Desde los sectores más de izquierdas del espectro político hace tiempo que se vienen denunciando las graves deficiencias de la democracia representativa, sobre todo en materia de participación popular. Al mismo tiempo se señala a la democracia asamblearia como el entorno donde dicha participación popular se podría dar en toda su plenitud.

Efectivamente las diversas formas de participación ciudadana en política se mueven hasta ahora en un caldo de cultivo de democracia representativa y partidos políticos que resulta letal para su supervivencia.  Todo el sistema institucional y partidario tiende a bloquear los mecanismos de participación ciudadana, o en dificultarlos lo máximo posible, con lo que se llega a la presente rigidez uniformista, a las trabas de una inoperante burocracia y a una acusada insensibilidad social. Por ejemplo, los procesos de descentralización municipal siguen paralizados en una buena parte del estado, e, incluso retroceden en los últimos tiempos. Los niveles superiores, como reinos de taifas, rara vez efectúan traspasos de competencias, funciones y servicios hacia los distritos o barrios.

Los partidos hablan de las bondades de la democracia asamblearia pero la ignoran totalmente en la práctica. Hablan de la necesidad de la participación ciudadana como elemento revitalizador de la democracia representativa que se prefiere a la asamblearia, pero se multiplican los obstáculos a toda ILP-Iniciativa Legislativa Popular, intervenciones ciudadanas en plenos, etc.  Debido a esta falta de voluntad no existen casi canales eficaces de participación ciudadana. Sólo se conforman meras figuras formales que más que como canales reales de participación, funcionan como formas de control y encasillamiento de las iniciativas sociales, reproduciendo mecanismos burocráticos y clientelistas.

Existe por parte de partidos e instituciones, una oposición sistemática a cualquier forma de profundización en un proceso que combine el desarrollo del sistema de representación indirecta con una democracia de participación directa. Eso, viene imposibilitando una profundización democrática.

En el fondo de la cuestión aparece el hecho de que los partidos no creen ni desean en realidad la participación ciudadana. Sólo admiten esta forma siempre que la controlen ellos, partidos e instituciones. Es decir se trata de gestos de cara a la ciudadanía, pero sin voluntad real de hacer caso a los resultados de esa participación, a menos que se vean obligados a ello. Y en este marco, tanto derechas como izquierdas se comportan con miedo y desconfianza a la participación ciudadana. Nada ilustra mejor el bajo concepto que los partidos políticos tienen de la ciudadanía como el hecho de que contra mejores resultados electorales obtienen, mayor es su desconfianza hacia la ciudadanía, llegando en ocasiones a dudar de la sensatez o cordura de las personas del pueblo. Sólo los partidos llamados ahora “emergentes” se suelen mostrar defensores de la participación ciudadana y la consulta popular. Pero hasta hoy, esta circunstancia ha venido cambiando en sentido contrario apenas acceden a las instituciones en situación de tomar decisiones.

Si se creyese de verdad en la participación ciudadana, se debería reconocer que se tendría que dar en todos los niveles, tanto en la etapa municipal como en la provincial y autonómica y en el Parlamento. Y, desde luego, debería influir y contar en el interior de los partidos políticos. Pero la realidad, hasta hoy, no pasa por estos parámetros, incluso en los partidos de izquierda que recogen en sus programas la importancia de la participación ciudadana, no sólo no existen canales adecuados para ello, sino que además se detectan fuertes recelos cuando no rechazos a dejarse influir por la sociedad. Incluso los nuevos partidos emergentes tendrán que demostrar en la realidad que quieren contar con la participación ciudadana, sin querer canalizarla y controlarla.

Por todo ello es necesario reflexionar sobre este tema y hacerse preguntas.

Por ejemplo, ¿los partidos, hasta que punto desean de verdad esa participación ciudadana?

¿Están preparados para ello, o sus estructuras y disciplinas de partido, donde las opiniones personales se sacrifican tantas veces a la mayoría, actúan como barrera para aceptar la autonomía y la diversidad de opiniones de los movimientos sociales de la ciudadanía?

¿Son, los partidos, conscientes del enorme caudal de aportaciones y vitalidad que puede conllevar la participación activa de la ciudadanía?

Y por contra ¿están los políticos y miembros de los partidos preparados para el más que previsible rechazo de la ciudadanía a ser encuadrada y canalizada, en suma, domesticada?

Las respuestas a estas preguntas no son sencillas, pero todo apunta a que éstas se irán desarrollando de una forma imparable, y que el río de demandas podrá desbordar los estrechos canales partidarios e institucionales.

Por eso, los partidos, como en nuestro caso PODEMOS, deben de ser conscientes de todas estas cuestiones si verdaderamente desean fomentar la participación ciudadana. Y si así lo desean, deberían comprender que no se pueden plantear desde los partidos modelos acabados de participación, sino que debe ser la propia ciudadanía junto con los partidos la que tiene que definir su modelo. No se trata de lo que se les da. Sino de lo que la sociedad demanda. Y desde este punto de vista, es necesario radicalizar la democracia colocando a la participación popular y ciudadana como elemento, por lo menos tan importante como los mecanismos de la democracia representativa. Y si ello fuera así, estaríamos asistiendo a una verdadera revolución en las relaciones de poder, no sé si nos damos cuenta de ello.

No partimos desde una realidad muy prometedora, ya que la función de la casi total mayoría de los partidos, está basada en imponer a través de la práctica cotidiana,  sus criterios ideológicos, políticos y de funcionamiento, y no en adoptar una postura de servicio hacia las demandas que les van llegando desde las bases ciudadanas.

Si continúa la desconfianza de muchas culturas partidarias hacia la ciudadanía, ese miedo a perder poder y control, esa soberbia intelectual de ciertas “vanguardias iluminadas” que se creen poseedoras de la verdad, se tomaría un camino que ya viene desarrollándose desde hace tiempo, es decir, el aumento de la desmovilización ciudadana, una manifestación, aún mayor si cabe, de la hostilidad hacia todos los partidos y un camino de recuperación de luchas populares y movilizaciones.

Si la ciudadanía que sale a las calles, como el 15 M, que se enfrenta al poder en los espacios públicos, cae en la cuenta de que partidos que parecen apoyar su lucha, en realidad lo que pretenden hacer es sacar al pueblo de las calles, desmovilizar las luchas y “domesticarlas” dentro de los partidos y el juego parlamentario, en ese caso, muchas personas se considerarán una vez más traicionadas y optar por hacer política fuera de la política al uso, lo que, personalmente, no creo que fuese malo.

Por ello, creo que para una convivencia de las dos formas de lucha: la partidaria y en las calles, la democracia representativa y la asamblearia, la participación popular y ciudadana, lejos de ser un elemento más de un programa político, debe ser una filosofía que impregne todo el quehacer político, un eje transversal que actúe a lo largo de toda la concepción sobre la organización de la sociedad. Se trata, en definitiva, de iniciar un cambio radical.

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