Está claro que Patria, la novela de Fernando Aramburu, tocó la fibra sensible de mucha gente. Alguna vez me han preguntado qué me pareció. Lo dije en su momento y lo repito ahora. Es un libro magnífico, una novela de ficción basada en hechos que pudieron ser reales porque lo que se cuenta en sus páginas le sucedió a miles de personas que se vieron acosadas por el terror de ETA y su entorno. Patria no es un libro de historia. Cuenta la historia de dos familias, no la historia de ETA ni mucho menos la del País Vasco de las últimas décadas. Añado, además: cuenta la historia de dos familias en una pequeña localidad donde todos se conocen. Su acción no transcurre en ninguna de las tres capitales vascas donde la vida era muy diferente, sino en un pequeño microcosmos plagado de implicaciones familiares, de rumores, envidias e insidias. Y sobre todo, marcado por el miedo a una organización terrorista que actúa como un ejército en la sombra, una estructura que se nutre de las informaciones que le proporcionan sus reservistas, sus colaboradores, sus propios chivatos. Hombres y mujeres conocidos e incluso familiares y amigos (¿?) de las víctimas a las que persigue, extorsiona y extermina. En este sentido Patria no pretende explicar lo que fue el terrorismo en el País Vasco, sino cómo afectó a dos familias en un pueblo.

Desde su publicación Patria levantó ampollas, ampollas que no han dejado de brotar, de doler y reventarse supurando ese líquido infecto, pero liberador, necesario para que una herida comience a curarse. En su momento ya surgieron voces que tacharon a Aramburu de ser parcial, reduccionista y de observar la realidad vasca desde uno de los dos bandos en conflicto. La mayor parte de ellas procedían del nacionalismo, y no solo del que justificó a ETA. Otras, de una izquierda equidistante que buscó en un tercer espacio la cuadratura del círculo para no mancharse nunca, para permanecer en el burladero adecuado, pero siempre más cercano a los perpetradores que a las víctimas. Alguna vez he comentado y escrito que nunca hubo dos bandos, pero eso poco importa a quienes siguen hablando del “conflicto político”. Como digo, nunca los hubo. Solo ETA contó con un proyecto político detrás, con un sólido soporte social que legitimó sus acciones a lo largo de más de cinco décadas de historia. Frente a esa realidad no existió nada igual. Nunca hubo decenas de miles de personas en las calles de Bilbao o San Sebastián gritando “Vivan los GAL” ni pidiendo que matase. No lo hubo, ni tampoco una fuerza política que tratase de imponer su proyecto con el apoyo de una organización terrorista. Nunca hubo un grupo terrorista, salvo ETA, que pidiera el voto en cada nueva elección para una formación política. Como ocurre con cualquier novela, a uno puede gustarle o no el libro de Arámburu, criticarlo por su falta de ritmo narrativo, por la inconsistencia de sus personajes, por la falta de interés que despierta o simplemente porque está mal escrito. En mi opinión, no es el caso. Quienes se incomodan tras la lectura de Patria (en el caso de haberla leído), lo hacen por otros motivos. No nos engañemos. Sacuden al autor porque muestra una visión sobre la realidad de un pasado tan incómodo como real. Por eso no me sorprendieron las recientes acusaciones de plagio sobre la novela. Cualquiera que conozca los principios fundamentales que rigen en la creación de una obra literaria o de una investigación histórica (y ya digo, no es el caso, porque en un trabajo de estos se cita la fuente a pie de página) sabe identificar perfectamente entre un plagio y una acusación falsa sobre algo que no lo es. Hoy Fernando Aramburu contesta a esas acusaciones en El País y comparto por aquí su respuesta, que me parece muy razonada.

“Empezaré por la conclusión: no hay en mi novela Patria una sola frase que no sea mía. Las únicas excepciones son alguna letra conocida de canción, consignas coreadas en manifestaciones, pintadas en las paredes, alguna inscripción. Y en todos los casos figuran como tales y no como invenciones del autor.

En realidad, con lo dicho en el párrafo anterior debería dar por terminada cualquier explicación tocante a posibles copias o plagios; pero existen personas, a las que estimo, sobre las que se está intentando verter una sombra de duda acerca de mi honestidad.

Debe tenerse en cuenta que Patria, por razones que historiadores y sociólogos acaso alcancen a explicar, opera en muchas conciencias de nuestro tiempo, no solo de España, como verdad. No digo como la verdad o como la única verdad. Lo que afirmo es que un sinnúmero de lectores, olvidando que tienen en las manos una obra de ficción, le conceden rango de cosa ocurrida, de testimonio cierto, a la novela. “Así fue”, dijo en su día el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior en su momento.

Sorprendentemente dan síntomas de la misma lectura personas que aborrecen el relato por razones principalmente políticas y no cejan en su empeño de desvirtuarlo. Primero le buscaron incoherencias, gazapos, defectos de verosimilitud; ahora lo atacan por el lado precisamente de la verdad histórica: Patria contiene verdad, reconocen, pero el autor la ha copiado.

Patria es un libro con enemigos. Yo podría contar (cada cosa a su debido tiempo) ataques contra la novela que no han trascendido a la opinión pública.

El último, oportunamente tramado días antes del estreno de la serie de televisión, ha sido a las claras y se ha llevado a cabo desde eldiario.es. En líneas generales, se consignan similitudes entre las acciones del etarra Rekarte y las de mi personaje Joxe Mari, quien, como el anterior, también ingresa en ETA. Que, además, el malévolo periodista estableciera una comparativa entre los textos del libro del primero, escrito con prosa más o menos apañada por el periodista Mikel Urretavizcaya (cuyo nombre no figura en la cubierta), y mi novela ha dado lugar a no pocas mofas en redes sociales. La imputación insinúa el plagio. Como prueba de ello, el propio Urretavizcaya cuenta, con poco sentido del ridículo, que una vez se encontró conmigo en San Sebastián y me bloqueé. ¿Yo me bloqueé? Ahora me entero de que poseo la cualidad de bloquearme. Y en todo caso, si así hubiera sido, qué demuestra esto en relación con la tesis que él desliza en su artículo? Parece ignorar que su libro no es la única fuente de información relativa al etarra Rekarte. Jordi Évole le hizo una minuciosa entrevista que obtuvo en su día amplia difusión.

Toda novela basada total o parcialmente en hechos reales traza un recorrido paralelo a una realidad previa, a la que el novelista interroga de continuo

Tras la publicación de Patria he concedido entrevistas a diestro y siniestro. He hablado en foros donde con frecuencia se apretaban cientos de oyentes, en radios y cadenas de televisión de España y del extranjero, explicando con paladina claridad cómo me documenté para mi novela. Y, por si todo ello fuera poco, a petición de la editorial [Tusquets] escribí y publiqué un texto explicativo titulado Patria en el taller, difundido asimismo en la revista Gran Place y ampliamente citado por estudiosos de mi literatura. Con toda clase de detalles describí durante mis intervenciones públicas mis fuentes informativas, pero también la manera como incorporé los datos a la narración ficcional. Por supuesto que mencioné el libro de Rekarte, que calculando a ojo de buen cubero, habrá sido uno de los cincuenta, sesenta o más títulos que leí con el propósito de espigar datos reales que sirvieran para asentar la verosimilitud de mi relato, cosa propia de la literatura realista y de las novelas con trasfondo histórico.

Pero ya que he explicado esto cientos de veces, poco me cuesta hacerlo una vez más.

Toda novela basada total o parcialmente en hechos reales traza un recorrido paralelo a una realidad previa, a la que el novelista interroga de continuo. El conocimiento de dicha realidad puede estar en la memoria del propio escritor; pero esto entraña riesgos de error o de desmemoria, y no sirve para una narración de tipo coral. Pondré un ejemplo extraído de mi novela.

Patria es un libro con enemigos. Yo podría contar (cada cosa a su debido tiempo) ataques contra la novela que no han trascendido a la opinión pública.

En uno de los capítulos se narra el asesinato del concejal Manuel Zamarreño, asesinado por ETA el 25 de junio de 1998 en Rentería. En mi novela, todo lo relacionado con este hecho es de procedencia documental. Yo no estuve en el lugar de los hechos; por tanto, me tuve que documentar, para lo cual dispuse de libros, artículos de periódico, reportajes, etcétera. En la escena del crimen, la novela sitúa a dos personajes de ficción que se encuentran con Zamarreño delante de una panadería (escena inventada en un escenario real) y hablan con él poco antes que una bomba de ETA acabe con su vida. Así pues, en el pasaje en cuestión se produce una confluencia narrativa entre un hecho documentado y una escena inventada por el escritor. Esta técnica de narrar es antigua. Los Episodios Nacionales de Galdós, sin ir más lejos, la ponen con maestría en práctica.

Lo mismo ocurre con el personaje de Joxe Mari. Y esto es tan obvio que, de verdad, fatiga ponerse a explicar asuntos literarios tan elementales.

Joxe Mari transita de principio a fin por la línea de la ficción. Le inventé una infancia, lo hice nacer en un pueblo de Guipúzcoa y en una familia de clase obrera, le asigné unas características físicas y psicológicas; al principio lo hice futbolista, pero luego me pareció que esto de futbolista está demasiado visto y lo convertí en jugador de balonmano. ¿Habrá habido algún etarra que de joven jugase a balonmano? Pues no lo descarto. Si así fuera, yo vería confirmada la veracidad de mi relato. “He acertado”, me diría. Nadie podrá objetarme que esto que he escrito nunca pudo ocurrir.

Joxe Mari ingresa en ETA y ETA, como es sabido, no es ficción literaria, sino realidad. Antes de narrar nada, ya sé que se va a producir una nueva confluencia entre mi ficción y la verdad histórica. Como no ingresé en ETA (ni falta que hace), necesito documentarme y sucede que a ETA no se le pasó por el magín abrir una oficina de información para futuros novelistas. No queda, pues, más remedio que interrogar a los testimonios. Y aquí el señor Urretavizcaya peca de soberbia al considerar que me basé exclusiva o principalmente en su libro. La vida personal de Rekarte no me interesa. Lo que me interesa, a partir de sus declaraciones, es conocer el funcionamiento interno de ETA. Mucho más útiles fueron para mí, como he declarado en repetidas ocasiones, los libros de Florencio Domínguez, de uno de los cuales, Dentro de ETA. La vida diaria de los terroristas, saqué, por ejemplo, la idea de mandar a Joxe Mari y a su compañero a pasar el periodo de reserva en Bretaña. ¿Quiere decir esto que agarré un párrafo de Domínguez y lo trasladé tal cual a mi novela? Por supuesto que no. Domínguez (quien, por cierto, leyó mi novela antes de su publicación y me dio su visto bueno) me ayudó a constatar que enviar a mi personaje a Bretaña era verosímil. Sabido lo cual, envié con mis propias palabras y mi propio estilo narrativo al personaje al lugar mencionado, activando de nuevo la línea ficcional. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, inventando que daba paseos o que mataba el aburrimiento entreteniéndose él y su amigo con un juego que yo solía poner en práctica años atrás con mis alumnos.

Quien dice Domínguez, dice el libro de Rekarte, dice Vidas rotas, dice docenas de libros, ensayos, películas, periódicos, fotografías, conversaciones con personas bien informadas, etcétera, a fin de reunir material documental con el cual el novelista procurará después establecer conexiones con la realidad colectiva.

El cine hace lo mismo. Me acuerdo, en este sentido, de la película Titanic de James Cameron. Línea ficcional: los amores de los personajes encarnados por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. Línea histórica o real: hundimiento del barco tal día, en tal latitud, etcétera.

Me documenté a fondo para mi novela sobre entresijos de ETA, atentados, detenciones, juicios, vida carcelaria, empresas de transportes y fundición, abortos en Londres, tratamiento del ictus (basándome en un caso real que yo mismo investigué), alcalde Azkuna, matrimonios entre personas del mismo sexo, fútbol de los noventa, callejero de Zaragoza, ciudades europeas y muchos pormenores más.

¿Cómo, si no, va a escribir uno una novela veraz? ¿Qué había que hacer? ¿Imaginar etarras practicando el tiro con arco y flechas en los bosques de Finlandia? ¿Tenía que dejarme maltratar en una comisaría para poder contar después el episodio?”

“ El Capital no tiene la menor consideración ni por la salud ni por la duración de la vida del trabajador, a no ser cuando la sociedad le obliga a ello.”

( Karl Marx)

Hace pocas fechas, en este verano del 2020, salta la noticia de un trabajador del campo nicaragüense, Eleazar Blandón, que muere por un golpe de calor y es abandonado a las puertas de un centro de salud de Lorca, en la región de Murcia.

Es Agosto, y en el campo murciano el sol golpea, sin misericordia. Jornadas con 40 a 44 grados a la sombra, en un campo de sandías. Los propietarios no facilitan ni agua, ni alojamiento. Sin sombra y sin agua. Una cuadrilla de temporeros, mal alimentados, mal descansados, mal hidratados, recoge sandías y las carga en un camión. Jornadas de 11 horas a pleno sol, de lunes a sábado por unos 30 euros al día. El nicaragüense, Eleazar Blandón, padre de cuatro hijos, forma parte de ese grupo. No tiene papeles, tampoco contrato, como tantos miles de inmigrantes en el campo español. Sobre las dos de la tarde, Eleazar, empieza a sentirse mal, hasta el punto de desmayarse. Los patrones esclavistas trasladaron su cuerpo inerte a una camioneta y lo dejaron abandonado como un perro delante de un centro de salud en Lorca. En dicho centro intentaron salvarlo, sin lograrlo, falleciendo por golpe de calor y parada cardiorrespiratoria.

Muerte en Murcia…. podría ser el título de una película de Visconti…. pero no. Se trata de otro acto de terrorismo patronal que acaba en homicidio, y deja el cadáver de un hombre de 42 años. Se trata de un “ilegal”, un “nadie” que diría Galeano. Le llaman “accidente laboral”, pero sigue siendo un homicidio. Se trata, una vez más, de otro trabajador esclavizado y asesinado por la patronal esclavista que ve crecer sus fortunas gracias, entre otros factores, a las leyes de inmigración que reducen a decenas de millares de personas a trabajar en condiciones de esclavitud, a pleno sol con más de 40 grados, a trabajar bajo los aviones que fumigan los campos encima de esas personas.

Ha sido asesinado otro ser humano proveniente de un país rico pero empobrecido por el saqueo capitalista, otro ser humano empujado a los terribles caminos del éxodo que tienen que emprender millones de personas siguiendo la ruta que emprenden las riquezas que las multinacionales saquean en sus países. Otro ser humano empujado al éxodo hacia las metrópolis del capitalismo que succionan las riquezas pero rechazan a las personas (a menos que estas sean reducidas a la esclavitud moderna por las leyes migratorias, y así servidas en bandeja a los empresarios de toda laya). Otro ser humano que tuvo que padecer la discriminación, la persecución, el racismo, la explotación aberrante y hasta el asesinato en la Europa del Capital, en esa Europa cuya cínica crueldad pretende vestirse de “mundo civilizado”. Otro hermano humano asesinado, que las cucarachas racistas llaman “ilegal”, cuando lo “ilegal” debería ser la esclavitud, debería ser este sistema criminal en el que un puñado agiganta sus fortunas sobre la explotación de las y los trabajadores y sobre el saqueo de la naturaleza. “Ilegal” debería ser saquear países hasta la médula y encima luego saquear a los humanos así empujados a migrar, “ilegal” debería ser el imperialismo que impuso su geopolítica a través de una historia colonial y sigue imponiendo latrocinio, ecocidio y genocidio, sigue perpetrando injerencia, golpes de Estado, guerras imperialistas y rapiña.

Uno de los empresarios homicidas que facilita cuadrillas de trabajadores a las explotaciones agrícolas fue detenido, pero ya está en libertad y sin fianza ninguna. Además sólo es un esbirro de la mafia agrícola murciana, un subordinado más cruel aún que sus jefes, un pringao que está ahí para comerse los marrones.

Al parecer los que abandonaron al trabajador nicaragüense van a ser “investigados” por infracción a las leyes laborales. Todo se traducirá en nada, nada de cárcel y, en todo caso, una multa leve que esos homicidas amortizarán rápidamente con toda la plusvalía que le sacan a la mano de obra en semi-esclavitud). En todo caso, no serán investigados por trato esclavista y homicidio, como debería ser.

“ Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea.” (Antonio Machado)

El trabajador nicaragüense víctima del terrorismo patronal, sufrió constantes maltratos, vejaciones y humillaciones por parte de capataces y jefes. En sus comunicaciones con su hermana, dijo: “ Aquí casi todos somos hombres y no hay ni uno sólo que no haya derramado lágrimas por los maltratos recibidos.” Estaba a punto de volverse a Nicaragua… ¡pero no le dio tiempo! Ningún cargo público, ningún representante de la administración ha dado el pésame a la familia, ni ha ofrecido su ayuda.

Que no haya ninguno de estos empresarios esclavistas en la cárcel, es síntoma de la mierda de justicia que tenemos. ¿Qué clase de empresarios homicidas tenemos ene este país?  ¿Por qué actúan tan impunemente ante la indiferencia, cuando no la complicidad de las administraciones públicas y de la mayoría de los medios y partidos políticos? Porque estamos ante las más altas cotas de miseria humana al servicio de la economía capitalista. Hace poco tiempo, las Naciones Unidas enviaron a un relator ante las denuncias recibidas por las condiciones de esclavitud laboral en el campo español. El relator de las ONU quedó impactado cuando pudo comprobar las situaciones esclavistas en los campos de muchas regiones, y así lo reflejó en su informe. Pero nada ha cambiado, y lo peor es que todos sabemos que nada cambiará, ni con gobiernos anteriores ni con este gobierno supuestamente progresista. En realidad, nada ha cambiado desde 2018 con este gobierno “progresista”, siguen los mismos abusos laborales, el trabajo esclavo, las horribles condiciones de trabajo. Lo mismo ocurre con el homicidio de Eleazar, pues la noticia se olvidará en pocos días y la gente seguirá comiendo sandías sin preguntarse nada.

Está claro que no hay control ni vigilancia alguna por parte de los organismos correspondientes. ¿Y los inspectores de trabajo? ¿Es que no saben que estas salvajadas ilegales pasan todo el tiempo y en todos los sitios? ¿No saben que el campo está lleno de inmigrantes esclavizados y explotados que trabajan en condiciones inhumanas? ¿No lo saben?, porque lo sabe todo el mundo.

En realidad y en nombre de la sacrosanta economía, las autoridades laborales reciben instrucciones “de arriba” para no intervenir, o, en todo caso,  aparentar que intervienen, por ejemplo, anunciando con antelación las inspecciones para que les de tiempo a los empresarios ocultar lo que haya que ocultar. Así, las autoridades de inmigración dejan a miles de personas sin papeles y los condenan a la clandestinidad; el Ministerio de Sanidad los ignora, y Bienestar Social es indiferente… y todo porque dicen que así la fruta sale barata. Así que gobiernos y administraciones son culpables, por omisión y complicidad.

Estamos ante la nueva esclavitud del siglo XXI, ante una auténtica esclavitud laboral que es la que ejerce esta gentuza que se hacen llamar empresarios productores. Luego tienen la cara dura de quejarse de que los españoles no quieren trabajar en el campo, ¿con esas mierdas de salarios? ¿bajo esas espantosas condiciones? Además, en el colmo de la inmoralidad, esos empresarios cuando el gobierno de forma tímida amenaza con inspecciones laborales en el campo, levantan el grito en el cielo y se indignan.

Estos mafiosos del campo, estos empresarios esclavistas, son una mierda de personas, insensibles al dolor y al sufrimiento de los demás, quizás por qué ¿Cuántos empresarios han muerto por un golpe de calor trabajando en el campo? Esta gentuza son hombres y mujeres sin alma ni corazón, que no quieren entender los problemas de los más vulnerables, porque ellos y ellas y sus familias viven de puta madre.

A mí, en estos casos, me brota una rabia asesina sólo comparable a la que siento con respecto de los violadores o torturadores. Añoro los tiempos no tan lejanos, en que se colgaba a los patrones asesinos.

Como decía el escritor Valle Inclán:

“ … Barcelona es muy querida a mi corazón. Todos los días matan a un patrón, a veces a dos. No deja de ser un consuelo.”

Alberto Martínez López

  “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie” (El Gatopardo)

Los sondeos electorales predicen el futuro con el sigilo y las reservas propias de una pitonisa, de tal modo que incluso si se equivocan parece que aciertan. Ha ocurrido en las elecciones del 12 de julio en el País Vasco. En las condiciones sanitarias actuales el índice de participación tenía que bajar, pero incluso con el precedente francés nadie pronosticó una caída cercana al 50% del censo electoral. La gente de los barrios marginales de Bilbao, que no ha votado, tenía motivos para sentirse más desprotegida que el resto. Antes de proclamarse los resultados definitivos, se declara la obligatoriedad de circular por la calle con mascarilla. Urgía anticipar las elecciones para mantener el statu quo político, sin que influyese un probable rebrote de la pandemia, ni la agudización de la crisis socioeconómica venidera. Como consecuencia de la precipitación, el Parlamento Vasco tendrá un alarmante déficit de legitimación democrática.

Es cierto que el PNV ha obtenido excelentes resultados, pero EH Bildu los supera sin que estuviese previsto un ascenso tan destacado. El PSE ha alcanzado la tercera posición, no por méritos propios, gracias al descenso de Elkarrekin Podemos-IU, que se convierte en la fuerza política más damnificada, con mayor descalabro que el vaticinado para el PP+Cs. Al renovarse la coalición PNV-PSE, el Gobierno Vasco tendrá una cómoda mayoría parlamentaria. Tras el recuento definitivo de votos, resulta que ni siquiera en teoría cabía la opción del tripartito proclamado por Elkarrekin Podemos-IU. Sin esperar a la extrema derecha en la cámara vasca, Vox logra su escaño de fogueo. El candidato de Equo supo que no tenía posibilidades de salir elegido cuando desde el Gobierno Vasco se recomendó acudir a las urnas con el sobre preparado. Ocurrió como con Podemos Euskadi en las elecciones generales del 2016, al no buzonear las papeletas del senado le regalaron tres escaños al PNV.

Para que unos partidos ganen, otros tienen que perder. Regocijo y decepción a partes iguales. Varía la correlación de fuerzas en el Parlamento y dentro de las propias organizaciones. Restablecido el equilibrio, la diferencia es cero. Lo realmente novedoso, lo esencial del nuevo acontecer político, vendrá determinado por el peso, o si se prefiere el rodillo, de la mayoría absoluta del tándem PNV-PSE. Por eso, a pesar de tantos cambios, como en El Gatopardo, todo seguirá igual. Nada alterará la agenda institucional, salvo que se dé una situación de emergencia todavía más aguda, le interese al PNV renegociar la reforma estatutaria o intervenga la presión ciudadana en la calle, que no funciona ni se contabiliza como los votos.

En pocos días se han hecho diversos balances cuantitativos sobre los resultados del 12-J, quedan pendientes los análisis cualitativos. La formación del gobierno de coalición es una cuestión de fechas, más que de contenido. El porvenir del PP es incierto y no afectará a la política vasca. Lo tiene difícil para recuperar el voto del conservadurismo vasquista refugiado en el PNV. Ciudadanos y Vox serán convidados de piedra. Lo que más interesa conocer es el devenir de la oposición de izquierdas. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, aunque se ubican en campos ideológicos distintos, comparten aspiraciones sociales y criterios económicos, siendo referentes electorales del sector más joven y progresista. Mientras unos buscarán rentabilizar su triunfo, los otros procurarán recuperarse de la derrota.

EH Bildu, segunda fuerza parlamentaria, ocupará mucho espacio en el hemiciclo, su voz sonará potente en la cámara vasca, pero no podrá bloquear los presupuestos ni vetar los proyectos del Gobierno. Ante la imposibilidad de influir en los asuntos ordinarios, puede que opte por hacer oposición impulsando su programa soberanista, con el fin de crearle contradicciones al PNV. La representación del nacionalismo vasco moderado y radical alcanza el 71%. Es muy superior a la del nacionalismo catalán. Ese dato puede despertar la tentación de iniciar un procés unilateral, pese a ser un valor estadístico, no una constante sociológica. No ha ido a votar casi la mitad de la población, el sector menos sensibilizado, sin motivos ni intereses para identificarse con aspiraciones identitarias, que con frecuencia reside en barrios depauperados. Además, el PNV no asumiría ese reto que recuerda demasiado al “Pacto de Lizarra”.

EH Bildu se ha podemizado, pero no es probable que se disponga a “asaltar los cielos”, seguirá con su actual transformación, evitando caer en los errores ajenos. Ha tenido ocasión de utilizar la consigna del tripartito de izquierdas y no lo ha hecho. Puede que no considere llegada su hora. Saben que todavía no se dan las condiciones para impulsar una iniciativa de ese calado. Antes tienen que aparecer indicios de que el poder del PNV se acerca al final. Hasta el PRI cayó en México. La imagen de una gestión eficiente se labra ocultando errores. En algún momento se desvanecerá ese espejismo en el idílico oasis vasco. Todo apunta a que EH Bildu proseguirá su metamorfosis hasta convertirse en mariposa.

Tras el adiós a las armas y el cambio de fisonomía, EH Bildu renueva hasta la terminología. El pueblo trabajador vasco es historia, ahora toca resolver los problemas de la gente. Entretanto cabe ampliar la coalición que apadrina Sortu. Personajes con marcada trayectoria política, como Gemma Zabaleta, Javier Madrazo o Daniel Arranz, están llamando a esa puerta desde la prensa: “es más necesaria que nunca una izquierda vasca, de frente amplio, liderada desde EH Bildu”. La Izquierda Abertzale siempre ha deslumbrado a la izquierda radical de ámbito estatal. Podemos Euskadi marcó distancias en sus orígenes, era una de sus señas de identidad, veremos si en las horas bajas sigue navegando con rumbo propio, evitando cantos de sirena.

Lo que no se logra en el Parlamento se puede intentar conseguir en la calle. EH Bildu jugará esa baza, movilizando a los colectivos de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y contando con el respaldo de los sindicatos ELA y LAB. Puede que sus primeras iniciativas consistan en trasladar desde la tabla reivindicativa del movimiento de pensionistas la revisión de la titularidad y gestión de las residencias geriátricas, junto con la pensión mínima de 1.080 euros, que ya figuraba en su programa electoral. Todo ello encuadrado en el contexto del derecho a decidir, interpretado como aspiración soberanista.

 En Elkarrekin Podemos-IU, la diferencia numérica entre el anterior grupo parlamentario de 11 miembros y el actual de 6 puede quedar compensada con una actividad más eficiente. La clave está en la imagen de la portavocía, que con toda probabilidad ganará en carisma y elocuencia. Teniendo escasa posibilidad de influir en las votaciones, dado que el Parlamento estará regido por una mayoría absoluta, su opción es utilizar la tribuna para abrir un espacio político propio, marcando distancias respecto al resto de los grupos, en particular con EH Bildu y PSE-EE, los más afines y competidores próximos.

La acción parlamentaria no constituye la tarea prioritaria de Elkarrekin Podemos-IU. Lo más urgente y determinante es dotarse de una estructura organizativa operativa y con suficiente implantación territorial, equivalente a la de cualquier partido político. El problema que más apremia a Podemos, en Euskadi y en el conjunto del Estado, es la debilidad de los círculos. Sin una red organizativa sólida seguirá siendo un movimiento desestructurado. Aunque resulte una frase ingeniosa, no se puede “correr y atarse los cordones a la vez”.

Un partido necesita una estructura similar a la de cualquier otra organización, sea política, sindical, empresarial, cultural o religiosa. El partido de los círculos está en cuadro. Tras conocer los resultados de las elecciones gallegas y vascas, JC Monedero lo expresó así: “sigue sin dedicar el grueso de sus energías a lo que debe”, que es “construir partido”. El exdiputado de Podemos Manolo Monereo es contundente y explícito cuando advierte que el proyecto está en crisis e incluso percibe una tendencia a la decadencia del ideario político.

No se trata sólo de la cantidad, importa más la calidad de la militancia. En ese sentido hay una diferencia apreciable entre Podemos e Izquierda Unida. No basta con manejar argumentarios, son claves el arraigo social y la formación, la adquisición de ideario e ideología. Sin esas bases no puede haber debate sereno con crítica y autocrítica, los principios se tambalean, falla la estabilidad interna, estallan las crisis, se pierde credibilidad, la gente inscrita deja de participar en las consultas, disminuye el apoyo social. Al final de esa cadena está el fracaso en las urnas.

También ocurre que los poderes mediáticos que añoran la vuelta al bipartidismo, en concreto los grupos Prisa y Vocento (sin necesidad de citar prensa amarilla), se empeñan en magnificar la crisis interna de Podemos, dando voz a quienes contribuyeron a provocarla, abandonando sus compromisos en las circunstancias más desfavorables para el partido. Titular de El País: “Podemos se desangra en los territorios”. Titular de El Correo: “Iglesias elude cualquier responsabilidad por la debacle en Galicia y País Vasco”.

Zanjados los conflictos que bloqueaban el funcionamiento orgánico, poniendo en entredicho el proyecto político, ahora sin oposición interna se corre el riesgo de perder el sentido de la realidad, cayendo en la autocomplacencia. Elkarrekin Podemos-IU necesita una estructura orgánica sólida, cauces de participación efectivos, afianzar los liderazgos internos. También necesita participar en los movimientos sociales, no para controlarlos, como hace EH Bildu, sino para integrarse en la sociedad a través de ellos. De otra forma no habrá remontada electoral.

La formación práctica empieza por saber diferenciar la táctica a corto plazo de una estrategia de mayor alcance. La alternativa a la hegemonía peneuvista es un gobierno de izquierdas, pero convertir ese objetivo en consigna electoral, sin darse condiciones favorables para un cambio de ciclo inmediato, ni ser siquiera la fuerza más representativa de la oposición, además de desconcertar a la ciudadanía, supone perder protagonismo, ceder la iniciativa. Tampoco cabe pretender copiar el actual modelo del Gobierno central, fruto de la necesidad, más que de la voluntad de sus integrantes. Por ahí se han ido los votos a la abstención y a otros partidos.

Elkarrekin Podemos-IU tendrá que afrontar la travesía del desierto con humildad y tenacidad, ilusionando a la gente como los hizo en sus orígenes, con aquella utópica Euskal Hiria, fruto de la imaginación de Bernardo Atxaga, que significaba ofrecer a la ciudadanía una alternativa política basada en las necesidades reales de la sociedad vasca, partiendo de una visión de la realidad amable, dialogante y constructiva. Falta hará para afrontar los retos venideros.

Luis Alejos

No es cierto, estamos a mediados de mayo de 2020 y medio país seguimos casi en cuarentena, vamos por el cuarto Estado de Alarma  y el presidente del Gobierno acaba de decir que es poco, que pedirá un quinto. Y mucha gente, gente de los movimientos sociales, gente que toda la vida ha luchado en su empresa, en entidades o asociaciones, en el Sistema Público de Salud –tan castigado por esta pandemia– en el Sistema Educativo, los trabajadores autónomos (que ahora llaman emprendedores), en general la mayoría de la sociedad se sigue preguntando ¿Qué pasará? ¿Habrá un antes y un después? ¿Podremos cambiar el modelo de sociedad que tenemos?

 Pues bien, a fecha de hoy, cuando se ha pedido por parte del Gobierno un nuevo alargamiento del Estado de Alarma, casi podemos asegurar no solo que las cosas seguirán igual que estaban para las familias y la clase trabajadora,sino que irá mucho peor de lo que estaba antes de que llegara el Covid-19.

¿Y por qué digo esto? Pues esto se deduce solo con utilizar un poco el sentido común, y analizando la mayoría de reacciones en los diferentes países que están pasando por esta pandemia.

En un principio se escuchaba alguna opinión –muy pocas, por cierto– que decían, “ya nada será igual”, “hemos de cambiar este modelo”, “no podemos seguir así”… pero en realidad lo que ha pasado ha sido que los poderes económicos, los de siempre, que en un principio parecían sorprendidos por la inmensidad de la tragedia, pronto, en unos días, habían asumido que tenían que empezar a moverse y efectivamente se empezaron a mover en la misma dirección de siempre; se dijeron “vamos a utilizar el buenismo y la caridad y la sociedad pronto olvidará, ya recuperaremos con creces lo que ahora les brindamos”.

Hemos podido comprobar como el Gobierno ha seguido haciendo (con pequeñas diferencias) lo mismo que han hecho todos los gobiernos desde hace décadas, ha empezado a repartir dinero, un dinero que no tiene, precisamente porque esos que ahora se lo piden se han negado de forma sistemática a pagar los impuestos que tendrían que haber pagado.

La crisis sanitaria del Coronavirus (Covid-19) ha significado realmente una crisis de primera magnitud, tanto a nivel sanitario como económico, pero sobre todo una crisis humana y sanitaria.

Se ha tratado de resolver la crisis sanitaria de diferentes maneras en los diferentes países afectados -prácticamente la totalidad del mundo- y, por consiguiente, la crisis económica derivada de la misma tendrá diferentes consecuencias dependiendo de la forma de afrontarla, pero sobre todo de la potencialidad de sus Sistemas de Salud Pública.

Así tenemos países como China, donde supuestamente empezó a actuar este Covid-19 (más pronto o más tarde sabremos la verdad sobre todo esto) que, con un nivel de cobertura sanitaria muy precario pero con capacidad de actuar rápidamente, con una sociedad muy disciplinada debido a la falta de libertad, ha sabido resolver la crisis sin muchas  consecuencias de salud pero sí económicas. Países como Corea del Sur (de Corea del Norte nunca lo sabremos), Taiwan, Hong Kong o Singapur están resolviendo de forma bastante satisfactoria la pandemia, lo mismo que los países del Norte de Europa con Sistemas Públicos de Salud potentes y bien dotados tanto de profesionales (médicos y enfermeras) como de medios materiales, hospitales UCIs, respiradores…

De cómo afectará a EE.UU (potencia económica y capitalista por excelencia con una persona de Presidente digno de estudio psiquiátrico) sin servicio público de salud o prácticamente inexistente, baste decir que será terrible para la clase trabajadora y para los 35 millones de personas que viven en la calle. Igualmente serán terribles las consecuencias para la América Latina, Centro América, África, países árabes y el Sureste Asiático.

Lo que ha pasado en Italia y en España para que la crisis se haya cebado de forma tan terrible, es de Juzgado de Guardia. Los dos países tienen en la práctica los mismos elementos a considerar, pero abordaré principalmente el tema de España, ya que es el que más nos afecta y el que más conozco.

En España, esta crisis del Covid-19 ha significado una verdadera catástrofe y lo ha sido por varios motivos: porque no aprendimos las lecciones de China y demás países que nos precedieron, y que actuaron con celeridad ante la crisis, por lo cual el confinamiento de la población se hizo tarde y mal. Pero además nos pillaron totalmente desprevenidos, sin los EPIs necesarios ni para trabajadores/as de la sanidad, ni para todos los compañeros y compañeras que ha habido de realizar los trabajos esenciales. No se contaban con los test necesarios para estas personas ni para la ciudadanía. Hemos tenido una descoordinación general por parte de todas las Administraciones en general, que han contribuido al  anormal número de fallecidos y de infectados, principalmente en Madrid y Catalunya. De todo esto hablaremos a partir de ahora.

España lleva 42 años de gobiernos llamados democráticos, pero que en realidad apenas cumplirían los parámetros de una verdadera democracia. Dos ejemplos: salimos de una dictadura, de más de 40 años de forma cuando menos extraña, sin poder votar la forma de Estado que queríamos y con verdaderas amenazas de intervenciones militares, algo que no se ha superado y que difícilmente se superara a corto o medio plazo (ahí están los miles y miles de muertos enterrados en las cunetas de los caminos), sin que las Administraciones Públicas hagan nada por resolverlo 42 años después. Y dos: España se considera un Estado laico, por tanto, sin preferencias por ningún tipo de religión y con libertad de elección de culto. Pero ahí tenemos a la Iglesia Católica con infinidad de prerrogativas que no tiene ninguna lógica que mantenga a día de hoy, baste decir que aún está vigente el Concordato tantas veces prometida su derogación pero que nunca llega. Tanto un ejemplo como el otro, hacen de enormes tapones difíciles de quitar, y que impiden el desarrollo pleno de nuestra democracia como tal.

Otro de los mayores tapones lo supone la judicatura, donde los partidos tienen el monopolio de la elección de jueces en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lo que provoca que dicha judicatura esté totalmente politizada y la mayoría de sus sentencias sean cuestionadas en los tribunales internacionales.

Desde que se estableció en nuestro país el pacto del 78 solo han gobernado dos partidos políticos, de tal forma estaba establecido el pacto que mediante leyes electorales (Ley de D’Hondt) y subterfugios diversos, siempre se ha evitado el pluripartidismo o los pactos de gobierno, y solo ahora, 42 años después, ha sido posible que un partido político diferente al PP o el PSOE haya ocupado carteras ministeriales.

En el plano cultural y de valores cívicos y de solidaridad colectiva, de educación ciudadana y política, los dos partidos mencionados PP y PSOE nunca han mostrado el más mínimo interés, tan malos han sido que Gobierno que entraba Gobierno que promulgaba una Ley de Educación adaptada a su ideología, a la vez que han mimado a la enseñanza privada dotándola de recursos económicos y subvenciones de todo tipo en detrimento de la pública, sin medios y con personal mal remunerado. Por lo que es a partir de estos hechos, que se gesta en la sociedad española la aceptación de una forma de ser y de actuar, totalmente incomprensible con la realidad del país, de tal forma que te puedes encontrar miles de ciudadanos trabajadores, que siguen pensando que las políticas del PSOE, de Ciudadanos y del PP, e incluso de Vox, son políticas de izquierdas redistributivas de renta.

Es a partir de estas condicionantes que se desarrolla nuestra sociedad y su política industrial y económica, y es más que evidente que las dos van de la mano o se relacionan muy estrechamente.

Ya cuando la dictadura empezaba a flojear y los ministros llamados por entonces “tecnócratas” de los gobiernos de Franco, empezaban a abrir un poco la mano con los llamados “Planes de Desarrollo”, los países del Norte de Europa empezaron a dar signos de acercamiento hacia nuestro país, principalmente por algo que ellos no tenían, sol y playa, acompañados de precios muy económicos para los sueldos que ellos sí tenían.

Y fue a partir de aquí cuando se empezó a tejer la desindustrialización de España, ya que nos veían ya como el sitio ideal de sol y playa para que los ciudadanos/as del Norte de Europa vinieran a pasar sus periodos vacacionales. Recordemos las famosas campañas de promoción del turismo, aquéllas “El Turista un Millón” que ya se empezaron a poner en marcha en la década de los 60. También hemos de recordar los gravísimos desastres cometidos sobre el territorio y medio ambiente principalmente en las costas, desastres difíciles de recuperar para las generaciones futuras.

Con la llegada de esta democracia limitada nacida del pacto del 78, España empieza el acercamiento definitivo a Europa, de la que ha estado separada ideológicamente y económicamente por motivos obvios. El uno de enero de 1986 España y Portugal ingresan en la UE, como miembros de pleno derecho de la mano del Gobierno socialista de Felipe González, y lo que podría haber sido un buen resultado para nuestro país se convierte con el paso del tiempo en algo muy negativo por varias causas, una de ellas es que la  UE  nunca se ha tomado en serio los países del sur,  buena prueba de  ello es el mote de PIGS (cerdos) con el que nos reconocen. Otra razón de peso en el día a día de nuestro país es la baja calidad de los políticos que hemos tenido (salvo excepciones) desde el año 78 para acá; muchos de ellos han tenido que pasar por los tribunales por temas de corrupción o de otro tipo de delitos (el PP ha llegado a tener más de 1.000 cargos implicados en estos temas), además están las implicaciones de los políticos en los cargos en los Consejos de Administración de las mayores empresas (Zaplana lo dijo muy claro, “yo he venido a la política a hacer dinero”), es por esto que mientras países como Alemania o Francia conservan una buena red de empresas y bancos públicos, en España todo se ha pasado al sector privado a precios ridículos para el capital y costosísimos para el país.

Claro que los políticos los eligen los ciudadanos, y es precisamente por esto por lo que el problema es de una magnitud tremenda, ya que somos una sociedad donde los medios de comunicación están en poder de los poderosos, y si somos incapaces de discernir el trigo de la paja, el “sistema” se convierte en un círculo vicioso del que es difícil escapar. Salir de ese círculo solo sería posible con un buen sistema educativo que no se pueda alterar en función del partido que gobierna, un sistema que para poder modificarlo,  requiera un consenso muy amplio en el Parlamento.

El año 1982 el PSOE de Felipe González, gana las elecciones con una mayoría abrumadora de más de 10 millones de votos, que le otorgan 202 diputados y 134 senadores, era el tiempo de la chaquetas de pana.

Cuando todo parecía que empezaría a cambiar, y España empezaría a avanzar hacia cotas de igualdad y derechos con el resto de países de Europa, no ocurre ni mucho menos así. Europa, con Alemania a la cabeza, empieza a cobrase el favor de la admisión de España a la UE, y junto con Holanda, presionan para que se lleve a cabo un proceso de desindustrialización, ya que un país como España fuertemente industrializado puede hacer sombra, a la llamada locomotora Europea (ya está bien con la industria Alemana y Francesa para abastecer el mercado Europeo), España tiene que dedicarse básicamente al turismo y a los servicios, pero de ninguna manera puede seguir con su capacidad industrial.

Felipe González desaprovecha la mejor ocasión que ha tenido este país para abandonar la mediocridad, y lo hace, porque con la fuerza parlamentaria que tiene, desaprovecha todas las oportunidades que esa fuerza le brinda, no consigue establecer las líneas maestras que cambien el país y lo equiparen con Europa, no consigue dotar al país de un mínimo estado de bienestar copiando a los países del norte, y lo que es peor trunca la vía de la investigación y la industrialización que nos hubieran conducido al empleo digno. Así, el año 2.020 España cuenta con 12 millones de ciudadanos por debajo del índice de pobreza, y un 32% de estos lo están a pesar de tener un trabajo.

Felipe nombra en su primer Gobierno a Carlos Solchaga, como ministro de industria y energía. Ocupa esta cartera durante tres años de 1982 a 1985, tres años en que se emplea a fondo en destruir y privatizar la gran industria del país, siguiendo las instrucciones de Alemania. En estos tres años, se desmantelan o se privatizan, a precios irrisorios, los astilleros y la industria naval, los altos hornos, la minería, las telecomunicaciones, un patético recuerdo de un ministro, que ya entonces se permitía decir frases como esta “no pasa nada porque España se convierta en un país de turismo y de servicios”. Estas fueron las consecuencias de esas políticas, que seguimos pagando hoy en día. En 1975 España era la 9ª potencia industrial del mundo. Y la industria representaba el 36% del Producto Interior  Bruto (PIB), ahora no llega al 15%. La deuda era del 7’3% y ahora llega casi al 100%. Se perdieron 2.700.000 empleos de alta calidad, y la reconversión costo a las arcas públicas más de 2 billones de las antiguas pesetas, 12.000 millones de euros actuales.

Posteriormente, entre los años 1985 y 1993 el Sr. Solchaga se ocupó del Ministerio de Economía y Hacienda y tampoco es que lo hiciera nada bien, ya que tuvo que ser otro compañero suyo, Pedro Solbes, quien pusiera un poco de orden en la economía. Actualmente  Carlos Solchaga tiene unos ingresos aproximados de 335.000 euros al año, de tres consejos de Administración de empresas en las que participa como independiente.

Estas políticas tan nefastas para la industria, y el mercado de trabajo en España es algo que estamos pagando y continuaremos pagando  en el futuro, ya que tenemos unas tasas de paro estructurales, que  se mueven en los mejores momentos entre el 12 y el 14 %, llegando cuando se produce una pequeña crisis a superar el 20%, con la actual pandemia del Covid-19, es muy posible que supere el 25% de desempleo. Esto sumado a la alta temporalidad en el empleo, y a los bajos salarios, ya que el trabajo que ofrecen los sectores del turismo y los servicios, son trabajos de poco valor añadido, hace que estemos en una crisis de empleo permanente. Por otra parte, el turismo y los servicios, son dos segmentos económicos de una alta volatilidad, lo que quiere decir que están muy afectados por situaciones  imprevistas como, la climatología, los atentados terroristas, o en el caso de ahora una pandemia sanitaria.

En el año 2.008 se produce la quiebra de Lehman Brothers, un banco norteamericano que negociaba con hipotecas basura, y que las tenía revendidas y negociadas por todo el mundo. Esto provocó la explosión de la burbuja inmobiliaria en España, el paro total del sector de la construcción y segmentos agregados, el desempleo subió a niveles de un 23% (entre los jóvenes llegó a ser de más de un 50%), estos jóvenes tuvieron que salir a trabajar fuera, la temporalidad se disparó, los gobiernos del PSOE y del PP hicieron lo único que saben hacer, desregular más aún el mercado de trabajo – eso sí, con la ayuda inestimable de los dos sindicatos mayoritarios – Europa nos tuvo que rescatar, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario, tuvimos que regalar a la banca (culpable de la burbuja inmobiliaria) 65.000 millones de euros, nos han modificado él Art. 135 de la Constitución (verdadera soga al cuello de los ciudadanos/as), ya que nos exige pagar los intereses y la deuda de los bancos Alemanes, Franceses y Holandeses, antes que atender a las necesidades sociales.

Ahora nos ha llegado esta pandemia del Coronavirus (Covid- 19), y como no podía ser de otra manera, nos ha cogido “en bragas”, porque no es solo que se hayan cometido errores; el Gobierno Central los ha cometido, pero los gobiernos de las CCAA también, principalmente los de Madrid y Catalunya. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que hemos tenido y tenemos una clase política de muy baja calidad, pero el verdadero problema, sigue siendo el que se detalla al principio de este escrito, la clase política es el reflejo evidente del pueblo que les vota. De acuerdo que el pueblo está influido por muchas circunstancias, poca y sesgada cultura, información dirigida por las clases dominantes, adoctrinamiento fácil, pero hay veces que las cosas son tan  evidentes, que no se entiende cómo puede haber quien no las quiera ver.

Las consecuencias reflejadas al principio de este escrito de desindustrialización del país, y de externalización de nuestras empresas a sitios de producción más baratas, donde no se respetan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ni los derechos humanos, junto con los grandes recortes en el sector público, producidos siempre que una crisis asomaba la cabeza (principalmente la de 2.008), han provocado el desastre.

Cuando nos montaron la crisis del 2.008, y lo digo así, porque realmente nos la montaron las entidades financieras, nosotros/as la pagamos, pero la crearon ellos, para seguir enriqueciéndose, de tal forma que se cerraban bancos y cajas por quiebra, y los directivos se auto otorgaban jubilaciones de 20 millones de euros, sin que nadie haya hecho nada por evitarlo, ni la Justicia, ni los Gobiernos, ni las Instituciones, ni el pueblo.

Como decía, esta crisis la aprovecharon los políticos, para meter la tijera en todo nuestro sector público, ya muy debilitado por la venta de las empresas mejores y más productivas del país, mediante las reconversiones llevadas a cabo por Carlos Solchaga, y después por la deslocalización  de   empresas   de  los  últimos  25   o  30   años.  En Catalunya, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, y su consejero de salud Boi Ruiz, llevaron a cabo los mayores recortes en el sector sanitario, que jamás se habían producido, recortes presupuestarios, cierre  de plantas enteras de hospitales, cierre de quirófanos, reducción de miles de trabajadores, médicos, enfermeras, celadores… y en Madrid y otras CCAA pasó exactamente lo mismo.

Todos estos hechos unidos a la alta corrupción introducida en todas las Instituciones del Estado, la poca valía de nuestros políticos más los errores de bulto cometidos al comenzar la pandemia han hecho el resto. Hoy 9 de mayo, pasamos de 26.000 muertos cuando al principio se hablaba de llegar como mucho a los 10.000, y de estos 26.500, más de 17.500 se han producido en residencias de personas mayores que abordamos en un documento aparte, han faltado EPIs para los sanitarios y para todas las tareas imprescindibles, seguimos sin hacer los test necesarios cuando la curva empieza a remitir, se aplicó el Estado de Alarma con diez días de retraso teniendo los ejemplos de otros países, y mucho nos tememos que lo peor esté aún por venir. ¿Cuándo aprenderemos?

La situación ha sido de una gravedad extrema, no tenemos una industria capaz de  producir los EPIs necesarios ni test para detectar y separar a las personas infectadas, ni teníamos suficientes UCIs ni respiradores para proteger a las personas, hasta tal punto que se ha llegado a negar asistencia a las personas en función de su edad. A todo esto, añadir la absoluta insolidaridad de Europa, esa Europa que se ha construido para que los ricos sean más ricos, y los pobres más pobres. Europa se ha dedicado a competir en precios entre sus socios, (incluso secuestrando aviones con mercancía para otros países de la UE), en el único mercado capaz de suministrar lo necesario para hacer frente a la pandemia, China.

Toda la crisis ha tenido, y sigue teniendo a día de hoy un único objetivo, el que no se colapsara el Sistema Sanitario, un sistema escuálido por los gravísimos recortes cometidos con anterioridad; el objetivo no era el de salvar vidas, era el miedo al colapso sanitario y su temor a una revuelta social, ante la más absoluta falta de previsión de futuro por parte de nuestros políticos y los gestores del mismo.

 ¿QUE PASARÁ CUANDO EL COVID-19 HAYA PASADO?

Lo primero que hemos de tener en cuenta, es que esta pandemia ha venido para quedarse, no es una cosa de encontrar una vacuna como la gripe y volver a eso que se empieza a llamar “nueva normalidad”.

Sin entrar a valorar si este ha sido un virus producido en un laboratorio para disputarse la hegemonía mundial, de un imperio en declive contra otro aumentando su influencia, o por el contrario, ha sido un virus biológico traspasado de los animales salvajes a los humanos, lo que resulta irrefutable es que la intervención del hombre en el medio natural restringiendo a pasos agigantados el espacio de los animales salvajes, hará que cada vez con mayor frecuencia aparezcan virus, que por pura lógica serán cada vez más dañinos para la especie humana.

A lo largo de esta crisis que muy pocos políticos han sabido prever, ellos mismos ya nos están hablado de la nueva normalidad.

¿En qué  consistirá esa nueva  normalidad?  Una cosa es segura, esa nueva normalidad de la que hablan los políticos tendrá varias consecuencias para los ciudadanos/as. La primera de ellas  será el debilitamiento del sistema    democrático mediante la utilización de las nuevas tecnologías, la merma de libertades ciudadanas y el consiguiente aumento de la represión policial. Esto será así porque de hecho esta pandemia para lo que primero ha servido ha sido para que el Estado, los Estados, controlen la vida diaria y la intimidad de los ciudadanos en todos los aspectos de su vida. Esto ya se estaba produciendo mediante el uso de las redes sociales, las tarjetas de crédito y otros mecanismos por los cuales las grandes compañías conocen el gusto de todos/as nosotros.

Otro aspecto muy importante será ver en el plano económico, la forma de abordar esta crisis provocada por la paralización del trabajo en todas las áreas productivas, con excepción de la sanidad y los servicios esenciales. Lo más probable es que los gobiernos aborden esta crisis de igual manera que se hizo en el 2.008, lo que indudablemente  provocará más paro, más pobreza y más miseria en las mismas clases sociales de siempre. Es más que evidente lo peligroso que puede llegar a ser para un país, basar y planificar su economía en sectores tan volátiles como el turismo y los servicios. Esta crisis castigará sobre todo al sector turismo y servicios agregados.

Pues bien, políticos y grandes empresas ya han tomado posición, ya hace semanas que se están posicionando con una enorme campaña de buenismo. Los bancos ingresan la pensión de los jubilados unos días antes y aplazan pagos de hipotecas, las grandes compañías de luz, agua y gas, que habrían de ser públicas no solo dan facilidades de pago a quien no puede pagar sino que se vuelcan en las campañas de solidaridad o lo que es lo mismo de caridad, los grandes supermercados abren las colas para que los pensionistas entren primero, los propietarios de pisos pactan aplazamiento de alquileres y todos juntos, empresas y políticos, hablan sin parar de lo cerca que estamos de que llegue la normalidad.

Y esa es precisamente la trampa. Esa normalidad no debería de llegar nunca, porque esa normalidad será la que nos llevara a los trabajadores a ser pobres de por vida, a una vida consumismo exacerbado y de esclavismo, al aumento sin fin de la pobreza y la miseria, a que unos pocos sigan acumulando dinero y poder a costa de la mayoría y lo que es peor, a la destrucción del medio ambiente y al final de la vida en el planeta.

Para asumir esa normalidad suya el Gobierno nos está tendiendo una trampa. Ya han montado la Comisión para la Reconstrucción Nacional (unos nuevos pactos de la Moncloa decían antes), no sé, pero yo solo de pensar en unos nuevos Pactos de la Moncloa me pongo a temblar porque aquellos pactos son precisamente los que nos han traído a esta situación. El Gobierno no está pensando en derogar las reformas laborales y de pensiones o la Ley Mordaza, ni en nacionalizar bancos o empresas críticas, ni sacar de una vez los miles de muertos de las cunetas, ni en tener una judicatura independiente, ni acabar con excesos de la Administración en aforados, ayudantes de ayudantes y expertos asesores de ministros, Secretarios de Estado o Presidentes, ni en suprimir comisiones inútiles, ni mucho menos en terminar con los privilegios de la Iglesia Católica o derogar el Concordato. El Gobierno no está pensando en crear puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, con contratos dignos que permitan una vida digna, o en invertir mucho en sanidad, educación, cultura I+I+D, ni está pensando en el medio ambiente, o en que otro modelo productivo es posible, y que otro tipo de sociedad es necesaria. Es por eso hemos de diseñar nuestra propia estrategia.

 ¿QUE PODEMOS HACER NOSOTROS/AS?

Hoy en día el movimiento de pensionistas es uno de los más concienciados del Estado; existen diversos y variados movimientos de pensionistas, pero sin duda es COESPE el que mejor organizado y preparado está para poder empezar a preparar una respuesta a ese futuro que nos amenaza.

Hemos de articular una verdadera marea o alianza de movimientos sociales, buscando las sinergias capaces de hacernos coincidir en todo lo que nos une como ciudadanos, seamos jubilados, trabajadores, o estudiantes, todos necesitamos o necesitaremos un día u otro acudir al servicio público de salud, y queremos que sea un servicio público, universal y de calidad; lo mismo pasara con las pensiones y con la atención a la dependencia, y exactamente igual pasa con la educación, por lo que consideramos de máxima urgencia encontrar los puntos de unión que nos hagan confluir en una alianza, no solo a nivel de España, también a nivel internacional pues los problemas con mayor o menor gravedad son los mismos. El capitalismo y la globalización no pueden solucionar los problemas que crean, y es desde esta perspectiva que hemos de trabajar en esa alianza de movimientos que sea capaz de encauzar un verdadero cambio social, para que la sociedad vaya asumiendo un modo de vida diferente, sin el consumismo y el individualismo, dos virus mucho más potentes que el Covid-19 y que amenazan nuestro futuro  y el fin de nuestro planeta.

Es aquí donde COESPE ha de poder aportar su potencial de organización y de penetración territorial, no tratando de liderar, sino aportando su experiencia con humildad pero a la vez haciendo valer todo su potencial movilizador para empoderar a la gente, para que las generaciones que se han encontrado con una serie de derechos y libertades entiendan que si queremos seguir disfrutándolos, hemos de defenderlos, y para que vean la necesidad de no pararnos solo en defender los que tenemos sino que hemos de conquistar otros nuevos, pero eso no se conseguirá como pretende el capitalismo, luchando individualmente, sino organizándonos colectivamente y planteándolos como una necesidad de igualdad social.

Hemos de organizarnos para no caer en la trampa que nos están tendiendo de volver a su “normalidad”. Nosotros el pueblo necesitamos otra normalidad, necesitamos caminar hacia otro tipo de sociedad más humana, que avance hacia el cooperativismo, el pequeño comercio, las nuevas energías respetuosas con el medio ambiente, que empiece de verdad a abandonar el consumismo y el individualismo, para centrarse en el trabajo y la organización colectiva.

Su normalidad consiste en volver al punto de partida anterior al Covid19, algo que no debemos aceptar, o no debemos aceptarlo como una solución definitiva (solo si hubiera un firme compromiso de cambio profundo, podríamos aceptarlo durante un tiempo), pues sabemos que ese mundo ya no es posible, y necesitamos con urgencia caminar en la otra dirección por nuestro bien, por el de las generaciones futuras, y por el mantenimiento de este hermoso planeta llamado Tierra, ya que no tenemos otro.

INFORME: Aquí puedes visualizar o descargar.

DEPENDENCIA Y RESIDENCIAS EN ESPAÑA

Domiciano Sandoval. Barcelona  –  Mayo 2020

Nos enfrentamos a una de las situaciones más graves de nuestra Historia. Padecemos una pandemia enraizada en última instancia en el cambio climático que la civilización del crecimiento sostenido y depredador de la naturaleza ha originado. La epidemia ha acelerado y agravado aún más la crisis sistémica ya anunciada por científicos, economistas y analistas. España está ante una recesión económica sin precedentes. Y ello sitúa al Gobierno – a cualquier Gobierno- y a la sociedad en su conjunto, ante un problema de extrema complejidad. Se necesitan recursos cada vez más abundantes y perentorios para gastos sanitarios de urgencia y para atender las consecuencias del obligado parón productivo: cierre de empresas, incremento exponencial del paro, precariedad y la exclusión social existentes desde hace décadas. Sin obviar, sobre todo en estos momentos, las imprescindibles inversiones en investigación.

Por exigencias derivadas de la Justicia, los Derechos Humanos y el mandato constitucional, ni los poderes públicos ni la sociedad pueden olvidar que en pleno siglo XXI, cada español y cada española tiene derecho a una vivienda digna, a un régimen público de Seguridad Social, a la Enseñanza, a la Sanidad, a pensiones suficientes, a la atención a la dependencia, al disfrute de un medio ambiente adecuado y a la percepción de un subsidio personal cuando ésta se haya visto afectada por la “pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, tal y como dice el artículo 25 de los DDHH y recoge también el artículo 41 de nuestra Constitución.

El cumplimiento de estas obligaciones legales y morales por parte de los poderes públicos necesita, aparte del consenso y apoyo de la mayoría social, un acopio de recursos sin precedentes. Y estos recursos no tienen otra fuente y origen que el contribuyente, bien por ser asalariado, bien por ser autónomo o empresario, o bien por poseer rentas y recursos de toda índole. Pero es el caso que el cierre de empresas, los Ertes y el desplome del sector turístico, conducen a una bajada prevista del PIB del 9,2% Y a ello se le suma el aumento, también previsto, del déficit público desde el 2,8% a finales del 2019, al 10% del PIB para Diciembre del 2020. Es decir, más gastos ineludibles, menos ingresos y, además, más deuda pública. Y todo esto en el marco de una pandemia que sigue generando contagios, personas hospitalizadas y muertes, sin que todavía haya vacuna que la erradique.

Este es el hoy de España. De cómo lo abordemos dependerá el mañana. Y en el mañana van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras de españoles y españolas. Es una cuestión de responsabilidad colectiva: optar entre un futuro para la inmensa mayoría o un desastre, también para la inmensa mayoría. Porque constituiría un inmenso error retornar -como si nada hubiese pasado- a la salida de la crisis del 2008, haciendo recaer, otra vez, sacrificios y penurias sobre trabajadores, asalariados y sectores populares en vez de buscar una nueva salida en la que prime la Solidaridad y el no dejar a nadie atrás. Tanto los Gobiernos de turno como la sociedad deberemos estar a la altura del reto, asumiendo que nos llevará tiempo. Construir el mañana supone priorizar objetivos, potenciar mecanismos e instrumentos de intervención en la realidad y sustentar todo el proceso en parámetros éticos y de conductas de moral pública consecuentes con ellos.

A nuestro parecer, los objetivos a conseguir son tres: la concreción en la práctica de los Derechos y Deberes contemplados en el Título Primero de la Constitución, la creación de un tejido productivo que ligue la economía al territorio, a las necesidades materiales de la mayoría social y lo haga menos vulnerable a crisis como ésta y, en tercer lugar, políticas medioambientales que combatan el cambio climático y a las que toda la actividad productiva y de consumo superfluo se supediten. En resumen: pleno empleo, democracia económica y calidad ambiental.

El hoy y el mañana necesitan, además, de un Estado fuerte y de una sociedad civil igualmente fuerte. Un Estado que en el caso español está formado por tres Administraciones: la central, la autonómica y la local. Y una sociedad civil que, de manera consciente y cohesionada, sea capaz de confrontar con el Gobierno de turno sí éste se aleja de los objetivos constitucionales de justicia social a los que se debe. Una sociedad civil que igualmente asuma su imprescindible parte de protagonismo en la salida de estos momentos críticos y en la construcción del porvenir. Que comprenda el ciudadano y la ciudadana que el recurso de mirar hacia otro lado, obviando su participación, afectará negativamente a su vida y a sus libertades.

Corresponde a los poderes públicos arbitrar las políticas y los mecanismos eficaces para disponer de las infraestructuras pertinentes y acopiar los recursos económicos y financieros necesarios. Y desde luego, tres de ellos son inaplazables: una fiscalidad justa tal y como se desprende del artículo 31.1 de la Constitución, el acogerse al punto 4 del artículo 135 de la Carta Magna y por último, desarrollar consecuentemente los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del citado texto.

Ética y Política no son, en absoluto, dos conceptos antitéticos o contrapuestos. Muy al contrario, una es la ciencia de la moral y la otra la ética de lo(s) colectivo(s). El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución propugna, no es otra cosa que la institucionalización de los principios éticos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En la antigua Roma se decía que un político ético era el que actuaba con “decorum”, es decir con honestidad, honradez, discreción y justicia.

De la misma manera que la Ética y sus principios morales deben ser inherentes a la función pública, la ética cívica es el fundamento de una sociedad civil fuerte. La defensa de los derechos, la aceptación de los deberes, los hábitos democráticos en la cotidianeidad, la tolerancia como convivencia, la participación en los asuntos públicos y el ejercicio consecuente de la crítica y la movilización, hacen una ciudadanía inmune a la tiranía, la opresión, las presiones de los poderes fácticos y las atmósferas de odio fundamentadas en bulos, manipulaciones informáticas y el pillaje político.

La salida a la crisis que propugnamos y de la cual hemos esbozado anteriormente objetivos, instrumentos y sujetos políticos y sociales, se fundamenta en tres pilares a nuestro parecer inobjetables: la aplicación, desarrollo y ampliación de los DDHH, poner freno al proceso de cambio climático y la regulación de una nueva relación entre el ser humano y la Naturaleza. Pero tal propuesta, a nuestro juicio la que responde a las necesidades y exigencias de momento, necesita del ejercicio de la austeridad. La austeridad no es recorte en bienes y servicios públicos necesarios. La austeridad significa Administraciones Públicas que eliminen gastos superfluos, innecesarios e inútiles (la lista sería extensa). La austeridad como valor público y como corresponsabilidad social con la defensa del medio ambiente, significa vivir bien, pero con otros parámetros de vida.

Salir de esta situación, sin que la totalidad de la ciudadanía tenga que pagar el peaje de carencias en lo que la Constitución denomina Derechos y deberes fundamentales, va a significar un período de “apretarse el cinturón” generalizado. Entendemos que durante un período transitorio esto deba ser así; pero con dos condiciones: que no afecte a los que nada tienen y que los esfuerzos colectivos sean directamente proporcionales al estatus económico y social de cada uno y de cada una.

Somos conscientes de que salir de la crisis en positivo, es decir cara a un mañana prometedor, más justo y más seguro, necesitará de procesos permanentes de reflexión, debate, crítica, lucha y acuerdo. Sin embargo, un proceso enmarcado en ámbitos de serenidad, seriedad y concreción temática, necesita erradicar la crispación. La pugna política -que nunca puede ni debe desaparecer- debe servir para comparar criterios, propuestas y valores. Y más aún en circunstancias como las actuales.

Esta pandemia que el mundo sufre, ha hecho florecer en nuestro país junto con la entrega, el altruismo y sentido de la responsabilidad de la mayoría social, una peculiaridad hispana en forma de enfermedad política oportunista: el discurso de odio guerracivilista generado por los responsables máximos de las organizaciones de Derechas. Para desgracia de nuestra Patria no es cosa nueva. Encarna el odio atávico a las clases populares, al movimiento obrero y al pensamiento libre. Y todo ello ha tenido como expresión la imposición de un patriarcado anulador de los derechos de la mujer, el clericalismo más rancio y el llamado “franquismo sociológico”, magma ideológico-social muy anterior al dictador, pero que se materializó en torno a su persona. La injuria zafia, la simpleza de sus propuestas y los bulos, en cuya difusión siguen a rajatabla las tesis del aparato de propaganda nazi. Sus objetivos son crear confusión, potenciar los prejuicios contra el “otro”, el “rojo”, “el homosexual”, “la mujer “ o “el inmigrante”. Pero sobre todo, el objetivo máximo es perpetuar los privilegios sociales y económicos del estatus que los dirige.

Muchas y muchos de los abajo firmantes -en plena situación de confinamiento- estamos intentando desenmascarar y combatir esa superchería a la par que procuramos ayudar a reflexionar y generar actitudes de conciencia cívica en línea con lo que desarrollamos en este documento. Pero esta actividad de combatientes solitarios no es suficiente por mucho uso que individualmente hagamos de la red o enviemos artículos para la prensa escrita.

Por ello consideramos imprescindible que desde el mundo político, social y cultural que aglutina a militantes y simpatizantes de fuerzas como Unidas Podemos, Mareas, Comunes, Confluencias, sindicatos, colectivos de defensa de los derechos sociales, feministas, ecologistas, ateneos, fundaciones, etc., debe darse un paso más y organizar colegiadamente el combate político – cultural y la entente programática. Y en tal sentido les hacemos un llamamiento. Si pretendemos crear hegemonía social y cultural para construir algo nuevo, dado el fiasco de lo existente y de lo vivido por seguir los dictados del neoliberalismo, debemos impedir que quienes se consideran dueños de un Poder sempiterno reconstruyan la realidad a su imagen y semejanza.

Primeros firmantes:

¿Quién no se ha imaginado alguna vez cómo sería vivir una pandemia? ¿Cuántas películas y series nos han advertido una y otra vez de como reaccionar ante situaciones así? Pero, sin embargo, a la hora de la verdad damos carpetazo a todas esas lecciones y nuestros cerebros empiezan a pensar qué cosas son imprescindibles en una larga lista de la compra. Metafórica, claro.

Cómo vamos a hacer frente al virus, qué pasa si pierdo mi empleo, cómo voy a llegar a fin de mes, o qué ingresos voy a tener para sobrevivir, son sólo algunas de las preguntas que hoy en día se hace la mayoría de la población.

Actualmente sabemos que la duración de la pandemia será clave para medir el impacto de ésta en todo tipo de factores económicos.
Diariamente nos encontramos con datos de factores macro que, como bien sabemos, parecen estar muy lejos del día a día de las personas pero que indudablemente nos afectan. Diversos analistas apuntan a que el PIB se pueda contraer en torno a un 2 o 4% en la economía mundial. Para la economía española se prevé que éste pueda caer hasta el 10%, que el déficit del año 2020 pueda posicionarse también sobre el 10% y el paro supere el 25% (siendo la cifra muy superior si hablásemos del paro real).Aún así, todo son incógnitas (sin datos de producción ni de consumo) y nadie sabe qué forma tendrá la recuperación económica.

Pero lo que sí sabemos es que la situación con la que afrontamos esta nueva crisis económica es mucho peor a aquella con la que afrontamos la crisis del año 2008. La gran mayoría social tiene niveles de existencia material que se encuentran muy por debajo de los que teníamos hace 12 años, lo que demuestra que la población no estrictamente rica aún no ha recuperado los niveles de garantías económicas anteriores a la crisis financiera. Una crisis en la que se agudizaron las desigualdades sociales y económicas de nuestra sociedad.

Es adecuado recordar aquí la visita del relator de la ONU Philip Alston, el experto en derechos humanos, que constataba que "los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%”

El ingreso mínimo vital

Mucho se está hablando últimamente, con malentendidos incluidos, sobre el ingreso mínimo vital (la renta mínima) que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar para hacer frente a la crisis del coronavirus pero con carácter estructural. Lo que han ido asegurando fuentes del Gobierno es que este ingreso mínimo vital se tratará de una medida para  “que nadie se quede en la estacada” pese a que, como pronto (siendo muy optimistas), las primeras prestaciones se resolverán en junio y, según las últimas informaciones podría rondar los 500€ al mes para una persona sola (lo que equivaldría al 67% del umbral de la pobreza y al 45% del Salario Mínimo Interprofesional en 12 pagas). Además, se calcula que éste podrá dar respuesta a un millón de familias, equivalente a unos tres millones de beneficiarios en situación de extrema pobreza. Pero en el Estado español, antes de la aparición de la COVID-19, había unos 10 millones de personas en riesgo de pobreza. Creemos que no hay duda de que un Ingreso Mínimo Vital es un paso adelante pero que los detalles serán los que nos permitan saber si será más o menos efectiva: qué condiciones contiene más allá del nivel de renta, si será con carácter de derecho subjetivo o ilimitada en el tiempo, cuántos años de padrón/ciudadanía serán necesarios para solicitarla, qué obligaciones y compromisos de inserción laboral o cómo tratará de minimizar los efectos de la estigmatización o los de las trampas de la pobreza. Pero, ¿será suficiente para salvar a las personas? ¿Con qué experiencias contamos en Euskadi y Catalunya?

Si ponemos negro sobre blanco datos de la renta mínima más generosa del Estado español, la Renta de Garantía de Ingresos de Euskadi, podemos observar cómo ésta no ha sido suficiente para hacer frente a los daños sociales causados por la crisis financiera de 2008 y, como decíamos anteriormente, la situación de las personas más vulnerables ha ido cada vez a peor.

Según los últimos datos disponibles (2018), en Euskadi más de 446.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE, lo que supone un 20,7% de la población vasca y un 16% más de las que se encontraban en el año 2008. Además, se observa cómo cada vez se está cronificando más la pobreza ya que, de las 65.000 personas más respecto a 2008 que en 2018 se encuentran en riesgo de pobreza, 43.000 de ellas están en riesgo de pobreza grave (ingresos inferiores al 40% de la renta mediana). El número de personas en riesgo de pobreza grave en Euskadi se ha incrementado un 64,9% en tan solo 10 años. Y es que si esto fuera poco, en tan solo 10 años se ha dado un incremento del 125% en el número de familias que tienen problemas para encender la calefacción en invierno, un 105% el número de personas que tienen privación material, un 84% el número de familias que no pueden cubrir los gastos básicos o un 122% el número de impagos o atrasos en pagos de alquileres o hipotecas.

Pero más aún, apreciamos a la perfección cómo aún con ella, mucha gente se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque el 30,7% de las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 3 de cada 10 personas, no accede al sistema de la Renta de Garantía de ingresos por diversos motivos (errores de cobertura, estigmatización, trampa de la pobreza…). Estas altas tasas de no-aceptación no es algo único de Euskadi, ya que a nivel europeo entre el 20% y el 60% (dependiendo del país) de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social no acceden a los sistemas de rentas mínimas (la última red de los Estados de Bienestar).

Si hablamos de Catalunya hay que mencionar que en el año 2017, impulsada por una iniciativa legislativa popular, se aprobó la Renda Garantida de Ciutadania como primer paso para avanzar hacia la erradicación de la pobreza. La propuesta inicial fue muy recortada en el Parlament y burocratizada en la administración y, si bien mejora las cuantías respecto a la anterior RMI catalana, contiene condiciones de acceso muy restrictivas que dejan fuera a muchísimas personas que realmente la necesitan. Actualmente Catalunya cuenta con una tasa de pobreza entorno al 21% de la población, 1.600.000 de personas aproximadamente, y la administración solo ha tramitado el 13% de las solicitudes realizadas de  Renda Garantida de Ciutadania; la percibe en la actualidad sólo el 8% de la población que tiene derecho a ella.

En plena pandemia la falta de agilidad en la gestión de nuevas demandas ha sido aún más evidente. Además, muchas de las personas que formaban parte de la economía informal y que nunca habían estado detectados por el sistema se encuentran ahora en una situación penosa ya que para recibir la RGC se debe estar inscrito en las oficinas de empleo y muchas de estas ellas se encuentran en situación irregular. La pandemia lo ha evidenciado y ha puesto el modelo contra las cuerdas.

La crisis actual ha destapado las desigualdades diversas. Sabemos que la mayoría social, el 51% de la población, son las mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de una media del 16% y esta diferencia llega a ser del 35% en el caso de las pensionistas. Pero es que además, a ello se suma que los trabajos más precarizados están altamente feminizados, tal como ha destapado el confinamiento.

Por otra parte, realidades que ya eran precarias antes de la pandemia (como las de las personas que vivían en la extrema pobreza y dependientes del sistema de protección social, las de las personas que sobrevivían gracias a la economía informal o las de las personas en situación irregular) evidencian la falta de capacidad de las rentas condicionadas para combatir estas situaciones diversas. Rentas condicionadas que estigmatizan y excluyen a las potenciales beneficiarias.

Con esta información y datos al alcance de cualquiera, ¿es suficiente un ingreso mínimo vital como herramienta para “no dejar a nadie atrás”?
Creemos que no, pues esta medida deja a muchas personas en la estacada y es momento de ser valientes y que las personas realmente puedan tener derecho a unos ingresos incondicionales, regulares y suficientes que les permita llegar a fin de mes y poder disponer de una seguridad económica.

Somos conscientes de que los sistemas de rentas mínimas más avanzados han tocado techo y en la actualidad no dan mucho más de sí por diferentes razones que ya se han estudiado a lo largo de décadas: por el laberinto burocrático que supone para muchas personas no saber cómo acceder o pedirlas, por la estigmatización de la gente que tiene que solicitarla, por la trampa de la pobreza agudizada por el incremento de los empleos precarios,etc. Años de evidencia empírica que demuestran que las rentas mínimas no han conseguido ser la solución adecuada para erradicar la pobreza.

Ante esta realidad es más necesario que nunca un cambio de paradigma tal y como lo están explorando diversos países a nivel mundial mediante diversos proyectos piloto de renta básica incondicional, pero también para hacer frente a la crisis del coronavirus ofreciendo pagos directos a toda la ciudadanía, como los casos de Hong Kong y de Japón, para que pueda hacer frente a sus necesidades más urgentes y básicas (si bien habría que añadirle herramientas que garanticen que estos pagos directos sean redistributivos). Necesitamos, ahora más que nunca, que el dinero esté en manos de la gente.

Un cambio reclamado desde sectores muy diversos, como estamos viendo estos días con la editorial del Financial Times:”…la redistribución debe situarse en la agenda; los privilegios de los más ricos deben ponerse en cuestión. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o la imposición sobre la riqueza deben empezar a considerarse”.

Cada vez hay más voces reclamando esta medida de carácter universal, como nuestros servicios públicos sanitarios que tan valorados son estos días de pandemia sanitaria.  Para hacer frente a una gran crisis mundial que se calcula será de la magnitud de los años posteriores al crack del 1929 es hora de adoptar políticas más ambiciosas y con carácter urgente y no quedarse cortos con esta nueva medida que dará cobertura sólo a una parte de la población en extrema pobreza.

Hay mucha población en situación vulnerable. Miles de personas entrando y saliendo del mercado de trabajo, gente trabajadora en empleos formales e informales, otra que vive de la economía sumergida: chatarreras, camareras de bares, gente que hace chapuzas sin contrato, trabajadoras del sexo…que van a pasarlo muy mal sin una solución inmediata.

Una Renta Básica que haga posible que se entregue dinero de forma rápida y urgente al menos hasta final de año, sin condición alguna, ahorraría tiempo, dinero y simplificará muchos trámites. Posteriormente ya se ajustará cuentas con hacienda en el 2021 pero ahora es momento de rescatar a la ciudadanía. ¿No es esto lo que se espera de cualquier gobierno de izquierdas?

Carmen Porta.- Feminista y miembra de la Red Renta Básica
Julen Bollain.- Economista e investigador de Renta Básica
Sergi Raventos.- Trabajador social doctor en Sociología y miembro de la Red Renta Básica