SOBERANISMO CON PRÁCTICAS NEOLIBERALES.

 

* La legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social son competencia exclusiva del Estado.

* La asistencia social (RGI y otras), competencia exclusiva de la CAV.

* El sistema previsional, que se asienta en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) siendo las principales de empleo e individuales.

La más importante es el Sistema Público de Pensiones (SPP). Mediante cotizaciones sociales (salario diferido) a la Seguridad Social, hace que la protección se concrete en prestaciones proporcionales (pensiones de jubilación, viudedad…) a lo contribuido en la etapa laboral. En la CAV la mayor parte del gasto social lo realiza la Administración Central a través de la Seguridad Social. De los cerca de 17.000 millones de euros de gasto, 10.000 millones provienen de las transferencias de la Seguridad Social en pensiones o gasto por desempleo. Es el modelo de protección del sur de Europa, en el que las prestaciones públicas (pensiones contributivas) son resultantes de la participación en el mercado laboral. A subrayar su componente universalista. Abramos ahora dos epígrafes:

RGI:

En los años 80, la crisis castigó con dureza a la CAV. La reconversión industrial empujó a una situación de paro galopante que aceleró el empobrecimiento. La respuesta institucional fue crear el Ingreso Mínimo de Inserción (año 1989) para asegurar unos estándares mínimos de vida y como herramienta de último recurso. La base fue considerar que la pobreza no era un problema individual, sino social. En la actualidad esa prestación social es conocida como RGI. Así mismo, hay que reseñar que el pasado mes de junio se incorporó a la protección social una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, destinada a todas las personas con independencia de su historial contributivo.

En definitiva, con la RGI se busca compensar hacia abajo carencias, riesgos, evitar situaciones límite, mediante subsidios (se trata de satisfacer una necesidad concreta en un momento determinado. Por ejemplo, el subsidio de desempleo). Aparecen como perceptores: familias monoparentales, migrantes, mujeres, trabajadores/as con empleo y encima pobres y también pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Ocupan la parte salarial baja con ingresos que no cubren lo básico. La RGI refleja es una acción paliativa, asistencial y de supervivencia.

EPSV:

En este ámbito se ubican trabajadoras/es con rentas salariales medias/ altas y con pensiones futuras, máximas o no, que supondrán pérdida de poder adquisitivo porque la pensión pública siempre será menor que la última nómina en activo (la tasa de reemplazo da esa medida).

Desde las instituciones se advierte que dicha tasa irá reduciéndose a lo largo de los años y así convierten a estos sectores sin riesgos, carencias, ni situaciones límite, en destinatarios de un proyecto, nacido hace más de 30 años, para que puedan complementar la pensión pública y, sino igualarla, al menos acercarla al último salario. Para ello promueven el aplazamiento del gasto (ahorro) a largo plazo (jubilación) mediante un proceso de acumulación individual (capitalización) acompañado de una fiscalidad ventajosa (recursos públicos) que supone a su vez un aplazamiento fiscal (en el momento de materializar la prestación).

Antes de bajar al detalle del modelo de capitalización vasco, frente al modelo de reparto (SPP de la Seguridad Social), hagamos una breve comparativa entre los apartados descritos:

* Con los impuestos se protege a quienes han pasado de “vulnerables a vulnerados”. Gente mordida por la pobreza y la desigualdad a la que se reconoce el derecho a la protección. La intervención se hace mediante “subsidios monetarios” a través de la RGI principalmente. Esto es mutualizar los riesgos y distribuir con justicia según la necesidad.

* También con impuestos, pero en este caso para impulsar el modelo de capitalización (EPSV individuales y de empleo) se diseña una fiscalidad a la carta con idea de transferir recursos públicos a sectores de gama alta (abarca desde condiciones salariales/laborales aceptables hasta los 90.000 euros de salarios con base de cotización topada) y complementar (no subsidiar) su pensión pública con una privada, subvencionada por todos los contribuyentes. Aquí, además de hiperproteger se traslada la idea de que la pensión es un asunto “privado”.

A destacar la mentalidad meritocrática y extractiva de lo público que rezuma esta manera de proceder. Se trata de acceder a la jubilación en mejores condiciones que la mayoría, que o no puede ahorrar o no quiere porque su opción es el Sistema Público de Pensiones (SPP). Es decir, salida colectiva y universal frente a generalizar la salida individual.

La Previsión Social Complementaria (PSC) se transfiere como competencia estatutaria a la CAV en 1982 y al año siguiente se aprueba la ley de EPSV (1983). En esta ley se sustituyó el concepto de “mutualidad” (que venía recogido en el artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía) por el de EPSV, con idea de englobar diversas experiencias e instituciones (cofradías, fondos de empresa, fundaciones, montepíos, mutuas…) cuyo fin era proteger a sus asociados frente a posibles infortunios.

La transferencia de la PSC permitió al PNV, ya con responsabilidades de gobierno (elecciones autonómicas de 1980), converger su ideario político (principios soberanistas) con el económico y social (principios liberales). En cuanto a la protección social opta por el modelo liberal, en el que el “mercado” aparece como la institución básica para abastecer de servicios y pensiones privadas (EPSV) mientras la protección social pública queda y quedará (a medio/largo plazo) con un papel residual a la hora de proporcionar bienestar a la ciudadanía. En ese momento se pensaba en una banca pública, promover el ahorro y hacerse con recursos para iniciar la construcción nacional vasca.

En este contexto, el funcionario de la administración local y foral se regía por la “Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local” (MUPAL) desde 1960 y cotizaba por menos de la mitad de su sueldo real, lo cual le llevaba a vivir una jubilación con penurias varias. Tras la aprobación del Estatuto de Gernika (1980) se constituye la Mutua Foral (MUFACE) a nivel de la CAV, para complementar a la mutua estatal. En 1986 se disolvió la foral y se pasó a la actual (Elkarkidetza). La base de cotización a la Seguridad Social tenía que haber sido por el total del salario y esta línea llevó al sindicato LAB a recurrir las EPSV en Bizkaia y a perder la demanda.

Con los años, el PNV ha ido atemperando este eje nacional mientras el sindicato ELA, que se sumó desde el principio con entusiasmo a esta epifanía vasca, no ha dejado de subrayar el valor añadido de las EPSV para avanzar en la materialización del soberanismo. En unos años, LAB se incorporó a esta dinámica. La huelga del pasado 30 de enero, convocada por los sindicatos soberanistas con el eslogan “soberanismo para el cambio social” supuso la constatación de dos quiebras:

* Las EPSV no se mencionaron ni por escrito ni oralmente. Las quiebras morales mejor ocultarlas y que no aparezcan en la narrativa sindical. Para avanzar en la capacidad de “decisión vasca” hacia un marco acorde con aspiraciones soberanistas no hay problema en admitir la salida privatizadora (por supuesto, con recursos públicos) frente a la salida colectiva.

* El movimiento de pensionistas vasco sigue quebrado desde ese día. Pasó de motor de transformación cultural a muleta instrumental de intereses ajenos al citado movimiento.

El pasado 24 de febrero en la concentración de Bilbao hice las siguientes afirmaciones:

* Las Pensiones Públicas se deciden en las Cortes Generales y las modificaciones que se aprueban aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

* Las Pensiones Privadas (EPSV) se deciden en la CAV y lo que se aprueba se publica en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Un pensionista soberanista mostró su contrariedad. Considerando simplistas mis afirmaciones, puso por escrito que mi proceder nos desviaba de lo principal, al ser las EPSV una cuestión menor. Después de más de 30 años de ese proceso privatizador de las pensiones, ante un “soberanismo con prácticas neoliberales” sólo cabe decir: “no, gracias”.

Se reniega de la Seguridad Social estatal asumiendo un modelo de capitalización vasco (EPSV) con beneficios fiscales para sectores con capacidad de ahorro, mientras la mayoría que lo paga con sus impuestos, queda excluida. En detrimento además del Sistema Público de Pensiones. Eso sí, sirve para construir una Seguridad Social vasca y avanzar en la edificación nacional. Es decir, se justifican prácticas neoliberales generadoras de desigualdad, fragmentando a la clase trabajadora con prácticas elitistas que refuerzan la lógica rentista y del capital. Este modelo privatizador forma parte de la agenda política y social de partidos y sindicatos soberanistas y no soberanistas.

En el año 2004, el patrimonio global agregado de EPSV individuales y de empleo ascendía a 12.800 millones de euros, equivalente al 26% del PIB. En el año 2012 estaba en unos 20.000 millones y en el 2019 rondaba los 26.000 millones, es decir, el 33% del PIB. En el Estado español se queda en un 9,5%, en Europa se aproxima al 36%. La duda que procede plantear es: ¿dónde se invierte ese capital? En 2012, en una entrevista concedida al diario Deia, el profesor José Ramón Urrutia a la pregunta “¿hay dinero para invertir aquí?” respondía de esta manera: “Las EPSV tienen unos 20.000 millones de euros de los que ni siquiera el 10% está invertido en Euskal Herria. Tenemos un patrimonio que se puede usar aquí y que está ¡invertido fuera!”.

 JUANEN ELUA

(jubilado de Osakidetza, participa en el movimiento de pensionistas).

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