El día 20 de octubre de 2020 dicha comisión ha aprobado casi por unanimidad, (solo las abstenciones de ERC y BILDU, más el voto en contra de Vox aguaron la fiesta), las 21 recomendaciones que elevará al Gobierno, para que este las plasme en lo que será a buen seguro la tercera reforma del Sistema Público de Pensiones (SPP) en una década.

Son prácticamente las mismas recomendaciones, que el pasado año en febrero de 2019 no fue posible aprobar, ya que hizo saltar por los aires el consenso de la citada comisión, precisamente por la firme oposición de Unidas Podemos. Sería bueno preguntarnos, ¿por qué?

¿Qué ha pasado para que esto haya cambiado, si las recomendaciones no han cambiado? Sin duda sería largo de explicar, este repentino cambio de esta fuerza política.

Dejaré de lado muchos temas de todo este entramado, jurídico, político y económico entre la gestión de la Seguridad Social y el Estado, y me limitaré a trasladar mi opinión sobre las 21 recomendaciones, y a poner algunos ejemplos que nos puedan hacer separar el grano de la paja.

Os pediría a quienes leáis este documento, que escuchéis la estupenda intervención de Jordi Salvador (responsable de pensiones de ERC en la comisión), para explicar porque su grupo no podía votar a favor y se abstenía. 

Recomendaciones:

Defensa y mantenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones.

 Esta recomendación, (la Nº0), solo es una declaración de intenciones, que no tiene más que buenas palabras, pero que no va más allá de eso.

1.-Separación y clarificación de las fuentes de financiación.

Le da un pequeño tirón de orejas al Estado, para a continuación decir cosas como esta:

La Comisión considera inaplazable actualizar el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social para que, sin ocasionar daños irreparables en las cuentas públicas, se liquiden definitivamente las deudas existentes entre la Seguridad Social y el Estado. La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos, concedidos en su día por el Estado a la Seguridad Social para hacer frente a las insuficiencias financieras derivadas del ejercicio de sus competencias, podría resolverse, –si conviene a las Administraciones afectadas y por el procedimiento que legalmente corresponda-, permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia.

¿Qué nos está diciendo la Comisión aquí?

Yo entiendo que no solo está diciendo que la Seguridad Social tiene una deuda con el Estado (lo que no es cierto), sino que está pidiendo a la Seguridad Social, que se desprenda de su patrimonio inmobiliario (red de Hospitales del Estado) para saldar esa deuda.

No solo no reconoce las enormes cantidades que el Estado debe a la Seguridad Social, más de 100.000 millones de euros según el Tribunal de Cuentas del propio Estado, o los más 500.000 millones que reconocen Economistas Frente a la Crisis, sino que carga toda la culpa en la propia Seguridad Social.

2.-Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las

Aquí sí que podemos decir que, “para este viaje no hacían falta alforjas”.

No solo no hace el más mínimo gesto, para blindar ese mantenimiento del poder adquisitivo, IPC real, mediante una ley, o su traspaso a un Art. fundamental de la Constitución, sino que además, sugiere la posibilidad de otros elementos para tener en cuenta la revalorización en el futuro, como; los salarios, la evolución de la economía, o el comportamiento las propias cotizaciones de la Seguridad Social.

Sobre esto, también hemos de pensar, que llevan años haciendo que los ingresos de la S. Social disminuyan, mediante las reformas laborales, que han llevado poco menos que a la esclavitud a muchos trabajadores, y precisamente por eso apuntan al comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social, como parámetro a tener en cuenta.

Pues bien, el Art. 50 de la CE y el Convenio 102 de la OIT, ya dejan de una forma clara y meridiana esta situación de obligatoriedad de revalorización de las pensiones, por tanto considero que lo que nos están vendiendo como la clave de bóveda, la revalorización de nuestras pensiones, sigue quedando al libre albedrío del partido gobernante y de las mayorías que haya en el Congreso de los Diputados.

No hace ni la más mínima recomendación de que  las pensiones mínimas se igualen al SMI 950 euros en una primera subida, ni mucho menos de la posibilidad de igualarlas al 60% del salario medio del país, como dice la Carta Social Europea.

3.-El Fondo de Reserva o “Hucha de las Pensiones”

Aquí la Comisión hace un “brindis al sol”, y propone que los remanentes han de ir siempre al Fondo de Reserva, no hace ni una sola mención, al porque se agotaron los 68.000 millones que tenía a finales de 2.013, ni por qué no se dijo nada cuando M. Rajoy, modificó la Ley que le impedía usar más de un 3% de ese Fondo de Reserva en un ejercicio, ni pide que se haga una auditoria sobre donde fueron a parar esos 68.000 millones.

Vale la pena comentar que dicho Fondo de Reserva, tenía tres comisiones: La Comisión de Gestión Técnica, La Comisión Asesora de Inversiones y la Comisión de Seguimiento.

¿Qué hacían?

En la Comisión de seguimiento había representación sindical y era preceptivo que el Gobierno presentase un informe anual sobre la evolución y composición del Fondo al Congreso de los Diputados.

No sé vosotros/as, pero yo nunca pude leer absolutamente nada, de que estaba pasando con el Fondo, por parte de ninguna de estas comisiones.

Pero lo que es peor es que nos habla de remanentes, cuando todas las políticas que se han desarrollado desde que se creó esta Comisión, han ido destinadas a disminuir los ingresos del sistema, cuando se ha permitido, sin el más pequeño pronunciamiento, la desregulación más absoluta del mercado laboral. La pregunta es: ¿Qué remanentes piensan que puede tener el Sistema?

 4.-Cotización de autónomos.

Esta recomendación trata de pedir que se vaya a dos sistemas de pago en un solo sistema de cotización a la Seguridad Social, uno para los trabajadores por cuenta ajena, y otro para los trabajadores por cuenta propia, y es aquí donde entran los autónomos (muchos de los cuales son falsos autónomos).

Aquí la Comisión se olvida de una de sus recomendaciones primeras, la convergencia de los diferentes subsistemas en un solo sistema de Seguridad Social. A fecha de hoy, después de 25 años desde la creación de esta Comisión, aún existen varios sistemas no integrados en el General de la S. Social.

Tampoco la Comisión, discrimina sobre que autónomos, porque no es lo mismo un autónomo que puede tener un negocio, o una empresa con trabajadores, o que sea un profesional que trabaje solo o que sea un repartidor de Amazon.

En este punto vale la pena recordar que, si se está tratando de hacer algo con los falsos autónomos, es gracias a nuestras propuestas, trasladadas a la actual Presidenta de la Comisión Magdalena Valerio, en la reunión celebrada el día 31 de julio de 2.018.

5.-Periodos de cotización.

Aquí la Comisión recomienda mantener la nefasta Reforma de Pensiones de 2.011, la del Gobierno Zapatero aprobada con la firma y el beneplácito de CC.OO  y  UGT,  que  ya  viene  provocando  desde 2.015 una perdida en las expectativas de pensión de los actuales trabajadores, perdida que con el aumento de la edad legal de jubilación a 67 años, más los 25 de base reguladora, llegará en muchos casos a la cantidad de entre un 20 y un 30% menos de su pensión.

En mi opinión, no se para que puede servir una Comisión que se constituye para hacer sostenible el SPP y no opone la más mínima resistencia, a toda esta pérdida de derechos. En realidad solo es un lobby, que se constituyó con el objetivo de terminar con el Sistema Público de Pensiones.

En esta recomendación, la Comisión podría muy bien haber tomado la molestia, de tener una visión más realista con la sociedad que la rodea,  o estudiar la posibilidad de otras medidas, que no sea alargar la edad de jubilación (menos aun cuando tenemos un paro juvenil del 40%). Estas posibles vías de actuación podrían ir desde: reducir la jornada laboral manteniendo los salarios, poner impuestos finalistas, aumentar un punto la cotización social empresarial, cargas fiscales a la robotización de las empresas, etc., pero no, es mejor tirar por el derecho y limitarse a lo mismo de siempre, ni siquiera apuntan a la llamada nueva revolución digital, o 4.0 que está llamando a la puerta. No se trata de recortar gastos, se trata de elevar los ingresos.

6.-Incentivos al empleo.

Aquí la Comisión, se limita a decir que se ha de mejorar el empleo, pero que no se ha de incentivar la contratación continuamente como vienen haciendo los respectivos gobiernos. Sí que aconseja proteger especialmente a los colectivos más desfavorecidos.

Tampoco se molestan mucho en hacer aportaciones en sentido de ir transformando el mercado de trabajo, con fuertes incrementos en I+D+i, o tratar de crear empleos de alto valor añadido, en sectores de las energías renovables y limpias, o las nuevas tecnologías, de tal manera que se cambie el sistema actual, que pivota sobre el turismo y los servicios (actividades muy inestables), en casos como catástrofes atmosféricas, atentados o pandemias como la actual, que además solo aportan salarios y contrataciones de mala calidad, que reducen drásticamente las aportaciones al Sistema Público de Pensiones. Se debería facilitar la participación laboral de las mujeres (solo 52% de tasa de actividad), el empleo juvenil y el empleo estatal que es muy bajo en comparación con la UE: sanidad, educación, escuelas infantiles, servicios sociales, etc. Se podrían crear un millón de empleos.

7.-Modernización e información al ciudadano.

En esta recomendación, la Comisión entra a valorar el trabajo que se ha hecho en cuanto a los nuevos sistemas de información al ciudadano, resalta lo avanzado que está actualmente el sistema, insta al Gobierno que cumpla con las obligaciones de información al ciudadano, que fija el Art.17 de la Ley General de la Seguridad Social, para que el ciudadano pueda estar informado de sus expectativas futuras de pensión.

El Partido Popular ya decía hace años que pondría los medios, para que los ciudadanos pudieran saber en cualquier momento que posible pensión tendrían en el futuro. Pero eso no se puso en práctica, quizás para no alarmar a los futuros/as pensionistas, dado que la disminución, ya se empezaba a notar como consecuencia de la reforma de 2.011.

8.-Gestión del sistema.

 Aquí, después de hablar de la necesidad de mejorar la gestión del sistema, tanto por parte de la Seguridad Social, como de las entidades gestoras y colaboradoras, la Comisión recomienda la creación de una Agencia de la propia Seguridad Social, con la finalidad de que garantice, la simplificación, racionalización de economía de costes.

No entendemos para que duplicar más aun la burocracia, en un momento en que las nuevas tecnologías permiten agilizar los procesos entre administrados y Administración.

También pide que se cubran los puestos de trabajo del personal que se ha ido jubilando, y que se rejuvenezca la plantilla administrativa.

9.-Mutuas colaboradoras de la Seguridad.

En esta recomendación, la Comisión plantea la necesidad de que dichas mutuas, mejoren la paridad en sus órganos de gobierno.

Quiero recordar que la Seguridad Social, ha salvado a muchas de estas mutuas y entidades, lo que no concuerda mucho con la necesidad de seguir duplicando la burocracia.

Vale la pena recordar, que las mutuas llevan años asumiendo cada vez más competencias, incluida el control de las bajas comunes de los trabajadores en muchos casos. Y, aunque dicen que son sin ánimo de lucro, no son más que organizaciones empresariales, que chupan del sistema de la Seguridad Social.

Esto ha perjudicado a los trabajadores, ya que las mutuas ejerciendo el control de las bajas comunes en muchos caos, lo que mejor saben hacer es presionar para que esos trabajadores se incorporen al trabajo aunque no estén completamente curados.

10.-La lucha contra el fraude:

 En esta recomendación, se menciona lo negativo del fraude para el sistema (eso sí, en primer lugar se menciona a los ciudadanos/as defraudadores), parece que para la Comisión esto es lo más negativo.

Hace la petición de que se pongan en común los diferentes sistemas informáticos, de todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude, como son: La Tesorería General de la Seguridad Social; el Instituto Nacional de la Seguridad Social; Los Servicios Públicos de Empleo; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las Instituciones Tributarias Forales, y el Ministerio del Interior.

En esta recomendación también se pide, una estrecha colaboración con las CCAA para una mejor utilización de los recursos. Esta es la teoría. En la práctica la inspección de trabajo carece de los medios humanos suficientes para ser eficaces en la lucha contra el fraude. Veremos si se contrata más personal para este fin.

11.-Contributividad.

Esta recomendación no ha variado en la práctica desde el año 2.011, y básicamente recomienda que se ha de mantener la relación entre el esfuerzo que hace el trabajador en sus aportaciones al sistema, y la posterior remuneración de su pensión.

Todo y así, recomienda que se han de tener en cuanta determinadas excepciones, de cara a los trabajadores/as que se ven obligados a jubilarse antes, como con los que tienen largas carreras de cotización.

No hace por eso, ni una mención al movimiento AJUVI, un colectivo que tiene 40 años o más cotizados, y que lleva años pidiendo que no se les penalice de por vida, sino que esa penalización de los coeficientes reductores, deje de aplicarse a partir de que cumplen la edad ordinaria de jubilación, 65 años.

12.-Edad de jubilación.

Esta recomendación en línea con lo que piensa el Gobierno, mantiene que la jubilación ha de ser a la edad ordinaria, o sea los 67 años de la reforma de 2.011 de Zapatero, firmada por CC.OO y UGT.

No se entiende que esta Comisión, desconozca que tenemos actualmente un paro juvenil del 40%, que más de 300.000 jóvenes, en los que hemos invertido mucho dinero público para formarlos, hayan tenido que salir de España, dadas las pocas o nulas expectativas laborales que se les ofrecían aquí.

Por lo visto tampoco la importa los miles y miles de jóvenes que salen de la universidades, para estar como becarios en una empresa durante años, sin cobrar nada, o lo mínimo posible.

No se entiende, que la Comisión desconozca el entorno Europeo en el que estamos, y donde hace años que funcionan reducciones de jornada, jornadas a tiempo parcial (con salarios estables y dignos), y otras medidas laborales tendentes a paliar estos problemas. Alargar la edad de jubilación perjudica doblemente a quienes tienen profesiones más duras y salarios bajos porque la esperanza de vida y el tiempo de vida saludable son menores que quienes tienen rentas altas y trabajos con poco esfuerzo físico.

13.-Prestaciones de viudedad y orfandad.

Esta recomendación, a pesar de que en su segundo apartado se pronuncia por mantener las dos prestaciones como contributivas, y se manifiesta en contra de la utilización de otros parámetros como (edad, renta, hijos o compatibilidades) al  asignarlas, lo cierto es que toda su argumentación posterior, va encaminada a su modificación en unos años, para pasar a considerarse una mera aportación económica de subsistencia, excepto a personas viudas con más de 65 años sin otras rentas.

14.-Esta recomendación ha sido suprimida.

15- Solidaridad y criterios de suficiencia.

Más de lo mismo, en esta recomendación plantean al Gobierno que sería conveniente tener fijado una pensión mínima, como tenemos establecido un Salario Mínimo Interprofesional, y evitar los casos de pobreza severa que se están produciendo, en nuestro sistema público de pensiones.

Pero casualidad o no, se olvida de que decenas de miles de pensionistas del Estado, llevamos años reclamando una pensión mínima igual al salario mínimo y que, a su vez, habría de ser el 60% del salario medio de cada Estado miembro. En España (tal y como dice la Carta Social Europea), es de1.084 euros al mes y 14 pagas al año.

16- Sistemas complementarios:

Es esta una recomendación que como decimos en Catalunya, se puede considerar el “rovell de l’ou”. O sea, el meollo de la cuestión.

Utilizan el Art. 41 de la Constitución para argumentar, que este abre la posibilidad a otros sistemas de carácter voluntario. Pero no utilizaron el Art. 50 de la misma Constitución o el Convenio 102 de la OIT, para decirle a M. Rajoy, que no podía congelar las pensiones.

 Bajo este paraguas, quieren introducir (copiando el modelo de las EPSV de Euskadi y el modelo británico) los planes de pensiones de empresa.

¿En qué consiste este sin sentido que propone la Comisión?

El objetivo final es el de adelgazar la parte destinada a pensiones públicas, y derivar una buena parte de estas hacia estas pensiones. Además de que las empresas, en total, paguen menos.

Evidentemente, de este juego participan los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT, que se lucran con la gestión de ellas, además de tenerlas como un punto más a tratar en la negociación colectiva. Por otra parte ellos ya tienen sus propios sistemas.

También se pretende conseguir apoyar una vez más a la banca, para que a través de esta capitalización pueda disponer de liquidez, y llegar a constituir un fondo de inversión, que pueda competir en el mercado globalizado actual.

¿Y los trabajadores que consiguen con esto?

Lo primero, a medio y largo plazo, que sus pensiones públicas en el inmediato futuro sean de miseria.

Lo segundo, terminar con la solidaridad intergeneracional e interterritorial que se produce con el sistema público.

Lo tercero, que se crearán dos o más clases diferenciadas de trabajadores: los que tienen  empleo fijo y bien remunerado, que cuando se jubilen, tendrán una buena pensión pública, acompañada de una complementaria de la empresa, o incluso de una privada y quienes tengan solo una pensión pública asistencial.

Lo cuarto, mucha inseguridad, ya que en la situación económica actual, de una volatilidad extrema, genera mucha más confianza poner ese dinero en la caja común de la Seguridad Social, que en una entidad privada.

Lo quinto, que este sea el primer paso hacia la Mochila Austriaca, que terminara de forma definitiva con los pocos derechos que los trabajadores/as disfrutan actualmente.

La pregunta que se habrían de hacer todos los trabajadores y trabajadoras sería.

¿Por qué quieren que se ponga ese dinero para que lo gestione una entidad privada, y no se puede poner en la caja única de la Seguridad Social?

Si lo hacemos como ellos quieren, estaremos aumentando la inestabilidad del sistema público, y estaremos eliminando las pensiones públicas de nuestros hijos y nuestros nietos.

Por el contrario si luchamos contra esta imposición las estaremos asegurando.

17.-Mujeres y Seguridad Social.

Si esta Comisión ha abandonado su trabajo en la práctica totalidad de sus campos de actuación, ha sido en este precisamente, el referente a la brecha de género, donde se puede considerar totalmente nulo.

En esta recomendación, la comisión hace una serie de apuntes, en relación con las políticas laborales nefastas en relación con la igualdad de género, los trabajos peor remunerados, los contratos más cortos, los trabajos del hogar… que han dado lugar a que esa diferencia de género en materia de pensiones este hoy en día situada en un diferencial del 37% en contra de las mujeres.

La propia Comisión considera que aunque se hayan desarrollado algunas políticas en ese sentido, no se ha avanzado prácticamente nada.

También reconoce la necesidad de actuar en cuanto a la cobertura de lagunas para hacerlas eficaces, y en la contratación a tiempo parcial, con un porcentaje muy alto de mujeres, haciendo mención a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 8 de mayo de 2.019, por la que condena al Reino de España en el caso Villar Láiz, por trato discriminatorio en cuanto a pensión otorgada por la Seguridad Social, Sentencia confirmada también por el Tribunal Constitucional.

No  entendemos,  como  puede  ser  que  esta Comisión          no     acierte   a detectar,  todas  las injusticias           que   se producen   día  tras día  en materia   de         pensiones, y tenga     que      ser       el Tribunal Europeo quien nos enmiende la plana. En nuestra opinión, nuestro Sistema  Público  de pensiones tiene tantas carencias y tantos parches, en la parte baja de su tabla, que no vemos más que una solución. Que el Estado haga una apuesta seria por regularizar la situación y que el Gobierno tenga la valentía, de fijar la pensión mínima en los 950 euros actuales del SMI, con la perspectiva de llegar a los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea al finalizar esta legislatura, y así mismo, subir el SMI a los 1200 euros en esta legislatura.

17 bis.- Juventud y Seguridad Social.

La   comisión  es   consciente  de   la   dificultad  de nuestros jóvenes para encontrar un empleo, y pide al Gobierno, políticas que faciliten el paso de los estudios al mercado de trabajo.

Pero una vez más, no recomienda al Gobierno que no alargue la edad de jubilación, o que reduzca la jornada laboral, para tratar de integrar a los jóvenes en la sociedad.

Así mismo está preocupada por el descrédito, que sufre la Seguridad Social entre los jóvenes, pero recomienda planes de pensiones ajenos al Sistema, como los planes de empresa, sabiendo que eso debilitara el sistema, y hará efectivos esos temores de los jóvenes, de no tener pensión publica mañana.

La Comisión considera que el colectivo de becarios necesita más protección, y que se ha de profundizar en ella mediante la adopción de medidas legislativas, pero no señala cuales podrían llevarse a cabo.

Hay una muy sencilla, que todos cobren como mínimo el SMI, estén dados de alta en la Seguridad Social, y en un año, que las empresas estén obligadas por Ley a contratarles como un trabajador/a más.

18.-Personas con discapacidad.

En esta recomendación la Comisión hace todo un decálogo de buenas intenciones, y nos remite a la recomendación de 2.011, y a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, y su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2.013).

Mientras que toda la recomendación está llena de buenas palabras y peticiones, la situación que tenemos en los centros concesionarios encargados de las cuidados de diversidad funcional, o de los grados de dependencia son un verdadero caos, de tal manera que no te hacen caso ni aunque vayas arrastrándote, por no hablar de las bajas laborales de larga duración, donde exigen a los trabajadores/as su incorporación al trabajo, en muchas ocasiones en situaciones lamentables.

Ejemplo: Mi compañera solicita grado de revisión  de su grado de discapacidad. El médico y la asistente social que la visitan, nos dicen que pasaran por casa a ver qué grado de dependencia, la correspondería, ya que para ellos supera el 75%, a partir del cual ellos harán la solicitud, ya que han de hacerlo de oficio al llegar a ese 75%. Pasados unos meses, otra persona hace la visita a casa, y nos comunican después de unos meses más, que no tiene derecho a ningún grado de dependencia, la dan un 74% de discapacidad, con lo que eluden el cumplimiento de la Ley, y tienen una persona menos entre las miles que esperan su grado de dependencia, y que mueren esperando; 80 personas al día mueren sin recibir la prestación de dependencia a la que hubieran tenido derecho.

La sociedad necesita menos buenas palabras y promesas, y más cumplimiento de las leyes, y de los programas con los que se presentan los partidos a las elecciones.

19.-Trabajadores migrantes.

En esta recomendación, la Comisión vuelve a aconsejar con más o menos fortuna, lo que se ha de hacer, para que dichos trabajadores/as, se integren en la sociedad, y no se produzcan situaciones de exclusión social, para conseguir que la migración sea un fenómeno beneficioso, y sea percibido como tal, por la sociedad de acogida.

19bis- Seguridad Social y Economía Digitalizada.

 Aquí la Comisión, ve serios problemas de que solo con las contribuciones sociales, se pueda mantener el sistema a medio plazo, dada la nueva revolución tecnológica que tenemos a la puerta. Ahora bien, en recomendaciones anteriores donde se pronuncia por mantener la edad de jubilación, u otras medidas restrictivas semejantes, parece que eso no le importe mucho.

Dice textualmente: El compromiso de esta Comisión con el sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional nos lleva a alertar, en línea con recomendaciones anteriores, sobre la necesidad de corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen los ingresos de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

20.-Control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo.

En esta recomendación, la Comisión trata simplemente de asegurar su propio futuro, convirtiéndose en una comisión permanente, pues no en vano es una comisión obscurantista y se mantiene a lo largo de todas las legislaturas. El siguiente párrafo lo deja bien claro:

“se valora positivamente que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo tenga naturaleza de comisión permanente”

CONCLUSIONES.

La primera conclusión que podemos sacar de todo esto, es que la Comisión del Pacto de Toledo, ni se creó con el objetivo de salvaguardar el Sistema Público de Pensiones, ni trabaja para ello, más bien se ha convertido una firme aliada, de todos esos intereses económicos que compiten por privatizar ese sistema público.

La segunda conclusión sería, que la Comisión procura no meterse demasiado con los actuales pensionistas, aunque no aborda, los duros problemas que afectan a más de 4 millones de ellos, como la disminución de la brecha de género, o igualar las pensiones mínimas al SMI.

Pero sí que les prepara un futuro muy negro a los futuros pensionistas, si estos no reaccionan.

La tercera conclusión sería, que las medidas que se prevé poner en práctica, de los temas de autónomos, de horas extras, la revalorización al IPC, de pasar los gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado, reconocer que la Seguridad Social no tiene déficit… son propuestas, que todas ellas han salido de nuestras reclamaciones. Si no hubiera habido movilización, nada de esto se  hubiera hecho, ni tan solo estaríamos hablando de ello. La división del antiguo Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, de la que siempre nos hemos quejado, ha sido el primer gol que este Gobierno nos ha metido.

Como consecuencia de esta conclusión, haríamos bien en reconocer todos/as, que nuestra lucha no ha sido en vano, que ninguna lucha es en vano. No hemos cubierto ni de lejos los objetivos que teníamos, pero hemos avanzado algo.

TRES PREGUNTAS QUE ENTIENDO NOS HEMOS DE HACER.

¿Por qué quieren que los trabajadores hagan aportaciones a los planes de empresa, o privados, cuando esas aportaciones podrían hacerse a la Seguridad Social y reforzar el sistema público?

Ahora que Unidas Podemos está en el Gobierno.

¿Por qué no se habla de la Proposición de Ley, que dicho partido presento en 2.018, y que el PP y Ciudadanos rechazaron? Cuando era una propuesta que recogía el 90% de nuestras demandas.

¿Qué ha cambiado para que con las mismas recomendaciones que ahora, no hubiera acuerdo de la Comisión en febrero de 2.019, y ahora sí haya sido posible?

UNA SOSPECHA.

Tengo la sospecha, de que esta reforma que se avecina (la tercera en una década), será la puerta de entrada a la futura Mochila Austriaca.

PONGO  AQUÍ  NUESTRA  TABLA  REIVINDICATIVA REDUCIDA. QUE CADA CUAL SAQUE SUS CONCLUSIONES.

Tabla Reivindicativa de las Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones es la que a continuación relacionamos

Bloque legal

1 El Sistema de Pensiones de la Seguridad Social debe mantenerse como tal Sistema Público y, en caso de necesidad, o déficit, se recurrirá a los Presupuestos Generales del Estado.

2.- Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 65 años, en el contexto de la Proposición de ley Presentada por 71 diputados en el Congreso.

3.- Jubilación anticipada, sin penalizar, con 40 o más años cotizados = 100%.

4.- Recuperación del Subsidio para mayores de 52 años.

5.- Integración en el Régimen General de todos los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

6.- Rechazo a las Reformas Laborables del 2011 y 2013, ya que la precariedad laboral afecta negativamente al Sistema Público de Pensiones.

Bloque económico

1.- Pensión mínima de 1.084 € (a fecha 2017) que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea.

2.- Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real anual. 3.- Recuperación económica de lo perdido desde 2011.

Bloque Social

1.- Reducción, hasta su desaparición, de la brecha de género en las pensiones.

2.- Modificación del tope mínimo en caso de doble pagador.

3.- Pleno e Inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia,

4.- Eliminar todo tipo de copago y/o repago y “medicamentazo”, restablecer los derechos sanitarios, en el sentido de la sanidad pública, universal y de calidad que teníamos.

5.- Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte).

6- Derechos Humanos efectivos: Derecho a la Vida, a una Muerte Digna, a la Libertad, al Trabajo, Sanidad, Vivienda, Refugiados, Extranjería, etc…

Que se establezca el compromiso de llevar a cabo un debate profundo a corto plazo sobre el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, con la participación necesaria de las organizaciones de los/as trabajadores/as y pensionistas –pero con todas ellas– como paso previo a la puesta en marcha de la legislación necesaria para garantizar el mantenimiento de Sistema Público de Pensiones e importes dignos.

Así mismo, acometer una verdadera reforma fiscal y una verdadera reforma laboral, en positivo para los derechos de la mayoría social, como herramientas para facilitar la redistribución de rentas y recursos.

Los ciudadanos debemos manifestarnos y salir a la calle con unos objetivos claros y coincidentes con lo que se pide por los miles de pensionistas movilizados y se recoge por decenas de diputad@s en la Proposición de Ley planteada, y apoyada por la CEDSPP.

Sería absurdo y anacrónico exigir unas reivindicaciones menores de lo que realmente necesitan con urgencia los pensionistas actuales y futuros, y planteadas ya en el Congreso; lo que de forma inmediata se traduce en derogar las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.

TAGS: COORDINADORA ESTATAL ENDEFENSA de las pensiones [11:05, 26/1/2018]

Domiciano Sandoval, y Manuel Colinas. Barcelona – León, noviembre de 2020

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