UNA CUESTIÓN PREVIA 

El Sistema Público de Pensiones se encuentra actualmente en una situación fuertemente deficitaria. Sin embargo, como veremos, a pesar de esta situación, la sostenibilidad del sistema no tiene ninguna duda. Por eso, los que nos dicen que no hay dinero para pagar las pensiones, lo han venido haciendo con argumentos, muchas veces artificiales, utilizados para prevenirnos de un riesgo de sostenibilidad fabricado. 

Otra «contaminación ideológica» es la utilización de la demografía de forma inadecuada e interesada y que han recurrido como instrumento para generar miedos. 

No se trata de negar los cambios demográficos. Se trata de evaluar correctamente el envejecimiento y la natalidad: 

1.- El envejecimiento es un gran logro. Es bueno vivir más tiempo, sobre todo si se vive bien. 

2.- La baja natalidad no es la amenaza de las pensiones. Más importante que la natalidad es que los jóvenes tengan un empleo digno y con derechos, un trabajo decente, que les permita realizar buenas cotizaciones y, de esta manera, mejorar los ingresos de la Seguridad Social. Con el incremento de la natalidad en los años 80/90, las pensiones no estarían mejor que ahora. Eso sí, tendríamos más jóvenes en paro. 

No diré nada que no se sepa cuando afirmo que el objetivo de las élites económicas es acumular riqueza sin otro fin. Su único compromiso es un compromiso con ellos mismos. Es muy significativo aquello que dijo algún rico «daría todo lo que tengo por tener más». Y para conseguirlo utilizan todos los medios a su alcance, desde privatizar la riqueza colectiva, incluidos los servicios públicos, hasta mercantilizar una parte de nuestro Estado de Bienestar en general y de nuestras pensiones públicas en particular. 

A mediados de los años 80, el sistema financiero constató que la Seguridad Social tenía una gran importancia económica (hoy la nómina anual de pensiones son unos 135.000 millones de euros) y vio un gran negocio si conseguía gestionar una parte de ese dinero. Por eso, uno de sus objetivos fue la apuesta por las pensiones privadas. 

ES CAPITAL RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL SISTEMA 

El futuro del sistema está directamente relacionado con la confianza en el mismo. Un estudio realizado el año 2015 concluía que el 79% de los jóvenes entre 18 y 24 años creían que su generación no cobrará una pensión pública de jubilación. Si una persona piensa que no va a cobrar una pensión pública de jubilación, no hará nada para defenderlo o mantenerlo. Y la deslegitimación social del sistema es su mayor amenaza. Por eso, con el objetivo de deslegitimarlas, se diseñaron intensas campañas contra las pensiones públicas y a favor de las pensiones privadas. Por eso y para eso, «expertos independientes» pagados por entidadfinancieras, nos dijeron que nuestro sistema de pensiones estaba en quiebra. Pero eso no era ni es posible ya que de ser así, el Estado estaría en quiebra porque la Seguridad Social no es algo distinto del Estado. Por otra parte, que un gran número de pensionistas se incorporarán al sistema (habrá más de 15 millones en 2050) es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. No es algo que hayamos conocido ahora. 

LOS DOS MODELOS DE PENSIONES PÚBLICAS 

Modelo Actuarial 

• Las pensiones se financian solo por cotizaciones. 
• Los ingresos determinan el nivel de las pensiones. 
• Todo el coste del envejecimiento lo sufragan los cotizantes con pensiones más bajas. Sociedad envejecida y empobrecida. 

Modelo Social 

• Las cuantías de las pensiones se deciden con acuerdos políticos y sociales garantizando niveles suficientes de las mismas. 
• El nivel de las pensiones fijan los ingresos necesarios. 
• Se financian vía cotizaciones y vía impuestos. 
• Distribuye el coste del envejecimiento entre generaciones y niveles de renta. 

NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES 

• Es un sistema público. 
• Es un sistema obligatorio. 
• Es un sistema solidario (modelo de reparto). 
• Es un sistema contributivo. 
• Es de financiación mixta (pensiones no contributivas y c. mínimos con impuestos). 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO SOCIAL 

Como dice Vicenç Navarro, han destacado tres intervenciones en tres etapas históricas: 

• Inicio de período democrático: gran expansión del Estado de Bienestar con un gran crecimiento del gasto social. 
• Entrada del euro: La reducción del déficit público establecido por el Tratado de Mastricht (del 7% del PIB al 3% en 1998 y al 0,2% en 2002) se consiguió con la reducción del gasto social. 
• A la crisis económica, política y social iniciada el 2007, se le hace frente con políticas de austeridad, reformas laborales y recortes sociales. 

EL DEBATE DE LAS PENSIONES ES IDEOLÓGICO 

• El debate sobre las pensiones es un debate profundamente ideológico, y que contrapone conceptos que son radicalmente antagónicos. 

CONTRAPONE 

✓ La política con la economía 

✓ Lo público con lo privado 

✓ El modelo de reparto con el modelo de capitalización 

• Por eso, es conveniente tener presente que cuando se debate sobre las pensiones públicas y su sostenibilidad, los argumentos económicos en realidad son argumentos de una ideología.

LA NECESIDAD DE UN PACTO POLÍTICO SOBRE LAS PENSIONES 

Que se hable del futuro de las pensiones sólo desde criterios demográficos y económicos, recuerda la frase que decía «es la economía estúpido» y que ya nadie duda fue un triunfo del neoliberalismo. 

Porque esta frase resume de forma perfecta el credo neoliberal: la política es una cosa y la economía es otra. 

Y su consecuencia es muy clara: todo el debate sobre la economía queda fuera del control político y ciudadano. 

Y ello ha tenido Y está teniendo fatales consecuencias para el Estado de Bienestar en general y para las pensiones públicas en particular, sobre todo, si tenemos en cuenta que el Modelo Social europeo se cimentó en un gran pacto político. 

Me estoy refiriendo al Pacto Keynesiano que vino a interrelacionar lo que es la cohesión social (sanidad, educación y pensiones públicas), con la eficiencia económica. 

En síntesis, Pacto de Estado era: usted me da eficiencia económica y yo le doy cohesión social. La cohesión social facilita la eficiencia económica y sin eficiencia económica no se puede pagar la cohesión social. 

Por eso, la falta de acuerdo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo es una oportunidad perdida. Y es una mala noticia para la lucha por la defensa de un Sistema Público de pensiones sostenible y suficiente. La movilización social y los acuerdos políticos y sociales que capitalicen estas movilizaciones son claves para consolidar una seguridad social pública. Si se renuncia a alguno de estos factores se debilita la posición de defensa de las pensiones. 

El PP, en la legislatura de su mayoría absoluta, ya demostró que le sobraba el Pacto de Toledo y, como hemos podido comprobar, el resultado ha sido nefasto para los pensionistas actuales y también para los que se incorporen al sistema en el futuro, porque nos hemos encontrado ante el mayor recorte que han tenido los pensionistas, sin olvidar que la tasa de remplazo bruta de las pensiones futuras pasará del 79% actual al 48,6% en 2060. 

El Pacto de Toledo nació con el objetivo de conseguir acuerdos entre las diferentes, y muy distanciadas, propuestas políticas que tienen los diferentes partidos políticos sobre el modelo público de pensiones. Y no nos olvidemos que el contenido de los acuerdos es siempre fruto de la hegemonía política que hemos sido capaces de construir y de la correlación de fuerzas de cada momento. Pero muchas veces, desde mi punto de vista de forma errónea, se parte de una concepción de la política que rechaza los acuerdos como medio para mejorar las cosas. 

Cuando decimos que la sostenibilidad de un sistema público que garantice unas pensiones dignas es una opción política, debemos recordar que la política no consiste en transitar por caminos fáciles. Muy al contrario, la política debe tratar de resolver y explicar cosas complejas. Los acuerdos han tenido resultados positivos, aunque sean mejorables. La falta de acuerdo y la unilateralidad sólo ha traído recortes y pérdidas de derechos. 

La mejor solución para resolver el reto demográfico y económico al que se enfrenta el sistema de pensiones es la vía política a través de un Pacto de Estado que disponga cuanta parte de la riqueza del País se debe dedicar a financiar un sistema público de pensiones sostenible y suficiente. Pero habrá intereses económicos que traten de impedirlo. 

Por eso, nos inundarán de muchos gráficos sobre demografía, esperanza de vida o ratios entre activos/pasivos. Pero no nos contestará a la pregunta de por qué un país más rico que el de hoy, pagará mañana pensiones más bajas que las actuales. Que es lo que ocurrirá si no somos capaces de cambiar las cosas. Y eso, además de injusto, carece de toda ética política. 

LA CUESTIÓN DE FONDO: UNA DISTRIBUCIÓN MÁS JUSTA DE LA RIQUEZA 

Nos dicen que no hay dinero para afrontar los retos demográficos y económicos que tenemos por delante, hay que pagar más pensiones, más caras y durante más tiempo. Sin embargo, hemos superado la riqueza que teníamos antes de la crisis pero eso no ha evitado que tengamos salarios más bajos, trabajadores pobres, más desigualdad, menor cobertura para los desempleados, más riesgo de pobreza y pensiones más bajas. Pero, como se puede ver, no es un problema de falta de riqueza sino de su injusta distribución. 

Pero el crecimiento económico no resuelve por sí solo los problemas de cohesión social y desigualdad si no se establecen políticas públicas redistributivas de la riqueza. Ha crecido la economía pero se han incrementado las desigualdades y la pobreza. 

Hemos de tener presente que la distribución de la riqueza se da en un doble plano: 

1.- El primario, a través del empleo de calidad con salarios dignos y suficientes. 

2.- Y el secundario, a través de la protección social allí donde no llega el empleo, donde se ubica el sistema de protección por desempleo y el gasto en pensiones y a través de una fiscalidad progresiva y suficiente. 

El Gobierno del PP debilitó todos los instrumentos más efectivos de distribución de la riqueza con medidas como la Reforma Laboral, la Reforma de la Negociación Colectiva y los recortes de las pensiones 

Por otro lado, nuestro sistema fiscal es uno de los que menos capacidad distributiva tiene de toda Europa. Además, conviene recordar que son los asalariados y los pensionistas los que fundamentalmente sostienen las arcas públicas. 

La evolución de la recaudación fiscal está en record histórico superando, en todos los impuestos, la recaudación del año 2008, excepto en el Impuesto de Sociedades, que con 44.500 millones/€ más de beneficios empresariales, recaudó 3.000 millones de euros menos, 24.179 millones el año 2018 frente a 27.301 millones el año 2008. 

Parece evidente la desfiscalización actual de los beneficios empresariales por ser el Impuesto de Sociedades excesivamente generoso en las deducciones, que reducen el tipo efectivo medio de forma considerable. Y también es excesivamente generoso en el descuento de las pérdidas pasadas contra beneficios futuros. 

Algunos datos de interés: 

PIB 2007………….1.080.807 Mmillones de € 

PIB 2018………….1.206.878 Mmillones de € 

Presión Fiscal: 

Tenemos 7 puntos menos de presión fiscal que la media de la UE (84.000 millones) 

Sobre Evasión y Fraude Fiscal 

Datos de GESTHA: 90.000 millones de € (7,8% PIB). Datos FEDEA: entre 40.000/46.000 mill. € (3,5/4% PIB) 

Economía sumergida: Según datos de GESTHA, afecta al 24,6% del PIB con grandes efectos fiscales, laborales y en la recaudación de la Seguridad Social. 

Elusión Fiscal: SICAV, Exenciones fiscales, paraísos fiscales…. 

Los datos en Euskadi 

PIB (EUSTAT) 

2007…………66.881.928,- € 

2018 (P)……76.604.483.- € 

PRESIÓN FISCAL: 7,7 puntos menos que la UE-28 (5.899 millones de €) y 9,4 puntos menos que la eurozona (7.201 millones de €) 

ECONOMÍA SUMERGIDA: 17,5% PIB (13.406 MILLONES DE €) 

IMPUESTO DE SOCIEDADES 

2007………………..2.034,2      M€ 2013………………..1.216,9 M€ 

2008………………..1.692.2      M€ 2014………………..1.159,2 M€ 

2009………………..1.231,7      M€ 2015………………..1.039,1 M€ 

2010……………….. 987,1        M€ 2016………………..1.003,0 M€ 

2011………………..1.160,3      M€ 2017………………..1.111,7 M€ 

2012………………..1.131,8      M€ 2018………………..1.349,6 M€ 

Como se puede apreciar, la situación en Euskadi es bastante parecida a la del conjunto del Estado tto en el incremento de la riqueza como en la situación de la fiscalidad.

¿SON GENEROSAS LAS PENSIONES? 

Número Pensiones contributivas por clases (Agosto 2019):

número            pensión media

JUBILACIÓN…………………… 6.048.718            1.139,83

INCAPACIDAD………………… 960.052                978,47

VIUDEDAD…………………….. 2.362.694               713,01

Otras…………………………….. 384.678

TOTAL PENSIONES…………. 9.756.142             992,35

2.380.000 (24,40%) están por debajo del umbral de la pobreza (609,00 € mensuales x 14 pagas). 

3.254.115 (33,35%) están por debajo de 650€. 

5.913.428. (60,61%) están por debajo del SMI. 

6.680.000 (68,47%) están por debajo de 1.080€. 

Las pensiones en Euskadi (Agosto de 2019)

                                             número                    pensión media                          

JUBILACIÓN…………………… 362.937                    1.403,65 

INCAPACIDAD………………… 43.042                      1.250,00 

VIUDEDAD……………………… 135.492                       867,51 

Otras…………………………….. 17.935 

TOTAL PENSIONES………….. 559.406                    1.233,41 

131.734 (23,55%) están por debajo de 650€. 

210.000 (37,54%) están por debajo del Umbral de la Pobreza (824,-€ x 14 pagas). . 

235.209 (42,05%) están por debajo del SMI. 

288.000 (51,48%) están por debajo de 1.080€. 

Las pensiones no pueden resolver el problema de los salarios bajos. 

LA CIFRA DEL UMBRAL DE LA POBREZA 

El Umbral de la Pobreza, según el indicador AROPE, es el 60% de la mediana de la renta, que es la situada en el punto medio entre la más alta y la más baja de cada país según consenso internacional. 

Según Informe de EAPN, Red Europea de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social presentado el 16 de Octubre de 2018: 

En España es de 8.522,-€/año (608,7€/mes). 

En Euskadi de 11.538,-€/año (824,-€/mes). 

Estas cuantías corresponden a unidades familiares de una persona. Con dos personas serían de 913,05 € y 1.236,00€ respectivamente. 

Consecuencias de la falta de acuerdo político entre PSOE – Unidas Podemos para formar Gobierno 

1. No se han puesto en marcha políticas para incrementar los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales. Entre ellas medidas para la reordenación de las cotizaciones, medidas para corregir los actuales tipos de cotización y otras para actuar sobre la base máxima y sobre las cotizaciones de los trabajadores autónomos (RETA). En el campo de la reordenación de las cotizaciones, hay que tener en cuenta que las cotizaciones sociales por desempleo no solo financian las prestaciones contributivas, sino que financian también las asistenciales y las políticas activas de empleo que deberían costearse con aportaciones presupuestarias. 

Hay 5 millones de personas trabajadoras que no cotizan por sus ingresos reales. De ellas, 3,1 millones son trabajadores autónomos y el resto son cotizantes del Régimen General que están topados por la base máxima de cotización. 

Sobre los tipos de cotización, es preciso constatar que desde el año 1982 hasta 1995, los tipos de cotización empresarial se han reducido 3,9 puntos que, en el momento actual, supondría una mejora de los ingresos de entre 12.000 y 13.000 millones de euros. Además, los tipos de cotización de las y los trabajadores son de las más bajas de Europa. Por tanto, los tipos de cotización no son intocables. Son discutibles y son negociables. 

Por otra parte, para incrementar la aportación presupuestaria al sistema de la Seguridad Social, es muy necesaria una reforma fiscal que haga posible una política fiscal más distributiva y basada en los criterios de progresividad, suficiencia y equidad, incrementando la presión fiscal a niveles similares a los de los países de la UE. Sin olvidar, en ningún caso, la lucha contra el fraude, la elusión fiscal y la economía sumergida. Es importante que paguen más los que más tienen, pero no es menos importante que paguemos todas y todos. 

2. No han sido derogados el Índice de revalorización de las pensiones y el Factor de Sostenibilidad, lo que sitúa el camino de los recortes de las pensiones como única solución para resolver los problemas actuales y de futuro. 

Por cierto, la Comisión Europea pretende incidir en las decisiones del Gobierno de turno, afirmando que vincular la revalorización de las pensiones al IPC, situaría el gasto en pensiones a mediados de siglo en un 18% del PIB. Es una cifra exagerada, infundada y muy lejana a la que ha previsto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que es del 13,5%. 

La Comisión utiliza proyecciones demográficas incorrectas y muy diferentes a las que utiliza la AIReF, cuyo informe ha hecho revisar los datos de las proyecciones del INE. 

3. No se ha puesto en marcha un nuevo modelo de financiación que permita hacer frente, no sólo al déficit actual, sino al reto del incremento del número de pensionistas, que superarán los 15 millones en 2050. La AIReF ya hizo una propuesta de reformas a largo y medio plazo. 
4. No se han derogado las Reformas laborales y no se ha modificado la Reforma de la Negociación colectiva, que son las causantes de la devaluación salarial y del trabajo precario que reducen los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social. 

Para garantizar, al margen de coyunturas políticas, la viabilidad de un modelo de pensiones público que garantice pensiones dignas y suficientes y que, además, asegure que los jóvenes cobren mañana pensiones comparables a las que hoy están contribuyendo a financiar, es necesario: 

• Compromiso Político: Pacto de Estado como expresión de un consenso político. Sin olvidar que no hay política social sin reforma fiscal. 
• Compromiso social: Apuesta por el diálogo y el acuerdo con los agentes sociales. 
• Compromiso de reforzar las pensiones en el marco constitucional. 

✓ Definiendo la Seguridad Social como un Derecho Social fundamental.

✓ Realizando una reforma estructural que garantice un nivel 

real de suficiencia. (%de PIB o Tasa de sustitución).

✓ Derogación del artículo 135 CE de estabilidad presupuestaria.

✓ Ratificación de la Carta Social Europea revisada y su Protocolo relativo a las quejas colectivas (1996). 

Como se ve, hay motivos de calado y más que suficientes para continuar con las movilizaciones y llevar el clamor de la ciudadanía a las calles, haciendo valer el empoderamiento de las personas mayores para conseguir que se hagan políticas que supongan un reparto más justo de la riqueza generada y, en concreto: 

Garantizar sistema de pensiones público viable con pensiones justas y suficientes para hoy y para mañana, consiguiendo más ingresos con políticas fiscales más distributivas, progresivas y que se sustenten en la equidad y la suficiencia. Una reforma fiscal integral que recupere los 7 puntos diferenciales que tenemos con la UE. 

Que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones. 

Que deroguen el factor de sostenibilidad y que acaben con la brecha de género en las pensiones producto de las brechas salariales que siguen existiendo. 

Y, cómo no, conseguir que la pensión mínima se equipare al SMI cuyo importe, de acuerdo con la recomendación de la Carta Social Europea, debe de ser el 60% del salario medio del País. Siguiendo esta recomendación, el SMI estaría hoy en torno a 1.004,40,-€/mes en 14 pagas y su aplicación reduciría de forma significativa la brecha salarial en razón del genero, ya que la medida afectaría muy significativamente a las pensiones de las mujeres. 

Reivindicación que, por cierto, ya se consiguió tras la exitosa huelga general del 14-D de 1988. A estos efectos, conviene recordar que el Real Decreto Ley 3/1989, de 31 de marzo (B.O.E. no 78 de 1 de abril de 1989), de Medidas Adicionales de Carácter Social, entre otras cuestiones, establecía: «Mediante diferentes Resoluciones adoptadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión celebrada el día 16 de febrero de 1989, se acordó instar al Gobierno para que, entre otras, adoptase las siguientes medidas: La equiparación durante la presente legislatura de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional». 

En Euskadi abonar a las y los pensionistas, a través de la RGI, un complemento a su pensión mínima hasta alcanzar los 1.080 € en 14 pagas, siempre que reúnan los requisitos de acceso a la RGI, entre los que sería conveniente modificar aquellos que limitan el derecho a percibir la renta de garantía de ingresos mínimos por disponer las y los solicitantes de un determinado patrimonio ya que, en su actual formulación, excluye de forma injusta a muchas personas pensionistas. 

Pero las movilizaciones sólo darán resultados óptimos si se realizan de forma unitaria y en torno a reivindicaciones claras concretas y comunes. Lo contrario sería un terrible error. Como ya dijo el historiador y político romano Tácito “quienes luchan por separado, son vencidos juntos”. 

Eduardo García Elosua 

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