Se cumplen 26 años de asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA. Con motivo de ese triste aniversario les dejo por aquí una crónica que recuerda aquel atentado mortal. Para agilizar su lectura divido el post en cuatro partes y elimino todo el aparato crítico del capítulo (referencias de prensa, actas municipales y otros documentos), que forma parte de nuestro proyecto titulado Historia y memoria del terrorismo vasco. Esta primera entrega está dedicada a la ponencia Oldartzen, la antesala de aquel asesinato y de otros muchos que vendrían poco después:

1.UN CAMBIO DE PARADIGMA:LA PONENCIA OLDARTZEN.

«…el día que un tío del PSOE, PP, PNV va al funeral de un txakurra o cien […] no ve en peligro su situación personal […], pero el día que vayan a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea, en una caja de pino y con los pies por delante)».

De esta manera tan gráfica y directa se expresaba un miembro de ETA en un boletín interno que publicó la organización terrorista en junio de 1993. Su «reflexión», aunque todavía no se había comenzado a elaborar ni debatir la ponencia Oldartzen, expresaba cual sería la estrategia de la banda terrorista durante los años siguientes: extender el miedo entre los partidos democráticos que se oponían a ella para «encontrar soluciones», es decir, ampliar el punto de mira de sus atentados, incluir a otra serie de sectores contrarios a ETA entre sus posibles víctimas y socializar el sufrimiento, aunque esta última expresión nunca llegó a aparecer de forma textual en el citado documento. La descarnada simplicidad de aquella exposición resumía de un modo contundente lo que significaba el terrorismo; un instrumento para lograr por la fuerza de las armas unos objetivos políticos concretos que despreciaban por completo los principios democráticos y la voluntad de los ciudadanos.

Desde finales de los años setenta ETA había apostado por acumular cadáveres sobre una hipotética mesa de negociación con los diferentes gobiernos. Su objetivo era ejercer una presión insostenible con el fin de que estos hincasen la rodilla y se vieran obligados a aceptar unas condiciones que solo tenían un objetivo: imponer su proyecto totalitario. Sin embargo, tras superar los sangrientos «años del plomo» que pusieron a la democracia española contra las cuerdas, esta se había asentado firmemente y el Estado de Derecho comenzaba, lentamente, pero con firmeza, a vencer al terrorismo. La caída de la cúpula de Bidart que tuvo lugar el 22 de marzo de 1992 fue uno de los golpes policiales, quizás el más importante, en la lucha contra ETA. Como han señalado Alonso, Domínguez y García Rey, «El mito de que la banda no podía ser destruida policialmente se vino abajo y los etarras interiorizaron la idea que de podían desaparecer»ii. Todavía tendrían que transcurrir casi 20 años para ver el final de la organización terrorista, pero ya nada volvería a ser como hasta entonces dentro de ella. La operación que tuvo lugar en la localidad francesa desbarató el sueño que había alimentado ETA a comienzos de 1992; es decir, lograr, a partir de una serie de importantes atentados, concitar la atención de todos los medios internacionales, pendientes de la celebración de los grandes eventos que tendrían lugar en España -la Exposición Universal de Sevilla y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de Barcelona- y poner al Gobierno ante una situación insostenible que le hiciera claudicar. Las importantes medidas de seguridad que adoptaron las autoridades y la sustancial mejora que se produjo en la lucha antiterrorista, junto con la colaboración francesa, culminaron en aquella operación que acabó con la detención de Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Joseba Arregi Erostarbe, Fitipaldi. La crisis que provocó la caída de la dirección de ETA obligó a la organización terrorista a cambiar de estrategia. Si los asesinatos de guardias civiles y policías no habían servido para resquebrajar al Estado y lograr que los diferentes gobiernos se tomasen en serio sus exigencias en los distintos procesos de negociación que habían tenido lugar hasta entonces, la banda terrorista extendería sus acciones contra políticos, jueces, fiscales y «terroristas de la pluma».

En realidad, el terrorismo abertzale en el País Vasco ya había atentado directamente contra dirigentes de diferentes formaciones políticas durante los primeros años de la Transición. Como ya se trató en los capítulos III y IV del primer volumen de este proyecto, entre 1976 y 1982 la rama militar de ETA mató a varios afiliados de Fuerza Nueva, militantes tradicionalistas y de Alianza Popular. Otro tanto hicieron los CAA con miembros del PSOE y la UCD y los polimilis, que acabaron en 1980 con la vida de varios dirigentes de esta última formación. En este caso, la estrategia de ETApm, como han recordado Raúl López Romo y Gaizka Fernández Soldevilla, buscaba provocar una «mayor radicalización» que consistía en «causar traumas» tras constatar la escasa efectividad de su actividad terrorista, eclipsada frente al importante eco político y mediático que alcanzaban los numerosos atentados mortales de la rama militar de ETAiv. Para lograrlo, los polimilis optaron, hasta su desaparición definitiva en 1982, por la práctica de un terrorismo más selectivo con el fin de compensar su menor capacidad operativa. No volvieron a producirse atentados mortales contra dirigentes políticos hasta que los CAA acabaron a tiros en 1984 con la vida del senador socialista Enrique Casas.

Pero la situación cambió de forma radical unos años más tarde. Tal y como constató el juez Baltasar Garzón en el año 2002 a raíz del proceso judicial que terminó con la ilegalización de Batasuna, el debate que se abrió en el seno de la izquierda abertzale a mediados de los años noventa tenía un objetivo claro: agilizar el funcionamiento de la estructura social y política del entorno de ETA y nutrirlo de actividadvi. El nombre elegido para designar este proyecto fue Bizkar Hezurra (Columna Vertebral) y se desdobló en dos planos paralelos (véase capítulo X): el primero, llamado Txinaurri (hormiga), dedicado a establecer los objetivos e instrumentos para alcanzar la independencia; y Karramarro (cangrejo), urdido para crear la estructura idónea capaz de articular estos instrumentos. En el primero de los procesos se trataba de iniciar la «construcción nacional de una Euskal Herria independiente y socialista» sin esperar a forzar una negociación política con el Gobierno para conseguir la independencia, como habían tratado de hacer hasta ese momento. Fue precisamente a partir de este planteamiento como nació a principios de 1995 la denominada Alternativa Democrática de Euskal Herria, que terminó sustituyendo a la Alternativa KAS.

Por tanto, los objetivos estaban perfectamente delimitados. Tan solo faltaba por definir la segunda fase, Karramarro, cuya consecuencia sería la constitución de ETA-KAS como la genuina «columna vertebral» del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Sin embargo, su puesta en marcha implicaba que los miembros de KAS -Jarrai, HB, LAB, Gestoras…- debían cumplir a rajatabla sus directrices por encima de cualquier otra decisión adoptada por las organizaciones en las que militaban. Según el mismo juez Garzón, esta remodelación de KAS forzó una reforma en la estructura de HB a través del proceso Oldartzen que, en definitiva, supuso «la incorporación a la dinámica política de HB de los nuevos objetivos de KAS concretados en la «construcción nacional». Como confirmó un Zutabe meses después (septiembre de 1995), «existía un peligro real de caer en un debate tan largo como estéril» entre quienes propugnaban «cambiar la línea de raíz» y «los que no veían esa necesidad o parecían temerosos». «Uno de los elementos que ayudó fue la intervención de la organización, concretamente con la acción contra Ordóñez». De esta forma resumía ETA el valor y la importancia que tuvo su asesinato. En este sentido, el atentado mortal que acabó con la vida del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián no sirvió únicamente para extender el miedo y socializar el sufrimiento entre quienes se oponían a la imposición por la fuerza del proyecto abertzale, sino también como una prueba de fuego para constatar la consistencia de la nueva estructura y el liderazgo de ETA en todo este proceso.

Pero Ordoñez no fue el primer objetivo de esta nueva estrategia de «socialización del sufrimiento» que se puso en marcha tras la caída de la cúpula de Bidart. Como recuerda Javier Marrodán, en diciembre de 1994, un mes antes del asesinato del dirigente más carismático del Partido Popular en el País Vasco, la Guardia Civil desarticuló en Navarra un comando que pretendía atentar contra varios objetivos, entre ellos el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Jesús Aizpún y el expresidente del Gobierno Foral, el socialista Gabriel Urralburu.

Aunque las FCSE lograron evitar aquellos atentados no pudieron hacer lo mismo con el que acabó con la vida de Gregorio Ordoñez

2.CRÓNICA DE UN CRIMEN.

En las navidades de 1994 el miembro de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, ordenó a Valentín Lasarte Oliden, Potxolo, que recabara información sobre los movimientos de Gregorio Ordóñez Fenollar, uno de los hombres más carismáticos del Partido Popular en el País Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. Su objetivo no era otro que ir preparando un atentado para asesinarle. Con ello, la organización terrorista confirmaba lo que había debatido y aprobado en la ponencia Oldartzen: socializar el sufrimiento, es decir, advertir a todos aquellos que se oponían a su proyecto que nadie estaría a salvo a partir de entonces, y los primeros objetivos serían los representantes políticos de los partidos no nacionalistas, aquellos a quienes consideraba enemigos de Euskal Herria.

Lasarte trabajaba en aquellos momentos como camarero en un bar que regentaba su padre en la parte vieja de la capital donostiarra y gracias a ello pudo controlar discretamente los movimientos de Ordóñez por la zona, situada muy cerca del Ayuntamiento. Tras varios días de seguimientos comunicó a García Gaztelu y a un tercer miembro del comando Donosti del que formaban parte, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata y Mikel, los datos necesarios para llevar a cabo el atentado contra el miembro del Partido Popular. Sin embargo, Gregorio Ordóñez entraba a primera hora de la mañana a trabajar en su despacho de consistorio municipal, pero no tenía una hora fija de salida a la hora de comer. La oportunidad ideal para cometer el atentado surgió unas semanas después, el 23 de enero de 1995. Ese día, sobre las 15:00 horas, Lasarte vio como Ordoñez entraba en el bar-restaurante «La Cepa», ubicado en la calle Treinta y Uno de Agosto de San Sebastián, acompañado por Enrique José Villar, Kote, María San Gil e Iciar Urtasun. Tras observar que el grupo se sentaba en una mesa y se disponía a comer, el terrorista avisó por teléfono a sus dos compañeros del comando, que se encontraban en esos momentos esperando en un piso del barrio donostiarra de Gros el momento justo para cometer el atentado. García Gaztelu y Carasatorre Aldaz cogieron sus armas y se encaminaron hacia el restaurante. Al llegar al local Lasarte les indicó donde se encontraba sentado Gregorio Ordoñez. Uno de los terroristas (nunca se pudo concretar quién fue) entró en el comedor y disparó sobre él a bocajarro, alcanzándole en la cabeza y provocando su muerte en el acto. María San Gil, secretaria personal del miembro del Partido Popular, quedó sobrecogida, sin embargo, segundos después logró reaccionar y salió del restaurante corriendo detrás del terrorista que huyó del lugar de los hechos a pie, perdiéndose rápidamente entre las calles de la parte vieja.

Para comprender el alcance político y social que tuvo el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián es necesario trazar un breve recorrido sobre su trayectoria y todo lo que significó Gregorio Ordoñez. El miembro del Partido Popular del País Vasco había nacido en Venezuela en 1958, después de que sus padres emigrasen a este país tras la Guerra Civil. Cuando tenía tan solo siete años Gregorio y su familia volvieron a España, concretamente a San Sebastián, y emprendieron una nueva vida. Con dieciocho años el joven comenzó a estudiar Periodismo en la Universidad de Navarra, carrera que terminó en 1981 para empezar poco después a trabajar en Norte Exprés. La vida de Ordóñez estuvo siempre ligada a la capital donostiarra. Fue allí donde conoció a su novia, Ana Iribar, con la que terminaría casándose en 1990 y teniendo un hijo tres años después, Javier Ordóñez Iribar. Hombre inquieto y preocupado por la convulsa vida política vasca, marcada profundamente por el terrorismo de ETA, el joven Gregorio ingresó en las juventudes de Alianza Popular en unos momentos especialmente difíciles para la formación conservadora. Su carrera política fue rápida y fulgurante. Con apenas 24 años fue elegido concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián y comenzó a encargarse del área de Legalidad Urbanística. Cuatro años después pasó a estar al frente de Turismo y fue designado responsable del Centro de Atracción y Turismo (CAT) y en 1991, se puso al frente del área de Urbanismo.

Tanto en el Ayuntamiento de San Sebastián como en la Cámara vasca (fue elegido parlamentario por el Partido Popular en 1990) Ordóñez destacó como un hombre firmemente comprometido con la defensa de los principios democráticos frente al terrorismo. Su carácter abierto, sociable y su discurso directo y beligerante contra ETA, en una época marcada por el miedo a expresar cualquier tipo de crítica al nacionalismo, hicieron que rápidamente llamara la atención, sobre todo entre los votantes no nacionalistas. El PP por fin parecía haber encontrado un referente tras la penosa travesía por el desierto que había arrastrado el centro-derecha en el País Vasco a lo largo de más de una década. De hecho, como recordó en primera plana el diario El Mundo al día siguiente de su asesinato. Ordoñez era en aquellos momentos «el político con mayor apoyo electoral en San Sebastián» según constataban los últimos comicios.

Sin embargo, ese mismo carácter y la claridad de sus posiciones políticas también hizo crecer un rechazo profundo y visceral contra su persona entre amplios sectores del mundo nacionalista, donde era calificado «un mal vasco», alguien que no merecía ser considerado como tal. En esos términos despectivos y excluyentes se refirió a él Imanol Beristain, concejal de EA en el Ayuntamiento de San Sebastián el 14 de enero de 1995 en una carta publicada en el diario Egin, tan solo unos días antes de su asesinato. En la misiva, dirigida al líder del PP, se afirmaba lo siguiente: «Que sea usted concejal de Donostia, para todo buen vasco, sobre todo si es nacionalista, supone una provocación. Dios quiera que no sea por mucho tiempo». Eran solo los deseos de un contrincante político. Los episodios más graves llegaron en forma de amenazas y Gregorio Ordóñez las sufrió de todo tipo. «Te quedan pocos días», le llegó a espetar en la calle un joven de Jarrai, después de haber intentado agredirle por llevar el lazo azul que reclamaba la libertad del empresario Julio Iglesias, secuestrado por ETA. En otras ocasiones el acoso llegó por vía telefónica y fue mucho más explícito, a través de mensajes que quedaron grabado en su contestador: «A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Otra declaración tuya más y tu familia, cualquiera de ellos, corre riesgo de morir. Fuera de Euskadi, cabrón». Se trataba de amedrentar al oponente político para emprender una limpieza ideológica en el País Vasco donde solo tuvieran cabida los nacionalistas. A pesar de ello Ordoñez nunca se arredró, ni siquiera cuando leyó en Egin en septiembre de 1994, unos meses antes de ser asesinado, una amenazadora carta firmada por Antton López Ruiz, Kubati. En la misiva el pistolero de la banda terrorista, que había acabado antes con la vida de su excompañera de la organización terrorista, Dolores González Catarain, Yoyes, se despachaba sin contemplaciones contra varios dirigentes políticos. Entre ellos citaba expresamente a Ramón Jáuregui, Juan María Atutxa, Iñaki Anasagasti y al propio Gregorio Ordoñez, en este último caso en dos ocasiones, y expresaba un inquietante deseo: «que algún día, al poner la radio, oiga por ella una buena noticia que me alegre el día».

Ordoñez siempre dejó claro cuál fue el motivo que le había animado a entrar en política en aquellos años tan difíciles. «Me metí en política, porque quiero mucho a mi tierra y no quería verla doblegada por el yugo de los pistoleros de ETA y también porque no me daba la gana de actuar de un pistolero verbal, Xabier Arzalluz». Además de ello, también puso de manifiesto su posición absolutamente contraria a establecer cualquier tipo de negociación política con la organización terrorista para lograr el final de la violencia. «Si el Gobierno negocia con ETA significa que estamos prostituyendo la democracia, significa que vale más comprarse una escopeta que votar. […] No valen las negociaciones políticas y el único camino para conseguir la paz son los éxitos policiales».

Pero existieron otras circunstancias en torno al asesinato de Gregorio Ordoñez que hay que considerar y tener en cuenta. El día siguiente del atentado mortal contra el dirigente del Partido Popular la periodista de El Mundo Carmen Gurrutxaga (acosada por ETA y objeto de un atentado contra su vivienda el 22 de diciembre de 1997), publicó un artículo impactante. En el mismo daba cuenta de los nuevos datos que, al parecer, había conseguido el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, como parte de una investigación que venía desarrollando sobre posibles infiltrados de ETA en la Policía Municipal de la capital donostiarra. Gregorio Ordoñez había manifestado a la periodista tan solo unas horas antes de ser asesinado, que había «dado con algo muy gordo. Y en el momento que lo tenga cerrado os lo cuento». La historia, arrancaba unos meses atrás, cuando las FCSE habían detenido a dos agentes municipales de San Sebastián. Uno de ellos, José María Lizarraga, fue posteriormente puesto en libertad sin cargos, pero el otro, Patxi Añorga, fue juzgado y condenado a seis años de prisión mayor por colaboración con banda armada. El hecho es que Ordóñez, basándose en las declaraciones del primero estaba convencido de que pasaba información a ETA y a partir de ella la organización terrorista había asesinado a Olarte y a José Antonio Santamaría unos meses antes. A raíz de ello comenzó a investigar los casos de corrupción que existían dentro de la Guardia Municipal de San Sebastián, lo que le llevó a tener un duro enfrentamiento con el alcalde socialista, Odón Elorza. El desarrollo de la trama y de los acontecimientos se precipitaron de forma dramática unos días después, cuando el comando Donostia de la banda terrorista acabó con la vida de Alfonso Morcillo. La víctima, sargento jefe de la brigada de investigación de la Policía Municipal de San Sebastián, según recordó posteriormente el periodista José María Calleja, había dedicado los últimos meses a tratar de desenmascarar a los topos que la organización terrorista había introducido dentro de aquel cuerpo. Un año después del asesinato de Alfonso Morcillo el sargento de la Guardia Municipal fue distinguido a título póstumo por la corporación de la capital donostiarra con la Encomienda de la ciudad en reconocimiento «por su gran labor desarrollada en el Cuerpo en beneficio de San Sebastián y de todos los donostiarras y por su impecable trayectoria profesional».

Unos minutos antes de ser asesinado, Ordóñez mantuvo una conversación informal en su despacho del ayuntamiento con un periodista de El Diario Vasco, a quien manifestó. «No estoy tranquilo, tengo miedo» […] «Me han dicho que Lizarraga vuelve a estar activo». Nunca pudo probarse que este último tuviera relación con su asesinato, ni que este fuera cometido como respuesta a la investigación que estaba realizando Ordóñez, pero el hecho, pero lo cierto, como declaró el miembro del PP a este periódico poco antes de sufrir el atentado que acabó con su vida, era que estaba sumamente preocupado tras su puesta en libertad.

3.UNA SOCIEDAD CONMOCIONADA.

Las muestras de estupor y condena de las fuerzas políticas vascas tras el asesinato de Ordoñez fueron prácticamente unánimes. La cúpula del PP, profundamente afectada por el atentado que había segado la vida de su hombre más popular y querido en el País Vasco, hizo un llamamiento a la serenidad. El rey Juan Carlos interrumpió un acto oficial para dar de viva voz el pésame a la familia, el presidente del Gobierno Felipe González telefoneó a José María Aznar, líder del PP, y el ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, regresó precipitadamente de un viaje a Israel, lo que da una idea del impacto político que tuvo aquel asesinato.

La excepción, como siempre, fue Herri Batasuna. La junta de portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián se reunió de urgencia unas horas más tarde del asesinato para elaborar un comunicado de condena que contó con el apoyo del resto de los partidos. Sin embargo, Joseba Álvarez, concejal de la coalición abertzale, se remitió al pleno posterior, aduciendo que en esos momentos la postura oficial de HB se estaba debatiendo en la Mesa Nacional de esta formación. Finalmente, ni él ni sus compañeros acudieron al citado pleno. En medio de la conmoción provocada por aquel atentado mortal la el brazo político de ETA recurrió al argumentario ensayado y repetido durante más de tres décadas, desprovisto de la más mínima sensibilidad humana ante otro crimen execrable, y «situándolo en el marco de la confrontación entre el País Vasco y España». Los concejales de los partidos democráticos reunidos en el pleno de urgencia aprobaron una condena unánime del atentado, destacaron la trayectoria política y la firmeza de su teniente de alcalde frente al terrorismo y animaron a que todos los ayuntamientos vascos presentasen la misma moción en sus plenos.

«Quienes han acabado con la vida del primer teniente de alcalde de San Sebastián y miembro del Parlamento Vasco, pretenden con este acto eliminar los fundamentos de la Democracia, realizando un ataque frontal y violento al funcionamiento pacífico de las instituciones públicas de las que era representante democráticamente elegidoi. Comprobar quienes apoyaron la moción».

Siguiendo el llamamiento del pleno municipal de San Sebastián, otros ayuntamientos vascos, muy pocos, presentaron la misma moción, apoyada por el PSE-EE, PNV, PP, EA y EUE. En la mayor parte de los casos el resultado fue muy similar: ningún concejal de HB rechazó el atentado. Así ocurrió, por ejemplo, en Andoain, Irún, Fuenterrabía o Zarauz. Las excepciones que hubo, muy pocas, tan solo sirvieron para comprobar la solidez de la fidelidad de los representantes de la coalición abertzale. La más significativa fue la de la concejal de San Sebastián, Begoña Garmendia, portavoz en el ayuntamiento y parlamentaria por HB en la Cámara vasca, quien rompió la disciplina interna de su grupo y criticó públicamente el asesinato de Gregorio Ordoñez a «título personal», según sus palabras «cumpliendo con lo que me exige mi conciencia humana y mi dignidad política»ii. En una comparecencia voluntaria ante los medios informativos en el ayuntamiento de San Sebastián, Garmendia expresó lo siguiente:

«Gregorio Ordóñez era probablemente el adversario más contundente de cualquiera que fuese abertzale o progresista en el marco de la institución del Ayuntamiento y del Gobierno de la ciudad, pero como adversario político debía de ser combatido con armas políticas y en el marco de una confrontación política».

Se trataba del mismo texto que la abogada había presentado un día antes la Mesa Nacional de HB, en el que manifiesta su «total desacuerdo» y su «más firme rechazo a este acto». Tras «lamentar profundamente la muerte de Gregorio Ordóñez y mostrar su voluntad de expresar «con toda sinceridad mi condolencia a sus familiares y allegados», Garmendia afirmó que «este atentado se caracteriza como una intervención de carácter armado en el campo de la lucha político-institucional, circunstancia, a mi entender, absolutamente rechazable». Aunque el texto reproducía en cierto modo la alambicada terminología de la izquierda abertzale y evitaba deliberadamente pronunciar la palabra condena, en un mundo tan cerrado y vigilado como aquel, donde las disidencias públicas podían tener fatales consecuencias, la declaración de la concejal de HB fueron recibidas como un importante avance por el resto de representantes de las fuerzas políticas democráticas. El propio lehendakari Ardanza destacó el gesto como «una actitud valiente», con la esperanza de que significase un punto de referencia para otras personas que se encontraban en aquellos momentos dentro de HB a las que instó a «tener la valentía de seguir los pasos de la concejal». En parecidos términos se expresó el líder del Partido Popular, José María Aznar. Sin embargo, a pesar de la importancia que dieron los representantes políticos de los partidos democráticos a aquel desmarque puntual, apenas se produjeron disensiones internas en la izquierda abertzale tras aquel asesinato. Javier Olaverri, exparlamentario por EE y concejal independiente en aquellos momentos en el ayuntamiento de la capital donostiarra, se mostró mucho más escéptico sobre la posibilidad de que el asesinato terminase afectando a la posición que durante todos aquellos años había mantenido HB sobre la violencia. Txema Montero, antiguo dirigente de la coalición, pero alejado de ella tras el atentado de Hipercor, manifestó que aquel asesinato representaba «un auténtico test interno para ver quiénes siguen siendo amigos, después de un salto cualitativo como es éste, de atentar contra un político exclusivamente por el hecho de serlo».

Solo unas pocas voces críticas se desmarcaron públicamente de la postura oficial de HB, como ocurrió en el Ayuntamiento de Pamplona, donde la concejal abertzale Mariné Pueyo rechazó el asesinato de Ordóñez, lo mismo que Patxi Zabaleta, parlamentario navarro y miembro de la Mesa Nacional de la coalición que posteriormente lideraría una escisión dentro HB. Por su parte, el exdirigente de ETA, Julen Madariaga, un hombre con un cierto halo simbólico por su trayectoria, pero para entonces con un nulo peso político en ese mundo, manifestó unos días después del atentado que si ETA había matado a Ordoñez y HB estaba de acuerdo dejaría su militancia. En definitiva, el atentado, salvo contadas excepciones, tan solo sirvió para avalar las tesis más ortodoxas de la izquierda abertzale y poner a prueba el apoyo incondicional de la coalición y la sumisión a ETA.

Cada pequeño avance que detectaban los representantes de los partidos políticos democráticos se veía empañado en muy poco tiempo por el cierre de filas de aquella comunidad profundamente identificada con la organización terrorista, o por los matices de los contados miembros de la izquierda abertzale que se atrevían a disentir de la mayoría. La propia Begoña Garmendia fue incapaz de apoyar dos semanas más tarde de aquel atentado la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de San Sebastián a Gregorio Ordónez y la propuesta del Ayuntamiento para poner una calle con su nombre nombre en la capital donostiarra. Todavía como portavoz del grupo municipal de Herri Batasuna, la concejal manifestó que la coalición no podía suscribir aquel acuerdo y utilizó una fórmula tan rebuscada como estrambótica para justificar su postura y evitar participar en la votación: «la presencia ausente» de la coalición en el pleno. Las explicaciones fueron aún más reveladoras sobre la posición que mantenían sus representantes. Garmendia afirmó en nombre de la coalición abertzale que el miembro del Partido Popular y teniente de alcalde del Ayuntamiento no era el único que había sido objeto de la violencia y recordó la reciente muerte del simpatizante de HB Imanol Lertxundi tras sufrir un ataque cardiaco en una manifestación; el juicio por la muerte de Juan Calvo en dependencias de la Ertzaintza y la pérdida de un ojo de una mujer vecina de San Sebastián, al ser alcanzada por una pelota de goma durante una manifestación convocada por las Gestoras Pro-Amnistía. De nuevo el argumento de los dos bandos y la mezcla de víctimas de distinta naturaleza para «enmarcar» un asesinato planificado y ejecutado a sangre fría contra aquellos a quienes ETA consideraba enemigos políticos. A pesar de ello, Begoña Garmendia fue tachada de «txakurra» (así apareció en varias pintadas) y terminó dimitiendo poco después por su desacuerdo con la línea oficial de la coalición abertzale. El pronunciamiento público de la concejal donostiarra contra aquel asesinato no sirvió para arrastrar a otras voces críticas con la violencia de ETA dentro de HB. Lejos de ello, algunos destacados representantes de las organizaciones más importantes de ese mundo, como Mikel Zubimendi, que posteriormente pasaría a la clandestinidad y se incorporaría a ETA, llegó a afirmar en una rueda de prensa de Jarrai, que con aquel atentado «se había hundido el buque insignia del fascismo español».

Estupor e incredulidad fueron algunos de los términos más repetidos por la prensa al día siguiente del asesinato. El socialista Fernando Múgica, que sería asesinado por la misma organización terrorista un año después, comparó aquel atentado con el cometido casi diez años antes en la misma capital donostiarra por los CAA que había terminado con la vida de su compañero, el senador Enrique Casas. «He sentido el mismo asco que entonces». Aquel crimen había marcado de algún modo una línea que la mayor parte de los partidos democráticos y de la propia sociedad vasca, creían infranqueable: el asesinato de un representante político, de un cargo elegido en democracia por la voluntad popular. Sin embargo, como ya hemos apuntado, la situación había cambiado en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, tras la aprobación de la ponencia Oldartzen. El Secretario General del PSE-EE se dirigió a los militantes de este partido y a los del PP para decirles que se tomaran este asesinato «como si fuera uno de los nuestros».

La historiadora Irene Moreno Bibiloni ha analizado lo que significó aquel asesinato y la trascendencia que tuvo:

«fue el punto de inflexión no solo en la estrategia de ETA, sino en la percepción que se tenía de las víctimas. El asesinato de un político en un contexto democrático de mitad de los noventa resultó indignante y doloroso para la gran mayoría de la población y abrió el camino a un nuevo estilo de movilización».

Esta última se fue fraguando a mediados de la década de los años noventa. Como se publicó al día siguiente de aquel asesinato, ETA no había atentado solamente contra un ser humano, sino «también contra los pilares del sistema democrático»iv. El periodista José María Calleja, también perseguido por ETA por su comprometida postura frente al terrorismo, afirmó posteriormente que a Gregorio Ordoñez lo asesinaron «por su capacidad de liderazgo en la lucha contra el miedo, porque defendía unas ideas que están proscritas desde el punto de vista nacionalista».

La prensa de aquellos días y algunos de los trabajos de investigación centrados en la respuesta social contra el terror dan cuenta de la importante movilización que se produjo tras el asesinato de Ordóñez. La recepción del féretro en la capilla ardiente, instalada en el Ayuntamiento de San Sebastián, fue uno de los actos más intensos y emotivos de cuantos tuvieron lugar aquellos días. Allí se pudieron escuchar gritos de «¡Alcalde, alcalde!», «¡ETA asesina!» y «¡Viva España!». Fuera del palacio consistorial se congregó una auténtica marea humana que esperó pacientemente su turno en los jardines de Alderdi Eder para presentar sus respetos ante el cuerpo de teniente de alcalde asesinado. Mientras tanto, miles de estudiantes y profesores recorrieron el campus universitario de Ibaeta encabezados por una pancarta en la que podía leerse «Gregorio somos todos». Al mediodía, siguiendo la convocatoria hecha por el pleno del Ayuntamiento, la ciudad guardó cinco minutos de silencio y ya por la tarde una gran multitud recorrió en manifestación las calles de la capital donostiarra en dirección hacia Amara, para terminar frente a la Iglesia de la Sagrada Familia, donde se celebró el funeralv. Al oficio religioso asistieron, entre otras muchas personalidades de la vida política vasca y española, el presidente del Partido Popular, José María Aznar, el lehendakari José Antonio Ardanza; el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa; el ministro Belloch, y diversos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el interior del templo, el obispo de San Sebastián José María Setién ofició la ceremonia acompañado por el cardenal Suquía y 25 sacerdotes. Durante la ceremonia se dirigió a los presentes, pero también a la organización terrorista que había acabado con la vida del teniente de alcalde de San Sebastián para pedir que abandonara las armas:

«…una grave llamada a ETA a fin de que preste a este pueblo, por cuya libertad dice luchar, el mayor y mejor servicio que le puede hacer, que es el de dejar las armas y abrir así las vías adecuadas para lograr la paz por el camino del mutuo entendimiento».

Aquel asesinato fue el inicio de un proceso que cambiaría la percepción de la sociedad vasca y española frente a ETA: la presencia en el espacio público del colectivo de víctimas del terrorismo, prácticamente invisibles e ignoradas hasta ese momento. Unos pocos días más tarde, el 28 de enero, tuvo lugar en Bilbao la tradicional manifestación que venía celebrando los últimos años la asociación Gesto por la Paz, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gandhi. Miles de personas, entre ellas la mayor parre de los líderes de los partidos democráticos en el País Vasco, llenaron las calles de la capital vizcaína profundamente afectados por el reciente asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián. Fue, sin duda, la manifestación más numerosa que se celebró aquellos días, pero como ha afirmado Irene Moreno Bibiloni, hubo otras que tuvieron un enorme significado. Unos días más tarde, el 10 de febrero, una nueva plataforma ciudadana, denominada «Basta ya», impulsada por miembros del colectivo Denon Artean, hizo un llamamiento ciudadano para concentrarse de forma pacífica y silenciosa durante diez minutos al día siguiente frente a la sede de HB en la calle Urbieta de San Sebastián. En el llamamiento, apoyado por cerca de mil personas, «representativas de diversas ideologías y sectores sociales», se emplazaba de forma explícita y directo a la coalición abertzale:

«… para pedir a HB que deje de apoyar a ETA, para que nadie (político, ertzaina, guardia civil o policía, militar, periodista, médico, camello…) vuelva a ser asesinado en nombre del pueblo vasco y para que cualquiera, -incluidos los de HB, pueda pensar y expresar libremente sin ser colocado en el punto de mira de una de las pistolas de ETA».

Según explicaba el colectivo, este se había formado después del asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián, y, sobre todo, «tras las amenazas de KAS a los periodistas». La novedad no estaba en el lema utilizado (en 1980 lo habían usado los vecinos de Zorroza o la manifestación de Gesto por la Paz en enero de 1989), sino en el hecho de que la concentración se realizase frente a la sede de HB, señalando claramente a quienes consideraban cómplices del asesinato de Ordóñez. La izquierda abertzale, que había monopolizado prácticamente el espacio público con su presencia amenazadora contra todos aquellos a quienes consideraba «enemigos del pueblo vasco», reaccionó con virulencia, convocando una contramanifestación (como haría posteriormente durante los secuestros que tuvieron lugar unos pocos años más tarde). En ella se profirieron graves insultos y amenazas dirigidos a las personas que portaban carteles con el lema ¡Basta ya! entre gritos de «Gora ETA militarra» (Viva ETA militar), «Zuek ere txakurrak zarete» (Vosotros también sois perros, en alusión al apelativo empleado para referirse a las FCSE), «Gu ETAkin, ETA, Gurekin», (Nosotros con ETA, ETA con nosotros) y «Alde hemendik Espainarealdera» (Iros a España). Tras la concentración algunas personas que secundaban la concentración de la plataforma ciudadana, al igual que varios periodistas que cubrían el acto, fueron perseguidos, hostigados y agredidos por los militantes y simpatizantes de HB.

El comportamiento de la sociedad vasca frente al terrorismo y a favor de las victimas había comenzado a cambiar. Sin embargo, el odio que alimentó el mundo abertzale contra ellas, incluso después de acabar con sus vidas siguió perviviendo durante años. Consuelo Ordoñez, la hermana del dirigente del Partido Popular y la viuda de este, Ana Iribar, sufrieron durante mucho tiempo el acoso del entorno de ETA hasta que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco. La primera fue insultada y agredida en varias ocasiones por elementos de la izquierda abertzale. Como ella misma recuerda: me abrieron la cabeza de un botellazo en el casco viejo de San Sebastián; y hasta me acostumbré a que me gritaran por la calle y en las contramanifestaciones «Ordóñez a Polloe» y «Ordóñez, devuélvenos la bala». En el año 2003 Consuelo tuvo que exiliarse del País Vasco, como otras muchas víctimas de la persecución del nacionalismo radical, tras recibir una llamada del ministro del Interior Ángel Acebes, quien la alertó de que su vida corría un grave peligro al haber detectado que ETA la había incluido entre sus objetivos. Pero el odio no terminaría tan pronto. En enero de 2007 la tumba del líder del PP vasco fue profanada por dos menores de apenas catorce años de edad, un acto por el que fueron condenados a realizar setenta horas de trabajo en favor de la comunidad como autores confesos de un delito de menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo.

4.AVISO A NAVEGANTES.

La práctica de la socialización del sufrimiento no significaba solamente la posibilidad de atentar mortalmente contra aquellos a quienes ETA consideraba el «enemigo», sino señalar, cercar y hacer literalmente la vida imposible a todos aquellos cargos, representantes e incluso militantes de los partidos contrarios al terrorismo que practicaba esta organización. En poco tiempo el punto de mira se ampliaría para abarcar también a periodistas, profesores, intelectuales y miembros de la judicatura. Como ha recordado Florencio Domínguez, se trataba «lisa y llanamente, (de) perpetrar agresiones personales, acosar en la vida cotidiana a los ciudadanos -por ejemplo, cuando utilizaban el transporte público, atacando una y otra vez- hacer la vida imposible, a menudo al pie de la letra, a los adversarios políticos». El mismo periodista ha señalado, siguiendo al sociólogo Peter Waldmann, que la adopción de la nueva estrategia supuso en realidad un cambio sustancial de la organización, al pasar de ser un grupo terrorista de carácter insurgente a otro con pretensiones de paraestatalidad. Mientras el primero aspira a ganar apoyos sociales para su causa, lo que le obliga a tener un cierto cuidado en la selección de sus objetivos terroristas, el segundo tiene un carácter más punitivo y no pretende ser comprendido por la sociedad.

A finales de febrero de 1995, tan solo un mes después del asesinato de Ordoñez, el responsable de organización de Herri Batasuna, Rufi Etxeberría, uno de los hombres más importantes del entramado político de ETA, afirmó que la ponencia Oldartzen había recibido un amplio apoyo entre las bases de la izquierda abertzale, concretamente el 71,23 por ciento de la militancia votó a favor. En el debate habían participado 5.322 militantes en 211 asambleas locales de Navarra y las tres provincias vascas. Un 12 por ciento se abstuvo, aunque el líder de HB recordó que en ningún caso eso significaba un voto de castigo contra la línea oficial de la izquierda aberzale. Mucho más críticos se mostraron los representantes de Rentería, que presentaron un texto en el que manifestaban el derecho a criticar abiertamente a ETA (véase también el capítulo V). El documento en este caso tan solo recibió el apoyo de un 16,63% de la militancia de HB. Pero en aquella nueva situación no había lugar para los críticos. Tan solo un par de semanas más tarde los quince miembros del comité local de esta población dimitieron en bloque.

La ponencia dejaba claro algunos de los objetivos de la izquierda abertzale: «si se golpea a un eslabón bajo de la cadena política, la propia cadena magnifica el golpe y llega a atemorizar a toda la cadena»vi. Dos meses más tarde del asesinato de Ordoñez, el también dirigente de la izquierda abertzale, José María Olarra, dio cuenta del cambio de estrategia que había emprendido ETA y había asumido HB, sometida el control de la organización terrorista: «Hasta ahora solo hemos sufrido nosotros, pero están viendo que el sufrimiento comienza a repartirse», despreciando con ello el sufrimiento que para entonces ya había infligido a cientos de familias destrozadas por el asesinato de sus seres queridos. El 10 de julio el mismo miembro de HB declaró en el diario Egin que «nos va a tocar sufrir, pero ese sufrimiento lo vamos a compartir con ellos» y añadió como sentencia final: «cuando sufran lo que nosotros estamos sufriendo, quizás se replanteen muchas cosas». Olarra solo anunció lo que ocurriría poco después…

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