El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por cúpulas de las Fuerzas Armadas de Chile de la Marina, Fuerza Aérea y el Ejército, en conjunto con Carabineros para derrocar al gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el presidente Salvador Allende.

Salvador Allende había asumido en 1970 como Presidente de Chile y la posibilidad de ser objeto de un golpe se había asomado mucho antes en el marco de la denominada “Guerra Fría”. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos políticos, empresariales y militares opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. ​ Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René Schneider y el Tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973.

El empresario que encabezó los enlaces con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para la planificación del golpe de Estado, fue Agustín Edwards Eastman, propietario de la empresa periodística El Mercurio S.A.P., que publica los diarios chilenos El Mercurio y La Segunda, entre otros. Las acciones de conspiración en Chile incluyeron medidas para la desestabilización del gobierno, campañas comunicacionales, la polarización del país, la promoción de la violencia civil, sabotajes, entre otras.

Si bien otros países sudamericanos vivieron también feroces dictaduras militares como Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina, la de Chile tuvo la característica de instaurar un grotesco laboratorio del modelo neoliberal, desarrollándose a su vez el saqueo del país, otorgando amplios beneficios y privilegios a un grupo económico oligárquico instalándolos en la cúspide del poder, y cogobernando con los sectores militares golpistas, estatus logrado a través de múltiples actos de crueldad, persecución, asesinatos, masacres, , torturas y exilio de un amplio sector de la población.

Parte importante de este estatus y de los privilegios otorgados a la oligarquía durante la dictadura militar se mantienen en el presente al interior del Estado chileno y por razones legales, fácticas y también de corrupción, han sido parte importante de las negociaciones y sumisiones de los diversos gobiernos en el denominado retorno al periodo democrático, donde los grupos económicos luego del saqueo y control de recursos, bienes y servicios durante el régimen que encabezó Augusto Pinochet Ugarte y la Junta Militar (11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990), que mantenía numerosas restricciones comerciales con países democráticos en el mundo, lograron durante los gobiernos de la Concertación abrir caminos a la exportación por medio de numerosos tratados internacionales de Libre Comercio, siendo el gobierno de Ricardo Lagos el que más contribuyó en ese sentido, inflándose la fortuna a nivel mundial de grupos como Angelini, Matte, Paulmann, Luksic, Piñera, entre otros.

Durante la dictadura militar las aguas del país se mercantilizan a fines privados y se inicia un periodo de amplias privatizaciones, comenzando un proceso de expansión del extractivismo (minerías, forestales, celulosas, pesca, otros) y la sobre explotación de los territorios para el lucro de estos grupos.

El dictador Augusto Pinochet Ugarte murió el 10 de diciembre del 2006 con una gran fortuna que estaría relacionado con el saqueo y favores concedidos a intereses empresariales. Por su parte, el empresario conspirador del golpe, Agustín Edwards, murió el 24 de abril del 2017.

Antecedentes de la masacre

Con el golpe de estado se declara el Estado de Sitio en todo Chile y se prorroga hasta 1987. Esto significó la sustracción de la justicia y el traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra el conocimiento y decisión de las causas por infracción a las normas de dicho Estado de Sitio.

Bajo esta excusa el gobierno de Pinochet se dedicó a hacer detenciones arbitrarias. Se calcula en más de 250.000 detenciones las realizadas los primeros días del golpe.

Ejecuciones sin previo aviso, desapariciones y muertos en falsos enfrentamientos, se volvieron prácticas habituales. Diversos testimonios han dado cuenta de la existencia en ese periodo de la delación entre vecinos y colegas fomentada por la Junta Militar.

A comienzos de la dictadura se disolvió el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, los partidos de izquierda fueron considerados ilegales y disueltos. Otros partidos fueron considerados en receso, mientras que los Registros Electorales se incineraron y se cesaron las funciones de Alcaldes y Regidores.

Si bien, no existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile durante ese periodo, el número que se ha dado bajo el comando de Augusto Pinochet, se estima en 40.280 personas, entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura

Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.

La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197.

A su vez, en el informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una Mesa de Diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.

Las principales cifras de estos informes arrojan que un 46 % aproximado de las víctimas asesinadas no tenía afiliación política y la mayoría de los ejecutados militantes, eran integrantes del Partido Socialista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y del Partido Comunista. Los sindicatos también sufrieron parecida suerte. Estos fueron unos de los principales blancos de la oleada inicial.

Por su parte, al menos 150 religiosos fueron obligados a salir del país en los primeros compases de la dictadura. Las iglesias formaron grupos pro- defensa de los Derechos Humanos (Comité Pro-Paz) y su actuación en ocasiones llegó a enfurecer al propio gobierno.

Al final en 1975 está organización comandada por el Cardenal Silva es cerrada adoptando como motivo principal que es una organización por la cual los marxistas – leninistas crean problemas que perturban la tranquilidad nacional. En sus años de vida esta organización denuncio más de 6900 casos de persecución política además se asesoraron más de 6900 casos de exoneraciones.

Las persecuciones de religiosos se sucedieron y hubo muertes y torturas de sacerdotes laicos así como incendios de capillas. En 1974 los sacerdotes españoles Antonio Llido y Gerardo Poblete murieron a consecuencia de las torturas. El comité Pro-Paz del Cardenal Silva fue sustituido por la Vicaría de la Solidaridad creada por la Archidiócesis. Su labor de asesoramiento y de denuncias condujo a la persecución de los que trabajaban en ella.

Ante esto hubo grandes ejecuciones y secuestros masivos en el mundo del campesinado y comunitario. La persecución de dirigentes rurales iba paralela al desmantelamiento de la reforma agraria, traspasando tierras de campesinos y comunidades a intereses empresariales.

Se estima en más de 171 las personas de origen Mapuche que fueron ejecutadas o desaparecidas, según informe que encabezó el historiador Hernán Curiñir, señalando: “Existe el caso de una lactante menor de 1 año y una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado”.

Los Principales órganos de “inteligencia” que actuaron en esta política del terror eran: El Servicio de Inteligencia Militar. (S.I.M.), Servicio de Inteligencia Naval. (S.I.N.), El Servicio de Inteligencia de Carabineros. (S.I.CAR.), El servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. (S.I.F.A.), La dirección Nacional de Inteligencia. (DI.NA.), El Comando Conjunto, La Central Nacional de Informaciones. (C.N.I.), La Dirección de Comunicaciones de Carabineros. (DI.COM.CAR), Comando de Vengadores de Mártires. (CO.VE.MA.). Varios de agentes de inteligencia post dictadura formaron empresas de seguridad, como Osepar, que colaboraron con empresas forestales chilenas, tema que fue atendido por un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios y Guardias Privados y que presentó su Informe de Mision a Chile, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Marzo de 2008.

Antecedentes del saqueo

No es posible desprender el golpe de Estado con los principales grupos económicos beneficiados de la dictadura militar, como tampoco la fortuna del dictador. Según el autor del Libro “Pinochet, el gran comisionista”, la riqueza del dictador superó los 29 millones de dólares, pero hay voces que dicen que esta suma es muchísimo mayor: departamentos en Valparaíso, Reñaca, Iquique, Santiago, propiedades en el Molocotón, Parcelas en Quintero, autos, entre otros. ¿Fortunas propias que se ganan en una carrera militar y de servicio a la “patria”?

725 era el número de compañías en manos del Estado al momento del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos altamente concentrado cuya mayoría surgieron y se consolidaron en los primeros años de la dictadura. Al menos se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB, corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe de diputados que fueron opositores a la dictadura y que recabaron información.

Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e incluso parientes, como el yerno del dictador, con la empresa Soquimich que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario. Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes sobre este informe.

Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide, la que post dictadura fue administrada por los gobiernos de la concertación y que arrojó, por ejemplo, que grupos o personas como “Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera, gane lo mismo que un millón de chilenos” con fortunas acumuladas de manera absolutamente inmoral, en gran parte a costa de la depredación de industrias extractivas, energéticas o la banca.

La estatal Endesa pasó a privatizarse y allí, los intereses de varios grupos económicos-políticos alineados con la dictadura pasaron a su vez a vincularse con la transnacional matriz en España. La misma, recibió el control de más del 80 % de las aguas de Chile. COPEC, el holding petrolero, conexa con empresas como Forestal Arauco y Celulosa Celco, pasó a las manos del empresario italiano Angelini. Grandes extensiones de tierras, muchas de las cuales eran de la reforma agraria de campesinos y comunidades, son traspasadas a favor de los grupos forestales, incluido los Matte con CMPC. Asimismo, con el cierre de numerosos medios de comunicación, Agustín Edwards se queda prácticamente con un monopolio, controlando la prensa escrita a través de El Mercurio y sus diarios conexos nacionales y regionales, convirtiéndose en el instrumento comunicacional de la dictadura y recibiendo fortunas de arcas públicas a costa del avisaje estatal. También, se puede señalar el paso de concesiones mineras a numerosas empresas extranjeras, entre numerosos otros casos relacionados al saqueo del país.

La salida del dictador

Pactos y diversos acuerdos establecidos entre militares, sectores político – empresariales de la ultra derecha chilena y la Concertación por la democracia habrían generado la salida pacífica del dictador Pinochet en 1990 a tal extremo, que los gobiernos “democráticos” terminaron administrando el modelo económico de la dictadura y continuaron con los beneficios para los grupos económicos privilegiados por el régimen militar.

Cabe señalar que el empresario y militante de la derecha, Sebastián Piñera, quien fue presidente de Chile entre los años 2010 al 2014, durante la campaña de 1988 del Sí y el No sobre la continuidad del Gobierno de Pinochet apareció manifestando su opción por el NO, tratando de vestirse en la gesta “democrática”. Era evidente que así sería para los grupos privilegiados por la dictadura. El modelo ya había sido impuesto, los monopolios y oligopolios ya habían sido instalados y mantener a Pinochet a la cabeza del estado era inviable ya que los distintos países calificados de “democráticos” y respetuosos de los derechos humanos no podían establecer relaciones comerciales – diplomáticas con una dictadura militar, la que además tenía una larga lista de denuncias por masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos, entonces, había que “sacar al dictador”, en pacto, para que luego los diversos tratados comerciales se pudiesen liberar.

Cabe mencionar que Piñera, durante la dictadura militar, no solamente fue privilegiado, sino además obtuvo diversos niveles de proteccionismo. Documentos desclasificados de la CIA en Estados Unidos muestran no sólo el nivel de influencia y relación de su persona con la dictadura o a través de su hermano como ministro de Estado o de su padre, que le dieron ventajas en sus proyecciones empresariales, sino además incluye una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema para ir en su favor e incluso, la de una operación de inteligencia que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.

Esto explica el rol fundamental que tuvo Piñera para pedir el retorno del dictador que se encontraba en Inglaterra detenido por acciones de la justicia internacional, bajo las peticiones del Juez español Baltazar Garzón por delitos de lesa humanidad. Piñera decía que “No somos colonia de nadie”.

Finalmente, Pinochet retornó a Chile y murió postrado, claudicado, sancionado moralmente, pero bajo una impunidad política y judicial otorgada por el pacto “Militar – político – empresarial”, cuya herencia se manifiesta en el presente en las estratosféricas fortunas de grupos económicos, una Constitución Política fáctica que sigue vigente y amplias redes de corrupción entre sectores empresariales con políticos.

 

Alfredo Seguel, Mapuexpress / Resumen Latinoamericano