Bueno vamos a ser positivos. Desde la Cumbre de la Tierra y a pesar de todas las reuniones de la COP, de todos los protocolos, acuerdos y mecanismo de mercado, etc, las emisiones de CO2 no han hecho sino aumentar. Ahora mismo, gracias al Coronavirus, se ha demostrado que es posible poner en marcha su disminución radical en torno al 7% anual. Con una condición: reducir la producción y el transporte.

Evidentemente, el Coronavirus no es fruto de ninguna decisión, de ningún plan: reduce las emisiones a ciegas, lo que conlleva a exacerbar las desigualdades y de la precariedad social. En concreto, en los países más pobres y en detrimento de los sectores más débiles de la población. Esto puede conducir a la penuria de bienes de primera necesidad. Por tanto, solo la gente reaccionaria y/o cínica puede alegrarse del impacto climático de la epidemia.

Pero en cualquier caso, este caso permite abrir algunas interrogantes. Veamos:

• ¿Por qué la reducción a ciegas de la producción y del transporte [provocada por el Covid.19] no podría abrir la puerta a una reducción consentida y planificada, comenzando por los productos inútiles y dañinos?
• ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras afectados por la supresión de esas producciones inútiles y dañinas (por ejemplo las armas) no podrían tener garantizado su salario y su reconversión colectiva en empleos social y ecológicamente útiles y gratificantes?
• ¿Por qué la globalización dictada por la maximización del beneficio en las cadenas de valor de las multinacionales no debería ser sustituida por una cooperación decolonial basada en la justicia social y climática?
• ¿Por qué el agronegocio destructor de la biodiversidad y de la salud, que favorece la propagación de virus, no debería ser sustituido por la agroecología que proteja a la vez la salud de los seres humanos y de los ecosistemas, a la vez que da sentido al trabajo?

Resulta evidente que estas alternativas –y otras que van en la misma dirección- no pueden materializarse más que a través de un cambio político radical. En efecto, bien sea en relación al Coronavirus o ante el cambio climático, la respuesta de los gobiernos, a grandes rasgos, viene siendo la misma: negar de facto las leyes de la naturaleza (la propagación del virus en un caso y el efecto acumulativo de CO2, en el otro), correr detrás de los hechos para no distorsionar la carrera por el beneficio y, después, extraer de su propia negligencia le pretexto para medidas socialmente regresivas acompañadas de un nuevo giro autoritario.

Gracias a este maldito Coronavirus hoy vemos claro que un cambio político radical tiene que contar con dos componentes:

• Por una parte, medidas anticapitalistas. Medidas que son indispensables para poner fin a la dictadura que la ley del beneficio ejerce sobre la sociedad. No voy a desarrollarlas en detalle. Señalemos simplemente lo siguiente: frente a la epidemia del Coronavirus, el problema clave está claramente en la subordinación de la política sanitaria a los intereses capitalistas, así como a la libertad total con la que los capitalistas se pueden beneficiar de la epidemia (especulando o acaparando stocks de materiales y productos, por ejemplo). La socialización de la industria farmacéutica es un eje importante para una política alternativa. Del mismo modo, frente al cambio climático, un eje importante e insoslayable es la socialización del sector de la energía. En ambos casos, esta socialización debe ir acompañada de la socialización de las finanzas que son las tiran de los hilos.
• Por otra parte, medidas de democracia radical. Una epidemia no se puede combatir sin la participación de la población; y la mayoría de la población no tomará parte en un política neoliberal-autoritaria que agrave las desigualdades. Ocurre lo mismo, y en una dimensión mayor, en relación al cambio climático: el enorme cambio de estructura y de comportamientos necesarios para limitar la catástrofe no se pueden llevar a cabo sin que participe la población, y la mayoría de la población no tomará parte en una política neoliberal-autoritaria que agrave las desigualdades. Al contrario, puede estar de acuerdo –¡e incluso entusiasmada!- con políticas restrictivas si las controla, cuya imperiosa necesidad entiende… si (y solo si) estas políticas mejoran radicalmente las condiciones de existencia y dan sentido a su existencia colectiva.

Este segundo punto es capital (¡no es un juego de palabras!), sobre si se lleva a cabo como es necesario –en su dimensión Norte-Sur-, es decir en una dimensión decolonial –y en su dimensión de género-, es decir, desde el punto de vista de la emancipación de las mujeres y de LGBTQ. Efectivamente, el discurso ecológico se construye a menudo en base a la afirmación de que los cambios drásticos precisan de un poder fuerte, dándose una muy peligrosa potencial convergencia objetiva con la derecha y la extrema-derecha (convergencia que se pone de manifiesto también en la izquierda populista). Ahora bien, lo que es cierto, tanto en relación a la epidemia como en relación al cambio climático, es justamente lo contrario: los cambios drásticos no se pueden plantear más que a través de procesos democráticos radicales (por consiguiente, también antirracistas, antisexistas, antihomófobos, etc.). Para que el desafío sea asimilado, para comprender sus causas profundas y discutir las medidas a adoptar y su ejecución colectiva, se precisa de la más amplia democracia.

Visto así, finalmente, el Coronavirus podría tener efectos ideológicos positivos, ecosocialistas, ecofeministas y decoloniales. Lástima que sea al precio de una fuerte epidemia.

Daniel Tanuro Bueno,

Traducción: viento sur

Pasado el intento de huelga general en Euskadi y Navarra, toca replantearse la situación y el porvenir, sobre todo en relación con el movimiento de pensionistas. La huelga ha dejado profundas heridas, veremos si cicatrizan. No sería el primer movimiento social que se escinde en el País Vasco a causa de un proceso similar. Quienes impulsaron la huelga no se conforman con la valoración autocomplaciente, anuncian una segunda parte que sacudiría los inestables pilares del movimiento de pensionistas, haciendo que sea cada vez menos autónomo.

Deseos y realidades

La huelga del 30 E no ha respondido a las expectativas de sus convocantes. Pese a la enorme campaña desarrollada durante semanas, declarando el apoyo de 1.500 comités de empresa y el activismo de 170 comités de huelga, la incidencia en la actividad productiva ha sido escasa. Los transportes públicos funcionaron casi con normalidad. Los piquetes no lograron bloquear los accesos a las ciudades ni paralizar el comercio. En la administración pública, donde ELA y LAB tienen una amplia representación, las cifras de paro son bajas respecto a su nivel de afiliación. En el Ayuntamiento de Bilbao, cuya plaza acoge cada lunes la concentración de pensionistas más mediática, ELA y LAB alcanzaron en las elecciones sindicales el 80 % de los votos, siendo la participación en la huelga del 24 % del personal.
No obstante, hubo diferencias significativas, respondiendo sobre todo al nivel de implantación territorial de EH Bildu. Las motivaciones ideológicas influyeron más que las demandas con las que se pretendía justificar la huelga. Se ha dicho que a las manifestaciones del 30 de enero acudieron 180.000 personas, declarando que es un nivel de participación de los más altos de Europa, tan solo superado por el “movimiento soberanista e independentista en Cataluña”. No es casual citar a Cataluña cuando se aspira a desencadenar un proceso político similar.
Se esperaban manifestaciones multitudinarias. Aunque lo fueron, las cifras de participación no admiten comparación con las del movimiento de pensionistas y del feminista. En Bilbao, según la policía municipal, a la manifestación de la mañana acudieron 15.000 personas y 6.000 a la tarde. La suma resulta similar a las 20.000 personas que según la misma fuente participaron el 16 de noviembre en la última manifestación de pensionistas, que transcurrió bajo la lluvia. Según los convocantes, en Bilbao se manifestaron 50.000 personas. Incluso esa cifra está por debajo de las 115.000 que inundaron las calles de Bilbao el 17 de marzo de 2018, acudiendo a la llamada del movimiento de pensionistas.
La meta era sacar mucha gente a la calle, tomando como referencia las masivas movilizaciones feministas del 8 de Marzo de 2019. La composición ha sido distinta a la de las manifestaciones de pensionistas, participando más jóvenes que personas mayores. La prueba de que no se han alcanzado los objetivos previstos es que la tregua que se negó al Gobierno de coalición cuando se formó, se ofrece ahora. La secretaria general de LAB amenazó con una “primavera roja y de lucha”, si en el plazo de dos meses no se atienden sus demandas. Entretanto, la prensa estatal ha ignorado la huelga, mientras que el Gobierno central ni se ha enterado de la convocatoria.

Simulacro de huelga general

La convocatoria del 30 E se puede cuestionar desde la sensatez y desde la radicalidad. Se ha devaluado el carácter y la naturaleza de una huelga general con una acción de protesta cuya incidencia ha sido menor que la convocada por ELA y LAB en 2013. Algo sabemos de huelgas generales políticas quienes éramos jóvenes en la Transición, cuando hasta huelgas laborales para lograr un incremento salarial equivalente al IPC duraban un mes. Modelo de huelga general es el de Francia, la de Euskadi ha sido un sucedáneo.
Claro que se puede convocar una huelga general contra un gobierno de izquierdas, cumpliendo requisitos que en este caso no se daban. El ejemplo vuelve a ser Francia, con la ofensiva sindical frente al intento de reformar el sistema de pensiones. En el Estado español las primeras decisiones del Gobierno de coalición han sido revalorizar las pensiones y subir el SMI. Son mejoras insuficientes, pero no medidas negativas. Cálculos electoralistas cargan sobre el Gobierno recién constituido la huelga que en todo caso mereció Rajoy. Lo más desconcertante es que EH Bildu apoya la huelga y a la vez favorece la formación del nuevo Gobierno.

Para legitimar la convocatoria del 30E se ha insistido en la solidaridad recibida desde otros territorios del país. Hay solidaridades que salen gratis. Los sindicatos gallegos, que anunciaron su apoyo encondicional, siendo consecuentes habrían llamado a la huelga en Galicia.

Posicionamientos de los partidos

A favor de la huelga sólo se ha situado EH Bildu. Ha sido una puesta en escena de la izquierda abertzale para demostrar su poderío en la calle, más que en los lugares de trabajo, dirigiendo a los grupos sociales castigados por las desigualdades sociales. Faltaba integrar al movimiento de pensionistas para iniciar la precampaña de las elecciones al Parlamento Vasco. Los planes de EH Bildu van por ahí. Es lo que trasluce un documento reciente:
“Las dinámicas emergentes desarrolladas desde el feminismo, pensionistas, cambio climático… nos presentan una escala vasca con un microclima social propio y potente para su engarce con una alternativa político – institucional que dé cauce a esa acumulación de fuerzas. Éste es uno de los grandes retos de la próxima década en Euskal Herria. En definitiva, nuestra tarea consiste en interpelar a estos movimientos sobre la base de una pregunta que desde nuestro punto de vista es crucial: ¿En qué marco, si no es el de la República Vasca, pueden aspirar estos movimientos a convertir en realidad sus reivindicaciones? Estas reivindicaciones deben de enlazarse con un proyecto de liberación nacional claro”.
La actitud de Podemos ha provocado desconcierto. La llamada a la intervención ciudadana para reforzar la agenda social del Gobierno ha sido interpretada por parte de la militancia como una invitación a participar en la huelga. Desde Andalucía Teresa Rodríguez la aplaudió sin reservas. En Euskadi se otorgó a la militancia una libertad de acción que ya tiene. Ha faltado un posicionamiento claro sobre si esa huelga equivalía a la movilización social en la calle, o por el contrarío, como todas las huelgas generales, era una ofensiva contra el Gobierno.
El resto de los partidos, sobre todo el PNV, han cuestionado la oportunidad y la intencionalidad de la huelga. El lehendakari Urkullu se negó a entrevistarse con ELA y LAB. Está por ver si Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, reciben a una comisión del movimiento de pensionistas del País Vasco que no represente a todo el colectivo.

Incidencia sobre el movimiento de pensionistas

Más allá de la habitual guerra de cifras, conviene analizar la repercusión sobre el movimiento de pensionistas. La huelga se promovió desde el sector afín a la izquierda abertzale, mientras las demás asociaciones permanecían al margen, llamando a mantener los principios acordados hace dos años al comenzar las movilizaciones. La duda es si será posible volver a funcionar como antes, recuperando al carácter unitario y plural, tomando decisiones por consenso, rescatando la autonomía respecto a sindicatos y partidos. Si no se logra, será difícil evitar la división del movimiento de pensionistas, como pasó con el movimiento ecologista en la década de los 80, durante la lucha contra la central nuclear de Lemoiz.
Si el núcleo de pensionistas que impulsó la huelga se considera legitimado y reforzado, puede optar por consolidar la práctica actual, con intervenciones a nivel personal, sin representar a nadie. El modelo de participación voluntaria no se corresponde con la realidad. Si no se asume la pluralidad asociativa y territorial, el movimiento de pensionistas queda sometido al control de una única asociación. Ese riesgo afecta sobre todo a Bizkaia. En Gipuzkoa asociaciones y plataformas actúan de forma coordinada. Las iniciativas que se presentan en las asambleas son consensuadas con antelación.
Resulta preocupante la manifiesta hostilidad de Pentsionistak Martxan hacia COESPE, la única plataforma de pensionistas con implantación y capacidad de movilización en el conjunto del Estado. Se trata de un comportamiento intolerante y prepotente, además de injustificable. La mayoría de las asociaciones de pensionistas se distanciaron de la huelga.

Futuro incierto

La huelga del 30E se salda en Euskadi y Navarra con un retroceso de la capacidad movilizadora de ELA y LAB, salvo en algunas comarcas de Gipuzkoa. El liderazgo de EH Bildu se refuerza en sus áreas de influencia, sin que el discurso soberanista cuaje fuera de esas zonas. Se debilita el movimiento de pensionistas supeditado a intereses sindicales y partidistas. Pierde autonomía al difuminarse entre los colectivos que integran la denominada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. El anuncio de una “primavera roja y de lucha”, sin saber si era una ocurrencia, un intento de huelga indefinida, o un proceso soberanista como el catalán, no augura un ambiente favorable a la estabilidad política ni a los intereses del movimiento de pensionistas.

*Luis Alejos, sociólogo y pensionista

La realidad siempre es compleja. El mismo argumento no sirve para explicar dos realidades distintas. Antes o después el planteamiento falla. Es el caso de la  huelga general promovida en Euskadi y Navarra por la corriente de pensionistas vinculada a la izquierda abertzale. Comenzó a gestarse con un gobierno monocolor, que reiteradamente incumplió sus promesas en materia de pensiones. Se llevará a cabo mucho después, recién constituido un gobierno de coalición que integra a responsables políticos favorables al movimiento de pensionistas.

En el nuevo gobierno hay una cartera específica para gestionar la Seguridad Social, significa reconocer la relevancia del Sistema Público de Pensiones.  En la primera reunión ministerial se  decidió  revalorizar las pensiones en función de la subida de los precios. Suponiendo no volver a perder poder adquisitivo. Recientemente se han aprobado otras medidas que van a repercutir  en la mejora de las pensiones públicas, entre ellas la nueva subida del SMI a 950 euros.Y aún y todo  persiste el redoble de tambores de una huelga que va en dirección contraria a la realidad. La cuestión es saber si el análisis de la realidad referente a la huelga fallaba antes, falla ahora o ha sido falso siempre.

Una huelga promovida por pensionistas

Los pensionistas pueden participar en huelgas de consumo, pero nunca secundar una huelga laboral. En consecuencia, no parece razonable que impulsen una huelga que deben efectuar trabajadores y trabajadoras en activo. Sobre todo siendo la retribución media de las pensiones en el País Vasco superior al SMI que cobran miles de personas con empleos precarios en la hostelería y el comercio, los sectores más vulnerables a la acción de los piquetes. Son hechos que en vez de favorecer la solidaridad mutua, intensifican los reproches que ya se oyen, acusando a los pensionistas de insolidaridad con las generaciones más jóvenes.

Una de las claves del movimiento de pensionistas era su autonomía respecto a los sindicatos. Las centrales sindicales apoyaban las movilizaciones sin condiciones, ahora se invierten los términos: el sector nacionalista del movimiento de pensionistas facilita la intervención de sindicatos afines, les cede la iniciativa. Citar a sindicatos en las concentraciones era motivo de protesta, ahora se convierten en redentores de la causa de las pensiones, pese a ser parte del problema.  Lo mejor que los sindicatos vascos podrían hacer a favor de las pensiones públicas es dejar de negociar planes de pensiones de empleo (EPSV), que además de competir con el sistema de reparto, agudizan las desigualdades sociales, favoreciendo que las rentas salariales altas tengan, además de una pensión elevada, otra complementaria.

La cadena cede por el eslabón más débil

Al surgir el movimiento de pensionistas se advirtió que uno de los riesgos a los que estaba expuesto era, como ocurrió tiempos atrás con otros movimientos sociales, que el sector nacionalista pretendiese trasladar sus aspiraciones soberanistas a la lucha en defensa de las pensiones públicas. La presión en esa dirección ha sido constante, procurando circunscribir las movilizaciones al ámbito territorial de Euskadi y Navarra, o reclamando al Gobierno Vasco medidas de competencia estatal. Entretanto se crearon las condiciones precisas para lograr la hegemonía dentro del movimiento de pensionistas. Basta ampliar la presencia de esa corriente en una asamblea de participación voluntaria, donde no hay criterios de representación, pasando luego  a someter a votación las decisiones que inicialmente se tomaban por consenso.

Al aumentar la asamblea con miembros de la misma asociación se rompe el equilibrio interno. Las demás organizaciones reclaman volver a los orígenes, basados en la unidad en la pluralidad y la toma de decisiones por unanimidad. Al no conseguirlo, se renuncia a participar en las votaciones, de forma que las decisiones las toman por unanimidad quienes comparten los criterios de la corriente abertzale. Así se aprueba en Bizkaia la participación en la huelga general, programando la correspondiente campaña y creando comités de huelga. El resto de asociaciones, siendo mayoría, quedan al margen de las decisiones, optando por anunciar públicamente su disconformidad con la huelga general del 30 de enero.

La situación de tensión descrita  corresponde  a Bizkaia. En Gipuzkoa las relaciones son más fluidas, se reconoce la pluralidad,  manteniendo la interlocución entre  asociaciones.  En Araba y Navarra la capacidad de movilización es menor. Así pues, la convocatoria de una huelga general de motivación soberanista pone a prueba la fortaleza y la capacidad de supervivencia del movimiento de pensionistas. Se debería tomar en  consideración ese gran riesgo.  Mientras en las concentraciones de Bilbao la mayoría de las intervenciones son para publicitar la huelga, en las de Barakaldo se evita cualquier referencia a favor o en contra de la huelga.

Balance de dos años de movilizaciones

La bandera que sacó a la calle en enero de 2018 al colectivo de pensionistas fue la oposición al 0,25 %. Esa lucha de resistencia consolidada como movimiento social ha posibilitado que en los dos últimos años el poder adquisitivo de las pensiones se haya mantenido o mejorado. La ley que implantó el 0,25 % ya está derogada. El Gobierno acaba de aprobar la revalorización anual de las pensiones en base al IPC. Está previsto aplicar una subida superior para las pensiones más bajas. Falta el blindaje constitucional o por ley. El balance es positivo, pero insuficiente.

Aunque el Gobierno tenga voluntad de impulsar medidas progresistas, las movilizaciones continuarán, enarbolando ahora la bandera de la pensión mínima.  Se trata de una demanda de alcance solidario que contribuirá a reducir la brecha de género, provocada sobre todo por las míseras pensiones de viudedad. Sin abandonar la consigna de los 1.080 euros de pensión  mínima, la reivindicación inmediata debería ser la equiparación con los 950 euros del salario mínimo, a fin de lograr las mejoras previstas durante la actual legislatura.

Fantasías, delirios y desvaríos

Una  huelga general tiene un esquema muy preciso: consiste en echar un pulso al gobierno de turno, con un objetivo concreto, asumido por el colectivo afectado. Esos requisitos los cumple la huelga de las pensiones de Francia y los incumple la montada en Euskadi por pensionistas independentistas. Para empezar, no se quiere reconocer que es una huelga contra el gobierno, pues coincide con la ofensiva declarada por la derecha apocalíptica. La incoherencia  llega al extremo de congratularse de la existencia de un gobierno de izquierdas, añadiendo que se trata de una huelga de apoyo a ese mismo gobierno, frente al acoso de la derecha.

Una huelga general no es una acción reivindicativa más, conlleva sacrificios para quienes tienen que soportar sus consecuencias. Tampoco es un acto épico, pero la siguen sacralizando sectores que se reclaman de izquierdas. No importa quién la convoque, cuáles sean sus objetivos reales, ni sus repercusiones políticas y sociales. Sorprende que el sindicato ELA, mayoritario en Euskadi, se implique en una huelga general que responde a los intereses  electorales y la práctica política habitual de la izquierda abertzale.  Desconcierta que EH Bildu suba a la tribuna del Congreso de Diputados para facilitar la constitución del nuevo gobierno y al mismo tiempo utilice esa plataforma para proclamar una huelga contra ese mismo gobierno.

Hay gente que considera justificada cualquier acción decorada con simbología radical, que por suerte en Euskadi ya sólo es verbal.  Es un pretendido radicalismo que no aguanta la comparación con la lucha sindical de Francia, donde llevan 40 jornadas de paro en los transportes públicos y 5 manifestaciones en todo el país.  Aquí cabe dudar de la efectividad que pueda tener una huelga unilateral  en un espacio territorial tan reducido.

La huelga general impulsada por la izquerda abertzale con el apoyo incondicional de ELA y de otros colectivos, no tiene como destinatario exclusivo al Gobierno central. También va dirigida a los gobiernos del País Vasco y de Navarra. En Euskadi la campaña previa ha coincidido con las conversaciones para renovar el estatuto de autonomía y la negociación presupuestaria. En los dos casos EH Bildu ha rechazado cualquier posibilidad de acuerdo.  Entretanto, se acerca la convocatoria de elecciones autonómicas.

Apoyos no faltan, o tal vez sí. Habría que saber si suma o resta contar con la solidaridad de la Federación Sindical Mundial, reliquia de los antiguos sindicatos del bloque socialista, que se declara marxista – leninista y se define como la internacional de los sindicatos rojos. Por si acaso, los reproches a la Coordinadora Estatal de Pensionistas ( COESPE)  por apoyar la huelga francesa e ignorar la de Euskadi,  van acompañados de un llamamiento a la lucha dirigido a los pueblos del Estado, obviando en este caso la terminología soberanista. Es la primera vez que se hace referencia a coordinar y compartir movilizaciones conjuntas.

A la huelga, sin tregua. El día después

Cien días antes de constituirse este Gobierno ya estaba programada la huelga. La semana anterior a la formación del equipo ministerial, sin esperar siquiera a conocer su composición,  se registra la convocatoria oficial. No habrá tregua, de la misma forma que las derechas  no concederán los cien días de cortesía parlamentaria habitual.Ya se sabe que  una solicitud de entrevista cursada por quienes han promovido la huelga,tiene el Ministro de Seguridad Social en su mesa. Hasta ahí llegan la incoherencias.

La huelga del 30 de enero en Euskadi y Navarra es un castigo al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Una ofensa a la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que tuvo la valentía de denunciar en el Pacto de Toledo el intento de aplicar medidas contrarias a los intereses del colectivo de pensionistas. Es un desprecio al Ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá, que además de defender la revalorización de las pensiones, reclama pasar los gastos y cubrir el déficit de la Seguridad Social con cargo a los presupuestos. Son las medidas necesarias para garantizar su viabilidad.

El 31 de enero se proclamará el éxito de la huelga general, siendo desmentido por los datos oficiales. Más allá de la habitual guerra de cifras, preocupa saber qué ocurrirá a partir de esa fecha.  Dando por hecho que proseguirán las movilizaciones y que necesariamente deben ser unitarias, lo sensato sería  reconocer  el pluralismo, volviendo al funcionamiento por consenso. En el peor de los casos podría ocurrir, como en épocas pasadas,  que se instaure una realidad ficticia a la medida de los anhelos soberanistas, aprovechando  la hegemonía impuesta para  consumar la ruptura del movimiento de pensionistas en Euskadi.

Desde el inicio de las movilizaciones se reclamaba un gobierno capaz de garantizar pensiones justas y dignas, desde ahora y para siempre. Pasarán meses antes de poder saber si este nuevo gobierno es el deseado. No ayudará  el acoso con  una huelga general  que, además de tener objetivos ajenos a la voluntad de la mayoría social, coincide con la ofensiva de las derechas.

En la reunión ministerial del 14 de enero el Gobierno  decido  asumir la principal demanda del movimiento de pensionistas, subiendo las pensiones un 0,9% sin ninguna condición, sin depender de acuerdos presupuestarios. Se acabó la amenaza del 0,25%. Se ha logrado el objetivo que hace ahora dos años sacó a los pensionistas a la calle. Concluye la primera etapa de la lucha en defensa de las pensiones públicas con resultados satisfactorios. Llega la segunda fase de esa larga marcha: demandar una pensión mínima que reduzca la brecha entre pensiones altas y bajas y entre hombres y mujeres.

Toca dar paso a la política institucional, sin dejar la calle, reclamando corregir los daños del pasado y aplicar las mejoras necesarias. El movimiento de pensionistas debe actuar como hasta ahora, con iniciativa propia, sin injerencias sindicales ni partidistas, manteniendo la consigna: “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”. Hay que presionar al Gobierno para que sea consecuente, pero sin operaciones de desgaste, sin coincidir con las derechas reaccionarias y los poderes en la sombra que intentan impedir el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.

*Luis Alejos es sociólogo y pensionista