Las pensiones públicas, entre el mercantilismo y la política partidista

Pese a que la Comisión del Pacto de Toledo fue creada para sacar la problemática de las pensiones de la confrontación partidista, la realidad es que siguen estando sometidas a los avatares políticos. Es un hecho constatable en cada acuerdo o desacuerdo. Se puede prever el resultado de una negociación analizando las conveniencias de las partes. Cabe cambiar de criterio, justificar cualquier medida, declarando sin complejos defender los intereses del colectivo de pensionistas. Sucedió en la fase inicial de la reforma de las pensiones; acaba de repetirse en la votación de los planes privados de empresa.

Más determinante que la presión de grupos de pensionistas o la acción sindical puede resultar la coyuntura política y económica, en particular si el gobierno es débil, pues cuanto más fuerte es un gobierno menos dispuesto está a negociar y ceder. Con Rajoy se lograron  mejoras mediante contrapartidas en pactos presupuestarios. Después resultó propicia la incertidumbre de la moción de censura, favorable a Sánchez. Ahora influye la inestabilidad del Gobierno de coalición, resultando crucial la actitud de los partidos de izquierda que integran el denominado “bloque de gobernabilidad”. A todo ello falta añadir el empeño de la banca y aseguradoras en convertir las pensiones públicas en un producto más del mercado financiero.

 

La fase inicial de la reforma de las pensiones, aprobada en diciembre del 2021, se centró en recuperar la revalorización en base al IPC medio y en derogar el factor de sostenibilidad, funestas herencias de la reforma de Rajoy del 2013. Los fondos de la Seguridad Social se reforzarán ahora con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Consiste en subir el 0,6% las cotizaciones (0,5% a cargo de la empresa, 0,1% trabajador) durante una década (2023 – 2032). La nueva fase de la reforma, aprobada en el Congreso el 9 de junio, no ha logrado una holgada mayoría, sobre todo por razones políticas. Se sabía que ERC votaría en contra, a causa sobre todo de espiar con Pegasus a políticos independentistas. El bloque de las derechas no hace falta recordar que rechaza cualquier iniciativa del Gobierno, al margen de su contenido.

Esta segunda fase de la actual reforma ha resultado, si cabe, más polémica que la anterior. Junto a conflictos políticos inciden intereses económicos. El sistema financiero en pleno, encabezado por el Banco de España, arremeten contra todo lo que afecte al lucrativo negocio de las pensiones privadas. Además de presionar al Gobierno, se propagan noticias catastrofistas en medios de comunicación controlados por la oligarquía económica. Los desvaríos llegan al extremo del infundio aireado por TeleMadrid y otros medios el 25 de mayo: “Los economistas del BBVA han participado en un foro sobre ‘Pensiones y ahorro a largo plazo en el contexto actual’, alertando a los nacidos entre 1958 y 1977 de que ”si no han ahorrado para prepararse para su jubilación, tendrán que vender sus viviendas“ y ”que sus hijos se despidan de recibirlas en herencia“. Sobran motivos para querellarse por acosar al colectivo de pensionistas y atentar contra la Seguridad Social.

La inflación galopante, consecuencia de la guerra de Ucrania, también está siendo utilizada por la derecha económica y mediática para intentar recortar las pensiones públicas. Pretenden revocar la revalorización en base al IPC medio anual, que entró en vigor hace seis meses con acuerdo sindical y patronal. Esa aplicación del IPC, rechazada por diversas plataformas de pensionistas, ha supuesto perder poder adquisitivo en 2022. El año próximo podría ocurrir lo contrario, resultando beneficioso ese modelo de cálculo. Tal posibilidad ha activado las alarmas del bloque financiero y neoliberal, al prever el Banco de España una inflación media anual del 7,5%, que podría suponer 10.000 millones más de gasto en pensiones contributivas. Sería la mayor subida de las pensiones públicas desde que en 1977 el IPC llegó a alcanzar el 26,4%.

Propuestas lanzadas por quienes no dependen de una pensión pública para vivir: 1) descontar del posible incremento del 7,5% el IPC subyacente, dejando de contabilizar los productos y servicios que más afectan a la cesta de la compra: electricidad y combustibles, carne y pescado, 2) incluir las pensiones en un pacto de rentas como los Pactos de la Moncloa, que en 1977 supusieron un grave deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera, 3) aplicar el 7,5% solamente a las pensiones mínimas. Esta muestra de sugerencias basta para saber cuales son las verdaderas intenciones: salvar a la Seguridad Social de la quiebra, desmantelándola.

A esa campaña para recortar las pensiones se apunta también la patronal CEOE, firmante del acuerdo de revalorización con el IPC medio anual. Europa Press recogió el 31 de mayo unas declaraciones del Ministro de la Seguridad Social para aclarar la situación: “José Luis Escrivá, se ha mostrado ”sorprendido“ sobre el debate de la inflación y la sostenibilidad de las pensiones, cuando, ha señalado, ”acabamos de aprobar una ley, con un consenso muy amplio, justamente pensada para dar certidumbre y seguridad a los pensionistas y futuros pensionistas en situaciones como estas de inflación volátil y de inquietud“.

Situaciones paradójicas

En la negociación de los planes de pensiones de empleo se han dado casos desconcertantes, protagonizados en particular por Unidas Podemos y EH Bildu. Siendo ambas fuerzas firmes defensoras del sistema público de pensiones, por razones ajenas a la problemática de las pensiones han facilitado la aprobación de un método de previsión social complementaria que no asumen. La actuación de EH Bildu tiene explicación, la de UP resulta incomprensible. Este grupo ha votado en contra de sus propias enmiendas, librando al Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo de un rotundo fracaso. Es más, disculpa al PSOE de los errores cometidos en la caótica Comisión de Trabajo del 2 de junio y ratifica la desgravación del 10% en el impuesto de sociedades que reclamaba C’s para votar a favor.

El consuelo de UP es que exenciones y desgravaciones irán a los presupuestos del Estado, no a las cuentas de la Seguridad Social. En realidad es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en octubre del 2020. UP justifica el cambio de rumbo alegando un acuerdo con el Ministro Escrivá para destopar las cotizaciones de las rentas altas. Esa medida ya estaba previsto abordarla en el segundo semestre de este año. La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT lo anunció el 16 de mayo: “Escrivá planteará próximamente a los agentes sociales sus propuestas para aumentar las bases máximas de cotización e incrementar asimismo las pensiones máximas, manteniendo la contributividad del sistema. Es decir, se va a destopar la pensión. Con ello, la legislación española se armonizaría a la práctica que existe en otros países europeos”.

El caso de EH Bildu requiere mayor detalle. La otrora radical Izquierda Abertzale sigue en la actualidad los pasos del PNV, siempre dispuesto a participar en la gobernabilidad del Estado, si median contrapartidas. El partido jeltzale se caracteriza más por el pragmatismo ideológico que por el credo nacionalista. En cuanto a EH Bildu, por mucho que predique el soberanismo, la necesidad de superar su oscuro pasado a través del reconocimiento institucional, le lleva a pactar con el gobierno central. Ambos, PNV y EH Bildu, compiten en el oficio de “conseguidores”. En la negociación de la reforma de las pensiones esa práctica se ha plasmado en mejoras que esta vez no se ciñen al ámbito territorial vasco.

El PNV logró del Gobierno de Rajoy, a cambio de apoyar los presupuestos del 2018 y 2019, la revalorización de las pensiones en base al IPC. Desde entonces no se aplica el funesto 0,25 % que activó durante ese periodo un combativo movimiento de pensionistas. EH Bildu intentó algo similar al PNV, acordando en mayo del 2020 con el PSOE y UP la derogación de la reforma laboral del 2013. Esa operación fracasó. Ahora ha logrado pactar con Escrivá un incremento del 15% en algunas pensiones no contributivas.

Este acuerdo ha sido cuestionado incluso por asociaciones de pensionistas. Es una medida poco efectiva; apenas mejora la pensión no contributiva de 446.000 personas que ya cobran ayudas sociales por vivir en condiciones de pobreza. El rechazo lo genera el compromiso asumido por EH Bildu para facilitar con su abstención la aprobación del plan de pensiones privadas de empleo. Mientras la Plataforma de Mayores y Pensionistas aprueba el acuerdo, algunos colectivos de ámbito estatal y también de Euskadi se muestran indignados. El caso es que esos fondos de empresa afectan unicamente a trabajadores y trabajadoras en activo, que no se movilizan por ese ni por otros motivos relacionados con sus futuras pensiones.

La iniciativa de EH Bildu tiene un evidente alcance político. Contribuye a lograr la legitimación democrática que condicionan sus orígenes. Al PNV no parece complacerle que sigan sus pasos. El 3 de junio lo expresaba elDiario.es en este titular: “Urkullu ironiza que el soberanismo de EH Bildu es ahora ‘ir a Madrid a pactar con el PSOE’”. El Gobierno Vasco debería estar encantado, esa mejora queda absorbida a través de las ayudas sociales de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), como ocurrió con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Encrucijada para las agrupaciones de pensionistas

La necesidad convertida en virtud ha posibilitado que grupos de pensionistas todavía activos convoquen acciones conjuntas. La idea partió del sector afín a la izquierda abertzale, que antes rechazaba cualquier posibilidad de confluencia a nivel estatal. Esta unidad de acción permite llevar a cabo concentraciones testimoniales, como la realizada el 9 de junio con motivo de la votación en el Congreso del Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. El objetivo común era que los grupos parlamentarios de izquierda rechazasen el plan Escrivá, pero la insólita situación creada con el anuncio de la abstención de EH Bildu trastocó el planteamiento inicial.

Parte de los grupos convocantes, en concreto COESPE, incluyó en su manifiesto una alusión a la conducta de EH Bildu: “Rechazamos los planes del gobierno de privatizar la Seguridad Social pública. Hemos explicado detalladamente los argumentos en que se sustenta nuestro rechazo a la Disposición Final Cuarta del Proyecto de Ley del Gobierno, que abre puerta de entrada a la gestión privada por parte de los grandes bancos y compañías aseguradoras. Aquellos parlamentarios que con su voto afirmativo o su abstención permitan ese latrocinio, deben saber que serán responsables ante la ciudadanía en el futuro”. Ese texto tan rotundo omite que el plan Escrivá está inspirado en las EPSV del País Vasco.

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), denominación actual del colectivo afín a la izquierda abertzale, difundió el 6 de junio una nota de prensa sobre la votación del proyecto de ley. Además de exigir al Gobierno que lo retire, reclama al resto de partidos, en especial a los que apoyaban la demanda de paralización del proyecto, que voten en contra para que no se apruebe. Aunque no hay una referencia expresa, el MPEH cuestiona el pacto de EH Bildu para abstenerse en la votación. Los argumentos utilizados contra los planes privados de empresa servirían también para rechazar su matriz, las EPSV, pero no se dice. Un ejemplo de esa coincidencia en el texto de referencia: “… es un proyecto de ley que abre la puerta de par en par para trasformar un sistema público de reparto como el actual, en un sistema de capitalización de la mano de la negociación colectiva y con financiación pública”.

Actuar en base a prioridades

Durante el debate de los planes privados de empresa se concentraron ante el Congreso varios cientos de personas procedentes de diversos territorios. Sabiendo que esa reforma afectará exclusivamente a futuros pensionistas, cabe pensar que preocupa más a pensionistas de hoy que a los de mañana. Sin embargo, hay reivindicaciones inmediatas inaplazables, sobre todo la adecuación de la pensión mínima al salario mínimo. Esta demanda, tan necesaria para suprimir las pensiones de miseria y reducir la brecha de género de las pensiones, debería ser una tarea prioritaria.

El 23 de noviembre del 2021 el ‘Heraldo de Aragón’ publicaba este titular: “El Gobierno se compromete a vincular la subida de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional”. Ese mismo día remarcaba ‘La Voz de Galicia’: “El alza de las pensiones más bajas se ligará a la del salario mínimo”. Según esa noticia, que tuvo amplio eco en la prensa, el Gobierno se comprometía a vincular la evolución de las pensiones mínimas contributivas, que cobran 2,2 millones de personas, con el SMI. La norma que lo regula debería aplicarse a comienzos del 2023. En la actualidad cerca de 5 millones de pensionistas, más de la mitad del total (53%), cobran menos de los 1.000 euros del SMI. La pensión mínima contributiva de jubilación más baja es hoy de 638,20 euros. Habrá que recordarle al Gobierno estos preocupantes datos y su compromiso de remediarlo. Presionar en ese sentido y persistir en el esfuerzo hasta lograrlo es un objetivo fundamental.

En la siguiente fase de la reforma de las pensiones, será la tercera, además del destope de las cotizaciones, rechazado de antemano por la patronal, se intentará ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, sin haber culminado la reforma del 2011 y estando esta vez en contra los sindicatos que acataron la anterior reforma. Es previsible una negociación compleja, en el marco de una situación política convulsa. Si los trabajadores y trabajadoras en activo no se movilizan para evitar el deterioro de sus futuras pensiones, si hay plataformas de pensionistas más preocupadas por la pensiones de mañana que por las de hoy, el drama de las pensiones mínimas se perpetuará durante generaciones.

LUIS ALEJOS



Categorías:PENTSIONISTAK AURRERA

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