ambiental y climática. El paquete climático adoptado en 2019 es un primer paso en la dirección correcta, pero no conducirá a los principales cambios sociales que la ciencia cree que son necesarios para lograr los objetivos climáticos vinculantes de París y limitar el calentamiento global a 1,5 ° C. Aquí es donde entra en juego el Consejo Ciudadano: puede ayudar a encontrar una respuesta socialmente justa a la crisis climática que tenga en cuenta el conocimiento científico y, al mismo tiempo, implique activamente a los ciudadanos en la búsqueda de soluciones.

Cuando se trata de la protección del clima, las cuestiones ecológicas candentes se encuentran con los intereses económicos y los conflictos sociales. Para muchas personas, los cambios sociales están plagados de preocupaciones; por ejemplo en relación con su trabajo o su estilo de vida. Por lo tanto, los políticos se arriesgan cuando hacen campaña a favor de una política climática ambiciosa: si bien los efectos negativos del calentamiento global solo aparecerán por completo en las próximas décadas, las próximas elecciones son en unos pocos años. Los representantes de las personas que ahora quieren implementar medidas ambiciosas en interés de los jóvenes y las generaciones futuras pueden atraer fácilmente el descontento de muchos votantes. Un consejo ciudadano puede otorgar a los políticos un mandato para medidas orientadas al futuro.

Un consejo ciudadano como oportunidad

Además del calentamiento global, la creciente desigualdad social y la caída de la confianza en las instituciones democráticas son motivo de preocupación en Alemania. Por lo tanto, la política climática puede y debe ser una ocasión para considerar qué es importante para nosotros como sociedad y qué visiones tenemos para nuestro futuro común. Utilicemos la crisis climática como una oportunidad para crear un futuro diferente y más justo. Con un consejo ciudadano de política climática. Y tomadores de decisiones políticas que se comprometan a tomar en serio las recomendaciones de acción de los ciudadanos.

 

 

ARGITASUNA. Nuevo colectivo para luchar contra la desigualdad

En la actual situación de crisis múltiples, donde a las desigualdades sociales, económicas y políticas que no dejan de crecer hay que añadir las carencias e insuficiencias dotacionales de los servicios públicos, así como la caída de la actividad económica y la bajada de la recaudación fiscal, se constata el riesgo de cronificarse la pérdida de bienestar.

La privatización siempre ha tenido lo público en el punto de mira, pero hoy día es en la protección social donde coge impulso el modelo privatizador, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Más en concreto, el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad  Social y su modelo de reparto va a ser complementado, de momento de forma parcial, por las pensiones privadas (en Euskadi EPSV) con la correspondiente, por supuesto, mejora de sus beneficios fiscales. No lo podemos permitir.

Todo esto lleva a impulsar el Colectivo Argitasuna con la idea de hacer visible las diferentes problemáticas y de construir de forma colectiva una nueva realidad. No queremos una mano de pintura a lo existente. Necesitamos promover el bien común, la justicia social, la equidad en el reparto de la riqueza, una reforma fiscal percibida como justa. En definitiva, un modelo social alternativo que rescate los derechos del conjunto de la ciudadanía.

El manifiesto adjunto recoge el ideario Argitasuna y está dirigido a todo tipo de asociaciones: feministas, ecologistas, pensionistas, culturales, juveniles, deportivas incluso. Va dirigido también a las organizaciones sindicales, así como a los partidos políticos que desde las instituciones gestionan los intereses del conjunto de la sociedad.

Quienes a nivel personal o asociativo se identifiquen con el contenido del citado manifiesto y deseen participar en su desarrollo, rogamos que lo comuniquen, a través del siguiente correo electrónico: colectivoargitasuna@gmail.com

 

La crisis económica del 2008 y su deplorable gestión, a base de recortes, austeridad, reformas laborales, de pensiones y de género, se tradujo en menos protección, más precariedad, más pobreza, más desigualdad social. Hace tres años, los indicadores macroeconómicos señalaban el final de la crisis. Para el 66% de la población vasca la percepción era bien distinta, no había acabado. Es más, desde el 2013 alrededor de una cuarta parte de la sociedad no puede ni ir al dentista y tiene que ajustarse en la alimentación. En cuanto a la pobreza infantil, el Deusto Barómetro Social recogía que más de un 31% ha renunciado a las actividades de ocio. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de abril, el paro juvenil ronda el 22% en la CAV. Además, las mejoras salariales se concentran en el nivel superior, mientras que en el inferior empeoran.

Se instala y cronifica la precariedad. Corremos el riesgo de dar carta de naturaleza a una “sociedad indecente” en la que se viva con normalidad la persistente desigualdad, donde para consolidar la situación se recurra a normas que disciplinen a la población en la pobreza.

En este contexto aparece la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, con efectos demoledores en el plano económico y social. La pandemia intensifica la precariedad y la desigualdad. La devastación será extensa e intensa. Estimaciones oficiales señalan que la recaudación fiscal caerá este año alrededor del 20% (2.000 millones menos de ingresos en la CAV). El reto es con la salud pública, sostenibilidad económica, ambiental y rescate social. En definitiva, se necesitan cambios profundos, sociales, culturales e impositivos.

Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Combatir la desigualdad pasa por una reforma fiscal profunda, que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales. Que aporte de manera continuada los recursos que la sociedad necesite y que sea percibida como justa y progresiva. La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude (evasión fiscal) y desgravaciones (elusión fiscal). Además de pagar, hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos, elitistas. Son ejemplos evidentes de inequidad fiscal.

 No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que tenga beneficios fiscales.

Gobierno Vasco y Diputaciones favorecen con desgravaciones fiscales de la base imponible de la declaración de la renta (hoy hasta 5.000 euros) a contribuyentes con capacidad de ahorro a largo plazo, para complementar la pensión pública próxima o futura. De esta forma se transfieren recursos públicos a segmentos sociales y laborales razonablemente bien situados, convirtiendo al resto de la población en meros donantes de beneficios fiscales. La crisis sanitaria ha retrasado la propuesta fiscal más generosa que la Administración tiene prevista para intentar extender el aseguramiento social privado más allá de las rentas medias/altas.

El Viceconsejero de Economía del Gobierno Vasco, instaba en julio a redoblar esfuerzos para impulsar las EPSV de empleo. No hubo respuesta sindical ni de partidos, no hubo el rechazo frontal que cabía esperar ante este intento de privatizar las pensiones públicas. ¿Y si mañana se instase a suscribir pólizas de aseguramiento sanitario privado, ya que son centros de iniciativa social, con el argumento de que se refuerza el derecho a elegir, posibilitando que se gestione en dos redes, como ocurre con la educación concertada? ¿Habría respuesta política, sindical, social, a ese intento de privatizar lo público, o sea, a pretender sostener con dinero público empresas privadas como ocurre con nuestra educación de modelo segregacionista?

En la CAV asistimos desde hace años, con el silencio cómplice de partidos y sindicatos, al fomento institucional de una fiscalidad “a la carta”, para que sectores concretos accedan a la jubilación con una pensión privada complementaria, financiada con recursos que se sustraen de cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. Es necesario rechazar los reiterados intentos de extender la privatización de los servicios públicos, en particular de las pensiones y de la sanidad, dos urgencias del momento actual, con una fiscalidad ventajosa que constituye una apropiación injusta de recursos colectivos. En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de interés social.

Es preciso recuperar la hegemonía de la política sobre la economía y la acción de las instituciones en las decisiones económicas y sociales que afectan a la colectividad. Necesitamos servicios públicos eficientes que posibiliten el desarrollo de las familias en igualdad, conciliando. Es imprescindible la progresividad fiscal frente a la actual regresividad. Deben dejar de existir situaciones tan preocupantes como estas:

– 25% de perceptores de la RGI son pensionistas, en su mayoría (dos de cada tres) mujeres

-Casi un 30% de mujeres trabajan con contrato a tiempo parcial, hombres sólo el 10%

– Las pensionistas vascas cobran de media 907 euros al mes, los hombres 1.568 euros

Organizar los recursos públicos con eficiencia y equidad, establecer prioridades compartidas y bien definidas, requiere acuerdos amplios que se debieran abordar en los próximos meses, en los presupuestos de la CAV y del Estado.

Quienes integramos el colectivo Argitasuna, impulsor de este documento, somos gente de procedencia obrera, trabajadores en activo y pensionistas. Venimos de diferentes ámbitos profesionales, tenemos características políticas e ideológicas diversas, pero nos mueve la voluntad común de clarificar, dar luz (argia) a la situación actual para contribuir a transformar esta realidad. Consideramos necesario que partidos y sindicatos se pronuncien sin dilación sobre las necesidades sanitarias y la fiscalidad que pedimos revertir. Solicitaremos encuentros con cada uno de ellos para exponer en detalle la razón de esta iniciativa.

Socializaremos este manifiesto con otras asociaciones, en particular las de pensionistas y los colectivos de la sanidad, para que contribuyan con su parecer, si así lo consideran. Animamos a que los trabajadores y trabajadoras en activo debatan sobre las EPSV y el modelo social que representan. Hacemos un llamamiento a los profesionales de la sanidad para que expongan con claridad y valentía las necesidades concretas e inaplazables en la situación actual. Este planteamiento vale para el conjunto del Estado, al compartir problemas similares, aunque su adaptación y gestión corresponde a colectivos que recojan el testigo en cada territorio.

 

 

 

ARGITASUNA-Errealitate  berri bat eraikitzeko argitasuna

2008ko krisi ekonomikoa eta horren kudeaketa tamalgarriak, murrizketa, austeritate, lan-erreforma eta pentsio eta genero-erreformen bidez, babes gutxiago, prekarietate gehiago, pobrezi handiagoa eta desberdintasun sozial nabarmenak ekarri zituen berekin. Duela hiru urte, adierazle makroekonomikoek krisiaren amaiera adierazten zuten. EAEko biztanleen % 66aren pertzepzioa ostera, kontrakoa zen. Are gehiago, 2013az geroztik, gizartearen laurden batek ezin du dentistarengana ere jo eta janaria murriztu behar izan du. Haurren pobreziari dagokionez, Deusto Barometro Sozialak % 31k baino gehiagok aisialdiko jarduerei uko egin ziela jasotzen zuen. Apirileko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, gazteen langabezia % 22 ingurukoa da EAEn. Gainera, soldata-hobekuntzak maila gorenean daude, behekoan okerrera egiten duten bitartean.

Prekarietatea ezarri eta kroniko bihurtzen da. Etengabeko berdintasun eza normaltasunez bizitzen duen “gizarte lotsagarri” bati izaera emateko arriskua dugu, non, egoera sendotzeko, herritarrak pobrezian diziplinatzen dituzten arauetaz baliatzen diren.

Testuinguru honetan Covid 19ak eragindako osasun-krisia agertzen da, ondorio suntsitzaileekin ikuspegi ekonomiko eta sozialean. Pandemiak prekarietatea eta desberdintasuna areagotzen ditu. Hondamena zabala eta bizia izango da. Kalkulu ofizialen arabera, aurton zerga-bilketa % 20 inguru jaitsiko da (EAEn 2.000 milioi gutxiagoko diru-sarrerakin). Erronkak, osasun publiko, iraunkortasun ekonomiko, ingurumen eta erreskate sozialean datza. Azken batean, aldaketa sakonak, sozialak, kulturalak eta inposatzaileak behar dira.

Errealitate berri bat eraiki behar da, begirada eraldatzaile baten bidez, herritarrei bizitza duina izateko beharrezko baliabideetarako sarbidea bermatzeko mekanismoak aktibatu eta proiektu partekatu bat gaitzen duena.

Desberdintasunari aurre egiteko, erreforma fiskal sakona egin behar da, egitura beharrei erantzuten duena eta ez soilik egoeraren araberako beharrei. Gizarteak behar dituen baliabideak etengabe ematea eta bidezkotzat eta progresibotzat hartzea. Erreformak, PFEZk ordaintzeko benetako gaitasuna zergapetu eta gure fiskalitatearen bidegabeko bi bide: iruzurra (zerga-ihesa) eta desgrabazioak (zerga-saihestea), iztetik hasi behar du. Pentsio-plan pribatuei, mutualitateei edo BGAEei pizgarri eta onura fiskalak kendu behar zaizkie, bidegabeak, atzerakoiak eta elitistak izateagaitik. Zerga-ekitate ezaren adibide nabarmenak dira.

Ez gaude aurrezki pribatuaren aurka, baina bai onura fiskalak izatearen kontra.

Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek errenta-aitorpenean zerga-oinarriaren desgrabazioekin (gaur egun 5.000 euro arte), hurbileko edo etorkizuneko pentsio publikoa osatzeko, epe luzera aurrezteko gaitasuna duten zergadunei laguntzen diete. Horrela, baliabide publikoak nahiko ondo kokatutako gizarte eta lansegmentuetara transferitzen dira, eta gainerako biztanleak zerga-onuren emaile huts bihurtzen dira. Osasunkrisiak, Administrazioak gizarte-aseguramendu pribatua errenta ertain/altuetatik haratago zabaltzen saiatzeko aurreikusita duen zerga-proposamen oparoena atzeratu egin du.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako sailburuordeak, uztailean, enpleguko BGAEak bultzatzeko ahaleginak areagotzeko eskatu zuen. Ez zen sindikatuen edo alderdien erantzunik izan, ez zen espero zitekeen erabateko arbuiorik izan pentsio publikoak pribatizatzeko ahalegin horren aurrean. Eta bihar, gizarteekimeneko zentroak izanik, osasun-aseguramendu pribatuko polizak sinatzeko eskatuko balitz, aukeratzeko eskubidea indartzen dela argudiatuz, kudeaketa bi saretan ahalbidetuz, itunpeko hezkuntzarekin gertatzen den bezala? Arlo publikoa pribatizatzeko saiakera horri, hau da, diru publikoarekin enpresa pribatuak sostengatu nahi izateari, erantzun politiko, sindikal edo sozialik emango litzaioke, eredu segregazionistako gure hezkuntzarekin gertatzen den bezala?

EAEn, urteak dira, alderdi eta sindikatuen isiltasun konplizearekin, erakundeek sustatutako “Nahierazko” fiskalitate baten lekuko garela, gizarte osoaren beharrak betetzetik kanpo geratzen diren baliabideekin finantzatuta, sektore jakin batzuek pentsio pribatu osagarri batekin erretiroa har dezaten. Beharrezkoa da, baliabide kolektiboez bidegabe jabetzea dakarren zerga-sistema abantailatsu batekin, zerbitzu publikoen pribatizazioa zabaltzeko behin eta berriz egindako ahaleginei, bereziki pentsioen eta osasunaren pribatizazioari, uko egitea. Pentsioetan, belaunaldien arteko banaketa-sisteman inplizituki dagoen birbanaketa-ahalmena dago jokoan. Hori, iraunkorra eta arreta sozialekoa den gure pentsio-sistemaren elkartasun-eredua hausten duen, eta itzulera guztiz indibiduala den kapitalizazio-sistema batean, ezinezkoa da.

Kolektibitateari eragiten dioten erabaki ekonomiko eta sozialetan, erakundeen ekintza eta politikak ekonomiaren gain duen nagusitasuna berreskuratzea beharrezkoa da.

Bateragarritasuna sustatuz, familiak berdintasunean garatzea ahalbidetzen dituzten zerbitzu publiko eraginkorrak behar ditugu. Ezinbestekoa da zerga-progresibitatea egungo erregresibotasunaren aurrean. Jarraian aurkeztutako egoera kezkagarri hauek desagertu behar dira:

– DBE jasotzen dutenen % 25 pentsiodunak dira, gehienak (hirutik bi) emakumeak

– Emakumeen ia % 30ek lanaldi partzialeko kontratuarekin lan egiten dute, gizonek soilik % 10

– Emakume pentsiodunek bataz beste 907 euro kobratzen dituzte hilean, gizonek aldiz, 1.568

Baliabide publikoak eraginkortasunez eta ekitatez antolatzeko, lehentasun partekatuak eta ongi definituak ezartzeko, datozen hilabeteetan EAEko eta Estatuko aurrekontuetan landu beharko liratekeen akordio zabalak behar dira.

Dokumentu honen bultzatzaile den Argitasuna kolektiboa osatzen dugunok, langile jatorriko jendea, jardunean gauden langileak eta pentsiodunak gara. Hainbat lanbide-eremutatik gatoz, ezaugarri politiko eta ideologiko desberdinak ditugu, baina egungo egoera argitzeko eta errealitate hori eraldatzen laguntzeko amankomuneko borondateak mugitzen gaitu. Gure ustez, beharrezkoa da alderdi eta sindikatuek lehenbailehen osasun-premiei eta lehengoratu nahi dugun fiskalitateari buruz iritzia ematea. Ekimen honen arrazoia zehatz-mehatz azaltzeko, horietako bakoitzarekin topaketak egitea eskatuko dugu.

Manifestu hau beste elkarte batzuekin sozializatuko dugu, bereziki pentsiodunekin eta osasun-arloko kolektiboekin, halan uste badute, beren iritziarekin lagun dezaten. Lanean ari diren langileak BGAEei eta horiek ordezkatzen duten gizarte-ereduari buruz eztabaidatzera animatzen ditugu. Osasun-arloko profesionalei dei egiten diegu argi eta ausardiaz azal ditzaten egungo egoeraren premia atzeraezin zehatzak. Antzeko arazoak partekatzean, planteamendu honek Estatu osorako balio du, nahiz eta egokitze eta kudeatze lanak lurralde bakoitzean lekukoa hartzen duten kolektiboei dagokien.

Argitasuna kolektiboa

 

 

BONOS DESCUENTO,BUENA INICIATIVA,MAL MÉTODO

El comercio de proximidad, la hostelería, las actividades deportivas y culturales, son sectores
económicos y sociales gravemente afectados por las medidas de confinamiento aplicadas para
evitar la propagación de la epidemia Covid-19. Entre las decisiones adoptadas por el Gobierno
Vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao para paliar las negativas consecuencias
de las restricciones al uso público de esos servicios figuran los bonos descuento.


Siendo una iniciativa positiva, la forma de promover, de administrar y de adquirir los bonos, ha
resultado inadecuada, beneficiando a los sectores de población con mayor poder adquisitivo,
en detrimento de los colectivos sociales más desfavorecidos a nivel económico. Cada paso de
ese procedimiento ha obstaculizado la igualdad de oportunidades, así como el tratamiento
equitativo, que debe prevalecer en las actuaciones de las instituciones públicas. Ni siquiera se
ha tenido en cuenta la brecha digital, que segrega a las rentas familiares bajas.


A mayor nivel de renta, el acceso a la información es más rápido, se dispone de mejores
medios para realizar cualquier gestión y resulta determinante el poder adquisitivo. Tras las
emisiones lanzadas por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, de los 100.000 Bono
Denda promovidos por la Diputación de Bizkaia, la parte correspondiente a Bilbao se agotó en
12 horas, el resto en menos de dos días. Cabe suponer que los bonos han sido adquiridos y
acumulados por quienes tienen todas las ventajas a su favor. Bastaría cruzar los datos de los
tres organismos para obtener resultados concluyentes.


En lugar de limitarse a organizar una competición en condiciones desiguales, las instituciones
deben beneficiar tanto a la economía local y al comercio de proximidad como a los colectivos
más vulnerables y amenazados por la exclusión social. Financiar con dinero público el 50% del
importe de las angulas y del besugo de quienes tienen medios suficientes para pagarlo íntegro,
no fomenta el consumo responsable y sobre todo vulnera el principio de equidad, favorable
siempre a los más débiles. Se podía actuar de otra manera, distribuyendo vales de consumo a
través de los servicios sociales o entre las personas perceptoras de la RGI.


Las buenas ideas fracasan si carecen de perspectiva global y de sensibilidad suficiente para que
contribuyan a la cohesión social.


Bilbao, 12 de diciembre de 2020

PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ISLA DE SANTA CLARA.

Las obras del faro de la isla de Santa Clara están a punto de finalizar y se espera que la obra de Cristina Iglesias quede abierta al público a partir de la primavera de 2021. Desde que seanunció el proyecto hemos sido muchas las asociaciones, agentes y particulares que hemos mostrado dudas sobre las consecuencias que dicho proyecto podría acarrear. Tal y como se ha señalado en más de una ocasión, esta iniciativa, tendrá repercusiones en el medio ambiente, en el patrimonio, en las finanzas públicas, en el proceso de turistificación de la ciudad y en la privatización del espacio urbano. Sin embargo, haciendo oídos sordos a las sugerencias de mejora realizadas por diversos colectivos, el Gobierno municipal de Donostia ha defendido con vehemencia la ejecución integral del proyecto. La hoja de ruta marcada al principio no ha variado ni un ápice tras el estallido de la crisis sanitaria y económica que actualmente vivimos como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Es más, el Gobierno municipal de Donostia aprobó el 3 de noviembre de 2020 la segunda modificación del contrato de obras del faro de Santa Clara, acordando encarecer un 11% el coste de las mismas, precisamente en un contexto de crisis que no ha hecho más que acrecentar las necesidades sociales.

Preocupados por los efectos colaterales que la intervención artística que se está llevando a cabo en el faro de Santa Clara pueda generar en la isla y en la ciudad en general, las asociaciones y agentes firmantes del presente escrito queremos compartir la siguiente reflexión:

La isla de Santa Clara es un elemento vertebrador que articula la identidad colectiva de Donostia. No obstante, esta joya de extraordinario valor natural es tan rica como frágil. En consecuencia, el aumento de la presión antrópica que soporta la zona puede resultar totalmente perniciosa para su subsistencia. Nuestra preocupación se fundamenta en gran medida, en el potencial devastador que un previsible incremento de visitantes podría ocasionar en la isla.

Aunque entre los firmantes cada uno tiene su opinión y su posición sobre la remodelación del faro, no pretendemos poner en tela de juicio el valor artístico de este proyecto. Sin embargo, consideramos que, si el proyecto no se lleva a cabo junto con medidas para proteger y garantizar los valores del espacio y su entorno, causará daños irreparables. De hecho, tenemos presente lo que está sucediendo en Gaztelugatxe, que desde su aparición en la serie “juego de Tronos” se ha convertido en mero escaparate turístico. Este ejemplo cercano nos muestra que la proliferación desmesurada de visitantes puede provocar una progresiva pérdida de valores naturales, así como de rasgos paisajísticos característicos.

En Donostia, todavía estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para evitar impactos sociales y medioambientales irreparables. Para ello es imprescindible prever, analizar y gestionar los posibles efectos del proyecto. Somos conscientes de que los impulsores de la iniciativa comparten también muchas de estas preocupaciones, habiendo puesto en marcha un equipo técnico de trabajo para la definición de las bases para la gestión de la isla.

Ante este escenario, consideramos fundamental para la protección eficaz del espacio la elaboración de un plan de uso y gestión de la isla que regule las actividades que se puedan desarrollar, así como sus características. Del mismo modo, se solicita que el plan respete las siguientes condiciones mínimas:

 

  1. El desarrollo del punto aprobado por el Pleno de Donostia el 23 de julio de 2020 en la moción sobre el aforo de la isla de Santa Clara. Es decir, que, elaborando un plan específico de aforo, se fijen los transportes de acceso a Santa Clara y el número máximo de personas que pueden entrar en la isla según los criterios más limitativos. En concreto, este es el punto aprobado por el pleno:
    “Donostiako Udalbatzak hertsatuki eskatzen dio Udal Gobernuari osatu eta jarri dezala herritarren eskura Santa Klara uharteko edukierari buruzko berariazko plan bat. Plan honek, halaber, COVID-19 birusaren testuinguruaz haragoko beharrei erantzun beharko die eta besteak beste bisitari kopuruak ingurumenean izan ditzakeen eraginak aintzat hartu beharko ditu.”
  2. Que la temporada de apertura al público y periodo de visitas a la isla, siga siendo de 4 meses al año, tal y como se estipula actualmente, de acuerdo al bando municipal de 2003 correspondiente a la isla.
  3. Que, asumiendo el nuevo rol del faro como principal elemento de atracción de la isla, este sólo se abra 4 días a la semana para los visitantes, y siempre con respecto a la temporada de apertura de la propia isla. Con ello se garantizaría el mantenimiento de la función de espacio de ocio y esparcimiento que actualmente cumple la isla, aunque sea durante 3 días a la semana.
  4. Que las actividades permitidas sean de carácter público y orientadas al beneficio de las y los Donostiarras (promoviendo especialmente aquellas que tengan un interés pedagógico relacionado con la educación ambiental), rechazando a su vez, aquellas destinadas a incidir en el marketing urbano y el crecimiento turístico.
  5. Encomendar la gestión del faro y el control de los accesos a un organismo público (Fundación Cristina Enea), obviando todo interés subordinado a las lógicas monetaristas.
  6. La renuncia a la construcción de nuevas infraestructuras adicionales en la isla de Santa Clara.

 

Por tanto, la intervención en el faro de Santa Clara puede ser una oportunidad única para plantear un proyecto abierto y participativo, surgido del consenso entre el ayuntamiento, técnicos y expertos, y los agentes sociales, que sirva, además, como muestra del compromiso de Donostia con la sostenibilidad. La isla de Santa Clara no puede entenderse como un recurso turístico estratégico, sino como un biotopo protegido que hay que preservar para las generaciones futuras. Por ello, las asociaciones y agentes firmantes de este escrito, instamos directamente tanto al Gobierno municipal como al equipo técnico que trabaja en el proyecto artístico del faro de Santa Clara a que activen todos los recursos disponibles para garantizar la protección de la isla, haciendo suyas las propuestas aquí expuestas.

·#NosQuedamos! #EzGoazAuzotik!

En el número 22 de la calle Egia de Donostia, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) mantiene un pulso con las vecinas de cuatro viviendas. Esta entidad y una de sus principales gestoras, Haya Reale Estate, se niegan a renovar los contratos de alquiler que afectan a 12 vecinas y amenazan con impulsar procesos de desahucio a medida que se extingan los contratos actuales. La gestora ni siquiera ha querido dialogar para abrir una negociación y, en estos momentos, una vecina de 82 años de edad se encuentra ya en situación irregular, pagando el alquiler a pesar de haber vencido su contrato (en tácita reconducción), y sin saber cuándo recibirá la carta con la fecha del desahucio.

Queremos dejar bien claro que la Sareb fue creada por el Estado español y el Consejo Europeo en 2012 para comprar los llamados “activos tóxicos” (bienes sobrevalorados en la contabilidad bancaria) a fin de salvar el sistema financiero. Cuando estalló la burbuja en 2008 y bajaron los precios, se constató que si los bancos contabilizaban esos activos tóxicos por su valor real de mercado iban a declararse en quiebra y, que en su caída, podían arrastrar con ellos a toda la economía española y poner en riesgo también a los bancos europeos. Por eso se creó Sareb, constituida con un capital de 4.800 millones de euros: el 55% de origen privado y el otro 45% de origen público; una entidad que tiene supuestamente una finalidad pública pero que es gestionada por entidades privadas que cobran importantes comisiones y se lucran por dar este servicio. La entidad recibió además un préstamo de más de 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, un dinero que el Estado español debe devolver aunque la venta de todos esos activos tóxicos adquiridos por Sareb no logre recaudar esa cantidad.

Por otro lado, denunciamos que Haya Real Estate, perteneciente al fondo buitre Cerberus Capital Management L.P., ha recibido comisiones millonarias para encargarse de los bienes inmobiliarios de Sareb, es decir, para organizar la venta de infinidad de viviendas a precios de saldo principalmente a inversores y fondos buitres. Entre esos bienes están las cuatro viviendas afectadas en Egia 22, y Sareb es propietaria además de otros dos pisos y de un local comercial de 300 m2 en el mismo edificio, todos ellos actualmente vacíos esperando el momento propicio para su venta.

 Ante esta situación, desde Donostialdeko Maizterren Sindikatua y la asociación de vecinxs Egia Bizirik hacemos un llamamiento a todas las vecinas de Donostia, y a las de Egia en particular, para que se sumen a las movilizaciones de apoyo y en defensa de las inquilinas de Egia 22, y para mostrar nuestra repulsa ante las actuaciones de estas entidades financieras y rechazar su presencia en nuestros barrios. Reclamamos a Sareb que renueve los contratos de alquiler de las personas afectadas en las mismas condiciones que han tenido hasta ahora, y exigimos al Ayuntamiento de Donostia que se ponga en contacto con Sareb para que los dos pisos y el local comercial que están vacíos pasen a propiedad municipal y se destinen a viviendas de alquiler social y equipamiento público. Reivindicamos que las viviendas que han sido “rescatadas” con fondos públicos se pongan al servicio de las necesidades populares como un primer paso hacia la desmercantilización de la vivienda y de nuestras ciudades.

Convocamos, por tanto, a las vecinas de Egia y de Donostia a la asamblea informativa y rueda de prensa que se realizará el sábado 12 de diciembre, a las 12 del mediodía, en Plaza Haundi de Egia.

Porque nuestros barrios y nuestras vidas no están en venta

Porque sabemos que juntas lo podemos todo

NosQuedamos!

 

 

Donostiako Egia kaleko 22. zenbakian, Sarebek (Banku Berregituraketatik datozen Aktiboak Kudeatzeko Sozietatea) pultsu bat du lau etxebizitzetako bizilagunekin. Erakunde horrek eta bere kudeatzaile nagusietako batek, Haya Reale Estate, ez dituzte alokairukontratuak berritu nahi. Izan ere, 12 auzokideri eragiten diete alokairukontratu horiek, eta gaur egungo kontratuak amaitu ahala, maizterrak botatzeko prozesuak bultzatzeko mehatxua egiten dute. Kudeatzaileak ez du elkarrizketarik egin nahi izan negoziazioa irekitzeko eta, une honetan, 82 urteko emakume bat egoera irregularrean dago, alokairua ordaintzen ari da kontratua amaitu arren, eta ez daki noiz jasoko duen gutuna etxetik botatzeko datarekin.

Argi utzi nahi dugu Sareb Espainiako Estatuak eta Europako Kontseiluak sortu zutela 2012an, “aktibo toxikoak” (banku-kontabilitatean gainbalioetsitako ondasunak) erosteko, hau da, finantza-sistema salbatzeko. 2008an burbuila lehertu eta prezioak jaitsi zirenean, ikusi zen bankuek aktibo toxiko horiek beren merkatuko benetako balioagatik kontabilizatzen bazituzten porrotean deklaratuko zirela eta, erortzean, Espainiako ekonomia guztia haiekin arrastaka eraman, eta, Europako bankuak ere arriskuan jar zitzaketela. Horregatik sortu zen Sareb, 4.800 milioi euroko kapitalarekin: %55 jatorri pribatukoak eta %45 jatorri publikokoak. Erakunde horrek, ustez, helburu publiko bat du, baina komisio handiak kobratzen dituzten eta zerbitzu hau emateagatik dirua irabazten duten erakunde pribatuek kudeatzen dute. Gainera, Europako Batasunak 50.000 milioi euro baino gehiagoko mailegua zion entitateari. Diru hori Espainiako estatuak itzuli behar du, nahiz eta Sarebek erositako aktibo toxiko horien salmentek kopuru hori biltzea ez lortu.

Bestetik, salatzen dugu Haya Real Estatek, Cerberus Capital Management L.P. buitre-funtsekoak, milioi askoko komisioak jaso dituela Sareben ondasun higiezinez arduratzeko, hau da, hainbat etxebizitza saldoprezioan saltzeko, batez ere, inbertitzaileei eta funts-putreei. Ondasun horien artean daude Egia 22ko lau etxebizitzak, eta eraikin berean dauden beste bi pisu eta 300 m2-ko merkataritza-lokal bat. Gaur egun hutsik daude, saltzeko une egokiaren zain.

Egoera horren aurrean, Donostialdeko Maizterren Sindikatua eta Egia Bizirik auzo-elkarteak dei egiten diegu Donostiako eta, bereziki, Egiako herritar guztiei, Egia 22ko maizterrak babesteko eta defendatzeko mobilizazioekin bat egin, eta, finantza-erakunde horien jarduerari aurre egitera. Sarebi exijitzen diogu kaltetutako pertsonen alokairukontratuak orain arteko baldintza beretan berritu ditzala. Bestetik,Donostiako Udalari dei egiten diogu Sarebekin harremanetan jartzera, hutsik dauden bi pisuak eta lokala Udalaren jabetzara pasa daitezen, eta, etxebizitzak alokairu sozialeko parkera eta lokala kudeaketa
komunitarioko ekipamendu publikoa izatera pasatzea aldarrikatzen dugu. Horrenbestez, funts publikoekin “erreskatatu” diren etxebizitzak herribeharren zerbitzura jartzea exijitzen dugu, etxebizitza eta hiriak merkantilizatzeari uzteko lehen urrats gisa.

Horrela, eta lehen urrats hau elkarrekin ematen hasteko, dei egiten diegu Egia eta Donostiako herritarrei abenduaren 12an, larunbata, eguerdiko 12etan, Egiako Plaza Haundi-n egingo den informaziobatzarrean eta prentsaurreko jendetsuan parte hartzera.

Gure auzoak eta gure bizitzak ez daudelako salgai
Badakigulako elkarrekin edozer dugula posible

EzGoazAuzotik!

 

Reclutamiento de jovenes en redes sociales.¡ALERTA sobre IM Mastery Academy!

En diversos colegios ,están previniendo al alumnado y sus familias, de la existencia de una red de captación de jóvenes a nivel mundial (muchos menores de edad) que desde hace meses están actúan en alguna comunidades autónomas y que se presentan como una Plataforma de Formación.

La forma de captación, la plataforma network marketing, es a través de la presencia en las redes sociales (especialmente Instagram) donde aparece un alto nivel de vida de jóvenes sin títulos o estudios académicos. El captador utiliza el gancho de llevar al nuevo cliente a un evento para que quede impresionado por el ambiente y el lugar donde se reúnen, de ahí la importancia de que asistan.

¿Por qué les atrae tanto a los jóvenes? Te hablan de lo “poderoso” que eres si te esfuerzas y que existe un mundo de la finanzas que ellos conocen bien, que ha estado oculto en la educación “tradicional”, “es hora de despertar” y de ser “emprendedor”. Puedes  ganar “mucho” dinero y eres dueño de tu tiempo y de tu trabajo, ¿hay algo más tentador?

Una vez captado y empiezas a pagar tu mensualidad, te conviertes en captador de otros y si consigues a tres personas más te sale “gratis”. A partir de ahí, si sumas a más gente empiezas a recibir dinero, por lo que vas a querer a toda costa que esto siga adelante.

 ¿Por qué es preocupante?:

*Una vez que empiezas desconfías de los demás, familia o profesores, que les adviertan del riesgo…Ellos han “visto el éxito “en otros.

*Desmotivación en sus estudios académicos. Su foco de atención está en otra cosa, como leer libros recomendados por la plataforma incluso en horario lectivo. Algunos alumnos ya han dejado de estudiar bachillerato persuadido por esta red.

*Se convierte en un tema abusivo, porque contactan permanentemente contigo para no perder el “alumno-cliente” que es el que sostiene la plataforma.

*Ciertamente conocen de primera mano a personas que están ganando dinero (aunque enriquecerse solo lo hace la plataforma) porque van subiendo puestos (niveles) según la cantidad de personas captadas para la organización que les recompensa con una pequeña parte. Ello hace que le otorguen veracidad al mensaje de que se “aprende trading”.

*Moralmente es preocupante porque les enseñan a ganar dinero a costa de conocidos o amigos, normalmente menores.

Ante esta situación ¿qué se han hecho desde los colegios?

-Se han dado charlas por parte de profesores de economía sobre la irregularidad de la formación que no tiene ningún tipo de certificación ni titulo. El negocio del trading es altamente tecnificado y entre el 80% y el 90% de los traders pierden el dinero propio y de los clientes-cualquier web especializada seria lo advierte por obligación legal-.Además,la formación que vende se puede encontrar gratuitamente en internet en otros portales en podcast o videos.

-Una licenciada en matemáticas y con máster en Big Data, que precisamente trabaja en una empresa tecnológica de mercados financieros, ha informado de la compleja y larga formación necesaria para llegar a ese mundo (universidades reconocidas, conocimientos de matemáticas, del mundo de la empresa, informática, etc.)

Se les ha advertido en clase de la prohibición de captar a otros.

Se ha comunicado todo ello a las familias.

-Por último, se ha hablado personalmente con aquellos alumnos que se han acercado a esta red.

Se ha recordado, que en cumplimiento del derecho de protección de los menores, en dichos Colegios está terminantemente prohibido la venta de cualquier tipo de bien o servicio por parte de otros alumnos o sus familias. Por tanto, se sancionara aplicando la normativa, como una falta grave, al alumno/a que pretenda captar a otro alumno/a del Centro Escolar.

Finalmente los Equipo Directivos de dichos Centros, lamentan que haya iniciativas de este tipo en la sociedad, aunque sean inevitables en un mundo que antepone el dinero y el éxito a los valores que como familia y colegio se queremos inculcar a nuestros hijos y alumnos. Nuestro interés compartido es formar a personas críticas, con una formación seria y reconocida para poder desarrollar nuestra vocación por el bien común en servicio de la sociedad.

No es solo una estafa piramidal, pues tiene muchísimos puntos de persuasión coercitiva idénticas a grupos sectarios.

Podemos observar:

– Dicotomía buenos/malos (somos los elegidos)
– Descrédito de toda persona e información que diga información critica o contradictoria a lo que dicen   los jefes.
– Todos hablan igual, como los jefes, con las mismas palabras, expresiones, entonación… (Prácticamente entras y te hacen ver que así conseguirás más clientes).
– Te dejan de lado o te hacen el vacio si decides no hacer algo de lo que te piden “voluntariamente”.

FAMILIAS AFECTADAS pueden dirigirse al siguiente correo:

redune.infoayuda@yahoo.es

 

LOS PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES.

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991. Se exhortó a los gobiernos a que incorporasen estos principios en sus programas nacionales cuando fuera posible. Algunos puntos salientes de los Principios son los siguientes:


Independencia

Las personas de edad deberán:

  • Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia;
  • Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos;
  • Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales;
  • Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;
  • Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio;
  • Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.

Participación

Las personas de edad deberán:

  • Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes;
  • Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades;
  • Poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.

Cuidados

Las personas de edad deberán:

  • Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad;
  • Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad;
  • Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado;
  • Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro;
  • Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

Autorrealización

Las personas de edad deberán:

  • Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial;
  • Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.

Dignidad

Las personas de edad deberán:

  • Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales;
  • Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.

Radiografía de la foto de familia del Pacto de Toledo.

Los partidos que integran la comisión del Pacto de Toledo acudieron a las negociaciones con posturas tan diferenciadas que no cabía imaginar un acuerdo final de amplio consenso. Tanto el resultado como el desarrollo de los debates difieren del incívico y crispado comportamiento habitual en el hemiciclo del Congreso. El trato dialogante que ha prevalecido algo tendrá que ver con el hecho de celebrar las sesiones a puerta cerrada, sin presión mediática. Así mismo cabe destacar que, pese a las diferencias iniciales y en contraste con lo habitual, lo pactado no conlleva un balance entre vencedores y vencidos. La imagen que destaca es la del consenso. 

Para llegar a entenderse basta una actitud favorable y plantear objetivos poco comprometidos. Ahora convenía adaptarse a la compleja situación con un acuerdo de mínimos que permita al Gobierno implantar reformas en una doble dirección: a) tranquilizar a los actuales pensionistas que llevan casi tres años movilizados, b) recortar de forma progresiva las pensiones futuras, utilizando dos instrumentos complementarios y compensatorios: las medidas establecidas en la reforma de pensiones del 2011 y los fondos de pensiones de empleo.    

En los debates participaron todos los grupos parlamentarios. Se hicieron concesiones y hubo renuncias, aunque solo queda constancia del voto negativo de Vox y de las abstenciones de ERC y EH Bildu. Justo es reconocer que buena parte del éxito de la comisión corresponde al talante cordial y dialogante de su presidenta, Magdalena Valerio. Para poder conocer los cambios de actitud de las formaciones políticas es preciso comparar los resultados con las posiciones iniciales. Ello requiere radiografiar la foto de familia del Pacto de Toledo. 

Acusar al mensajero

Sorprende la hostilidad desatada contra la comisión del Pacto de Toledo desde perspectivas opuestas. Mientras los economistas neoliberales ven en esos acuerdos una amenaza para los planes de pensiones privados, diversas asociaciones de pensionistas, entre las que aparecen las dos ramas de la COESPE, interpretan lo contrario, advirtiendo que está en peligro el sistema público de pensiones. Junto a los posicionamientos ideológicos dispares asombra el tono catastrofista de las conclusiones. El profesor José Antonio Herce, miembro del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones, reitera en sus declaraciones públicas que la mayor parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo desestabilizan el sistema de pensiones. En Canarias-Semanal.org, Conchita Ribera de COESPE declara: “los Pactos de Toledo se crearon para privatizar el sistema público de pensiones y entregar los cientos de miles de millones que mueven las pensiones a la banca, en un modelo similar al que aplicó Pinochet en Chile”.    

Esos juicios de valor tan descalificativos y categóricos no cuadran con el carácter consultivo de la comisión del Pacto de Toledo, simple eslabón de un largo proceso deliberativo. Mayor relevancia que sus recomendaciones alcanzan las disposiciones del Congreso de los Diputados, las cuentas del Estado, los compromisos con los agentes sociales (patronal y sindicatos) y en último término las decisiones del Gobierno. Además, en esta ocasión, el Pacto de Toledo no ha propuesto medidas negativas que no estuviesen en vigor, aunque la más novedosa, los planes de pensiones de empleo, requieran un desarrollo posterior. Por tanto, las reclamaciones deberían dirigirse a los organismos con capacidad legislativa y ejecutiva: Congreso y Gobierno.  

Ganancias y pérdidas en clave política  

El vencedor del Pacto de Toledo es el PSOE, personalizando el triunfo en el Ministro Escrivá. Consigue el aval para aplicar las reformas que antes propuso desde la presidencia de la AIReF. Este podría ser el decálogo de medidas esenciales:

1) Revalorizar las pensiones contributivas en base al IPC real.

2) Acercar la edad de jubilación efectiva a la oficial.

3) Elegir los 25 años de cotización más favorables para establecer la base reguladora.

4) Mantener los 15 años como período mínimo de cotización de la pensión contributiva.

5) Primar el aumento voluntario de la edad de jubilación.

6) Trasladar los gastos impropios de la Seguridad Social a los PGE.

7) Dejar de considerar deudas las trasferencias del Estado a la Seguridad Social.

8) Ajustar la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales.

9) Reducir la aportación a planes privados de pensiones con derecho a desgravación fiscal.

10) Generalizar los planes de pensiones de empleo según el modelo de las EPSV del País Vasco. 

Los gobiernos toman decisiones mirando en dos direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública

Gana el Gobierno, pese a no incluir el Pacto de Toledo propuestas programáticas esenciales del Gobierno de Coalición en materia de pensiones. Tales carencias pasan mayor factura política a Unidas Podemos que al PSOE. Entre los compromisos pendientes, no incluidos o sin plazo de aplicación, hay que citar: 1) El aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Es una demanda prioritaria, junto con la reducción de la brecha de género y pensiones de viudedad. 2) Eliminar el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad de la reforma del 2013. La reclaman hasta los sindicatos que avalaron la reforma del 2011. 3) Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Este punto choca con los planes de pensiones de empleo.

Aunque el voto pensionista vaya sobre todo a las listas del PSOE, PP o PNV, los reproches se dirigen en particular hacia Unidas Podemos. Consciente de esa realidad, Meri Pita, delegada de UP en el Pacto de Toledo, al aprobarse el 19 de noviembre el acuerdo en el Congreso, además de reconocer que no se habían alcanzado todos los objetivos previstos, declaró que los militantes de UP: “Hoy están decepcionados con el texto”. “Comprendemos y encajamos esa decepción”. Resulta inevitable comparar esta actuación con la de febrero de 2019, cuando la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, imposibilitó un acuerdo similar, con el agrado de las plataformas de pensionistas que rechazan el Pacto de Toledo. Recordemos el titular de El País: “El Pacto de Toledo descarrila ante el adelanto electoral y las exigencias de Podemos”.

La “decepción” que señala Meri Pita está motivada sobre todo por asumir UP los planes de pensiones de empleo. Implica aceptar la reducción de las pensiones públicas provocada por la reforma del 2011, impulsada por Rodríguez Zapatero con el respaldo de CCOO y UGT. Unidas Podemos justifica ese paso en falso: “En cuanto al régimen fiscal y jurídico de las aportaciones a los planes de pensiones, si bien las recomendaciones no recogen su eliminación, sí se contempla su reorganización para beneficiar a los planes de empleo que se acuerdan en la negociación colectiva frente a los individuales, y posibilitan que trabajadores de distintos niveles de renta tengan acceso a ellos”. Se trata de una disculpa poco convincente. Supone obviar el dilema de los planes de pensiones de empleo, vigentes desde 1983 en Euskadi: son productos financieros favorables a rentas salariales altas, tienen beneficios fiscales que se detraen de los ingresos públicos, adolecen de una inequidad que cronifica las desigualdades sociales. Unidas Podemos no estaba ante la disyuntiva de tener que elegir entre un SI o un NO sin condiciones. Pudo apoyar los acuerdos incluyendo un voto particular, dejando constancia de carencias y desacuerdos. Calló y defraudó.  

Manteniendo una actitud de enfrentamiento total con el Gobierno, el PP no tiene reparos en votar a favor de los acuerdos, pese a ser el gran perdedor. La reforma de pensiones impuesta por Rajoy en 2013 queda postergada, sin que el PP intente defenderla. No obstante, tanto el índice de revalorización (0,25%), como el factor de sostenibilidad (recortes) que podría entrar en vigor el 2023, oficialmente no están derogados. En la negociación, al igual que Ciudadanos, el PP ha intentado, sin lograrlo, mantener las aportaciones a los planes privados de pensiones, gestionados por la banca y aseguradoras. La decisión final corresponderá al Gobierno, que está siendo sometido a fuertes presiones para que no las reduzca.

La abstención de ERC y EH Bildu, más que en los aspectos negativos del acuerdo se basa en sus innegables carencias. Ciertamente, no queda resuelta la problemática del sistema público de pensiones. Sí se avanza en la demanda más urgente, la revalorización anual, mas sin progresar en otra reivindicación esencial: la mejora de las pensiones mínimas. Esas y otras medidas están relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado, que ERC y EH Bildu apoyarán por razones políticas. Por tanto, la abstención en el Pacto de Toledo resulta testimonial, dado que la aprobación de las recomendaciones estaba garantizada sin necesidad de sus votos.

Oteando un horizonte incierto

Aunque todavía quedan trámites pendientes y medidas con plazo de aplicación de varios años, este periodo del Pacto de Toledo concluye con mejoras para las pensiones de hoy, desventajas para las de mañana. La juventud tendrá que defender el derecho a unas condiciones de vida dignas para evitar que la actual generación de pensionistas sea la última en lograr un empleo satisfactorio y una pensión suficiente. La historia y la experiencia prueban que la movilización ciudadana es necesaria para evitar retroceder a la situación de una sociedad empobrecida. 

La capacidad de incidir sobre acontecimientos políticos, decisiones económicas y cambios sociales, depende del equilibrio de fuerzas entre el control del dinero, la autoridad de quienes gobiernan y la presión de la calle. Los acuerdos del Pacto de Toledo son un ejemplo de esa contraposición de poderes. Los gobiernos toman decisiones mirando en dos direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública. En estos momentos la confrontación afecta al futuro de las pensiones. El pulso mantenido durante los tres últimos años ha dado resultados satisfactorios. Para continuar avanzando, para evitar retroceder, hay que seguir el camino emprendido, precisando los objetivos inmediatos y no equivocándose de enemigo.     

 

LUIS ALEJOS