EL MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS FRENTE AL CORONAVIRUS.

 

Las concentraciones de pensionistas se han paralizado de la misma forma que surgieron: de repente, por causa de fuerza mayor. El Covid-19 las frena, produce el efecto contrario al 0,25% que las impulsó. El estado de alarma provocado por la pandemia del Coronavirus ha dejado las calles desiertas, recluyendo en casa a los pensionistas, que además constituyen el principal grupo de riesgo. Cuando esté controlado el virus tocará hacer balance de los daños que ha producido, valorando sus agudas consecuencias en pérdida de vidas humanas, penuria social e impacto económico. También el movimiento de pensionistas tendrá que analizar lo ocurrido, adaptando sus demandas y métodos de actuación a la nueva situación.

Afrontar la realidad 

Hasta la fecha el País Vasco, en concreto Bizkaia, en particular Bilbao, han sido el referente esencial del movimiento de pensionistas en el conjunto del Estado. La clave de esa primacía es el activismo social, inspirado sobre todo en las luchas obreras del pasado siglo. Esa relevancia conlleva un inevitable protagonismo, al cual cuesta renunciar, aunque cambie la realidad. Se vio antes de la declaración del estado de alarma, en la cuarentena surgen dos posturas: una mezcla reivindicaciones de pensiones y sanitarias, la otra se centra en las amenazas de la epidemia llamando a respetar las normas de protección.

El día 16 el Colectivo de Pensionistas Ados.Consenso sacó una nota con este expresivo titular: “Pedimos perdón por tardar en desconvocar la concentración de pensionistas de Bilbao”. En ese texto se dice: “Las plataformas de diversas poblaciones de Bizkaia, entre ellas Barakaldo, Sestao, Santurtzi, Muskiz o Ermua, han anulado sus concentraciones mediante carteles, a través de los medios de comunicación y en redes sociales. La excepción es Bilbao, pese a que desde el jueves 12 se sabe que el Ayuntamiento ha cancelado las “actividades al aire libre para personas mayores”. El mismo día 12 hubo un intento de reunirse en Bilbao para acordar la suspensión. Se descartó, alegando que se trataría el lunes 16 antes de la concentración. Eso significa que, por el motivo que sea, sin descartar el protagonismo mediático, había un interés expreso en mantenerla, pese al riesgo de contagio masivo que suponía.

El lunes 30 la Plataforma de Pensionistas de Santurtzi declara: “Mientras dure el estado de alarma tenemos que cumplir las instrucciones de las autoridades sanitarias. No hacerlo supone poner en peligro nuestra salud y la de las personas que con dedicación y voluntad de servicio atienden los centros hospitalarios. El derecho a la vida es nuestra reivindicación fundamental. Ahora no toca pensar en reanudar las movilizaciones, ni en plantear ninguna demanda que no sea la defensa de la sanidad pública, primordial sobre todo para quienes somos pensionistas, entre otras razones por el abandono que sufren las residencias de mayores”.

Las meritorias acciones del movimiento de pensionistas quedan eclipsadas, al menos mientras persista la epidemia, por el ejemplar esfuerzo y compromiso del personal de la sanidad pública y de otras actividades básicas para cubrir las necesidades sociales. Se trata de servicios que afectan sobremanera a las personas más vulnerables y dependientes, entre las que destacan las de mayor edad. Esta situación, reconocida por asociaciones y plataformas de pensionistas, choca con la realidad cuando persiste el empeño de mantener la imagen mediática. Pese a la interrupción de las asambleas formalmente decisorias, sin posibilidad siquiera de ratificar las iniciativas, se siguen dando instrucciones a las plataformas locales y haciendo declaraciones de prensa en nombre del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia.

Enseñanzas de una vivencia extrema

Desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma que conlleva el confinamiento de la población, la repetitiva escena del ‘día de la marmota’ se renueva cada jornada, manteniendo las monótonas actividades cotidianas. Mucho se está escribiendo sobre este fenómeno que altera los hábitos de convivencia social, intensificando las comunicaciones a través de medios que evitan al encuentro personal, recurriendo en particular a las redes sociales. La experiencia más significativa y emotiva es la cita de las ocho de la tarde en balcones y ventanas, para agradecer la labor del personal de la sanidad pública y otros servicios básicos. No podía faltar una cacerolada para reprochar la conducta del Rey emérito, reclamando que devuelva lo robado. Todo amenizado con la canción del Dúo Dinámico ‘Resistiré’.

La sanidad pública se consolida como prioridad absoluta frente al imperativo económico

La imagen más trágica de la epidemia por Covid-19 se da en las residencias de mayores. La Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) lo expresa con esta consigna: “No podemos consentir que las residencias sean antesalas del tanatorio”.  Avergüenza e indigna imaginar a personas de avanzada edad conviviendo con cadáveres. Hay cerca de 6.000 residencias con capacidad para atender a unas 400.000 personas. El problema inicial es que el 75 % son privadas y están controladas por multinacionales y fondos buitre.

Dignificar y humanizar las residencias de mayores se convierte en tarea prioritaria para las instituciones y la sociedad. La asistencia social es competencia de las comunidades autónomas, conviene crear una normativa unificada, con prevalencia de la titularidad pública, insignificante en la actualidad. Ocurre como en la sanidad privada y la enseñanza concertada, no son servicios, son negocios. Se trata de un sector laboral muy feminizado y precarizado, urge revisar las condiciones retributivas, la profesionalidad y el equipamiento.

El prestigio y la credibilidad que está logrando la sanidad pública, refuerza la garantía y la defensa de lo público, incluyendo al Gobierno y al Estado. La sanidad pública se consolida como prioridad absoluta frente al imperativo económico. Resulta evidente que las deficiencias del sistema sanitario son consecuencia directa de las privatizaciones y los recortes. Aún así, las beligerantes derechas cuestionan las medidas proteccionistas dirigidas a evitar el contagio de la población asalariada, temiendo que afecten a la cuenta de resultados de las empresas.

Pese a sus vacilaciones y errores, el Gobierno de coalición se consolida. La ciudadanía entiende la necesidad de aplicar medidas drásticas como el confinamiento y las trabas a la circulación de personas. Hasta los nacionalistas catalanes y vascos transigen con la presencia en su territorio de la UME en misión humanitaria, sustituyendo las armas por equipos de desinfección. A los pensionistas les toca reconocer como inevitable el cierre de los centros de jubilados y la cancelación de los viajes del IMSERSO. El viernes 13 de marzo, al anunciar la declaración de estado de alarma, el presidente Sánchez se dirigió a los pensionistas diciendo: “Quiero trasladar un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que debilitan sus defensas: deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos”.

Encarar el futuro tras la crisis

Pasada la epidemia, el movimiento de pensionistas tendrá que analizar la nueva situación. Si vuelve a movilizarse deberá hacer causa común con el conjunto de la población, fijando como objetivo inmediato la defensa de la sanidad pública: revertir recortes, desprivatizar hospitales, reforzar recursos humanos y materiales, humanizar el modelo de cuidados en las residencias de mayores. Toca anteponer la salud y la vida a cualquier otra meta.

La pandemia del Covid-19 dejará graves secuelas económicas. El gran sacrificio que soportan trabajadores e incluso empresas, el enorme esfuerzo presupuestario asumido por el Gobierno para proteger a los sectores sociales más vulnerables, todo ello conlleva duras consecuencias. Se tambalearán las economías familiares, se verán amenazadas de cierre pequeñas empresas, el incremento del endeudamiento del país será inevitable.

En tal situación, revelaría una conducta insolidaria pretender mantener íntegras las demandas del movimiento de pensionistas. Las reivindicaciones urgentes, inmediatas, se pueden agrupar en dos: garantizar por ley la revalorización de las pensiones para mantener el poder adquisitivo y establecer una pensión mínima por encima del umbral de la pobreza, reduciendo la brecha de género. Está por ver en qué consistirá el Ingreso Mínimo Vital anunciado por el Gobierno y si mantendrá el compromiso de elevar el SMI a 1.200 euros al final de la legislatura. Mientras se despejan las dudas lo razonable sería reclamar una pensión mínima equivalente a los 950 euros del actual SMI. No significa arriar la bandera de los 1.080 euros, sino dejarla a media asta, esperando a que mejoren las condiciones para volver a izarla.

No cabe consentir que la crisis actual se salde como la del 2008, con la gran banca, entidades financieras, inmobiliarias especuladoras, multinacionales que operan desde paraísos fiscales, reforzadas a costa de empobrecer a amplios sectores de la sociedad. El sacrificio colectivo para recuperar el nivel de vida perdido implica repartir los costes de la crisis. Será preciso aumentar la presión fiscal para intensificar el gasto público, con el fin de lograr que nadie se vea en el desamparo. Aunque no falte voluntad política, habrá que movilizarse en defensa del bien común. Los pensionistas participarán con el resto de la población, recayendo el protagonismo en quienes están ejerciendo de forma tan responsable su labor profesional, exponiéndose a perder la vida para proteger la nuestra. Esa actitud solidaria anima a reconciliarse con la condición humana, creyendo que sí es posible alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

*Luis Alejos es sociólogo y pensionista 

 

 

 

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