En la actual situación de crisis múltiples, donde a las desigualdades sociales, económicas y políticas que no dejan de crecer hay que añadir las carencias e insuficiencias dotacionales de los servicios públicos, así como la caída de la actividad económica y la bajada de la recaudación fiscal, se constata el riesgo de cronificarse la pérdida de bienestar.

La privatización siempre ha tenido lo público en el punto de mira, pero hoy día es en la protección social donde coge impulso el modelo privatizador, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Más en concreto, el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad  Social y su modelo de reparto va a ser complementado, de momento de forma parcial, por las pensiones privadas (en Euskadi EPSV) con la correspondiente, por supuesto, mejora de sus beneficios fiscales. No lo podemos permitir.

Todo esto lleva a impulsar el Colectivo Argitasuna con la idea de hacer visible las diferentes problemáticas y de construir de forma colectiva una nueva realidad. No queremos una mano de pintura a lo existente. Necesitamos promover el bien común, la justicia social, la equidad en el reparto de la riqueza, una reforma fiscal percibida como justa. En definitiva, un modelo social alternativo que rescate los derechos del conjunto de la ciudadanía.

El manifiesto adjunto recoge el ideario Argitasuna y está dirigido a todo tipo de asociaciones: feministas, ecologistas, pensionistas, culturales, juveniles, deportivas incluso. Va dirigido también a las organizaciones sindicales, así como a los partidos políticos que desde las instituciones gestionan los intereses del conjunto de la sociedad.

Quienes a nivel personal o asociativo se identifiquen con el contenido del citado manifiesto y deseen participar en su desarrollo, rogamos que lo comuniquen, a través del siguiente correo electrónico: colectivoargitasuna@gmail.com

La crisis económica del 2008 y su deplorable gestión, a base de recortes, austeridad, reformas laborales, de pensiones y de género, se tradujo en menos protección, más precariedad, más pobreza, más desigualdad social. Hace tres años, los indicadores macroeconómicos señalaban el final de la crisis. Para el 66% de la población vasca la percepción era bien distinta, no había acabado. Es más, desde el 2013 alrededor de una cuarta parte de la sociedad no puede ni ir al dentista y tiene que ajustarse en la alimentación. En cuanto a la pobreza infantil, el Deusto Barómetro Social recogía que más de un 31% ha renunciado a las actividades de ocio. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de abril, el paro juvenil ronda el 22% en la CAV. Además, las mejoras salariales se concentran en el nivel superior, mientras que en el inferior empeoran.

Se instala y cronifica la precariedad. Corremos el riesgo de dar carta de naturaleza a una “sociedad indecente” en la que se viva con normalidad la persistente desigualdad, donde para consolidar la situación se recurra a normas que disciplinen a la población en la pobreza.

En este contexto aparece la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, con efectos demoledores en el plano económico y social. La pandemia intensifica la precariedad y la desigualdad. La devastación será extensa e intensa. Estimaciones oficiales señalan que la recaudación fiscal caerá este año alrededor del 20% (2.000 millones menos de ingresos en la CAV). El reto es con la salud pública, sostenibilidad económica, ambiental y rescate social. En definitiva, se necesitan cambios profundos, sociales, culturales e impositivos.

Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Combatir la desigualdad pasa por una reforma fiscal profunda, que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales. Que aporte de manera continuada los recursos que la sociedad necesite y que sea percibida como justa y progresiva. La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude (evasión fiscal) y desgravaciones (elusión fiscal). Además de pagar, hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos, elitistas. Son ejemplos evidentes de inequidad fiscal.

 No estamos en contra del ahorro privado, pero sí de que tenga beneficios fiscales.

Gobierno Vasco y Diputaciones favorecen con desgravaciones fiscales de la base imponible de la declaración de la renta (hoy hasta 5.000 euros) a contribuyentes con capacidad de ahorro a largo plazo, para complementar la pensión pública próxima o futura. De esta forma se transfieren recursos públicos a segmentos sociales y laborales razonablemente bien situados, convirtiendo al resto de la población en meros donantes de beneficios fiscales. La crisis sanitaria ha retrasado la propuesta fiscal más generosa que la Administración tiene prevista para intentar extender el aseguramiento social privado más allá de las rentas medias/altas.

El Viceconsejero de Economía del Gobierno Vasco, instaba en julio a redoblar esfuerzos para impulsar las EPSV de empleo. No hubo respuesta sindical ni de partidos, no hubo el rechazo frontal que cabía esperar ante este intento de privatizar las pensiones públicas. ¿Y si mañana se instase a suscribir pólizas de aseguramiento sanitario privado, ya que son centros de iniciativa social, con el argumento de que se refuerza el derecho a elegir, posibilitando que se gestione en dos redes, como ocurre con la educación concertada? ¿Habría respuesta política, sindical, social, a ese intento de privatizar lo público, o sea, a pretender sostener con dinero público empresas privadas como ocurre con nuestra educación de modelo segregacionista?

En la CAV asistimos desde hace años, con el silencio cómplice de partidos y sindicatos, al fomento institucional de una fiscalidad “a la carta”, para que sectores concretos accedan a la jubilación con una pensión privada complementaria, financiada con recursos que se sustraen de cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. Es necesario rechazar los reiterados intentos de extender la privatización de los servicios públicos, en particular de las pensiones y de la sanidad, dos urgencias del momento actual, con una fiscalidad ventajosa que constituye una apropiación injusta de recursos colectivos. En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de interés social.

Es preciso recuperar la hegemonía de la política sobre la economía y la acción de las instituciones en las decisiones económicas y sociales que afectan a la colectividad. Necesitamos servicios públicos eficientes que posibiliten el desarrollo de las familias en igualdad, conciliando. Es imprescindible la progresividad fiscal frente a la actual regresividad. Deben dejar de existir situaciones tan preocupantes como estas:

– 25% de perceptores de la RGI son pensionistas, en su mayoría (dos de cada tres) mujeres

-Casi un 30% de mujeres trabajan con contrato a tiempo parcial, hombres sólo el 10%

– Las pensionistas vascas cobran de media 907 euros al mes, los hombres 1.568 euros

Organizar los recursos públicos con eficiencia y equidad, establecer prioridades compartidas y bien definidas, requiere acuerdos amplios que se debieran abordar en los próximos meses, en los presupuestos de la CAV y del Estado.

Quienes integramos el colectivo Argitasuna, impulsor de este documento, somos gente de procedencia obrera, trabajadores en activo y pensionistas. Venimos de diferentes ámbitos profesionales, tenemos características políticas e ideológicas diversas, pero nos mueve la voluntad común de clarificar, dar luz (argia) a la situación actual para contribuir a transformar esta realidad. Consideramos necesario que partidos y sindicatos se pronuncien sin dilación sobre las necesidades sanitarias y la fiscalidad que pedimos revertir. Solicitaremos encuentros con cada uno de ellos para exponer en detalle la razón de esta iniciativa.

Socializaremos este manifiesto con otras asociaciones, en particular las de pensionistas y los colectivos de la sanidad, para que contribuyan con su parecer, si así lo consideran. Animamos a que los trabajadores y trabajadoras en activo debatan sobre las EPSV y el modelo social que representan. Hacemos un llamamiento a los profesionales de la sanidad para que expongan con claridad y valentía las necesidades concretas e inaplazables en la situación actual. Este planteamiento vale para el conjunto del Estado, al compartir problemas similares, aunque su adaptación y gestión corresponde a colectivos que recojan el testigo en cada territorio.

ARGITASUNA-Errealitate  berri bat eraikitzeko argitasuna

2008ko krisi ekonomikoa eta horren kudeaketa tamalgarriak, murrizketa, austeritate, lan-erreforma eta pentsio eta genero-erreformen bidez, babes gutxiago, prekarietate gehiago, pobrezi handiagoa eta desberdintasun sozial nabarmenak ekarri zituen berekin. Duela hiru urte, adierazle makroekonomikoek krisiaren amaiera adierazten zuten. EAEko biztanleen % 66aren pertzepzioa ostera, kontrakoa zen. Are gehiago, 2013az geroztik, gizartearen laurden batek ezin du dentistarengana ere jo eta janaria murriztu behar izan du. Haurren pobreziari dagokionez, Deusto Barometro Sozialak % 31k baino gehiagok aisialdiko jarduerei uko egin ziela jasotzen zuen. Apirileko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, gazteen langabezia % 22 ingurukoa da EAEn. Gainera, soldata-hobekuntzak maila gorenean daude, behekoan okerrera egiten duten bitartean.

Prekarietatea ezarri eta kroniko bihurtzen da. Etengabeko berdintasun eza normaltasunez bizitzen duen “gizarte lotsagarri” bati izaera emateko arriskua dugu, non, egoera sendotzeko, herritarrak pobrezian diziplinatzen dituzten arauetaz baliatzen diren.

Testuinguru honetan Covid 19ak eragindako osasun-krisia agertzen da, ondorio suntsitzaileekin ikuspegi ekonomiko eta sozialean. Pandemiak prekarietatea eta desberdintasuna areagotzen ditu. Hondamena zabala eta bizia izango da. Kalkulu ofizialen arabera, aurton zerga-bilketa % 20 inguru jaitsiko da (EAEn 2.000 milioi gutxiagoko diru-sarrerakin). Erronkak, osasun publiko, iraunkortasun ekonomiko, ingurumen eta erreskate sozialean datza. Azken batean, aldaketa sakonak, sozialak, kulturalak eta inposatzaileak behar dira.

Errealitate berri bat eraiki behar da, begirada eraldatzaile baten bidez, herritarrei bizitza duina izateko beharrezko baliabideetarako sarbidea bermatzeko mekanismoak aktibatu eta proiektu partekatu bat gaitzen duena.

Desberdintasunari aurre egiteko, erreforma fiskal sakona egin behar da, egitura beharrei erantzuten duena eta ez soilik egoeraren araberako beharrei. Gizarteak behar dituen baliabideak etengabe ematea eta bidezkotzat eta progresibotzat hartzea. Erreformak, PFEZk ordaintzeko benetako gaitasuna zergapetu eta gure fiskalitatearen bidegabeko bi bide: iruzurra (zerga-ihesa) eta desgrabazioak (zerga-saihestea), iztetik hasi behar du. Pentsio-plan pribatuei, mutualitateei edo BGAEei pizgarri eta onura fiskalak kendu behar zaizkie, bidegabeak, atzerakoiak eta elitistak izateagaitik. Zerga-ekitate ezaren adibide nabarmenak dira.

Ez gaude aurrezki pribatuaren aurka, baina bai onura fiskalak izatearen kontra.

Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek errenta-aitorpenean zerga-oinarriaren desgrabazioekin (gaur egun 5.000 euro arte), hurbileko edo etorkizuneko pentsio publikoa osatzeko, epe luzera aurrezteko gaitasuna duten zergadunei laguntzen diete. Horrela, baliabide publikoak nahiko ondo kokatutako gizarte eta lansegmentuetara transferitzen dira, eta gainerako biztanleak zerga-onuren emaile huts bihurtzen dira. Osasunkrisiak, Administrazioak gizarte-aseguramendu pribatua errenta ertain/altuetatik haratago zabaltzen saiatzeko aurreikusita duen zerga-proposamen oparoena atzeratu egin du.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako sailburuordeak, uztailean, enpleguko BGAEak bultzatzeko ahaleginak areagotzeko eskatu zuen. Ez zen sindikatuen edo alderdien erantzunik izan, ez zen espero zitekeen erabateko arbuiorik izan pentsio publikoak pribatizatzeko ahalegin horren aurrean. Eta bihar, gizarteekimeneko zentroak izanik, osasun-aseguramendu pribatuko polizak sinatzeko eskatuko balitz, aukeratzeko eskubidea indartzen dela argudiatuz, kudeaketa bi saretan ahalbidetuz, itunpeko hezkuntzarekin gertatzen den bezala? Arlo publikoa pribatizatzeko saiakera horri, hau da, diru publikoarekin enpresa pribatuak sostengatu nahi izateari, erantzun politiko, sindikal edo sozialik emango litzaioke, eredu segregazionistako gure hezkuntzarekin gertatzen den bezala?

EAEn, urteak dira, alderdi eta sindikatuen isiltasun konplizearekin, erakundeek sustatutako «Nahierazko» fiskalitate baten lekuko garela, gizarte osoaren beharrak betetzetik kanpo geratzen diren baliabideekin finantzatuta, sektore jakin batzuek pentsio pribatu osagarri batekin erretiroa har dezaten. Beharrezkoa da, baliabide kolektiboez bidegabe jabetzea dakarren zerga-sistema abantailatsu batekin, zerbitzu publikoen pribatizazioa zabaltzeko behin eta berriz egindako ahaleginei, bereziki pentsioen eta osasunaren pribatizazioari, uko egitea. Pentsioetan, belaunaldien arteko banaketa-sisteman inplizituki dagoen birbanaketa-ahalmena dago jokoan. Hori, iraunkorra eta arreta sozialekoa den gure pentsio-sistemaren elkartasun-eredua hausten duen, eta itzulera guztiz indibiduala den kapitalizazio-sistema batean, ezinezkoa da.

Kolektibitateari eragiten dioten erabaki ekonomiko eta sozialetan, erakundeen ekintza eta politikak ekonomiaren gain duen nagusitasuna berreskuratzea beharrezkoa da.

Bateragarritasuna sustatuz, familiak berdintasunean garatzea ahalbidetzen dituzten zerbitzu publiko eraginkorrak behar ditugu. Ezinbestekoa da zerga-progresibitatea egungo erregresibotasunaren aurrean. Jarraian aurkeztutako egoera kezkagarri hauek desagertu behar dira:

– DBE jasotzen dutenen % 25 pentsiodunak dira, gehienak (hirutik bi) emakumeak

– Emakumeen ia % 30ek lanaldi partzialeko kontratuarekin lan egiten dute, gizonek soilik % 10

– Emakume pentsiodunek bataz beste 907 euro kobratzen dituzte hilean, gizonek aldiz, 1.568

Baliabide publikoak eraginkortasunez eta ekitatez antolatzeko, lehentasun partekatuak eta ongi definituak ezartzeko, datozen hilabeteetan EAEko eta Estatuko aurrekontuetan landu beharko liratekeen akordio zabalak behar dira.

Dokumentu honen bultzatzaile den Argitasuna kolektiboa osatzen dugunok, langile jatorriko jendea, jardunean gauden langileak eta pentsiodunak gara. Hainbat lanbide-eremutatik gatoz, ezaugarri politiko eta ideologiko desberdinak ditugu, baina egungo egoera argitzeko eta errealitate hori eraldatzen laguntzeko amankomuneko borondateak mugitzen gaitu. Gure ustez, beharrezkoa da alderdi eta sindikatuek lehenbailehen osasun-premiei eta lehengoratu nahi dugun fiskalitateari buruz iritzia ematea. Ekimen honen arrazoia zehatz-mehatz azaltzeko, horietako bakoitzarekin topaketak egitea eskatuko dugu.

Manifestu hau beste elkarte batzuekin sozializatuko dugu, bereziki pentsiodunekin eta osasun-arloko kolektiboekin, halan uste badute, beren iritziarekin lagun dezaten. Lanean ari diren langileak BGAEei eta horiek ordezkatzen duten gizarte-ereduari buruz eztabaidatzera animatzen ditugu. Osasun-arloko profesionalei dei egiten diegu argi eta ausardiaz azal ditzaten egungo egoeraren premia atzeraezin zehatzak. Antzeko arazoak partekatzean, planteamendu honek Estatu osorako balio du, nahiz eta egokitze eta kudeatze lanak lurralde bakoitzean lekukoa hartzen duten kolektiboei dagokien.

Argitasuna kolektiboa

BONOS DESCUENTO,BUENA INICIATIVA,MAL MÉTODO

El comercio de proximidad, la hostelería, las actividades deportivas y culturales, son sectores
económicos y sociales gravemente afectados por las medidas de confinamiento aplicadas para
evitar la propagación de la epidemia Covid-19. Entre las decisiones adoptadas por el Gobierno
Vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao para paliar las negativas consecuencias
de las restricciones al uso público de esos servicios figuran los bonos descuento.

Siendo una iniciativa positiva, la forma de promover, de administrar y de adquirir los bonos, ha
resultado inadecuada, beneficiando a los sectores de población con mayor poder adquisitivo,
en detrimento de los colectivos sociales más desfavorecidos a nivel económico. Cada paso de
ese procedimiento ha obstaculizado la igualdad de oportunidades, así como el tratamiento
equitativo, que debe prevalecer en las actuaciones de las instituciones públicas. Ni siquiera se
ha tenido en cuenta la brecha digital, que segrega a las rentas familiares bajas.

A mayor nivel de renta, el acceso a la información es más rápido, se dispone de mejores
medios para realizar cualquier gestión y resulta determinante el poder adquisitivo. Tras las
emisiones lanzadas por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, de los 100.000 Bono
Denda promovidos por la Diputación de Bizkaia, la parte correspondiente a Bilbao se agotó en
12 horas, el resto en menos de dos días. Cabe suponer que los bonos han sido adquiridos y
acumulados por quienes tienen todas las ventajas a su favor. Bastaría cruzar los datos de los
tres organismos para obtener resultados concluyentes.

En lugar de limitarse a organizar una competición en condiciones desiguales, las instituciones
deben beneficiar tanto a la economía local y al comercio de proximidad como a los colectivos
más vulnerables y amenazados por la exclusión social. Financiar con dinero público el 50% del
importe de las angulas y del besugo de quienes tienen medios suficientes para pagarlo íntegro,
no fomenta el consumo responsable y sobre todo vulnera el principio de equidad, favorable
siempre a los más débiles. Se podía actuar de otra manera, distribuyendo vales de consumo a
través de los servicios sociales o entre las personas perceptoras de la RGI.

Las buenas ideas fracasan si carecen de perspectiva global y de sensibilidad suficiente para que
contribuyan a la cohesión social.

Bilbao, 12 de diciembre de 2020

Categorías:PENTSIONISTAK AURRERA