Desde Jóvenes Pensionistas, en publicaciones recientes, venimos aludiendo al término de “Cifras de la vergüenza” para referirnos a los datos sobre incapacidades permanentes rechazadas anualmente, de los que ni el INSS ni ninguna administración dan datos oficiales.

Hoy, en una publicación de “Cinco días” firmada por el presidente de Fidelitis, un grupo de abogados laboralistas que trabajan en incapacidades, nos encontramos con un dato estremecedor. Antes de la crisis del Covid-19 las solicitudes presentadas por vía administrativa eran denegadas en un 95%. Esto quiere decir que se concedía una incapacidad permanente a una de cada veinte personas que la solicitaban.

No hay que ser muy inteligente para leer entre líneas. ¿Acaso cabe atribuir las diecinueve restantes a la picaresca o el engaño?¿Es que todas se solicitan sin basarse en criterios médicos?.
Más bien se trata de un modelo hecho en sí para poner trabas y obstáculos. Empezando por un equipo de evaluadores que en la mayor parte de los casos no tienen nada que ver con las especialidades médicas asociadas a nuestras patologías. Donde priman más aspectos económicos que las pruebas e informes de los especialistas que nos atienden.

A todo esto hay que sumar lo siguiente:
● El endurecimiento de los protocolos de concesión de pensiones, dado que los fondos de reserva de la Seguridad Social, que aún no se habían recuperado de la crisis de 2008, se han visto afectados por esta situación.
● El colapso sufrido por la sanidad pública, que trae consigo el retraso de pruebas diagnósticas y los correspondientes informes médicos, por lo que aquellos que estén en trámite de solicitud verán alargado este proceso en varios meses más.
● Como la mayoría de los casos se resuelven por vía judicial, la paralización de estos procesos trae consigo una importante demora. La media en España antes de la pandemia suponía unos 9 meses de espera. En algunas ciudades se demora más de un año y medio.

Todo esto supone un duro mazazo para un colectivo desfavorecido ya de por sí y que deja literalmente sin recursos a miles de personas cada año en este país.
Nos complace oír que en esta difícil situación por la que atravesamos no se va a dejar a nadie atrás, pero los datos dicen lo contrario. Sin pandemia ni confinamiento ya estamos dejando personas y familias atrás. Personas que terminan perdiendo los trabajos por sus enfermedades crónicas y a las que sistemáticamente se les niega una pensión para subsistir dejándolas abandonadas a su suerte.

Es por ello que exigimos una completa reestructuración del sistema que atienda a las necesidades sanitarias y a las pruebas e informes de los especialistas que nos atienden, y que dejen de una vez de basarse en criterios económicos y de austeridad.

jovenespensionistas@gmail.com

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