Propuesta de conclusiones y alternativas

Queremos que el trabajo de información, reflexión y debate realizado en estas jornadas se concrete en unas conclusiones que sirvan para orientar el trabajo político, reivindicativo y de movilización de los próximos meses y años. Estas son las principales conclusiones a las que llegamos.

1. Mujer, pensiones, dependencia

Como nos enseña a ver la economía feminista, en todas las sociedades humanas, las mujeres trabajan más horas que los hombres.

La suma de trabajo retribuido de mercado, trabajo doméstico, trabajo reproductivo y trabajo de cuidados, que realizan las mujeres es superior a la de los hombres. Las cuentas satélites del trabajo doméstico cuantifican una parte, mas no toda, esa diferencia.

Sin embargo, los ingresos de las mujeres, tanto salariales como procedentes de actividades empresariales, son inferiores a los de los hombres. Y el patrimonio poseído por las mujeres es muy inferior al de los hombres. Los menores salarios se traducen en cotizaciones sociales inferiores y dan derecho a pensiones más bajas.

Los hombres y el capital ignoran el enorme volumen de trabajo no retribuido realizado por las mujeres. El sistema público de pensiones refleja esa ignorancia.

Para acabar con esta discriminación es necesario:

socializar parte del trabajo no retribuido, desarrollando servicios públicos universales de atención a las niñas y niños de 0-3 años, con amplia cobertura horaria; creando un servicio público de atención a las personas dependientes de cobertura universal y gratuita, que favorezca la atención domiciliaria y, sólo en segundo lugar, la apertura de plazas residenciales; la universalización de los comedores escolares gratuitos y, a medio plazo, de comedores de empresa.

igualar la tasa de actividad de las mujeres con la de los hombres, la tasa de actividad femenina continúa siendo un 10% inferior a la masculina,

que los hombres asuman la parte que les corresponde del trabajo no retribuido, para lo cual será necesario: establecer permisos de paternidad de la misma duración que los permisos de maternidad y obligatorios; reducir la jornada de trabajo hasta igualar la duración del tiempo de trabajo de mercado masculino y femenino; introducir en el sistema educativo materias y contenidos de promoción del reparto igualitario del trabajo doméstico,

políticas de igualación salarial y cuotas: introducir en la negociación colectiva la cuestión de la igualdad salarial real y una política de cuotas que iguale el porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad,

reconocer como tiempo cotizado los períodos de abandono del mercado de trabajo como consecuencia del trabajo reproductivo o de cuidado a personas dependientes.

2. Reparto o capitalización

En los sistemas de reparto las cotizaciones sociales y/o ingresos procedentes de los Presupuestos generales del Estado, impuestos, financian las pensiones públicas.

Este sistema recibe, también, el nombre de sistema de solidaridad entre generaciones pues se basa en un pacto que se extiende en el tiempo. Las generaciones de las personas activas financian con sus impuestos la formación de las más jóvenes, y con sus cotizaciones sociales las pensiones de las personas jubiladas.

En definitiva, los sistemas de reparto o solidarios, reconocen la aportación que cada generación hace a la actividad económica y a la sociedad, y el derecho que de esa aportación se deduce a disfrutar de una parte del producto social después de su jubilación.

Como parte de las políticas pro- capital y pro- finanzas propias de la Revolución conservadora desencadenada por Augusto Pinochet, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, las instituciones de gobierno del capitalismo internacional proponen sustituir los sistemas públicos de reparto, hasta donde fuere posible, por fondos privados de capitalización.

Rechazamos los fondos privados de capitalización:

a. No son un sistema de protección social, sino un instrumento para desarrollar los mercados de capitales.

b. Crean un estado de bienestar dividido entre una minoría que puede realizar aportaciones periódicas importantes y acumular un gran volumen de activos financieros; y la mayoría de las trabajadoras y trabajadores que no tienen capacidad de ahorro.

c. Contribuyen a los procesos en curso de financiación de la economía capitalista y de gobierno de la sociedad por las finanzas.

Los sistemas de reparto son el principal instrumento de lucha contra la pobreza entre las personas mayores, son una conquista de la civilización humana que no permitiremos eliminar. Nos opondremos a todos los intentos de sustituir los sistemas de reparto por fondos privados de capitalización.

3. Pensiones en Galicia

Las pensiones gallegas son inferiores al promedio de la pensión estatal, las segundas más bajas de todo el Reino de España, después de las extremeñas.

La población gallega es una población envejecida como consecuencia de la dependencia económica y la emigración endémica que provoca.

Nuestro país asiste a un marcado declive demográfico y el saldo vegetativo es negativo desde 1988.

Corregir estas tendencias exige la recuperación de soberanía, especialmente económica, para poder desarrollar actividades creadoras de empleo que produzcan bienes y servicios, social y ecológicamente útiles, con salarios dignos, bases de cotizaciones sociales superiores a las actuales, y en el futuro de pensiones suficientes.

El envejecimiento de la población sólo se podrá invertir previa recuperación de los sectores económicos hoy privatizados y centralizados en Madrid. En primer lugar, el financiero y el energético.

Defendemos la constitución de una empresa pública gallega que gestione las grandes infraestructuras energéticas, hidroeléctricas, térmicas, parques eólicos, y lidere la transición a un sistema más descentralizado y de cero emisiones de carbono.

La creación de una banca pública gallega serviría como potente instrumento para desarrollar una política económica al servicio de la mayoría social y no del beneficio privado.

Es necesaria una política de gestión integral del territorio para desarrollar las capacidades de producción agrícola, ganadera y forestal. Política que debe incluir la transformación de la producción en toda la cadena de valor.

A corto plazo, la Xunta de Galicia deberá establecer complementos para las pensiones más bajas, entre ellas las de las personas que cotizaron en el régimen agrario, como existen en otras comunidades autónomas.

A largo plazo, la existencia de pensiones bajas sólo se corregirá con una política económica que permita crear empleo en actividades productivas de bienes y servicios social y ecológicamente útiles, con salarios dignos.

4. Las reformas de 2011 y 2013

La reforma del sistema público de pensiones, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, eliminó derechos adquiridos de las trabajadoras y trabajadores:

a. Retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

b. Endureció los parámetros para el cálculo de las pensiones iniciales: porcentaje de la base reguladora por año cotizado y número de años que se       tendrán en cuenta para el cálculo de la base reguladora.

c. Creó el factor de sostenibilidad que reducirá las pensiones iniciales en función del aumento de la esperanza de vida.

La reforma del sistema público de pensiones, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, extremó el ataque contra los derechos de trabajadoras y trabajadores iniciado por la reforma de 2011, además de poner en peligro el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas ya pensionistas:

a. Adelantó la aplicación del factor de sostenibilidad a 2019.

b. Introdujo un Índice de Revalorización de las pensiones que hará que las pensiones suban por debajo del IPC durante décadas, produciendo que       las personas pensionistas sean cada año, un poco más pobres.

c. En consecuencia desvinculó el aumento de las pensiones de la evolución de los precios.

Exigimos la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y la recuperación del vínculo entre suba anual de las pensiones e IPC.

Además, exigimos la derogación de la reforma laboral de 2012 que sirvió para debilitar a las trabajadoras y trabajadores en la negociación colectiva y bajar los salarios. La disminución de la participación de la remuneración total de las personas asalariadas en el PIB es la causa principal del descenso de las cotizaciones sociales.

Por último, exigimos una reforma fiscal radical para:

*Acercar los ingresos fiscales al promedio de la UE-28. 

*Hacer que las tecnológicas, bancos, grandes empresas y grandes patrimonios contribuyan según el principio de progresividad.

5. No al PEPP.Pensiones públicas en Europa

En el mes de septiembre, la Comisión de economía del Parlamento europeo aprobó, a propuesta de la Comisión Europea (CE), un reglamento para un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP).

Los objetivos del PEPP son, según recoge la propuesta de la CE:

– Promover un mercado único de capitales, “Según se afirmaba en el Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de septiembre de 2015”.

-Promover la innovación financiera, “promover un entorno que estimule la innovación en el sector de productos financieros”.

-Estimular la inversión en activos de alto riesgo, “instrumentos derivados” semejantes a los que causaron la crisis financiera de 2007. 

-Transferir el riesgo de los activos a las trabajadoras y trabajadores europeos, “canalizar … hacia los mercados de capitales, más ahorros de los hogares, y garantizar que los consumidores sean plenamente conscientes de los elementos llave del producto”. 

-Abrir un nuevo espacio de valoración para las empresas financieras, “bancos, compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión”

La CE les propone a los Estados miembros el establecimiento de desgravaciones fiscales a las aportaciones al PEPP. Estas desgravaciones son muy regresivas, ya que benefician a las rentas más altas y reducen los ingresos de la hacienda pública.

La CE renuncia a garantizar pensiones públicas suficientes, “el aumento de los ahorros adicionales … destinados a la jubilación podría … mitigar las repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos Estados miembros … las pensiones complementarias podrían desempeñar un papel llave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones públicas puedan ser inadecuadas”.

Rechazamos el PEPP como un paso más en la guerra de posiciones para sustituir el pilar básico de los sistemas de protección social que son las pensiones públicas de reparto, por un instrumento financiero que favorecerá a las grandes empresas financieras que gestionarán los fondos privados de capitalización.

Promoveremos la colaboración de todos los pueblos europeos en contra del PEPP y todos los productos semejantes ya existentes o que se creen en el futuro.

Santiago de Compostela, 29 de septiembre de 201

  RESPUESTA AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y PROPUESTA AL GOBIERNO

La Directora del F.M.I Christine Lagarde, advierte a España que para llevar a cabo la revalorización al IPC se tendrán que llevar a cabo reformas estructurales como aumentar la cotización mínima de autónomos, elevar la contribución social para los asalariados que más ganan, además de aumentar la edad de jubilación (incluso más que a los 67 años), en consonancia con la evolución de la esperanza de vida. Y además señalan que las previsiones de recaudación por la subida de los impuestos debe ser “prudente”, y terminan dicho informe con que “con incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional se pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes”.
Por ello La Coordinadora Estatal se ve en la obligación de aclarar determinados puntos tanto al FMI como al total del arco parlamentario que rige la política en nuestro país.
Todos coincidimos en que nuestro sistema necesita de una reforma integral, e integral supone una nueva reforma de Seguridad social acompañada de una reforma fiscal y una reforma laboral para que la sostenibilidad del mismo no se vea entredicha; pero para nada coincidimos en los medios.
La pérdida de cotizaciones, no ha venido de la mano de Pymes y autónomos, ha venido de las grandes sociedades y del gobierno de turno que maquilló y sigue maquillando “estimulo a la contratación” con bonificaciones en las cotizaciones empresariales. En 2016 la Seguridad Social dejó de ingresar 2.100 millones por reducciones directas de cotizaciones y en el 2015 fueron 2.600 millones, que no fueron compensadas por el Estado a las arcas de la Seguridad Social.
Para que esto se pueda recuperar es imprescindible la Derogación de la Reforma Laboral del 2012 y un Aumento de los tipos de cotización, de los trabajadores con salarios más altos (actualmente 4.7%) y un destope de las bases de cotización máxima, y el aumento de cotización de los empresarios (28.3%), empezando por la desaparición de las bonificaciones, tarifas planas en contratos de formación y aprendizaje, e incluso se podrían imponer una escala móvil en función de la facturación, valor añadido de la empresa, no sólo en materia de accidentes de trabajo sino también en materia de desempleo, vejez, invalidez etc. Ya que cada punto adicional de cotización daría una recaudación adicional de 0.3 puntos de PIB.
Por otro lado, el FMI pide prudencia en la subida de impuestos a los que más tienen, si la presión fiscal de España (suma de impuestos directos e indirectos en porcentaje del PIB) es del 33,1%, y países como Dinamarca es 48,2%; esa diferencia es el margen que España tiene para subir los impuestos a las rentas más altas. Según un informe de la OCDE “las grandes multinacionales en España pagan unos impuestos que corresponden al 6% de su resultado contable, cuando el tipo nominal para las sociedades se sitúa, tras la reforma del 2015 en un teórico 28%, las grandes empresas se ahorran, gracias a la ingeniería fiscal, unos 7.226 millones de euros al año”, y la reforma fiscal del 2015 además conllevó una bajada de impuestos, que lejos de reducir estas diferencias las aumentó.
Y esto se constata con un informe del Sindicato de técnicos de Hacienda Gestha que dice que los grandes defraudadores son las Grandes empresas y grandes patrimonios con un 72% sobre el total del fraude fiscal en éste país, económicamente corresponde a 42.711 mill. de euros en el 2010.
Alertan, que con incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional se pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes. Dicha devaluación salarial se llevó a cabo por la Reforma Laboral del 2012 para promover la contratación, pero el efecto real que produjo fue la temporalidad fraudulenta y despidos masivos injustificados, trabajos precarios, salarios mínimos que cotizan lo mínimo y con ello las mayores caídas en las cotizaciones; no subir el Salario Mínimo solo beneficia a las grandes empresas ya que lo que consiguen es el abaratamiento de la mano de obra y reducción de ingresos en las arcas de la Seguridad Social. Necesitamos un aumento de los salario reales para aumentar las bases y los tipos de cotización, medidas de aumento de empleo estable supondrían aumento de afiliados, aumento de contribuciones y liberación de recursos del SEPE por descenso en el paro.
Y nuevamente nos hablan de la esperanza de vida como un lastre para la sociedad, en vez de reconocerlo como un logro. Cabría indicar que el babyboom llegará a la jubilación en torno al 2023/2025 y que lo hará de forma escalonada pues no podrán acceder todos a la vez a la jubilación, se prevé que le año con más número de pensionados será en el año 2044 y que a partir del 2050 ya se prevé un descenso de esa tasa en un 20%, suponiendo una subida en el gasto de pensiones en un 9.1% de PIB para 2050 o 11.1 % ( en el peor caso por EUROSTAT), actualmente se encuentra más menos en el 6.8 % PIB, del todo perfectamente asumible por el gobierno español. Teniendo en
cuenta además que ese mismo intervalo de tiempo la tasa de desempleo bajará pues habrá menos mano de obra debido a la baja tasa de nacimientos, nos encontramos que el 15% de cotizaciones que se dedica a desempleo actualmente, se podría trasladar a Seguridad Social y que la mitad de dichas cotizaciones podrían suponer un punto del PIB.

Si además retiramos de forma inmediata las bonificaciones a planes de pensiones privados e incentivamos las Cotizaciones complementarias dentro del sistema de Seguridad Social, que complementaría la pensión del beneficiario al margen del sistema de reparto, pero siempre con la gestión del sistema público, consiguiendo así reforzar los recursos del propio sistema, que en este momento se escapa a manos privadas y que las pensiones subirían sus cuantías no necesitando ya complementos a mínimos.

Señores del FMI, ésta ciudadanía no va a permitir más política de austeridad que pagan siempre los mismos, ésta ciudadanía conoce las soluciones del Sistema y no pasa porque el Gobierno de turno se quede con los brazos cruzados.

El verdadero agujero está en la fiscalidad del país y la precariedad laboral de las reformas vigentes. Atacar por ahí proporcionará a todo el Estado recursos suficientes para cumplir el mandato constitucional que proclama que nuestro Estado es un “estado social, democrático y de derecho”.

Pues pónganse manos a la obra, ya que gobierne quien gobierne las pensiones se defienden.

Comisión de Portavoces y de Organización.

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