Las personas se merecen una jubilación decente, que puedan llegar a fin de mes sin depender de colas para alimentarse, de organismos benéficos o de sus hijos. O depender de un trabajo a tiempo parcial cuando no se desea o no se puede.Entre las recomedaciones del Pacto de Toledo apoyadas por una amplia mayoría del Congreso se propone impulsar las Pensiones de empresa y mantener las individuales, ambas gestionadas por Fondos Financieros que invierten en los mercados libremente. Son pensiones no garantizadas por el Estado, y no tienen carácter solidario.

En este país la experiencia en este tipo de pensiones privadas como las EPSVs, es muy corta y y han tenido muy poco significado en el conjunto del sistema como para entender sus riesgos y limitaciones, pero el objetivo de la derecha es que sean el eje central del Sistema.

En los países donde hay experiencia, como el Reino Unido, o los EEUU, la experiencia ha demostrado que los Fondos Privados de Pensiones son menos eficaces y sus costes transaccionales son más altos que en sus Pensiones Publicas. Los Fondos buscan quedarse con más ganancias y brindan una cobertura menos amplia de los riesgos.

Dejar las cotizaciones de los trabajadores en manos de los mercados es ponerlas en riesgo de grandes pérdidas como sucedió en la Crisis del 2008. Fue una depresión pero los mercados pueden provocar otros fenómenos como una crisis inflacionaria, con el mismo resultado.

Las jubilaciones privadas, incluso las de empleo como las EPSV son menos rentables para el conjunto de la sociedad, aunque puedan tener puntos alzistas en algunos Fondos. Al no ser un sistema de reparto, su rentabilidad depende también de los años de vida de cada trabajador, cayendo su valor si la esperanza aumenta.

En el caso de EEUU y Reino Unido, quienes invirtieron en jubilaciones privadas, vieron menguados sus beneficios hasta en un 35%. En la privatización hay una transferencia de dinero entre los pensionistas y los Fondos que gestionan su dinero. No hay pruebas de que éstos generen ingresos más altos o seguros, sino lo contrario.

No se debe confiar en los mercados para la jubilación. Las fluctuaciones entre sus valores y los ingresos generados son demasiado grandes y los Fondos de gestión de pensiones, demasiado avariciosos para que los riesgos desaparezcan. Puede argumentarse que si el Estado controla estos Fondos en cuanto a sus inversiones el problema estaría superado.

En tal caso, sus rentabilidades caerían sin ofrecer ventaja alguna, y las Comisiones que cobran los Fondos de gestión serían un regalo por nada. Pero esto tampoco cambia el rendimiento decreciente de los Fondos privados conforme aumenta la esperanza de vida, un factor clave de inseguridad para la gente mayor pensionista, además de depender de la evolución de los mercados.

Financiar Fondos de pensiones de empresa por parte del Gobierno es un golpe bajo a las Pensiones Públicas que las debilita, y es una medida grave porque fomenta la especulación privada de dichos Fondos. El uso indebido de los fondos públicos para productos que se usan en beneficio de empresas privadas es además un serio revés a los derechos de la ciudadanía, al igual que recortar las pensiones públicas y los fondos destinados a la Seguridad Social.

Lo que debe hacerse es revitalizar el sistema asegurando que no se desvíe el dinero a pensiones de empresa, sino que tal financiación añadida fuera a los trabajadores para que pudieran invertir en Pensiones Publicas garantizadas.

Esto obligaría a los Fondos Privados a bajar sus costes y sus garantías, para que no fueran al mercado especulativo para detraer más fondos de los trabajadores. De esta manera se mejoraría la pension publica y la privada sin apoyo de dinero publico, con costes y comisiones a la baja. Es un modo de regular el mercado sin dañar los derechos de los pensionistas a una Pensión Publica amparada por el Gobierno.

Los que operan en el sector Financiero no son favorables a esta solución porque les obliga a jugar limpio y no pueden competir con las Pensiones Publicas por ser más rentables y más seguras. Por un lado hablan de competencia pero piden dinero público para que su negocio basado en las pensiones privadas prospere.