Pacto de Toledo ¿Asignatura para septiembre?

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y la ex ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y actual presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo (PdT) desde febrero de 2020, Magdalena Valerio, están empeñados en que haya “fumata blanca” en dicho Pacto para septiembre u octubre, y en esa línea han ido tanto las declaraciones de ambos durante los últimos meses como los trabajos, siempre ocultos, del PdT durante el mes de julio que ya ha terminado, en el que se han repasado a toda velocidad las 20 o 21 (*) recomendaciones que YA HABÍA “casi pactadas” el pasado año, antes de la ruptura que originó Unidas Podemos al no aceptar algunas de las recomendaciones, las más “sangrantes” a las que nos opusimos frontalmente, y de poner objeciones a varias de ellas también de acuerdo a las exigencias de los movimientos pensionistas. El resto de partidos, antes de aceptar un texto sin unanimidad y con objeciones a las puertas de unas elecciones, optaron por romper la baraja puesto que ya tenían “culpables” a quienes achacar todos los males.

El desarrollo de las recomendaciones con las que nos encontraremos se basa en aquéllas “casi pactadas” del pasado año, en diversas declaraciones del ministro Escrivá y de la presidenta del PdT Valerio, en nuestra conversación con ella el pasado mes de junio (más bien interrogatorio, discúlpenos Sra. Valerio) y en alguna filtración de los papeles sobre los que se está trabajando.

Aclarar, en primer lugar, que el ministro Escrivá es un tecnócrata eficiente donde los haya, pero ni más ni menos que eso: un muy buen técnico experto en econometría que igual sirve al PP (como cuando lo encumbraron a la presidencia de la AIReF en 2014) como al PSOE y, por tanto, su prioridad es manejar los números sin atender a más consideraciones que las indicaciones de sus superiores y los pequeños retoques subsiguientes para que le “cuadren las cuentas”. También es justo decir que lleva años estudiando el sistema público de pensiones pero únicamente bajo su prisma, que esperemos no se refleje en su totalidad en las recomendaciones del PdT.

Por su parte, la Sra Valerio tiene un tinte más socialdemócrata, menos rígida en sus apreciaciones y hay que reconocerle la vuelta al subsidio de mayores de 52 como derecho de carácter personal, frente al recorte de >55 con cómputo familiar, de Rajoy y Fátima Báñez.

Esto ha hecho que algún@s hayan visto un poco de esperanza en que, con Valerio de presidenta y la presencia de Unidas Podemos (ya que Compromís firmará lo que haga falta y ERC se levantará de la mesa con toda seguridad), el PdT no retome las viejas prácticas de “recortes, recortes, recortes” para l@s pensionistas actuales y, sobre todo, futur@s. En parte, pero solo en una pequeña parte, quizá tengan algo de razón, pero olvidan que en el PdT están presentes TODOS los partidos políticos y las recomendaciones se emiten por consenso. El peso de UP y ERC es relativo, no así los estudios de Escrivá y los apoyos a la mayoría de recomendaciones por las derechas. Además, parten de unos textos que ya había bastante consolidados por la mayoría de partidos en el PdT y las izquierdas, como mucho, podrán emitir consideraciones a cada una de las recomendaciones con las que no estén de acuerdo, pero esa mayoría de partidos de centro izquierda + centro derecha + derecha + ultraderecha están decididas a aplicar nuevos recortes, quizá no tanto en las pensiones actuales como en las futuras.

Tienen la oposición y la seguirán teniendo de los integrantes de los movimientos pensionistas, porque no somos tod@s los que debiéramos. Porque no vemos la oposición decidida de los sindicatos y de l@s trabajador@s que, a la larga, serán quienes más perderán si no se movilizan en contra.

Vamos a ver, una a una, las recomendaciones más reseñables que hay encima de la mesa, las más notables, las más filtradas o de las que más datos tenemos, de las que nos va a regalar el “nueviejo” PdT tras las vacaciones estivales y bajo la sombra de la COVID-19.

(A partir de ahora, comentarios, en cursiva)

ÚLTIMOS AÑOS Y PUNTO DE PARTIDA DEL PACTO DE TOLEDO

Hace algo más de un año y después de más de dos años de trabajos, el Pacto de Toledo dio por rotas las negociaciones para cerrar unas recomendaciones que estaban “prácticamente acordadas”, según algunas fuentes (no así según otras), que debían servir para orientar en los siguientes cinco años una reforma que garantizase la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

Estas son las recomendaciones más destacadas, contempladas en el borrador del preacuerdo que finalmente no fue aprobado para enviarlo al Parlamento, y que según la ex ministra Valerio han servido de punto de partida para los trabajos del Pacto de Toledo. Estas recomendaciones han sido matizadas por el ministro Escrivá y aquí, por tanto, quedan reflejadas también.

  1. Revalorización de las pensiones. Inicialmente planteadas “según el IPC con la media de la inflación anual”, en la actualidad LAS DECLARACIONES del ministro Escrivá, de la ex ministra Valerio y otr@s responsables han ido decayendo desde “las pensiones no perderán poder adquisitivo” hasta “no habrá recortes de pensiones”. Cada vez que abrían la boca era a peor… Finalmente, en el documento social del Plan de Reconstrucción por la pandemia, fue precisamente el PSOE quien no quiso admitir una moción que recogía la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC REAL.

Todo esto nos hace sospechar que los partidos del Pacto de Toledo no respetarán ni el IPC REAL pactado con algunos de ellos, ni la subida por encima del IPC real para las mínimas y no contributivas con el objetivo de llegar primero al SMI, y después a los 1.080€/mes.

  1. De hecho, el texto que hay sobre la mesa del PdT, en lo referente a las pensiones mínimas, dice algo así:

Incremento hasta un umbral mínimo, pero de forma equilibrada para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones contributivas, para no desincentivar la cotización.

Es decir, se trata de una oposición directa y frontal a nuestras reivindicaciones, enlazadas con la Carta Social Europea, de una pensión mínima = SMI.

  1. Edad de jubilación: pretenden acercar la edad real de jubilación a la edad legal, mediante la maniobra de endurecer los requisitos para acceder a la anticipada (aumentar la “sanción” por trimestre anticipado, que hoy puede llegar a rebajas de 32% de la pensión que corresponda, de forma vitalicia) e ‘incentivando’ el envejecimiento activo.

Abandonan por completo a l@s parad@s de 50 o más años que ya no encuentran otro trabajo, condenados actualmente a malvivir en el mejor de los casos con el subsidio de 430 €/mes durante 13 o más años, y aceptar una Jubilación Anticipada por necesidad con reducciones de pensión de más del 30% de forma vitalicia. Y aún quieren reducirles más la pensión, y aumentarla a quienes tienen trabajos que les permiten alargar su carrera laboral sin problemas de salud.

Un ejemplo práctico: en la Universidad, doña Ana, la señora de la limpieza (perdonad pero la mayoría de casos, tanto en limpieza como en pérdida de empleo a ciertas edades, se da en mujeres) tiene que jubilarse anticipadamente, porque la despidieron por bajar el rendimiento y reestructuración en la empresa, lleva desde los 55 en el paro y ya nadie la coge, su físico está estropeado por tantos años de agua, lejía, amoníaco, fregar suelos, limpiar ventanas, etc. De su magra pensión debe perder el 30% de forma vitalicia, si se jubila a los 63 y 10 meses por necesidad, porque cobra unos miserables 430€ del subsidio de mayores de 52 años.

En paralelo, don Carlos, catedrático de la misma Universidad, con holgada económica, puede continuar dando clases más allá de los 67 años cobrando su pensión, pero también una parte del salario por el que, lógicamente, continúa cotizando. Cuando se canse, la cotización última computará también para incrementar su pensión.

Será justo, dirán. Quizá sí, pero poco redistributivo también. Hay oficios en los que debiera instaurarse con naturalidad la jubilación anticipada sin reducción, y otros en los que no hay problemas por atrasar la jubilación, sin incremento. Eso es la redistribución y la justicia social.

En todo caso, el aumento en la edad de jubilación ha contribuido a destapar y aumentar estas diferencias tan abismales que estaban latentes en nuestra sociedad, así como el estado físico en que se llega a la jubilación retrasada a los 67. La pregunta NO es ¿cuántos años te quedan tras la jubilación? sino ¿en qué condiciones vas a pasar esos años?

  1. Cotizaciones. Las cotizaciones inciden de forma triple en la jubilación:

  • Actualmente, para cobrar el 100% de la pensión a la edad legal de jubilación, son necesarios 35 años y 10 meses de cotización, y va subiendo cada año hasta los 37 años a partir de junio de 2027.

  • Para poder jubilarse a los 65 años hay que cotizar 37 años hoy, 38 y medio a partir de abril de 2026. Si no has cotizado esos años, hoy te podrás jubilar con 65 años y 10 meses, subiendo cada año hasta 2027 que se llegará a los 67 años si no has cotizado 38 años y medio o más.

Ya hemos visto anteriormente el problema que representa este punto para las jubilaciones anticipadas a los que se ven forzadas muchas personas.

  • El período de cómputo, los años cotizados, inciden para el cálculo de la pensión: hoy se calcula sobre los últimos 23 años, se calculará sobre los últimos 25 a partir de agosto de 2022, aunque Escrivá quiere aumentar el período de cómputo para el cálculo de la pensión, continuando a partir de 2022 por encima de los 25 años, hasta llegar al total de la vida laboral. Para edulcorar la medida, podría darse el caso de poder elegir descartar algunos de los peores años para el cómputo, en caso de largas carreras de cotización.

Esto significará que los primeros años de vida laboral, con salarios más bajos, incidirán en negativo sobre la pensión. Esta disminución en las futuras pensiones será más dañina sobre todo para las mujeres, aumentando la ya de por sí enorme brecha de género de alrededor de un 37% en la actualidad.

  1. Mochila austríaca. La reforma laboral del PSOE de 2010, en su Disposición Adicional Segunda, contemplaba la creación de lo que se ha venido en llamar la “mochila austríaca”, especificando que no costaría un euro a las empresas. Consistiría básicamente en un fondo privado de pensiones que hubiera servido también como indemnización por despido, y que estaría alimentado por aportaciones “de la empresa” (en realidad, pellizcos de la cotización a la SS que hace la empresa, masa salarial de cada trabajador/a a fin de cuentas).

Este sistema, imposible de implantar tal cual en España, ha sido el empeño de bancos y aseguradoras apoyados por los partidos neoliberales y ultras, los mismos buitres que crearon y consintieron las preferentes, y que hace mucho tiempo ansían los más de 140.000 M€ del Sistema Público de Pensiones para sanear sus cuentas y volver a dejar a l@s trabajador@s con una mano delante y otra detrás.

El sistema OBLIGATORIO de “mochila austríaca” se intentó copiar en España como uno de los acicates para contratar fondos privados a la vista del nulo interés de l@s trabajador@s por ellos. Pero se desechó a la entrada de Rajoy y su reforma laboral, con la que consiguió uno de los objetivos largamente soñado por los sectores financieros: el hundimiento de los salarios y de las cotizaciones a la SS, que llevó aparejada la debilidad del Sistema Público de Pensiones y lo que esperaban fuera el inicio de las contrataciones masivas de los fondos privados. Pero tanto bajaron los salarios y tanto precarizaron el empleo que no consiguieron el objetivo por falta de dinero en los bolsillos de l@s trabajador@s y por la demostrada ruina que suponen estos “instrumentos de ahorro”.

Así las cosas surge una idea similar, expresada en múltiples ocasiones por el ministro Escrivá, que va en la línea de un sistema parecido a la antigua “previsión complementaria”, que existía en algunas grandes empresas, y existe en la administración vasca y algunas empresas de aquélla CA. Se trata básicamente de un fondo privado de pensiones alimentado con aportaciones “de la empresa” (ya hemos dicho de dónde salen en realidad) y del trabajador/a, que administraría (posiblemente) un banco o aseguradora y que sería negociado entre representantes de l@s trabajador@s y empresas. Hasta ahí muy bien y muy bonito. Pero…

Pero hay algunas pegas a ese planteamiento. Veamos.

Una, toda la aportación de dinero sale del trabajador o trabajadora y va a un “profesional” que negocia con ese dinero, pudiendo tener pérdidas (como está ocurriendo ahora en casi todos los fondos de pensiones del mundo) que no afectarán al banco, sino al dueño del dinero que verá como se reducen sus ahorros. Eso sí, el fondo estará respaldado por el Estado: si el banco o la aseguradora quiebra, el Estado con TU PROPIO DINERO rescatará al banco y a tus ahorros (o parte de ellos) ¿Te suena? A cambio, para el banco es el negocio del siglo: un fondo que puede esquilmar durante muchos años con sus comisiones, sus gastos de gestión, etc, que cada vez está más lleno con unas aportaciones continuas (o casi) y que en caso de rescate se lleva un pico. Y todo limpio de polvo y paja sin arriesgar un céntimo.

Dos. Como todo fondo privado de pensiones, es finito. Es decir, no continuará pagando hasta el fallecimiento del interesado como una pensión normal, sino que el grifo se cerrará precisamente cuando se tiene más edad y cuando más necesarios son unos fondos para mantener la dignidad en su sitio y el hambre fuera.

Tres. El dinero recuperado no tiene el tratamiento como pensión, como salario diferido, sino de capitalización bursátil por lo que el tratamiento fiscal es distinto y casi siempre peor.

Cuatro. Las desgravaciones que llevarán aparejadas beneficiarán poco a l@s trabajador@s, pero mucho a las empresas y gratis, puesto que el montante de aportaciones más alto saldrá “de sus cuentas”. ¿Perjudicados? Todos, porque se reducirán de forma sustancial las aportaciones al IRPF por este concepto por parte de las empresas.

En fin, con el mismo dinero que aporta hasta ahora el trabajador o trabajadora a la SS recibirá mucho menos, aun yendo bien las cosas, que continuando sin esos cambios (preguntad a amig@s que tengan fondos privados). Las empresas ganarán, puesto que no aumentan el gasto sino que disminuyen los impuestos a pagar, y sobre todo ganarán los bancos y las aseguradoras. ¿Y eso es lo que llaman “SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA”?

Hay más “peros”: se trata de un sistema que solo funcionará en las grandes empresas, pues las pequeñas carecen del “músculo sindical” necesario para una negociación colectiva salvo que vuelvan a tener peso las negociaciones colectivas de sector y/o comarca o región, etc. Y, por fin, ¿a qué trabajador@s puede interesar ese sistema? Solo a un@s poc@s: a los de salarios más altos, porque al estar topadas las cotizaciones si quieren mantener el nivel de vida una vez jubilad@s, necesitan una herramienta de ahorro ad hoc. Además, el importe de sus deducciones al IRPF por las cantidades aportadas lo hacen interesante para ellos, a pesar de existir otros instrumentos de ahorro más eficaces.

La gran diferencia con la “mochila austríaca” es que la previsión complementaria no sirve (de momento) para pagar las indemnizaciones por despido de l@s trabajador@s, pero deja el terreno abonado. Muy bien abonado.

  1. Pensiones de viudedad. mención aparte merecen las pensiones de viudedad, para las que el ministro Escrivá propone «llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad», con el objetivo de «adaptarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios», introduciendo una prueba de rentas para acceder a esta prestación que tenga en cuenta la situación financiera de la unidad familiar, y otros criterios como la edad y los hijos. Se pretende recortar las compatibilidades, en aras a restringir de alguna forma este tipo de prestación y “limitarla a quienes realmente la necesiten”. En esta misma línea, el PdT defiende que la protección se concentre en las personas con 65 o más años para las que la pensión es su principal o única fuente de ingreso, con el fin de «garantizarles una situación de renta equiparable» a la que tenían antes de fallecer su cónyuge. Incluso se muestra partidario de elevar un poco a este colectivo el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular su prestación, en la actualidad el 60%, y subirlo hasta el 65-70%.

Nunca estaremos de acuerdo con la propuesta del ministro Escrivá que pretende reducir las personas perceptoras de viudedad prácticamente a las mayores de 65 años dependiendo de las rentas totales familiares, según el número de hijos y si la persona perceptora no tiene otra fuente de ingresos. Pero lo peor es que pretenden SACAR estas pensiones del sistema contributivo (dependientes de la SS) y convertirlas en asistenciales (dependientes de los Presupuestos Generales del Estado).

Esta propuesta de modificar la naturaleza de las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares (prestaciones por muerte y supervivencia), supone romper la integridad del sistema de pensiones públicas, abriendo el camino a la reducción de esas pensiones desligándolas de la base de cotización de origen y pudiéndose ligar, por ejemplo, al IPREM, que lleva 10 años prácticamente estancado, al tiempo que entrarían en el terreno de transferibles a las Comunidades Autónomas. Las pensiones de viudedad, en su mayoría, son de mujeres en más del 90%, que acceden a la pensión después de los 70 años y el 70% de estas pensionistas tienen como único recurso económico la propia pensión, aunque llevan camino de cambiar alguno de estos parámetros.

Esta financiación con cargo de las aportaciones de los PGE es una medida puramente economicista, y tiene como objetivo dejar un sobrante al año en los presupuestos de la SS, ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y gastos. Pero, como hemos propuesto en muchas otras ocasiones desde los movimientos pensionistas, ese sobrante se conseguiría mucho más fácilmente trasvasando los gastos impropios (salarios y gastos fijos ministeriales, bonificaciones y subvenciones a la contratación, prestaciones a maternidad y paternidad, complementos a mínimos, ayudas universales de sanidad o servicios sociales, etc).

Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales, incluidas viudedad y orfandad, sin eliminar un derecho como ese a quienes quedan en difícil situación.

  1. Autónomos. Se pretende que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada (¿?) y el trabajo a tiempo parcial.

De las pocas propuestas con sentido, y con las que podríamos estar de acuerdo, a falta de poder leer la letra pequeña, porque ya estamos demasiado acostumbrados a la literatura algodonosa y la realidad empedrada…

  1. Tasa de sustitución. Se concretaría qué es “una pensión suficiente” (¿?), utilizando un mecanismo que puede ser una tasa de reemplazo que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores. La tasa de sustitución, “es un indicador del grado en que un sistema de pensiones logra su principal cometido, que no es otro que sustituir las rentas de la etapa en activo de un trabajador manteniendo un poder adquisitivo lo más elevado posible.”

En teoría suena bien, pero no nos engañemos. La tasa de sustitución o reemplazo es un eufemismo para tratar de ocultar su relación directa con el mal llamado factor de sostenibilidad, mejor llamado factor de pobreza. Vamos a desgranarlo todo, y por partes.

Se suele definir la tasa de reemplazo o sustitución como “el porcentaje que representa el monto de la pensión respecto del promedio actualizado de las remuneraciones del trabajador en los últimos 10 años, en términos brutos y netos”. En España, esta tasa se sitúa en un 72%, aproximadamente, mientras la media europea está en un 63%. Lo que nos ocultan es que el salario medio de los 28 países de la UE está en 2.091€/mes, mientras en España es de unos 1.650€/mes, un 21% por debajo de la media.

Los poderes financieros y los medios neo y ultraliberales pretenden que la tasa en España baje hasta un 50% mediante la reducción del Sistema de Pensiones Público, y que se complemente cada uno (el que pueda) la pensión pública mediante un sistema privado o de empresa, como hemos explicado anteriormente. Pero si tenemos en cuenta el SMI, actualmente en 950€, el 50% que pretenden los buitres se quedaría en 425€, más o menos el subsidio de mayores de 52 años: una miseria.

Por otro lado, la idea del factor de sostenibilidad se introdujo en la reforma de las pensiones del PSOE en 2011 para desarrollar posteriormente y aplicar a partir de 2027, pero al llegar al poder el PP desarrolló una fórmula de revisión cada 5 años para reducir las pensiones hasta un 5% por “paquetes de edad” y cálculo de esperanza de vida para ser aplicado inicialmente a partir de 2019, pero tras las protestas de las plataformas de pensionistas se vio obligado a retrasarlo a 2023. El plan del PP (no derogado) era el siguiente: a partir de 2023 se incluirían coeficientes, factores para reducir el cálculo de las pensiones a cobrar por las personas que puedan acceder al sistema jubilatorio: el FEI, factor de equidad intergeneracional según la esperanza de vida de la población y el FRA, factor de revalorización anual (el maldito 0,25%), aún no derogado, según la “salud” económica de las arcas públicas, es decir, la relación entre ingresos y gastos públicos. Ambos son totalmente negativos para el cálculo: viviremos más, y seguirá habiendo más déficit público tras la pandemia; por tanto de no mejorar la recaudación fiscal haciendo que paguen más quienes más tienen, obviando todos los estudios contra estas teorías de otros economistas independientes, Premios Nobel incluidos, habría que recortar profundamente las pensiones como proponen el PP y los “profetas neoliberales”.

El FEI calculará una mayor esperanza de vida y la cuantía mensual de nuestra pensión se diluirá por la mayor expectativa de vida. ¡Qué paradoja de nuestra existencia! Vivir más tiempo en un mundo que progresa tecnológicamente y de mayor conocimiento es económicamente un castigo, no un privilegio para los ciudadanos.

Para entender cómo operan esos factores veamos un ejemplo sencillo, pero no menos riguroso de lo que sucederá al aplicar el FEI si continúa sin derogar. Supongamos que, hasta finales de 2022, nuestra esperanza de vida después de los 67 años, edad mínima para acceder a una pensión pública, es de 20 años, hasta los 87. Simulemos también que nos corresponde una pensión de 1000 euros mensuales: el importe, la “hucha” teórica acumulada para esos 20 años, será: (20*14 pagas anuales)*1000=280.000 euros en total. Ahora bien, si la esperanza de vida, no la nuestra sino la prevista por la estadística, aumenta a principios de 2023 a 25 años (es decir es 1,25 superior a la anterior), la “hucha de pensión teórica” crecería a 350 mil euros. Es el mismo cálculo anterior, pero para 25 años. Pues bien, el factor de sostenibilidad supone que esa “hucha” inicial (los 280.000€) hay que distribuirla entre los años que la estadística muestra que vamos a vivir, es decir, repartir la “hucha” original de 280 mil euros en los 25 años, esto es, en nuestro ejemplo que no es exacto, es una simulación para facilitar la explicación, la pensión baja de 1000 a 800 € mensuales, puesto que el factor de corrección es 1,25.

Reiteramos que lo expresado es un ejemplo grosero, para subrayar el efecto perverso del FEI en las futuras pensiones. Está “exagerado” aquí para hacerlo evidente. Entre otras cosas porque la fórmula de cálculo real es de una complejidad que intentar explicarla aquí sería un arduo trabajo. Pero la filosofía de esa ‘sostenibilidad’ es esa. Castigar a los pensionistas, no sostenerlos.

  1. Reducción de gastos impropios en la SS. En relación con comentarios de puntos anteriores, estamos totalmente de acuerdo en garantizar la viabilidad del Sistema Público de Pensiones mediante la separación de multitud de gastos impropios de la SS, como las bonificaciones al empleo o de paternidad, o las tarifas planas de autónomos y los salarios de funcionarios adscritos, los complementos a mínimos, las ayudas universales de sanidad, los servicios sociales, los gastos corrientes y las inversiones. En resumen, todos los gastos que NO sean exclusivamente prestaciones contributivas deben ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

  1. Deuda histórica y “déficit” de la SS. El ministro Escrivá pretende resolver la situación de deuda histórica de la Seguridad Social al Estado compensándola con el traspaso de patrimonio e inmuebles de la SS a las administraciones (Comunidades Autónomas). Cuando se desagregó el Sistema Público de Salud y fueron pasando las competencias a las CCAA, los edificios, hospitales, etc, que eran propiedad de la SS siguieron y siguen siéndolo, aunque la gestión o el pago del IBI, por poner un ejemplo, lo hagan las CCAA, pero no pagan alquiler u otros conceptos a la SS. De esta forma quiere acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales.

Este es un tema que daría para un largo artículo y que intentaremos resumir, pero anticipamos que NO ESTAMOS DE ACUERDO en el vaciado patrimonial de la SS para traspasarlo a las CCAA sin más, como fórmula para anular una supuesta deuda histórica que no existe, y de existir sería en sentido contrario.

La “deuda histórica” de la SS no es tal, puesto que está originada por la modificación por Aznar del art. 109.2 del TRLGSS, y después por la inaplicación del mismo sostenida en el tiempo y mantenida por PP y PSOE, al no realizar transferencias directas y llevar a cabo “préstamos”.

En realidad, la deuda histórica es del Estado con la SS, y viene de los enormes superávits por cotizaciones que se generaron durante decenios que distintos gobiernos utilizaron para muy diversos fines, no precisamente para los que se generaron. Algunos estudios bastante fiables cuantifican ese superávit en 550.000 M€ de HOY si se hubiese empleado aquél dinero solamente para las prestaciones contributivas. Para lo que eran. La prueba es que, si se emplearan las cotizaciones para pagar solamente esas prestaciones contributivas, HOY habría un superávit de alrededor de 16.000 M€ anuales.

CONCLUSIÓN

Las recomendaciones que previsiblemente saldrán del Pacto de Toledo entre septiembre y octubre serán de nuevo, y como todas las de su historia, regresivas para pensionistas actuales pero sobre todo futur@s, más allá de que haya partidos que voten en contra porque estos no han obtenido la suficiente fuerza electoral para ejercerla y tumbar esas pretensiones; no estamos en la situación previa a las elecciones de 2019 cuando algunos partidos no se atrevieron a llevar adelante las recomendaciones que llevaban pactadas de antemano. Si el ministro Escrivá quiere sacar las recomendaciones tal cual, no le quedará otro remedio que apoyarse en las derechas porque los partidos a su izquierda no asumirán determinadas recomendaciones, y aquéllas a cambio querrán endurecerlas más.

Entre tanto nos encontramos la casi nula movilización de l@s trabajador@s, futur@s pensionistas, en apoyo de sus propios derechos que, como hemos visto, resultan claramente atacados. Solamente una nueva ola de movilizaciones de pensionistas Y FUTUR@S PENSIONISTAS conseguiría parar, o suavizar al menos, las condiciones que pretenden aplicarnos. Pero los sindicatos mayoritarios no se movilizan, quizá por intereses nada obreros, y la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) está hecha trozos por luchas internas y por divisiones provocadas por el desembarco, en algunos de sus órganos de dirección, de miembros de partidos políticos y de sindicatos mayoritarios. Sólo la actuación independiente y decidida de las plataformas que la componen podría redireccionar esa deriva.

Cuídense.

Cartagena, Septiembre de 2020

Vicente González

Coportavoz de Yay@flautas de Cartagena

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