En vísperas del segundo aniversario del nacimiento del movimiento de pensionistas, posicionamientos políticos ajenos a la causa de las pensiones rompen los consensos sobre los que se cimienta el trabajo unitario.

 

 

La Marcha a Madrid, la concentración de plataformas COESPE en el Congreso de Diputados, las recientes manifestaciones en Euskadi y Navarra, mantienen el pulso de las movilizaciones. El inesperado anuncio de un probable gobierno de coalición, capaz de resolver el dilema de la gobernabilidad, crea expectativas de progreso social. En vísperas del segundo aniversario del nacimiento del movimiento de pensionistas, posicionamientos políticos ajenos a la causa de las pensiones rompen los consensos sobre los que se cimenta el trabajo unitario.

 

Ecos de la Marcha de las Pensiones

Al volver de Madrid el 16 de octubre, el alcalde de Rota homenajea a la gente que participó en la columna del sur, mientras el pleno de la corporación municipal pide que se les conceda la Medalla de Andalucía. Esta marcha fue 200 km más larga que la del norte, supuso mayor esfuerzo y tuvo mayor mérito. Quienes integraron la columna del norte fueron recibidos en las concentraciones de Bilbao, Barakaldo o Eibar con aplausos de gratitud. No hubo ningún reconocimiento institucional, tampoco se pidió.

La repercusión mediática lograda por la columna que partió de Bilbao ha convertido a sus participantes en protagonistas de una supuesta odisea. Más duro que caminar seis horas con sol otoñal y en grata compañía es soportar una jornada de trabajo de ocho y hasta doce horas en las penosas condiciones que impone el empleo precario. Acto heroico es ser capaz de sobrevivir con pensiones de miseria. Esa experiencia, fruto de una iniciativa imaginativa, perdurará como un inolvidable recuerdo para quienes la vivieron. Y puede que en el futuro inspire proyectos similares, como lo fue el precedente de la Marcha del Hierro de 1992.

Una moción municipal controvertida

Por iniciativa del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, se presentan en todo el territorio mociones en defensa del sistema público de pensiones y de sus principales reivindicaciones, apoyadas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Unos consistorios asumen las proposiciones, otros no. El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao (PNV – PSOE) responde el 28 de octubre con una enmienda de modificación que recoge varias peticiones y excluye otras. Entre las ignoradas está la pensión mínima de 1.080 euros y el SMI de 1.200 euros.

Dicha enmienda consta de siete puntos, ninguno de ellos contrario a las aspiraciones del colectivo de pensionistas. EH Bildu y PP votaron en contra, Elkarrekin Podemos se abstuvo. Para comprobar el alcance del texto aprobado basta conocer el primer punto: Garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible, basado en el derecho a unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas, de forma que se garanticen unas pensiones dignas y predecibles.

La causa del distinto posicionamiento de quienes apoyaban la propuesta inicial tal sea que la declaración no va dirigida al Gobierno Vasco: El Ayuntamiento de Bilbao, en defensa de un sistema público de pensiones que sea garante de la solidaridad entre generaciones y pilar de una sociedad en condiciones de vida dignas, insta al Gobierno del Estado…. En la concentración de pensionistas de Bilbao, sin llegar a leer el documento, se expresan ambas posturas. En contra de rechazar el texto del Equipo de Gobierno se exponen, entre otros argumentos, que implica reconocer la legitimidad del MPB, después de declarar en marzo del pasado año el Alcalde de Bilbao que le incomoda ver a los pensionistas protestando ante el Ayuntamiento, en vez de hacerlo en la Delegación del Gobierno.

El dilema de una huelga general

El 23 de octubre, estando reunido el pleno del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, la denominada Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, de la que forman parte ELA, LAB y entre otros colectivos una asociación de pensionistas, anuncia la convocatoria de una huelga general en la segunda quincena de enero de 2020. ELA lo proclamaba de esta manera: El movimiento pensionista realizó el 22 de octubre una comparecencia pública para destacar la necesidad de intensificar las movilizaciones que desde hace casi dos años vienen realizando semanalmente en defensa de unas pensiones dignas. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, plataforma que incluye diferentes agentes sindicales y sociales, entre ellos ELA, ha recogido el guante lanzado por el movimiento pensionista, y ha anunciado un calendario de movilizaciones que incluye una huelga general.

Varias asociaciones integradas en el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, expresaron así su preocupación por la implicación del colectivo de pensionistas en dicha convocatoria:

El MPB es un movimiento social autónomo, no forma parte de la citada Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ni de ningún otro organismo.

El MPB es un movimiento social independiente, ajeno a partidos políticos y sindicatos, no interviene en asuntos partidistas, no convoca paros laborales ni huelgas generales.

El anuncio de esa huelga general, relacionándola con la problemática de las pensiones, puede afectar al reconocimiento social y a la credibilidad del MPB.

El dilema de la huelga general llega a las concentraciones semanales, siendo tratado con cautela para evitar que tenga efecto desmovilizador. Entretanto, sindicatos y la asociación de pensionistas soberanista proclaman la huelga enmarcada en el contexto del derecho a decidir. Pero la realidad es la que es: el colectivo de pensionistas no tiene posibilidad de participar en una huelga laboral, tendrían que hacerla trabajadores en activo, en muchos casos con contratos de trabajo precarios, peor retribuidos que la media de las pensiones.

No faltan precedentes de convocatorias de huelga general contra reformas de pensiones. La primera se remonta a junio 1985. La convocó CCOO cuando Felipe González aplicó medidas menos restrictivas de las que CCOO y UGT aceptaron en 2011 con Zapatero en La Moncloa. Contra esa reforma en enero de 2011 fueron a una huelga en Cataluña, Galicia, Navarra y Euskadi, los sindicatos CGT, CNT, CIG, ELA y LAB. Estas y otras llamadas a la huelga suelen ser motivo de discordia entre sindicatos de ámbito estatal y soberanistas. Podría volver a ocurrir, pese a que hasta la fecha todos ellos han respaldado las movilizaciones promovidas desde el movimiento de pensionistas.

La huelga general representa un enfrentamiento extremo. Es el último recurso para rechazar con la máxima contundencia la actuación del gobierno de turno. Rajoy tuvo que soportar huelgas generales contra reformas laborales. Ahora la situación es más compleja que nunca. El actual gobierno en funciones no tiene capacidad ejecutiva. Si se formalizase un gobierno PSOE – UP, no habría forma de justificar una huelga general nada más constituirse.

El llamamiento a la huelga general se reitera en las manifestaciones del 16 de noviembre en Eibar, Donostia, Gasteiz, Iruña y Bilbao. Cabe imaginar que se pueda reconsiderar la decisión, conforme están haciendo UGT y CCOO. En las circunstancias políticas actuales, con un tenso equilibrio entre fuerzas reaccionarias opuestas a cualquier progreso social y una unidad de la izquierda débil, llamar a la huelga tendría un efecto desestabilizador, repercutiendo sus consecuencias sobre la fortaleza e incluso la supervivencia del movimiento de pensionistas.

Se vuelve visible un gobierno imposible

Además de la insistencia de Unidas Podemos, posibilita lograr un gobierno de coalición el éxito electoral de Vox. La amenaza creciente de la extrema derecha obliga a la izquierda a entenderse. Las urnas dieron el 10 de noviembre un resultado inquietante, sólo quedaba la opción de intentar formar un gobierno de progreso. Es una noticia esperanzadora para gran parte de la población, cuyas retribuciones dependen de las decisiones del gobierno de turno. Afecta en particular el colectivo de pensionistas, amenazado otra vez por el 0,25 %.

Si llega el gobierno de coalición, la nueva situación pone a prueba, además de las tácticas de los partidos que lo integran, las convicciones de sus bases que participan en movimientos sociales. Podrían tener que optar entre acatar las razones de estado que reclama el partido o permanecer fieles a sus principios. Ocurrirá, por ejemplo, en el caso de militantes de Unidas Podemos que son activistas del movimiento de pensionistas. De entrada tendrán que valorar si resulta satisfactorio o insuficiente este compromiso del futuro gobierno en materia de pensiones: Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida.

Esa declaración responde a una de las demandas inmediatas, desactivando la congelación encubierta del 0,25 %. Pero no basta. Pasa a primer plano la reclamación de una pensión mínima equivalente al menos a los 900 euros del actual SMI. La negociación presupuestaria del 2018 permitió mantener el poder adquisitivo y mejorar las pensiones mínimas durante dos años, sin que afectase a la continuidad de las movilizaciones. Otro tanto ocurrirá aunque la revalorización en base al IPC sea definitiva. La bandera del movimiento de pensionistas pasará de rechazar el 0,25% a demandar una pensión mínima que contribuya a reducir las desigualdades sociales, que afectan sobre todo a las mujeres, en particular a las viudas. Tampoco en esta ocasión habrá desmovilización. La lucha deja de ser defensiva, se convierte en baluarte progresista y adquiere un carácter marcadamente solidario.

Aunque un gobierno de izquierdas sea más receptivo a las demandas ciudadanas que la derecha, los movimientos sociales mantienen su actitud combativa, reclamando siempre lo que consideran justo, incluso si es una aspiración que no se ciñe al principio de realidad. Con un gobierno plural y progresista sigue teniendo plena validez la consigna: Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Pensionistas que votan UP vivirán una experiencia inédita: reclamar por primera vez a un gobierno que han contribuido a crear, aplicando el lema podemita: tener un pie en las instituciones y otro en la calle.

*Luis Alejoses sociólogo y pensionista

 

Próximos a cumplir un mes desde un estallido social sin precedentes en la democracia chilena, donde miles o millones se han volcado a las calles producto de una ola de violencia comprimida, visceral y desatada por decisiones e ineptitudes políticas, francamente, alarmantes y donde hoy, diez de noviembre, cientos de personas han sido mutiladas llegando a tener un triste récord a nivel mundial: más de 200 personas han recibido daño en sus ojos, miles han sido detenidos; torturados, vejados y se teme que existan o estén, muchos de ellos, desaparecidos. Y ya van cerca de 40 personas muertas desde el inicio de nuestro triste y, a estas alturas, célebre octubre rojo.

Luego de que se estimara un alza de $30 pesos chilenos ($US 0,040) a la tarifa adulta del metro tren del gran Santiago de Chile y tras una serie de declaraciones de autoridades de gobierno que, a lo menos, fueron desafortunadas en donde la sorna, burla e ironía semántica fue la chispa que encendió la mecha de las manifestaciones evidenciando, de manera dramática, que no es solo el alza del pasaje del metro-tren santiaguino sino que son 30 años de una dormida idea de que Chile es un país modelo de desarrollo. Un país que hoy se despierta y pone en jaque a toda la estructura e instituciones adictas a un modelo que solo beneficia de manera morbosa a un porcentaje mínimo de la población, en una suerte de elite o cofradía que hoy ya no distingue sectores políticos y que les sitúa como una casta oligárquica cleptocrática absurda y fuera de contexto; o de tiempo. El paradigma del libre mercado en donde el agua, las pensiones, la salud, la educación, los recursos naturales primarios y el sistema político se ha convertido en un negocio y en un manejo de intereses enquistado en una cúpula que ha terminado segregando y, a la luz de los acontecimientos de las ultimas semanas, criminalizando la legitima protesta y manifestaciones públicas por una justa, y hoy más urgente que nunca, reivindicación social.

Provoca una profunda tristeza ver confrontaciones entre compatriotas. Observar una violencia desbordada y conocida; donde terminamos enfrentados, entre ciudadanos, pueblo contra pueblo y donde un mínimo sector, recluido dentro de sus privilegios desde su burbuja, permanecen contemplativos y lejanos. Incapaces, indiferentes, de pronto, porque no pueden empatizar con las demandas y derechos sociales, porque no los conocen. Dictan leyes y propuestas de una realidad que jamás han conocido o, de plano, olvidado su origen y quien les mandato representar ese poder.

Hoy, lo que se cuestiona es el modelo y que el Gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, multimillonario empresario ligado a la centro derecha chilena, se ha encargado de profundizar. Un gobierno en democracia que declara estado de excepción constitucional y que pone militares en las calles permitiendo una represión feroz, abriendo la herida de los capítulos más negros de nuestra historia. Un fantasma que creíamos olvidado y que resurge de la forma más cruenta y feroz. Y que hoy, se transforma en una democracia y un gobierno fallido.

Señor presidente, necesitamos una política integradora, sin soberbia. Que escuche y resuelva con la ciudadanía; no, contra ella. Hoy, en mi país, Chile; la democracia ha sido abofeteada cuando el fracaso de la gestión política no ha estado a la altura y se decide, destempladamente, militarizar la calle. Pareciera ser que nada aprendimos después de tanto dolor e injusticia.

En esta penumbra de una suerte de noche indeseada, seamos capaces de mirar más allá de nuestras narices y recordar. Coreábamos “Para que Nunca Más”, prometíamos jamás repetir u olvidar los horrores cometidos. Y aquí estamos, cuando compatriotas que ostentan responsabilidad de nuestras armas, las armas del estado, mis armas que permiten la defensa de la nación, son usadas para reprimir el anhelo de un país más justo. La prudencia olvidada solo será resarcida con la justicia desde un rencor que han fecundado de la manera más vil y brutal. Hoy el cántico resuena por el derecho de vivir en paz y por la justicia social.

Sí, ha existido un saqueo progresivo, desmedido, violento con el manejo de la minería y los escasos royalties a multinacionales nacionales y extranjeras, con la captura de los derechos de agua asociados; empresas forestales que han provocado un verdadero ecocidio en el centro y sur del país, industria subsidiada y alimentada para el enriquecimiento de sus dueños con el apoyo estatal que ha invadido zonas fértiles y expandido una suerte de desierto verde poniendo en riesgo y amenaza nuestro sur profundo, con un modelo impuesto y peligroso. Con una industria acuícola intensiva de alto consumo, con sanitarias que fallan continuamente. Súmenle leyes reservadas de fuerzas armadas, ley de pesca, etc.

El quiebre democrático promulgado por nuestro presidente, la sangre hermana derramada que ha interrumpido nuestra democracia y libertad, los muertos en aumento, cientos de ojos estallados e inservibles y un discurso violento (“Estamos en Guerra”) deja grabado en la historia que esa política que ha dispuesto militares en las calles y, una vez más, las armas del estado contra de su propio pueblo (lo que no sucedía desde 1987) reabre una herida increíble de imaginar en democracia.

No podemos obviar que, como se ha dicho, la mecha ha sido la burla constante desde el Olimpo de la política enquistada, adicta a los privilegios del poder. Poder, que es claro, no les gusta ni interesa compartir. Después de toques de queda y estados de excepción constitucional, vandalismo exorbitado, de restringida nuestras libertades individuales con las fuerzas armadas y de orden en las calles, de muertes de compatriotas y miles de heridos; necesitamos que nuestras autoridades, el presidente y políticos profesionales, aboguen por la paz, justicia social, protección ambiental, evolución económica, ya. No podemos permitirnos más ineptitud y errores políticos que solo contribuyen a agravar esta tremenda crisis y aumentan la distancia de la ciudadanía. Caos y militarización solo propone un pseudo dialogo de choque, inservible e infructuoso, de un ejército estatal armado en contra de su gente, de su propio pueblo. Yo no quiero mi ejército contra mi pueblo. Yo no estoy en guerra, estoy en paz y quiero un país más justo. Sin violencia, con participación y diálogo.

Las Fuerzas Armadas y de Orden deben aplacar a saqueadores, violentistas y anarquistas. Apresarlos, juzgarlos porque no comparten reglas base de la democracia. En ningún caso, pensar en infringir daño o dolor; desaparición o muerte por acciones derivadas de una crisis política y su mal manejo. Miles o millones de compatriotas, personas de todos los sectores que, de manera transversal, se manifiestan pacíficamente en distintas ciudades por un Chile mejor. No caer en el juego de la violencia es un permanente reto para todos. Lo que se busca es paz y justicia. Quiero democracia, no un estado fallido, frustrado o deprimido.

Con extrema humildad le pedimos a nuestros líderes, al ejecutivo, gobierno y oposición, que no queremos más muertes ni heridos. Basta de muertos y miradas mutiladas. Sus manos están, tristemente, manchadas de sangre. La brutalidad de convertir demandas sociales en una “guerra” inventada, en una especie de dictadura innecesaria, de un estado fallido supuestamente intervenido por fuerzas externas, no es la vía para una solución real y urgente. Chilenos/as con uniforme, no maten a su mismo pueblo cuando este se levanta, subyugado, cansado, con el corazón por delante buscando un país mejor, con una ciudadanía en movimiento clamando por mayor equidad. Con el canto de la paz y la libertad como verdadera arma de esperanza. Con las manos limpias, sin manchas de sangre.

Hoy me proclamo en un estado fallido, cuando se altera la democracia con las armas del estado dispuestas para la represión de conciudadanos y personas que legítimamente, sin armas y violencia, manifiestan en libertad su sentir en una guerra imaginaria cuando cientos de miles o millones en sus calles, en paz levantan su voz, por su país, sin miedo. Muchas veces, los medios masivos se quedan en desmanes de una minoría violentista que evidencia una nula capacidad de comunicarse siendo también urgente poder analizar los códigos de violencia y represión.

Levantar la voz, sin violencia, es una obligación. Buscando siempre la justicia y, sin descanso, para recuperar la libertad. Militar o policía, piensa y ve con tu familia. Regresa a tu cuartel. No levantes el fuego, las armas de todos, contra tu par. Objeta, resiste, rebélate. Gobiernos, basta de fallar en el juego de la política. Tiempo es para la humildad, no para el pedestal.

Siempre es bueno recordar que Democracia significa poder del Pueblo. La libertad se recupera en la calle. Los derechos no se regalan, se conquistan; en paz y en movimiento. Seamos capaces de levantar la mirada, asumir que el país cambió y volvamos a confiar. Siempre en paz, por la recuperación y mantención plena de nuestras libertades; y a la caza de nuestros derechos sociales. Agua, vida, salud, pensiones, recursos naturales, futuro, juventud, esperanza. Por la extinción de nuestra plutocracia económica política gobernante. Por un nuevo Pacto Eco Social y una democracia horizontal, ecológica; y una política ciudadana inclusiva y vinculante.

¿Seremos capaces de romper el paradigma, olvidar el modelo y proponer uno nuevo? ¿Más Eco que Antropocéntrico? ¿Será éste el punto de inflexión reconociendo que todo ha cambiado? Yo creo que sí.

Muchos intentan despolitizar el movimiento ciudadano, la protesta, el disentimiento cuando es, justamente, lo trascendental de la misma (protesta/manifestación social pacífica). El movimiento social sin precedente es, ante todo, un movimiento político ciudadano que desafía y obliga a una política ciudadana transformadora de las políticas públicas y del modelo económico.

Después de la marcha multitudinaria del 25 de octubre con millones en las calles, donde una minoría vandálica desenfocada no impide que el mensaje de la ciudadanía se imponga y escuche por todos, queda claro que la gente habló, demostrando que gobierno actual aún no sale de su letargo, estrés y shock, que todo este intempestivo movimiento ciudadano ha provocado. La “Marcha Más Grande de Chile”, a la que han seguido marchas de gran convocatoria, es porque se exigió que militares y policías regresarán a sus cuarteles; junto a sus familias. No queremos más muertes por armas del estado alzadas contra chilenas y chilenos en una guerra ficticia. Queremos paz y justicia.

Y desde la justicia nos preguntamos: ¿un carabinero o un militar no puede, si lo sintiera, participar de una marcha o protesta? Por cuidar su trabajo o intereses superiores, ¿no puede liberar su pensamiento? ¿pueden pensar por si mismos o empatizar con demandas sociales? ¿Puede alegar objeción de conciencia?

Existe tantos casos, tantas historias que comenzaran a rondar en el mundo. Como el caso de Lenny que fue baleado por policía pública y que no podrá sacarse los balines de su cuerpo. O el reciente caso de Gustavo, cegado por balinazos en sus ojos. Ciego con presupuesto estatal!

Cupulas contemplativas, enquistadas, paralizadas ante la verdadera voz, sin partidismos, dialoguemos del real saqueo; del caldo de cultivo que, junto a una política inepta, cambió un Chile que hoy clama por libertad, esa apreciada presencia arrebatada, de un golpe, a la democracia.

Si dejamos pasar esta tragedia, seguiremos repitiéndola como imbéciles, que llevamos el odio a nuestras ideas por querer un país mejor. La Unidad Social; democracia horizontal y política ciudadana como nueva vía es un derecho y una urgencia para ventilar a rancios del poder.

No podemos dejar de mencionar que ante todo el problema social es un problema ambiental, en donde aún tenemos que conversar cómo eliminamos las zonas de sacrificio, que hacemos o cómo enfrentamos que existan niños y adultos con metales pesados en su sangre. Donde líderes sociales, dirigentes y protectores de los derechos humanos son amenazados, criminalizados, perseguidos y “suicidados”.

A no dejarse engañar. El juego perverso del miedo, el desabastecimiento y la división es lo que nos ha llevado al odio. Seamos capaces de ver más allá. Rompamos el paradigma de un modelo arbitrario y fuera de tiempo. Aprovechemos la organización ciudadana con esperanza.

En estos días aciagos, cuando nuestra preciada libertad camina herida, tambaleante, casi derrotada y se descubren miserables; seguimos adelante quienes luchamos por justicia social y ambiental. Unámonos más que nunca por un futuro mejor y en paz. Solo la represión les queda cuando han perdido el control del miedo y el consumo. Ha no dejar de mirarnos a los ojos, amarnos y respetarnos en nuestras diferencias; y lo más importante, considerarnos todos y cada una de nosotros, como seres humanos. Al triste gobierno que nos conduce solo le queda el orden y la represión.

Rodrigo de la O

Vigilante Costero. Ong. Director 

Waterkeeper Chile

WKA Council Member. Latinoamerica Rep.

NOTA:

El equipo de redacción de Ametzagaña agradece el presente articulo

En las recientes propuestas electorales ha vuelto a la actualidad el fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido, popularmente denominado “mochila austríaca”. Como es conocido, esta medida consiste en la introducción de un fondo (equivalente a uno de pensiones) donde la empresa aporta un porcentaje del sueldo del trabajador al cual se tiene acceso en caso de despido o jubilación.

Aunque este porcentaje podría añadirse al sueldo y a las cotizaciones del trabajador, en realidad no se ha plantado así en nuestro país. En la propuesta del PSOE recogida en la Reforma Laboral de 2010 (“Disposición Final Segunda. Fondo de Capitalización”) se establece de manera explícita que no se subirán las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo cual también parece evidenciarse en el acuerdo de gobierno al que llegaron el PSOE y Ciudadanos en 2016, así como en la propuesta legislativa más reciente de Cs. En definitiva, esto supone que los recursos del fondo saldrían del salario indirecto que reciben los trabajadores en forma de contribuciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa.

En teoría, el primer problema que pretende resolver esta medida es la falta de movilidad de los trabajadores con mayor antigüedad por miedo a perder su indemnización por despido. Si bien no existe una evidencia clara sobre este tema, dado que aparte de la indemnización la antigüedad en la empresa otorga otra serie de derechos (como complementos al sueldo derivados de la antigüedad), y la cada vez menor duración de los contratos, es difícil que exista un colectivo muy grande de gente que pudiendo cambiarse de trabajo no lo haga por miedo a perder la indemnización. Además, de ser el caso pueden buscarse alternativas para ese colectivo específico, por ejemplo, reformando el FOGASA para ampliar las condiciones en las cuales se puede acceder a la indemnización por extinción voluntaria con causa justa sin tener que reducir los derechos del conjunto de trabajadores.

El otro problema que pretende resolver la “mochila austriaca” es la rotación e inestabilidad que sufre un colectivo cada vez más amplio de trabajadores (la mitad de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social tienen contratos atípicos). De acuerdo a los defensores de esta medida, la rotación se debe al excesivo coste de despido que tienen los contratos indefinidos a tiempo completo con cierta antigüedad (en ocasiones denominados insiders) frente al resto de trabajadores (nombrados como outsiders). Reducir el “exceso de protección” que supone esa barrera de salida es un objetivo central de sus proponentes.

De hecho, bonificar los despidos ya fue una estrategia del PSOE. Durante el período 2011-2013 se utilizó el FOGASA para pagar 8 de los 20 días de salario por año trabajado en las empresas de menos de 25 trabajadores en despidos objetivos y en despido colectivo (ERE), sin que esto repercutiera en una menor dualidad o inestabilidad.

Aunque los partidos que la proponen (PSOE y Cs) no han llegado a establecer cuál sería el porcentaje del salario que se destinaría al fondo, si tomamos como referencia el caso austríaco se trataría de una indemnización de 5,5 días por año trabajado (un 1.53% de 365 días), frente a las indemnizaciones por despido actualmente existentes de 12 días (temporales), 20 días (indefinidos procedente) y 33 días (indefinidos improcedente).

Existen dos opciones para solventar la diferencia entre unas y otras, la primera es limitar las indemnizaciones a la cuantía guardada en el fondo, con lo cual es evidente que los importes serán mucho menores. Se trataría probablemente de la mayor reducción de la protección frente al despido en una larga serie de rebajas desde los 60 días por año trabajado que establecía la Ley de Relaciones Laborales de 1976.

La segunda opción consiste en que se mantengan las indemnizaciones actuales y la empresa sólo abone en el momento del despido la diferencia entre lo guardado en el fondo y la cuantía de la indemnización. En este caso las supuestas virtudes del fondo desaparecen, ya que los trabajadores que quieran cambiarse de puesto tendrán derecho a mayores indemnizaciones que lo acumulado en el fondo (no existiría el incentivo a la movilidad) y seguiría existiendo la diferencia en las indemnizaciones que (de acuerdo a esa teoría) genera la rotación laboral.

Una alternativa sería incrementar la protección de los temporales para que sea equivalente a los indefinidos (y obligando a que la empresa sólo podrá descontar los recursos del fondo en caso de despido objetivo). En este supuesto, la aportación a cargo de la empresa sería del 5.4% (20 de 365 días), similar al tipo actual de la cotización a cargo de la empresa por desempleo (5.5%). En otras palabras, de implementarse este fondo y no incrementarse los tipos de cotización, la Seguridad Social dejaría de percibir una cuantía equivalente a sus actuales ingresos por la partida de desempleo a cargo de la empresa, generando un déficit que tendría que o bien ser financiado por otros medios o bien reducir las prestaciones.

En conclusión, la propuesta va orientada a que los costes del despido los asuma el trabajador en vez de la empresa, ya que su financiación provendrá del salario indirecto que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social. Para que sus dos supuestas ventajas se consigan tienen que o producirse una reducción significativa de las indemnizaciones o que la Seguridad Social asuma su coste.

Por el contrario, existen múltiples inconvenientes. Primero, la apuesta por reducir la protección para reducir el desempleo y la dualidad contractual ha fracasado. Tras más de cuatro décadas liberalizando el mercado laboral la situación actual es de elevado desempleo y elevada segmentación, pero además se han agravado la rotación e inestabilidad y se han generalizado los empleos con contratos atípicos y/o con bajos salarios.

Segundo, al establecerse el carácter individual de las cotizaciones abre la puerta para terminar con la solidaridad del sistema de Seguridad Social. Si se establece un plan individual (e incluso hereditario) de capitalización este podría utilizarse para reducir las pensiones públicas (ante los menores ingresos) y, por tanto, aumentaría aún más las desigualdades en el sistema contributivo (las pensiones máximas tienen un tope que no existiría en el fondo).

Tercero, al permitirse que las contribuciones se deduzcan de la indemnización se refuerza el incentivo al despido ya que, lógicamente, será más barato. Sin embargo, estas cuantías no son sólo un coste para la empresa, sino que también generan un ingreso para los despedidos para que puedan buscar empleo y limita el poder discrecional de las empresas por romper su obligación contractual. Recordemos que el despido disciplinario ya cubre una serie de supuestos que permiten extinguir el contrato sin indemnización para el trabajador.

En definitiva, esta propuesta supone un hito más en la desprotección laboral y no aporta ninguna ventaja evidente a los trabajadores. Su único fundamento es que es necesario reducir los derechos laborales para acelerar la reducción del desempleo y de la segmentación laboral, pero a estas alturas ya debería resultar evidente que precisamente este tipo de reformas son las que han cronificado la precariedad.

 

Luis Cárdenas del Rey

Investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)