Pasado el intento de huelga general en Euskadi y Navarra, toca replantearse la situación y el porvenir, sobre todo en relación con el movimiento de pensionistas. La huelga ha dejado profundas heridas, veremos si cicatrizan. No sería el primer movimiento social que se escinde en el País Vasco a causa de un proceso similar. Quienes impulsaron la huelga no se conforman con la valoración autocomplaciente, anuncian una segunda parte que sacudiría los inestables pilares del movimiento de pensionistas, haciendo que sea cada vez menos autónomo.

Deseos y realidades

La huelga del 30 E no ha respondido a las expectativas de sus convocantes. Pese a la enorme campaña desarrollada durante semanas, declarando el apoyo de 1.500 comités de empresa y el activismo de 170 comités de huelga, la incidencia en la actividad productiva ha sido escasa. Los transportes públicos funcionaron casi con normalidad. Los piquetes no lograron bloquear los accesos a las ciudades ni paralizar el comercio. En la administración pública, donde ELA y LAB tienen una amplia representación, las cifras de paro son bajas respecto a su nivel de afiliación. En el Ayuntamiento de Bilbao, cuya plaza acoge cada lunes la concentración de pensionistas más mediática, ELA y LAB alcanzaron en las elecciones sindicales el 80 % de los votos, siendo la participación en la huelga del 24 % del personal.
No obstante, hubo diferencias significativas, respondiendo sobre todo al nivel de implantación territorial de EH Bildu. Las motivaciones ideológicas influyeron más que las demandas con las que se pretendía justificar la huelga. Se ha dicho que a las manifestaciones del 30 de enero acudieron 180.000 personas, declarando que es un nivel de participación de los más altos de Europa, tan solo superado por el “movimiento soberanista e independentista en Cataluña”. No es casual citar a Cataluña cuando se aspira a desencadenar un proceso político similar.
Se esperaban manifestaciones multitudinarias. Aunque lo fueron, las cifras de participación no admiten comparación con las del movimiento de pensionistas y del feminista. En Bilbao, según la policía municipal, a la manifestación de la mañana acudieron 15.000 personas y 6.000 a la tarde. La suma resulta similar a las 20.000 personas que según la misma fuente participaron el 16 de noviembre en la última manifestación de pensionistas, que transcurrió bajo la lluvia. Según los convocantes, en Bilbao se manifestaron 50.000 personas. Incluso esa cifra está por debajo de las 115.000 que inundaron las calles de Bilbao el 17 de marzo de 2018, acudiendo a la llamada del movimiento de pensionistas.
La meta era sacar mucha gente a la calle, tomando como referencia las masivas movilizaciones feministas del 8 de Marzo de 2019. La composición ha sido distinta a la de las manifestaciones de pensionistas, participando más jóvenes que personas mayores. La prueba de que no se han alcanzado los objetivos previstos es que la tregua que se negó al Gobierno de coalición cuando se formó, se ofrece ahora. La secretaria general de LAB amenazó con una “primavera roja y de lucha”, si en el plazo de dos meses no se atienden sus demandas. Entretanto, la prensa estatal ha ignorado la huelga, mientras que el Gobierno central ni se ha enterado de la convocatoria.

Simulacro de huelga general

La convocatoria del 30 E se puede cuestionar desde la sensatez y desde la radicalidad. Se ha devaluado el carácter y la naturaleza de una huelga general con una acción de protesta cuya incidencia ha sido menor que la convocada por ELA y LAB en 2013. Algo sabemos de huelgas generales políticas quienes éramos jóvenes en la Transición, cuando hasta huelgas laborales para lograr un incremento salarial equivalente al IPC duraban un mes. Modelo de huelga general es el de Francia, la de Euskadi ha sido un sucedáneo.
Claro que se puede convocar una huelga general contra un gobierno de izquierdas, cumpliendo requisitos que en este caso no se daban. El ejemplo vuelve a ser Francia, con la ofensiva sindical frente al intento de reformar el sistema de pensiones. En el Estado español las primeras decisiones del Gobierno de coalición han sido revalorizar las pensiones y subir el SMI. Son mejoras insuficientes, pero no medidas negativas. Cálculos electoralistas cargan sobre el Gobierno recién constituido la huelga que en todo caso mereció Rajoy. Lo más desconcertante es que EH Bildu apoya la huelga y a la vez favorece la formación del nuevo Gobierno.

Para legitimar la convocatoria del 30E se ha insistido en la solidaridad recibida desde otros territorios del país. Hay solidaridades que salen gratis. Los sindicatos gallegos, que anunciaron su apoyo encondicional, siendo consecuentes habrían llamado a la huelga en Galicia.

Posicionamientos de los partidos

A favor de la huelga sólo se ha situado EH Bildu. Ha sido una puesta en escena de la izquierda abertzale para demostrar su poderío en la calle, más que en los lugares de trabajo, dirigiendo a los grupos sociales castigados por las desigualdades sociales. Faltaba integrar al movimiento de pensionistas para iniciar la precampaña de las elecciones al Parlamento Vasco. Los planes de EH Bildu van por ahí. Es lo que trasluce un documento reciente:
“Las dinámicas emergentes desarrolladas desde el feminismo, pensionistas, cambio climático… nos presentan una escala vasca con un microclima social propio y potente para su engarce con una alternativa político – institucional que dé cauce a esa acumulación de fuerzas. Éste es uno de los grandes retos de la próxima década en Euskal Herria. En definitiva, nuestra tarea consiste en interpelar a estos movimientos sobre la base de una pregunta que desde nuestro punto de vista es crucial: ¿En qué marco, si no es el de la República Vasca, pueden aspirar estos movimientos a convertir en realidad sus reivindicaciones? Estas reivindicaciones deben de enlazarse con un proyecto de liberación nacional claro”.
La actitud de Podemos ha provocado desconcierto. La llamada a la intervención ciudadana para reforzar la agenda social del Gobierno ha sido interpretada por parte de la militancia como una invitación a participar en la huelga. Desde Andalucía Teresa Rodríguez la aplaudió sin reservas. En Euskadi se otorgó a la militancia una libertad de acción que ya tiene. Ha faltado un posicionamiento claro sobre si esa huelga equivalía a la movilización social en la calle, o por el contrarío, como todas las huelgas generales, era una ofensiva contra el Gobierno.
El resto de los partidos, sobre todo el PNV, han cuestionado la oportunidad y la intencionalidad de la huelga. El lehendakari Urkullu se negó a entrevistarse con ELA y LAB. Está por ver si Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, reciben a una comisión del movimiento de pensionistas del País Vasco que no represente a todo el colectivo.

Incidencia sobre el movimiento de pensionistas

Más allá de la habitual guerra de cifras, conviene analizar la repercusión sobre el movimiento de pensionistas. La huelga se promovió desde el sector afín a la izquierda abertzale, mientras las demás asociaciones permanecían al margen, llamando a mantener los principios acordados hace dos años al comenzar las movilizaciones. La duda es si será posible volver a funcionar como antes, recuperando al carácter unitario y plural, tomando decisiones por consenso, rescatando la autonomía respecto a sindicatos y partidos. Si no se logra, será difícil evitar la división del movimiento de pensionistas, como pasó con el movimiento ecologista en la década de los 80, durante la lucha contra la central nuclear de Lemoiz.
Si el núcleo de pensionistas que impulsó la huelga se considera legitimado y reforzado, puede optar por consolidar la práctica actual, con intervenciones a nivel personal, sin representar a nadie. El modelo de participación voluntaria no se corresponde con la realidad. Si no se asume la pluralidad asociativa y territorial, el movimiento de pensionistas queda sometido al control de una única asociación. Ese riesgo afecta sobre todo a Bizkaia. En Gipuzkoa asociaciones y plataformas actúan de forma coordinada. Las iniciativas que se presentan en las asambleas son consensuadas con antelación.
Resulta preocupante la manifiesta hostilidad de Pentsionistak Martxan hacia COESPE, la única plataforma de pensionistas con implantación y capacidad de movilización en el conjunto del Estado. Se trata de un comportamiento intolerante y prepotente, además de injustificable. La mayoría de las asociaciones de pensionistas se distanciaron de la huelga.

Futuro incierto

La huelga del 30E se salda en Euskadi y Navarra con un retroceso de la capacidad movilizadora de ELA y LAB, salvo en algunas comarcas de Gipuzkoa. El liderazgo de EH Bildu se refuerza en sus áreas de influencia, sin que el discurso soberanista cuaje fuera de esas zonas. Se debilita el movimiento de pensionistas supeditado a intereses sindicales y partidistas. Pierde autonomía al difuminarse entre los colectivos que integran la denominada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. El anuncio de una “primavera roja y de lucha”, sin saber si era una ocurrencia, un intento de huelga indefinida, o un proceso soberanista como el catalán, no augura un ambiente favorable a la estabilidad política ni a los intereses del movimiento de pensionistas.

*Luis Alejos, sociólogo y pensionista

La realidad siempre es compleja. El mismo argumento no sirve para explicar dos realidades distintas. Antes o después el planteamiento falla. Es el caso de la  huelga general promovida en Euskadi y Navarra por la corriente de pensionistas vinculada a la izquierda abertzale. Comenzó a gestarse con un gobierno monocolor, que reiteradamente incumplió sus promesas en materia de pensiones. Se llevará a cabo mucho después, recién constituido un gobierno de coalición que integra a responsables políticos favorables al movimiento de pensionistas.

En el nuevo gobierno hay una cartera específica para gestionar la Seguridad Social, significa reconocer la relevancia del Sistema Público de Pensiones.  En la primera reunión ministerial se  decidió  revalorizar las pensiones en función de la subida de los precios. Suponiendo no volver a perder poder adquisitivo. Recientemente se han aprobado otras medidas que van a repercutir  en la mejora de las pensiones públicas, entre ellas la nueva subida del SMI a 950 euros.Y aún y todo  persiste el redoble de tambores de una huelga que va en dirección contraria a la realidad. La cuestión es saber si el análisis de la realidad referente a la huelga fallaba antes, falla ahora o ha sido falso siempre.

Una huelga promovida por pensionistas

Los pensionistas pueden participar en huelgas de consumo, pero nunca secundar una huelga laboral. En consecuencia, no parece razonable que impulsen una huelga que deben efectuar trabajadores y trabajadoras en activo. Sobre todo siendo la retribución media de las pensiones en el País Vasco superior al SMI que cobran miles de personas con empleos precarios en la hostelería y el comercio, los sectores más vulnerables a la acción de los piquetes. Son hechos que en vez de favorecer la solidaridad mutua, intensifican los reproches que ya se oyen, acusando a los pensionistas de insolidaridad con las generaciones más jóvenes.

Una de las claves del movimiento de pensionistas era su autonomía respecto a los sindicatos. Las centrales sindicales apoyaban las movilizaciones sin condiciones, ahora se invierten los términos: el sector nacionalista del movimiento de pensionistas facilita la intervención de sindicatos afines, les cede la iniciativa. Citar a sindicatos en las concentraciones era motivo de protesta, ahora se convierten en redentores de la causa de las pensiones, pese a ser parte del problema.  Lo mejor que los sindicatos vascos podrían hacer a favor de las pensiones públicas es dejar de negociar planes de pensiones de empleo (EPSV), que además de competir con el sistema de reparto, agudizan las desigualdades sociales, favoreciendo que las rentas salariales altas tengan, además de una pensión elevada, otra complementaria.

La cadena cede por el eslabón más débil

Al surgir el movimiento de pensionistas se advirtió que uno de los riesgos a los que estaba expuesto era, como ocurrió tiempos atrás con otros movimientos sociales, que el sector nacionalista pretendiese trasladar sus aspiraciones soberanistas a la lucha en defensa de las pensiones públicas. La presión en esa dirección ha sido constante, procurando circunscribir las movilizaciones al ámbito territorial de Euskadi y Navarra, o reclamando al Gobierno Vasco medidas de competencia estatal. Entretanto se crearon las condiciones precisas para lograr la hegemonía dentro del movimiento de pensionistas. Basta ampliar la presencia de esa corriente en una asamblea de participación voluntaria, donde no hay criterios de representación, pasando luego  a someter a votación las decisiones que inicialmente se tomaban por consenso.

Al aumentar la asamblea con miembros de la misma asociación se rompe el equilibrio interno. Las demás organizaciones reclaman volver a los orígenes, basados en la unidad en la pluralidad y la toma de decisiones por unanimidad. Al no conseguirlo, se renuncia a participar en las votaciones, de forma que las decisiones las toman por unanimidad quienes comparten los criterios de la corriente abertzale. Así se aprueba en Bizkaia la participación en la huelga general, programando la correspondiente campaña y creando comités de huelga. El resto de asociaciones, siendo mayoría, quedan al margen de las decisiones, optando por anunciar públicamente su disconformidad con la huelga general del 30 de enero.

La situación de tensión descrita  corresponde  a Bizkaia. En Gipuzkoa las relaciones son más fluidas, se reconoce la pluralidad,  manteniendo la interlocución entre  asociaciones.  En Araba y Navarra la capacidad de movilización es menor. Así pues, la convocatoria de una huelga general de motivación soberanista pone a prueba la fortaleza y la capacidad de supervivencia del movimiento de pensionistas. Se debería tomar en  consideración ese gran riesgo.  Mientras en las concentraciones de Bilbao la mayoría de las intervenciones son para publicitar la huelga, en las de Barakaldo se evita cualquier referencia a favor o en contra de la huelga.

Balance de dos años de movilizaciones

La bandera que sacó a la calle en enero de 2018 al colectivo de pensionistas fue la oposición al 0,25 %. Esa lucha de resistencia consolidada como movimiento social ha posibilitado que en los dos últimos años el poder adquisitivo de las pensiones se haya mantenido o mejorado. La ley que implantó el 0,25 % ya está derogada. El Gobierno acaba de aprobar la revalorización anual de las pensiones en base al IPC. Está previsto aplicar una subida superior para las pensiones más bajas. Falta el blindaje constitucional o por ley. El balance es positivo, pero insuficiente.

Aunque el Gobierno tenga voluntad de impulsar medidas progresistas, las movilizaciones continuarán, enarbolando ahora la bandera de la pensión mínima.  Se trata de una demanda de alcance solidario que contribuirá a reducir la brecha de género, provocada sobre todo por las míseras pensiones de viudedad. Sin abandonar la consigna de los 1.080 euros de pensión  mínima, la reivindicación inmediata debería ser la equiparación con los 950 euros del salario mínimo, a fin de lograr las mejoras previstas durante la actual legislatura.

Fantasías, delirios y desvaríos

Una  huelga general tiene un esquema muy preciso: consiste en echar un pulso al gobierno de turno, con un objetivo concreto, asumido por el colectivo afectado. Esos requisitos los cumple la huelga de las pensiones de Francia y los incumple la montada en Euskadi por pensionistas independentistas. Para empezar, no se quiere reconocer que es una huelga contra el gobierno, pues coincide con la ofensiva declarada por la derecha apocalíptica. La incoherencia  llega al extremo de congratularse de la existencia de un gobierno de izquierdas, añadiendo que se trata de una huelga de apoyo a ese mismo gobierno, frente al acoso de la derecha.

Una huelga general no es una acción reivindicativa más, conlleva sacrificios para quienes tienen que soportar sus consecuencias. Tampoco es un acto épico, pero la siguen sacralizando sectores que se reclaman de izquierdas. No importa quién la convoque, cuáles sean sus objetivos reales, ni sus repercusiones políticas y sociales. Sorprende que el sindicato ELA, mayoritario en Euskadi, se implique en una huelga general que responde a los intereses  electorales y la práctica política habitual de la izquierda abertzale.  Desconcierta que EH Bildu suba a la tribuna del Congreso de Diputados para facilitar la constitución del nuevo gobierno y al mismo tiempo utilice esa plataforma para proclamar una huelga contra ese mismo gobierno.

Hay gente que considera justificada cualquier acción decorada con simbología radical, que por suerte en Euskadi ya sólo es verbal.  Es un pretendido radicalismo que no aguanta la comparación con la lucha sindical de Francia, donde llevan 40 jornadas de paro en los transportes públicos y 5 manifestaciones en todo el país.  Aquí cabe dudar de la efectividad que pueda tener una huelga unilateral  en un espacio territorial tan reducido.

La huelga general impulsada por la izquerda abertzale con el apoyo incondicional de ELA y de otros colectivos, no tiene como destinatario exclusivo al Gobierno central. También va dirigida a los gobiernos del País Vasco y de Navarra. En Euskadi la campaña previa ha coincidido con las conversaciones para renovar el estatuto de autonomía y la negociación presupuestaria. En los dos casos EH Bildu ha rechazado cualquier posibilidad de acuerdo.  Entretanto, se acerca la convocatoria de elecciones autonómicas.

Apoyos no faltan, o tal vez sí. Habría que saber si suma o resta contar con la solidaridad de la Federación Sindical Mundial, reliquia de los antiguos sindicatos del bloque socialista, que se declara marxista – leninista y se define como la internacional de los sindicatos rojos. Por si acaso, los reproches a la Coordinadora Estatal de Pensionistas ( COESPE)  por apoyar la huelga francesa e ignorar la de Euskadi,  van acompañados de un llamamiento a la lucha dirigido a los pueblos del Estado, obviando en este caso la terminología soberanista. Es la primera vez que se hace referencia a coordinar y compartir movilizaciones conjuntas.

A la huelga, sin tregua. El día después

Cien días antes de constituirse este Gobierno ya estaba programada la huelga. La semana anterior a la formación del equipo ministerial, sin esperar siquiera a conocer su composición,  se registra la convocatoria oficial. No habrá tregua, de la misma forma que las derechas  no concederán los cien días de cortesía parlamentaria habitual.Ya se sabe que  una solicitud de entrevista cursada por quienes han promovido la huelga,tiene el Ministro de Seguridad Social en su mesa. Hasta ahí llegan la incoherencias.

La huelga del 30 de enero en Euskadi y Navarra es un castigo al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Una ofensa a la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que tuvo la valentía de denunciar en el Pacto de Toledo el intento de aplicar medidas contrarias a los intereses del colectivo de pensionistas. Es un desprecio al Ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá, que además de defender la revalorización de las pensiones, reclama pasar los gastos y cubrir el déficit de la Seguridad Social con cargo a los presupuestos. Son las medidas necesarias para garantizar su viabilidad.

El 31 de enero se proclamará el éxito de la huelga general, siendo desmentido por los datos oficiales. Más allá de la habitual guerra de cifras, preocupa saber qué ocurrirá a partir de esa fecha.  Dando por hecho que proseguirán las movilizaciones y que necesariamente deben ser unitarias, lo sensato sería  reconocer  el pluralismo, volviendo al funcionamiento por consenso. En el peor de los casos podría ocurrir, como en épocas pasadas,  que se instaure una realidad ficticia a la medida de los anhelos soberanistas, aprovechando  la hegemonía impuesta para  consumar la ruptura del movimiento de pensionistas en Euskadi.

Desde el inicio de las movilizaciones se reclamaba un gobierno capaz de garantizar pensiones justas y dignas, desde ahora y para siempre. Pasarán meses antes de poder saber si este nuevo gobierno es el deseado. No ayudará  el acoso con  una huelga general  que, además de tener objetivos ajenos a la voluntad de la mayoría social, coincide con la ofensiva de las derechas.

En la reunión ministerial del 14 de enero el Gobierno  decido  asumir la principal demanda del movimiento de pensionistas, subiendo las pensiones un 0,9% sin ninguna condición, sin depender de acuerdos presupuestarios. Se acabó la amenaza del 0,25%. Se ha logrado el objetivo que hace ahora dos años sacó a los pensionistas a la calle. Concluye la primera etapa de la lucha en defensa de las pensiones públicas con resultados satisfactorios. Llega la segunda fase de esa larga marcha: demandar una pensión mínima que reduzca la brecha entre pensiones altas y bajas y entre hombres y mujeres.

Toca dar paso a la política institucional, sin dejar la calle, reclamando corregir los daños del pasado y aplicar las mejoras necesarias. El movimiento de pensionistas debe actuar como hasta ahora, con iniciativa propia, sin injerencias sindicales ni partidistas, manteniendo la consigna: “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”. Hay que presionar al Gobierno para que sea consecuente, pero sin operaciones de desgaste, sin coincidir con las derechas reaccionarias y los poderes en la sombra que intentan impedir el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.

*Luis Alejos es sociólogo y pensionista

En vísperas del segundo aniversario del nacimiento del movimiento de pensionistas, posicionamientos políticos ajenos a la causa de las pensiones rompen los consensos sobre los que se cimienta el trabajo unitario.

La Marcha a Madrid, la concentración de plataformas COESPE en el Congreso de Diputados, las recientes manifestaciones en Euskadi y Navarra, mantienen el pulso de las movilizaciones. El inesperado anuncio de un probable gobierno de coalición, capaz de resolver el dilema de la gobernabilidad, crea expectativas de progreso social. En vísperas del segundo aniversario del nacimiento del movimiento de pensionistas, posicionamientos políticos ajenos a la causa de las pensiones rompen los consensos sobre los que se cimenta el trabajo unitario.

Ecos de la Marcha de las Pensiones

Al volver de Madrid el 16 de octubre, el alcalde de Rota homenajea a la gente que participó en la columna del sur, mientras el pleno de la corporación municipal pide que se les conceda la Medalla de Andalucía. Esta marcha fue 200 km más larga que la del norte, supuso mayor esfuerzo y tuvo mayor mérito. Quienes integraron la columna del norte fueron recibidos en las concentraciones de Bilbao, Barakaldo o Eibar con aplausos de gratitud. No hubo ningún reconocimiento institucional, tampoco se pidió.

La repercusión mediática lograda por la columna que partió de Bilbao ha convertido a sus participantes en protagonistas de una supuesta odisea. Más duro que caminar seis horas con sol otoñal y en grata compañía es soportar una jornada de trabajo de ocho y hasta doce horas en las penosas condiciones que impone el empleo precario. Acto heroico es ser capaz de sobrevivir con pensiones de miseria. Esa experiencia, fruto de una iniciativa imaginativa, perdurará como un inolvidable recuerdo para quienes la vivieron. Y puede que en el futuro inspire proyectos similares, como lo fue el precedente de la Marcha del Hierro de 1992.

Una moción municipal controvertida

Por iniciativa del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, se presentan en todo el territorio mociones en defensa del sistema público de pensiones y de sus principales reivindicaciones, apoyadas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Unos consistorios asumen las proposiciones, otros no. El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao (PNV – PSOE) responde el 28 de octubre con una enmienda de modificación que recoge varias peticiones y excluye otras. Entre las ignoradas está la pensión mínima de 1.080 euros y el SMI de 1.200 euros.

Dicha enmienda consta de siete puntos, ninguno de ellos contrario a las aspiraciones del colectivo de pensionistas. EH Bildu y PP votaron en contra, Elkarrekin Podemos se abstuvo. Para comprobar el alcance del texto aprobado basta conocer el primer punto: Garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible, basado en el derecho a unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas, de forma que se garanticen unas pensiones dignas y predecibles.

La causa del distinto posicionamiento de quienes apoyaban la propuesta inicial tal sea que la declaración no va dirigida al Gobierno Vasco: El Ayuntamiento de Bilbao, en defensa de un sistema público de pensiones que sea garante de la solidaridad entre generaciones y pilar de una sociedad en condiciones de vida dignas, insta al Gobierno del Estado…. En la concentración de pensionistas de Bilbao, sin llegar a leer el documento, se expresan ambas posturas. En contra de rechazar el texto del Equipo de Gobierno se exponen, entre otros argumentos, que implica reconocer la legitimidad del MPB, después de declarar en marzo del pasado año el Alcalde de Bilbao que le incomoda ver a los pensionistas protestando ante el Ayuntamiento, en vez de hacerlo en la Delegación del Gobierno.

El dilema de una huelga general

El 23 de octubre, estando reunido el pleno del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, la denominada Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, de la que forman parte ELA, LAB y entre otros colectivos una asociación de pensionistas, anuncia la convocatoria de una huelga general en la segunda quincena de enero de 2020. ELA lo proclamaba de esta manera: El movimiento pensionista realizó el 22 de octubre una comparecencia pública para destacar la necesidad de intensificar las movilizaciones que desde hace casi dos años vienen realizando semanalmente en defensa de unas pensiones dignas. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, plataforma que incluye diferentes agentes sindicales y sociales, entre ellos ELA, ha recogido el guante lanzado por el movimiento pensionista, y ha anunciado un calendario de movilizaciones que incluye una huelga general.

Varias asociaciones integradas en el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, expresaron así su preocupación por la implicación del colectivo de pensionistas en dicha convocatoria:

El MPB es un movimiento social autónomo, no forma parte de la citada Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ni de ningún otro organismo.

El MPB es un movimiento social independiente, ajeno a partidos políticos y sindicatos, no interviene en asuntos partidistas, no convoca paros laborales ni huelgas generales.

El anuncio de esa huelga general, relacionándola con la problemática de las pensiones, puede afectar al reconocimiento social y a la credibilidad del MPB.

El dilema de la huelga general llega a las concentraciones semanales, siendo tratado con cautela para evitar que tenga efecto desmovilizador. Entretanto, sindicatos y la asociación de pensionistas soberanista proclaman la huelga enmarcada en el contexto del derecho a decidir. Pero la realidad es la que es: el colectivo de pensionistas no tiene posibilidad de participar en una huelga laboral, tendrían que hacerla trabajadores en activo, en muchos casos con contratos de trabajo precarios, peor retribuidos que la media de las pensiones.

No faltan precedentes de convocatorias de huelga general contra reformas de pensiones. La primera se remonta a junio 1985. La convocó CCOO cuando Felipe González aplicó medidas menos restrictivas de las que CCOO y UGT aceptaron en 2011 con Zapatero en La Moncloa. Contra esa reforma en enero de 2011 fueron a una huelga en Cataluña, Galicia, Navarra y Euskadi, los sindicatos CGT, CNT, CIG, ELA y LAB. Estas y otras llamadas a la huelga suelen ser motivo de discordia entre sindicatos de ámbito estatal y soberanistas. Podría volver a ocurrir, pese a que hasta la fecha todos ellos han respaldado las movilizaciones promovidas desde el movimiento de pensionistas.

La huelga general representa un enfrentamiento extremo. Es el último recurso para rechazar con la máxima contundencia la actuación del gobierno de turno. Rajoy tuvo que soportar huelgas generales contra reformas laborales. Ahora la situación es más compleja que nunca. El actual gobierno en funciones no tiene capacidad ejecutiva. Si se formalizase un gobierno PSOE – UP, no habría forma de justificar una huelga general nada más constituirse.

El llamamiento a la huelga general se reitera en las manifestaciones del 16 de noviembre en Eibar, Donostia, Gasteiz, Iruña y Bilbao. Cabe imaginar que se pueda reconsiderar la decisión, conforme están haciendo UGT y CCOO. En las circunstancias políticas actuales, con un tenso equilibrio entre fuerzas reaccionarias opuestas a cualquier progreso social y una unidad de la izquierda débil, llamar a la huelga tendría un efecto desestabilizador, repercutiendo sus consecuencias sobre la fortaleza e incluso la supervivencia del movimiento de pensionistas.

Se vuelve visible un gobierno imposible

Además de la insistencia de Unidas Podemos, posibilita lograr un gobierno de coalición el éxito electoral de Vox. La amenaza creciente de la extrema derecha obliga a la izquierda a entenderse. Las urnas dieron el 10 de noviembre un resultado inquietante, sólo quedaba la opción de intentar formar un gobierno de progreso. Es una noticia esperanzadora para gran parte de la población, cuyas retribuciones dependen de las decisiones del gobierno de turno. Afecta en particular el colectivo de pensionistas, amenazado otra vez por el 0,25 %.

Si llega el gobierno de coalición, la nueva situación pone a prueba, además de las tácticas de los partidos que lo integran, las convicciones de sus bases que participan en movimientos sociales. Podrían tener que optar entre acatar las razones de estado que reclama el partido o permanecer fieles a sus principios. Ocurrirá, por ejemplo, en el caso de militantes de Unidas Podemos que son activistas del movimiento de pensionistas. De entrada tendrán que valorar si resulta satisfactorio o insuficiente este compromiso del futuro gobierno en materia de pensiones: Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida.

Esa declaración responde a una de las demandas inmediatas, desactivando la congelación encubierta del 0,25 %. Pero no basta. Pasa a primer plano la reclamación de una pensión mínima equivalente al menos a los 900 euros del actual SMI. La negociación presupuestaria del 2018 permitió mantener el poder adquisitivo y mejorar las pensiones mínimas durante dos años, sin que afectase a la continuidad de las movilizaciones. Otro tanto ocurrirá aunque la revalorización en base al IPC sea definitiva. La bandera del movimiento de pensionistas pasará de rechazar el 0,25% a demandar una pensión mínima que contribuya a reducir las desigualdades sociales, que afectan sobre todo a las mujeres, en particular a las viudas. Tampoco en esta ocasión habrá desmovilización. La lucha deja de ser defensiva, se convierte en baluarte progresista y adquiere un carácter marcadamente solidario.

Aunque un gobierno de izquierdas sea más receptivo a las demandas ciudadanas que la derecha, los movimientos sociales mantienen su actitud combativa, reclamando siempre lo que consideran justo, incluso si es una aspiración que no se ciñe al principio de realidad. Con un gobierno plural y progresista sigue teniendo plena validez la consigna: Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Pensionistas que votan UP vivirán una experiencia inédita: reclamar por primera vez a un gobierno que han contribuido a crear, aplicando el lema podemita: tener un pie en las instituciones y otro en la calle.

*Luis Alejoses sociólogo y pensionista

Próximos a cumplir un mes desde un estallido social sin precedentes en la democracia chilena, donde miles o millones se han volcado a las calles producto de una ola de violencia comprimida, visceral y desatada por decisiones e ineptitudes políticas, francamente, alarmantes y donde hoy, diez de noviembre, cientos de personas han sido mutiladas llegando a tener un triste récord a nivel mundial: más de 200 personas han recibido daño en sus ojos, miles han sido detenidos; torturados, vejados y se teme que existan o estén, muchos de ellos, desaparecidos. Y ya van cerca de 40 personas muertas desde el inicio de nuestro triste y, a estas alturas, célebre octubre rojo.

Luego de que se estimara un alza de $30 pesos chilenos ($US 0,040) a la tarifa adulta del metro tren del gran Santiago de Chile y tras una serie de declaraciones de autoridades de gobierno que, a lo menos, fueron desafortunadas en donde la sorna, burla e ironía semántica fue la chispa que encendió la mecha de las manifestaciones evidenciando, de manera dramática, que no es solo el alza del pasaje del metro-tren santiaguino sino que son 30 años de una dormida idea de que Chile es un país modelo de desarrollo. Un país que hoy se despierta y pone en jaque a toda la estructura e instituciones adictas a un modelo que solo beneficia de manera morbosa a un porcentaje mínimo de la población, en una suerte de elite o cofradía que hoy ya no distingue sectores políticos y que les sitúa como una casta oligárquica cleptocrática absurda y fuera de contexto; o de tiempo. El paradigma del libre mercado en donde el agua, las pensiones, la salud, la educación, los recursos naturales primarios y el sistema político se ha convertido en un negocio y en un manejo de intereses enquistado en una cúpula que ha terminado segregando y, a la luz de los acontecimientos de las ultimas semanas, criminalizando la legitima protesta y manifestaciones públicas por una justa, y hoy más urgente que nunca, reivindicación social.

Provoca una profunda tristeza ver confrontaciones entre compatriotas. Observar una violencia desbordada y conocida; donde terminamos enfrentados, entre ciudadanos, pueblo contra pueblo y donde un mínimo sector, recluido dentro de sus privilegios desde su burbuja, permanecen contemplativos y lejanos. Incapaces, indiferentes, de pronto, porque no pueden empatizar con las demandas y derechos sociales, porque no los conocen. Dictan leyes y propuestas de una realidad que jamás han conocido o, de plano, olvidado su origen y quien les mandato representar ese poder.

Hoy, lo que se cuestiona es el modelo y que el Gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, multimillonario empresario ligado a la centro derecha chilena, se ha encargado de profundizar. Un gobierno en democracia que declara estado de excepción constitucional y que pone militares en las calles permitiendo una represión feroz, abriendo la herida de los capítulos más negros de nuestra historia. Un fantasma que creíamos olvidado y que resurge de la forma más cruenta y feroz. Y que hoy, se transforma en una democracia y un gobierno fallido.

Señor presidente, necesitamos una política integradora, sin soberbia. Que escuche y resuelva con la ciudadanía; no, contra ella. Hoy, en mi país, Chile; la democracia ha sido abofeteada cuando el fracaso de la gestión política no ha estado a la altura y se decide, destempladamente, militarizar la calle. Pareciera ser que nada aprendimos después de tanto dolor e injusticia.

En esta penumbra de una suerte de noche indeseada, seamos capaces de mirar más allá de nuestras narices y recordar. Coreábamos “Para que Nunca Más”, prometíamos jamás repetir u olvidar los horrores cometidos. Y aquí estamos, cuando compatriotas que ostentan responsabilidad de nuestras armas, las armas del estado, mis armas que permiten la defensa de la nación, son usadas para reprimir el anhelo de un país más justo. La prudencia olvidada solo será resarcida con la justicia desde un rencor que han fecundado de la manera más vil y brutal. Hoy el cántico resuena por el derecho de vivir en paz y por la justicia social.

Sí, ha existido un saqueo progresivo, desmedido, violento con el manejo de la minería y los escasos royalties a multinacionales nacionales y extranjeras, con la captura de los derechos de agua asociados; empresas forestales que han provocado un verdadero ecocidio en el centro y sur del país, industria subsidiada y alimentada para el enriquecimiento de sus dueños con el apoyo estatal que ha invadido zonas fértiles y expandido una suerte de desierto verde poniendo en riesgo y amenaza nuestro sur profundo, con un modelo impuesto y peligroso. Con una industria acuícola intensiva de alto consumo, con sanitarias que fallan continuamente. Súmenle leyes reservadas de fuerzas armadas, ley de pesca, etc.

El quiebre democrático promulgado por nuestro presidente, la sangre hermana derramada que ha interrumpido nuestra democracia y libertad, los muertos en aumento, cientos de ojos estallados e inservibles y un discurso violento (“Estamos en Guerra”) deja grabado en la historia que esa política que ha dispuesto militares en las calles y, una vez más, las armas del estado contra de su propio pueblo (lo que no sucedía desde 1987) reabre una herida increíble de imaginar en democracia.

No podemos obviar que, como se ha dicho, la mecha ha sido la burla constante desde el Olimpo de la política enquistada, adicta a los privilegios del poder. Poder, que es claro, no les gusta ni interesa compartir. Después de toques de queda y estados de excepción constitucional, vandalismo exorbitado, de restringida nuestras libertades individuales con las fuerzas armadas y de orden en las calles, de muertes de compatriotas y miles de heridos; necesitamos que nuestras autoridades, el presidente y políticos profesionales, aboguen por la paz, justicia social, protección ambiental, evolución económica, ya. No podemos permitirnos más ineptitud y errores políticos que solo contribuyen a agravar esta tremenda crisis y aumentan la distancia de la ciudadanía. Caos y militarización solo propone un pseudo dialogo de choque, inservible e infructuoso, de un ejército estatal armado en contra de su gente, de su propio pueblo. Yo no quiero mi ejército contra mi pueblo. Yo no estoy en guerra, estoy en paz y quiero un país más justo. Sin violencia, con participación y diálogo.

Las Fuerzas Armadas y de Orden deben aplacar a saqueadores, violentistas y anarquistas. Apresarlos, juzgarlos porque no comparten reglas base de la democracia. En ningún caso, pensar en infringir daño o dolor; desaparición o muerte por acciones derivadas de una crisis política y su mal manejo. Miles o millones de compatriotas, personas de todos los sectores que, de manera transversal, se manifiestan pacíficamente en distintas ciudades por un Chile mejor. No caer en el juego de la violencia es un permanente reto para todos. Lo que se busca es paz y justicia. Quiero democracia, no un estado fallido, frustrado o deprimido.

Con extrema humildad le pedimos a nuestros líderes, al ejecutivo, gobierno y oposición, que no queremos más muertes ni heridos. Basta de muertos y miradas mutiladas. Sus manos están, tristemente, manchadas de sangre. La brutalidad de convertir demandas sociales en una “guerra” inventada, en una especie de dictadura innecesaria, de un estado fallido supuestamente intervenido por fuerzas externas, no es la vía para una solución real y urgente. Chilenos/as con uniforme, no maten a su mismo pueblo cuando este se levanta, subyugado, cansado, con el corazón por delante buscando un país mejor, con una ciudadanía en movimiento clamando por mayor equidad. Con el canto de la paz y la libertad como verdadera arma de esperanza. Con las manos limpias, sin manchas de sangre.

Hoy me proclamo en un estado fallido, cuando se altera la democracia con las armas del estado dispuestas para la represión de conciudadanos y personas que legítimamente, sin armas y violencia, manifiestan en libertad su sentir en una guerra imaginaria cuando cientos de miles o millones en sus calles, en paz levantan su voz, por su país, sin miedo. Muchas veces, los medios masivos se quedan en desmanes de una minoría violentista que evidencia una nula capacidad de comunicarse siendo también urgente poder analizar los códigos de violencia y represión.

Levantar la voz, sin violencia, es una obligación. Buscando siempre la justicia y, sin descanso, para recuperar la libertad. Militar o policía, piensa y ve con tu familia. Regresa a tu cuartel. No levantes el fuego, las armas de todos, contra tu par. Objeta, resiste, rebélate. Gobiernos, basta de fallar en el juego de la política. Tiempo es para la humildad, no para el pedestal.

Siempre es bueno recordar que Democracia significa poder del Pueblo. La libertad se recupera en la calle. Los derechos no se regalan, se conquistan; en paz y en movimiento. Seamos capaces de levantar la mirada, asumir que el país cambió y volvamos a confiar. Siempre en paz, por la recuperación y mantención plena de nuestras libertades; y a la caza de nuestros derechos sociales. Agua, vida, salud, pensiones, recursos naturales, futuro, juventud, esperanza. Por la extinción de nuestra plutocracia económica política gobernante. Por un nuevo Pacto Eco Social y una democracia horizontal, ecológica; y una política ciudadana inclusiva y vinculante.

¿Seremos capaces de romper el paradigma, olvidar el modelo y proponer uno nuevo? ¿Más Eco que Antropocéntrico? ¿Será éste el punto de inflexión reconociendo que todo ha cambiado? Yo creo que sí.

Muchos intentan despolitizar el movimiento ciudadano, la protesta, el disentimiento cuando es, justamente, lo trascendental de la misma (protesta/manifestación social pacífica). El movimiento social sin precedente es, ante todo, un movimiento político ciudadano que desafía y obliga a una política ciudadana transformadora de las políticas públicas y del modelo económico.

Después de la marcha multitudinaria del 25 de octubre con millones en las calles, donde una minoría vandálica desenfocada no impide que el mensaje de la ciudadanía se imponga y escuche por todos, queda claro que la gente habló, demostrando que gobierno actual aún no sale de su letargo, estrés y shock, que todo este intempestivo movimiento ciudadano ha provocado. La “Marcha Más Grande de Chile”, a la que han seguido marchas de gran convocatoria, es porque se exigió que militares y policías regresarán a sus cuarteles; junto a sus familias. No queremos más muertes por armas del estado alzadas contra chilenas y chilenos en una guerra ficticia. Queremos paz y justicia.

Y desde la justicia nos preguntamos: ¿un carabinero o un militar no puede, si lo sintiera, participar de una marcha o protesta? Por cuidar su trabajo o intereses superiores, ¿no puede liberar su pensamiento? ¿pueden pensar por si mismos o empatizar con demandas sociales? ¿Puede alegar objeción de conciencia?

Existe tantos casos, tantas historias que comenzaran a rondar en el mundo. Como el caso de Lenny que fue baleado por policía pública y que no podrá sacarse los balines de su cuerpo. O el reciente caso de Gustavo, cegado por balinazos en sus ojos. Ciego con presupuesto estatal!

Cupulas contemplativas, enquistadas, paralizadas ante la verdadera voz, sin partidismos, dialoguemos del real saqueo; del caldo de cultivo que, junto a una política inepta, cambió un Chile que hoy clama por libertad, esa apreciada presencia arrebatada, de un golpe, a la democracia.

Si dejamos pasar esta tragedia, seguiremos repitiéndola como imbéciles, que llevamos el odio a nuestras ideas por querer un país mejor. La Unidad Social; democracia horizontal y política ciudadana como nueva vía es un derecho y una urgencia para ventilar a rancios del poder.

No podemos dejar de mencionar que ante todo el problema social es un problema ambiental, en donde aún tenemos que conversar cómo eliminamos las zonas de sacrificio, que hacemos o cómo enfrentamos que existan niños y adultos con metales pesados en su sangre. Donde líderes sociales, dirigentes y protectores de los derechos humanos son amenazados, criminalizados, perseguidos y “suicidados”.

A no dejarse engañar. El juego perverso del miedo, el desabastecimiento y la división es lo que nos ha llevado al odio. Seamos capaces de ver más allá. Rompamos el paradigma de un modelo arbitrario y fuera de tiempo. Aprovechemos la organización ciudadana con esperanza.

En estos días aciagos, cuando nuestra preciada libertad camina herida, tambaleante, casi derrotada y se descubren miserables; seguimos adelante quienes luchamos por justicia social y ambiental. Unámonos más que nunca por un futuro mejor y en paz. Solo la represión les queda cuando han perdido el control del miedo y el consumo. Ha no dejar de mirarnos a los ojos, amarnos y respetarnos en nuestras diferencias; y lo más importante, considerarnos todos y cada una de nosotros, como seres humanos. Al triste gobierno que nos conduce solo le queda el orden y la represión.

Rodrigo de la O

Vigilante Costero. Ong. Director 

Waterkeeper Chile

WKA Council Member. Latinoamerica Rep.

NOTA:

El equipo de redacción de Ametzagaña agradece el presente articulo

En las recientes propuestas electorales ha vuelto a la actualidad el fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido, popularmente denominado “mochila austríaca”. Como es conocido, esta medida consiste en la introducción de un fondo (equivalente a uno de pensiones) donde la empresa aporta un porcentaje del sueldo del trabajador al cual se tiene acceso en caso de despido o jubilación.

Aunque este porcentaje podría añadirse al sueldo y a las cotizaciones del trabajador, en realidad no se ha plantado así en nuestro país. En la propuesta del PSOE recogida en la Reforma Laboral de 2010 (“Disposición Final Segunda. Fondo de Capitalización”) se establece de manera explícita que no se subirán las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo cual también parece evidenciarse en el acuerdo de gobierno al que llegaron el PSOE y Ciudadanos en 2016, así como en la propuesta legislativa más reciente de Cs. En definitiva, esto supone que los recursos del fondo saldrían del salario indirecto que reciben los trabajadores en forma de contribuciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa.

En teoría, el primer problema que pretende resolver esta medida es la falta de movilidad de los trabajadores con mayor antigüedad por miedo a perder su indemnización por despido. Si bien no existe una evidencia clara sobre este tema, dado que aparte de la indemnización la antigüedad en la empresa otorga otra serie de derechos (como complementos al sueldo derivados de la antigüedad), y la cada vez menor duración de los contratos, es difícil que exista un colectivo muy grande de gente que pudiendo cambiarse de trabajo no lo haga por miedo a perder la indemnización. Además, de ser el caso pueden buscarse alternativas para ese colectivo específico, por ejemplo, reformando el FOGASA para ampliar las condiciones en las cuales se puede acceder a la indemnización por extinción voluntaria con causa justa sin tener que reducir los derechos del conjunto de trabajadores.

El otro problema que pretende resolver la “mochila austriaca” es la rotación e inestabilidad que sufre un colectivo cada vez más amplio de trabajadores (la mitad de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social tienen contratos atípicos). De acuerdo a los defensores de esta medida, la rotación se debe al excesivo coste de despido que tienen los contratos indefinidos a tiempo completo con cierta antigüedad (en ocasiones denominados insiders) frente al resto de trabajadores (nombrados como outsiders). Reducir el “exceso de protección” que supone esa barrera de salida es un objetivo central de sus proponentes.

De hecho, bonificar los despidos ya fue una estrategia del PSOE. Durante el período 2011-2013 se utilizó el FOGASA para pagar 8 de los 20 días de salario por año trabajado en las empresas de menos de 25 trabajadores en despidos objetivos y en despido colectivo (ERE), sin que esto repercutiera en una menor dualidad o inestabilidad.

Aunque los partidos que la proponen (PSOE y Cs) no han llegado a establecer cuál sería el porcentaje del salario que se destinaría al fondo, si tomamos como referencia el caso austríaco se trataría de una indemnización de 5,5 días por año trabajado (un 1.53% de 365 días), frente a las indemnizaciones por despido actualmente existentes de 12 días (temporales), 20 días (indefinidos procedente) y 33 días (indefinidos improcedente).

Existen dos opciones para solventar la diferencia entre unas y otras, la primera es limitar las indemnizaciones a la cuantía guardada en el fondo, con lo cual es evidente que los importes serán mucho menores. Se trataría probablemente de la mayor reducción de la protección frente al despido en una larga serie de rebajas desde los 60 días por año trabajado que establecía la Ley de Relaciones Laborales de 1976.

La segunda opción consiste en que se mantengan las indemnizaciones actuales y la empresa sólo abone en el momento del despido la diferencia entre lo guardado en el fondo y la cuantía de la indemnización. En este caso las supuestas virtudes del fondo desaparecen, ya que los trabajadores que quieran cambiarse de puesto tendrán derecho a mayores indemnizaciones que lo acumulado en el fondo (no existiría el incentivo a la movilidad) y seguiría existiendo la diferencia en las indemnizaciones que (de acuerdo a esa teoría) genera la rotación laboral.

Una alternativa sería incrementar la protección de los temporales para que sea equivalente a los indefinidos (y obligando a que la empresa sólo podrá descontar los recursos del fondo en caso de despido objetivo). En este supuesto, la aportación a cargo de la empresa sería del 5.4% (20 de 365 días), similar al tipo actual de la cotización a cargo de la empresa por desempleo (5.5%). En otras palabras, de implementarse este fondo y no incrementarse los tipos de cotización, la Seguridad Social dejaría de percibir una cuantía equivalente a sus actuales ingresos por la partida de desempleo a cargo de la empresa, generando un déficit que tendría que o bien ser financiado por otros medios o bien reducir las prestaciones.

En conclusión, la propuesta va orientada a que los costes del despido los asuma el trabajador en vez de la empresa, ya que su financiación provendrá del salario indirecto que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social. Para que sus dos supuestas ventajas se consigan tienen que o producirse una reducción significativa de las indemnizaciones o que la Seguridad Social asuma su coste.

Por el contrario, existen múltiples inconvenientes. Primero, la apuesta por reducir la protección para reducir el desempleo y la dualidad contractual ha fracasado. Tras más de cuatro décadas liberalizando el mercado laboral la situación actual es de elevado desempleo y elevada segmentación, pero además se han agravado la rotación e inestabilidad y se han generalizado los empleos con contratos atípicos y/o con bajos salarios.

Segundo, al establecerse el carácter individual de las cotizaciones abre la puerta para terminar con la solidaridad del sistema de Seguridad Social. Si se establece un plan individual (e incluso hereditario) de capitalización este podría utilizarse para reducir las pensiones públicas (ante los menores ingresos) y, por tanto, aumentaría aún más las desigualdades en el sistema contributivo (las pensiones máximas tienen un tope que no existiría en el fondo).

Tercero, al permitirse que las contribuciones se deduzcan de la indemnización se refuerza el incentivo al despido ya que, lógicamente, será más barato. Sin embargo, estas cuantías no son sólo un coste para la empresa, sino que también generan un ingreso para los despedidos para que puedan buscar empleo y limita el poder discrecional de las empresas por romper su obligación contractual. Recordemos que el despido disciplinario ya cubre una serie de supuestos que permiten extinguir el contrato sin indemnización para el trabajador.

En definitiva, esta propuesta supone un hito más en la desprotección laboral y no aporta ninguna ventaja evidente a los trabajadores. Su único fundamento es que es necesario reducir los derechos laborales para acelerar la reducción del desempleo y de la segmentación laboral, pero a estas alturas ya debería resultar evidente que precisamente este tipo de reformas son las que han cronificado la precariedad.

Luis Cárdenas del Rey

Investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)