ADOS-CONSENSO/Pensionistas de Bizkaia* reclama participar en la reconstrucción de la “nueva realidad” de servicios públicos.

 

La plataforma se dirigirá a las administraciones vascas y los partidos políticos para pedirles información sobre cómo se está abordando y tienen previsto abordar los problemas sanitarios y cuidados de vital importancia para el colectivo de pensionistas.

La plataforma Pensionistas de Bizkaia/ADOS-CONSENSO considera necesario que el colectivo de pensionistas sea parte activa en el proceso de recomposición de una nueva realidad a ir  construyendo con especial atención a lo referente a la Seguridad Social y los servicios públicos de sanidad y cuidados, entre los que señalamos especialmente el modelo y titularidad de las residencias y otros servicios de atención a la dependencia y las personas mayores como la ayuda a domicilio o los centros de día.

Al respecto, vamos a ponernos en contacto con las instituciones a los distintos niveles, para pedir participar en el proceso de reconstrucción social que se vaya articulando para aportar las demandas del colectivo de pensionistas en una actitud crítica, positiva y colaboradora en el ámbito de un necesario dialogo ciudadano.

En la misma línea, dado que gran parte de nuestras preocupaciones corresponden a competencias del Gobierno Vasco y en estos momentos están pendientes unas elecciones nos dirigiremos a los partidos políticos de Euskadi para conocer sus respuestas a nuestras reclamaciones.

Queremos manifestar nuestro apoyo incondicional al personal sanitario y sus demandas materiales, laborales y de calidad del servicio con especial atención a sus peticiones a la sociedad de prudencia en la desescalada para evitar contagios.

Ante las últimas recomendaciones de las autoridades sobre el uso de mascarillas y otros productos sanitarios como hidrogeles, etc. pedimos que como primera medida general se baje el IVA del 21 al 4% y se establezca una fórmula de gratuidad para colectivos socioeconómicamente vulnerables.

Como parte del movimiento social de los pensionistas creemos que nuestro papel va más allá de la mera reivindicación. No descartamos que el colectivo tenga que movilizarse si las respuestas a la crisis le perjudican. Consideramos que en este momento la prioridad es el diálogo. Centrarse en acciones meramente testimoniales que son una simple escenificación, no compensan el riesgo para  la salud de los participantes. La mejor defensa de los derechos del colectivo creemos que requieren la implicación de la mayoría del mismo.

Respecto al sector que utiliza de forma unilateral las siglas MPB que, en su momento, representaban al conjunto del colectivo y ahora han sido secuestradas por una asociación, le pedimos que revise su estrategia y sus objetivos. Le reclamamos que vuelvan al consenso y establezcamos una unidad de acción sobre las reivindicaciones comunes que recibieron el apoyo masivo de la ciudadanía. Solo con planteamientos que incorporen a la mayoría de pensionistas podremos defender eficazmente nuestros derechos.

Mientras no se restablezca la normalidad sanitaria, ADOS seguirá considerando un factor de riesgo cualquier acto público, en consecuencia no va a convocar a los pensionistas a ninguna concentración.

Bilbao 29.05.2020

* La plataforma de pensionistas ADOS-CONSENSO/Pensionistas de Bizkaia está formada por las asociaciones NAGUSIAK, AJPD, COESPE-Bizkaia y personas y portavoces de la coordinadoras de Bilbao, Abanto, Barakaldo, Muskiz, Sestao y Santurtzi.

CORONAVIRUS Y ECONOMÍA (Recopilación de artículos sobre los efectos económicos de la pandemia del coronavirus)

Este es un libro singular. Hace veinte días no pensaba que iba a publicarlo. Contiene los artículos que he escrito en las últimas semanas para analizar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la economía mundial y la española. Al ser una recopilación de textos diversos que no han sido concebidos para constituir un libro como tal, tiene repeticiones y lagunas. He decidido, sin embargo, dejarlos tal como los publiqué, realizando tan solo correcciones de estilo y eliminando las erratas que he podido encontrar. Me ha parecido que era más importante ofrecer cuanto antes una publicación completa a quienes suelen leer lo que escribo que no esperar a tener un libro bien diseñado y completamente terminado.
De antemano pido disculpas por los errores o imprecisiones que pueda haber y que iré tratando de corregir en sucesivas entregas.
He decidido incluir al principio dos artículos que no tratan del virus porque los escribí antes de que apareciera.
Me parece, sin embargo, que son fundamentales para entender el contexto en el que se produce la pandemia, en el mundo y en España. El primero, se refiere a la crisis que yo ya veía venir en septiembre de 2019 y el segundo a la situación en que yo creía que se encontraba España y el mundo en noviembre de ese mismo año.
Espero que mis reflexiones puedan ser de utilidad. En los momentos complicados, como los que vivimos, es fundamental estar bien informados, aunque no debemos olvidar lo que decía Gertrude Stein: “Todo el mundo recibe tanta información durante todo el día que pierde su sentido común”. No lo perdamos y tengamos cuidado porque “la estupidez insiste siempre”, como escribió Albert Camus en La peste, un libro ahora de desgraciada actualidad. Las palabras o frases subrayados contienen hipervínculos.


 Sevilla, 29 de marzo de 2020.

NOTA PREVIA A LA SEGUNDA EDICIÓN.

La segunda edición de este libro sale un par de semanas después de la primera con los nuevos artículos que he publicado, a partir del titulado Holanda, campeona mundial de la evasión fiscal, tiene por qué callar (p. 105). Como en la primera, he decidido presentarlos en el mismo orden en
el que fueron publicados. Es posible que así se pierda unidad temática pero quizá sea más fácil seguir la secuencias de los hechos y de las respuestas.
En este tiempo se han tomado decisiones importantes dentro y fuera de España pero no las que sería preciso adoptar para evitar una crisis económica de gran envergadura una vez que acabe el confinamiento de la población.
Cuando escribo estas líneas, la discusión se centra en si es preferible acabar cuanto antes con el cierre de la actividad, para evitar el colapso económico, o proteger vidas evitando que el contagio siga propagándose. Es una alternativa siempre dramática aunque mucho más si no se está
dispuesto a adoptar las medidas necesarias para garantizar el ingreso que pierden las empresas y las personas por la forzosa inactividad.
Hasta ahora, el eje central de la respuesta consiste en incrementar la deuda, el negocio de los bancos. Es un suicidio, una alternativa letal e insostenible. Si los bancos  centrales no asumen directamente la financiación de lo que se necesita para evitar el colapso y no se asume el compromiso de ir hacia un jubileo universal de la deuda que la vaya reduciendo en todos los países, la pandemia del Covid 19 será el inicio de una etapa muy dura para la Humanidad.
¡Ojalá seamos capaces de aplicar alternativas de justicia, de vida y progreso!

 Sevilla 12 de abril de 2020

 

Aquí puedes visualizar o descargar el libro:

Coronavirus y economia

UN CAMBIO NECESARIO EN EL MODELO DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN.

La crisis sanitaria consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 ha puesto sobre la mesa la realidad de la consideración y atención a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y dependencia, muchas de ellas personas de edad avanzada y otras más jóvenes con grandes necesidades de apoyo. Se trata de situaciones que no son nuevas, que vienen siendo objeto de debate y denuncia hace tiempo, pero se han hecho mucho más visibles ahora ante la dureza de las situaciones que estamos viviendo, aflorando carencias importantes en nuestro sistema de cuidados. También se están evidenciando riesgos futuros en torno a cómo conjugar valores que deben estar equilibrados en el cuidado, como la salud y la libertad de las personas.

Resulta del todo imprescindible generar un debate con el fin de una revisión de los cuidados en España para poder mejorar los cuidados, la coordinación y la alternancia de servicios, y los problemas de competencias para conseguir la eficacia deseada y que necesitan las personas dependientes.

CUIDADOS DOMICILIARIOS

 Partimos de la base de que más de 3/4 del total de mayores de 65 años y personas de menor edad en situación de fragilidad, dependencia o discapacidad, prefieren vivir en su casa y seguir participando en su comunidad. Parece evidente que hay que avanzar en una propuesta de atención integral en el domicilio capaz coordinar a todos los implicados en esta atención: familias en primer lugar, servicios sociales (SAD fundamentalmente, que debe ser reforzado, aunque no exclusivamente), atención primaria y especializada de salud, sector de empleo de hogar y cuidados, asistentes, voluntariado, servicios de proximidad e iniciativas de participación comunitaria. Es urgente ampliar la cobertura pública y el nivel de protección para todos los grados de dependencia, y hacerlo garantizando un mejor funcionamiento de los servicios e infraestructuras, incorporando más profesionales. Resulta necesaria, por tanto, una atención sociosanitaria integrada y centrada en las personas que viven en sus domicilios, coordinando los servicios necesarios para mejorar su calidad de vida y el de su entorno familiar tal como recomienda la OMS.

Además, y en tanto dure el peligro del COVID-19, hay que garantizar la puesta en marcha de protocolos de actuación específicos y de obligado cumplimiento, formación específica para el personal, abastecimiento de productos de limpieza específicos y controles de inspección para velar por su cumplimiento, y también garantizar que las personas del entorno familiar que se han hecho cargo del cuidado de las personas dependientes, usuarias de recursos cerrados (centros de día y similares) o de SAD, reciben la Prestación por cuidados en el entorno familiar, dejando sin efecto las posibles incompatibilidades establecidas entre servicios (recomendación técnica de actuación realizada desde el IMSERSO).

Todo esto conllevará el inevitable incremento presupuestario y de empleos especializados a corto plazo, a cambio de una mejora importante en los cuidados prestados y en la calidad de vida de las personas que los reciben, y de decenas de miles de mujeres, sobre todo, que trabajan en este sector y que no disfrutan de las mínimas condiciones de seguridad y legalidad, con las consecuencias personales que esta situación genera, pero hay mucho margen para ello. Tengamos en cuenta que, en 2017, el gasto social en familia/hijos/as per cápita en paridad de poder adquisitivo era de 760 en la UE-15, 701 en la UE-28 y sólo 330 en España. En porcentaje del PIB, esta diferencia de gasto se traducía en que la UE-15 dedicaba de media 2,4% de su PIB a esta área, la UE-28, 2,3% y España dedicaba la mitad (1,2%). En millones de euros, esta diferencia se traducía en una inversión de 333 millones de media en la UE- 15, 359 en la UE-28 y sólo 14,5 en nuestro país. Por otro lado, atendiendo a los datos que ofrece la OCDE, en 2017 el gasto social en cuidados de larga duración (cuidados para personas en situación de dependencia) constituía el 3,7% del PIB en Holanda, el 3,2% en Suecia, el 1,9% en Francia, el 1,5% en Alemania, el 1,4% en Reino Unido y sólo el 0,7% en España.

CUIDADOS EN RESIDENCIAS

 Necesitamos pensar y definir un cambio en profundidad del modelo de alojamientos para personas mayores o personas con discapacidades que precisan apoyos para continuar con sus proyectos de vida. Son precisas alternativas de alojamiento que dispensen cuidados e intervenciones profesionales orientadas hacia una atención centrada en las personas. La experiencia de otros países, avalada por décadas de desarrollo y evidencia científica, sugiere la bondad de desagregar los conceptos “vivienda” y “cuidados” haciendo depender cada uno de su ámbito competencial natural. Esta diferenciación, además de racionalizar el gasto público en recursos destinados a los cuidados, nos alejaría definitivamente de los modelos institucionales. La vivienda garantiza espacio propio, intimidad; y en los entornos domésticos los cuidados y apoyos se ofrecen en función de las diferentes necesidades de cada situación de dependencia.

No son necesarias urbanizaciones con chalets unifamiliares o compartidos por el alto coste que representa, de construcción y de gestión, para Servicios Sociales y la mayoría de personas dependientes, y porque de lo que hablamos es de cambiar el sistema copia del hospitalario de habitaciones compartidas, por el de apartamentos con nuevos diseños arquitectónicos y nuevas fórmulas organizativas, de servicios y de gestión lo más similares a un hogar, donde se garantice la intimidad, se personalice el cuidado y se evite la continua rotación de profesionales, y donde el tiempo y las actividades se organicen pensando en las personas y en alimentar una vida con sentido.

Hay, por tanto, que erradicar definitivamente los macrocentros privados o concertados  que  almacenan  personas  donde  la  mayoría  de  las  habitaciones son compartidas, y dejar de percibir como un lujo las habitaciones individuales. Esos centros, donde las personas permanecen casi todo el día en salas repletas de “internos” alineados, evitar el contagio cuando hay enfermedades fácilmente transmisibles puede acabar siendo una misión imposible como ha ocurrido   con   la   pandemia   del COVID-19.

Consideramos urgente que, desde el parque residencial que ahora existe, se provoque su tránsito hacia el cambio de modelo, contextualizándolo en la realidad concreta de cada centro.

Al mismo tiempo, es imprescindible apoyar y cuidar a los y las profesionales, dignificando su labor, supervisando el desarrollo de sus competencias de atención integral y relacional, invirtiendo en el cuidado de los equipos y en la mejora de las organizaciones. Esto no puede considerarse como algo superfluo y por tanto prescindible. Solo así podremos avanzar en un buen cuidado. Hay que corregir la escasez de profesionales bien formados y la precariedad de las condiciones de trabajo en las residencias privadas y concertadas puesto que, aunque no es una condición única ni suficiente para garantizar la calidad de cuidados y apoyos, es una cuestión que debe ser subsanada.

Cartagena, mayo de 2020

EL CUIDADO DE LOS MAYORES DESPUÉS DE LOS APLAUSOS

NO ACEPTAMOS que para cuidar a nuestros mayores se explote o esclavice a miles de mujeres el la CAPV,
QUEREMOS seguir viviendo en casa, con un sistema público de cuidados digno y asequible, y – cuando ya no sea posible – en pequeñas residencias para vivir como en casa.(Plataforma IRAULI-ZAINTZA)

En el País Vasco la pandemia – también – ha dejado al descubierto nuestro sistema de residencias. Las personas trabajadoras castigadas y menospreciadas en su oficio y profesión han sacado lo mejor de si mismas; y de su compromiso con los abuelos y la sociedad;
arriesgando su salud y sus vidas. Han respondido. Se han ganado los aplausos, pero en demasiados casos con un alto costo.

Y ahora qué? Donde están los que han alimentado este modelo de residencias gigantes y sin recursos suficientes. Las alarmas estaban encendidas mucho antes del Covid-19. Las huelgas de las trabajadoras venían marcando lo que hay en la política actual de la atención a la dependencia: ratios de personal agobiantes para las trabajadoras e indignos para los residentes; plantillas con mucha precariedad; autoritarismo y desprecios de muchos gerentes y directores, presionados por empresas creadas para ganar dinero. Los responsables de cada una de las Diputaciones Forales se han lucido. Su única política de atención a lo que ya estaba pasando, ha sido solicitar de forma enfermiza al Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco que se aumentarán los servicios mínimos durante las huelgas, y este se conformó aumentando, porque según sus propias palabras
solo tienen el deber de garantizar el servicio y las condiciones laborales son una cuestión de negociación con la patronal, en la que ni el Gobierno Vasco ni las Diputaciones, creen que tengan algo que decir. Simplemente han pasando de lo que venía sucediendo en el interior de las
residencias y solo se ajustan a sus Presupuestos Generales.

Durante largos años, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han hecho apología de la privatización (“les das las ganancias que buscan y te resuelven el problema”) y grandes campañas de auto-propaganda (“somos punteros en Europa”). En una cosa están en lo cierto: en las políticas públicas de la CAPV en atención a la dependencia de los últimos 20 años se impusieron abrir las puertas a empresas de servicios privadas y además han creado redes clientelares. Nada de iniciativas sociales, ni de buscar amplios consensos para abordar el profundo cambio demográfico que estamos viviendo, ni de abrir un debate trasparente en la sociedad. Por el contrario han ideado un entramado competencial entre Gobierno y Diputaciones, con apoyo social minoritario, que lo único que ha generado es un laberinto de coberturas, de servicios y de tarifas diferentes en cada Territorio Histórico.

En los servicios de atención a los mayores hay otra realidad – siempre invisibilizada – que son las cuidadoras internas en los hogares y que la pandemia les ha sumado precariedad. Su situación laboral y de vida se ha visto afectada por: despidos ( simple desistimiento del patrón);
reducciones de jornadas; confinamientos obligatorios; sin derecho al subsidio del RD 11/2020 ; en demasiados casos, sin casa, sin alimentos, dependiendo de la beneficencia. Cuanto tiempo más debe pasar para que se termine con este indigno sistema, cimentado sobre una precariedad
abusiva – rozando la esclavitud – con miles de trabajadoras que son absolutamente necesarias y que se les niegan los papeles.

En la CAPV, son muchos más los mayores cuidados en los domicilios familiares, que los ingresados en las residencias. Esto además de ser algo natural es un derecho: poder vivir en su entorno, bien en su propio domicilio o en viviendas adaptadas, con políticas públicas que  garanticen esos cuidados de calidad, así como la calidad en el empleo para quienes los cuidan.

Son muchas las cosas que se deben cambiar en nuestro sistema público de cuidados, desde la atención en domicilio, hasta las residencias de mayores, y este es el momento. Nos haríamos un gran fraude, si después de lo que la pandemia ha destapado, hacemos pequeños retoques y nos
quedamos con un tipo de residencias que no tienen nada que ver con lo que nos encontramos en el centro y norte de Europa, ni con las necesidades de nuestros mayores.

Proponemos abrir un gran debate, que nos lleve un acuerdo social que es básico y necesario en una sociedad que aspira a tener un sistema digno de cuidados para sus mayores. El número de personas mayores va ir subiendo. Muchas jubiladas y jubilados de hoy, y las de mañana más, van a pasar a esta fase de la vida sin apoyo familiar, como ya ocurrió en el centro y norte europeo. La gran mayoría de la sociedad vasca, aspira a vivir dignamente con su pensión, tiene la esperanza de vivir muchos años, y desea condiciones dignas, en su entorno de siempre, con viviendas
adecuadas y unos servicios públicos suficientes, y eso sí, sin ser una carga para la familia. Y por supuesto, este acuerdo básico debe hacer justicia con las trabajadoras de todos estos servicios garantizándoles condiciones de trabajo, salarios y jornadas, estabilidad y conciliación familiar a la
altura del resto de trabajadores públicos, además del reconocimiento del tiempo anterior trabajado, también durante el vergonzoso periodo de “sin papeles”.

No dejemos que cambien algunas cosas para que todo quede igual.

Es necesario pasar :
* de lo privado, a lo público;
* de residencias masificadas, a pequeños centros, con habitáculos individuales e independientes para los residentes;
* de una estructura por Territorios Históricos ineficaz, a una centralización a nivel de la CAPV (como ya se da en la Enseñanza o la Sanidad);
* de unos ayuntamientos casi al margen, a que, por su cercanía, sean los verdaderos responsables de los servicios;
* de unos insuficientes servicios municipales de atención domiciliaria complementados con cuidadoras contratadas en los domicilios en condiciones inadmisibles y con pocas o ninguna cobertura, a una nueva realidad de viviendas adecuadas para quienes van perdiendo autonomía y promoción de cooperativas de cuidadoras a nivel local para la atención en el domicilio.

Abrimos la posibilidad de adhesiones y aportaciones a esta propuesta para colectivos que estén interesados en apoyar esta iniciativa o que quieran implementarla escribiendo a:

iraulizaintza@gmail.com

Mayo 2020

YA HEMOS PASADO EL COVID. ¿Y AHORA QUÉ?

No es cierto, estamos a mediados de mayo de 2020 y medio país seguimos casi en cuarentena, vamos por el cuarto Estado de Alarma  y el presidente del Gobierno acaba de decir que es poco, que pedirá un quinto. Y mucha gente, gente de los movimientos sociales, gente que toda la vida ha luchado en su empresa, en entidades o asociaciones, en el Sistema Público de Salud –tan castigado por esta pandemia– en el Sistema Educativo, los trabajadores autónomos (que ahora llaman emprendedores), en general la mayoría de la sociedad se sigue preguntando ¿Qué pasará? ¿Habrá un antes y un después? ¿Podremos cambiar el modelo de sociedad que tenemos?

 Pues bien, a fecha de hoy, cuando se ha pedido por parte del Gobierno un nuevo alargamiento del Estado de Alarma, casi podemos asegurar no solo que las cosas seguirán igual que estaban para las familias y la clase trabajadora,sino que irá mucho peor de lo que estaba antes de que llegara el Covid-19.

¿Y por qué digo esto? Pues esto se deduce solo con utilizar un poco el sentido común, y analizando la mayoría de reacciones en los diferentes países que están pasando por esta pandemia.

En un principio se escuchaba alguna opinión –muy pocas, por cierto– que decían, “ya nada será igual”, “hemos de cambiar este modelo”, “no podemos seguir así”… pero en realidad lo que ha pasado ha sido que los poderes económicos, los de siempre, que en un principio parecían sorprendidos por la inmensidad de la tragedia, pronto, en unos días, habían asumido que tenían que empezar a moverse y efectivamente se empezaron a mover en la misma dirección de siempre; se dijeron “vamos a utilizar el buenismo y la caridad y la sociedad pronto olvidará, ya recuperaremos con creces lo que ahora les brindamos”.

Hemos podido comprobar como el Gobierno ha seguido haciendo (con pequeñas diferencias) lo mismo que han hecho todos los gobiernos desde hace décadas, ha empezado a repartir dinero, un dinero que no tiene, precisamente porque esos que ahora se lo piden se han negado de forma sistemática a pagar los impuestos que tendrían que haber pagado.

La crisis sanitaria del Coronavirus (Covid-19) ha significado realmente una crisis de primera magnitud, tanto a nivel sanitario como económico, pero sobre todo una crisis humana y sanitaria.

Se ha tratado de resolver la crisis sanitaria de diferentes maneras en los diferentes países afectados -prácticamente la totalidad del mundo- y, por consiguiente, la crisis económica derivada de la misma tendrá diferentes consecuencias dependiendo de la forma de afrontarla, pero sobre todo de la potencialidad de sus Sistemas de Salud Pública.

Así tenemos países como China, donde supuestamente empezó a actuar este Covid-19 (más pronto o más tarde sabremos la verdad sobre todo esto) que, con un nivel de cobertura sanitaria muy precario pero con capacidad de actuar rápidamente, con una sociedad muy disciplinada debido a la falta de libertad, ha sabido resolver la crisis sin muchas  consecuencias de salud pero sí económicas. Países como Corea del Sur (de Corea del Norte nunca lo sabremos), Taiwan, Hong Kong o Singapur están resolviendo de forma bastante satisfactoria la pandemia, lo mismo que los países del Norte de Europa con Sistemas Públicos de Salud potentes y bien dotados tanto de profesionales (médicos y enfermeras) como de medios materiales, hospitales UCIs, respiradores…

De cómo afectará a EE.UU (potencia económica y capitalista por excelencia con una persona de Presidente digno de estudio psiquiátrico) sin servicio público de salud o prácticamente inexistente, baste decir que será terrible para la clase trabajadora y para los 35 millones de personas que viven en la calle. Igualmente serán terribles las consecuencias para la América Latina, Centro América, África, países árabes y el Sureste Asiático.

Lo que ha pasado en Italia y en España para que la crisis se haya cebado de forma tan terrible, es de Juzgado de Guardia. Los dos países tienen en la práctica los mismos elementos a considerar, pero abordaré principalmente el tema de España, ya que es el que más nos afecta y el que más conozco.

En España, esta crisis del Covid-19 ha significado una verdadera catástrofe y lo ha sido por varios motivos: porque no aprendimos las lecciones de China y demás países que nos precedieron, y que actuaron con celeridad ante la crisis, por lo cual el confinamiento de la población se hizo tarde y mal. Pero además nos pillaron totalmente desprevenidos, sin los EPIs necesarios ni para trabajadores/as de la sanidad, ni para todos los compañeros y compañeras que ha habido de realizar los trabajos esenciales. No se contaban con los test necesarios para estas personas ni para la ciudadanía. Hemos tenido una descoordinación general por parte de todas las Administraciones en general, que han contribuido al  anormal número de fallecidos y de infectados, principalmente en Madrid y Catalunya. De todo esto hablaremos a partir de ahora.

España lleva 42 años de gobiernos llamados democráticos, pero que en realidad apenas cumplirían los parámetros de una verdadera democracia. Dos ejemplos: salimos de una dictadura, de más de 40 años de forma cuando menos extraña, sin poder votar la forma de Estado que queríamos y con verdaderas amenazas de intervenciones militares, algo que no se ha superado y que difícilmente se superara a corto o medio plazo (ahí están los miles y miles de muertos enterrados en las cunetas de los caminos), sin que las Administraciones Públicas hagan nada por resolverlo 42 años después. Y dos: España se considera un Estado laico, por tanto, sin preferencias por ningún tipo de religión y con libertad de elección de culto. Pero ahí tenemos a la Iglesia Católica con infinidad de prerrogativas que no tiene ninguna lógica que mantenga a día de hoy, baste decir que aún está vigente el Concordato tantas veces prometida su derogación pero que nunca llega. Tanto un ejemplo como el otro, hacen de enormes tapones difíciles de quitar, y que impiden el desarrollo pleno de nuestra democracia como tal.

 

Otro de los mayores tapones lo supone la judicatura, donde los partidos tienen el monopolio de la elección de jueces en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lo que provoca que dicha judicatura esté totalmente politizada y la mayoría de sus sentencias sean cuestionadas en los tribunales internacionales.

Desde que se estableció en nuestro país el pacto del 78 solo han gobernado dos partidos políticos, de tal forma estaba establecido el pacto que mediante leyes electorales (Ley de D’Hondt) y subterfugios diversos, siempre se ha evitado el pluripartidismo o los pactos de gobierno, y solo ahora, 42 años después, ha sido posible que un partido político diferente al PP o el PSOE haya ocupado carteras ministeriales.

En el plano cultural y de valores cívicos y de solidaridad colectiva, de educación ciudadana y política, los dos partidos mencionados PP y PSOE nunca han mostrado el más mínimo interés, tan malos han sido que Gobierno que entraba Gobierno que promulgaba una Ley de Educación adaptada a su ideología, a la vez que han mimado a la enseñanza privada dotándola de recursos económicos y subvenciones de todo tipo en detrimento de la pública, sin medios y con personal mal remunerado. Por lo que es a partir de estos hechos, que se gesta en la sociedad española la aceptación de una forma de ser y de actuar, totalmente incomprensible con la realidad del país, de tal forma que te puedes encontrar miles de ciudadanos trabajadores, que siguen pensando que las políticas del PSOE, de Ciudadanos y del PP, e incluso de Vox, son políticas de izquierdas redistributivas de renta.

Es a partir de estas condicionantes que se desarrolla nuestra sociedad y su política industrial y económica, y es más que evidente que las dos van de la mano o se relacionan muy estrechamente.

Ya cuando la dictadura empezaba a flojear y los ministros llamados por entonces “tecnócratas” de los gobiernos de Franco, empezaban a abrir un poco la mano con los llamados “Planes de Desarrollo”, los países del Norte de Europa empezaron a dar signos de acercamiento hacia nuestro país, principalmente por algo que ellos no tenían, sol y playa, acompañados de precios muy económicos para los sueldos que ellos sí tenían.

Y fue a partir de aquí cuando se empezó a tejer la desindustrialización de España, ya que nos veían ya como el sitio ideal de sol y playa para que los ciudadanos/as del Norte de Europa vinieran a pasar sus periodos vacacionales. Recordemos las famosas campañas de promoción del turismo, aquéllas “El Turista un Millón” que ya se empezaron a poner en marcha en la década de los 60. También hemos de recordar los gravísimos desastres cometidos sobre el territorio y medio ambiente principalmente en las costas, desastres difíciles de recuperar para las generaciones futuras.

Con la llegada de esta democracia limitada nacida del pacto del 78, España empieza el acercamiento definitivo a Europa, de la que ha estado separada ideológicamente y económicamente por motivos obvios. El uno de enero de 1986 España y Portugal ingresan en la UE, como miembros de pleno derecho de la mano del Gobierno socialista de Felipe González, y lo que podría haber sido un buen resultado para nuestro país se convierte con el paso del tiempo en algo muy negativo por varias causas, una de ellas es que la  UE  nunca se ha tomado en serio los países del sur,  buena prueba de  ello es el mote de PIGS (cerdos) con el que nos reconocen. Otra razón de peso en el día a día de nuestro país es la baja calidad de los políticos que hemos tenido (salvo excepciones) desde el año 78 para acá; muchos de ellos han tenido que pasar por los tribunales por temas de corrupción o de otro tipo de delitos (el PP ha llegado a tener más de 1.000 cargos implicados en estos temas), además están las implicaciones de los políticos en los cargos en los Consejos de Administración de las mayores empresas (Zaplana lo dijo muy claro, “yo he venido a la política a hacer dinero”), es por esto que mientras países como Alemania o Francia conservan una buena red de empresas y bancos públicos, en España todo se ha pasado al sector privado a precios ridículos para el capital y costosísimos para el país.

Claro que los políticos los eligen los ciudadanos, y es precisamente por esto por lo que el problema es de una magnitud tremenda, ya que somos una sociedad donde los medios de comunicación están en poder de los poderosos, y si somos incapaces de discernir el trigo de la paja, el “sistema” se convierte en un círculo vicioso del que es difícil escapar. Salir de ese círculo solo sería posible con un buen sistema educativo que no se pueda alterar en función del partido que gobierna, un sistema que para poder modificarlo,  requiera un consenso muy amplio en el Parlamento.

El año 1982 el PSOE de Felipe González, gana las elecciones con una mayoría abrumadora de más de 10 millones de votos, que le otorgan 202 diputados y 134 senadores, era el tiempo de la chaquetas de pana.

Cuando todo parecía que empezaría a cambiar, y España empezaría a avanzar hacia cotas de igualdad y derechos con el resto de países de Europa, no ocurre ni mucho menos así. Europa, con Alemania a la cabeza, empieza a cobrase el favor de la admisión de España a la UE, y junto con Holanda, presionan para que se lleve a cabo un proceso de desindustrialización, ya que un país como España fuertemente industrializado puede hacer sombra, a la llamada locomotora Europea (ya está bien con la industria Alemana y Francesa para abastecer el mercado Europeo), España tiene que dedicarse básicamente al turismo y a los servicios, pero de ninguna manera puede seguir con su capacidad industrial.

Felipe González desaprovecha la mejor ocasión que ha tenido este país para abandonar la mediocridad, y lo hace, porque con la fuerza parlamentaria que tiene, desaprovecha todas las oportunidades que esa fuerza le brinda, no consigue establecer las líneas maestras que cambien el país y lo equiparen con Europa, no consigue dotar al país de un mínimo estado de bienestar copiando a los países del norte, y lo que es peor trunca la vía de la investigación y la industrialización que nos hubieran conducido al empleo digno. Así, el año 2.020 España cuenta con 12 millones de ciudadanos por debajo del índice de pobreza, y un 32% de estos lo están a pesar de tener un trabajo.

Felipe nombra en su primer Gobierno a Carlos Solchaga, como ministro de industria y energía. Ocupa esta cartera durante tres años de 1982 a 1985, tres años en que se emplea a fondo en destruir y privatizar la gran industria del país, siguiendo las instrucciones de Alemania. En estos tres años, se desmantelan o se privatizan, a precios irrisorios, los astilleros y la industria naval, los altos hornos, la minería, las telecomunicaciones, un patético recuerdo de un ministro, que ya entonces se permitía decir frases como esta “no pasa nada porque España se convierta en un país de turismo y de servicios”. Estas fueron las consecuencias de esas políticas, que seguimos pagando hoy en día. En 1975 España era la 9ª potencia industrial del mundo. Y la industria representaba el 36% del Producto Interior  Bruto (PIB), ahora no llega al 15%. La deuda era del 7’3% y ahora llega casi al 100%. Se perdieron 2.700.000 empleos de alta calidad, y la reconversión costo a las arcas públicas más de 2 billones de las antiguas pesetas, 12.000 millones de euros actuales.

Posteriormente, entre los años 1985 y 1993 el Sr. Solchaga se ocupó del Ministerio de Economía y Hacienda y tampoco es que lo hiciera nada bien, ya que tuvo que ser otro compañero suyo, Pedro Solbes, quien pusiera un poco de orden en la economía. Actualmente  Carlos Solchaga tiene unos ingresos aproximados de 335.000 euros al año, de tres consejos de Administración de empresas en las que participa como independiente.

Estas políticas tan nefastas para la industria, y el mercado de trabajo en España es algo que estamos pagando y continuaremos pagando  en el futuro, ya que tenemos unas tasas de paro estructurales, que  se mueven en los mejores momentos entre el 12 y el 14 %, llegando cuando se produce una pequeña crisis a superar el 20%, con la actual pandemia del Covid-19, es muy posible que supere el 25% de desempleo. Esto sumado a la alta temporalidad en el empleo, y a los bajos salarios, ya que el trabajo que ofrecen los sectores del turismo y los servicios, son trabajos de poco valor añadido, hace que estemos en una crisis de empleo permanente. Por otra parte, el turismo y los servicios, son dos segmentos económicos de una alta volatilidad, lo que quiere decir que están muy afectados por situaciones  imprevistas como, la climatología, los atentados terroristas, o en el caso de ahora una pandemia sanitaria.

En el año 2.008 se produce la quiebra de Lehman Brothers, un banco norteamericano que negociaba con hipotecas basura, y que las tenía revendidas y negociadas por todo el mundo. Esto provocó la explosión de la burbuja inmobiliaria en España, el paro total del sector de la construcción y segmentos agregados, el desempleo subió a niveles de un 23% (entre los jóvenes llegó a ser de más de un 50%), estos jóvenes tuvieron que salir a trabajar fuera, la temporalidad se disparó, los gobiernos del PSOE y del PP hicieron lo único que saben hacer, desregular más aún el mercado de trabajo – eso sí, con la ayuda inestimable de los dos sindicatos mayoritarios – Europa nos tuvo que rescatar, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario, tuvimos que regalar a la banca (culpable de la burbuja inmobiliaria) 65.000 millones de euros, nos han modificado él Art. 135 de la Constitución (verdadera soga al cuello de los ciudadanos/as), ya que nos exige pagar los intereses y la deuda de los bancos Alemanes, Franceses y Holandeses, antes que atender a las necesidades sociales.

Ahora nos ha llegado esta pandemia del Coronavirus (Covid- 19), y como no podía ser de otra manera, nos ha cogido “en bragas”, porque no es solo que se hayan cometido errores; el Gobierno Central los ha cometido, pero los gobiernos de las CCAA también, principalmente los de Madrid y Catalunya. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que hemos tenido y tenemos una clase política de muy baja calidad, pero el verdadero problema, sigue siendo el que se detalla al principio de este escrito, la clase política es el reflejo evidente del pueblo que les vota. De acuerdo que el pueblo está influido por muchas circunstancias, poca y sesgada cultura, información dirigida por las clases dominantes, adoctrinamiento fácil, pero hay veces que las cosas son tan  evidentes, que no se entiende cómo puede haber quien no las quiera ver.

Las consecuencias reflejadas al principio de este escrito de desindustrialización del país, y de externalización de nuestras empresas a sitios de producción más baratas, donde no se respetan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ni los derechos humanos, junto con los grandes recortes en el sector público, producidos siempre que una crisis asomaba la cabeza (principalmente la de 2.008), han provocado el desastre.

Cuando nos montaron la crisis del 2.008, y lo digo así, porque realmente nos la montaron las entidades financieras, nosotros/as la pagamos, pero la crearon ellos, para seguir enriqueciéndose, de tal forma que se cerraban bancos y cajas por quiebra, y los directivos se auto otorgaban jubilaciones de 20 millones de euros, sin que nadie haya hecho nada por evitarlo, ni la Justicia, ni los Gobiernos, ni las Instituciones, ni el pueblo.

Como decía, esta crisis la aprovecharon los políticos, para meter la tijera en todo nuestro sector público, ya muy debilitado por la venta de las empresas mejores y más productivas del país, mediante las reconversiones llevadas a cabo por Carlos Solchaga, y después por la deslocalización  de   empresas   de  los  últimos  25   o  30   años.  En Catalunya, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, y su consejero de salud Boi Ruiz, llevaron a cabo los mayores recortes en el sector sanitario, que jamás se habían producido, recortes presupuestarios, cierre  de plantas enteras de hospitales, cierre de quirófanos, reducción de miles de trabajadores, médicos, enfermeras, celadores… y en Madrid y otras CCAA pasó exactamente lo mismo.

Todos estos hechos unidos a la alta corrupción introducida en todas las Instituciones del Estado, la poca valía de nuestros políticos más los errores de bulto cometidos al comenzar la pandemia han hecho el resto. Hoy 9 de mayo, pasamos de 26.000 muertos cuando al principio se hablaba de llegar como mucho a los 10.000, y de estos 26.500, más de 17.500 se han producido en residencias de personas mayores que abordamos en un documento aparte, han faltado EPIs para los sanitarios y para todas las tareas imprescindibles, seguimos sin hacer los test necesarios cuando la curva empieza a remitir, se aplicó el Estado de Alarma con diez días de retraso teniendo los ejemplos de otros países, y mucho nos tememos que lo peor esté aún por venir. ¿Cuándo aprenderemos?

La situación ha sido de una gravedad extrema, no tenemos una industria capaz de  producir los EPIs necesarios ni test para detectar y separar a las personas infectadas, ni teníamos suficientes UCIs ni respiradores para proteger a las personas, hasta tal punto que se ha llegado a negar asistencia a las personas en función de su edad. A todo esto, añadir la absoluta insolidaridad de Europa, esa Europa que se ha construido para que los ricos sean más ricos, y los pobres más pobres. Europa se ha dedicado a competir en precios entre sus socios, (incluso secuestrando aviones con mercancía para otros países de la UE), en el único mercado capaz de suministrar lo necesario para hacer frente a la pandemia, China.

Toda la crisis ha tenido, y sigue teniendo a día de hoy un único objetivo, el que no se colapsara el Sistema Sanitario, un sistema escuálido por los gravísimos recortes cometidos con anterioridad; el objetivo no era el de salvar vidas, era el miedo al colapso sanitario y su temor a una revuelta social, ante la más absoluta falta de previsión de futuro por parte de nuestros políticos y los gestores del mismo.

 ¿QUE PASARÁ CUANDO EL COVID-19 HAYA PASADO?

Lo primero que hemos de tener en cuenta, es que esta pandemia ha venido para quedarse, no es una cosa de encontrar una vacuna como la gripe y volver a eso que se empieza a llamar “nueva normalidad”.

Sin entrar a valorar si este ha sido un virus producido en un laboratorio para disputarse la hegemonía mundial, de un imperio en declive contra otro aumentando su influencia, o por el contrario, ha sido un virus biológico traspasado de los animales salvajes a los humanos, lo que resulta irrefutable es que la intervención del hombre en el medio natural restringiendo a pasos agigantados el espacio de los animales salvajes, hará que cada vez con mayor frecuencia aparezcan virus, que por pura lógica serán cada vez más dañinos para la especie humana.

A lo largo de esta crisis que muy pocos políticos han sabido prever, ellos mismos ya nos están hablado de la nueva normalidad.

¿En qué  consistirá esa nueva  normalidad?  Una cosa es segura, esa nueva normalidad de la que hablan los políticos tendrá varias consecuencias para los ciudadanos/as. La primera de ellas  será el debilitamiento del sistema    democrático mediante la utilización de las nuevas tecnologías, la merma de libertades ciudadanas y el consiguiente aumento de la represión policial. Esto será así porque de hecho esta pandemia para lo que primero ha servido ha sido para que el Estado, los Estados, controlen la vida diaria y la intimidad de los ciudadanos en todos los aspectos de su vida. Esto ya se estaba produciendo mediante el uso de las redes sociales, las tarjetas de crédito y otros mecanismos por los cuales las grandes compañías conocen el gusto de todos/as nosotros.

Otro aspecto muy importante será ver en el plano económico, la forma de abordar esta crisis provocada por la paralización del trabajo en todas las áreas productivas, con excepción de la sanidad y los servicios esenciales. Lo más probable es que los gobiernos aborden esta crisis de igual manera que se hizo en el 2.008, lo que indudablemente  provocará más paro, más pobreza y más miseria en las mismas clases sociales de siempre. Es más que evidente lo peligroso que puede llegar a ser para un país, basar y planificar su economía en sectores tan volátiles como el turismo y los servicios. Esta crisis castigará sobre todo al sector turismo y servicios agregados.

Pues bien, políticos y grandes empresas ya han tomado posición, ya hace semanas que se están posicionando con una enorme campaña de buenismo. Los bancos ingresan la pensión de los jubilados unos días antes y aplazan pagos de hipotecas, las grandes compañías de luz, agua y gas, que habrían de ser públicas no solo dan facilidades de pago a quien no puede pagar sino que se vuelcan en las campañas de solidaridad o lo que es lo mismo de caridad, los grandes supermercados abren las colas para que los pensionistas entren primero, los propietarios de pisos pactan aplazamiento de alquileres y todos juntos, empresas y políticos, hablan sin parar de lo cerca que estamos de que llegue la normalidad.

Y esa es precisamente la trampa. Esa normalidad no debería de llegar nunca, porque esa normalidad será la que nos llevara a los trabajadores a ser pobres de por vida, a una vida consumismo exacerbado y de esclavismo, al aumento sin fin de la pobreza y la miseria, a que unos pocos sigan acumulando dinero y poder a costa de la mayoría y lo que es peor, a la destrucción del medio ambiente y al final de la vida en el planeta.

Para asumir esa normalidad suya el Gobierno nos está tendiendo una trampa. Ya han montado la Comisión para la Reconstrucción Nacional (unos nuevos pactos de la Moncloa decían antes), no sé, pero yo solo de pensar en unos nuevos Pactos de la Moncloa me pongo a temblar porque aquellos pactos son precisamente los que nos han traído a esta situación. El Gobierno no está pensando en derogar las reformas laborales y de pensiones o la Ley Mordaza, ni en nacionalizar bancos o empresas críticas, ni sacar de una vez los miles de muertos de las cunetas, ni en tener una judicatura independiente, ni acabar con excesos de la Administración en aforados, ayudantes de ayudantes y expertos asesores de ministros, Secretarios de Estado o Presidentes, ni en suprimir comisiones inútiles, ni mucho menos en terminar con los privilegios de la Iglesia Católica o derogar el Concordato. El Gobierno no está pensando en crear puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, con contratos dignos que permitan una vida digna, o en invertir mucho en sanidad, educación, cultura I+I+D, ni está pensando en el medio ambiente, o en que otro modelo productivo es posible, y que otro tipo de sociedad es necesaria. Es por eso hemos de diseñar nuestra propia estrategia.

 ¿QUE PODEMOS HACER NOSOTROS/AS?

Hoy en día el movimiento de pensionistas es uno de los más concienciados del Estado; existen diversos y variados movimientos de pensionistas, pero sin duda es COESPE el que mejor organizado y preparado está para poder empezar a preparar una respuesta a ese futuro que nos amenaza.

Hemos de articular una verdadera marea o alianza de movimientos sociales, buscando las sinergias capaces de hacernos coincidir en todo lo que nos une como ciudadanos, seamos jubilados, trabajadores, o estudiantes, todos necesitamos o necesitaremos un día u otro acudir al servicio público de salud, y queremos que sea un servicio público, universal y de calidad; lo mismo pasara con las pensiones y con la atención a la dependencia, y exactamente igual pasa con la educación, por lo que consideramos de máxima urgencia encontrar los puntos de unión que nos hagan confluir en una alianza, no solo a nivel de España, también a nivel internacional pues los problemas con mayor o menor gravedad son los mismos. El capitalismo y la globalización no pueden solucionar los problemas que crean, y es desde esta perspectiva que hemos de trabajar en esa alianza de movimientos que sea capaz de encauzar un verdadero cambio social, para que la sociedad vaya asumiendo un modo de vida diferente, sin el consumismo y el individualismo, dos virus mucho más potentes que el Covid-19 y que amenazan nuestro futuro  y el fin de nuestro planeta.

Es aquí donde COESPE ha de poder aportar su potencial de organización y de penetración territorial, no tratando de liderar, sino aportando su experiencia con humildad pero a la vez haciendo valer todo su potencial movilizador para empoderar a la gente, para que las generaciones que se han encontrado con una serie de derechos y libertades entiendan que si queremos seguir disfrutándolos, hemos de defenderlos, y para que vean la necesidad de no pararnos solo en defender los que tenemos sino que hemos de conquistar otros nuevos, pero eso no se conseguirá como pretende el capitalismo, luchando individualmente, sino organizándonos colectivamente y planteándolos como una necesidad de igualdad social.

Hemos de organizarnos para no caer en la trampa que nos están tendiendo de volver a su “normalidad”. Nosotros el pueblo necesitamos otra normalidad, necesitamos caminar hacia otro tipo de sociedad más humana, que avance hacia el cooperativismo, el pequeño comercio, las nuevas energías respetuosas con el medio ambiente, que empiece de verdad a abandonar el consumismo y el individualismo, para centrarse en el trabajo y la organización colectiva.

Su normalidad consiste en volver al punto de partida anterior al Covid19, algo que no debemos aceptar, o no debemos aceptarlo como una solución definitiva (solo si hubiera un firme compromiso de cambio profundo, podríamos aceptarlo durante un tiempo), pues sabemos que ese mundo ya no es posible, y necesitamos con urgencia caminar en la otra dirección por nuestro bien, por el de las generaciones futuras, y por el mantenimiento de este hermoso planeta llamado Tierra, ya que no tenemos otro.

INFORME: Aquí puedes visualizar o descargar.

DEPENDENCIA Y RESIDENCIAS EN ESPAÑA

Domiciano Sandoval. Barcelona  –  Mayo 2020

 

El hoy y el mañana: razones para nuestro compromiso.

Nos enfrentamos a una de las situaciones más graves de nuestra Historia. Padecemos una pandemia enraizada en última instancia en el cambio climático que la civilización del crecimiento sostenido y depredador de la naturaleza ha originado. La epidemia ha acelerado y agravado aún más la crisis sistémica ya anunciada por científicos, economistas y analistas. España está ante una recesión económica sin precedentes. Y ello sitúa al Gobierno – a cualquier Gobierno- y a la sociedad en su conjunto, ante un problema de extrema complejidad. Se necesitan recursos cada vez más abundantes y perentorios para gastos sanitarios de urgencia y para atender las consecuencias del obligado parón productivo: cierre de empresas, incremento exponencial del paro, precariedad y la exclusión social existentes desde hace décadas. Sin obviar, sobre todo en estos momentos, las imprescindibles inversiones en investigación.

Por exigencias derivadas de la Justicia, los Derechos Humanos y el mandato constitucional, ni los poderes públicos ni la sociedad pueden olvidar que en pleno siglo XXI, cada español y cada española tiene derecho a una vivienda digna, a un régimen público de Seguridad Social, a la Enseñanza, a la Sanidad, a pensiones suficientes, a la atención a la dependencia, al disfrute de un medio ambiente adecuado y a la percepción de un subsidio personal cuando ésta se haya visto afectada por la “pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, tal y como dice el artículo 25 de los DDHH y recoge también el artículo 41 de nuestra Constitución.

El cumplimiento de estas obligaciones legales y morales por parte de los poderes públicos necesita, aparte del consenso y apoyo de la mayoría social, un acopio de recursos sin precedentes. Y estos recursos no tienen otra fuente y origen que el contribuyente, bien por ser asalariado, bien por ser autónomo o empresario, o bien por poseer rentas y recursos de toda índole. Pero es el caso que el cierre de empresas, los Ertes y el desplome del sector turístico, conducen a una bajada prevista del PIB del 9,2% Y a ello se le suma el aumento, también previsto, del déficit público desde el 2,8% a finales del 2019, al 10% del PIB para Diciembre del 2020. Es decir, más gastos ineludibles, menos ingresos y, además, más deuda pública. Y todo esto en el marco de una pandemia que sigue generando contagios, personas hospitalizadas y muertes, sin que todavía haya vacuna que la erradique.

Este es el hoy de España. De cómo lo abordemos dependerá el mañana. Y en el mañana van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras de españoles y españolas. Es una cuestión de responsabilidad colectiva: optar entre un futuro para la inmensa mayoría o un desastre, también para la inmensa mayoría. Porque constituiría un inmenso error retornar -como si nada hubiese pasado- a la salida de la crisis del 2008, haciendo recaer, otra vez, sacrificios y penurias sobre trabajadores, asalariados y sectores populares en vez de buscar una nueva salida en la que prime la Solidaridad y el no dejar a nadie atrás. Tanto los Gobiernos de turno como la sociedad deberemos estar a la altura del reto, asumiendo que nos llevará tiempo. Construir el mañana supone priorizar objetivos, potenciar mecanismos e instrumentos de intervención en la realidad y sustentar todo el proceso en parámetros éticos y de conductas de moral pública consecuentes con ellos.

A nuestro parecer, los objetivos a conseguir son tres: la concreción en la práctica de los Derechos y Deberes contemplados en el Título Primero de la Constitución, la creación de un tejido productivo que ligue la economía al territorio, a las necesidades materiales de la mayoría social y lo haga menos vulnerable a crisis como ésta y, en tercer lugar, políticas medioambientales que combatan el cambio climático y a las que toda la actividad productiva y de consumo superfluo se supediten. En resumen: pleno empleo, democracia económica y calidad ambiental.

El hoy y el mañana necesitan, además, de un Estado fuerte y de una sociedad civil igualmente fuerte. Un Estado que en el caso español está formado por tres Administraciones: la central, la autonómica y la local. Y una sociedad civil que, de manera consciente y cohesionada, sea capaz de confrontar con el Gobierno de turno sí éste se aleja de los objetivos constitucionales de justicia social a los que se debe. Una sociedad civil que igualmente asuma su imprescindible parte de protagonismo en la salida de estos momentos críticos y en la construcción del porvenir. Que comprenda el ciudadano y la ciudadana que el recurso de mirar hacia otro lado, obviando su participación, afectará negativamente a su vida y a sus libertades.

Corresponde a los poderes públicos arbitrar las políticas y los mecanismos eficaces para disponer de las infraestructuras pertinentes y acopiar los recursos económicos y financieros necesarios. Y desde luego, tres de ellos son inaplazables: una fiscalidad justa tal y como se desprende del artículo 31.1 de la Constitución, el acogerse al punto 4 del artículo 135 de la Carta Magna y por último, desarrollar consecuentemente los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del citado texto.

Ética y Política no son, en absoluto, dos conceptos antitéticos o contrapuestos. Muy al contrario, una es la ciencia de la moral y la otra la ética de lo(s) colectivo(s). El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución propugna, no es otra cosa que la institucionalización de los principios éticos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En la antigua Roma se decía que un político ético era el que actuaba con “decorum”, es decir con honestidad, honradez, discreción y justicia.

De la misma manera que la Ética y sus principios morales deben ser inherentes a la función pública, la ética cívica es el fundamento de una sociedad civil fuerte. La defensa de los derechos, la aceptación de los deberes, los hábitos democráticos en la cotidianeidad, la tolerancia como convivencia, la participación en los asuntos públicos y el ejercicio consecuente de la crítica y la movilización, hacen una ciudadanía inmune a la tiranía, la opresión, las presiones de los poderes fácticos y las atmósferas de odio fundamentadas en bulos, manipulaciones informáticas y el pillaje político.

La salida a la crisis que propugnamos y de la cual hemos esbozado anteriormente objetivos, instrumentos y sujetos políticos y sociales, se fundamenta en tres pilares a nuestro parecer inobjetables: la aplicación, desarrollo y ampliación de los DDHH, poner freno al proceso de cambio climático y la regulación de una nueva relación entre el ser humano y la Naturaleza. Pero tal propuesta, a nuestro juicio la que responde a las necesidades y exigencias de momento, necesita del ejercicio de la austeridad. La austeridad no es recorte en bienes y servicios públicos necesarios. La austeridad significa Administraciones Públicas que eliminen gastos superfluos, innecesarios e inútiles (la lista sería extensa). La austeridad como valor público y como corresponsabilidad social con la defensa del medio ambiente, significa vivir bien, pero con otros parámetros de vida.

Salir de esta situación, sin que la totalidad de la ciudadanía tenga que pagar el peaje de carencias en lo que la Constitución denomina Derechos y deberes fundamentales, va a significar un período de “apretarse el cinturón” generalizado. Entendemos que durante un período transitorio esto deba ser así; pero con dos condiciones: que no afecte a los que nada tienen y que los esfuerzos colectivos sean directamente proporcionales al estatus económico y social de cada uno y de cada una.

Somos conscientes de que salir de la crisis en positivo, es decir cara a un mañana prometedor, más justo y más seguro, necesitará de procesos permanentes de reflexión, debate, crítica, lucha y acuerdo. Sin embargo, un proceso enmarcado en ámbitos de serenidad, seriedad y concreción temática, necesita erradicar la crispación. La pugna política -que nunca puede ni debe desaparecer- debe servir para comparar criterios, propuestas y valores. Y más aún en circunstancias como las actuales.

Esta pandemia que el mundo sufre, ha hecho florecer en nuestro país junto con la entrega, el altruismo y sentido de la responsabilidad de la mayoría social, una peculiaridad hispana en forma de enfermedad política oportunista: el discurso de odio guerracivilista generado por los responsables máximos de las organizaciones de Derechas. Para desgracia de nuestra Patria no es cosa nueva. Encarna el odio atávico a las clases populares, al movimiento obrero y al pensamiento libre. Y todo ello ha tenido como expresión la imposición de un patriarcado anulador de los derechos de la mujer, el clericalismo más rancio y el llamado “franquismo sociológico”, magma ideológico-social muy anterior al dictador, pero que se materializó en torno a su persona. La injuria zafia, la simpleza de sus propuestas y los bulos, en cuya difusión siguen a rajatabla las tesis del aparato de propaganda nazi. Sus objetivos son crear confusión, potenciar los prejuicios contra el “otro”, el “rojo”, “el homosexual”, “la mujer “ o “el inmigrante”. Pero sobre todo, el objetivo máximo es perpetuar los privilegios sociales y económicos del estatus que los dirige.

Muchas y muchos de los abajo firmantes -en plena situación de confinamiento- estamos intentando desenmascarar y combatir esa superchería a la par que procuramos ayudar a reflexionar y generar actitudes de conciencia cívica en línea con lo que desarrollamos en este documento. Pero esta actividad de combatientes solitarios no es suficiente por mucho uso que individualmente hagamos de la red o enviemos artículos para la prensa escrita.

Por ello consideramos imprescindible que desde el mundo político, social y cultural que aglutina a militantes y simpatizantes de fuerzas como Unidas Podemos, Mareas, Comunes, Confluencias, sindicatos, colectivos de defensa de los derechos sociales, feministas, ecologistas, ateneos, fundaciones, etc., debe darse un paso más y organizar colegiadamente el combate político – cultural y la entente programática. Y en tal sentido les hacemos un llamamiento. Si pretendemos crear hegemonía social y cultural para construir algo nuevo, dado el fiasco de lo existente y de lo vivido por seguir los dictados del neoliberalismo, debemos impedir que quienes se consideran dueños de un Poder sempiterno reconstruyan la realidad a su imagen y semejanza.

Primeros firmantes:

Julio Anguita,Ana Baragaña,Ángel Reyes,Antonio Bujalance,Antonio José Cebrián,AntoniHerreros,Antonio Pintor,Carmen García,Felipe Alcaraz,Jesús Cumplido,Jorge Alcázar,José Antonio Naz,José Aguza,José Castaño,José Esquinas,José Manuel Montes,José Sarrión,Juan Balsera, Juan García,Juan Rivera,Maite Cebrian,Manolo Cañada,Manolo Marrero,Manolo Monereo,Manuela López,María Agustina Martín,Marina Pérez,Pepa Bonilla,Pepe Larios,Pedro Antúnez,Rafa del Castillo,Rafael Juan,Rafa Pedrera,Rafa Robles,Remedios Copa,Rosa Blanco Casares,Salvador Buades,Tomás Ramírez,Víctor Ríos.

RÉQUIEM POR EL MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS.

En la crisis del 2008 se rescató a la banca, esta vez hay que proteger a millones personas, víctimas de un modelo económico y social depredador. Como en la crisis anterior, el colectivo menos afectado volverá a ser el pensionista, teniendo que contribuir la gente mayor a salvar las economías familiares

Los movimientos sociales no surgen de la noche a la mañana, se forman y consolidan durante un periodo de tiempo indeterminado. La excepción es el movimiento de pensionistas, que nació de forma simultánea en varias poblaciones de Bizkaia el 15 de enero de 2018. Tampoco es habitual que los movimientos sociales desaparezcan a fecha fija, más frecuente es que se escindan formando organizaciones diferenciadas que siguen operando en el mismo campo. La excepción vuelve a ser el movimiento de pensionistas, que interrumpió las concentraciones el 9 de marzo de 2020 a causa de la mortífera Covid-19. No siendo posible saber si se trata de una desaparición definitiva o si volverá a resurgir, si cabe asegurar que para cuando se puedan reanudar las movilizaciones habrán pasado meses y la situación social será distinta.

La suspensión de los Sanfermines, celebrados incluso durante la epidemia de 1918, el retraso de la final de Copa, el aplazamiento de las olimpiadas de Tokio, y tantos otros eventos que no se podrán celebrar, hace suponer que tampoco se autorizarán movilizaciones multitudinarias, al menos hasta el otoño. En consecuencia, el movimiento de pensionistas, que ya estaba en declive, se ha disuelto y puede que no vuelva a recuperarse, entre otros motivos porque las circunstancias que lo motivaron han cambiado. Ninguna otra demanda tiene la capacidad movilizadora del rechazo al denostado incremento del 0,25 %. Tal vez se llegase a reavivar si a causa de la crisis social y económica que está provocando el coronavirus se volviesen a congelar las pensiones. Es una posibilidad remota, pues al finalizar el año la tasa de inflación hasta puede resultar negativa.

El hábito de confundir la parte con el todo 

Los movimientos sociales se cimentan sobre organismos de base en situación de conflictividad permanente. Es el caso del fenecido Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB). Surgió de las concentraciones de los pueblos, promovidas desde plataformas locales, diseminadas por todo el territorio. Clausurados los encuentros en las plazas de cada municipio, dejan de actuar las respectivas plataformas. A la vez desaparece la asamblea provincial, que era el espacio de coordinación y decisión del MPB. Desde el 9 de marzo, las declaraciones y propuestas que se plantean en nombre del MPB carecen de cualquier legitimidad. Son iniciativas unilaterales promovidas por Pentsionistak Martxan, asociación que actúa al amparo de esas siglas.

El asunto no se ciñe a un acto de suplantación de identidad, llega a inspirar rotundos titulares que crean falsas expectativas: “Los pensionistas de Bizkaia volverán a movilizarse a partir del 18 de mayo”. Esa convocatoria intenta llegar a un grupo reducido de gente, suficiente para mantener la presencia mediática de quienes intervengan. La iniciativa sería admisible si Pensionistak Martxan la promoviese con su propio nombre. La cosa cambia al utilizar de tapadera al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, aunque haya dejado de existir. Si otras organizaciones siguiesen el mismo método, cabe imaginar la situación de confusión resultante.

La deliberada identificación entre la asociación y el movimiento, la obstinación en asociar la parte con el todo, llevan al extremo de publicar el mismo documento como MPB y en el blog de la plataforma abertzale Gaurgeroa. Son textos que al no estar sometidos a ningún control externo, marcan las posiciones políticas de EH Bildu. Un ejemplo: “La Diputación de Bizkaia, como siempre, la más conservadora – totalmente hegemonizada por el PNV- se ha puesto a la cabeza en la aprobación de ayudas fiscales a los empresarios”. Esta discutible manera de proceder se basa en la pretensión de que ambos niveles organizativos, movimiento social y agrupación ideológica, se integren el mismo proyecto político, sobre todo en época electoral.

Vuelta al asociacionismo de pensionistas 

Se puede seguir hablando del movimiento de pensionistas en general, no como organización específica o entidad concreta. El conjunto de asociaciones que se dedican a defender los derechos del colectivo de pensionistas forman un movimiento atomizado, sin vínculo estable. No siendo posible mantener el modelo que surgió en enero de 2018, resulta inevitable volver a las condiciones anteriores, cuando la problemática de las pensiones se encauzaba a través de asociaciones con estructura y base social propia. Ante la nueva situación varias asociaciones de pensionistas de Bizkaia han formado una unidad de acción denominada Ados.Consenso. Cabe suponer que también Pentsionistak Matxan acabará actuando con su propio nombre, dejando de utilizar la cobertura del inexistente Movimiento de Pensionistas de Bizkaia.

Durante más de dos años la lucha en defensa de las pensiones públicas se canalizó a través de un poderoso y singular movimiento social. Alcanzó relevancia política y obtuvo mejoras económicas actuando como grupo de presión sobre los gobiernos de turno. Mientras duró el periodo intenso del conflicto se daban condiciones propicias para que surgiese ese organismo de base capaz de impulsar grandes movilizaciones, como la fastuosa manifestación del 17 de marzo de 2018 en Bilbao. Tal ha sido el memorable e irrepetible rol interpretado por el MPB. Al desaparecer ese movimiento, que al comienzo era unitario y plural, vuelven a intervenir las asociaciones de pensionistas y reaparecen las centrales sindicales.

Con el reflujo de la lucha los sindicatos de ámbito estatal recuperan el control de la situación, en detrimento de los sindicatos nacionalistas que el 30 de enero convocaron huelga general en Euskadi y Navarra. El Gobierno reconoce a las centrales sindicales mayoritarias, además de la representación de trabajadores y de pensionistas, un papel esencial en la negociación de las medidas precisas para atajar las consecuencias laborales del estado de alarma, así como en los posibles pactos para amortiguar la crisis socioeconómica provocada por la pandemia del coronavirus. Por supuesto, participarán en la reforma de las pensiones, que pasa a un segundo plano, junto con la Comisión del Pacto de Toledo. Guste o no, el protagonismo de las centrales sindicales y organizaciones patronales se intensifica. Se tendría que desencadenar un proceso conflictivo muy agudo para que resucitase el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, aunque todavía haya quien se empeñe en negar su defunción y hable en su nombre.

Problemática de la futura realidad 

La crisis actual no guarda relación con ninguna otra a lo largo de la historia. Su origen no está relacionado con el sistema productivo o el financiero. La provoca la necesidad de paralizar el sistema económico para proteger a la población de una mortífera epidemia. La caída del PIB, el aumento de la deuda pública, serán sus consecuencias, no la causa. El desempleo puede alcanzar a finales de año al 20 % de la población activa, afectando sobre todo a los sectores sociales más vulnerables, en particular jóvenes y mujeres, que ya sufrieron la crisis del 2008.

Junto al personal sanitario, esos colectivos sometidos al empleo precario, con salarios de miseria, desempeñan actividades esenciales para mantener el funcionamiento de los servicios sociales, mientras el resto de la población permanece en casa. Comercio, limpieza, transporte, asistencia domiciliaria y geriátrica, entre otros, representan un tercio de la población ocupada, sin incluir cuidados no retribuidos, atendidos sobre todo por mujeres en el ámbito familiar.

La crisis permite comprobar que, además de la sanidad, los empleos peor considerados son los indispensables para atender los servicios comunitarios, resultando expuestos al contagio. Entre las múltiples tareas que será preciso abordar al volver a la normalidad, la prioridad absoluta la constituyen las políticas públicas que posibilitan el bien común. Las desigualdades sociales, siempre injustas, dificultan la eficiencia del sistema productivo y de la economía. La defensa de los servicios públicos debe ir unida a la exigencia de un mejor reparto de la riqueza. En la crisis del 2008 se rescató a la banca, esta vez hay que proteger a millones personas, víctimas de un modelo económico y social depredador. Como en la crisis anterior, el colectivo menos afectado volverá a ser el pensionista, teniendo que contribuir la gente mayor a salvar las economías familiares.

Nuevos tiempos, diferentes objetivos, distintos métodos 

Ante un panorama tan desolador, las asociaciones de pensionistas tienen que reflexionar sobre la idoneidad y vigencia de sus demandas. Los esquemas del pasado no sirvan para afrontar los dilemas del futuro. La nueva situación requiere renovar formas de organización, movilización y liderazgos, determinado todo ello por el objetivo principal: la defensa de la salud pública. Implica que el movimiento de pensionistas deja de ser el eje movilizador. La iniciativa y el protagonismo pasan a las mareas blancas de la sanidad y de las residencias.

Siendo los servicios sanitarios la meta prioritaria, garantizar el bienestar del conjunto de la población demanda un auténtico cambio social y económico, que requiere la participación de múltiples organizaciones de base, incluidos los sindicatos, para presionar en esa dirección a los poderes públicos y fácticos. En el contexto de ese movimiento unitario y plural, interterritorial e intergeneracional, el colectivo de pensionistas es uno más, subsidiario y complementario. El potencial de la defensa de la sanidad pública posibilita alcanzar a nivel estatal movilizaciones como las logradas en Euskadi con las pensiones en 2018.

Entre los obstáculos que dificultan la confluencia en la lucha reivindicativa destacan intereses partidistas y protagonismos obsesivos. Está ocurriendo en Bizkaia con la convocatoria de concentraciones en residencias y diputaciones el lunes 18. La impulsa Pentsionistak Martxan, amparándose en el nombre del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Es una acción orientada a llamar la atención de la prensa, que no aporta nada a las numerosas denuncias presentadas por asociaciones de residencias y familiares. El 6 de mayo Rtve.es anunciaba que la fiscalía acumula más de 130 diligencias penales y 176 civiles. El día 13 la Cadena SER notifica que 18.200 residentes en geriátricos han fallecido a causa del coronavirus. Una tragedia que abarca dos tercios del total de defunciones precisa una profunda investigación. No se resuelve con actos testimoniales, con el agravante de exponerse a intensificar el número de víctimas.

*Luis Alejos, sociólogo y pensionista 

MANIFIESTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y ACADÉMICA VASCA


 

Más de 300 profesionales del entorno académico vasco piden apostar por la economía

ecológica en Euskal Herria tras la COVID-19.

“Por una economía ecológica en la Euskal Herria Post-COVID” es el título del manifiesto que han suscrito 345 profesores/as e investigadores/as de 25 universidades y centros de investigación, entre ellos, EHU-UPV, UPNA-NUP, Universidad de PAU (BaionaBurdeos), Mondragon Unibertsitatea, Deusto, BC3, Stanford o Cambridge.
Proponen cinco líneas de actuación prioritarias para transformar el modelo de desarrollo tras la crisis de la COVID-19

 

345 profesionales de la academia han abogado por una salida ecológica a la crisis generada por la COVID. Sostienen que esta crisis concurre con otras de largo recorrido, como la crisis climática o la dramática pérdida de biodiversidad y que la única salida posible pasa por respetar los límites del Planeta. Este nutrido y diverso grupo de profesionales, adscrit@s a 25 universidades y centros de investigación (EHU-UPV, Mondragón Unibertsiatea, Deusto, UPNA, Univerisdad de PAU- Baiona- Burdeos, BC3- Basque Center for Climate Change, Stanford, Cambridge etc.) afirma sentir “el deber de aportar a la sociedad nuestra visión sobre la situación actual, así como de apuntar algunas líneas de actuación que eviten repetir graves errores cometidos en el pasado y poder así encarar mejor la construcción de un nuevo futuro”.

Quienes firman el manifiesto “Por una economía ecológica en la Euskal Herria Post- COVID” provienen de más de 100 especialidades académicas diferentes. Afirman querer fomentar un amplio debate social, a partir del manifiesto publicado, sobre los ejes para conseguir un futuro sostenible e inclusivo en Euskal Herria. Reconocen haberse inspirado en una iniciativa similar avalada por 170 profesionales de la academia en los Países Bajos. Todas las personas que apoyan el manifiesto coinciden en que una salida real a las actuales crisis, “va a depender de nuestra capacidad de resiliencia y transformación, tanto a nivel individual como colectivo”. Aseguran además que “nos encontramos ante una encrucijada histórica que nos obliga a elegir entre seguir por el camino errado o cambiar de rumbo”.

Para abordar ese cambio de rumbo, en su opinión, se debe impulsar una transformación hacia una economía ecológica basada en cinco líneas de acción prioritarias:

1.-Abandonar el modelo de desarrollo centrado en el crecimiento agregado del Producto Interior Bruto (PIB), diferenciando los sectores productivos que pueden crecer y por tanto necesitan inversión (por ejemplo los sectores públicos esenciales como educación, salud, energía y materiales sostenibles), de otros sectores que deben decrecer debido a su insostenibilidad o a su papel en el impulso excesivo del consumo no-esencial (especialmente asociados al uso de los combustibles de origen fósil o nuclear, minería, etc). Esto también requiere sustituir el PIB como indicador central por otros indicadores basados en sistemas integrados de contabilidad ambiental y económica, y aquellos que tienen por objeto marcar una senda de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los impactos sociales y ambientales del crecimiento económico sobre el bienestar humano y del planeta en su sentido más amplio, y así puedan orientarnos hacia un futuro de sostenibilidad de la vida.

2.-Fomentar, desde las instituciones públicas, políticas de producción, consumo e inversión que tengan en cuenta los límites ecológicos y eviten generar una deuda injusta e inasumible para las generaciones futuras. A su vez, en el marco del establecimiento de una renta básica universal, se ha de desarrollar un sistema de cuidados donde las personas estén en el centro, reconociendo nuestra vulnerabilidad e interdependencia. Partiendo de ahí, el modelo económico debe ir dirigido a asegurar la provisión de bienes y servicios esenciales por parte del tejido productivo que aseguren la salud y bienestar de la población, basando la resiliencia en la proximidad, la apuesta por lo público y el bien común, minimizando la dependencia respecto al mercado global, volátil y especulativo, que en gran parte depende de estrategias de deslocalización de la producción de estos bienes y servicios esenciales. Se trata de extender el concepto de km 0 y materializarlo.

3.-Diseñar e implementar una fiscalidad ambiental progresiva para desincentivar la sobreexplotación de los recursos naturales y a su vez hacer frente a la crisis climática y a la degradación de los ecosistemas. Este también será un instrumento estratégico para financiar la transición ecológica que necesariamente requiere inversión en ciencia y tecnología. Como país económicamente avanzado, en parte debido a la deuda ecológica histórica que hemos contraído, tenemos que colocarnos a la cabeza de Europa en las políticas reales de desarrollo sostenible, poniendo en el centro de toda acción política la crisis climática.

4.-Abandonar el modelo de movilidad basado en grandes infraestructuras y modos de transporte insostenibles, que generan grandes costes ambientales, económicos y sociales. Se debe imponer una moratoria a las grandes inversiones en infraestructuras para priorizar los servicios esenciales que se requieren tanto en este momento como en el futuro. Es imprescindible diseñar un nuevo modelo de movilidad que sea significativamente menos agresivo con el medio ambiente y de menor derroche energético, con un peso mayor de la movilidad no motorizada y del transporte público y centrado en la creación de redes de cercanía.

5.-Transformar el sistema agrícola y alimentario con el objetivo de avanzar en la soberanía alimentaria basada en la agroecología que asegura la conservación de la biodiversidad, la producción de alimentos sostenibles y locales, basados en condiciones de trabajo dignas; esto requiere una ordenación del territorio y la relocalización de las cadenas globales de producción y distribución de alimentos que impulsen la relación de cercanía entre productores y consumidores y donde la biodiversidad, el agua y el entorno natural estén en equilibrio con los núcleos poblacionales y sus procesos de urbanización y ruralización. Así mismo, respetar, proteger y garantizar el derecho a una alimentación saludable y nutritiva adecuadas, particularmente en contextos de crisis como el actual.

Quienes firman el manifiesto proveniente de la academia consideran que el modelo de desarrollo que hemos conocido es “depredador de la naturaleza y genera crecientes desequilibrios ambientales con graves costes sociales”. Otra debilidad del actual modelo es, a su entender, “la necesidad de mantener un crecimiento económico continuado para lograr una frágil estabilidad social, aun a costa de profundizar en las crisis socioambientales derivadas del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad”. Incluso, recuerdan que “la comunidad científica lleva décadas advirtiendo que la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas son el germen perfecto para la expansión de multitud de virus en el futuro”. Por ello, consideran que “cuidar de la biodiversidad es un seguro de vida para nuestra sociedad y, por tanto, una inversión estratégica, en vez de un gasto”.

Por todo ello, abogan por una visión integral acompañada por una acción “urgente y drástica” para planificar un mundo post-COVID-19 basado en la economía ecológica, también en Euskal Herria. “No nos podemos quedar atrás. Sería un error estratégico de costes incalculables. Como personas comprometidas con el futuro socio- ecológico de Euskal Herria, creemos que estas pautas conducirán a una sociedad más sostenible y equitativa, basada en valores positivos de respeto hacia la naturaleza y todas las personas. Es la mejor inversión para el futuro de las generaciones venideras”, han añadido.

En la página web http://euskalherriapostcovid19.eus/ se puede acceder al manifiesto completo y al listado de las personas firmantes. El proceso para sumar adhesiones sigue abierto y se puede realizar a través de la web.

 

EUSKAL KOMUNITATE ZIENTIFIKO ETA

AKADEMIKOAREN MANIFESTUA

 

Euskal Herriko etorkizun sozio-ekologikoarekin konprometituta gauden pertsonak garenez, uste dugu jarraibide horiek gizarte iraunkorragoa eta bidezkoagoa ekarriko dutela, balio positiboetan oinarrituta natura eta pertsona guztiak errespetatzeko pentsatuak daudelako

COVID-19aren ondorioetatik osatzeko aukera, bai norbanako zein talde gisa, gure erresilientziaren eta eraldatzeko gaitasunaren araberakoa izango da. Bidegurutze historiko batean aurrean gaude: bide oker beretik jarraitu edo norabidea aldatu.

Gaur egun bizi dugun krisia aukera paregabea da jendartearengan balio positiboak sustatzeko, hala nola elkartasuna edo elkar-zaintza; ezinbesteko dohainak dira beharrezkoa dugun eraldaketa lortzeko bidean.

Gaur egun, inoiz baino gehiago, hurbiltasunean oinarritutako funtsezko ondasun eta zerbitzuen horniduraren printzipioaren zehaztasunak gure jardueren lurraldekotzea lehenestera garamatza, gobernatzeko modu berrien bidez. Horien artean, tokian-tokiko ekosistemak klima krisira egokitzeko oinarri bihurtzen dira; maila globalean deskarbonizazioa mitigazioari lotuta dagoen bezala.

Euskal Herriko etorkizun sozio-ekologikoarekin konprometituta gauden pertsonak garenez, uste dugu jarraibide horiek gizarte iraunkorragoa eta bidezkoagoa ekarriko dutela, balio positiboetan oinarrituta natura eta pertsona guztiak errespetatzeko pentsatuta daudelako. Etorkizuneko belaunaldientzat inbertsiorik onena dela sinetsita gaude, egoera zailei aurre egin beharko baitiete. Uste dugu, gainera, proposatutako oinarriak gaur egungo eredu jasanezinaren alternatiba direla, eta, beraz, lehenbailehen Auzolanean lan egin behar dugula etorkizun berri bat eraikitzeko, ziurgabetasunak kudeatzen ikasiz. Euskal Herrian aukera berriak irekitzeko une egokia da. Gizarte- eta lurralde-eragile eta -taldeei, Euskal Herriko lurralde guztietako ordezkari instituzionalei eta, oro har, Euskal jendarte osoari eskatzen diegu aukera hau pasatzen ez uztea.

DESESCALADA CON SÍNTOMAS DE GERONTOFIA.

Gestionar una crisis sanitaria tan imprevisible como la provocada por la COVID-19 resulta difícil para cualquier gobierno. Las medidas aplicadas desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, que desembocó en el confinamiento de la población, se han asumido con rigor. Las dudas surgen en la fase posterior, cuando las decisiones tienen un carácter más político que sanitario. Es el caso de los confusos criterios manejados para facilitar la salida a la calle de los grupos sociales de menor y de mayor edad. A falta de evidencias científicas contrastadas, se utilizan argumentos políticos discutibles, de modo que el Gobierno pueda curarse en salud.

Nuevos casos de edadismo

Cuando la situación era más crítica, con las UCI saturadas, surgió el debate sobre el criterio de la edad para salvar vidas. Está visto que este no es un país para viejos, pues un dilema similar se ha vuelto a plantear en relación al orden de salida del confinamiento. El 17 de abril numerosos titulares de prensa apuntaban en esa dirección: ‘Sanidad admite que confinar a los mayores hasta verano está sobre la mesa’. Aunque no faltaban motivos para suponer que ese proyecto no podía prosperar, se llegó a plantear, pese a constituir un intolerable intento de discriminación, basado en un inadmisible comportamiento paternalista.

Siendo una tentativa condenada al fracaso, lleva a pensar en qué realidad se basa el Gobierno y en cómo se asesora para conocer la situación social del momento. Disponía de suficientes indicadores para saber que no podía prolongar el aislamiento de los mayores, destacando la oposición de las asociaciones de pensionistas, la opinión contraria de profesionales de geriatría y también las experiencias de otros países.

El 20 de abril el Colectivo de Pensionistas Ados.Consenso de Bizkaia declara en nota de prensa: “La edad tardía no es una enfermedad que cause la muerte.  Forma parte del ciclo de la vida y existe una diferencia significativa  entre edad cronológica y biológica. Los equipos médicos que atienden las UCI lo saben y actúan en consecuencia. No podemos admitir ni acatar ninguna de las múltiples formas de discriminación que se aplican en función de la edad. No es una medida de protección, es un comportamiento paternalista que vulnera derechos. Entenderíamos que si se aplica alguna prohibición haya personas que la incumplan por considerarla ilegítima”.

 El 22 de abril la Fundación Pilares para la Autonomía Personal insiste: “… en que el ejercicio de los derechos individuales no está reñido con el cumplimiento de los deberes de solidaridad y civismo en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Las personas mayores han dado sobradas muestras de saber ponerse al frente de los cuidados y de la defensa del bienestar de sus familias y comunidades a lo largo de la historia. No las tutoricemos ahora como si no supieran cuidar de sí mismas”.

En el plano político adquieren relevancia los casos de Buenos Aires, Francia y Alemania. Según el diario argentino Clarín, en Buenos Aires se prohibió salir a la calle sin autorización a los mayores de 70 años. Tal decisión fue declarada inconstitucional por un juez porteño, dado su carácter discriminatorio, pues además de vulnerar la igualdad ante la ley, supone reducir la autonomía personal y la capacidad de decisión en función de la edad. En Francia, el intento de confinar a mayores de 65 por tiempo indefinido se queda en llamamiento a la responsabilidad personal. El cambio de actitud llega tras la amenaza de una ‘rebelión de las canas’. En ese debate que alcanza nivel intelectual interviene la prestigiosa Academia de Medicina, calificando la medida como una “tentación simplificadora e insatisfactoria” que  llega a provocar “sufrimiento moral inducido”.

La réplica a tan desafortunadas actuaciones la ha dado Angela Merkel al declarar: “Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral”. Con tales precedentes, tras el error cometido, y de inmediato rectificado, al decretar sacar a los niños de casa para meterles donde más riesgo hay, en el supermercado, el Gobierno no tenía más opción que renunciar a cualquier medida que margine a las personas de mayor edad. Así ha ocurrido. El ‘Plan para la transición hacia una nueva normalidad’ del 28 de abril,  aunque resulta deliberadamente ambiguo, no establece medidas específicas, salvo el ” horario preferente para mayores de 65 años” en la apertura de servicios.

Amparar los derechos de las personas mayores

Parece que la intensa lucha llevada a cabo durante dos años por el colectivo de pensionistas no ha bastado para que se comprenda y asuma que las personas mayores son sujetos de derecho, con las mismas obligaciones y garantías jurídicas que el resto de la población. Basta que sean consideradas personas adultas, sin ser infantilizadas ni tratadas con actitud paternalista. Tales comportamientos llevan a planteamientos contradictorios, como es el intento de alargar la edad legal de jubilación, utilizando el pretexto del aumento de la calidad de vida, mientras se ignora ese mismo argumento al planificar el desconfinamiento. Del mismo modo, aunque no existan limitaciones de edad para conducir un vehículo, se pretenden establecer para pasear. Si el criterio de los años cumplidos tuviese sentido, debería basarse en la edad biológica, que varía de forma significativa respecto a los cumpleaños acumulados. Es una evidencia que tanto en el plano físico como en el sicológico hay jóvenes de 70 años y ancianos de 50.

La pandemia del Coronavirus vuelve a mostrar la discriminación social que sufren las personas mayores. Se utiliza la trágica situación de las residencias para intentar prolongar el aislamiento de nueve millones de personas, que necesitan más que nadie hacer ejercicio. Toda medida que se tome de forma indiscriminada en base a la edad, además de ser perjudicial e injusta, atenta contra derechos individuales y colectivos. Los casos concretos, relacionados con patologías, se tratan por los cauces sanitarios. Norma básica de comportamiento debe ser la responsabilidad personal, sin que un ‘gran hermano’ controle cada paso, porque tiene miedo a la libertad.

29 de abril, ‘Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones’, se pública el manifiesto ‘La intergeneracionalidad suma vidas’. Entre sus objetivos destaca: “Considerar el paradigma intergeneracional como eje principal para plantear y diseñar los horizontes de un nuevo modelo social. Las administraciones públicas deben incorporar en sus políticas activas y, de manera transversal, una perspectiva intergeneracional, que incluye una visión integradora de todas las edades, que promueva los espacios de encuentro, que fomente la interacción, la participación y el liderazgo, que logre corregir las políticas sesgadas por los criterios de edad y enfocar la acción de la Administración desde un prisma inter-etario, común e integrador”.

*Luis Alejos es sociólogo y pensionista