El asesinato de Gregorio Ordoñez.

Se cumplen 26 años de asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA. Con motivo de ese triste aniversario les dejo por aquí una crónica que recuerda aquel atentado mortal. Para agilizar su lectura divido el post en cuatro partes y elimino todo el aparato crítico del capítulo (referencias de prensa, actas municipales y otros documentos), que forma parte de nuestro proyecto titulado Historia y memoria del terrorismo vasco. Esta primera entrega está dedicada a la ponencia Oldartzen, la antesala de aquel asesinato y de otros muchos que vendrían poco después:

1.UN CAMBIO DE PARADIGMA:LA PONENCIA OLDARTZEN.

“…el día que un tío del PSOE, PP, PNV va al funeral de un txakurra o cien […] no ve en peligro su situación personal […], pero el día que vayan a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea, en una caja de pino y con los pies por delante)”.

De esta manera tan gráfica y directa se expresaba un miembro de ETA en un boletín interno que publicó la organización terrorista en junio de 1993. Su «reflexión», aunque todavía no se había comenzado a elaborar ni debatir la ponencia Oldartzen, expresaba cual sería la estrategia de la banda terrorista durante los años siguientes: extender el miedo entre los partidos democráticos que se oponían a ella para «encontrar soluciones», es decir, ampliar el punto de mira de sus atentados, incluir a otra serie de sectores contrarios a ETA entre sus posibles víctimas y socializar el sufrimiento, aunque esta última expresión nunca llegó a aparecer de forma textual en el citado documento. La descarnada simplicidad de aquella exposición resumía de un modo contundente lo que significaba el terrorismo; un instrumento para lograr por la fuerza de las armas unos objetivos políticos concretos que despreciaban por completo los principios democráticos y la voluntad de los ciudadanos.

Desde finales de los años setenta ETA había apostado por acumular cadáveres sobre una hipotética mesa de negociación con los diferentes gobiernos. Su objetivo era ejercer una presión insostenible con el fin de que estos hincasen la rodilla y se vieran obligados a aceptar unas condiciones que solo tenían un objetivo: imponer su proyecto totalitario. Sin embargo, tras superar los sangrientos «años del plomo» que pusieron a la democracia española contra las cuerdas, esta se había asentado firmemente y el Estado de Derecho comenzaba, lentamente, pero con firmeza, a vencer al terrorismo. La caída de la cúpula de Bidart que tuvo lugar el 22 de marzo de 1992 fue uno de los golpes policiales, quizás el más importante, en la lucha contra ETA. Como han señalado Alonso, Domínguez y García Rey, «El mito de que la banda no podía ser destruida policialmente se vino abajo y los etarras interiorizaron la idea que de podían desaparecer»ii. Todavía tendrían que transcurrir casi 20 años para ver el final de la organización terrorista, pero ya nada volvería a ser como hasta entonces dentro de ella. La operación que tuvo lugar en la localidad francesa desbarató el sueño que había alimentado ETA a comienzos de 1992; es decir, lograr, a partir de una serie de importantes atentados, concitar la atención de todos los medios internacionales, pendientes de la celebración de los grandes eventos que tendrían lugar en España -la Exposición Universal de Sevilla y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de Barcelona- y poner al Gobierno ante una situación insostenible que le hiciera claudicar. Las importantes medidas de seguridad que adoptaron las autoridades y la sustancial mejora que se produjo en la lucha antiterrorista, junto con la colaboración francesa, culminaron en aquella operación que acabó con la detención de Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Joseba Arregi Erostarbe, Fitipaldi. La crisis que provocó la caída de la dirección de ETA obligó a la organización terrorista a cambiar de estrategia. Si los asesinatos de guardias civiles y policías no habían servido para resquebrajar al Estado y lograr que los diferentes gobiernos se tomasen en serio sus exigencias en los distintos procesos de negociación que habían tenido lugar hasta entonces, la banda terrorista extendería sus acciones contra políticos, jueces, fiscales y «terroristas de la pluma».

En realidad, el terrorismo abertzale en el País Vasco ya había atentado directamente contra dirigentes de diferentes formaciones políticas durante los primeros años de la Transición. Como ya se trató en los capítulos III y IV del primer volumen de este proyecto, entre 1976 y 1982 la rama militar de ETA mató a varios afiliados de Fuerza Nueva, militantes tradicionalistas y de Alianza Popular. Otro tanto hicieron los CAA con miembros del PSOE y la UCD y los polimilis, que acabaron en 1980 con la vida de varios dirigentes de esta última formación. En este caso, la estrategia de ETApm, como han recordado Raúl López Romo y Gaizka Fernández Soldevilla, buscaba provocar una «mayor radicalización» que consistía en «causar traumas» tras constatar la escasa efectividad de su actividad terrorista, eclipsada frente al importante eco político y mediático que alcanzaban los numerosos atentados mortales de la rama militar de ETAiv. Para lograrlo, los polimilis optaron, hasta su desaparición definitiva en 1982, por la práctica de un terrorismo más selectivo con el fin de compensar su menor capacidad operativa. No volvieron a producirse atentados mortales contra dirigentes políticos hasta que los CAA acabaron a tiros en 1984 con la vida del senador socialista Enrique Casas.

Pero la situación cambió de forma radical unos años más tarde. Tal y como constató el juez Baltasar Garzón en el año 2002 a raíz del proceso judicial que terminó con la ilegalización de Batasuna, el debate que se abrió en el seno de la izquierda abertzale a mediados de los años noventa tenía un objetivo claro: agilizar el funcionamiento de la estructura social y política del entorno de ETA y nutrirlo de actividadvi. El nombre elegido para designar este proyecto fue Bizkar Hezurra (Columna Vertebral) y se desdobló en dos planos paralelos (véase capítulo X): el primero, llamado Txinaurri (hormiga), dedicado a establecer los objetivos e instrumentos para alcanzar la independencia; y Karramarro (cangrejo), urdido para crear la estructura idónea capaz de articular estos instrumentos. En el primero de los procesos se trataba de iniciar la «construcción nacional de una Euskal Herria independiente y socialista» sin esperar a forzar una negociación política con el Gobierno para conseguir la independencia, como habían tratado de hacer hasta ese momento. Fue precisamente a partir de este planteamiento como nació a principios de 1995 la denominada Alternativa Democrática de Euskal Herria, que terminó sustituyendo a la Alternativa KAS.

Por tanto, los objetivos estaban perfectamente delimitados. Tan solo faltaba por definir la segunda fase, Karramarro, cuya consecuencia sería la constitución de ETA-KAS como la genuina «columna vertebral» del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Sin embargo, su puesta en marcha implicaba que los miembros de KAS -Jarrai, HB, LAB, Gestoras…- debían cumplir a rajatabla sus directrices por encima de cualquier otra decisión adoptada por las organizaciones en las que militaban. Según el mismo juez Garzón, esta remodelación de KAS forzó una reforma en la estructura de HB a través del proceso Oldartzen que, en definitiva, supuso «la incorporación a la dinámica política de HB de los nuevos objetivos de KAS concretados en la «construcción nacional». Como confirmó un Zutabe meses después (septiembre de 1995), «existía un peligro real de caer en un debate tan largo como estéril» entre quienes propugnaban «cambiar la línea de raíz» y «los que no veían esa necesidad o parecían temerosos». «Uno de los elementos que ayudó fue la intervención de la organización, concretamente con la acción contra Ordóñez». De esta forma resumía ETA el valor y la importancia que tuvo su asesinato. En este sentido, el atentado mortal que acabó con la vida del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián no sirvió únicamente para extender el miedo y socializar el sufrimiento entre quienes se oponían a la imposición por la fuerza del proyecto abertzale, sino también como una prueba de fuego para constatar la consistencia de la nueva estructura y el liderazgo de ETA en todo este proceso.

Pero Ordoñez no fue el primer objetivo de esta nueva estrategia de «socialización del sufrimiento» que se puso en marcha tras la caída de la cúpula de Bidart. Como recuerda Javier Marrodán, en diciembre de 1994, un mes antes del asesinato del dirigente más carismático del Partido Popular en el País Vasco, la Guardia Civil desarticuló en Navarra un comando que pretendía atentar contra varios objetivos, entre ellos el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Jesús Aizpún y el expresidente del Gobierno Foral, el socialista Gabriel Urralburu.

Aunque las FCSE lograron evitar aquellos atentados no pudieron hacer lo mismo con el que acabó con la vida de Gregorio Ordoñez

 

 

2.CRÓNICA DE UN CRIMEN.

En las navidades de 1994 el miembro de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, ordenó a Valentín Lasarte Oliden, Potxolo, que recabara información sobre los movimientos de Gregorio Ordóñez Fenollar, uno de los hombres más carismáticos del Partido Popular en el País Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. Su objetivo no era otro que ir preparando un atentado para asesinarle. Con ello, la organización terrorista confirmaba lo que había debatido y aprobado en la ponencia Oldartzen: socializar el sufrimiento, es decir, advertir a todos aquellos que se oponían a su proyecto que nadie estaría a salvo a partir de entonces, y los primeros objetivos serían los representantes políticos de los partidos no nacionalistas, aquellos a quienes consideraba enemigos de Euskal Herria.

Lasarte trabajaba en aquellos momentos como camarero en un bar que regentaba su padre en la parte vieja de la capital donostiarra y gracias a ello pudo controlar discretamente los movimientos de Ordóñez por la zona, situada muy cerca del Ayuntamiento. Tras varios días de seguimientos comunicó a García Gaztelu y a un tercer miembro del comando Donosti del que formaban parte, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata y Mikel, los datos necesarios para llevar a cabo el atentado contra el miembro del Partido Popular. Sin embargo, Gregorio Ordóñez entraba a primera hora de la mañana a trabajar en su despacho de consistorio municipal, pero no tenía una hora fija de salida a la hora de comer. La oportunidad ideal para cometer el atentado surgió unas semanas después, el 23 de enero de 1995. Ese día, sobre las 15:00 horas, Lasarte vio como Ordoñez entraba en el bar-restaurante «La Cepa», ubicado en la calle Treinta y Uno de Agosto de San Sebastián, acompañado por Enrique José Villar, Kote, María San Gil e Iciar Urtasun. Tras observar que el grupo se sentaba en una mesa y se disponía a comer, el terrorista avisó por teléfono a sus dos compañeros del comando, que se encontraban en esos momentos esperando en un piso del barrio donostiarra de Gros el momento justo para cometer el atentado. García Gaztelu y Carasatorre Aldaz cogieron sus armas y se encaminaron hacia el restaurante. Al llegar al local Lasarte les indicó donde se encontraba sentado Gregorio Ordoñez. Uno de los terroristas (nunca se pudo concretar quién fue) entró en el comedor y disparó sobre él a bocajarro, alcanzándole en la cabeza y provocando su muerte en el acto. María San Gil, secretaria personal del miembro del Partido Popular, quedó sobrecogida, sin embargo, segundos después logró reaccionar y salió del restaurante corriendo detrás del terrorista que huyó del lugar de los hechos a pie, perdiéndose rápidamente entre las calles de la parte vieja.

Para comprender el alcance político y social que tuvo el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián es necesario trazar un breve recorrido sobre su trayectoria y todo lo que significó Gregorio Ordoñez. El miembro del Partido Popular del País Vasco había nacido en Venezuela en 1958, después de que sus padres emigrasen a este país tras la Guerra Civil. Cuando tenía tan solo siete años Gregorio y su familia volvieron a España, concretamente a San Sebastián, y emprendieron una nueva vida. Con dieciocho años el joven comenzó a estudiar Periodismo en la Universidad de Navarra, carrera que terminó en 1981 para empezar poco después a trabajar en Norte Exprés. La vida de Ordóñez estuvo siempre ligada a la capital donostiarra. Fue allí donde conoció a su novia, Ana Iribar, con la que terminaría casándose en 1990 y teniendo un hijo tres años después, Javier Ordóñez Iribar. Hombre inquieto y preocupado por la convulsa vida política vasca, marcada profundamente por el terrorismo de ETA, el joven Gregorio ingresó en las juventudes de Alianza Popular en unos momentos especialmente difíciles para la formación conservadora. Su carrera política fue rápida y fulgurante. Con apenas 24 años fue elegido concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián y comenzó a encargarse del área de Legalidad Urbanística. Cuatro años después pasó a estar al frente de Turismo y fue designado responsable del Centro de Atracción y Turismo (CAT) y en 1991, se puso al frente del área de Urbanismo.

Tanto en el Ayuntamiento de San Sebastián como en la Cámara vasca (fue elegido parlamentario por el Partido Popular en 1990) Ordóñez destacó como un hombre firmemente comprometido con la defensa de los principios democráticos frente al terrorismo. Su carácter abierto, sociable y su discurso directo y beligerante contra ETA, en una época marcada por el miedo a expresar cualquier tipo de crítica al nacionalismo, hicieron que rápidamente llamara la atención, sobre todo entre los votantes no nacionalistas. El PP por fin parecía haber encontrado un referente tras la penosa travesía por el desierto que había arrastrado el centro-derecha en el País Vasco a lo largo de más de una década. De hecho, como recordó en primera plana el diario El Mundo al día siguiente de su asesinato. Ordoñez era en aquellos momentos «el político con mayor apoyo electoral en San Sebastián» según constataban los últimos comicios.

Sin embargo, ese mismo carácter y la claridad de sus posiciones políticas también hizo crecer un rechazo profundo y visceral contra su persona entre amplios sectores del mundo nacionalista, donde era calificado «un mal vasco», alguien que no merecía ser considerado como tal. En esos términos despectivos y excluyentes se refirió a él Imanol Beristain, concejal de EA en el Ayuntamiento de San Sebastián el 14 de enero de 1995 en una carta publicada en el diario Egin, tan solo unos días antes de su asesinato. En la misiva, dirigida al líder del PP, se afirmaba lo siguiente: «Que sea usted concejal de Donostia, para todo buen vasco, sobre todo si es nacionalista, supone una provocación. Dios quiera que no sea por mucho tiempo». Eran solo los deseos de un contrincante político. Los episodios más graves llegaron en forma de amenazas y Gregorio Ordóñez las sufrió de todo tipo. «Te quedan pocos días», le llegó a espetar en la calle un joven de Jarrai, después de haber intentado agredirle por llevar el lazo azul que reclamaba la libertad del empresario Julio Iglesias, secuestrado por ETA. En otras ocasiones el acoso llegó por vía telefónica y fue mucho más explícito, a través de mensajes que quedaron grabado en su contestador: «A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Otra declaración tuya más y tu familia, cualquiera de ellos, corre riesgo de morir. Fuera de Euskadi, cabrón». Se trataba de amedrentar al oponente político para emprender una limpieza ideológica en el País Vasco donde solo tuvieran cabida los nacionalistas. A pesar de ello Ordoñez nunca se arredró, ni siquiera cuando leyó en Egin en septiembre de 1994, unos meses antes de ser asesinado, una amenazadora carta firmada por Antton López Ruiz, Kubati. En la misiva el pistolero de la banda terrorista, que había acabado antes con la vida de su excompañera de la organización terrorista, Dolores González Catarain, Yoyes, se despachaba sin contemplaciones contra varios dirigentes políticos. Entre ellos citaba expresamente a Ramón Jáuregui, Juan María Atutxa, Iñaki Anasagasti y al propio Gregorio Ordoñez, en este último caso en dos ocasiones, y expresaba un inquietante deseo: «que algún día, al poner la radio, oiga por ella una buena noticia que me alegre el día».

Ordoñez siempre dejó claro cuál fue el motivo que le había animado a entrar en política en aquellos años tan difíciles. «Me metí en política, porque quiero mucho a mi tierra y no quería verla doblegada por el yugo de los pistoleros de ETA y también porque no me daba la gana de actuar de un pistolero verbal, Xabier Arzalluz». Además de ello, también puso de manifiesto su posición absolutamente contraria a establecer cualquier tipo de negociación política con la organización terrorista para lograr el final de la violencia. «Si el Gobierno negocia con ETA significa que estamos prostituyendo la democracia, significa que vale más comprarse una escopeta que votar. […] No valen las negociaciones políticas y el único camino para conseguir la paz son los éxitos policiales».

Pero existieron otras circunstancias en torno al asesinato de Gregorio Ordoñez que hay que considerar y tener en cuenta. El día siguiente del atentado mortal contra el dirigente del Partido Popular la periodista de El Mundo Carmen Gurrutxaga (acosada por ETA y objeto de un atentado contra su vivienda el 22 de diciembre de 1997), publicó un artículo impactante. En el mismo daba cuenta de los nuevos datos que, al parecer, había conseguido el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, como parte de una investigación que venía desarrollando sobre posibles infiltrados de ETA en la Policía Municipal de la capital donostiarra. Gregorio Ordoñez había manifestado a la periodista tan solo unas horas antes de ser asesinado, que había «dado con algo muy gordo. Y en el momento que lo tenga cerrado os lo cuento». La historia, arrancaba unos meses atrás, cuando las FCSE habían detenido a dos agentes municipales de San Sebastián. Uno de ellos, José María Lizarraga, fue posteriormente puesto en libertad sin cargos, pero el otro, Patxi Añorga, fue juzgado y condenado a seis años de prisión mayor por colaboración con banda armada. El hecho es que Ordóñez, basándose en las declaraciones del primero estaba convencido de que pasaba información a ETA y a partir de ella la organización terrorista había asesinado a Olarte y a José Antonio Santamaría unos meses antes. A raíz de ello comenzó a investigar los casos de corrupción que existían dentro de la Guardia Municipal de San Sebastián, lo que le llevó a tener un duro enfrentamiento con el alcalde socialista, Odón Elorza. El desarrollo de la trama y de los acontecimientos se precipitaron de forma dramática unos días después, cuando el comando Donostia de la banda terrorista acabó con la vida de Alfonso Morcillo. La víctima, sargento jefe de la brigada de investigación de la Policía Municipal de San Sebastián, según recordó posteriormente el periodista José María Calleja, había dedicado los últimos meses a tratar de desenmascarar a los topos que la organización terrorista había introducido dentro de aquel cuerpo. Un año después del asesinato de Alfonso Morcillo el sargento de la Guardia Municipal fue distinguido a título póstumo por la corporación de la capital donostiarra con la Encomienda de la ciudad en reconocimiento «por su gran labor desarrollada en el Cuerpo en beneficio de San Sebastián y de todos los donostiarras y por su impecable trayectoria profesional».

Unos minutos antes de ser asesinado, Ordóñez mantuvo una conversación informal en su despacho del ayuntamiento con un periodista de El Diario Vasco, a quien manifestó. «No estoy tranquilo, tengo miedo» […] «Me han dicho que Lizarraga vuelve a estar activo». Nunca pudo probarse que este último tuviera relación con su asesinato, ni que este fuera cometido como respuesta a la investigación que estaba realizando Ordóñez, pero el hecho, pero lo cierto, como declaró el miembro del PP a este periódico poco antes de sufrir el atentado que acabó con su vida, era que estaba sumamente preocupado tras su puesta en libertad.

3.UNA SOCIEDAD CONMOCIONADA.

Las muestras de estupor y condena de las fuerzas políticas vascas tras el asesinato de Ordoñez fueron prácticamente unánimes. La cúpula del PP, profundamente afectada por el atentado que había segado la vida de su hombre más popular y querido en el País Vasco, hizo un llamamiento a la serenidad. El rey Juan Carlos interrumpió un acto oficial para dar de viva voz el pésame a la familia, el presidente del Gobierno Felipe González telefoneó a José María Aznar, líder del PP, y el ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, regresó precipitadamente de un viaje a Israel, lo que da una idea del impacto político que tuvo aquel asesinato.

La excepción, como siempre, fue Herri Batasuna. La junta de portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián se reunió de urgencia unas horas más tarde del asesinato para elaborar un comunicado de condena que contó con el apoyo del resto de los partidos. Sin embargo, Joseba Álvarez, concejal de la coalición abertzale, se remitió al pleno posterior, aduciendo que en esos momentos la postura oficial de HB se estaba debatiendo en la Mesa Nacional de esta formación. Finalmente, ni él ni sus compañeros acudieron al citado pleno. En medio de la conmoción provocada por aquel atentado mortal la el brazo político de ETA recurrió al argumentario ensayado y repetido durante más de tres décadas, desprovisto de la más mínima sensibilidad humana ante otro crimen execrable, y «situándolo en el marco de la confrontación entre el País Vasco y España». Los concejales de los partidos democráticos reunidos en el pleno de urgencia aprobaron una condena unánime del atentado, destacaron la trayectoria política y la firmeza de su teniente de alcalde frente al terrorismo y animaron a que todos los ayuntamientos vascos presentasen la misma moción en sus plenos.

“Quienes han acabado con la vida del primer teniente de alcalde de San Sebastián y miembro del Parlamento Vasco, pretenden con este acto eliminar los fundamentos de la Democracia, realizando un ataque frontal y violento al funcionamiento pacífico de las instituciones públicas de las que era representante democráticamente elegidoi. Comprobar quienes apoyaron la moción”.

Siguiendo el llamamiento del pleno municipal de San Sebastián, otros ayuntamientos vascos, muy pocos, presentaron la misma moción, apoyada por el PSE-EE, PNV, PP, EA y EUE. En la mayor parte de los casos el resultado fue muy similar: ningún concejal de HB rechazó el atentado. Así ocurrió, por ejemplo, en Andoain, Irún, Fuenterrabía o Zarauz. Las excepciones que hubo, muy pocas, tan solo sirvieron para comprobar la solidez de la fidelidad de los representantes de la coalición abertzale. La más significativa fue la de la concejal de San Sebastián, Begoña Garmendia, portavoz en el ayuntamiento y parlamentaria por HB en la Cámara vasca, quien rompió la disciplina interna de su grupo y criticó públicamente el asesinato de Gregorio Ordoñez a «título personal», según sus palabras «cumpliendo con lo que me exige mi conciencia humana y mi dignidad política»ii. En una comparecencia voluntaria ante los medios informativos en el ayuntamiento de San Sebastián, Garmendia expresó lo siguiente:

“Gregorio Ordóñez era probablemente el adversario más contundente de cualquiera que fuese abertzale o progresista en el marco de la institución del Ayuntamiento y del Gobierno de la ciudad, pero como adversario político debía de ser combatido con armas políticas y en el marco de una confrontación política”.

Se trataba del mismo texto que la abogada había presentado un día antes la Mesa Nacional de HB, en el que manifiesta su «total desacuerdo» y su «más firme rechazo a este acto». Tras «lamentar profundamente la muerte de Gregorio Ordóñez y mostrar su voluntad de expresar «con toda sinceridad mi condolencia a sus familiares y allegados», Garmendia afirmó que «este atentado se caracteriza como una intervención de carácter armado en el campo de la lucha político-institucional, circunstancia, a mi entender, absolutamente rechazable». Aunque el texto reproducía en cierto modo la alambicada terminología de la izquierda abertzale y evitaba deliberadamente pronunciar la palabra condena, en un mundo tan cerrado y vigilado como aquel, donde las disidencias públicas podían tener fatales consecuencias, la declaración de la concejal de HB fueron recibidas como un importante avance por el resto de representantes de las fuerzas políticas democráticas. El propio lehendakari Ardanza destacó el gesto como «una actitud valiente», con la esperanza de que significase un punto de referencia para otras personas que se encontraban en aquellos momentos dentro de HB a las que instó a «tener la valentía de seguir los pasos de la concejal». En parecidos términos se expresó el líder del Partido Popular, José María Aznar. Sin embargo, a pesar de la importancia que dieron los representantes políticos de los partidos democráticos a aquel desmarque puntual, apenas se produjeron disensiones internas en la izquierda abertzale tras aquel asesinato. Javier Olaverri, exparlamentario por EE y concejal independiente en aquellos momentos en el ayuntamiento de la capital donostiarra, se mostró mucho más escéptico sobre la posibilidad de que el asesinato terminase afectando a la posición que durante todos aquellos años había mantenido HB sobre la violencia. Txema Montero, antiguo dirigente de la coalición, pero alejado de ella tras el atentado de Hipercor, manifestó que aquel asesinato representaba «un auténtico test interno para ver quiénes siguen siendo amigos, después de un salto cualitativo como es éste, de atentar contra un político exclusivamente por el hecho de serlo».

Solo unas pocas voces críticas se desmarcaron públicamente de la postura oficial de HB, como ocurrió en el Ayuntamiento de Pamplona, donde la concejal abertzale Mariné Pueyo rechazó el asesinato de Ordóñez, lo mismo que Patxi Zabaleta, parlamentario navarro y miembro de la Mesa Nacional de la coalición que posteriormente lideraría una escisión dentro HB. Por su parte, el exdirigente de ETA, Julen Madariaga, un hombre con un cierto halo simbólico por su trayectoria, pero para entonces con un nulo peso político en ese mundo, manifestó unos días después del atentado que si ETA había matado a Ordoñez y HB estaba de acuerdo dejaría su militancia. En definitiva, el atentado, salvo contadas excepciones, tan solo sirvió para avalar las tesis más ortodoxas de la izquierda abertzale y poner a prueba el apoyo incondicional de la coalición y la sumisión a ETA.

 

Cada pequeño avance que detectaban los representantes de los partidos políticos democráticos se veía empañado en muy poco tiempo por el cierre de filas de aquella comunidad profundamente identificada con la organización terrorista, o por los matices de los contados miembros de la izquierda abertzale que se atrevían a disentir de la mayoría. La propia Begoña Garmendia fue incapaz de apoyar dos semanas más tarde de aquel atentado la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de San Sebastián a Gregorio Ordónez y la propuesta del Ayuntamiento para poner una calle con su nombre nombre en la capital donostiarra. Todavía como portavoz del grupo municipal de Herri Batasuna, la concejal manifestó que la coalición no podía suscribir aquel acuerdo y utilizó una fórmula tan rebuscada como estrambótica para justificar su postura y evitar participar en la votación: «la presencia ausente» de la coalición en el pleno. Las explicaciones fueron aún más reveladoras sobre la posición que mantenían sus representantes. Garmendia afirmó en nombre de la coalición abertzale que el miembro del Partido Popular y teniente de alcalde del Ayuntamiento no era el único que había sido objeto de la violencia y recordó la reciente muerte del simpatizante de HB Imanol Lertxundi tras sufrir un ataque cardiaco en una manifestación; el juicio por la muerte de Juan Calvo en dependencias de la Ertzaintza y la pérdida de un ojo de una mujer vecina de San Sebastián, al ser alcanzada por una pelota de goma durante una manifestación convocada por las Gestoras Pro-Amnistía. De nuevo el argumento de los dos bandos y la mezcla de víctimas de distinta naturaleza para «enmarcar» un asesinato planificado y ejecutado a sangre fría contra aquellos a quienes ETA consideraba enemigos políticos. A pesar de ello, Begoña Garmendia fue tachada de «txakurra» (así apareció en varias pintadas) y terminó dimitiendo poco después por su desacuerdo con la línea oficial de la coalición abertzale. El pronunciamiento público de la concejal donostiarra contra aquel asesinato no sirvió para arrastrar a otras voces críticas con la violencia de ETA dentro de HB. Lejos de ello, algunos destacados representantes de las organizaciones más importantes de ese mundo, como Mikel Zubimendi, que posteriormente pasaría a la clandestinidad y se incorporaría a ETA, llegó a afirmar en una rueda de prensa de Jarrai, que con aquel atentado «se había hundido el buque insignia del fascismo español».

Estupor e incredulidad fueron algunos de los términos más repetidos por la prensa al día siguiente del asesinato. El socialista Fernando Múgica, que sería asesinado por la misma organización terrorista un año después, comparó aquel atentado con el cometido casi diez años antes en la misma capital donostiarra por los CAA que había terminado con la vida de su compañero, el senador Enrique Casas. «He sentido el mismo asco que entonces». Aquel crimen había marcado de algún modo una línea que la mayor parte de los partidos democráticos y de la propia sociedad vasca, creían infranqueable: el asesinato de un representante político, de un cargo elegido en democracia por la voluntad popular. Sin embargo, como ya hemos apuntado, la situación había cambiado en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, tras la aprobación de la ponencia Oldartzen. El Secretario General del PSE-EE se dirigió a los militantes de este partido y a los del PP para decirles que se tomaran este asesinato «como si fuera uno de los nuestros».

La historiadora Irene Moreno Bibiloni ha analizado lo que significó aquel asesinato y la trascendencia que tuvo:

“fue el punto de inflexión no solo en la estrategia de ETA, sino en la percepción que se tenía de las víctimas. El asesinato de un político en un contexto democrático de mitad de los noventa resultó indignante y doloroso para la gran mayoría de la población y abrió el camino a un nuevo estilo de movilización”.

Esta última se fue fraguando a mediados de la década de los años noventa. Como se publicó al día siguiente de aquel asesinato, ETA no había atentado solamente contra un ser humano, sino «también contra los pilares del sistema democrático»iv. El periodista José María Calleja, también perseguido por ETA por su comprometida postura frente al terrorismo, afirmó posteriormente que a Gregorio Ordoñez lo asesinaron «por su capacidad de liderazgo en la lucha contra el miedo, porque defendía unas ideas que están proscritas desde el punto de vista nacionalista».

La prensa de aquellos días y algunos de los trabajos de investigación centrados en la respuesta social contra el terror dan cuenta de la importante movilización que se produjo tras el asesinato de Ordóñez. La recepción del féretro en la capilla ardiente, instalada en el Ayuntamiento de San Sebastián, fue uno de los actos más intensos y emotivos de cuantos tuvieron lugar aquellos días. Allí se pudieron escuchar gritos de «¡Alcalde, alcalde!», «¡ETA asesina!» y «¡Viva España!». Fuera del palacio consistorial se congregó una auténtica marea humana que esperó pacientemente su turno en los jardines de Alderdi Eder para presentar sus respetos ante el cuerpo de teniente de alcalde asesinado. Mientras tanto, miles de estudiantes y profesores recorrieron el campus universitario de Ibaeta encabezados por una pancarta en la que podía leerse «Gregorio somos todos». Al mediodía, siguiendo la convocatoria hecha por el pleno del Ayuntamiento, la ciudad guardó cinco minutos de silencio y ya por la tarde una gran multitud recorrió en manifestación las calles de la capital donostiarra en dirección hacia Amara, para terminar frente a la Iglesia de la Sagrada Familia, donde se celebró el funeralv. Al oficio religioso asistieron, entre otras muchas personalidades de la vida política vasca y española, el presidente del Partido Popular, José María Aznar, el lehendakari José Antonio Ardanza; el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa; el ministro Belloch, y diversos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el interior del templo, el obispo de San Sebastián José María Setién ofició la ceremonia acompañado por el cardenal Suquía y 25 sacerdotes. Durante la ceremonia se dirigió a los presentes, pero también a la organización terrorista que había acabado con la vida del teniente de alcalde de San Sebastián para pedir que abandonara las armas:

“…una grave llamada a ETA a fin de que preste a este pueblo, por cuya libertad dice luchar, el mayor y mejor servicio que le puede hacer, que es el de dejar las armas y abrir así las vías adecuadas para lograr la paz por el camino del mutuo entendimiento”.

Aquel asesinato fue el inicio de un proceso que cambiaría la percepción de la sociedad vasca y española frente a ETA: la presencia en el espacio público del colectivo de víctimas del terrorismo, prácticamente invisibles e ignoradas hasta ese momento. Unos pocos días más tarde, el 28 de enero, tuvo lugar en Bilbao la tradicional manifestación que venía celebrando los últimos años la asociación Gesto por la Paz, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gandhi. Miles de personas, entre ellas la mayor parre de los líderes de los partidos democráticos en el País Vasco, llenaron las calles de la capital vizcaína profundamente afectados por el reciente asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián. Fue, sin duda, la manifestación más numerosa que se celebró aquellos días, pero como ha afirmado Irene Moreno Bibiloni, hubo otras que tuvieron un enorme significado. Unos días más tarde, el 10 de febrero, una nueva plataforma ciudadana, denominada «Basta ya», impulsada por miembros del colectivo Denon Artean, hizo un llamamiento ciudadano para concentrarse de forma pacífica y silenciosa durante diez minutos al día siguiente frente a la sede de HB en la calle Urbieta de San Sebastián. En el llamamiento, apoyado por cerca de mil personas, «representativas de diversas ideologías y sectores sociales», se emplazaba de forma explícita y directo a la coalición abertzale:

“… para pedir a HB que deje de apoyar a ETA, para que nadie (político, ertzaina, guardia civil o policía, militar, periodista, médico, camello…) vuelva a ser asesinado en nombre del pueblo vasco y para que cualquiera, -incluidos los de HB, pueda pensar y expresar libremente sin ser colocado en el punto de mira de una de las pistolas de ETA”.

Según explicaba el colectivo, este se había formado después del asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián, y, sobre todo, «tras las amenazas de KAS a los periodistas». La novedad no estaba en el lema utilizado (en 1980 lo habían usado los vecinos de Zorroza o la manifestación de Gesto por la Paz en enero de 1989), sino en el hecho de que la concentración se realizase frente a la sede de HB, señalando claramente a quienes consideraban cómplices del asesinato de Ordóñez. La izquierda abertzale, que había monopolizado prácticamente el espacio público con su presencia amenazadora contra todos aquellos a quienes consideraba «enemigos del pueblo vasco», reaccionó con virulencia, convocando una contramanifestación (como haría posteriormente durante los secuestros que tuvieron lugar unos pocos años más tarde). En ella se profirieron graves insultos y amenazas dirigidos a las personas que portaban carteles con el lema ¡Basta ya! entre gritos de «Gora ETA militarra» (Viva ETA militar), «Zuek ere txakurrak zarete» (Vosotros también sois perros, en alusión al apelativo empleado para referirse a las FCSE), «Gu ETAkin, ETA, Gurekin», (Nosotros con ETA, ETA con nosotros) y «Alde hemendik Espainarealdera» (Iros a España). Tras la concentración algunas personas que secundaban la concentración de la plataforma ciudadana, al igual que varios periodistas que cubrían el acto, fueron perseguidos, hostigados y agredidos por los militantes y simpatizantes de HB.

El comportamiento de la sociedad vasca frente al terrorismo y a favor de las victimas había comenzado a cambiar. Sin embargo, el odio que alimentó el mundo abertzale contra ellas, incluso después de acabar con sus vidas siguió perviviendo durante años. Consuelo Ordoñez, la hermana del dirigente del Partido Popular y la viuda de este, Ana Iribar, sufrieron durante mucho tiempo el acoso del entorno de ETA hasta que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco. La primera fue insultada y agredida en varias ocasiones por elementos de la izquierda abertzale. Como ella misma recuerda: me abrieron la cabeza de un botellazo en el casco viejo de San Sebastián; y hasta me acostumbré a que me gritaran por la calle y en las contramanifestaciones «Ordóñez a Polloe» y «Ordóñez, devuélvenos la bala». En el año 2003 Consuelo tuvo que exiliarse del País Vasco, como otras muchas víctimas de la persecución del nacionalismo radical, tras recibir una llamada del ministro del Interior Ángel Acebes, quien la alertó de que su vida corría un grave peligro al haber detectado que ETA la había incluido entre sus objetivos. Pero el odio no terminaría tan pronto. En enero de 2007 la tumba del líder del PP vasco fue profanada por dos menores de apenas catorce años de edad, un acto por el que fueron condenados a realizar setenta horas de trabajo en favor de la comunidad como autores confesos de un delito de menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo.

4.AVISO A NAVEGANTES.

La práctica de la socialización del sufrimiento no significaba solamente la posibilidad de atentar mortalmente contra aquellos a quienes ETA consideraba el «enemigo», sino señalar, cercar y hacer literalmente la vida imposible a todos aquellos cargos, representantes e incluso militantes de los partidos contrarios al terrorismo que practicaba esta organización. En poco tiempo el punto de mira se ampliaría para abarcar también a periodistas, profesores, intelectuales y miembros de la judicatura. Como ha recordado Florencio Domínguez, se trataba «lisa y llanamente, (de) perpetrar agresiones personales, acosar en la vida cotidiana a los ciudadanos -por ejemplo, cuando utilizaban el transporte público, atacando una y otra vez- hacer la vida imposible, a menudo al pie de la letra, a los adversarios políticos». El mismo periodista ha señalado, siguiendo al sociólogo Peter Waldmann, que la adopción de la nueva estrategia supuso en realidad un cambio sustancial de la organización, al pasar de ser un grupo terrorista de carácter insurgente a otro con pretensiones de paraestatalidad. Mientras el primero aspira a ganar apoyos sociales para su causa, lo que le obliga a tener un cierto cuidado en la selección de sus objetivos terroristas, el segundo tiene un carácter más punitivo y no pretende ser comprendido por la sociedad.

A finales de febrero de 1995, tan solo un mes después del asesinato de Ordoñez, el responsable de organización de Herri Batasuna, Rufi Etxeberría, uno de los hombres más importantes del entramado político de ETA, afirmó que la ponencia Oldartzen había recibido un amplio apoyo entre las bases de la izquierda abertzale, concretamente el 71,23 por ciento de la militancia votó a favor. En el debate habían participado 5.322 militantes en 211 asambleas locales de Navarra y las tres provincias vascas. Un 12 por ciento se abstuvo, aunque el líder de HB recordó que en ningún caso eso significaba un voto de castigo contra la línea oficial de la izquierda aberzale. Mucho más críticos se mostraron los representantes de Rentería, que presentaron un texto en el que manifestaban el derecho a criticar abiertamente a ETA (véase también el capítulo V). El documento en este caso tan solo recibió el apoyo de un 16,63% de la militancia de HB. Pero en aquella nueva situación no había lugar para los críticos. Tan solo un par de semanas más tarde los quince miembros del comité local de esta población dimitieron en bloque.

La ponencia dejaba claro algunos de los objetivos de la izquierda abertzale: «si se golpea a un eslabón bajo de la cadena política, la propia cadena magnifica el golpe y llega a atemorizar a toda la cadena»vi. Dos meses más tarde del asesinato de Ordoñez, el también dirigente de la izquierda abertzale, José María Olarra, dio cuenta del cambio de estrategia que había emprendido ETA y había asumido HB, sometida el control de la organización terrorista: «Hasta ahora solo hemos sufrido nosotros, pero están viendo que el sufrimiento comienza a repartirse», despreciando con ello el sufrimiento que para entonces ya había infligido a cientos de familias destrozadas por el asesinato de sus seres queridos. El 10 de julio el mismo miembro de HB declaró en el diario Egin que «nos va a tocar sufrir, pero ese sufrimiento lo vamos a compartir con ellos» y añadió como sentencia final: «cuando sufran lo que nosotros estamos sufriendo, quizás se replanteen muchas cosas». Olarra solo anunció lo que ocurriría poco después…

José Antonio Pérez Pérez

Instituto Universitario de Historia Social <Valentín de Foronda>.

NOTA:
Queremos agradecer a José Antonio Pérez el poder editar este artículo en nuestra web.
 
 
 
 
 
 

¡Únete a U30 Aldaketaldia!

Representantes de numerosos agentes sociales y sindicales han presentado la iniciativa U30 Aldaketaldia, que impulsa Larreko Mahaia . El objetivo es organizar el próximo dia 30 de Enero todo tipo de actividades en pueblos y barrios, así como en escuelas y centros de trabajo, con el fin de denunciar, desde lo local, la situación global de emergencia climática y, en general, ecológica (en este caso, muy particularmente en el ámbito de la biodiversidad).

En la actualidad ya están comprometidas actividades en más de una veintena de localidades o eskualdes de Gipuzkoa (Donostia, Orereta, Oiartzun, Goierri, Urola Bailara, Lasarte-Oria, Usurbil, Orio, Tolosa, Altzo…), incluida la manifestación unitaria que tendrá lugar en Donostia el mismo 30 de enero y que, a partir de las 17:00 horas, discurrirá entre Gladys Enea y el Bulevar.

Además, la iniciativa, que inicialmente surgió con carácter exclusivamente guipuzcoano, ha dado el salto a otros herrialdes y ya sabemos que también habrá actividades en localidades/eskualdes como Gasteiz, Bilbo, Arratia, Galdakao, Uribe-Kosta, Mungia, Morga u Ondarroa.

Entre las actividades, de todo un poco. Desde la antedicha manifestación unitaria de Donostia hasta una cadena humana, marchas montañeras, recogida de plásticos en ríos, charlas, presentaciones de libros, concentraciones, información en centros de estudios y de trabajo, etcétera.

LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA INICIATIVA U30 ALDAKETALDIA

Cuando las autoridades políticas, ahora con la excusa de la pandemia, quieren profundizar en un modelo económico y social insostenible, agudizando la crisis existente, es necesario exigir un cambio de dirección rotundo, formando una red de relaciones y activando una sociedad que dé pasos hacia una transición ecológica y social justa. Está claro que, si no hay una sociedad vasca activa en pro de ello, no se producirá este cambio de dirección a favor de la vida.

Es por ello que Larreko Mahaia propone realizar el 30 de enero, o en días anteriores o posteriores, acciones reivindicativas y de denuncia relacionadas con la crisis ecológica: charlas, concentraciones, marchas en bicicleta, limpieza de ríos, plantación de árboles, marchas a pie, acciones en espacios naturales amenazados por grandes proyectos… y todo lo que podáis imaginar.

Además, el 6 de febrero será el aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar y, por medio de las acciones organizadas en torno al 30 de enero, pretendemos también ayudar a socializar este problema. Porque, si algo ha quedado claro en Zaldibar, es que en Euskal Herria, en lo referente al medio ambiente, no se han hecho las cosas bien y se siguen sin hacer bien.

Por otra parte, en la lógica de “Pensar globalmente, actuar localmente”, nos parece imprescindible visualizar que la crisis global está directamente relacionada con lo que hacemos aquí, con las políticas de transporte, residuos, biodiversidad, ordenación territorial o saneamiento de los ríos. Lo que le ocurre al planeta empieza aquí, por decirlo así. Por lo tanto, queremos que la campaña que promovemos fusione lo local y lo global, dando pie, a la vez, a la colaboración entre diferentes grupos, de forma que sea punto de inicio para hacer frente de forma más eficaz a la crisis medioambiental.

Necesitamos un cambio. ALDA SISTEMA!

Bat egin U30ean has daitekeen ALDAKETALDIArekin.

Larreko Mahaia se constituyó en otoño de 2019 como confluencia de agentes sociales y sindicales de Gipuzkoa preocupados por la emergencia climática y ecológica. En la actualidad, está constituida por ELA, LAB, CCOO, ESK, STEILAS, EHNE, Ikasle Sindikatua, Greenpeace, Eguzki, Errausketaren Aurkako Mugimendua, GuraSOS, Ernai, Fridays For Future y Extinction Rebelion. También participan en la iniciativa U30 Aldaketaldia Haritzalde, Satorralaia, Uliako Lore Baratzak, Aire Garbia, Ipar Haizea, Landarlan, Ekologistak Martxan, AHTrik EZ, Urola Bizirik, Mutriku Natur Taldea, Antikapitalistak, BizilagunEKIN, Naturkon, Arkamurka, Ondarroa 12 mila y otros grupos.

SOBRE LA REFORMA DE LA RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS (RGI)


El Gobierno Vasco ha anunciado el inicio del proceso para la elaboración de la Ley para la reforma de la RGI, incluyendo en la norma el Ingreso Mínimo Vital, cuantificando el importe del ahorro que, este nuevo instrumento, supondrá para la RGI. Es preciso recordar que en el programa de gobierno se dice que en un escenario en el que la crisis económica, derivada del impacto del Covide-19, ha aumentado las situaciones de pobreza, exclusión y riesgo, los partidos que forman parte del Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE), comparten la necesidad de garantizar la solidaridad con las personas y colectivos más vulnerables y asumen como objetivo compartido el salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Y en ese objetivo, consideran como una de las herramientas esenciales la reforma de la R.G.I.

BAT-ETORRI CONSENSO, que agrupa a la mayor parte de asociaciones de pensionistas de Gipuzkoa y a personas representativas de las Asambleas Locales y Comarcales del territorio, ante la creación de una Renta Garantizada para pensionistas, quiere realizar algunas consideraciones. La polarización social, exclusión social y gran desigualdad, no son ajenas al colectivo de pensionistas por la situación de las personas pensionistas con escasos recursos económicos.

Por otra parte, nos parece importante constatar que, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN) presentado el pasado 15 de octubre de 2020, el Umbral de Pobreza relativa en Euskadi se sitúa en los 12.612,- €/año, es decir de 901,- €/mes en 14 pagas y el Umbral de Pobreza severa se sitúa en los 600,57 € mensuales en 14 pagas. De las personas que perciben la RGI, algo menos de 13.000, el 23,63% del total de las personas perceptoras, son pensionistas, en su mayoría mujeres. El mes de diciembre de 2020, en Euskadi había 562.534 pensiones. Pues bien, 228.682 pensiones (170.265 de mujeres), que suponen el 40,65 % del total en el País Vasco, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. Además, la cuantía de unas 118.000 pensiones (77.800 de mujeres), es decir, el 20,95 % del total de las pensiones vascas, es inferior al umbral de pobreza severa. Por otra parte, más de 242.500 pensiones (179.000 de mujeres), el 43,11% del total de las pensiones, están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Teniendo en cuenta lo que antecede, nos preocupa que, hasta la fecha, todas las modificaciones operadas en la RGI han sido para recortar su cobertura o dificultar el acceso a la misma. El año 2011, se recortó “de forma temporal” un 7% su cuantía y, para poder solicitar la ayuda, se incremento a tres años el período mínimo de empadronamiento y en 2016 sus cuantías se desvincularon del SMI. Sin entrar en otras cuestiones que, siendo de gran trascendencia, afectan al conjunto de la población, si queremos referirnos a las medidas que afectan al colectivo que representamos: las personas mayores cuyos ingresos dependen, casi en su totalidad, de las pensiones.

Antes de hacer efectivas esas medidas, en el caso de las unidades de convivencia formadas por perceptores de pensiones contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, los ingresos garantizados por la Ley entre la pensión y el complemento de la RGI, eran: 100% del S.M.I. para las unidades de convivencia unipersonales; 125% del S.M.I. para las unidades de convivencia de dos personas y un 135% del S.M.I. para las unidades de convivencia de tres o más personas. De seguir vigente esta norma, a día de hoy, las personas pensionistas, tendrían garantizados unos ingresos de 1.108,-€/mes; 1.385,.€/mes y 1.495,-€/mes en 12 pagas respectivamente. Sin embargo, el importe de ingresos mínimos que se garantizan en la actualidad son de 795,95 €/mes; 994,94€/mes y 1.074,53€/mes, respectivamente, es decir, más de un 28% de reducción.

Como es público y notorio, nuestra reivindicación a corto plazo, ha sido y es la de que no exista ninguna pensión en Euskadi por debajo del umbral de la pobreza, sin perder el objetivo de que ninguna pensión esté por debajo del SMI que, de acuerdo con la Carta Social Europea, debe situarse en una cuantía igual al 60% del salario medio del País, es decir de Euskadi, convendremos que tenemos un amplio camino por recorrer. Si el Gobierno Vasco tiene voluntad real para resolver los problemas de insuficiencia de las pensiones mínimas públicas, dispone de las competencias suficientes y del instrumento necesario que no es otro que la Renta de Garantía de Ingresos para hacer realidad la cohesión y la inclusión social. Es decir, sin dejar a nadie atrás.

CORREO PARA COMUNICARSE:batetorri.consenso@gmail.com

 

Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE/RGI) erreformari buruz

Eusko Jaurlaritzak iragarri du DSBEa erreformatzeko Legea egiteko prozesua hasi dela, eta arauan sartu du Bizi Gutxieneko Diru-sarrera, tresna berri horrek DSBEari ekarriko dion aurrezkiaren zenbatekoa zenbatuta. Gogoan izan behar da gobernu-programan esaten dela krisi ekonomikoak, 19. Kodearen inpaktuaren ondorioz, pobrezia-, bazterketa- eta arrisku-egoerak areagotu dituen egoera batean, Eusko Jaurlaritza osatzen duten alderdiek (EAJ eta PSE-EE) bat egiten dutela pertsona eta kolektibo ahulenekiko elkartasuna bermatzeko beharrarekin, eta helburu partekatutzat hartzen dutela krisialditik irtetea, inor atzean utzi gabe. Eta, helburu horri dagokionez, IEOren erreforma funtsezko tresnetako bat dela uste dute.

BAT-ETORRI/CONSENSOk, Gipuzkoako pentsiodunen elkarte gehienak eta lurraldeko tokiko eta eskualdeko batzarrak ordezkatzen dituzten pertsonak biltzen dituenak, pentsiodunentzako Errenta Bermatua sortzearen aurrean, zenbait gogoeta egin nahi ditu. Polarizazio soziala, gizarte-bazterketa eta desberdintasun handia pentsiodunen kolektibotik at daude, baliabide ekonomiko urriak dituzten pentsiodunen egoera dela eta.
Bestalde, garrantzitsua iruditzen zaigu egiaztatzea, pobreziaren aurka borrokatzeko Europako Sareak (EAPN) 2020ko urriaren 15ean aurkeztutako txostenaren arabera, Euskadiko Pobreziaren Atari erlatiboa 12.612, – €/ urtean dela, hau da, 901, – €/ hilean 14 ordainsaritan, eta Pobrezia larriaren Ataria 600,57 €-tan dagoela hilean. DSBE jasotzen duten pertsonen % 23,63 pentsiodunak dira, 13.000 baino zertxobait gutxiago, gehienak emakumeak. 2020ko abenduan, Euskadin 562.534 pentsio zeuden. Bada, 228.682 pentsiok (170.265 emakumek), Euskadiko pentsio guztien % 40,65, pobrezia-atalasea baino zenbateko txikiagoa dute. Gainera, 118.000 pentsioren zenbatekoa (77.800 emakume), hau da, euskal pentsio guztien % 20,95, pobrezia larriaren muga baino txikiagoa da. Bestalde, 242.500 pentsio baino gehiago (179.000 emakume), pentsio guztien % 43,11, Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren azpitik daude.

Aurrekoa kontuan hartuta, kezkatzen gaitu orain arte DSBEan egindako aldaketa guztiak estaldura murrizteko edo sarbidea zailtzeko izan direla. 2011n, % 7 murriztu zen “aldi baterako” zenbatekoa, eta, laguntza eskatu ahal izateko, hiru urtera handitu zen gutxieneko erroldatze-aldia, eta 2016an, zenbatekoak LGStik bereizi ziren. Garrantzi handikoak izan arren, herritar guztiei eragiten dieten beste gai batzuetan sartu gabe, ordezkatzen dugun kolektiboari eragiten dioten neurriak aipatu nahi baditugu: diru-sarrera ia guztiak pentsioen mende dituzten adineko pertsonak.

Neurri horiek gauzatu aurretik, Gizarte Segurantzako pentsio kontributiboak edo ez-kontributiboak jasotzen dituzten bizikidetza-unitateen kasuan, legeak pentsioaren eta DSBEaren osagarriaren artean bermatzen dituen diru-sarrerak honako hauek ziren: Gizarte Segurantzaren % 100 pertsona bakarreko bizikidetza-unitateentzat; Gizarte Segurantzaren % 125 bi pertsonako bizikidetza-unitateentzat eta Gizarte Segurantzaren % 135 hiru pertsona edo gehiagoko bizikidetza-unitateentzat. Arau hori indarrean jarraituz gero, pentsiodunek 1.108 €/ hileko, 1.385 €/ hileko eta 1.495 €/ hileko diru-sarrerak bermatuta izango lituzkete, 12 ordainsaritan, hurrenez hurren. Hala ere, gaur egun bermatzen diren gutxieneko diru-sarreren zenbatekoa 795,95 €/ hilean da; 994,94 €/ hilean eta 1.074,53 €/ hilean, hurrenez hurren, hau da, % 28ko murrizketa baino gehiago.

Publikoa eta nabarmena denez, epe motzera, gure aldarrikapena izan da eta da Euskadin pentsiorik ez egotea pobreziaren atalasetik behera, helburu hau galdu gabe: pentsio bat ere ez egotea LGSren azpitik, Europako Gutun Sozialaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko, hau da, Euskadiko batez besteko soldataren % 60 izan behar baitu. Eusko Jaurlaritzak gutxieneko pentsio publikoak nahikoak ez direlako arazoak konpontzeko benetako borondatea badu, nahikoa eskumen eta beharrezko tresna ditu, eta hori Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta da, kohesioa eta gizarteratzea gauzatzeko. Hau da, inor atzean utzi gabe.

BAT ETORRI/CONSENSOren adierazpena(2021.01.25)



Guía definitiva para desmentir bulos sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19

Con 95 millones de personas infectadas y cerca de 2 millones de fallecidos a nivel global la pandemia de covid-19 está causando estragos. Pese a la alta similitud que tiene con otros virus, las dudas que rodean al coronavirus SARS-CoV-2 han sido constantes, incluidas aquellas sobre su existencia, origen y transmisión.

Laboratorios de todo el mundo están realizando un esfuerzo sin precedentes para contestar los interrogantes a los que nos enfrentamos cuando aparece un virus nuevo. El problema es que, al contrario de lo que ocurre con la información falsa, la ciencia es un proceso lento y metódico que no siempre avanza a la velocidad que nos gustaría. Por suerte el tiempo y la investigación acaban esclareciendo estas dudas mediante datos objetivos y el consenso científico.

Estas son las dudas (y bulos) más comunes que rodean al coronavirus.

El virus no se ha aislado ni purificado

Falso. Uno de los principales argumentos de las personas que niegan la existencia del virus es afirmar que no se ha podido aislar de pacientes. En general argumentan que la partícula viral, o virión, no se puede separar de otras partes de la célula por sus características (densidad, forma o tamaño) y son indistinguibles de ellas.

Es cierto que el tamaño de una partícula viral se asemeja a algunas partículas esféricas de la célula llamadas vesículas. Sin embargo, la principal diferencia es que los viriones son infectivos y se multiplican si se ponen en contacto con células, y las vesículas no. Para profundizar más aquí podemos encontrar una publicación que explica cómo distinguir viriones de coronavirus en células escrito por científicos especializados en microscopía electrónica.

Además, hay otras evidencias abrumadoras de que este nuevo coronavirus ha sido aislado. Estas incluyen:

  • El virus se ha aislado y purificado a partir de muestras de decenas de miles de pacientes de covid-19 por todo el mundo y se ha publicado en revistas científicas de prestigio. Sin ir más lejos, en el artículo que dio a conocer este virus al mundo en enero de 2020 se detalla cómo se aisló virus de pacientes con neumonía en Wuhan para estudiarlo en cultivos celulares. De hecho, aquí se mostraron por primera vez al mundo fotografías reales del SARS-CoV-2:
  • El virus aislado se puede cultivar en el laboratorio, ver cada una de sus proteínas, cuantificar y secuenciar su genoma, usar para infectar cultivos celulares y modelos animales donde se reproduce la enfermedad. Esto es algo imposible de hacer con vesículas.
  • Disponemos de clones infectivos del virus. Un clon infectivo es una copia del genoma del virus que usamos en el laboratorio como herramienta que nos permite generar las variantes genéticas del SARS-CoV-2 que queramos estudiar.
  • En los laboratorios podemos pedir o comprar cualquiera de las variantes que se ha aislado. Cuando se solicitan, nos envían un pequeño volumen de virus que podemos amplificar para generar más cantidad y poder hacer los experimentos.

En definitiva, nada de esto sería posible si no se hubiera aislado el virus.

El genoma de SARS-CoV-2 es un artefacto informático

Falso. Para clarificar este tema, vamos a explicar brevemente como se lleva a cabo la secuenciación genética de las muestras de pacientes:

Secuenciación del genoma de SARS-CoV-2 a partir de muestras de pacientes. Elaboración propia.

El primer paso es la secuenciación genética de fragmentos pequeños (llamados “lecturas”) a partir de las muestras de un paciente. Por limitaciones de la técnica, no se pueden secuenciar en un paso las 30 000 letras de los genomas de coronavirus. Entre cada uno de esos fragmentos pequeños existe cierto solapamiento. Por ejemplo, imaginemos que las secuencias cortas son:

  1. Mi hermana se llama Alejandra y tiene
  2. Alejandra y tiene 26 años. Le gusta leer
  3. años. Le gusta leer libros de fantasía
  4. ciencia ficción. Su favorito es El Señor de los anillos.

Finalmente, con esta información necesitamos de un programa informático para poder identificar ese solapamiento y generar el texto completo: Mi hermana se llama Alejandra y tiene 26 años. Le gusta leer libros de fantasía. Su favorito es El Señor de los anillos.

El SARS-CoV-2 no causa la covid-19 porque no cumple los postulados de Koch

Falso. Los postulados de Koch (Henle-Koch) son una serie de principios microbiológicos establecidos por Robert Koch en 1884 para correlacionar la existencia de un microorganismo y una patología. Los estableció en base a una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis. Posteriormente los modificó en 1890. Puedes consultarlos aquí

Lo primero y más importante, es que los postulados llevan décadas en desuso. ¿La razón más importante? Muchos patógenos no los cumplen, ya que existen portadores asintomáticos, enfermedades de tipo subclínico (hepatitis) y períodos de latencia extremadamente variables (hasta 10 años en el caso del VIH). Además, ningún virus sensu stricto cumplirá jamás los postulados tal como se enunciaron en el siglo XIX porque necesitan células o bacterias para multiplicarse, no pueden hacerlo en un cultivo puro.

Pese a todo, se está poniendo en duda la existencia del SARS-CoV-2 diciendo que la propia Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades han expresado que el virus no cumple estos postulados. Uno de los argumentos utilizados proviene del artículo donde se identificó el virus en pacientes de neumonías atípicas en Wuhan.

Ciertamente, en él se dice: “Aunque nuestro estudio no cumple con todos los postulados de Koch, nuestros análisis evidencian la implicación del virus en el brote de Wuhan”. La razón por la que dijeron esto es porque en ese momento no había dado tiempo a infectar animales de experimentación con el virus aislado para comprobar si desarrollaban la enfermedad. Sin embargo, a día de hoy, son muchos los artículos en los que el virus se ha inoculado en modelos animales y éstos han desarrollado la enfermedad.

En resumen, los postulados de Koch son unos principios que, en el siglo XIX y XX, sirvieron para la identificación de patógenos reconocibles por el paradigma científico de la época. Hoy pedagógicamente tienen un gran valor, pero se ven superados por las técnicas actuales de la biología molecular, la bioquímica y la genética.

El virus se ha creado en un laboratorio

La aparición del SARS-CoV-2 en Wuhan, una ciudad que consta de dos laboratorios donde se trabaja con coronavirus, ha generado controversia sobre el origen natural del virus. Son muchos los bulos que circulan señalando culpables de esta pandemia. Uno de ellos dice que el virus es una fabricación del gobierno chino para usarlo como arma biológica y desestabilizar al resto de economías mundiales.

Sin embargo, hasta el momento la comunidad científica coincide en que el origen más probable del virus es una zoonosis (virus que se transmite naturalmente de los animales a la especie humana y viceversa). De hecho, se conoce que los coronavirus que infectan a humanos suelen provenir de ancestros que se encuentran en murciélagos.

Por otro lado, lo más común es que estas enfermedades virales pasen de murciélagos a humanos a través de un hospedador intermediario. El SARS-CoV-1 en 2002 y el MERS-CoV en 2012 dieron el salto al ser humano desde civetas y dromedarios, respectivamente. En resumen, los coronavirus tienen bastante facilidad para romper la barrera de especie e ir saltando de una a otra. De hecho, el propio SARS-CoV-2 ha pasado del ser humano a visonesgatosleones y tigres.

Además, confirmando aún más la hipóteis del origen natural del virus, estudios retrospectivos han encontrado coronavirus de murciélagos similares al SARS-CoV-2 en hasta un 96 % de su genoma.

La teoría del origen artificial más conocida fue publicada por la oftalmóloga Li Meng Yan. Es importante remarcar que esto no es una publicación científica real ni ha sido revisada por expertos en el tema. Por el contrario, parece más un artículo de opinión de un blog personal que una publicación científica.

En este artículo la oftalmóloga Li Meng Yan indica que el SARS-CoV-2 se diseñó usando como base el coronavirus de murciélago ZC45, al que se le introdujo la proteína S del SARS-CoV-1, modificada por una secuencia del coronavirus de pangolín (Pangolin-CoV). De acuerdo con esto, una representación de los genomas de estos virus de la primera a la última letra sería:

Teoría del origen del SARS-CoV-2 como virus quimérico. Elaboración propia.

Sin embargo, esta teoría tiene numerosas lagunas. En realidad, el genoma de SARS-CoV-2 no muestra esos cortes de color tan drásticos como sugiere esta teoría. Más bien, el genoma de SARS-CoV-2 es un mosaico de mutaciones a lo largo y ancho de su secuencia. Haría falta introducir 1 200 mutaciones en el coronavirus de murciélago más similar (RaTG13) o 6 000 mutaciones en el coronavirus humano más parecido (SARS-CoV-1) para obtener el SARS-CoV-2:

Representación del genoma de SARS-CoV-2. Elaboración propia.

El virus ha aparecido porque alguien se comió una sopa de murciélago

Falso. Circula por internet una famosa imagen de una sopa de murciélago que se acompaña con un texto donde se indica que el coronavirus se originó en Wuhan porque la gente allí se come los murciélagos.

Sin embargo, hasta el momento nada parece indiciar que el virus pudiera saltar de un murciélago cocinado a humanos. A día de hoy los científicos creen que existe una especie intermedia que ha hecho posible el salto del virus desde murciélagos a humanos, tal como ocurrió con las civetas en el origen del SARS-CoV-1 o con camellos en el caso del MERS-CoV.

Es un virus modificado a partir del virus del sida

Falso. Se ha especulado con que el genoma del SARS-CoV-2 contiene fragmentos del VIH. Esta afirmación, llevada a cabo por el profesor Luc Montagnier, se basaba en un preprint no revisado por expertos, que ya ha sido retractado, donde se indicaba que la proteína S del coronavirus contiene cuatro fragmentos de la glicoproteína del VIH, concretamente zonas con mucha variabilidad.

El propio Luc Montagnier, después de analizar muchas secuencias, a lo máximo que llegó fue concluir que, de las 30 000 letras del genoma de SARS-CoV-2 menos de un 2 % muestra un parecido genético a distintos retrovirus. Posteriormente, para determinar si la aparición de estos fragmentos es significativo y no pura coincidencia en un genoma de 30 000 letras, se llevaron acabo múltiples análisis de las secuencias de las distintas variables de VIH y SARS-CoV-2.

En estos estudios se demostró que, aunque existían zonas homólogas con algunos nucleótidos de VIH, éstas quedaban muy por debajo del umbral para considerarse significativas. En resumen, sería como afirmar que el libro “El Quijote” es un libro modificado a partir de “La Odisea” de Homero simplemente porque en ambos aparece la palabra “caballo”.

Por otro lado, en este estudio se estudió el origen y las posibles huellas genéticas del coronavirus. De todas las secuencias analizadas se observó que había 100 secuencias con una alta homología correspondiente a nucleótidos de mamíferos, insectos e incluso microorganismos. Esto es debido a que unas regiones hipervariables y de pequeño tamaño pueden presentar homología con decenas de miles de genomas de distinta clase.

Además, los virus con una alta tasa de mutación y en concreto los coronavirus, que tienen un alto potencial zoonótico, incluyen variantes en su genoma, homólogas a los de los hospedadores que pueden albergarlos.

No existen expertos en coronavirus porque apareció hace un año

Falso. Aunque el coronavirus (SARS-CoV-2) causante de la covid-19 es el más famoso no es el primero que conocemos. Hasta el momento hay siete coronavirus descritos que infectan a humanos y los primeros documentos que identifican a estos virus humanos se remontan a los años 60.

De hecho, cuatro de ellos son los responsables de algunos de los resfriados comunes (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1) y tienen un índice de mortalidad muy bajo. Los otros tres coronavirus humanos son los previamente mencionados: el SARS-CoV-1, MERS-CoV y el actual SARS-CoV-2.

En resumen, los coronavirus son virus que infectan tanto seres humanos como animales salvajes y domésticos y que llevan circulado durante décadas. Por ello, los investigadores los llevamos estudiando desde los años 60, tanto en veterinaria, como en medicina, microbiología y medicina preventiva. Hay grupos de investigación dedicados exclusivamente a ellos y varias tesis doctorales de los autores de este artículo fueron estudios de entre cinco y ocho años sobre coronavirus humanos y animales, su patogenia y el desarrollo de candidatos a vacunas.

Los test PCR como diana para la creación de bulos

Durante la pandemia han circulado numerosos bulos sobre la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) para la detección del SARS-CoV-2. Se ha llegado a decir que, según declaraciones de Kary Mullis, su creador, la PCR no sería útil para detectar el nuevo coronavirus. También se comenta que no son específicas porque detectan otros coronavirus y el cromosoma 8 humano.

El diagnóstico del SARS-CoV-2 se realiza mediante una variante más novedosa de la PCR tradicional, la PCR cuantitativa, o qPCR, que en este caso sirve para la detección y cuantificación del SARS-CoV-2. Imaginemos que las 30 000 letras del genoma del SARS-CoV-2 puestas en ese orden concreto constituyen una novela. Cada gen sería un capítulo, constituido a su vez por párrafos.

La qPCR utiliza tres componentes principales (dos cebadores y una sonda) que se unen, detectan y amplifican una secuencia específica de los genes del SARS-CoV-2. Para que el diagnóstico sea positivo es imprescindible que los tres componentes juntos reconozcan y se unan a la secuencia del gen del virus. Algunos de los genes que se suelen utilizar para la detección del SARS-CoV-2 son los de la replicasa (RdRp, por sus siglas en inglés), la nucleocápsida (N) y la espícula (S).

  1. Es falso que el inventor de la PCR dijera que su método es inútil para detectar coronavirus. Razones de ello son que Kary Mullis murió en 2019 y que las declaraciones de Kary Mullis afirmando que “puedes encontrar casi cualquier cosa en cualquiera” al “poder amplificar una sola molécula hasta algo que se pueda medir” hacen referencia a la PCR tradicional y no a la qPCR. Esta, al contrario que su predecesora, es capaz de cuantificar la cantidad de virus que hay en una muestra, por lo que es útil para el diagnóstico de agentes infecciosos como el SARS-CoV-2.
  2. Es falso que la infección por otro coronavirus dé positivo en el diagnóstico PCR del SARS-CoV-2. De la misma forma en que dos novelas con historias distintas no tienen capítulos o párrafos idénticos, diferentes coronavirus tampoco tienen genes idénticos en secuencia. Los componentes principales de la qPCR se han diseñado para que detecten especificamente genes del SARS-CoV-2. Además, se ha comprobado que no son capaces de detectar otros virus como el de la gripe.
  3. Es falso que la presencia del cromosoma 8 humano dé falsos positivos. En este bulo se afirma que uno de los cebadores –uno de los componentes principales de la qPCR– comparte secuencia con el cromosoma 8 humano. Aunque esto último sea cierto, para que el diagnóstico por qPCR diera positivo sería esencial que compartieran secuencia con el cromosoma 8 humano los tres componentes principales de la qPCR y no solo uno de ellos.
  4. Es falso que la qPCR de positivo para coronavirus en frutas o cabras. Este es un bulo bastante extendido debido a ciertas declaraciones del presidente de Tanzania, John Magufuli, donde rechaza kits de pruebas de coronavirus importados a su país por ser defectuosos. Según él, muestras de cabras y de papayas dieron positivo. Es cierto que se ha descrito que ciertos animales han dado positivo por covid-19, pero esto ocurre porque ciertos animales como visones o gatos pueden infectarse con el coronavirus y por lo tanto las pruebas detectan una infección real. Hasta el momento no sabemos qué tipo de pruebas se realizaron en Tanzania pero la qPCR es tan específica que lo más probable es que se tratara de una contaminación a la hora de manipular las muestras. En otras palabras, falsos positivos.
  5. Es falso que la nueva variante procedente de Reino Unido y el norte de Irlanda aumente el número de falsos negativos. Pese a que es verdad que los test de qPCR que detectan la proteína S están dando problemas con la nueva variante, hay que tener en cuenta que el diagnóstico del SARS-CoV-2 se realiza detectando más de un gen. Por tanto, aunque no se detecte el gen de la S con la nueva variante, sí se están detectando otros genes como el de la replicasa y la nucleocápsida.

En resumen, el diagnóstico por qPCR es altamente específico y sensible. Es capaz de detectar cantidades muy pequeñas de virus en un paciente. De hecho, se está debatiendo hasta qué punto los positivos por qPCR implican que la persona tenga una infección activa. Esto se debe a que, por ejemplo, después de superar la enfermedad es posible que fragmentos genéticos del virus sean detectables por esta técnica.

Las mascarillas provocan hipoxia

Falso. El uso de mascarillas es una de las varias medidas preventivas para disminuir la probabilidad de contagio de covid-19 en la población. El uso obligatorio tomado por parte de algunos de los gobiernos a dado pie a que alguna parte de la población manifieste que su uso puede provocar hipoxia.

Sabemos que su uso puede ser incómodo, sobre todo para el personal de salud que tienen que usarla durante largos periodos de tiempo. Puede favorecer la aparición de comezón, mayor sudoración, presencia de acné en piel sensible y que se empañen las gafas.

Diversos estudios han evaluado la saturación de oxígeno para evaluar casos de hipoxia por su uso. Por ejemplo, en un estudio que se realizó en 2008 se evalúo la saturación de oxigeno de los cirujanos, los cuales usan mascarillas por un largo periodo de tiempo. Los resultados mostraron una disminución de la saturación de oxigeno en la primera hora. Sin embargo, el estudio concluye que no existe evidencia científica para saber si esta disminución fue debida al uso de la mascarilla o a otros factores como por ejemplo el estrés de la intervención quirúrgica.

En resumen, a fecha de hoy no existen datos contundentes que demuestren que el uso de mascarillas provoque hipoxia. La conclusión de muchos expertos, incluyendo a la organización mundial de la salud (OMS) y el centro de control de enfermedades infecciosas (CDC), es que el uso de la mascarilla puede salvar millones de vidas al disminuir el número de contagios.

Las mascarillas no filtran al virus

Falso. Las mascarillas han sido un aliado principal en la contención de esta epidemia. Son muchas personas las que afirman que no pueden filtrar el virus debido al tamaño del poro o que son un “bozal” que no sirve para nada.

Al toser, reír o hablar producimos aerosoles. Estos aerosoles se forman de partículas en forma de gotas de agua (1-100 micrómetros de diámetro), y o bien se evaporan liberando el agente contagioso o bien llegan al receptor. El virus, en forma de viriones de SARS-CoV-2, tiene 0,1 micrómetros.

En las mascarillas, cuanto más pequeños sean los poros, mejor será el mecanismo de filtración, pero más difícil será respirar a través de ellos. Las pruebas para la aprobación de mascarillas se llevan a cabo midiendo si partículas de 0,06 micrómetros pasan a través de una mascarilla cuando el flujo se fija en 85 litros por minuto, que es equivalente a una respiración rápida. Añadido a esto, las mascarillas tienen varias capas superpuestas, lo que fija la posibilidad de que pase una partícula o un virión, en menor del 0,1%.

Por ejemplo, las mascarillas FFP2 y FFP3 filtran el 94-99% de las partículas con un diámetro de 0,06 micrómetros, por lo tanto son más que suficientes para disminuir la probabilidad de que el virus pase.

Es solo una gripe

Falso. No, no es una gripe. Por un lado, hemos de decir que no tiene sentido comparar este virus con la gripe, en general. Es altamente inespecífico, dado que hay muchas cepas y serotipos de gripe, cada una con un comportamiento diferente. En cuanto a su letalidad, la del SARS-CoV-2 está en torno al 2 % y la de gripe no llega al 0,1 %. Además, se ha visto que los pacientes hospitalizados con covid-19 tienen un riesgo 5 veces más alto de morir que los de gripe.

Además, se ha demostrado que el SARS-CoV-2 tiene un tropismo por otros órganos además del pulmón: riñón, hígado, endotelio vascular y sistema nervioso. Por ello, se han reportado secuelas como consecuencia de la afectación de estos órganos. Por otro lado, el potencial de diseminación de este virus y su desconocimiento le hacen mucho más peligroso que una gripe.

La tecnología 5G provoca la covid-19

Falso. No hay ninguna prueba científica de que la tecnología 5G sea dañina para el ser humano. La longitud de onda a la que se propaga no interfiere con nuestro cuerpo, ni con nuestras células, ni con el ADN. De hecho, tiene más poder cancerígeno el café.

En resumen, aunque se están llevando a cabo diferentes estudios, en función de las evidencias científicas disponibles podemos estar tranquilos sobre esta nueva tecnología.

 

Autores

  1. Investigador en el Departamento de Enfermedades Infecciosas, King’s College London

  2. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ)

  3. Postdoctoral research associate, King’s College London

  4. Profesor de Biotecnología de Coronavirus, Campus Internacional para la Seguridad y Defensa (CISDE)

  5. Virólogo. Investigando virus emergentes: SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 (Coronavirus), ZIKA y Dengue, La Jolla Institute for Immunology

  6. Investigador, Centro Nacional de Biotecnología (CNB – CSIC)

EL MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS , tres años después.

“Todo se desvanece, se salva el recuerdo” 

Albert Camus

Como los imperios o un conflicto social, el movimiento de pensionistas ha recorrido en el transcurso de tres años tres fases: ascenso, consolidación y declive. En Bizkaia, donde mayor auge y protagonismo logró, surge de forma espontánea en Barakaldo y en Bilbao el 15 de enero de 2018. Su mayor momento de gloria fue la manifestación del 17 de marzo de 2018, apoyada por todos los sindicatos y partidos (menos el PP). Según la policía municipal acudieron 115.000 personas. COESPE a nivel estatal, en Euskadi MPB y otras plataformas, contribuyeron incluso a la caída del gobierno de Rajoy en la moción de censura del 1 de junio de 2018. Al estabilizarse el conflicto disminuye de forma progresiva la participación en las movilizaciones.

Se salió a la calle con una única reivindicación: sustituir la clausula del 0.25% por el IPC. A medida que disminuye la incidencia se amplían las demandas, emprendiendo una huída hacia adelante con programas maximalistas. El ocaso llega con la huelga general del 30 de enero de 2020 en Euskadi y Navarra. El posterior estado de alarma imposibilitó durante dos meses cualquier intento de movilización. Al reanudarse las acciones la participación resulta escasa y las consignas se plantean a la defensiva: rechazar los acuerdos del Pacto de Toledo y denunciar la tragedia de las residencias geriátricas. Tras unas 130 concentraciones semanales, en Bilbao y en Barakaldo se pasa de varios miles de asistentes a unos pocos cientos.

A nivel general la trayectoria de Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) será similar, aunque con perfil menos preciso. También pasa por tres etapas: se forma el 10 de setiembre del 2016 con la unión de diversas asociaciones. Alcanza su principal éxito en la manifestación del 16 de octubre de 2019, colofón de la marcha de pensionistas a Madrid desde Rota y Bilbao. Miles de personas procedentes de todas las comunidades autónomas acudieron en más de un centenar de autobuses, con cientos de pancartas, ocupando las calles que rodean el Congreso de Diputados. La desintegración de la COESPE coincide en marzo de 2020 con el inicio del confinamiento. Una asamblea frustrada parte la organización en dos, intentando ahora reconciliarse desde la base, integrada por unas 300 plataformas territoriales.

En horas bajas ambos movimientos, el vasco y el estatal, coinciden en la fobia al Pacto de Toledo. En uno y otro caso deberían centrarse en objetivos concretos, precisando cual es el mayor obstáculo para conseguirlos. Lograda la revalorización de las pensiones en base al IPC, la demanda más unitaria y justa pasa a ser la equiparación de las pensiones mínimas con el SMI. El Ministro José Luis Escrivá promovió la propuesta más negativa del Pacto de Toledo: impulsar los planes privados de empleo implica reconocer el empobrecimiento de las futuras pensiones. Sabiendo cuál es la meta a conseguir y la medida a combatir, toca pasar a la acción.

La ofensiva tanto del MPB como de COESPE contra el Pacto de Toledo no se corresponde con su capacidad de movilización actual ni con la realidad. Las recomendaciones se aprobaron en el Congreso con solo dos votos en contra, los de la CUP. Esa es la legitimación institucional que tienen las protestas. Con el seguimiento que hoy logran las convocatorias, no se puede actuar como grupo de presión, aunque tengan eco en los medios de comunicación. Además, se constatan situaciones paradójicas. Un ejemplo: mientras EH Bildu se abstiene en la votación parlamentaria y de hecho asume los acuerdos del Pacto de Toledo apoyando las cuentas del Estado, el sector del movimiento de pensionistas controlado por la izquierda abertzale (MPB), rechaza esas mismas medidas. Y mientras se pierden energías y tiempo demonizando al Pacto de Toledo, las decisiones finales las tomará el Gobierno negociando con patronal y sindicatos.

El movimiento de pensionistas, un fenómeno mediático

Las reuniones espontáneas del 15 de enero de 2018 en Bilbao y Barakaldo agrupan a un centenar de personas, pasando desapercibidas. En breve las concentraciones semanales logran amplio eco en los medios de comunicación, convertidos en altavoz y soporte esencial de las movilizaciones. Las imágenes de Bilbao abrían informativos de televisión y ocupaban portadas de prensa. El protagonismo mediático se convirtió en un estímulo para quienes intervenían ante las cámaras, pudiendo tener cualquier participante su minuto de gloria.

Una semana después de comenzar las concentraciones, el 23 de enero, El Correo informaba sobre lo acontecido en Barakaldo, resaltando el titular la fortaleza de la movilización. El texto dice: “Los mayores no se rinden. Cientos de personas participaron ayer en la segunda concentración celebrada en Barakaldo para reclamar una subida de las pensiones equiparable al coste de la vida. Al igual que el pasado lunes, la convocatoria se celebró en la Herriko Plaza ajena a sindicatos y grupos políticos”. Durante el acto se anunció que la Coordinadora Estatal estaba preparando una manifestación en todas las capitales para el 22 de febrero.

La primera noticia sobre las concentraciones de Bilbao la difunde Ecuador Etxea: “Este lunes 22 de enero, y por segunda semana consecutiva, cientos de personas mayores, jubiladas, pensionistas, viudas, se concentraron frente al Ayuntamiento de Bilbao, autoconvocándose a través de whatsapp para mostrar su rechazo ante el incremento fijado del 0,25% anual impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que les hace perder poder adquisitivo. Se tiene previsto realizar la próxima movilización para el lunes 29 de enero a las 12:00 h frente al Ayuntamiento de Bilbao”. El mayor alarde informativo lo consiguió en el otoño del 2019 la marcha de Bilbao a Madrid, pese a ser una iniciativa espontánea y abierta. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia evitó asumirla para no tener que compartir el protagonismo.

La agonía de las movilizaciones no ha supuesto pérdida de cobertura mediática. Mientras la prensa acuda a cualquier acto, por modesto que sea, se continuarán convocando actividades. La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar ante las cámaras explica, junto a la motivación política, la pervivencia de las convocatorias.

Causas del declive del movimiento de pensionistas

Todos los conflictos tienen periodos de ascenso y caída, flujo y reflujo, sin que sus causas estén predeterminadas. Intervienen diversas variables, cambian las circunstancias, los errores suceden a los aciertos. La situación comienza a variar cuando el PNV reclama al PP dejar en suspenso el 0,25%, revalorizando las pensiones del 2018 y 2019 con el IPC, a cambio de apoyar los presupuestos. Es un logro de la lucha de los pensionistas, consolidado con la mediación del PNV. Pero al considerar inviable la pensión mínima de 1.080 euros, nada más aprobarse las cuentas del Estado deja de apoyar las movilizaciones. La ausencia del PNV conlleva el distanciamiento de las asociaciones más institucionalizadas y numerosas. Es el caso de Nagusiak Bizkaia, integrada por 138 asociaciones locales, con más de 50.000 miembros. Tres días después de aprobarse los presupuestos, en la manifestación del 26 de mayo de 2018, según el Ayuntamiento de Bilbao participaron 14.000 personas. Cifra muy inferior a las 115.000 personas de dos meses antes.

Al crearse el MPB la participación en las reuniones era voluntaria, sin estar sujeta a criterios de proporcionalidad ni representatividad. En una organización tan indefinida resultaba inevitable tomar las decisiones por consenso. En las comisiones de trabajo la colaboración también era voluntaria, excepto en la de comunicación, dedicada a supervisar todas las actividades. Nuevas incorporaciones rompieron el equilibrio entre plataformas y corrientes, siendo sustituida la unanimidad por el voto mayoritario. El sector abertzale, promovido por la asociación Pensionistak Martxan, se hizo con el control del MPB. El resto de asociaciones acudía a los plenos sin participar en las votaciones, a fin de reclamar la vuelta al consenso. Ya no había unidad, pero en las concentraciones se eludía la confrontación para evitar la desmovilización.

El detonador de la ruptura definitiva será la huelga general del 30 de enero de 2020. Convocan ELA y LAB a petición del MPB. Las asociaciones que no asumen la huelga forman la agrupación Ados – Consenso, integrada por NAGUSIAK, AJPD, COESPE-Bizkaia y miembros de diversas plataformas, entre otras Barakaldo, Santurtzi y Muskiz. La actividad de esta agrupación ha sido escasa, dedicada sobre todo a marcar distancias respecto al MPB dirigido por la corriente de la izquierda abertzale. La convocatoria de esa huelga tampoco tuvo el apoyo de CCOO y UGT.

Desde el 30 de enero el declive se convierte en agonía. Con el estado de alarma del 14 de marzo el confinamiento evita que se aprecie la caída. Las acciones vuelven el 18 de mayo en una protesta ante la Diputación Foral de Bizkaia relacionada con la tragedia de las residencias geriátricas. Participan, según El Correo, 40 personas. En adelante serán acciones testimoniales, conforme apunta la agencia Europa Press el 25 de mayo: “El Movimiento de Pensionistas ha regresado este lunes a sus concentraciones frente a los ayuntamientos de Euskadi, que en el caso de Bilbao ha sido secundada por más de medio centenar de participantes. En la cita, sus portavoces han apuntado que mantendrán “este modelo” de protestas “simbólicas” mientras dure la alerta sanitaria, descartando así “movilizaciones masivas” (sic). Con estas declaraciones el MPB deja de ser un referente en la defensa de las pensiones públicas, dedicándose a convocar acciones testimoniales sobre diversos acontecimientos sociales.

Mirarse en espejo ajeno

El Estado español suele salir malparado en las comparaciones con otros países. No es el caso de las pensiones. Aquí, tanto en la crisis del 2008 como en la actual, el colectivo de pensionistas ha soportado la pérdida de poder adquisitivo mejor que cualquier otro, hasta el punto de convertirse en soporte económico de muchas familias. En Alemania, locomotora de Europa, ocurre lo contrario. Según publicaba El País el 28 de diciembre, en Alemania “los mayores se han empobrecido en los últimos 15 años a un ritmo mayor que el del resto de la sociedad”. “La población mayor de 65 años en riesgo de pobreza ha crecido de un 4,7% en 2005 hasta alcanzar el 15,7%” en esos 15 años. Los bancos de alimentos también aportan cifras significativas: “entre 2018 y 2019, la cifra de beneficiarios mayores creció en un 20%”.

Pero el relativo bienestar de nuestras pensiones va a empeorar en el futuro por los mismos motivos que en Alemania. El artículo de El País destaca tres causas que también se dan ahora aquí y que afectarán a las pensiones del futuro: aumento del empleo precario, dejar de cotizar por estar en paro y reforma de las pensiones. Más datos sobre Alemania: “en 2009 el 8% de las personas entre 65 y 69 años trabajaban, en 2019 esa cifra alcanzaba el 18%”. De modo que la pérdida de calidad de vida de las personas mayores en Alemania se repetirá aquí en unos años, salvo que los futuros pensionistas se movilicen junto con los actuales para evitarlo.

Crecen las amenazas, flaquean las fuerzas

El poder es el resultado del equilibrio de fuerzas entre diversos actores: gobierno, partidos, sindicatos, bancos, empresarios y presión ciudadana. Según las circunstancias, esos agentes políticos, económicos y sociales se sitúan en dos bandos: capital o trabajo. Tanto los salarios como las pensiones dependen de esa correlación de fuerzas. Por eso las medidas económicas obedecen a decisiones políticas. Un buen ejemplo es la polémica acerca del incremento del salario mínimo (SMI) que divide al Gobierno. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice: “Estamos discutiendo por 30 céntimos al día”. Frase profunda, pese a su aparente simpleza: sin reparto equitativo, cada céntimo que atesora el empresario arruina a la clase obrera. El último recurso es la acción directa, efectiva cuando es colectiva, testimonial siendo aislada. La desesperada acción del obrero en paro que atenta contra una empresa en Álava, es una forma primaria de lucha de clases. Lo mismo que los actos simbólicos en defensa de las pensiones.

 

“La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar ante las cámaras explica,

junto a la motivación política, la pervivencia de las convocatorias”

Aunque las asociaciones de pensionistas lancen dardos contra el Pacto de Toledo, la diana está en otro lado. Las mayores amenazas son, además del trabajo precario, los planes de pensiones privados, individuales en la banca, colectivos los de empleo. Por otro lado, el Ministro Escrivá propone ampliar el periodo para calcular las pensiones de 25 a 35 años. Los sindicatos UGT y CCOO hablan de movilizaciones, pasando por alto que consistiría en ampliar los acuerdos que ellos firmaron en 2011. Si ahora resulta negativo no era positivo hace una década. Esa medida planteada por Escrivá al margen de los acuerdos del Pacto de Toledo y de lo aprobado en el Congreso, tendría un impacto negativo del 5,5 % sobre las futuras pensiones. Oponerse a su aplicación generaría un renovado efecto movilizador, pero lo más probable es que ese intento quede en suspenso, pues pondría en peligro la continuidad del Gobierno de Coalición.

No es previsible que las pensiones actuales empeoren. Las amenazas se ciernen sobre las pensiones del futuro. Sin embargo, actúan los pensionistas de hoy, no los de mañana. Aunque haya perdido capacidad de movilización, cabe hablar del movimiento de pensionistas, en referencia a las asociaciones que defienden las pensiones públicas. La recuperación requiere actuar en tres niveles: 1) Aunar fuerzas en todos los territorios para seguir actuando como grupo de presión. 2) La demanda más viable y realista es la mejora de las pensiones mínimas, equiparándolas con el SMI. 3) Es preciso que tomen conciencia de su situación y se movilicen los pensionistas del futuro, en particular la juventud.

Hay que resistir, adecuando las demandas propias a las necesidades del conjunto de la sociedad. Las consecuencias de la pandemia van más allá de la grave situación sanitaria. Multitud de pequeñas empresas acogidas a ERTE cerrarán. Miles de trabajadores perderán su empleo. El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda para evitar la pobreza severa. Según un informe difundido el 8 de enero por Europa Press: “La pandemia obliga a demandar ayuda a los Servicios Sociales a familias que no lo habían necesitado antes”. El escudo social para que nadie quede atrás exige al movimiento de pensionistas tener en cuenta esa cruda realidad.

También hay que renovar la forma de actuar. Resulta alentador el surgimiento en Bizkaia del Colectivo Argitasuna (claridad). Su meta es fortalecer la equidad, referida al bienestar y a la justicia social. Se asienta sobre este principio: “Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna”.

El tercer aniversario del surgimiento del movimiento de pensionistas llega con celebraciones diferenciadas: 16 de enero concentración en Barakaldo apoyada por plataformas de Margen Izquierda y Zona Minera. El llamado movimiento de pensionistas de Euskal Herria lo celebra el día 18 y se concentra el 25 ante el Parlamento Vasco. El 30 de enero conmemorará “el primer aniversario de la exitosa movilización y huelga general” (sic). El 13 de febrero manifestaciones en las capitales del País Vasco y Navarra “junto a sindicatos y colectivos sociales”.

Por más convocatorias que se lancen, el recuerdo más emotivo y simbólico seguirá siendo la imagen de Bilbao colapsado en la manifestación del 17 de marzo de 2018. Acontecimiento emblemático comparable con la manifestación proamnístia del 8 de julio de 1976. Según El País ese día “Cerca de 150.000 personas se manifiestan en Bilbao”. Otra gran movilización se celebró el 14 de julio de 1977. El País lo destacó con este titular: “Unas 200.000 personas se manifiestan en Bilbao contra una costa vasca nuclear.” Los tres casos representan hechos históricos irrepetibles que responden a situaciones excepcionales. Pretender revivirlos o imitarlos, cuando las circunstancias han cambiado, convierten el intento en farsa.

 LUIS ALEJOS

 

 

 
 

PENSIONES PÚBLICAS Y PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA.

En los últimos días, dentro del movimiento de pensionistas, estamos asistiendo a un debate sobre el acuerdo de las Recomendaciones del Pacto de Toledo y sobre el proyecto de los Presupuesto Generales del Estado para el año 2021. Uno de las razones utilizadas para decir no al Pacto de Toledo, es en que lo establecido en la Recomendación 16, Sistemas Complementarios, es una apuesta por la privatización del sistema público de pensiones. Son varias las razones que se esgrimen para oponerse a los PGE 2021.

Como ya dijimos en el reciente documento aprobado por BAT-ETORRI Consenso, el Pacto de Toledo hay que analizarlo con perspectiva y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Y lo mismo ocurre con los Presupuestos Generales del Estado. Sobre los sistemas complementarios hablaré más adelante. Sobre los PGE 2021, es conveniente recordar que el contenido de las políticas públicas de un Gobierno es siempre fruto de la hegemonía política que hemos sido capaces de construir y de la correlación de fuerzas de cada momento. Y creo que la mayoría de las y los pensionistas, compartirá conmigo que el actual Gobierno de progreso PSOE-Unidas Podemos, lejos de ser una amenaza para nuestro sistema público de pensiones, es una oportunidad. Y debe de quedar muy claro que si el Gobierno no hubiera conseguido sacar adelante los presupuestos, es más que probable que estuviéramos abocados a nuevas elecciones de cuyo resultado no sabemos qué Gobierno resultaría.

Muchas veces, desde mi punto de vista de forma errónea, se parte de una concepción de la política que rechaza los acuerdos como medio para mejorar las cosas. Cuando decimos que la apuesta por la mejora del Estado de Bienestar es una opción política, debemos recordar que la política no consiste en transitar por caminos fáciles. Muy al contrario, la política debe tratar de resolver y explicar cosas complejas.

En materia de pensiones este Gobierno, frente a un modelo económico o actuarial de pensiones, ha apostado por un modelo social, que es aquél en el que la cuantía de las pensiones son las que determinan los ingresos necesarios para su financiación y que dichas cuantías se deciden con acuerdos políticos y sociales. Sin embargo, en el modelo actuarial son los ingresos, sólo las cotizaciones sociales, los que determinan la cuantía de las pensiones. Y este es el modelo que nos conduce a la mercantilización o privatización de los servicios públicos y al recorte del Estado de Bienestar. A nadie se le escapa que cuando se desarrolló el Estado de Bienestar, por cierto, producto de un pacto como fue el Pacto Keynesiano, los derechos sociales se convirtieron en derechos de ciudadanía, ya que se consiguió que fueran una cuestión de Estado y no una cuestión de mercado.

Por eso, el ataque sistemático a los servicios públicos y a las pensiones o que, desde la derecha política, se fomenten medidas de privatización y mercantilización de una parte de nuestro Estado de Bienestar, está suponiendo la expulsión del ejercicio del derecho de ciudadanía a los grupos más vulnerables. Por cierto, un derecho que esta democrática y constitucionalmente reconocido, y que ahora está amenazado.

El ejercicio efectivo del derecho de ciudadanía y de los derechos sociales, requiere de unos servicios públicos fuertes y una buena protección social. Y ello solo es posible con una distribución más justa de la riqueza. Hemos de tener presente que la distribución de la riqueza se da en un doble plano:

1.- El primario, a través del empleo de calidad con salarios dignos y suficientes.

2.- Y el secundario, a través de la protección social allí donde no llega el empleo, donde se ubica el sistema de protección por desempleo y el gasto en pensiones, y a través de una fiscalidad progresiva y suficiente.

Dicho lo que antecede, la tarea prioritaria es recuperar el trabajo como elemento determinante  de los derechos de ciudadanía, democratizar la economía para evitar que nos privaticen la sociedad, disputar la riqueza en el centro de trabajo y garantizar que esta riqueza se distribuye de forma justa en la sociedad a través de un sólido Estado de Bienestar. Por tanto, parece más que evidente que, para garantizar el ejercicio del derecho de ciudadanía, debe convertirse en objetivo compartido asegurar la sostenibilidad financiera del gasto social; reforzar los  medios económicos, materiales y humanos para atender los servicios públicos que más directamente repercuten en el nivel de bienestar, en la calidad de vida y en la cohesión social; asegurar la suficiencia de las prestaciones y garantizar la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

Por eso, nos inundan de muchos gráficos sobre demografía, esperanza de vida o ratios entre activos/pasivos. Pero no nos contestan a una pregunta muy sencilla: porqué un país que será más rico que el de hoy, pagará mañana pensiones más bajas que las actuales. Y eso, además de injusto, carece de toda ética política.

Por otro lado, hay que reformar nuestro sistema fiscal que es uno de los que menos capacidad distributiva tiene de toda Europa. Una reforma que incremente la presión fiscal hasta llegar a la media europea y que sea fiel a los principios de suficiencia y progresividad y que sea efectivo en la lucha contra el fraude. Es decir una política fiscal que garantice que paguemos todos y que pague más el que más tiene.

La Previsión Social Complementaria (PSC)

El debate sobre la previsión social complementaria en general y sobre las del sistema de empleo en particular, debe de realizarse de forma conjunta con el devenir de las pensiones públicas su evolución y su futuro. Es decir, evaluando el nivel de compromiso político con las pensiones públicas.

A este respecto, es preciso recordar que, en materia de pensiones, inclusión y Seguridad Social, el programa de gobierno, entre otras cosas, dice: Plantearemos a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones. Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas; impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en  caso de parejas sin vínculo matrimonial. Revisaremos el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras de cotización irregulares y el complemento de maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género. Reformaremos el Sistema de Seguridad Social, en el marco del diálogo social, y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo; Se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema. Revisaremos las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquéllas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad. En el marco de esta reforma, eliminaremos el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo; Reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a lagestión con menores costes; Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.

Estamos sin ninguna duda, ante un programa que apuesta, de forma inequívoca, por un sistema público de pensiones, solidario, de reparto, sostenible y suficiente y cuyas medidas, todas ellas, son posibles poner en marcha de acuerdo con lo que dicen las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Y, lejos de cualquier intento de potenciar las pensiones privadas, son medidas que están dirigidas a reforzar el Sistema Público de Pensiones, , a pesar de lo que dice la Recomendación 16 sobre los sistemas complementarios o, precisamente, por lo que dice.

No entenderlo así, sería como afirmar que la Ley de Sanidad de Ernest LLuch, que universalizó la asistencia sanitaria, carecía de valor porque seguía existiendo la sanidad privada. O que la Ley de educación, recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, tampoco sirve porque se mantiene los centros concertados, con financiación pública, y los centros privados.

El Gobierno de mayoría absoluta del PP, hizo el camino en sentido contrario debilitando los instrumentos más efectivos de distribución de la riqueza, con medidas como la Reforma Laboral, los recortes en las prestaciones sociales o la Reforma de la Negociación Colectiva, lo que tuvo como resultados la devaluación salarial y el incremento de la pobreza y de las desigualdades. Además, al margen del Pacto de Toledo, realizaron reformas unilaterales en el sistema público de pensiones, entre ellas el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de sostenibilidad, cuya consecuencia, según la Comisión Europea, era que la tasa de remplazo bruta, entre el último salario y la pensión, pasaría del 79% en 2013 al 48,6% en 2060, lo que le convertiría en un sistema de cobertura asistencial. Y eso si es potenciar los sistemas privados de pensiones como alternativa a las pensiones públicas.

Antes de iniciar el debate sobre la Previsión Social cComplementaria, comenzaré dejando claro que, en materia de protección social, el primer objetivo es, y debe ser, la defensa de un sistema público de pensiones, de reparto, solidario, suficiente y sostenible, porque el sistema público de pensiones, basado en los principios de equidad y solidaridad que le caracterizan como de reparto, constituyen el programa de rentas públicas con mayor potencia distributiva.

No voy a profundizar sobre la actual situación de nuestro sistema público de pensiones porque no es el objetivo de este trabajo, pero si quiero dejar constancia de que el debate sobre las pensiones es un debate ideológico y que contrapone conceptos que son radicalmente antagónicos. Contrapone:

  • la política con la economía
  • lo público con lo privado
  • el modelo de reparto con el modelo de capitalización

Se mire por donde se mire, las actuales Recomendaciones del Pacto de Toledo, con sus luces y sombras, son una victoria de la política sobre la economía, de lo público sobre lo privado y del modelo de reparto sobre el modelo de capitalización.

A mediados de los años 80, el sistema financiero constató que la Seguridad Social tenía una gran importancia económica (hoy la nómina anual de pensiones está en torno 150.000 millones de euros) y vio un gran negocio si conseguía gestionar una parte de ese dinero.

Con ese objetivo se diseñaron intensas campañas contra las pensiones públicas y a favor de las pensiones privadas. En ello participaron “expertos independientes”, pagados por las entidades financieras que concluían que las pensiones públicas estaban en quiebra y que la única solución era bajar las prestaciones.

Son los mismos expertos que ahora se rebelan contra las Recomendaciones del Pacto de Toledo y nos dicen que la mayoría de las Recomendaciones aprobadas, perjudican al sistema y su sostenibilidad. Que es irresponsable actualizar las pensiones con el IPC y proponen que se congelen para el 2021. En su opinión, también es irresponsable permitir elegir los años de mejor cotización para el cálculo de la pensión. Proponen aumentar la edad legal de jubilación y echan en falta la aplicación del factor de sostenibilidad. Y afirman que es un despropósito reducir primero y retirar después los incentivos a los planes privados individuales. Por otra parte, aseguran que el traslado de los gastos impropios no se conseguirá casi nada. Entre esos expertos están José Antonio Herce, José Enrique Devesa, María Jesús Fernández o Mariano Jiménez Lasheras.

El soporte legal y competencial de las EPSV

El derecho a unas pensiones públicas que garanticen a toda la ciudadanía “prestaciones sociales suficientes”, está reconocido en artículo 41 de la Constitución:

El artículo 41 establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Es en este artículo 41 de la CE donde se establecen los tres pilares de la protección social:

El primer pilar, en el que se incluyen las pensiones públicas obligatorias y contributivas, reguladas en el sistema de la Seguridad Social, y la protección básica a la que todos los ciudadanos en situación de necesidad tienen derecho y las prestaciones no contributivas.

El segundo pilar, que son las prestaciones complementarias colectivas o de empleo que nacen de la negociación colectiva (Planes de Pensiones y EPSV de empleo).

El tercer pilar, que son las prestaciones complementarias individuales (Planes de Pensiones y EPSV individuales).

Las competencias de las pensiones contributivas de la Seguridad Social corresponden al Gobierno Central

Las competencias vascas en materia de protección social, se regulan en la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

En materia de Seguridad Social:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía, corresponde al país Vasco:

a)El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

b)La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

La Disposición transitoria 5ª, establece que la ” La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económica de la Seguridad Social, dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad (el subrayado es mío).

En materia de Previsión Social Complementaria:

El Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 10.23, atribuye competencia exclusiva a la CAPV en materia de Mutualidades no integradas en la Seguridad Social, sin perjuicio de la ordenación y supervisión del Seguro Privado cuya normativa tiene carácter básico de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.11 de la C.E.

En cuanto a la protección básica y las pensiones no contributivas, las competencias residencian en las Administraciones Locales y Forales.

Por tanto, Euskadi tiene competencias exclusivas en las prestaciones básicas del primer pilar (RGI,…) y en el segundo y tercer pilar de la protección social cuando las prestaciones complementarias se desarrollen utilizando como instrumento las Entidades de Previsión Social Complementarias (EPSV). Así mismo, en el primer pilar es competencia del Gobierno Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, cuya competencia esta sin transferir.

La Previsión Social Complementaria en Euskadi.

Teniendo en cuenta que el artículo 41 de la Constitución, donde se regula la protección social, establece el marco de desarrollo de la previsión social complementaria como una alternativa posible, libre y voluntaria, llegó el momento de preguntarse cuál era la necesidad social de la existencia de estos instrumentos de protección social.

Para ello, la primera cuestión a determina era el objetivo que se buscaba. Convendremos fácilmente que se trataba de cubrir la pérdida en los ingresos que una persona percibía en su actividad laboral, una vez materializada la contingencia correspondiente, se producían como consecuencia del abandono del mercado de trabajo.

Conforme a este planteamiento, el objetivo no era otro que alcanzar, como máximo, una tasa de sustitución que garantizara percibir las mismas percepciones que estando en activo. Es decir se trataba de garantizar rentas que, como máximo, alcanzaran su último salario como personas activas. No tiene sentido social estimular tasas de sustitución superiores al 100% del último salario de activo, por tanto, siendo este el ámbito en el que debe desarrollarse la Previsión Social Complementaria, el objetivo de las EPSV de empleo, no puede ser otro que el de generar una pensión complementaria cuyo importe este en torno al 20% del último salario en activo del pensionista. Y todo ello, unido al control social de estos sistemas privados de pensiones.

Con estos objetivos, defensa del sistema público de pensiones y carácter complementario y no sustitutivo de la previsión social complementaria, se ha estado desarrollando, a través de la negociación colectiva sectorial y de empresa, la previsión social complementaria. El instrumento que, con carácter general, se utiliza en Euskadi es el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), sobre las que, como ya se ha señalado, tiene competencias plenas la CAPV. Están reguladas por la Ley 5/2012, de 23 de diciembre, del Parlamento vasco.

Características de la Previsión Social Complementaria

La PSC en general y las EPSV en particular, se caracterizan por ser:

1.- De carácter voluntario. En las de empleo depende del trabajador o de sus representantes y de cada persona en el caso de los sistemas individuales.

2.- Complementarios y no sustitutivos del sistema público. Tratan de complementar las pensiones públicas con una pensión cercana al 20% del último salario.

3.- El sistema financiero es el de capitalización. Las aportaciones realizadas por la persona asociada a lo largo de su vida laboral, van integrando un fondo propio que determina el derecho a la prestación que le corresponde cuando se cumpla alguna de las contingencias protegidas.

4.- De carácter privado. Surgen de la libertad de las partes, aunque su gestión queda sujeta a los correspondientes controles administrativos.

5.- En todas las EPSV, que tienen Órganos de Gobierno propios. Deberán existir una Asamblea General y una Junta de Gobierno.

Tipos de EPSV

No todas las EPSV son iguales. Las del 2º pilar, las de empleo, nacidas en la negociación colectiva. Y las del 3º pilar, las individuales, están promovidas por las entidades financieras. Las del sistema individual, que puede jugar un papel como sistema de ahorro en un país, no tienen interés desde una perspectiva social por ser un modelo cuyo objetivo final es el ahorro fiscal.

En función de su naturaleza, las EPSV son de aportación definida o de prestación definida. En las primeras se determina la cuantía de la aportación sin perseguir un objetivo concreto de prestación, siendo las personas asociadas las que soportan el riesgo del resultado de las rentabilidades. En el caso de la prestación definida se persigue un objetivo concreto de prestación, siendo la aportación el aspecto variable.

Tienen la calificación de preferentes las EPSV de previsión social voluntaria de empleo que únicamente integren planes de previsión social preferentes.

Los requisitos que deben cumplir los planes de previsión social para calificarse como preferentes son los siguientes:

Principio de no discriminación. En los planes de previsión social preferentes se debe garantizar el acceso como personas socias de número a la totalidad del personal empleado como mínimo con una antigüedad de un año.

Acción protectora mínima. Deben cubrirse como mínimo, las contingencias de jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que suponga extinción de la relación laboral o equivalente.

Aportaciones compartidas. Las aportaciones vendrán determinadas por la negociación colectiva y deberán ser compartidas entre los socios protectores y las personas socias de número.

Movilidad. La movilidad de los derechos económicos solo se podrá efectuar a otros planes de previsión social de empleo preferentes.

Imposibilidad de rescate. Sólo se atenderá la cobertura de las contingencias establecidas en los reglamentos, sin posibilidad de devolución anticipada de los derechos económicos.

Prestaciones. Las prestaciones por jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que supongan extinción de la relación laboral se percibirán de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o reglamentos, y deberá llevarse a cabo su reconocimiento y pago en forma de renta vitalicia, con la posibilidad de rentas financieras siempre y cuando tengan una duración mínima de quince años.

La implantación actual de las EPSV

Si tenemos en cuenta que la tasa de sustitución de las pensiones respecto al último salario está en torno a un 75%, las pensiones públicas, si bien constituyen la parte esencial de las rentas de sustitución de los trabajadores que han cesado en la actividad laboral, dejan un margen significativo para la promoción generalizada de sistemas de previsión social complementarios, y de las EPSV en particular, al conjunto de la población trabajadora, más allá del ámbito de las grandes empresas y los trabajadores con salarios más elevados, que han venido protagonizando hasta hoy el desarrollo de estos instrumentos de protección social.

En base a estas premisas, el año 2006 el Gobierno Vasco aprobó el documento “Diagnóstico y Plan de Previsión Complementaria en Euskadi”. Un plan cuyo objetivo principal era la generalización de la previsión social complementaria, lo que sólo era posible si se desarrollaban las EPSV de empleo, a través de la negociación colectiva.

El objetivo era que al, final del año 2013, la Previsión Social Complementaria alcanzara una cobertura mínima del 70% de la población asalariada y que en el futuro se generara una prestación complementaria cuya cuantía fuera el 20% del último salario en activo. Para alcanzar esta cuantía, se calcula que es necesario aportar cotizaciones cercanas al 7% del salario durante un período de entre 35 y 40 años.

A la luz de estos datos, lo que no resulta razonable es, como se hace en ocasiones, presentar el desarrollo de los sistemas de previsión social complementarios como algo contradictorio con la existencia de un saludable y poderoso sistema de pensiones público.

Parece claro que ambos pueden coexistir y complementarse, el sistema público para cumplir el mandato constitucional, es decir, dispensar prestaciones suficientes a los ciudadanos en situación de necesidad; las pensiones complementarias para completar, hasta donde alcancen, las prestaciones públicas y acercar las rentas de pasivo, en lo posible, a la última renta de activo de cada individuo.

En Euskadi el ahorro acumulado en la previsión social complementaria supone casi el 33,76% del PIB vasco. En España el ahorro voluntario es del 9,35% del PIB. Aunque es cierto que en Euskadi hay una cultura más ahorradora que en el conjunto del Estado, hay que tener en cuenta que una parte importante de ese nivel de ahorro obedece a la existencia de las EPSV de empleo, producto de la negociación colectiva, tanto sectorial como de empresa y que, en el ámbito sectorial, ha dado lugar a Entidades como Elkarkidetza, Geroa o Itzarri de las que son socios muchos trabajadores y trabajadoras. De acuerdo con datos del Gobierno Vasco, el número de socios de las EPSV de empleo es de 495.120 en diciembre de 2019, de los que 174.175 son socios en suspenso.

También tiene un papel relevante para alcanzar este nivel de ahorro, la EPSV Lagun-Aro que es un sistema de protección social que protege, de forma sustitutiva primero y complementaria después a la Seguridad Social, a los socios-trabajadores de las cooperativas afiliadas El ahorro de las Entidades de Previsión Social Complementaria de la modalidad de empleo está en torno al 54% del ahorro total de las EPSV.

Elkarkidetza EPSV, tiene como objetivo complementar las pensiones del personal de las Instituciones locales y forales. Tiene como antecedente las Mutuas Forales que existían en las Diputaciones para complementar las pensiones de los funcionarios. En 1986, ante la negativa evolución económica de estas Mutuas, se creó la EPSV Elkarkidetza por acuerdo entre los partidos políticos y los sindicatos más representativos. En aquella época, los funcionarios y funcionarias locales y forales no estaban integrados en el Régimen general de la Seguridad Social, su afiliación obligatoria era la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) que, en proporción a sus cotizaciones, concedía pensiones notoriamente inferiores a la de los trabajadores incluidos el Régimen General de la Seguridad Social, es decir el personal laboral de las instituciones locales y forales. En esta etapa, Elkarkidetza fue una EPSV cuyas personas protegidas eran funcionarias y funcionarios de estas instituciones. Era de prestación definida y su objetivo era igualar las pensiones del personal laboral y funcionarial. El primero de abril de 1993, la MUNPAL se integra en el Régimen General de la Seguridad Social y las instituciones dejan de aportar a Elkarkidetza. El año 1998 se creó un Plan de aportación definida que incluía a la totalidad de las empleadas y empleados públicos. El año 2003 se unificaron los Planes de aportación definida y prestación definida, constituyendo el actual Plan de aportación definida. En Elkarkidetza la cuantía de las aportaciones, que se establece en la negociación colectiva, es compartida al 50% entre las personas socias y la institución. El 90% tiene como objetivo el ahorro y un 10% de la aportación es para cubrir casos de incapacidad permanente y fallecimiento. Salvo excepciones, se cobra en forma de renta vitalicia.

Geroa EPSV, Su objetivo es complementa las pensiones del personal de las empresas del territorio de Gipuzkoa. Nace en 1996 en el sector del metal con el acuerdo entre la patronal Adegi y los sindicatos ELA, CC.OO, LAB y UGT. Tiene como antecedente el fondo generado con cotizaciones adicionales a las de la Seguridad Social, con el objetivo de garantizar que la pensión mínima de las y los trabajadores del metal, se equiparara al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Este compromiso se externalizó con la creación de GEROA EPSV que, en un principio complementaba las pensiones en el sector del metal y que, en la actualidad, integra a 20 sectores de actividad. Las aportaciones, que se determinan en la negociación colectiva sectorial, son compartidas y paritarias. La mayor aportación corresponde a la industria siderometalúrgica, con un 4,6% (2,3% por cada parte), a la Construcción y a las Gasolineras, con un 4%. Salvo excepciones, se cobra en forma de renta vitalicia. Es de aportación definida.

Itzarri EPSV, su objetivo es complementar la pensiones públicas del personal de la Administración General e Institucional de Euskadi (Osakidetza, Enseñanza pública, Ertzantza, empresas públicas…). Nació el año 2005 por acuerdo en la Mesa General de Negoción. ELA y LAB no suscribieron el acuerdo, Es una EPSV de aportación definida. La aportación de las instituciones es obligatoria y la del personal es voluntaria. Se puede cobrar en capital, en renta financiera o de forma mixta entre ambas opciones.

Lagun Aro EPSV, Es un sistema de protección social para socios y socias de las cooperativas afiliadas que nace en junio de 1959 y que cubre, con el sistema de reparto, discapacidades, defunción maternidad, paternidad, ayuda al empleo (desempleo), incapacidad temporal y con el sistema de capitalización las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Ha sido un sistema sustitutivo de la Seguridad Social ya que, las pensiones que percibían como autónomos eran pensiones mínimas porque cotizaban por la base mínima del RETA. La Asamblea General Ordinaria de Lagun Aro, celebrada en marzo de 2010, aprobó una reforma integral del Sistema de Pensiones y Cotizaciones y, entre las medias acordadas, destaca el cambio de los porcentajes de cotización que se realiza al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Lagun Aro En concreto, de cotizar un 33% de lo que se cobra (anticipo de consumo) al RETA y un 67% a Lagun Aro, se pasó a cotizar un 60% al RETA y un 40% a Lagun Aro. Esto incrementaba las pensiones concedidas por la Seguridad Social y por ello pasaron de ser un sistema sustitutivo de la Seguridad Social a un sistema complementario, reconociendo más seguridad  y sostenibilidad al sistema público de reparto que a los privados de capitalización.

Entre las EPSV ligadas a las empresas vascas, destacan Iberdrola, Tubacex, C.A.F., Mercedes Benz, Productos Tubulares, Cooperativa San Prudencio, Lantegi Batua, Cegasa, Euskaltel, Tubos Reunidos, Puerto de Pasaia, Elektra y otra pymes del sector laboral de la CAPV

Generalizar o democratizar la Previsión Social Complementaria

Los sistemas individuales en Euskadi tienen una penetración del 75% en las rentas altas y medias-altas, quedándose en un porcentaje insignificante entre los que tienen rentas bajas o medias-bajas, es decir los trabajadores y trabajadoras que conforman el núcleo social más vulnerable.

Por ello, para hacer posible la cohesión social y evitar profundizar en las desigualdades, la previsión social complementaria, en el caso vasco las EPSV, deben responder adecuadamente al reto social de mantener el nivel de vida de todas las personas jubiladas. Y ello sólo es posible si se generalizan, es decir, si se democratizan.

Por eso, el instrumento a desarrollar es el modelo de empleo, porque es el único que permite generalizar su desarrollo entre los trabajadores y trabajadoras de rentas medias y medias bajas que, de otra manera, no podrían hacerlo.

Conviene también recordar que las EPSV de empleo se han desarrollado en Euskadi de forma desigual. En Gipuzkoa se ha desarrollado a través de un acuerdo sectorial en el ámbito privado, es decir en los convenios provinciales y afecta a la mayoría de los trabajadores y de los sectores de actividad. Sin embargo en Bizkaia y Álava únicamente se han establecido en las grandes empresas en las que hay implantación sindical.

Si tenemos en cuenta que el objetivo de generalización de la Previsión Social Complementaria previsto en el Plan del Gobierno Vasco, era hasta que alcanzara una cobertura mínima del 70%  de la población trabajadora para el año 2013, con objetivo de obtener una prestación en torno al 20% del último salario y hacemos un balance de lo logrado, comprobaremos que el grado de implantación de las EPSV de empleo ha sido muy insuficiente ya que está en torno al 31% de la población asalariada de la CAPV. Por otro lado, las aportaciones de las EPSV sectoriales no son suficientes para alcanzar el 100% del último salario. Las razones por las que no se han alcanzado dichos objetivos, son diversas.

Nada más nacer el Plan, se hicieron estridentes declaraciones como que sus bases “apuntalan la política neoliberal del recorte de pensiones” o que “cuestionan el sistema público de pensiones”, mientras CONFEBASK afirmaba que tendría una repercusión muy negativa sobre el empleo y la competitividad.

En estas circunstancias, el Plan estaba condenado al fracaso. Por cierto, en Gipuzkoa, donde está implantada la EPSV GEROA desde 1996, el empleo estaba mejor que en los otros territorios y las empresas no eran, ni son, menos competitivas que las de Araba o Bizkaia.

Otras causas fueron la falta de un amplio acuerdo social sobre la materia y la situación de la negociación colectiva en la que, por razones relacionadas con la devaluación salarial y la precariedad, hay cierta resistencia a abordar la previsión social complementaria.

Aunque en algunas ocasiones se suele afirmar que los incentivos fiscales que se ha venido aplicando han sido insuficientes para desarrollar de forma eficaz la Previsión Social Complementaria, sin embargo, parece que el problema fundamental es la resistencia empresarial a asumir costes y la prioridad sindical en otras materias dentro de la negociación colectiva.

El resultado fue evidente: no sólo no se desarrolló la Previsión Social Complementaria, sino que se estancó la que ya había, al no incrementarse de forma generalizada las aportaciones, lo que ha supuesto que las aportaciones realizadas sean insuficientes para alcanzar el objetivo del 20% del último salario.

Si a ello añadimos que quién debía generar confianza y crear un escenario favorable para el desarrollo de las EPSV, como era el Gobierno Vasco, optó por suspender las aportaciones a ITZARRI, la EPSV de sus empleados, convendremos en que no se adoptaron las medidas necesarias crear las mejores condiciones.

Recientemente el Gobierno Vasco, a través de jornadas sobre la PSC o en declaraciones públicas, ha manifestado su intención de apostar por el desarrollo de las EPSV con la aprobación de nuevos incentivos fiscales. También han hecho pública su intención de poner  en marcha, de la mano de las tres Diputaciones, de las Entidades Financieras y de las EPSV, fondos que permitirán al sector público participar en empresas privadas con el doble objetivo de ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y para incrementar su arraigo en el país.

No tenemos conocimiento de las propuestas concretas y en particular sobre la forma y manera en que tienen previsto el desarrollo de la PSC. No es lo mismo que se imponga un modelo casi obligatorio, como el NEST británico, lo que en estos momentos no sería posible, o que se siga decidiendo en el ámbito de la negociación colectiva.

Respecto al uso de los fondos de las EPSV, hay que señalar que, con carácter general las EPSV de empleo de ámbito sectorial, GEROA, ELKARKIDETZA e ITZARRI son sistemas de aportación definida, lo que significa que las consecuencias derivadas de la mayor o menor rentabilidad de las inversiones, recae sobre la cuantía final de las prestaciones de los socios de número.

Esto no ocurre en los modelos de prestación definida, porque la Entidad debe garantizar una prestación concreta, cuya cuantía es producto de un acuerdo alcanzado en el marco de la negociación colectiva. Lo que quiero decir con ello es que, si estas decisiones afectan a las prestaciones de los trabajadores, cualquier destino de los fondos se debe decidir desde la propia EPSV o previo acuerdo con las organizaciones sindicales.

Las Reformas Fiscales necesarias

Para el desarrollo de la Previsión Social Complementaria en Euskadi, la fiscalidad es importante, pero, como ya se ha constatado, no es suficiente por sí sola. Además, una fiscalidad mal diseñada, puede dar lugar a la especulación y al ahorro a corto plazo con el único objetivo de obtener beneficios fiscales. Los objetivos de las medidas deben ser:

*Garantizar la iliquidez que caracteriza a los instrumentos de previsión social como ahorro finalista para la construcción de rentas complementarias y, en este caso, debe conllevar una compensación fiscal.

*Favorecer el desarrollo de las EPSV y de los Planes de Pensiones de empleo.

*Potenciar el desarrollo efectivo y real del ahorro finalista a largo plazo.

Los sistema individuales, desde nuestro punto de vista, no deben tener incentivos fiscales porque su objetivo prioritario no es la construcción de rentas complementarias a las pensiones públicas, sino que, con carácter general, se suscriben por meras razones de ahorro fiscal. Y las ayudas fiscales solo se pueden justificar si hay un interés social en su aplicación.

Si consideramos que los sistema individuales tienen un alto porcentaje de penetración en la rentas altas y medias-altas (un 75%), siendo el porcentaje de penetración insignificante en las rentas bajas, los esfuerzos fiscales se deben dirigir a potenciar únicamente las EPSV de empleo y no las de carácter individual ya que beneficiaría a las rentas más altas. Los incentivos deben estar dirigidos a personas que, de no ser a través de una EPSV de empleo, no podrían ahorrar para su jubilación por tener rentas insuficientes.

La reducción de la base imponible del IRPF de las aportaciones de las trabajadoras y de los trabajadores, es una medida regresiva ya que beneficia, sobre todo, a las y los contribuyentes de mayor renta, que son los que concentran el mayor porcentaje de las aportaciones a EPSV y planes de empleo que se deducen del IRPF. Proponemos la eliminación de esta figura.

Por otra parte, además de cerrar todas las posibilidades de rescate a los 10 años de antigüedad, para evitar transformar de forma radical la naturaleza de las EPSV y de los planes de pensiones de empleo como instrumentos de previsión social complementaria, se deben adoptar medidas que supongan un mejor tratamiento a la percepción de los derechos en forma de renta en forma de capital.

Hay que tener en cuenta la desfiscalización actual de los beneficios empresariales por ser el Impuesto de Sociedades excesivamente generoso en las deducciones, que reducen el tipo efectivo medio de forma considerable. Y también es excesivamente generoso en el descuento de las pérdidas pasadas contra beneficios futuros. El resultado es que en 2019  las sociedades no financieras ganaron 26.000 millones de euros más que en 2008 y pagaron en concepto de Impuesto de Sociedades, 21.000 millones/€ menos. En Euskadi 2l año 2028 se recaudaron 388,4 millones menos que el año 2008. Cualquier incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades por aportaciones a la PSC, debería estar incluido en una reforma global de este impuesto. No obstante, como quiera que, desde enero del año 2014, es obligatorio cotizar a la Seguridad Social por las aportaciones a la PSC, hacemos una propuesta para recuperar la deducción en cuota que fue derogada en su día.

En el caso de las trabajadoras y trabajadores autónomos, que carecen de negociación colectiva, cualquier ayuda o incentivo fiscal debería conllevar paralelamente la condición de que pagarán las cotizaciones a la Seguridad Social por sus ingresos reales. Lo contrario sería incentivar que los trabajadores autónomos cotizaran a la Seguridad Social por la base mínima, reduciendo los ingresos por cotizaciones.

A)Incentivos fiscales para aportaciones y contribuciones a planes de previsión complementaria de empleo.

  1. Deducción del 10% de la cuota del Impuesto de Sociedades de las contribuciones realizadas por los socios protectores.
  2. Se da una doble alternativa en las aportaciones de las personas trabajadoras. En función de por cuál de    ellas se opte, se establecerá el tratamiento fiscal a las prestaciones.
  • Primera alternativa: Eliminar la reducción de las aportaciones de la base imponible del IRPF, de los Es lo que se hace ahora y es una medida regresiva ya que beneficia a las rentas más altas que son las que concentran el mayor porcentaje de las aportaciones.
  • Segunda alternativa: consistiría en sustituir la reducción de las aportaciones de la base imponible por una deducción en la cuota del IRPF en un porcentaje a determinar. El máximo de la aportación de las personas trabajadoras sujeta a la deducción, no podrá superar las contribuciones realizadas por los socios protectores.

B)Las prestaciones y su fiscalidad.

  1. La prestación cobrada en forma de capital, se integrará en la base imponible del IRPF el 100% de la prestación percibida.
  2. La prestación que se perciba en forma de renta vitalicia o de renta financiera de más de 15 años, en el caso de que se haya optado por la  primera alternativa, eliminar la reducción del importe de las aportaciones de la base imponible del IRPF, solo gravarán los rendimientos  generados por las aportaciones, conforme a la tributación que corresponda a los rendimientos de capital mobiliario.

De haberse optado por la segunda alternativa en la fiscalidad de las aportaciones, es decir por sustituir la reducción de las aportaciones en la base imponible del IRPF por una deducción en cuota, de las prestaciones percibidas en forma de renta vitalicia o de renta financiera con una duración mínima de 15 años, la cuantía que corresponda al importe de las aportaciones realizadas por las personas trabajadoras tendrán la consideración de rentas del trabajo y el resto, es decir los rendimientos obtenidos, tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario.

En el capítulo de las inversiones, se deben adoptar medidas que faciliten el desarrollo de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), como un compromiso de la entidad más allá de lo que establece la Ley de EPSV. La ISR se desarrolla principalmente a través de la Previsión Social

Complementaria de empleo. El objetivo fundamental que se persigue con el desarrollo de la Inversión Socialmente responsable, no es otro que lograr que el ahorro de los trabajadores sea sostenible a largo plazo y promueva la Responsabilidad Social de las Empresas, que no es otra cosa que conseguir introducir la valoración de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión de las inversiones.

El contexto en el que se pueden desarrollar las EPSV:

1.- Hoy, igual que ayer, el desarrollo de la Previsión Social Complementaria necesita de un acuerdo amplio entre los agentes sociales y las instituciones.

2.- Hasta la fecha, después de tantos años de estancamiento de las EPSV de empleo, el Gobierno Vasco no ha puesto en marcha ninguna medida de apoyo a su implantación y tampoco para su fomento y promoción entre las empresas, sus trabajadoras y trabajadores y los agentes sociales, como establece la Ley de EPSV.

La ley dice también que el Gobierno propondrá programas de colaboración con las universidades. Experiencias en debates organizados por asociaciones de pensionistas con profesores de la universidad no van en esta dirección.

3.- La negociación colectiva sectorial es el marco idóneo para su desarrollo en un modelo productivo donde más del 98% de las empresas son PYMES.

4.- Las consecuencias de la crisis y las reformas laborales, que han dejado mayor precariedad, más desigualdad y salarios más bajos, son una dificultad añadida para la extensión de estos instrumentos ya que, en la negociación colectiva sectorial, la generalización de la Previsión Social complementaria, no es una prioridad reivindicativa.

5.- Por otra parte, si tenemos en cuenta las competencias fiscales que, de acuerdo con la Ley de Territorios Históricos (LTH), están residenciadas en las Diputaciones Forales, ¿qué garantía hay de que se vaya a aplicar una política fiscal común y, por tanto armonizada, para ayudar al desarrollo de las EPSV?

Conclusiones

La base de las pensiones futuras debe ser el Sistema Público de pensiones. La Previsión Social Complementaria, por tanto, debe ser un sistema complementario de la Seguridad Social y nunca sustitutivo. La generalización de la PSC no puede, ni debe, garantizar tasas de sustitución por encima del 100% del último salario.

Los esfuerzos fiscales se deben dirigir a potenciar las EPSV de empleo y no las de carácter individual. Las ayudas fiscales solo se pueden justificar si hay un interés social que en este caso es la generalización entre los trabajadores con rentas más bajas.

Debe de reducirse el límite máximo que puede deducirse de la base imponible general del IRPF para evitar un tratamiento más favorable que el que se da a las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los incentivos deben estar dirigidos a personas que, de no ser a través de una EPSV de empleo no podrían ahorrar para su jubilación por tener rentas insuficientes.

Los incentivos fiscales deben dirigirse a que las prestaciones se perciban en forma de renta vitalicia o financiera de más de 15 años, por lo que esta modalidad de cobro debe tener un mejor tratamiento fiscal que la percepción en forma de capital.

La participación del sector público en la empresa privada debe condicionar la política laboral de la misma. No se debe de participar con fondos públicos y de EPSV en una empresa de bajos salarios, con desigualdad y brecha salarial o con precariedad laboral.

La única solución para salir de esta situación es la vía del diálogo social, la negociación colectiva y el acuerdo. Una vía que ya recomendó el Consejo de Relaciones Laborales en el Dictamen que realizó en su día sobre el Plan de Previsión Social del Gobierno Vasco. Eso sí, hay que abordar el diálogo desde la responsabilidad y el rigor. Y debe realizarse desde la lealtad y la discreción.

Eduardo García Elosua

CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL.

La aprobación por el gobierno de España del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo 2020, que establecía la ley del Ingreso Mínimo Vital y los primeros pasos en su implementación, infundieron esperanzas y levantaron expectativas entre las personas y familias vulnerables.

Según las informaciones publicadas en la web de la Moncloa el Ingreso Mínimo Vital podría ser solicitado por 850.000 hogares y beneficiaría a 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad. El presupuesto anual de esta prestación ascendería a 3.000 millones de euros anuales.

En 2019, el porcentaje de la población en España en riesgo de pobreza, según la tasa AROPE, alcanzaba el 25,3%. El porcentaje en situación de privación material severa era del 4,7%, más de 2,2 millones de personas.Los efectos económicos y sociales de la Pandemia del Covid-19 han empujado a la pobreza y exclusión social a nuevos sectores de la sociedad. La ley del Ingreso Mínimo Vital podía reducir el impacto de la pobreza,mientras se preparaban las medidas para relanzar el trabajo digno y avanzar hacia el pleno empleo.

Sin embargo, tras los inicios prometedores de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el desarrollo y gestión de su implementación hasta la fecha han provocado una gran decepción y frustración entre las personas vulnerables que han solicitado dicha prestación. Los datos publicados el 16 de diciembre por Seguridad Social son muy preocupantes: De 1.136.173 expedientes válidos de solicitud de la prestación del IMV, solo se habían aprobado 159.482 y denegados 466.973, estando el resto pendientes de subsanación y análisis. Es decir, solo 159.482 hogares donde viven 462.508 personas les ha sido reconocido el IMV. A esta cantidad hay que descontar los 74.119 hogares que percibían prestaciones por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33 y que el mes de junio recibieron la prestación de manera automática sin necesidad de presentar solicitud. En el caso de alguna provincia, como es el caso de Barcelona, las 1.596 solicitudes de IMV aprobadas solo representan el 1,9 % del conjunto de solicitudes presentadas a partir del 15 de junio 2020.

Ante la triste e indignante realidad de la implementación del IMV, tras un primer análisis de la propia ley, y su contraste con la experiencia en la implementación de otras prestaciones como es el caso de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, las personas y entidades firmantes de esta carta al gobierno proponemos como primeras medidas para mejorar la gestión de la implementación y el contenido de la ley del IMV:

1.- Con carácter de urgencia dotar del personal necesario para una tramitación rápida y efectiva de las solicitudes de IMV.

2.- Resolver de forma inmediata y efectiva la intercomunicación entre las distintas administraciones públicas, central, autonómica y local, para la resolución de las solicitudes y la articulación del IMV con las prestaciones similares que existen en las comunidades autónomas.

3.- Modificar el apartado 2 del artº 18 “Cómputo de los ingresos y patrimonio” de la ley del IMV, reduciendo el periodo de cómputo de los ingresos obtenidos por el solicitante “durante el ejercicio anterior a la solicitud” a solo dos meses antes de la solicitud, tal como establece en la actualidad la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya.

4.- Modificar el apartado 3 del artículo 25 “Tramitación” de la ley del IMV, del Real Decreto ley 28/2020 de 22 septiembre que modifica el Real Decreto ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital, al ampliar el plazo de resolución del INSS a la solicitud de la prestación de tres a seis meses, reduciendo dicho plazo a dos meses.

5.- Modificar el párrafo final del apartado 3 del artículo 25, que establece la norma del silencio negativo “Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada” y sustituirla por la norma de silencio positivo que protege mejor los derechos de la persona solicitante, con el siguiente redactado: Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona interesada debe entenderse estimada la solicitud.

Como puede comprenderse exigir un año de carencia de ingresos antes de la solicitud del IMV y luego esperar seis meses a la resolución bajo la norma de silencio negativo a las personas en situación de vulnerabilidad es prolongar injustamente el sufrimiento a dichas personas, empujarlas a la exclusión social, a que abandonen la esperanza de solicitar el IMV.

6.- Modificar el artículo 32 “Financiación” y sustituirla por el siguiente redactado: “La prestación económica del Ingreso Mínimo Vital se financia a cargo del presupuesto General del Estado. Para asegurar la cobertura suficiente de la prestación, los créditos tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con la legislación vigente”.

De este modo se asegura la financiación del Ingreso Mínimo Vital sin depender de los fondos de la seguridad social.

Finalmente, tras comprobar casos de solicitudes de IMV resueltas favorablemente, a las que se ha descontado de la cuantía de la prestación de IMV en 2020 las prestaciones de desempleo percibidas durante varios meses en 2019, lo cual ha motivado la presentación de la correspondiente demanda al juzgado de lo social, solicitamos la apertura de una investigación y la rectificación de dicha gestión devolviendo la parte detraída de la prestación del IMV a las personas que hayan sufrido dicha reducción.

Esperamos que nuestras propuestas sean atendidas y expresamos nuestra disposición a dialogar con el gobierno de España para mejorar la Ley del Ingreso Mínimo Vital en base a la experiencia acumulada con la implementación de otras prestaciones similares.

22 de diciembre de 2020

Primeras entidades firmantes:
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones-COESPE, Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, Afectats BB Serveis, Agrupació TAXI Company, Aigua es Vida, Alianza contra la Pobreza Energética, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, Asociación por la remunicipalización de los Servicios Públicos, Amigos del deporte el ocio y la cultura del Prat de Llobregat, ASSEMBLEA GROGA, ATTAC España, ATTAC Acordem, CICLO, COBAS, Colectivo Ronda, Colectivo sin vivienda de Terrassa, Confederació Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, Coordinadora Residencias 5+1, CUT de Aragón, Dones abolicionistes, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona-FAVB, FSOC Canarias, Intersindical Alternativa de Cataluña, Intersindical Valenciana, LINEAS ROJAS, Marea Blanca Gaditana, Marea Blanca Rioja, Marea la Colomense, Marea de Mareas, Marea Pensionista de Cataluña, Marxa Dignitat Catalunya, Moviment de les Pensions Dignes de Terrassa (MPD), Movimiento de Resistencia Vecinal, NO+PRECARIETAT, Pastoral Obrera de Cataluña, Plataforma Afectados por la Crisis Badalona-PAC, Plataformas de Afectados por las Hipotecas catalanas-PAHs, Plataforma SAD Cataluña, PRESSENZA-Agencia noticias Internacional, RidersxDerechos, Sindicato Las Kellys Cataluña.


Si desea suscribir esta carta al gobierno de España puedes enviar el nombre de la entidad, colectivo social o bien a título personal indicando su nombre, apellidos y profesión o actividad social al email:
carta.imv@gmail.com

 

 

 

BAT ETORRI abre una ronda de contactos con los partidos políticos de la Cámara Vasca.

A través de la asociación Tologorri de Gasteiz, en representación del grupo de Jubilados y Pensionistas BAT ETORRI estámos presentando nuestras demandas a los partidos políticos de la Cámara Vasca.

El pasado día 17 de Diciembre el encuentro fue con Jon Aiartza por parte del PNV.El 23 de Diciembre dicha representación de pensionistas se entrevisto con Jon Hernández de Elkarrekin-Podemos,el cual hizo suyas las reivindicaciones de BAT ETORRI.

Queremos recordar los cinco puntos, que de forma unitaria defiende BAT-ETORRI Consenso, son:

La defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y con el modelo de reparto; Mantenimiento por Ley del poder adquisitivo de las pensiones; pensiones mínimas de 1.080 euros, derogación del factor de sostenibilidad y medidas que pongan fin a la brecha de las pensiones en razón del género.

Las próximas semanas seguiremos la ronda con los demás grupos politicos.

El RESURGIR DEL PASADO EN ESPAÑA.Y el Documental censurado de 1980 ROCIO

Un libro a favor de una buena memoria histórica, sensible y plural.
Durante mucho tiempo la Transición española se consideró
modélica. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto
ampliamente cuestionada, al tiempo que cobraba fuerza la demanda
de justicia y verdad sobre las atrocidades cometidas por los
franquistas en la guerra y la posguerra.

El relato asentado durante la transición invitaba a dejar el pasado de
lado como único modo posible de transitar pacíficamente hacia la
democracia y se sustentaba en la idea de que todos habían sido
igualmente culpables de la barbarie desatada en la contienda. Este
pilar fundamental de la transición comienza a agrietarse a medida
que las exhumaciones de fusilados republicanos perturban el olvido
en el que habían caído las víctimas del franquismo y las confesiones
de los verdugos refieren verdades incómodas sobre el pasado. Este
excelente ensayo, claro y sintético, analiza cómo ha tenido lugar
esta transformación.

«Un tema de interés candente y dos autoras de credenciales
impecables. Un libro escrito con esmero y basado en un
impresionante conocimiento de la enorme bibliografía existente
sobre el tema». —Paul Preston

«Un análisis sorprendentemente original, de la mano de dos
destacadas especialistas, del problema de las atrocidades, la
memoria y la responsabilidad en el caso español, único tanto por la
amplitud de su perspectiva comparada como por la profundidad de
su mirada sobre los asuntos nacionales». —Stanley G. Payne

PARA VISUALIZAR AQUÍ:

El resurgir del pasado en España – Paloma Aguilar Fernandez

ROCIO(documental)

Rocío es una película documental española dirigida por Fernando Ruiz Vergara y estrenada en 1980. Fue la primera película secuestrada judicialmente en España tras la aprobación de la Constitución de 1978 y la desaparición de los mecanismos del franquismo para la censura previa del cine. También fue el primer documental realizado en España sobre la represión ejercida por el bando franquista durante la Guerra Civil Española.

El documental aborda el fenómeno de la romería de El Rocío, analizándolo desde diversas perspectivas, históricas y antropológicas: la veracidad de la aparición mariana, el clasismo de las hermandades rocieras, la relación de miembros de hermandades rocieras con la represión ejercida por partidarios de los sublevados en Almonte en los primeros meses de la Guerra Civil… Según la sinopsis de la película, se trata de «una romería de la Baja Andalucía, en donde viven miles de trabajadores sin tierras y generalmente sin trabajo, con todo el folclore y falsos mitos que ha creado la Andalucía oficial entremezclada con ésa y otra que estamos tratando de desenterrar día a día».

Para visualizar via Facebook:

EL SILENCIO DE LOS OTROS

INCIATIVAS EUROPEAS POR EL CLIMA.Petición ante el Bundestag.

El Bundestag debería decidir convocar un consejo ciudadano a nivel nacional sobre política climática. Este debe ser representativo e independiente y asesorar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué medidas debería tomar Alemania para 2035, teniendo en cuenta la justicia social, para contribuir al cumplimiento de los objetivos climáticos de París? El Bundestag debería comprometerse a tener en cuenta las propuestas del Consejo de Ciudadanos en su legislación.

Razón

Un consejo ciudadano reúne a personas con experiencias y perspectivas de vida muy diferentes, les da la oportunidad de obtener información completa y trabajar juntos en propuestas de soluciones para la política. Los consejos de ciudadanos pueden fortalecer nuestra democracia y, al mismo tiempo, iniciar una política climática justa y basada en hechos que sea apoyada por la población en general.

¿Cómo funciona un consejo ciudadano?

Un grupo de alrededor de 100-150 personas seleccionadas al azar que reflejan la diversidad de nuestra sociedad se reúne durante varios fines de semana para desarrollar recomendaciones de acción sobre un tema específico. Será asesorado por expertos reconocidos e independientes y, con la ayuda de moderadores, discutirá las ventajas y desventajas de los diferentes enfoques. Un consejo ciudadano trabaja de forma transparente e independiente.

¿Por qué un Consejo Ciudadano de Política Climática?

Durante años, el gobierno federal no ha podido abordar adecuadamente la crisis ambiental y climática. El paquete climático adoptado en 2019 es un primer paso en la dirección correcta, pero no conducirá a los principales cambios sociales que la ciencia cree que son necesarios para lograr los objetivos climáticos vinculantes de París y limitar el calentamiento global a 1,5 ° C. Aquí es donde entra en juego el Consejo Ciudadano: puede ayudar a encontrar una respuesta socialmente justa a la crisis climática que tenga en cuenta el conocimiento científico y, al mismo tiempo, implique activamente a los ciudadanos en la búsqueda de soluciones.

Cuando se trata de la protección del clima, las cuestiones ecológicas candentes se encuentran con los intereses económicos y los conflictos sociales. Para muchas personas, los cambios sociales están plagados de preocupaciones; por ejemplo en relación con su trabajo o su estilo de vida. Por lo tanto, los políticos se arriesgan cuando hacen campaña a favor de una política climática ambiciosa: si bien los efectos negativos del calentamiento global solo aparecerán por completo en las próximas décadas, las próximas elecciones son en unos pocos años. Los representantes de las personas que ahora quieren implementar medidas ambiciosas en interés de los jóvenes y las generaciones futuras pueden atraer fácilmente el descontento de muchos votantes. Un consejo ciudadano puede otorgar a los políticos un mandato para medidas orientadas al futuro.

Un consejo ciudadano como oportunidad

Además del calentamiento global, la creciente desigualdad social y la caída de la confianza en las instituciones democráticas son motivo de preocupación en Alemania. Por lo tanto, la política climática puede y debe ser una ocasión para considerar qué es importante para nosotros como sociedad y qué visiones tenemos para nuestro futuro común. Utilicemos la crisis climática como una oportunidad para crear un futuro diferente y más justo. Con un consejo ciudadano de política climática. Y tomadores de decisiones políticas que se comprometan a tomar en serio las recomendaciones de acción de los ciudadanos.

 

 

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