No es cierto, estamos a mediados de mayo de 2020 y medio país seguimos casi en cuarentena, vamos por el cuarto Estado de Alarma  y el presidente del Gobierno acaba de decir que es poco, que pedirá un quinto. Y mucha gente, gente de los movimientos sociales, gente que toda la vida ha luchado en su empresa, en entidades o asociaciones, en el Sistema Público de Salud –tan castigado por esta pandemia– en el Sistema Educativo, los trabajadores autónomos (que ahora llaman emprendedores), en general la mayoría de la sociedad se sigue preguntando ¿Qué pasará? ¿Habrá un antes y un después? ¿Podremos cambiar el modelo de sociedad que tenemos?

 Pues bien, a fecha de hoy, cuando se ha pedido por parte del Gobierno un nuevo alargamiento del Estado de Alarma, casi podemos asegurar no solo que las cosas seguirán igual que estaban para las familias y la clase trabajadora,sino que irá mucho peor de lo que estaba antes de que llegara el Covid-19.

¿Y por qué digo esto? Pues esto se deduce solo con utilizar un poco el sentido común, y analizando la mayoría de reacciones en los diferentes países que están pasando por esta pandemia.

En un principio se escuchaba alguna opinión –muy pocas, por cierto– que decían, “ya nada será igual”, “hemos de cambiar este modelo”, “no podemos seguir así”… pero en realidad lo que ha pasado ha sido que los poderes económicos, los de siempre, que en un principio parecían sorprendidos por la inmensidad de la tragedia, pronto, en unos días, habían asumido que tenían que empezar a moverse y efectivamente se empezaron a mover en la misma dirección de siempre; se dijeron “vamos a utilizar el buenismo y la caridad y la sociedad pronto olvidará, ya recuperaremos con creces lo que ahora les brindamos”.

Hemos podido comprobar como el Gobierno ha seguido haciendo (con pequeñas diferencias) lo mismo que han hecho todos los gobiernos desde hace décadas, ha empezado a repartir dinero, un dinero que no tiene, precisamente porque esos que ahora se lo piden se han negado de forma sistemática a pagar los impuestos que tendrían que haber pagado.

La crisis sanitaria del Coronavirus (Covid-19) ha significado realmente una crisis de primera magnitud, tanto a nivel sanitario como económico, pero sobre todo una crisis humana y sanitaria.

Se ha tratado de resolver la crisis sanitaria de diferentes maneras en los diferentes países afectados -prácticamente la totalidad del mundo- y, por consiguiente, la crisis económica derivada de la misma tendrá diferentes consecuencias dependiendo de la forma de afrontarla, pero sobre todo de la potencialidad de sus Sistemas de Salud Pública.

Así tenemos países como China, donde supuestamente empezó a actuar este Covid-19 (más pronto o más tarde sabremos la verdad sobre todo esto) que, con un nivel de cobertura sanitaria muy precario pero con capacidad de actuar rápidamente, con una sociedad muy disciplinada debido a la falta de libertad, ha sabido resolver la crisis sin muchas  consecuencias de salud pero sí económicas. Países como Corea del Sur (de Corea del Norte nunca lo sabremos), Taiwan, Hong Kong o Singapur están resolviendo de forma bastante satisfactoria la pandemia, lo mismo que los países del Norte de Europa con Sistemas Públicos de Salud potentes y bien dotados tanto de profesionales (médicos y enfermeras) como de medios materiales, hospitales UCIs, respiradores…

De cómo afectará a EE.UU (potencia económica y capitalista por excelencia con una persona de Presidente digno de estudio psiquiátrico) sin servicio público de salud o prácticamente inexistente, baste decir que será terrible para la clase trabajadora y para los 35 millones de personas que viven en la calle. Igualmente serán terribles las consecuencias para la América Latina, Centro América, África, países árabes y el Sureste Asiático.

Lo que ha pasado en Italia y en España para que la crisis se haya cebado de forma tan terrible, es de Juzgado de Guardia. Los dos países tienen en la práctica los mismos elementos a considerar, pero abordaré principalmente el tema de España, ya que es el que más nos afecta y el que más conozco.

En España, esta crisis del Covid-19 ha significado una verdadera catástrofe y lo ha sido por varios motivos: porque no aprendimos las lecciones de China y demás países que nos precedieron, y que actuaron con celeridad ante la crisis, por lo cual el confinamiento de la población se hizo tarde y mal. Pero además nos pillaron totalmente desprevenidos, sin los EPIs necesarios ni para trabajadores/as de la sanidad, ni para todos los compañeros y compañeras que ha habido de realizar los trabajos esenciales. No se contaban con los test necesarios para estas personas ni para la ciudadanía. Hemos tenido una descoordinación general por parte de todas las Administraciones en general, que han contribuido al  anormal número de fallecidos y de infectados, principalmente en Madrid y Catalunya. De todo esto hablaremos a partir de ahora.

España lleva 42 años de gobiernos llamados democráticos, pero que en realidad apenas cumplirían los parámetros de una verdadera democracia. Dos ejemplos: salimos de una dictadura, de más de 40 años de forma cuando menos extraña, sin poder votar la forma de Estado que queríamos y con verdaderas amenazas de intervenciones militares, algo que no se ha superado y que difícilmente se superara a corto o medio plazo (ahí están los miles y miles de muertos enterrados en las cunetas de los caminos), sin que las Administraciones Públicas hagan nada por resolverlo 42 años después. Y dos: España se considera un Estado laico, por tanto, sin preferencias por ningún tipo de religión y con libertad de elección de culto. Pero ahí tenemos a la Iglesia Católica con infinidad de prerrogativas que no tiene ninguna lógica que mantenga a día de hoy, baste decir que aún está vigente el Concordato tantas veces prometida su derogación pero que nunca llega. Tanto un ejemplo como el otro, hacen de enormes tapones difíciles de quitar, y que impiden el desarrollo pleno de nuestra democracia como tal.

 

Otro de los mayores tapones lo supone la judicatura, donde los partidos tienen el monopolio de la elección de jueces en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lo que provoca que dicha judicatura esté totalmente politizada y la mayoría de sus sentencias sean cuestionadas en los tribunales internacionales.

Desde que se estableció en nuestro país el pacto del 78 solo han gobernado dos partidos políticos, de tal forma estaba establecido el pacto que mediante leyes electorales (Ley de D’Hondt) y subterfugios diversos, siempre se ha evitado el pluripartidismo o los pactos de gobierno, y solo ahora, 42 años después, ha sido posible que un partido político diferente al PP o el PSOE haya ocupado carteras ministeriales.

En el plano cultural y de valores cívicos y de solidaridad colectiva, de educación ciudadana y política, los dos partidos mencionados PP y PSOE nunca han mostrado el más mínimo interés, tan malos han sido que Gobierno que entraba Gobierno que promulgaba una Ley de Educación adaptada a su ideología, a la vez que han mimado a la enseñanza privada dotándola de recursos económicos y subvenciones de todo tipo en detrimento de la pública, sin medios y con personal mal remunerado. Por lo que es a partir de estos hechos, que se gesta en la sociedad española la aceptación de una forma de ser y de actuar, totalmente incomprensible con la realidad del país, de tal forma que te puedes encontrar miles de ciudadanos trabajadores, que siguen pensando que las políticas del PSOE, de Ciudadanos y del PP, e incluso de Vox, son políticas de izquierdas redistributivas de renta.

Es a partir de estas condicionantes que se desarrolla nuestra sociedad y su política industrial y económica, y es más que evidente que las dos van de la mano o se relacionan muy estrechamente.

Ya cuando la dictadura empezaba a flojear y los ministros llamados por entonces “tecnócratas” de los gobiernos de Franco, empezaban a abrir un poco la mano con los llamados “Planes de Desarrollo”, los países del Norte de Europa empezaron a dar signos de acercamiento hacia nuestro país, principalmente por algo que ellos no tenían, sol y playa, acompañados de precios muy económicos para los sueldos que ellos sí tenían.

Y fue a partir de aquí cuando se empezó a tejer la desindustrialización de España, ya que nos veían ya como el sitio ideal de sol y playa para que los ciudadanos/as del Norte de Europa vinieran a pasar sus periodos vacacionales. Recordemos las famosas campañas de promoción del turismo, aquéllas “El Turista un Millón” que ya se empezaron a poner en marcha en la década de los 60. También hemos de recordar los gravísimos desastres cometidos sobre el territorio y medio ambiente principalmente en las costas, desastres difíciles de recuperar para las generaciones futuras.

Con la llegada de esta democracia limitada nacida del pacto del 78, España empieza el acercamiento definitivo a Europa, de la que ha estado separada ideológicamente y económicamente por motivos obvios. El uno de enero de 1986 España y Portugal ingresan en la UE, como miembros de pleno derecho de la mano del Gobierno socialista de Felipe González, y lo que podría haber sido un buen resultado para nuestro país se convierte con el paso del tiempo en algo muy negativo por varias causas, una de ellas es que la  UE  nunca se ha tomado en serio los países del sur,  buena prueba de  ello es el mote de PIGS (cerdos) con el que nos reconocen. Otra razón de peso en el día a día de nuestro país es la baja calidad de los políticos que hemos tenido (salvo excepciones) desde el año 78 para acá; muchos de ellos han tenido que pasar por los tribunales por temas de corrupción o de otro tipo de delitos (el PP ha llegado a tener más de 1.000 cargos implicados en estos temas), además están las implicaciones de los políticos en los cargos en los Consejos de Administración de las mayores empresas (Zaplana lo dijo muy claro, “yo he venido a la política a hacer dinero”), es por esto que mientras países como Alemania o Francia conservan una buena red de empresas y bancos públicos, en España todo se ha pasado al sector privado a precios ridículos para el capital y costosísimos para el país.

Claro que los políticos los eligen los ciudadanos, y es precisamente por esto por lo que el problema es de una magnitud tremenda, ya que somos una sociedad donde los medios de comunicación están en poder de los poderosos, y si somos incapaces de discernir el trigo de la paja, el “sistema” se convierte en un círculo vicioso del que es difícil escapar. Salir de ese círculo solo sería posible con un buen sistema educativo que no se pueda alterar en función del partido que gobierna, un sistema que para poder modificarlo,  requiera un consenso muy amplio en el Parlamento.

El año 1982 el PSOE de Felipe González, gana las elecciones con una mayoría abrumadora de más de 10 millones de votos, que le otorgan 202 diputados y 134 senadores, era el tiempo de la chaquetas de pana.

Cuando todo parecía que empezaría a cambiar, y España empezaría a avanzar hacia cotas de igualdad y derechos con el resto de países de Europa, no ocurre ni mucho menos así. Europa, con Alemania a la cabeza, empieza a cobrase el favor de la admisión de España a la UE, y junto con Holanda, presionan para que se lleve a cabo un proceso de desindustrialización, ya que un país como España fuertemente industrializado puede hacer sombra, a la llamada locomotora Europea (ya está bien con la industria Alemana y Francesa para abastecer el mercado Europeo), España tiene que dedicarse básicamente al turismo y a los servicios, pero de ninguna manera puede seguir con su capacidad industrial.

Felipe González desaprovecha la mejor ocasión que ha tenido este país para abandonar la mediocridad, y lo hace, porque con la fuerza parlamentaria que tiene, desaprovecha todas las oportunidades que esa fuerza le brinda, no consigue establecer las líneas maestras que cambien el país y lo equiparen con Europa, no consigue dotar al país de un mínimo estado de bienestar copiando a los países del norte, y lo que es peor trunca la vía de la investigación y la industrialización que nos hubieran conducido al empleo digno. Así, el año 2.020 España cuenta con 12 millones de ciudadanos por debajo del índice de pobreza, y un 32% de estos lo están a pesar de tener un trabajo.

Felipe nombra en su primer Gobierno a Carlos Solchaga, como ministro de industria y energía. Ocupa esta cartera durante tres años de 1982 a 1985, tres años en que se emplea a fondo en destruir y privatizar la gran industria del país, siguiendo las instrucciones de Alemania. En estos tres años, se desmantelan o se privatizan, a precios irrisorios, los astilleros y la industria naval, los altos hornos, la minería, las telecomunicaciones, un patético recuerdo de un ministro, que ya entonces se permitía decir frases como esta “no pasa nada porque España se convierta en un país de turismo y de servicios”. Estas fueron las consecuencias de esas políticas, que seguimos pagando hoy en día. En 1975 España era la 9ª potencia industrial del mundo. Y la industria representaba el 36% del Producto Interior  Bruto (PIB), ahora no llega al 15%. La deuda era del 7’3% y ahora llega casi al 100%. Se perdieron 2.700.000 empleos de alta calidad, y la reconversión costo a las arcas públicas más de 2 billones de las antiguas pesetas, 12.000 millones de euros actuales.

Posteriormente, entre los años 1985 y 1993 el Sr. Solchaga se ocupó del Ministerio de Economía y Hacienda y tampoco es que lo hiciera nada bien, ya que tuvo que ser otro compañero suyo, Pedro Solbes, quien pusiera un poco de orden en la economía. Actualmente  Carlos Solchaga tiene unos ingresos aproximados de 335.000 euros al año, de tres consejos de Administración de empresas en las que participa como independiente.

Estas políticas tan nefastas para la industria, y el mercado de trabajo en España es algo que estamos pagando y continuaremos pagando  en el futuro, ya que tenemos unas tasas de paro estructurales, que  se mueven en los mejores momentos entre el 12 y el 14 %, llegando cuando se produce una pequeña crisis a superar el 20%, con la actual pandemia del Covid-19, es muy posible que supere el 25% de desempleo. Esto sumado a la alta temporalidad en el empleo, y a los bajos salarios, ya que el trabajo que ofrecen los sectores del turismo y los servicios, son trabajos de poco valor añadido, hace que estemos en una crisis de empleo permanente. Por otra parte, el turismo y los servicios, son dos segmentos económicos de una alta volatilidad, lo que quiere decir que están muy afectados por situaciones  imprevistas como, la climatología, los atentados terroristas, o en el caso de ahora una pandemia sanitaria.

En el año 2.008 se produce la quiebra de Lehman Brothers, un banco norteamericano que negociaba con hipotecas basura, y que las tenía revendidas y negociadas por todo el mundo. Esto provocó la explosión de la burbuja inmobiliaria en España, el paro total del sector de la construcción y segmentos agregados, el desempleo subió a niveles de un 23% (entre los jóvenes llegó a ser de más de un 50%), estos jóvenes tuvieron que salir a trabajar fuera, la temporalidad se disparó, los gobiernos del PSOE y del PP hicieron lo único que saben hacer, desregular más aún el mercado de trabajo – eso sí, con la ayuda inestimable de los dos sindicatos mayoritarios – Europa nos tuvo que rescatar, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario, tuvimos que regalar a la banca (culpable de la burbuja inmobiliaria) 65.000 millones de euros, nos han modificado él Art. 135 de la Constitución (verdadera soga al cuello de los ciudadanos/as), ya que nos exige pagar los intereses y la deuda de los bancos Alemanes, Franceses y Holandeses, antes que atender a las necesidades sociales.

Ahora nos ha llegado esta pandemia del Coronavirus (Covid- 19), y como no podía ser de otra manera, nos ha cogido “en bragas”, porque no es solo que se hayan cometido errores; el Gobierno Central los ha cometido, pero los gobiernos de las CCAA también, principalmente los de Madrid y Catalunya. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que hemos tenido y tenemos una clase política de muy baja calidad, pero el verdadero problema, sigue siendo el que se detalla al principio de este escrito, la clase política es el reflejo evidente del pueblo que les vota. De acuerdo que el pueblo está influido por muchas circunstancias, poca y sesgada cultura, información dirigida por las clases dominantes, adoctrinamiento fácil, pero hay veces que las cosas son tan  evidentes, que no se entiende cómo puede haber quien no las quiera ver.

Las consecuencias reflejadas al principio de este escrito de desindustrialización del país, y de externalización de nuestras empresas a sitios de producción más baratas, donde no se respetan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ni los derechos humanos, junto con los grandes recortes en el sector público, producidos siempre que una crisis asomaba la cabeza (principalmente la de 2.008), han provocado el desastre.

Cuando nos montaron la crisis del 2.008, y lo digo así, porque realmente nos la montaron las entidades financieras, nosotros/as la pagamos, pero la crearon ellos, para seguir enriqueciéndose, de tal forma que se cerraban bancos y cajas por quiebra, y los directivos se auto otorgaban jubilaciones de 20 millones de euros, sin que nadie haya hecho nada por evitarlo, ni la Justicia, ni los Gobiernos, ni las Instituciones, ni el pueblo.

Como decía, esta crisis la aprovecharon los políticos, para meter la tijera en todo nuestro sector público, ya muy debilitado por la venta de las empresas mejores y más productivas del país, mediante las reconversiones llevadas a cabo por Carlos Solchaga, y después por la deslocalización  de   empresas   de  los  últimos  25   o  30   años.  En Catalunya, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, y su consejero de salud Boi Ruiz, llevaron a cabo los mayores recortes en el sector sanitario, que jamás se habían producido, recortes presupuestarios, cierre  de plantas enteras de hospitales, cierre de quirófanos, reducción de miles de trabajadores, médicos, enfermeras, celadores… y en Madrid y otras CCAA pasó exactamente lo mismo.

Todos estos hechos unidos a la alta corrupción introducida en todas las Instituciones del Estado, la poca valía de nuestros políticos más los errores de bulto cometidos al comenzar la pandemia han hecho el resto. Hoy 9 de mayo, pasamos de 26.000 muertos cuando al principio se hablaba de llegar como mucho a los 10.000, y de estos 26.500, más de 17.500 se han producido en residencias de personas mayores que abordamos en un documento aparte, han faltado EPIs para los sanitarios y para todas las tareas imprescindibles, seguimos sin hacer los test necesarios cuando la curva empieza a remitir, se aplicó el Estado de Alarma con diez días de retraso teniendo los ejemplos de otros países, y mucho nos tememos que lo peor esté aún por venir. ¿Cuándo aprenderemos?

La situación ha sido de una gravedad extrema, no tenemos una industria capaz de  producir los EPIs necesarios ni test para detectar y separar a las personas infectadas, ni teníamos suficientes UCIs ni respiradores para proteger a las personas, hasta tal punto que se ha llegado a negar asistencia a las personas en función de su edad. A todo esto, añadir la absoluta insolidaridad de Europa, esa Europa que se ha construido para que los ricos sean más ricos, y los pobres más pobres. Europa se ha dedicado a competir en precios entre sus socios, (incluso secuestrando aviones con mercancía para otros países de la UE), en el único mercado capaz de suministrar lo necesario para hacer frente a la pandemia, China.

Toda la crisis ha tenido, y sigue teniendo a día de hoy un único objetivo, el que no se colapsara el Sistema Sanitario, un sistema escuálido por los gravísimos recortes cometidos con anterioridad; el objetivo no era el de salvar vidas, era el miedo al colapso sanitario y su temor a una revuelta social, ante la más absoluta falta de previsión de futuro por parte de nuestros políticos y los gestores del mismo.

 ¿QUE PASARÁ CUANDO EL COVID-19 HAYA PASADO?

Lo primero que hemos de tener en cuenta, es que esta pandemia ha venido para quedarse, no es una cosa de encontrar una vacuna como la gripe y volver a eso que se empieza a llamar “nueva normalidad”.

Sin entrar a valorar si este ha sido un virus producido en un laboratorio para disputarse la hegemonía mundial, de un imperio en declive contra otro aumentando su influencia, o por el contrario, ha sido un virus biológico traspasado de los animales salvajes a los humanos, lo que resulta irrefutable es que la intervención del hombre en el medio natural restringiendo a pasos agigantados el espacio de los animales salvajes, hará que cada vez con mayor frecuencia aparezcan virus, que por pura lógica serán cada vez más dañinos para la especie humana.

A lo largo de esta crisis que muy pocos políticos han sabido prever, ellos mismos ya nos están hablado de la nueva normalidad.

¿En qué  consistirá esa nueva  normalidad?  Una cosa es segura, esa nueva normalidad de la que hablan los políticos tendrá varias consecuencias para los ciudadanos/as. La primera de ellas  será el debilitamiento del sistema    democrático mediante la utilización de las nuevas tecnologías, la merma de libertades ciudadanas y el consiguiente aumento de la represión policial. Esto será así porque de hecho esta pandemia para lo que primero ha servido ha sido para que el Estado, los Estados, controlen la vida diaria y la intimidad de los ciudadanos en todos los aspectos de su vida. Esto ya se estaba produciendo mediante el uso de las redes sociales, las tarjetas de crédito y otros mecanismos por los cuales las grandes compañías conocen el gusto de todos/as nosotros.

Otro aspecto muy importante será ver en el plano económico, la forma de abordar esta crisis provocada por la paralización del trabajo en todas las áreas productivas, con excepción de la sanidad y los servicios esenciales. Lo más probable es que los gobiernos aborden esta crisis de igual manera que se hizo en el 2.008, lo que indudablemente  provocará más paro, más pobreza y más miseria en las mismas clases sociales de siempre. Es más que evidente lo peligroso que puede llegar a ser para un país, basar y planificar su economía en sectores tan volátiles como el turismo y los servicios. Esta crisis castigará sobre todo al sector turismo y servicios agregados.

Pues bien, políticos y grandes empresas ya han tomado posición, ya hace semanas que se están posicionando con una enorme campaña de buenismo. Los bancos ingresan la pensión de los jubilados unos días antes y aplazan pagos de hipotecas, las grandes compañías de luz, agua y gas, que habrían de ser públicas no solo dan facilidades de pago a quien no puede pagar sino que se vuelcan en las campañas de solidaridad o lo que es lo mismo de caridad, los grandes supermercados abren las colas para que los pensionistas entren primero, los propietarios de pisos pactan aplazamiento de alquileres y todos juntos, empresas y políticos, hablan sin parar de lo cerca que estamos de que llegue la normalidad.

Y esa es precisamente la trampa. Esa normalidad no debería de llegar nunca, porque esa normalidad será la que nos llevara a los trabajadores a ser pobres de por vida, a una vida consumismo exacerbado y de esclavismo, al aumento sin fin de la pobreza y la miseria, a que unos pocos sigan acumulando dinero y poder a costa de la mayoría y lo que es peor, a la destrucción del medio ambiente y al final de la vida en el planeta.

Para asumir esa normalidad suya el Gobierno nos está tendiendo una trampa. Ya han montado la Comisión para la Reconstrucción Nacional (unos nuevos pactos de la Moncloa decían antes), no sé, pero yo solo de pensar en unos nuevos Pactos de la Moncloa me pongo a temblar porque aquellos pactos son precisamente los que nos han traído a esta situación. El Gobierno no está pensando en derogar las reformas laborales y de pensiones o la Ley Mordaza, ni en nacionalizar bancos o empresas críticas, ni sacar de una vez los miles de muertos de las cunetas, ni en tener una judicatura independiente, ni acabar con excesos de la Administración en aforados, ayudantes de ayudantes y expertos asesores de ministros, Secretarios de Estado o Presidentes, ni en suprimir comisiones inútiles, ni mucho menos en terminar con los privilegios de la Iglesia Católica o derogar el Concordato. El Gobierno no está pensando en crear puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, con contratos dignos que permitan una vida digna, o en invertir mucho en sanidad, educación, cultura I+I+D, ni está pensando en el medio ambiente, o en que otro modelo productivo es posible, y que otro tipo de sociedad es necesaria. Es por eso hemos de diseñar nuestra propia estrategia.

 ¿QUE PODEMOS HACER NOSOTROS/AS?

Hoy en día el movimiento de pensionistas es uno de los más concienciados del Estado; existen diversos y variados movimientos de pensionistas, pero sin duda es COESPE el que mejor organizado y preparado está para poder empezar a preparar una respuesta a ese futuro que nos amenaza.

Hemos de articular una verdadera marea o alianza de movimientos sociales, buscando las sinergias capaces de hacernos coincidir en todo lo que nos une como ciudadanos, seamos jubilados, trabajadores, o estudiantes, todos necesitamos o necesitaremos un día u otro acudir al servicio público de salud, y queremos que sea un servicio público, universal y de calidad; lo mismo pasara con las pensiones y con la atención a la dependencia, y exactamente igual pasa con la educación, por lo que consideramos de máxima urgencia encontrar los puntos de unión que nos hagan confluir en una alianza, no solo a nivel de España, también a nivel internacional pues los problemas con mayor o menor gravedad son los mismos. El capitalismo y la globalización no pueden solucionar los problemas que crean, y es desde esta perspectiva que hemos de trabajar en esa alianza de movimientos que sea capaz de encauzar un verdadero cambio social, para que la sociedad vaya asumiendo un modo de vida diferente, sin el consumismo y el individualismo, dos virus mucho más potentes que el Covid-19 y que amenazan nuestro futuro  y el fin de nuestro planeta.

Es aquí donde COESPE ha de poder aportar su potencial de organización y de penetración territorial, no tratando de liderar, sino aportando su experiencia con humildad pero a la vez haciendo valer todo su potencial movilizador para empoderar a la gente, para que las generaciones que se han encontrado con una serie de derechos y libertades entiendan que si queremos seguir disfrutándolos, hemos de defenderlos, y para que vean la necesidad de no pararnos solo en defender los que tenemos sino que hemos de conquistar otros nuevos, pero eso no se conseguirá como pretende el capitalismo, luchando individualmente, sino organizándonos colectivamente y planteándolos como una necesidad de igualdad social.

Hemos de organizarnos para no caer en la trampa que nos están tendiendo de volver a su “normalidad”. Nosotros el pueblo necesitamos otra normalidad, necesitamos caminar hacia otro tipo de sociedad más humana, que avance hacia el cooperativismo, el pequeño comercio, las nuevas energías respetuosas con el medio ambiente, que empiece de verdad a abandonar el consumismo y el individualismo, para centrarse en el trabajo y la organización colectiva.

Su normalidad consiste en volver al punto de partida anterior al Covid19, algo que no debemos aceptar, o no debemos aceptarlo como una solución definitiva (solo si hubiera un firme compromiso de cambio profundo, podríamos aceptarlo durante un tiempo), pues sabemos que ese mundo ya no es posible, y necesitamos con urgencia caminar en la otra dirección por nuestro bien, por el de las generaciones futuras, y por el mantenimiento de este hermoso planeta llamado Tierra, ya que no tenemos otro.

INFORME: Aquí puedes visualizar o descargar.

DEPENDENCIA Y RESIDENCIAS EN ESPAÑA

Domiciano Sandoval. Barcelona  –  Mayo 2020

 

Nos enfrentamos a una de las situaciones más graves de nuestra Historia. Padecemos una pandemia enraizada en última instancia en el cambio climático que la civilización del crecimiento sostenido y depredador de la naturaleza ha originado. La epidemia ha acelerado y agravado aún más la crisis sistémica ya anunciada por científicos, economistas y analistas. España está ante una recesión económica sin precedentes. Y ello sitúa al Gobierno – a cualquier Gobierno- y a la sociedad en su conjunto, ante un problema de extrema complejidad. Se necesitan recursos cada vez más abundantes y perentorios para gastos sanitarios de urgencia y para atender las consecuencias del obligado parón productivo: cierre de empresas, incremento exponencial del paro, precariedad y la exclusión social existentes desde hace décadas. Sin obviar, sobre todo en estos momentos, las imprescindibles inversiones en investigación.

Por exigencias derivadas de la Justicia, los Derechos Humanos y el mandato constitucional, ni los poderes públicos ni la sociedad pueden olvidar que en pleno siglo XXI, cada español y cada española tiene derecho a una vivienda digna, a un régimen público de Seguridad Social, a la Enseñanza, a la Sanidad, a pensiones suficientes, a la atención a la dependencia, al disfrute de un medio ambiente adecuado y a la percepción de un subsidio personal cuando ésta se haya visto afectada por la “pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, tal y como dice el artículo 25 de los DDHH y recoge también el artículo 41 de nuestra Constitución.

El cumplimiento de estas obligaciones legales y morales por parte de los poderes públicos necesita, aparte del consenso y apoyo de la mayoría social, un acopio de recursos sin precedentes. Y estos recursos no tienen otra fuente y origen que el contribuyente, bien por ser asalariado, bien por ser autónomo o empresario, o bien por poseer rentas y recursos de toda índole. Pero es el caso que el cierre de empresas, los Ertes y el desplome del sector turístico, conducen a una bajada prevista del PIB del 9,2% Y a ello se le suma el aumento, también previsto, del déficit público desde el 2,8% a finales del 2019, al 10% del PIB para Diciembre del 2020. Es decir, más gastos ineludibles, menos ingresos y, además, más deuda pública. Y todo esto en el marco de una pandemia que sigue generando contagios, personas hospitalizadas y muertes, sin que todavía haya vacuna que la erradique.

Este es el hoy de España. De cómo lo abordemos dependerá el mañana. Y en el mañana van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras de españoles y españolas. Es una cuestión de responsabilidad colectiva: optar entre un futuro para la inmensa mayoría o un desastre, también para la inmensa mayoría. Porque constituiría un inmenso error retornar -como si nada hubiese pasado- a la salida de la crisis del 2008, haciendo recaer, otra vez, sacrificios y penurias sobre trabajadores, asalariados y sectores populares en vez de buscar una nueva salida en la que prime la Solidaridad y el no dejar a nadie atrás. Tanto los Gobiernos de turno como la sociedad deberemos estar a la altura del reto, asumiendo que nos llevará tiempo. Construir el mañana supone priorizar objetivos, potenciar mecanismos e instrumentos de intervención en la realidad y sustentar todo el proceso en parámetros éticos y de conductas de moral pública consecuentes con ellos.

A nuestro parecer, los objetivos a conseguir son tres: la concreción en la práctica de los Derechos y Deberes contemplados en el Título Primero de la Constitución, la creación de un tejido productivo que ligue la economía al territorio, a las necesidades materiales de la mayoría social y lo haga menos vulnerable a crisis como ésta y, en tercer lugar, políticas medioambientales que combatan el cambio climático y a las que toda la actividad productiva y de consumo superfluo se supediten. En resumen: pleno empleo, democracia económica y calidad ambiental.

El hoy y el mañana necesitan, además, de un Estado fuerte y de una sociedad civil igualmente fuerte. Un Estado que en el caso español está formado por tres Administraciones: la central, la autonómica y la local. Y una sociedad civil que, de manera consciente y cohesionada, sea capaz de confrontar con el Gobierno de turno sí éste se aleja de los objetivos constitucionales de justicia social a los que se debe. Una sociedad civil que igualmente asuma su imprescindible parte de protagonismo en la salida de estos momentos críticos y en la construcción del porvenir. Que comprenda el ciudadano y la ciudadana que el recurso de mirar hacia otro lado, obviando su participación, afectará negativamente a su vida y a sus libertades.

Corresponde a los poderes públicos arbitrar las políticas y los mecanismos eficaces para disponer de las infraestructuras pertinentes y acopiar los recursos económicos y financieros necesarios. Y desde luego, tres de ellos son inaplazables: una fiscalidad justa tal y como se desprende del artículo 31.1 de la Constitución, el acogerse al punto 4 del artículo 135 de la Carta Magna y por último, desarrollar consecuentemente los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del citado texto.

Ética y Política no son, en absoluto, dos conceptos antitéticos o contrapuestos. Muy al contrario, una es la ciencia de la moral y la otra la ética de lo(s) colectivo(s). El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución propugna, no es otra cosa que la institucionalización de los principios éticos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En la antigua Roma se decía que un político ético era el que actuaba con “decorum”, es decir con honestidad, honradez, discreción y justicia.

De la misma manera que la Ética y sus principios morales deben ser inherentes a la función pública, la ética cívica es el fundamento de una sociedad civil fuerte. La defensa de los derechos, la aceptación de los deberes, los hábitos democráticos en la cotidianeidad, la tolerancia como convivencia, la participación en los asuntos públicos y el ejercicio consecuente de la crítica y la movilización, hacen una ciudadanía inmune a la tiranía, la opresión, las presiones de los poderes fácticos y las atmósferas de odio fundamentadas en bulos, manipulaciones informáticas y el pillaje político.

La salida a la crisis que propugnamos y de la cual hemos esbozado anteriormente objetivos, instrumentos y sujetos políticos y sociales, se fundamenta en tres pilares a nuestro parecer inobjetables: la aplicación, desarrollo y ampliación de los DDHH, poner freno al proceso de cambio climático y la regulación de una nueva relación entre el ser humano y la Naturaleza. Pero tal propuesta, a nuestro juicio la que responde a las necesidades y exigencias de momento, necesita del ejercicio de la austeridad. La austeridad no es recorte en bienes y servicios públicos necesarios. La austeridad significa Administraciones Públicas que eliminen gastos superfluos, innecesarios e inútiles (la lista sería extensa). La austeridad como valor público y como corresponsabilidad social con la defensa del medio ambiente, significa vivir bien, pero con otros parámetros de vida.

Salir de esta situación, sin que la totalidad de la ciudadanía tenga que pagar el peaje de carencias en lo que la Constitución denomina Derechos y deberes fundamentales, va a significar un período de “apretarse el cinturón” generalizado. Entendemos que durante un período transitorio esto deba ser así; pero con dos condiciones: que no afecte a los que nada tienen y que los esfuerzos colectivos sean directamente proporcionales al estatus económico y social de cada uno y de cada una.

Somos conscientes de que salir de la crisis en positivo, es decir cara a un mañana prometedor, más justo y más seguro, necesitará de procesos permanentes de reflexión, debate, crítica, lucha y acuerdo. Sin embargo, un proceso enmarcado en ámbitos de serenidad, seriedad y concreción temática, necesita erradicar la crispación. La pugna política -que nunca puede ni debe desaparecer- debe servir para comparar criterios, propuestas y valores. Y más aún en circunstancias como las actuales.

Esta pandemia que el mundo sufre, ha hecho florecer en nuestro país junto con la entrega, el altruismo y sentido de la responsabilidad de la mayoría social, una peculiaridad hispana en forma de enfermedad política oportunista: el discurso de odio guerracivilista generado por los responsables máximos de las organizaciones de Derechas. Para desgracia de nuestra Patria no es cosa nueva. Encarna el odio atávico a las clases populares, al movimiento obrero y al pensamiento libre. Y todo ello ha tenido como expresión la imposición de un patriarcado anulador de los derechos de la mujer, el clericalismo más rancio y el llamado “franquismo sociológico”, magma ideológico-social muy anterior al dictador, pero que se materializó en torno a su persona. La injuria zafia, la simpleza de sus propuestas y los bulos, en cuya difusión siguen a rajatabla las tesis del aparato de propaganda nazi. Sus objetivos son crear confusión, potenciar los prejuicios contra el “otro”, el “rojo”, “el homosexual”, “la mujer “ o “el inmigrante”. Pero sobre todo, el objetivo máximo es perpetuar los privilegios sociales y económicos del estatus que los dirige.

Muchas y muchos de los abajo firmantes -en plena situación de confinamiento- estamos intentando desenmascarar y combatir esa superchería a la par que procuramos ayudar a reflexionar y generar actitudes de conciencia cívica en línea con lo que desarrollamos en este documento. Pero esta actividad de combatientes solitarios no es suficiente por mucho uso que individualmente hagamos de la red o enviemos artículos para la prensa escrita.

Por ello consideramos imprescindible que desde el mundo político, social y cultural que aglutina a militantes y simpatizantes de fuerzas como Unidas Podemos, Mareas, Comunes, Confluencias, sindicatos, colectivos de defensa de los derechos sociales, feministas, ecologistas, ateneos, fundaciones, etc., debe darse un paso más y organizar colegiadamente el combate político – cultural y la entente programática. Y en tal sentido les hacemos un llamamiento. Si pretendemos crear hegemonía social y cultural para construir algo nuevo, dado el fiasco de lo existente y de lo vivido por seguir los dictados del neoliberalismo, debemos impedir que quienes se consideran dueños de un Poder sempiterno reconstruyan la realidad a su imagen y semejanza.

Primeros firmantes:

¿Quién no se ha imaginado alguna vez cómo sería vivir una pandemia? ¿Cuántas películas y series nos han advertido una y otra vez de como reaccionar ante situaciones así? Pero, sin embargo, a la hora de la verdad damos carpetazo a todas esas lecciones y nuestros cerebros empiezan a pensar qué cosas son imprescindibles en una larga lista de la compra. Metafórica, claro.

Cómo vamos a hacer frente al virus, qué pasa si pierdo mi empleo, cómo voy a llegar a fin de mes, o qué ingresos voy a tener para sobrevivir, son sólo algunas de las preguntas que hoy en día se hace la mayoría de la población.

Actualmente sabemos que la duración de la pandemia será clave para medir el impacto de ésta en todo tipo de factores económicos.
Diariamente nos encontramos con datos de factores macro que, como bien sabemos, parecen estar muy lejos del día a día de las personas pero que indudablemente nos afectan. Diversos analistas apuntan a que el PIB se pueda contraer en torno a un 2 o 4% en la economía mundial. Para la economía española se prevé que éste pueda caer hasta el 10%, que el déficit del año 2020 pueda posicionarse también sobre el 10% y el paro supere el 25% (siendo la cifra muy superior si hablásemos del paro real).Aún así, todo son incógnitas (sin datos de producción ni de consumo) y nadie sabe qué forma tendrá la recuperación económica.

Pero lo que sí sabemos es que la situación con la que afrontamos esta nueva crisis económica es mucho peor a aquella con la que afrontamos la crisis del año 2008. La gran mayoría social tiene niveles de existencia material que se encuentran muy por debajo de los que teníamos hace 12 años, lo que demuestra que la población no estrictamente rica aún no ha recuperado los niveles de garantías económicas anteriores a la crisis financiera. Una crisis en la que se agudizaron las desigualdades sociales y económicas de nuestra sociedad.

Es adecuado recordar aquí la visita del relator de la ONU Philip Alston, el experto en derechos humanos, que constataba que "los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%”

El ingreso mínimo vital

Mucho se está hablando últimamente, con malentendidos incluidos, sobre el ingreso mínimo vital (la renta mínima) que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar para hacer frente a la crisis del coronavirus pero con carácter estructural. Lo que han ido asegurando fuentes del Gobierno es que este ingreso mínimo vital se tratará de una medida para  “que nadie se quede en la estacada” pese a que, como pronto (siendo muy optimistas), las primeras prestaciones se resolverán en junio y, según las últimas informaciones podría rondar los 500€ al mes para una persona sola (lo que equivaldría al 67% del umbral de la pobreza y al 45% del Salario Mínimo Interprofesional en 12 pagas). Además, se calcula que éste podrá dar respuesta a un millón de familias, equivalente a unos tres millones de beneficiarios en situación de extrema pobreza. Pero en el Estado español, antes de la aparición de la COVID-19, había unos 10 millones de personas en riesgo de pobreza. Creemos que no hay duda de que un Ingreso Mínimo Vital es un paso adelante pero que los detalles serán los que nos permitan saber si será más o menos efectiva: qué condiciones contiene más allá del nivel de renta, si será con carácter de derecho subjetivo o ilimitada en el tiempo, cuántos años de padrón/ciudadanía serán necesarios para solicitarla, qué obligaciones y compromisos de inserción laboral o cómo tratará de minimizar los efectos de la estigmatización o los de las trampas de la pobreza. Pero, ¿será suficiente para salvar a las personas? ¿Con qué experiencias contamos en Euskadi y Catalunya?

Si ponemos negro sobre blanco datos de la renta mínima más generosa del Estado español, la Renta de Garantía de Ingresos de Euskadi, podemos observar cómo ésta no ha sido suficiente para hacer frente a los daños sociales causados por la crisis financiera de 2008 y, como decíamos anteriormente, la situación de las personas más vulnerables ha ido cada vez a peor.

Según los últimos datos disponibles (2018), en Euskadi más de 446.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE, lo que supone un 20,7% de la población vasca y un 16% más de las que se encontraban en el año 2008. Además, se observa cómo cada vez se está cronificando más la pobreza ya que, de las 65.000 personas más respecto a 2008 que en 2018 se encuentran en riesgo de pobreza, 43.000 de ellas están en riesgo de pobreza grave (ingresos inferiores al 40% de la renta mediana). El número de personas en riesgo de pobreza grave en Euskadi se ha incrementado un 64,9% en tan solo 10 años. Y es que si esto fuera poco, en tan solo 10 años se ha dado un incremento del 125% en el número de familias que tienen problemas para encender la calefacción en invierno, un 105% el número de personas que tienen privación material, un 84% el número de familias que no pueden cubrir los gastos básicos o un 122% el número de impagos o atrasos en pagos de alquileres o hipotecas.

Pero más aún, apreciamos a la perfección cómo aún con ella, mucha gente se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque el 30,7% de las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 3 de cada 10 personas, no accede al sistema de la Renta de Garantía de ingresos por diversos motivos (errores de cobertura, estigmatización, trampa de la pobreza…). Estas altas tasas de no-aceptación no es algo único de Euskadi, ya que a nivel europeo entre el 20% y el 60% (dependiendo del país) de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social no acceden a los sistemas de rentas mínimas (la última red de los Estados de Bienestar).

Si hablamos de Catalunya hay que mencionar que en el año 2017, impulsada por una iniciativa legislativa popular, se aprobó la Renda Garantida de Ciutadania como primer paso para avanzar hacia la erradicación de la pobreza. La propuesta inicial fue muy recortada en el Parlament y burocratizada en la administración y, si bien mejora las cuantías respecto a la anterior RMI catalana, contiene condiciones de acceso muy restrictivas que dejan fuera a muchísimas personas que realmente la necesitan. Actualmente Catalunya cuenta con una tasa de pobreza entorno al 21% de la población, 1.600.000 de personas aproximadamente, y la administración solo ha tramitado el 13% de las solicitudes realizadas de  Renda Garantida de Ciutadania; la percibe en la actualidad sólo el 8% de la población que tiene derecho a ella.

En plena pandemia la falta de agilidad en la gestión de nuevas demandas ha sido aún más evidente. Además, muchas de las personas que formaban parte de la economía informal y que nunca habían estado detectados por el sistema se encuentran ahora en una situación penosa ya que para recibir la RGC se debe estar inscrito en las oficinas de empleo y muchas de estas ellas se encuentran en situación irregular. La pandemia lo ha evidenciado y ha puesto el modelo contra las cuerdas.

La crisis actual ha destapado las desigualdades diversas. Sabemos que la mayoría social, el 51% de la población, son las mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de una media del 16% y esta diferencia llega a ser del 35% en el caso de las pensionistas. Pero es que además, a ello se suma que los trabajos más precarizados están altamente feminizados, tal como ha destapado el confinamiento.

Por otra parte, realidades que ya eran precarias antes de la pandemia (como las de las personas que vivían en la extrema pobreza y dependientes del sistema de protección social, las de las personas que sobrevivían gracias a la economía informal o las de las personas en situación irregular) evidencian la falta de capacidad de las rentas condicionadas para combatir estas situaciones diversas. Rentas condicionadas que estigmatizan y excluyen a las potenciales beneficiarias.

Con esta información y datos al alcance de cualquiera, ¿es suficiente un ingreso mínimo vital como herramienta para “no dejar a nadie atrás”?
Creemos que no, pues esta medida deja a muchas personas en la estacada y es momento de ser valientes y que las personas realmente puedan tener derecho a unos ingresos incondicionales, regulares y suficientes que les permita llegar a fin de mes y poder disponer de una seguridad económica.

Somos conscientes de que los sistemas de rentas mínimas más avanzados han tocado techo y en la actualidad no dan mucho más de sí por diferentes razones que ya se han estudiado a lo largo de décadas: por el laberinto burocrático que supone para muchas personas no saber cómo acceder o pedirlas, por la estigmatización de la gente que tiene que solicitarla, por la trampa de la pobreza agudizada por el incremento de los empleos precarios,etc. Años de evidencia empírica que demuestran que las rentas mínimas no han conseguido ser la solución adecuada para erradicar la pobreza.

Ante esta realidad es más necesario que nunca un cambio de paradigma tal y como lo están explorando diversos países a nivel mundial mediante diversos proyectos piloto de renta básica incondicional, pero también para hacer frente a la crisis del coronavirus ofreciendo pagos directos a toda la ciudadanía, como los casos de Hong Kong y de Japón, para que pueda hacer frente a sus necesidades más urgentes y básicas (si bien habría que añadirle herramientas que garanticen que estos pagos directos sean redistributivos). Necesitamos, ahora más que nunca, que el dinero esté en manos de la gente.

Un cambio reclamado desde sectores muy diversos, como estamos viendo estos días con la editorial del Financial Times:”…la redistribución debe situarse en la agenda; los privilegios de los más ricos deben ponerse en cuestión. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o la imposición sobre la riqueza deben empezar a considerarse”.

Cada vez hay más voces reclamando esta medida de carácter universal, como nuestros servicios públicos sanitarios que tan valorados son estos días de pandemia sanitaria.  Para hacer frente a una gran crisis mundial que se calcula será de la magnitud de los años posteriores al crack del 1929 es hora de adoptar políticas más ambiciosas y con carácter urgente y no quedarse cortos con esta nueva medida que dará cobertura sólo a una parte de la población en extrema pobreza.

Hay mucha población en situación vulnerable. Miles de personas entrando y saliendo del mercado de trabajo, gente trabajadora en empleos formales e informales, otra que vive de la economía sumergida: chatarreras, camareras de bares, gente que hace chapuzas sin contrato, trabajadoras del sexo…que van a pasarlo muy mal sin una solución inmediata.

Una Renta Básica que haga posible que se entregue dinero de forma rápida y urgente al menos hasta final de año, sin condición alguna, ahorraría tiempo, dinero y simplificará muchos trámites. Posteriormente ya se ajustará cuentas con hacienda en el 2021 pero ahora es momento de rescatar a la ciudadanía. ¿No es esto lo que se espera de cualquier gobierno de izquierdas?

Carmen Porta.- Feminista y miembra de la Red Renta Básica
Julen Bollain.- Economista e investigador de Renta Básica
Sergi Raventos.- Trabajador social doctor en Sociología y miembro de la Red Renta Básica

Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de
larga duración de nuestro país

La crisis sanitaria que estamos padeciendo como consecuencia de la pandemia COVID-19 evidencia con crudeza asuntos relacionados con la consideración y atención a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y dependencia, muchas de ellas personas de edad avanzada y otras más jóvenes con grandes necesidades de apoyo. Ahora, sin lugar a dudas, es momento de arrimar el hombro, de moderar nuestra “tormenta de emociones”, de postergar críticas catastrofistas o interesadas, para así contribuir, todos juntos a salvar vidas y a minimizar los impactos negativos de todo esto. Sin embargo, esta crisis está contribuyendo a que afloren carencias importantes en nuestro actual sistema de cuidados. También está evidenciado riesgos futuros en torno a cómo conjugar valores que deben estar equilibrados en el cuidado como la salud y la libertad de las personas. La garantía en la continuidad de los cuidados, la coordinación entre sistemas y servicios y por qué no, las dificultades que la actual estructura competencial conlleva a la hora de afrontar un modelo integrado de servicios e intervenciones profesionales, deberán ser objeto de análisis en pos de la coherencia, la eficacia y la eficiencia que necesitamos. En este sentido, pensando en el futuro y en el urgente debate que necesitamos quienes firmamos este documento, queremos compartir algunas consideraciones:

Sobre el cuidado en casa

1/ Recibir los cuidados en el domicilio.

Hemos confirmado a través de La crisis del COVID19 la gran invisibilidad y los escasos medios que hoy existen para garantizar un cuidado adecuado en el entorno domiciliario. No es aventurado suponer que los contagios se han producido de una forma exponencial y que, tanto profesionales como personas que reciben cuidados, se han encontrado con una importante improvisación y desprotección. En el ámbito del empleo de hogar y cuidados, mucho más desprotegido social y legalmente, donde se presta atención a cientos de miles de personas, es muy probable que haya sucedido lo mismo.

2/ Disponer de una atención integral e integrada.

Sabemos que la gran mayoría de las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia, así como las personas con menor edad que tienen discapacidad, viven en su casa y han expresado con contundencia y de forma repetida su deseo de continuar viviendo en ella y de seguir participando en su comunidad. Es urgente e imprescindible avanzar en el diseño de una propuesta de atención integral en el domicilio que sea capaz de incorporar y coordinar los distintos papeles que cumplen los agentes implicados en esta atención: familias, servicios sociales en general y SAD en particular, atención primaria y especializada de salud, sector de empleo de hogar y cuidados, asistentes personales, voluntariado, servicios de proximidad e iniciativas de participación comunitaria. Desde la necesaria sostenibilidad económica que, sin embargo, exigirá un claro incremento presupuestario en este sector si queremos dar respuesta a los deseos de las personas y sus familias y evitar soluciones institucionales no deseadas.

Sobre el cuidado en centros residenciales

3/ Reconocer, cuidar y formar a los profesionales

Reconocemos y valoramos el esfuerzo “heroico” que están realizando los profesionales de las residencias en esta crisis, cuidando a las personas sin medios de protección hasta la extenuación y pagando el precio de un gran número de infectados.
Es imprescindible apoyar y cuidarlos, dignificando su labor, supervisando el desarrollo de sus competencias de atención integral y relacional, invirtiendo en el cuidado de los equipos y en la mejora de las organizaciones. Esto no puede considerarse como algo superfluo y por tanto prescindible. Solo así podremos avanzar en el buen cuidado.

4/Disponer de profesionales suficientes y formados

Nos consta la escasez de profesionales y el carácter a menudo precario de las condiciones de trabajo en los servicios residenciales, algo ya sabido, pero que hasta la fecha no se ha tomado como una prioridad social. Sin ser esta la condición única ni suficiente para garantizar la calidad de cuidados, es una cuestión que debe ser seriamente considerada, como ya ha señalado el Defensor del Pueblo.

5/ Hacer valer el derecho a la atención sanitaria pública

Consideramos que las personas que enferman en un centro residencial -en una situación como esta, de máxima gravedad- y siendo el principal grupo de riesgo, tienen derecho a la atención sanitaria pública por su condición de ciudadanos/as tanto en atención primaria de salud como en especializada. No es admisible que sean privados/as de este derecho por su edad avanzada o por tener una gran discapacidad.

6/ Transformar el Modelo de Atención Residencial

Necesitamos un cambio en profundidad del modelo de alojamientos para mayores o con discapacidades que precisan apoyos para continuar con sus proyectos de vida. La experiencia de otros países sugiere la bondad de desagregar los conceptos “vivienda” y “cuidados” dependientes cada uno de su ámbito competencial natural. El “modelo vivienda” garantiza espacio propio, intimidad y una atención centrada en las personas. Racionaliza el gasto público y nos aleja de la institución tradicional.

7/ Eliminar los macro centros

Consideramos de especial importancia erradicar definitivamente los macrocentros y dejar de percibir como un lujo las habitaciones individuales. En los centros que agrupan a las personas, donde la mayoría de las habitaciones son compartidas, donde las personas permanecen casi todo el día en salas repletas de “internos” alineados, evitar el contagio cuando hay enfermedades fácilmente transmisibles puede acabar siendo una misión imposible. Conocer y tratar de una forma personalizada a quienes allí viven se puede acabar percibiendo como una utopía inalcanzable. Debemos, por tanto, trabajar por dejar atrás definitivamente este diseño residencial que responde a un modelo institucional del siglo XIX que ya ha sido abandonado hace décadas en otros países.

8/ Diseñar entornos para una vida con sentido

Apostamos de una forma decidida por nuevos modelos de diseños arquitectónicos y fórmulas organizativas y de gestión lo más similares al hogar. Lugares de vida donde se garantice la intimidad, se personalice el cuidado y en los que se evite la continua rotación de profesionales.
Donde el tiempo y las actividades se organicen pensando en las personas y en alimentar una vida con sentido en contacto con su comunidad.

Sobre los estereotipos en relación a la vejez y a la discapacidad

9/ Reconocer la heterogeneidad de las personas mayores y personas con discapacidad

Valoramos como imprescindible erradicar los estereotipos que forjan una visión distorsionada, negativa y uniforme sobre las personas mayores y la vejez: discursos que se repiten incluyendo en el mismo “saco” de las personas mayores a un amplio grupo con características y necesidades muy diferentes: Unas son totalmente autónomas y entre otras tareas, asumen el cuidado de sus madres, padres y nietos, mientras que otras se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad y con necesidad de cuidados y protección. El mero hecho de haber cumplido cierta edad no las hace iguales.

Algo similar sucede también en relación a las personas con discapacidad, que frecuentemente son nombradas por sus patologías o déficits, lo que conduce a etiquetarlas en categorías vinculadas a sus carencias o dificultades, obviando su singularidad, sus fortalezas, así como su capacidad de contribución a la sociedad.

10/ Promover un trato digno basado en los derechos y deberes

Necesitamos que las personas que precisan apoyos o cuidados reciban un trato de igualdad con el resto de la ciudadanía. Homogeneizar a través de términos como el “respeto” es muy peligroso. Todas las personas merecen respeto y trato digno, cualquiera sea su edad. No compartimos el lenguaje paternalista que apela a la lástima o a la obligación de devolver, como si de un favor se tratara, a “nuestros mayores”, a “nuestros abuelitos”, lo mucho que hicieron por la sociedad actual. Revisemos nuestra mirada y lenguaje colectivo sobre la vejez y la discapacidad eliminando la infantilización y la discriminación. Antes que nada, somos personas, con derechos y deberes.

Finalmente, los abajo firmantes concluimos la urgencia de:

Generar Modelos de Cuidados de larga duración

Esta crisis reitera la urgente revisión del actual modelo de atención a personas que precisan apoyos o cuidados para dar respuestas diversas, globales y ecosistémicas. Asimismo, el correspondiente escenario de financiación pública de los distintos servicios de apoyos y cuidados de larga duración, ha de ser revisado y mejorado, eliminando diferencias entre territorios.

Construir una sociedad de los cuidados

La situación actual puede convertirse en una oportunidad de lograr una mejora atención a las personas que la precisan, avanzando en la construcción de una sociedad de los cuidados, donde el reconocimiento, la participación y el apoyo a quienes son más vulnerables, necesariamente se conviertan en un compromiso y en una prioridad social central.

Los abajo firmantes (figuran por orden alfabético), apoyan este documento a título personal.

Asimismo, deseamos clarificar que ante la gran diversidad de representación del mundo asociativo hemos incorporado sólo a las organizaciones de personas mayores y de discapacidad de ámbito estatal. Desde el reconocimiento de la labor de otras muchas asociaciones y entidades de carácter autonómico y local, incluyendo las que realizan iniciativas de acción voluntaria en torno a las personas mayores o defienden sus derechos en calidad de familiares de afectados, invitamos a adherirse a esta declaración a todos quienes así lo deseen, enviando un correo donde se solicite la inclusión a esta lista inicial que por rapidez no se ha hecho más extensa, indicando: nombre, apellidos, profesión y centro/entidad de trabajo.

cambiomcuidadosesp@gmail.com

1. Abellán García, Antonio. Investigador. CSIC.
2. Amunarriz Pérez, Gerardo. Director General Matía Fundazioa.
3. Bermejo García, Lourdes. Dra. en Ciencias de la Educación. Consultora.
4. Bonafont Castillo, Anna. Enfermera. Profesora de Gerontología y Enfermería de la Facultad
de Ciencias de Salud y Bienestar. U. Vic.
5. Comas Herrera, Adelina. Care Policy and Evaluation Centre (formerly Personal Social
Services Research Unit, PSSRU). Department of Health Policy. London School of Economics
and Political Science.
6. De Lorenzo García, Rafael. Jurista. Profesor titular de Trabajo Social. UNED.
7. Díaz Aledo, Loles. Periodista.
8. Díaz-Veiga, Pura. Psicóloga. Investigadora. Matía Instituto.
9. Durán Heras, Mª Ángeles. Ex-directora Departamento Análisis Socioeconómico, CSIC.
Consultora
10. Fantova Azcoaga, Fernando. Consultor Social.
11. Goikoetxea Iturregui, Marije. Profesora de Ética. U. Deusto.
12. Hernández Gómez, Mercedes. Médica Atención Primaria.
13. Izal Fernández, María. Catedrática de Psicología. UAM
14. Kalache, Alexander. Ex-Director del Departamento de Envejecimiento y Curso de Vida de la
OMS. Presidente International Longevity Centre Brazil (ILC-Brazil).
15. Lacasta Reoyo, Juan José. Trabajador Social. Consultor Organizacional. Presidente de DHO.
16. Leturia Arrazola, Francisco Javier. Psicólogo.
17. Martín Lesende, Iñaki. Médico Atención Primaria.
18. Martínez Gómez, Juan Manuel. Geriatra. Presidente de CEOMA.
19. Martínez Lozano, Isabel. Presidenta de HelpAge España.
20. Martínez Maroto, Antonio. Jurista Gerontólogo.
21. Martínez Rodríguez, Teresa. Psicóloga Gerontóloga. Principado de Asturias.
22. Montorio Cerrato, Ignacio. Catedrático de Psicología. UAM
23. Ortega Cachón, Iñaki. Director de Deusto Business School.
24. Pérez Bueno, Luis Cayo. Presidente del CERMI.
25. Pinazo Hernandis, Sacramento. Profesora Titular de Psicología. U. Valencia. Presidenta
SVGG.
26. Ramos Feijóo, Clarisa. Profesora Dto. Trabajo Social y Servicios Sociales. U. Alicante.
27. Regato Pajares, Pilar. Médica Atención Primaria.
28. Ribera Casado, José Manuel. Catedrático emérito de Geriatría. U. Complutense.
29. Rodríguez Cabrero, Gregorio. Catedrático de Sociología de la U. Alcalá.
30. Rodríguez Rodríguez, Pilar. Gerontóloga. Presidenta Fundación Pilares para la Autonomía
Personal.
31. Sancho Castiello, Mayte. Psicóloga Gerontóloga.
32. Seoane Rodríguez, José Antonio. Catedrático de Filosofía del Derecho. U. da Coruña.
33. Tamarit Cuadrado, Javier. Psicólogo. Plena Inclusión España.
34. Tricio Gómez, Paca. Presidenta de UDP.
35. Vela Caudevilla, Juan. Trabajador y Educador Social. Presidente Federación Lares.
36. Villar López, Feliciano. Catedrático de Psicología del Envejecimiento. U. Barcelona.
37. Zalakain Hernández, Joseba. Director del SIIS.
38. Zunzunegui, Viki. Catedrática de Epidemiología. Escuela de Salud Pública, U. Montre

La angustiosa situación que se está viviendo en Italia y en España, y que probablemente se vivirá en un futuro inmediato en otros países europeos, nos obliga a hacer una reflexión sobre el porqué de la irrefrenable expansión del corona virus en Europa.

Evidentemente la gestión de la crisis de la pandemia en Italia, con un gobierno progresista, refleja que su gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias, aunque podría decirse en su descargo que fue el primer país europeo donde el problema se planteó con virulencia.
Después está el caso de España donde nuestro gobierno, también progresista, hizo el “tancredo”, frente a los peligros de la pandemia, fiándolo todo a la fortaleza y las bondades de nuestro sistema sanitario, sin aprender de las eficaces respuestas adoptadas en China, ni de los errores cometidos en Italia, mostrando una manifiesta falta de previsión.

Igualmente en el caso de Francia, aunque la incidencia actual de la pandemia no llegue a los niveles de Italia y España, su gobierno, en este caso conservador, tampoco se ha destacado por tomar medidas preventivas y las que ha adoptado, lo ha hecho tarde y obligado por las circunstancias y la situación que se está viviendo en España e Italia.

En el caso británico, con un gobierno radical conservador, se ha pasado de mantener una actitud incrédula absolutamente irresponsable, curiosamente como en EEUU, a adoptar a regañadientes medidas insuficientes que están muy lejos de afrontar con realismo la expansión de la pandemia en su país.

También Alemania, paradigma de la defensa de la austeridad, está sometida a una creciente expansión de la pandemia y aunque su incidencia,sobre todo, en el número de fallecidos sea menor que en los países delsur, tampoco fue capaz de adoptar medidas preventivas eficaces,sin aprender nada de la experiencia de China.

La primera y más evidente de las conclusiones que pueden sacarse del análisis del proceso de expansión de la pandemia del corona virus en Europa, es que la cabeza del llamado primer mundo está siendo absolutamente vulnerable a un fenómeno epidemiológico, algo que podría parecer paradójico por cuanto se trata de la cuna de la civilización, donde se concentra una gran parte de la riqueza y el desarrollo tecnológico del mundo. Y la segunda de las conclusiones, es que, en mayor o menor medida, el problema está afectando a la mayor parte de los países europeos con independencia del signo político de sus gobiernos.

Pero en realidad la incidencia de la crisis sanitaria en Europa, no tiene nada de paradójico porque claramente responde a la lógica, o más bien es una consecuencia, del modelo político y económico de la Unión Europea. La constatación de la falta, negligente o intencionada, de adopción de medidas preventivas de contención de la pandemia, cuando a mediados de enero saltó las fronteras de China, pone de manifiesta la ineficacia social del modelo de construcción europea.

La inacción generalizada de todos los gobiernos europeos, incluido el español, cuando a mediados de enero se constató la magnitud del problema del corona virus en China, no responde a una involuntaria o negligente falta de previsión, responde a una consciente voluntad de mantener a toda costa el modelo productivo y el desarrollo económico, salvaguardando así los intereses de quien realmente gobierna Europa, los lobbys empresariales y financieros. Ha sido la defensa a ultranza de los intereses económicos, por encima de los intereses de la ciudadanía, lo que ha propiciado la situación actual de la pandemia en Europa. La Europa del austericidio, representada por una clase política más sensibilizada con mantener el statu quo económico y los criterios de déficit, que por salvaguardar la salud de sus ciudadanos, es la única y verdadera responsable de la tragedia sanitaria que estamos viviendo y de sus dramáticas consecuencias sociales.

Y ante esto se ha constatado el fracaso de la reunión de jefes de gobierno de la Unión Europea, que se celebró el pasado 26 de marzo por video conferencia, y que fue incapaz de adoptar unas medidas económicas contundentes, solidarias y sobre todo unitarias, siendo los máximos representantes de la austeridad, los gobiernos de Alemania y Holanda, insensibles a las peticiones de los gobiernos de  España, Francia, Italia y Portugal, respecto a Ia necesidad de afrontar la crisis de la pandemia, de forma conjunta, mediante la emisión bonos de deuda pública europea, negándose radical e insolidariamente a adoptar cualquier propuesta en este sentido.

 

 

Desgraciadamente, hace mucho tiempo que Europa renunció a la construcción de la Nación Europea o de los Estados Unidos de Europa, y a día de hoy no representa más que un espacio de libre circulación de capitales, diseñado en exclusiva para garantizar el libre comercio, y losintereses de las entidades bancarias y los grupos financieros multinacionales. Y evidentemente todos los gobiernos de los países miembros, sean conservadores o progresistas, responden fielmente al mantenimiento de este modelo económico porque, sean del signo que sean, deben responder unívocamente al cumplimiento de unos principios retroliberales, que representan lo que en Europa se considera políticamente correcto, si no quieren sufrir el acoso y derribo que sufrió en su momento el gobierno griego de Sýriza hasta que se doblegó.

(Neoliberalismo es eltérmino acuñado positivamente por los defensores del modelo económico del llamado primer mundo, pero resulta más adecuado el termino Retroliberalismo por ser un término que refleja negativamente su carácter extremadamente reaccionario).

Si bien es cierto que no puede aventurarse en cuánto tiempo va a poder superarse la crisis de la pandemia en Europa, si puede aventurarse que la profunda huella que va a dejar en la ciudadanía va a provocar que cuando todo acabe nada volverá a ser igual.

La percepción de la necesidad prioritaria de invertir lo necesario para mantener unos servicios públicos potentes y de calidad, sobre todo la Sanidad, es algo que está calando de forma generalizada en los ciudadanos europeos, demasiado acostumbrados a contemplarsu liberalización y privatización. Probablemente, será difícil que después de la pandemia la ciudadanía renuncie a la sanidad pública, y no se rebele ante cualquier intento de recortar las inversiones.

Igualmente, crece la percepción de impotencia de los ciudadanos europeos ante las consecuencias sociales que está provocando la pandemia y el temor a que, cuando ésta se supere, sus gobiernos y la Unión Europea vayan a comprometerse a recuperar la economía con un criterio social, garantizando el empleo y unas condiciones de vida digna para todos. Probablemente la conflictividad social se generalice en toda Europa, obligando a sus domesticadas organizaciones sindicales a ser la vanguardia de la lucha contra la austeridad.

Y seguramente, también cambiará la percepción de los ciudadanos europeos respecto a la clase política, en general, y a los partidos de sus respectivos países, en particular. En este sentido, resulta evidente que la extrema derecha intentará capitalizar la situación postcrisis, exacerbando los sentimientos nacionalistas xenófobos y antieuropeos, pero radicalmente retroliberales; corresponde a la ciudadanía europea afrontar su futura participación política desde el aprendizaje de la mejor enseñanza del confinamiento, al que ya está siendo sometida o se verá sometida próximamente, la “solidaridad” entre la gente que lo está pasando mal, la solidaridad que hoy une al pueblo español y al pueblo italiano con el pueblo francés, el pueblo griego o el pueblo portugués.Si aprendemos la lección, la extrema derecha y la derecha, retroliberales, reaccionarias e insolidarias, poco futuro político deberían tener, cuando la situación se supere.

Incluso si, finalmente, los países ricos del norte de Europa, encabezados por Alemania y Holanda, asumieran la catastrófica situación a la que están abocados buena parte de los países europeos, incluidoslos que representan la segunda, la tercera y la cuarta economía de la zona euros, ‐ Francia, Italia y España ‐, y aceptaran la adopción de medidas keynesianas de guerra, aviniéndose a la emisión de deuda pública europea, tal y como recomienda el banco central europeo, y algo por cierto bastante improbable a día de hoy, la magnitud de la crisis socio económica que se avecina es de tal magnitud que, seguramente, no baste con la aplicación de las recetas keynesianas, y sea preciso afrontar la recuperación económica con criterios sociales, garantizando unos servicios públicos que den respuesta a los problemas de subsistencia que se ciernen sobre una buena parte de la población europea, afrontando la estatalización de determinados sectores estratégicos de la economía, como las empresas energéticas, las farmacéuticas, las biomédicas y las infraestructuras, de forma que en el futuro los gobiernos puedan contar con los medios adecuados para afrontar crisis de este tipo, sin depender de los intereses económicos de los lobbys empresariales.

Resulta evidente que el futuro no está escrito, pero la ciudadanía europea cuenta hoy y ampliará mañana, cuando se supere la crisis, con los datos suficientes para poder evaluar a sus políticos y al proyecto de construcción europea, constatando la insolidaridad del modelo y la ausencia de principios sociales, que garanticen un modelo fiscal único, un salario mínimo europeo, unos servicios públicos de cobertura para toda la Unión Europea y una carta única de derechos y prestaciones sociales.

Por eso hoy más que nunca todos los que creemos en la construcción de una Nación Europea de ciudadanos libres e iguales, alcemos nuestras voces para decir “BASTA”

Ha llegado la hora de luchar por un modelo que construya la Europa de los Ciudadanos, que garantice gobiernos que prioricen el bienestar de los pueblos, y de rebelarse contra el modelo imperante de la Europa de los Capitales Financieros, desplazando a gobiernos que vienen demostrando su insensibilidad social y su servilismo con los poderes económicos. Es hora de abordar, con la redacción de un texto constitucional, la construcción de una nueva Europa, una Europa de los Pueblos al servicio de sus ciudadanos y no al servicio de los bancos y los fondos buitres.

Ha llegado la hora de plantarse y de poner en su sitio a los responsables políticos de los recortes, del desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos, sean alemanes holandeses o españoles, cuya responsabilidad en la falta de medios humanos y materiales para abordar la pandemia es muy grave e innegable.

Ha llegado la hora de superar el bloqueo insolidario y mezquino de Alemania y Holanda, y de que la ciudadanía de Grecia, Italia, Francia, España y Portugal, obligue y apoye a sus respectivos gobiernos a hacer frente a las amenazas de los “austericidas del norte”, estableciendo unilateralmente sus respectivos límites de déficit, en función de sus necesidades, y coordinando sus emisiones de deuda con un bono euromediterráneo.

Ha llegado la hora de abordar e impulsar una alianza estratégica de los gobiernos de los países europeos del Mediterráneo, que con más de 195 millones de habitantes y representando el 42,70% del PIB europeo, que le eche un pulso a los países ricos del norte para romper de una vez con la hegemonía económica impuesta por los gobiernos alemán y holandés, cuyos países representan algo menos de 90 millones de habitantes y el 30,80% del PIB europeo. Será mayoritariamente responsabilidad del gobierno alemán si el proyecto europeo corre el peligro de resquebrajarse, y haría bien en sopesar los riesgos que para su economía, altamente dependiente de las exportaciones industriales a la zona euro, podría suponer la ruptura con los países mediterráneos, después de lo que le va a suponer a su sector industrial la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tras materializarse el Brexit. Incluso en el caso de que se impusieran sus tesis, sin resistencia por parte de los países del sur, debería sopesar las consecuencias para su economía en un escenario en el que unos países empobrecidos, abocados a una brutal caída de su capacidad de consumo, lastrarían igualmente su capacidad exportadora, y por ende, sus necesidades productivas.

Convirtamos el confinamiento en un instrumento para la reflexión y la rebeldía, aprovechémoslo para que en el futuro, después de que juntos superemos solidariamente la pandemia, afrontemos la nueva situación con la firme voluntad de que es posible otra Europa, más humana, más justa y más solidaria; depende de todas y todos nosotros.

José María Sánchez Ródenas (Anonimous Rebellis)
Arquitecto Urbanista

El capital financiero transnacional está funcionando como una bomba aspirante de las riquezas producidas por el trabajo a escala mundial, que de esta manera se concentran en pocas manos.

I. Según las épocas, las culturas, las civilizaciones y la situación económico-social, el “problema”  que significan los viejos, se “resuelve” de distintas maneras.  Algunos pueblos nómades dejaban  a los viejos al borde del camino y ciertos pueblos sedentarios   los  llevaban lejos del poblado y los abandonaban con un poco de comida y agua.  Pero también en todas las épocas, distintos pueblos, reconociendo las virtudes propias de la ancianidad, como la experiencia y la sabiduría, han cuidado y respetado a los viejos.

Las sociedades modernas inventaron las jubilaciones, con sistemas diversos que van desde asegurarles un mendrugo a los viejos cuando ya no pueden trabajar más y están a las puertas del cementerio (si no murieron antes en su puesto de trabajo) hasta proporcionarles una remuneración relativamente confortable cuando todavía pueden disfrutar un poco de la vida, descansando y/o ocupándose de las cosas que les interesan.

II. Pero desde hace unos cuantos años hay una ofensiva generalizada contra la seguridad social.

La explicación es que como  resultado de la concentración y acumulación del capital, tuvo lugar a la formación de grandes oligopolios y monopolios cuya base financiera se consolidó desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la fusión del capital industrial y el capital bancario.

La hegemonía actual del capital financiero es el resultado de un cambio profundo de la economía mundial a partir del decenio de 1970, momento que marca el fin del Estado de bienestar, caracterizado por la producción en masa y el consumo de masas, impulsado este último por el aumento del salario real, y por la generalización de la seguridad social y de otros beneficios sociales. Es lo que los economistas llaman el modelo “fordista”, de inspiración keynesiana, caracterizado en la producción por el trabajo en cadena (taylorismo), iniciado en Estados Unidos y que se extendió a Europa sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.

El agotamiento del modelo del Estado de bienestar obedeció a varios factores entre los que cabe destacar dos: la reconstrucción de la posguerra, que sirvió de motor a la expansión económica,  llegó a su término y  el consumo de masas tendió a estancarse o a disminuir lo mismo que los beneficios empresarios. También incidió el “shock” petrolero de comienzos de los años  70.  Para dar un nuevo impulso a la economía capitalista y revertir la tendencia decreciente de la tasa de beneficios, se hizo necesario incorporar la nueva tecnología (robótica, electrónica, informática) a la industria y a los servicios y eso requirió grandes inversiones de capital.

Alguien tenía que pagar la factura. Comienza entonces  la época de la austeridad y de los sacrificios (congelación de los salarios y de las jubilaciones, empeoramiento  de las condiciones de trabajo, aumento de la desocupación, deterioro de los servicios públicos, etc.) que acompañaron a la reconversión industrial. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica en los países más desarrollados impulsó el crecimiento del sector servicios y se produjo el desplazamiento de una parte de la industria tradicional a los países periféricos, donde los salarios eran –y son- mucho más bajos.

III. Con la incorporación de las nuevas tecnologías la productividad aumentó enormemente, es decir que con el mismo trabajo humano la producción pasó a ser mucho mayor.

Se abrieron entonces dos posibilidades: o se incitaba el consumo de masas de los bienes tradicionales y de los nuevos bienes a escala planetaria con una política salarial expansiva, una política social al estilo del Estado de bienestar, se reducía la jornada de trabajo en función del aumento de la productividad para tender a una situación de pleno empleo y se reconocían precios internacionales equitativos a las materias primas y productos de los países pobres, o se tendía a mantener y a aumentar los márgenes de beneficio conservando bajos los salarios, el nivel de ocupación y los precios de los productos de los países del Tercer Mundo.

La primera opción hubiera sido factible en un sistema de economías nacionales, en las que la producción y el consumo se realiza fundamentalmente dentro del territorio y entonces  es posible el pacto social de hecho entre los capitalistas y los asalariados en tanto consumidores. Pero en el nuevo sistema “mundializado” la producción se destina a un mercado mundial de «clientes solventes» y ya no interesa el poder adquisitivo de la población del lugar de producción.

En las condiciones de la mundialización acelerada, los dueños del poder económico y político a escala mundial con su visión de «economía-mundo» y de «mercado global» apostaron a la segunda alternativa (bajos salarios, bajos niveles de ocupación, liquidación de la seguridad social, precios bajos para las materias primas, etc.) para elevar su tasa de beneficios.

Esta opción tuvo como consecuencia acentuar las desigualdades sociales en el interior de cada país y en el plano internacional. La idea de servicio público y de un derecho irrevocable a los bienes esenciales para vivir con un mínimo de dignidad, fue  reemplazada por la afirmación de que todo debe estar sometido a las leyes del mercado ([1]).

Predominaron  entonces  tasas de crecimiento económico bajas, a causa de que un mercado relativamente estrecho imponía límites a la producción y surgió el fenómeno de las grandes masas de capitales ociosos puesto que no podían ser invertidos productivamente.

IV. Pero para los dueños de dichos capitales (personas, Bancos,instituciones financieras) no era concebible dejarlos arrinconados sin hacerlos fructificar.

Es así como el papel de las finanzas al servicio de la economía, interviniendo en el proceso de producción y de consumo (con créditos, préstamos, etc.) quedó relegado por el nuevo papel del capital financiero: producir beneficios sin participar en el proceso

Este último aspecto se concreta básicamente de dos maneras.

Una consiste en que  los inversores institucionales gestores de fondos de pensiones,  las compañías de seguros, los organismos de inversión colectiva y los fondos de inversión compran acciones de  sociedades industriales, comerciales y de servicios ([2]).  Esos grupos financieros pasan a  intervenir así en las decisiones de política de las empresas con el objeto de que su inversión produzca la alta renta esperada, imponiéndoles estrategias a corto plazo. Y la otra manera en que crece el papel del capital financiero especulativo es que los grupos financieros (fondos de inversión, etc.) invierten en la especulación (por ejemplo con los llamados productos financieros derivados) y lo mismo hacen las  empresas industriales, comerciales y de servicios con  parte de sus beneficios, en lugar de hacerlo en la inversión productiva.

Así se generalizó la práctica de obtener  beneficios creando productos financieros o adquiriendo los ya existentes y haciendo con ellos  operaciones especulativas.

Además de los productos financieros tradicionales (acciones y obligaciones) se crearon  muchos otros. Entre ellos los   productos financieros  derivados, que  son papeles cuyo valor depende o «deriva» de un activo subyacente y  que se colocan con fines especulativos en los mercados financieros. Los activos subyacentes  pueden ser un bien (materias primas y alimentos: petróleo, cobre, maíz, soja, etc.), un activo financiero (una moneda) o incluso una canasta de activos financieros. Así los precios de  materias primas y de  alimentos esenciales ya no dependen sólo de la oferta y la demanda sino de la cotización de esos papeles especulativos  y de ese modo los alimentos pueden aumentar (y aumentan)  de manera inconsiderada en perjuicio de la población y en beneficio de los especuladores.

Por ejemplo cuando se anuncia que se fabricarán  biocarburantes  los especuladores “anticipan” que el precio de los productos agrícolas (tradicionalmente destinados a la alimentación)  aumentará y entonces el  papel financiero (producto derivado)  que los representa se cotiza más alto,   lo que repercute en el precio real que paga el consumidor por los alimentos.

Las inversiones en  productos financieros implican diversos niveles de riesgo. Con la esperanza de cubrir dichos riesgos se  han inventado una compleja serie de  productos financieros que inflan cada vez más la burbuja  y la alejan aun más de la economía real.

Chesnais escribe:

…”los inversores financieros, como así también los bancos centrales creyeron tener finalmente una técnica milagrosa que garantizaba al sistema bancario contra el riesgo: la titulización generalizada. ¿Qué es esta titulización (en francés “titrisation”, aunque la expresión original en inglés es “securitization”)? Pues consiste en “transformar las acreencias en manos de establecimientos de crédito, sociedades financieras, compañías de seguros o sociedades comerciales (las cuentas-cliente) en títulos negociables”. Estos títulos tienen nombres estrafalarios pero es obligado mencionarlos. Están en primer lugar los RMDS (Resiential Mortgage Backet Securities), adosados a los préstamos inmobiliarios. Se encuentran luego los CDS (Credit Default Swaps), derivados de crédito que conllevan la transferencia con intereses y elevadas comisiones del riesgo ligado a la posesión de obligaciones de empresas (estos CDS eran instrumentos de cobertura de riesgo, pero pasaron a ser instrumentos de colocación especulativa). Están finalmente los CDO (Collateralized Debt Obligations), que son “títulos derivados de títulos” que suponen dos operaciones sucesivas de titulización y una total opacidad sobre la composición del “producto sintético” ([3]).

Michel Drouin, por su parte, escribe:

«El desarrollo de los flujos de capitales internacionales, impulsado por la desregulación y la descompartimentación casi general de los mercados financieros, hizo de los años 80 el decenio de la mundialización financiera… Las operaciones financieras, cuyo volumen estaba ya desconectado del volumen de las transacciones en bienes y servicios, se hicieron autónomas, es decir movidas no por la lógica de las transacciones corrientes sino por la de los movimientos de capitales. La esfera financiera basó su desarrollo sobre ella misma a partir de la búsqueda de un beneficio surgido de la variación de los precios de sus propios instrumentos. El carácter especulativo de esta lógica de crecimiento permite hablar del surgimiento de una economía internacional de la especulación» ([4]).

Con esta «economía internacional de la especulación»,   se aceleró la acumulación de grandes capitales en pocas manos a expensas sobre todo de los trabajadores, de los jubilados y de los pequeños ahorristas.

En el caso de las participaciones del capital financiero (fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión, bancos, etc.) en industrias y servicios, la elevada renta que exigen y obtienen dichos capitales está fundada en la degradación de las condiciones de trabajo en esas industrias y servicios. Es bien conocido el fenómeno de que cuando una empresa anuncia despidos sus acciones suben.

Estas fueron las formas en que el capital transnacional mantuvo y mantiene una alta tasa de beneficios y un acelerado ritmo de acumulación y concentración a pesar del crecimiento económico lento y de la existencia de un mercado restringido ([5]).

La base permanente de la economía capitalista es el capital productivo, sin el cual el capital financiero no podría existir.

Por esa razón el gran capital  transnacional no sólo  desempeña el  papel principal en el sistema financiero   sino que participa en  actividades productivas en las esferas más diversas: desde la extracción de materias primas hasta la prestación de toda clase de servicios (Bancos, seguros, salud, comunicaciones, información, fondos de pensiones, etc.) pasando por la producción de una gran variedad de mercancías: bienes de consumo inmediato como los alimentos, bienes durables como automóviles, etc. y también en la esfera de la investigación en todos los órdenes, especialmente en la tecnología avanzada: electrónica, ingeniería genética , etc.

La enorme acumulación de beneficios por parte del capital financiero parasitario se pretende justificar con teorizaciones acerca de que el dinero y otros  productos financieros son creadores de valor.

Pero el problema es que el dinero no es un valor sino que representa un valor. Y que el valor se crea sólo en la economía real  y el dinero por sí mismo no puede generar valor y producir beneficios.

De modo que a la tradicional expropiación del fruto del  trabajo que practica el capital en el proceso de la economía real (obtención de plusvalía), se  ha venido a sumar la que realiza el capital financiero especulativo sin participar en dicho proceso.

1. V. Una de las formas  que permiten al capital financiero transnacional  apropiarse en forma parasitaria del fruto del trabajo ajeno, es decir sin intervenir en el proceso productivo, son la privatización de la seguridad social, de la que se han hecho cargo fondos privados de pensiones, la sustitución de parte del salario o de otras remuneraciones de que es acreedor el personal de las grandes empresas por acciones o por opciones sobre acciones de la misma empresa (stock-options), etc., que son distintas formas de robar o estafar, como escribieron  los economistas Labarde y Maris ([6]).

Los asalariados, ante la perspectiva de tener una jubilación insuficiente  en el sistema público – que ya es una realidad  dadas las actuales políticas gubernamentales en la materia – tienden a poner lo mucho o poco que pueden ahorrar en los fondos privados de pensiones. Así engrosan el capital financiero especulativo por un lado y por el otro se someten al riesgo de perder sus ahorros.

Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.

Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase ([7]) .

En el caso de WorldCom, un pequeño ahorrista que en marzo de 2000 compró 10.000 dólares en acciones se encontraba en julio de 2002 con que sus acciones valían sólo 200 dólares (Despacho de AFP del 21/07/02 ).

Calpers, que administra el dinero de 1.300.000 funcionarios californianos , CalSTRS (687000 docentes del mismo Estado) y Lacera (132000 empleados de Los Angeles)  perdieron 318 millones de dólares a causa de la quiebra de WorldCom (más de 7 mil millones de dólares evaporados). El fondo de pensión de los funcionarios del Estado de Nueva York (112 mil millones de dólares de activos) perdió 300 millones de dólares en la quiebra de WoldCom.

Una situación similar se produjo también en algunas transnacionales basadas en otros países, como Vivendi y otras en Francia. La acción de Vivendi llegó a cotizarse a 141,60 el 10 de marzo de 2000 y valía sólo 9,30 el 16 de agosto de 2002.

En Grecia  se acumuló una enorme deuda por mala gestión, por pago de intereses muy elevados sobre las deudas y por compras desproporcionadas de armamentos. Grecia ocupó el quinto lugar en el mundo entre los  compradores  de armas convencionales en  el periodo 2005-2009. El 31% de esas armas las compró a Alemania, el 24% a Estados Unidos y otro 24% a Francia, sus principales acreedores. La “troika” (la Comisión Europea , el Banco Central Europeo  y el Fondo Monetario Internacional) le impusieron   a Grecia “condicionalidades” consistentes en privatizar  buena parte del patrimonio nacional para recaudar miles de  millones  de euros destinados a pagar a los acreedores, le exigieron  congelar y en muchos casos bajar  los salarios y las jubilaciones y en general reducir considerablemente  los gastos sociales. Esto ocurrió durante el Gobierno “progresista” sometido a una brutal presión y continúa ahora con un gobierno conservador.

Todas estas quiebras, operaciones fraudulentas, escándalos financieros, fugas de capitales, etc., que han tenido lugar a la vista y paciencia (y con la complicidad) de los gobiernos, que no utilizaron los mecanismos de control de que disponen, significan un fenomenal despojo de recursos a enormes masas de la población y la concentración de dichos recursos en los grandes centros del poder económico-financiero transnacional.

En síntesis, el capital financiero transnacional está funcionando como una bomba aspirante  de  las riquezas producidas por el trabajo a escala mundial, que de esta manera se concentran en pocas manos.  Una de cuyas manifestaciones es lo que hemos llamado la ofensiva planetaria contra la seguridad social.

Los Gobiernos pueden tratar de engañar a la gente  de una manera u otra pero la realidad es que  se han sometido incondicionalmente a las reglas impuestas por el gran capital.  Con el aval   de  políticos,  economistas,   burócratas sindicales, etc., que tienen amplio acceso a los grandes medios de comunicación.

Rige entonces una “lógica económica” propia del sistema capitalista en su estado actual,  que consiste  en despojar sistemáticamente  a las grandes mayorías:   trabajadores,  jubilados, desempleados, parados por enfermedad, etc. en beneficio exclusivo de una ínfima minoría  de grandes capitalistas y especuladores.

En lo que se refiere a los jubilados, su situación se asemeja a los tiempos en que dejaba a los viejos lejos de los poblados con un   poco de comida y agua.  Y  la gran mayoría de los  trabajadores  se encuentran  en condiciones similares a  la esclavitud,   pues se les paga  un salario que alcanza apenas  para sobrevivir  a cambio de estar prácticamente todo el tiempo a disposición del empleador, pues la jornada laboral se ha vuelto elástica y el tiempo realmente  libre ha pasado a la categoría de un sueño inalcanzable.

Esta ofensiva planetaria contra la seguridad social y los derechos de los trabajadores  no es coyuntural y temporaria, como pretenden o creen algunos,  sino que es inherente al sistema capitalista en su estado actual y es  – mientras el capitalismo perdure- irreversible, estructural y permanente .

Notas:

[1] En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (documento E/CN.4/Sub.2/2002/9 de 25 de junio de 2002) se dice, con referencia al comercio de servicios que una inversión privada extranjera puede producir como resultado el suministro de servicios de dos niveles, uno para sanos y ricos y otro para pobres y enfermos, la pérdida de personal especializado en los servicios públicos, una excesiva insistencia en los objetivos comerciales a expensas de los objetivos sociales y un sector privado cada vez más amplio y poderoso que puede amenazar la función del gobierno como principal responsable de los derechos humanos (pàgina 3 de la versión en español).

[2] Los fondos de inversión colectan fondos provenientes de los fondos de pensiones, de empresas,  compañías de seguros, particulares, etc, y los emplean  en la compra de empresas industriales, comerciales o de servicios, que conservan si son muy rentables o por razones estratégicas  o si son deficitarias o poco rentables, las “sanean”  despidiendo personal y luego las venden con un margen de ganancia considerable. Las compras las realizan utilizando el llamado Leverage Buy-out (LBO) que podría traducirse como “operaciones con efecto de palanca”, que consiste en financiar la compra con una parte de capital propio (generalmente el 30%)  y otra parte (el 70% restante)  con préstamos bancarios, garantizados con el patrimonio de la empresa adquirida. Se estima que los fondos de inversión disponen en el mundo de unos 350 mil millones de dólares para invertir y que sólo en Europa recogieron en 2005 setentidós mil millones de dólares de fondos de pensiones  y de grandes fortunas.

[3] François Chesnais, El fin de un ciclo. Alcance y rumbo de la crisis financiera. Publicado  en castellano en Herramienta Nº 39, Buenos Aires, octubre 2008 y en francés en Inprecor Nº 541-542, Paris, septiembre/octubre 2008.

[4] Michel Drouin, Le système financier international, Edit. Armand Colin, Paris, enero 2001

[5] En un artículo publicado en el diario   Le Monde  del 5-6/9/2004  ( Eric Le Boucher, Les multinationales sur leur tas d’or– Las multinacionales sobre su montón de oro)  se dice que ningún acontecimiento –guerras, atentados, etc.-  hace disminuir los beneficios  de las sociedades transnacionales sobre sus fondos propios: 15% en los Estados Unidos, 12 % en Francia. A ese fin, todos los medios son buenos para bajar los costos en caso de necesidad.  En total 374 empresas del índice Standard &Poors tienen en sus cofres 555 mil millones de dólares de reservas. Esas reservas aumentaron un 11% en 2004 con relación a 2003 y, a pesar de la recesión de 2001, se duplicó desde 1999, según la revista  Bussines Week. Bouygues, Exxon, Intel y British Telecom han recomprado masivamente sus acciones para hacer subir su cotización. Es un fenómeno mundial. El resultado es que los medios financieros de las empresas superan a sus necesidades y la tasa de su autofinanciación aumenta: 115% en Estados Unidos, 110% en Alemania y 130 % en Japón… Las empresas podrían aumentar los puestos de trabajo y los salarios, pero no es el caso…

[6] Philippe Labarde y Bernard Maris, La bourse ou la vie, la grand manipulation des petits actionnaires, edit. Albin Michel, Paris, mayo 2000. Véase también Michel Husson, Les fausses promesses de l’épargne salariale, en Le Monde Diplomatique, febrero 2000 y Whitney Tilson, Stock options, perverse incentives, en www.fool.com/news/foth/2002/foth020403.htm, 03/04/02.

Fuente: Diario Digital ElPaís Costa Rica

 

Por Alejandro Teitelbaum 

JON GORROTXATEGI

 

Bueno vamos a ser positivos. Desde la Cumbre de la Tierra y a pesar de todas las reuniones de la COP, de todos los protocolos, acuerdos y mecanismo de mercado, etc, las emisiones de CO2 no han hecho sino aumentar. Ahora mismo, gracias al Coronavirus, se ha demostrado que es posible poner en marcha su disminución radical en torno al 7% anual. Con una condición: reducir la producción y el transporte.

Evidentemente, el Coronavirus no es fruto de ninguna decisión, de ningún plan: reduce las emisiones a ciegas, lo que conlleva a exacerbar las desigualdades y de la precariedad social. En concreto, en los países más pobres y en detrimento de los sectores más débiles de la población. Esto puede conducir a la penuria de bienes de primera necesidad. Por tanto, solo la gente reaccionaria y/o cínica puede alegrarse del impacto climático de la epidemia.

Pero en cualquier caso, este caso permite abrir algunas interrogantes. Veamos:

• ¿Por qué la reducción a ciegas de la producción y del transporte [provocada por el Covid.19] no podría abrir la puerta a una reducción consentida y planificada, comenzando por los productos inútiles y dañinos?
• ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras afectados por la supresión de esas producciones inútiles y dañinas (por ejemplo las armas) no podrían tener garantizado su salario y su reconversión colectiva en empleos social y ecológicamente útiles y gratificantes?
• ¿Por qué la globalización dictada por la maximización del beneficio en las cadenas de valor de las multinacionales no debería ser sustituida por una cooperación decolonial basada en la justicia social y climática?
• ¿Por qué el agronegocio destructor de la biodiversidad y de la salud, que favorece la propagación de virus, no debería ser sustituido por la agroecología que proteja a la vez la salud de los seres humanos y de los ecosistemas, a la vez que da sentido al trabajo?

Resulta evidente que estas alternativas –y otras que van en la misma dirección- no pueden materializarse más que a través de un cambio político radical. En efecto, bien sea en relación al Coronavirus o ante el cambio climático, la respuesta de los gobiernos, a grandes rasgos, viene siendo la misma: negar de facto las leyes de la naturaleza (la propagación del virus en un caso y el efecto acumulativo de CO2, en el otro), correr detrás de los hechos para no distorsionar la carrera por el beneficio y, después, extraer de su propia negligencia le pretexto para medidas socialmente regresivas acompañadas de un nuevo giro autoritario.

Gracias a este maldito Coronavirus hoy vemos claro que un cambio político radical tiene que contar con dos componentes:

• Por una parte, medidas anticapitalistas. Medidas que son indispensables para poner fin a la dictadura que la ley del beneficio ejerce sobre la sociedad. No voy a desarrollarlas en detalle. Señalemos simplemente lo siguiente: frente a la epidemia del Coronavirus, el problema clave está claramente en la subordinación de la política sanitaria a los intereses capitalistas, así como a la libertad total con la que los capitalistas se pueden beneficiar de la epidemia (especulando o acaparando stocks de materiales y productos, por ejemplo). La socialización de la industria farmacéutica es un eje importante para una política alternativa. Del mismo modo, frente al cambio climático, un eje importante e insoslayable es la socialización del sector de la energía. En ambos casos, esta socialización debe ir acompañada de la socialización de las finanzas que son las tiran de los hilos.
• Por otra parte, medidas de democracia radical. Una epidemia no se puede combatir sin la participación de la población; y la mayoría de la población no tomará parte en un política neoliberal-autoritaria que agrave las desigualdades. Ocurre lo mismo, y en una dimensión mayor, en relación al cambio climático: el enorme cambio de estructura y de comportamientos necesarios para limitar la catástrofe no se pueden llevar a cabo sin que participe la población, y la mayoría de la población no tomará parte en una política neoliberal-autoritaria que agrave las desigualdades. Al contrario, puede estar de acuerdo –¡e incluso entusiasmada!- con políticas restrictivas si las controla, cuya imperiosa necesidad entiende… si (y solo si) estas políticas mejoran radicalmente las condiciones de existencia y dan sentido a su existencia colectiva.

Este segundo punto es capital (¡no es un juego de palabras!), sobre si se lleva a cabo como es necesario –en su dimensión Norte-Sur-, es decir en una dimensión decolonial –y en su dimensión de género-, es decir, desde el punto de vista de la emancipación de las mujeres y de LGBTQ. Efectivamente, el discurso ecológico se construye a menudo en base a la afirmación de que los cambios drásticos precisan de un poder fuerte, dándose una muy peligrosa potencial convergencia objetiva con la derecha y la extrema-derecha (convergencia que se pone de manifiesto también en la izquierda populista). Ahora bien, lo que es cierto, tanto en relación a la epidemia como en relación al cambio climático, es justamente lo contrario: los cambios drásticos no se pueden plantear más que a través de procesos democráticos radicales (por consiguiente, también antirracistas, antisexistas, antihomófobos, etc.). Para que el desafío sea asimilado, para comprender sus causas profundas y discutir las medidas a adoptar y su ejecución colectiva, se precisa de la más amplia democracia.

Visto así, finalmente, el Coronavirus podría tener efectos ideológicos positivos, ecosocialistas, ecofeministas y decoloniales. Lástima que sea al precio de una fuerte epidemia.

Daniel Tanuro Bueno,

Traducción: viento sur

Próximos a cumplir un mes desde un estallido social sin precedentes en la democracia chilena, donde miles o millones se han volcado a las calles producto de una ola de violencia comprimida, visceral y desatada por decisiones e ineptitudes políticas, francamente, alarmantes y donde hoy, diez de noviembre, cientos de personas han sido mutiladas llegando a tener un triste récord a nivel mundial: más de 200 personas han recibido daño en sus ojos, miles han sido detenidos; torturados, vejados y se teme que existan o estén, muchos de ellos, desaparecidos. Y ya van cerca de 40 personas muertas desde el inicio de nuestro triste y, a estas alturas, célebre octubre rojo.

Luego de que se estimara un alza de $30 pesos chilenos ($US 0,040) a la tarifa adulta del metro tren del gran Santiago de Chile y tras una serie de declaraciones de autoridades de gobierno que, a lo menos, fueron desafortunadas en donde la sorna, burla e ironía semántica fue la chispa que encendió la mecha de las manifestaciones evidenciando, de manera dramática, que no es solo el alza del pasaje del metro-tren santiaguino sino que son 30 años de una dormida idea de que Chile es un país modelo de desarrollo. Un país que hoy se despierta y pone en jaque a toda la estructura e instituciones adictas a un modelo que solo beneficia de manera morbosa a un porcentaje mínimo de la población, en una suerte de elite o cofradía que hoy ya no distingue sectores políticos y que les sitúa como una casta oligárquica cleptocrática absurda y fuera de contexto; o de tiempo. El paradigma del libre mercado en donde el agua, las pensiones, la salud, la educación, los recursos naturales primarios y el sistema político se ha convertido en un negocio y en un manejo de intereses enquistado en una cúpula que ha terminado segregando y, a la luz de los acontecimientos de las ultimas semanas, criminalizando la legitima protesta y manifestaciones públicas por una justa, y hoy más urgente que nunca, reivindicación social.

Provoca una profunda tristeza ver confrontaciones entre compatriotas. Observar una violencia desbordada y conocida; donde terminamos enfrentados, entre ciudadanos, pueblo contra pueblo y donde un mínimo sector, recluido dentro de sus privilegios desde su burbuja, permanecen contemplativos y lejanos. Incapaces, indiferentes, de pronto, porque no pueden empatizar con las demandas y derechos sociales, porque no los conocen. Dictan leyes y propuestas de una realidad que jamás han conocido o, de plano, olvidado su origen y quien les mandato representar ese poder.

Hoy, lo que se cuestiona es el modelo y que el Gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, multimillonario empresario ligado a la centro derecha chilena, se ha encargado de profundizar. Un gobierno en democracia que declara estado de excepción constitucional y que pone militares en las calles permitiendo una represión feroz, abriendo la herida de los capítulos más negros de nuestra historia. Un fantasma que creíamos olvidado y que resurge de la forma más cruenta y feroz. Y que hoy, se transforma en una democracia y un gobierno fallido.

Señor presidente, necesitamos una política integradora, sin soberbia. Que escuche y resuelva con la ciudadanía; no, contra ella. Hoy, en mi país, Chile; la democracia ha sido abofeteada cuando el fracaso de la gestión política no ha estado a la altura y se decide, destempladamente, militarizar la calle. Pareciera ser que nada aprendimos después de tanto dolor e injusticia.

En esta penumbra de una suerte de noche indeseada, seamos capaces de mirar más allá de nuestras narices y recordar. Coreábamos “Para que Nunca Más”, prometíamos jamás repetir u olvidar los horrores cometidos. Y aquí estamos, cuando compatriotas que ostentan responsabilidad de nuestras armas, las armas del estado, mis armas que permiten la defensa de la nación, son usadas para reprimir el anhelo de un país más justo. La prudencia olvidada solo será resarcida con la justicia desde un rencor que han fecundado de la manera más vil y brutal. Hoy el cántico resuena por el derecho de vivir en paz y por la justicia social.

Sí, ha existido un saqueo progresivo, desmedido, violento con el manejo de la minería y los escasos royalties a multinacionales nacionales y extranjeras, con la captura de los derechos de agua asociados; empresas forestales que han provocado un verdadero ecocidio en el centro y sur del país, industria subsidiada y alimentada para el enriquecimiento de sus dueños con el apoyo estatal que ha invadido zonas fértiles y expandido una suerte de desierto verde poniendo en riesgo y amenaza nuestro sur profundo, con un modelo impuesto y peligroso. Con una industria acuícola intensiva de alto consumo, con sanitarias que fallan continuamente. Súmenle leyes reservadas de fuerzas armadas, ley de pesca, etc.

El quiebre democrático promulgado por nuestro presidente, la sangre hermana derramada que ha interrumpido nuestra democracia y libertad, los muertos en aumento, cientos de ojos estallados e inservibles y un discurso violento (“Estamos en Guerra”) deja grabado en la historia que esa política que ha dispuesto militares en las calles y, una vez más, las armas del estado contra de su propio pueblo (lo que no sucedía desde 1987) reabre una herida increíble de imaginar en democracia.

No podemos obviar que, como se ha dicho, la mecha ha sido la burla constante desde el Olimpo de la política enquistada, adicta a los privilegios del poder. Poder, que es claro, no les gusta ni interesa compartir. Después de toques de queda y estados de excepción constitucional, vandalismo exorbitado, de restringida nuestras libertades individuales con las fuerzas armadas y de orden en las calles, de muertes de compatriotas y miles de heridos; necesitamos que nuestras autoridades, el presidente y políticos profesionales, aboguen por la paz, justicia social, protección ambiental, evolución económica, ya. No podemos permitirnos más ineptitud y errores políticos que solo contribuyen a agravar esta tremenda crisis y aumentan la distancia de la ciudadanía. Caos y militarización solo propone un pseudo dialogo de choque, inservible e infructuoso, de un ejército estatal armado en contra de su gente, de su propio pueblo. Yo no quiero mi ejército contra mi pueblo. Yo no estoy en guerra, estoy en paz y quiero un país más justo. Sin violencia, con participación y diálogo.

Las Fuerzas Armadas y de Orden deben aplacar a saqueadores, violentistas y anarquistas. Apresarlos, juzgarlos porque no comparten reglas base de la democracia. En ningún caso, pensar en infringir daño o dolor; desaparición o muerte por acciones derivadas de una crisis política y su mal manejo. Miles o millones de compatriotas, personas de todos los sectores que, de manera transversal, se manifiestan pacíficamente en distintas ciudades por un Chile mejor. No caer en el juego de la violencia es un permanente reto para todos. Lo que se busca es paz y justicia. Quiero democracia, no un estado fallido, frustrado o deprimido.

Con extrema humildad le pedimos a nuestros líderes, al ejecutivo, gobierno y oposición, que no queremos más muertes ni heridos. Basta de muertos y miradas mutiladas. Sus manos están, tristemente, manchadas de sangre. La brutalidad de convertir demandas sociales en una “guerra” inventada, en una especie de dictadura innecesaria, de un estado fallido supuestamente intervenido por fuerzas externas, no es la vía para una solución real y urgente. Chilenos/as con uniforme, no maten a su mismo pueblo cuando este se levanta, subyugado, cansado, con el corazón por delante buscando un país mejor, con una ciudadanía en movimiento clamando por mayor equidad. Con el canto de la paz y la libertad como verdadera arma de esperanza. Con las manos limpias, sin manchas de sangre.

Hoy me proclamo en un estado fallido, cuando se altera la democracia con las armas del estado dispuestas para la represión de conciudadanos y personas que legítimamente, sin armas y violencia, manifiestan en libertad su sentir en una guerra imaginaria cuando cientos de miles o millones en sus calles, en paz levantan su voz, por su país, sin miedo. Muchas veces, los medios masivos se quedan en desmanes de una minoría violentista que evidencia una nula capacidad de comunicarse siendo también urgente poder analizar los códigos de violencia y represión.

Levantar la voz, sin violencia, es una obligación. Buscando siempre la justicia y, sin descanso, para recuperar la libertad. Militar o policía, piensa y ve con tu familia. Regresa a tu cuartel. No levantes el fuego, las armas de todos, contra tu par. Objeta, resiste, rebélate. Gobiernos, basta de fallar en el juego de la política. Tiempo es para la humildad, no para el pedestal.

Siempre es bueno recordar que Democracia significa poder del Pueblo. La libertad se recupera en la calle. Los derechos no se regalan, se conquistan; en paz y en movimiento. Seamos capaces de levantar la mirada, asumir que el país cambió y volvamos a confiar. Siempre en paz, por la recuperación y mantención plena de nuestras libertades; y a la caza de nuestros derechos sociales. Agua, vida, salud, pensiones, recursos naturales, futuro, juventud, esperanza. Por la extinción de nuestra plutocracia económica política gobernante. Por un nuevo Pacto Eco Social y una democracia horizontal, ecológica; y una política ciudadana inclusiva y vinculante.

¿Seremos capaces de romper el paradigma, olvidar el modelo y proponer uno nuevo? ¿Más Eco que Antropocéntrico? ¿Será éste el punto de inflexión reconociendo que todo ha cambiado? Yo creo que sí.

Muchos intentan despolitizar el movimiento ciudadano, la protesta, el disentimiento cuando es, justamente, lo trascendental de la misma (protesta/manifestación social pacífica). El movimiento social sin precedente es, ante todo, un movimiento político ciudadano que desafía y obliga a una política ciudadana transformadora de las políticas públicas y del modelo económico.

Después de la marcha multitudinaria del 25 de octubre con millones en las calles, donde una minoría vandálica desenfocada no impide que el mensaje de la ciudadanía se imponga y escuche por todos, queda claro que la gente habló, demostrando que gobierno actual aún no sale de su letargo, estrés y shock, que todo este intempestivo movimiento ciudadano ha provocado. La “Marcha Más Grande de Chile”, a la que han seguido marchas de gran convocatoria, es porque se exigió que militares y policías regresarán a sus cuarteles; junto a sus familias. No queremos más muertes por armas del estado alzadas contra chilenas y chilenos en una guerra ficticia. Queremos paz y justicia.

Y desde la justicia nos preguntamos: ¿un carabinero o un militar no puede, si lo sintiera, participar de una marcha o protesta? Por cuidar su trabajo o intereses superiores, ¿no puede liberar su pensamiento? ¿pueden pensar por si mismos o empatizar con demandas sociales? ¿Puede alegar objeción de conciencia?

Existe tantos casos, tantas historias que comenzaran a rondar en el mundo. Como el caso de Lenny que fue baleado por policía pública y que no podrá sacarse los balines de su cuerpo. O el reciente caso de Gustavo, cegado por balinazos en sus ojos. Ciego con presupuesto estatal!

Cupulas contemplativas, enquistadas, paralizadas ante la verdadera voz, sin partidismos, dialoguemos del real saqueo; del caldo de cultivo que, junto a una política inepta, cambió un Chile que hoy clama por libertad, esa apreciada presencia arrebatada, de un golpe, a la democracia.

Si dejamos pasar esta tragedia, seguiremos repitiéndola como imbéciles, que llevamos el odio a nuestras ideas por querer un país mejor. La Unidad Social; democracia horizontal y política ciudadana como nueva vía es un derecho y una urgencia para ventilar a rancios del poder.

No podemos dejar de mencionar que ante todo el problema social es un problema ambiental, en donde aún tenemos que conversar cómo eliminamos las zonas de sacrificio, que hacemos o cómo enfrentamos que existan niños y adultos con metales pesados en su sangre. Donde líderes sociales, dirigentes y protectores de los derechos humanos son amenazados, criminalizados, perseguidos y “suicidados”.

A no dejarse engañar. El juego perverso del miedo, el desabastecimiento y la división es lo que nos ha llevado al odio. Seamos capaces de ver más allá. Rompamos el paradigma de un modelo arbitrario y fuera de tiempo. Aprovechemos la organización ciudadana con esperanza.

En estos días aciagos, cuando nuestra preciada libertad camina herida, tambaleante, casi derrotada y se descubren miserables; seguimos adelante quienes luchamos por justicia social y ambiental. Unámonos más que nunca por un futuro mejor y en paz. Solo la represión les queda cuando han perdido el control del miedo y el consumo. Ha no dejar de mirarnos a los ojos, amarnos y respetarnos en nuestras diferencias; y lo más importante, considerarnos todos y cada una de nosotros, como seres humanos. Al triste gobierno que nos conduce solo le queda el orden y la represión.

Rodrigo de la O

Vigilante Costero. Ong. Director 

Waterkeeper Chile

WKA Council Member. Latinoamerica Rep.

NOTA:

El equipo de redacción de Ametzagaña agradece el presente articulo

 

INTRODUCCIÓN.

Siguiendo en la negación del pan y la sal a la hora de acordar con UP un pacto de gobierno que garantizaría medidas sociales de izquierdas, el PSOE prepara ya el siguiente sainete presentando a bombo y platillo un paquete de medidas con el doble objetivo de que sirvan o bien como trágala para Unidas Podemos o bien como propaganda electoral de unas nuevas elecciones cuya campaña ya está empezando.

Intentaremos desglosar con objetividad las nuevas propuestas del PSOE en la parte que afecta a las pensiones de forma directa.

Para no pecar de ingenuos recordaremos que en el contexto actual, el ahora presidente de gobierno Sánchez prometió que cuando llegará al gobierno derogaría al día siguiente la reforma laboral y de SS del PP, la ley mordaza, publicaría la lista de los evasores de impuestos etc. Etc. Después de más de un año de gobierno nada de ello ha cumplido, las medidas que plantea ahora están redactadas de manera más inconcreta por tanto su fiabilidad aun es menor.

EN EL APARTADO ADECUACIÓN DEL SSS EN EL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO.

– Se propone blindar las pensiones en la Constitución.

Conviene aclarar este punto que puede confundir a muchos cuando quizá solo sea humo.

Las pensiones ya están garantizadas en el art. 50 de la CE que ordena garantizar pensiones públicas suficientes y periódicamente actualizadas. Cuando la Marea de Pensionistas pedimos el blindaje de las pensiones en la CE lo que reivindicamos es que se contemplen dentro del capítulo de derechos fundamentales. Hay que recordar que el PP-PSOE modIficaron con nocturnidad y alevosía el art. 135 de la CE para poner por delante de cualquier obligación presupuestaria del estado la garantía del pago a los acreedores de la banca y entidades financieras. Las pensiones sólo se pueden blindar si se ponen por delante del art. 135 de la CE y eso quiere decir como derecho básico de obligado cumplimiento dentro del capítulo de derechos fundamentales directamente exigible ante los tribunales si no se reconoce el derecho o se incumple.

TAL COMO LA PROPUESTA ESTA REDACTADA SOLO ES HUMO.

De otra parte de lo que se trata es de blindar pensiones dignas revalorizables todas ellas con el IPC real, esto debe ser diáfano de lo contrario podría ser que los gobiernos dijeran que cumplen con un supuesto compromiso de blindaje aun estableciendo y pagando pensiones de miseria. LO DE PENSIONES DIGNAS EN LA PROPUESTA NO APARECE.

– Se propone eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de la reforma de Rajoy L 23/ 2013.

Este es uno de los incumplimientos del presidente del gobierno, el Sr Sánchez que ahora vuelve a proponer. Hay que recordar que el factor de sostenibilidad se creó en la Reforma Zapatero L 27/2011 La reforma de Rajoy lo que hizo fue adelantar su aplicación del año 2027 al año 20019 (luego retrasado al 2023 por la presión de la lucha de los pensionistas) por lo tanto si sólo se elimina de la reforma de Rajoy lo único que pasa es que el factor de sostenibilidad se retrasa en su aplicación al año 2027 pero no lo quitan, el redactado es una engañifa, respecto a derogar la congelación de revalorización de Rajoy, el 0,25 famoso es otra promesa de Sánchez que al no cumplirla hace que el 0,25 siga en vigor como espada de Damocles.

– Se propone subir las pensiones con el IPC real y más las menores y las no contributivas.

Tal como se fórmula aquí hay que empezar aplaudiendo porque se concretaría una de las reivindicaciones importantes de la Marea beneficiosa para todos los pensionistas, otra cosa es que si pasamos la lupa al contexto y a los antecedentes se nos puede helar la sonrisa.

En el primer pacto de gobierno PSOE-UP para la moción de censura a Rajoy esta medida ya estaba acordada. Una vez Sánchez formó gobierno donde dije digo, digo diego. El Secretario de estado para la SS Octavio Granados declaró que para subir las pensiones había que tener en cuenta el IPC pero también otras variables como la marcha de la economía, el gasto en pensiones y otros factores macroeconómicos, era su forma de buscar una fórmula para no aplicar el IPC, la ministra Valerio corroboró las declaraciones de su mano derecha diciendo lo mismo y esa fue la razón de que no hubiera acuerdo sobre este tema en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, ya que solamente la representante de UP mantuvo que las pensiones tenían que incrementarse siempre con el IPC real, el resto de partidos PP-PSOE-Cs-PDCAT-PNV sostenían buscar otra fórmula para no aplicar el IPC real.

El PSOE en su propaganda habla del IPC real pero para no aplicarlo remite el tema al PT donde defiende lo contrario, sabedor además que el posicionamiento de los expertos del PT (esos técnicos a sueldo de la banca) proponen reducir mucho esa expectativa. Las referencias a que estas propuestas se gestionen en el PT tiene el propósito de tirar pelotas fuera eludiendo su responsabilidad de aplicarlas como gobierno a sabiendas de que el resto de partidos liberales colaboraran en que la medida no prospere.

Cuando les interesa porque hay elecciones sacan un decreto ley y se apuntan el tanto cuando no quieren cumplir lo prometen y luego nombran una comisión o lo envían al Pacto de Toledo, lugar que por otra parte ha sido responsable de consensuar recorte tras recorte de las pensiones abriendo el paso al negocio de los bancos en las pensiones privadas.

– Plantea incrementar progresivamente las aportaciones del estado, redefinir fuentes de financiación, combatir el fraude y la economía sumergida.

Otra parrafada para no decir nada, es obvio que el estado tendrá que incrementar las aportaciones partiendo de las pensiones no contributivas, no concreta como mejorar las fuentes de financiación y es de Perogrullo la obligación del estado de combatir el fraude y la economía sumergida, otra cosa es que lleven décadas sin hacerlo y aprobando leyes y medidas administrativas para facilitar el trabajo precario la burla a las normas y el fraude sistemático.

– Propone revisar la cobertura de lagunas y la determinación de la BR de la pensión en la línea de minorar el gran perjuicio que la reforma de Zapatero infligió a las trabajadoras con carreras laborales más precarias e inestables.

Esta es la única medida que el gobierno de Sánchez acepta retocar un poco de la infame reforma de Zapatero de 2011, la cual penaliza la cuantía de las pensiones de jubilación contributiva más precarias por la parcialidad, intermitencia y precariedad vivida en los años de carrera laboral.

La Marea reivindicamos la derogación de la terrible reforma de Zapatero de 2011.  Excepto lo anterior que si se cumple saludaríamos el PSOE NO está dispuesto a dar marcha atrás en la jubilación a los 67 años, en la exigencia de 37 años cotizados, en el periodo de 25 años para calcular la pensión, en el tope a los complementos a mínimos que deja nuevas pensiones contributivas por debajo de las mínimas conocidas.

Para no alargar más en otro momento comentaremos las propuestas laborales que indirectamente nos afectan como pensionistas y directamente como clase obrera y que ya anticipamos que se mueven en la misma filosofía.

EL PSOE POR SI UP NO SE ARRODILLA YA HA COMENZADO LA CAMPAÑA ELECTORAL.

INFORMAR ES CRUCIAL.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN

Antonio Castán