Desgasificar nuestra sociedad para una vida digna.

Manifiesto constitutivo de la red Gas No Es Solución.

Debido a la actual coyuntura energética, el gas ha pasado a ocupar una posición preponderante en el debate mediático, político y social. Pese a sus grandes impactos medioambientales y climáticos, ha sido la cuestión económica, apoyada por la consigna de la seguridad energética, la que ha puesto en evidencia los problemas asociados a la utilización de este combustible fósil. Entre otros, genera inseguridad energética y alimenta los conflictos. El mal llamado gas “natural” se ha vendido durante años como barato, limpio y disponible, pero en realidad es un combustible fósil, caro, sucio e injusto.

Desde abril de 2021 asistimos a un incremento constante en los precios del suministro eléctrico. La situación es especialmente grave porque se trata de un servicio esencial del que no podemos prescindir, pero además, debido a su carácter sistémico, está afectando a todos los sectores de la economía, provocando una inflación que nos afecta a todas, aunque, como es obvio, no en igual medida o grado de afección.

Se señala como la causa principal la fuerte subida del gas por razones geopolíticas. Y es que, aunque el gas solo cubrió el 15,2% de la demanda eléctrica (datos del informe REDEIA 2021), el sistema marginalista que fija los precios en el mercado mayorista no es la fórmula más adecuada para mantener la estabilidad de los precios ni para favorecer la competencia. El sistema eléctrico no funciona, e incluso ha sido necesaria una intervención pública para establecer límites al precio máximo del gas y evitar así que arrastre al resto de tecnologías en su escalada de precios.

Si está tan claro que la dependencia del gas afecta de forma tan negativa a nuestras economías, contribuye a los procesos de empobrecimiento y, además, es causa del cambio climático que nos amenaza, ¿por qué nos empeñamos en ampliar sus infraestructuras? Lo razonable sería invertir esos fondos en soluciones que nos permitan dejar de usarlo.

Es por todo ello que los colectivos abajo firmantes observamos alarmados el impulso político y el blanqueamiento social que está recibiendo este combustible fósil, a pesar de la evidencia científica de que el impulso a su consumo garantiza el incumplimiento del objetivo de no sobrepasar un aumento de 1,5 ºC, umbral establecido por el IPCC como zona de seguridad climática, que será sobrepasado según la Organización Meteorológica Mundial antes de cinco años.

Este impulso institucional se traduce en diversas actuaciones: la promoción de nuevas grandes infraestructuras gasistas tanto en el Estado español como en toda la Unión Europea (UE), el Plan RePower EU como estrategia para diversificar las importaciones de
Gas Natural Licuado (GNL), así como la firma de memorandos de entendimiento (MoU) para el suministro de gas con países que no respetan los derechos humanos (por ejemplo, Qatar, Azerbaiyán o Israel) o que utilizan técnicas de fractura hidráulica (fracking) con un alto impacto medioambiental (por ejemplo, EE UU), técnicas de extracción prohibidas en muchos países.

Los proyectos de infraestructuras que están encima de la mesa en el Estado español incluyen grandes gasoductos como el MidCat, que pretende unir Catalunya con el Midi francés, o el gasoducto submarino Barcelona-Livorno. También la apertura de la regasificadora de GNL ubicada en el puerto de El Musel, en Xixón, o la propuesta de gasificación de las Islas Canarias, o el debate de los proyectos gasistas en el Parque Natural de Doñana. Mientras, se sigue promoviendo la capilarización de las redes de distribución gasistas en los pequeños municipios o las estaciones de carga vehicular en nuestras carreteras y se financia con dinero público, no solo la renovación de calderas de gas por otras más eficientes, sino la promoción de nuevas instalaciones donde aún no había entrado el gas. Muchas de estas infraestructuras se pueden beneficiar de trámites abreviados de aprobación y de financiación pública europea. Es posible que sus costes se transfieran a la factura del gas, como ya ocurre con las infraestructuras existentes del sobredimensionado sistema gasista del Estado español.

Todo ello, pese a multitud de informes técnicos que avalan que no son necesarias nuevas infraestructuras gasistas para solventar la crisis energética actual. La vida media de estas infraestructuras es de varias décadas, lo que convierte la apuesta por este combustible en algo incompatible con los objetivos climáticos europeos.

Cuestionamos también la idea de que estos desarrollos gasistas estén al servicio del bien común. A menudo son los grandes fondos de inversión y las empresas del oligopolio gasista las que están interesadas en el desarrollo de estas infraestructuras.

Necesitamos desvincular nuestras necesidades energéticas de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y desgasificar nuestra sociedad. Cualquier expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles nos alejará de la última oportunidad de evitar el caos climático, y continuará con las décadas de daños causados a las comunidades que viven cerca de los pozos de extracción de gas fósil de fractura hidráulica o fracking, generando las llamadas zonas de sacrificio. También se producen impactos en las poblaciones cercanas a los gasoductos, las estaciones de compresión y las terminales de exportación e importación de GNL.

Por otro lado, es necesario resaltar que las infraestructuras gasistas no son una solución a corto plazo, ya que su autorización, construcción y puesta en marcha pueden requerir años, desviando recursos de aquellas medidas que realmente ayudarían a reducir rápidamente nuestra demanda de gas, como la eficiencia energética, la electrificación, la promoción de las energías renovables, la gestión activa de la demanda, el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, y el impulso al autoconsumo y a las comunidades energéticas. Además, marcos normativos como la nueva taxonomía de la UE e instrumentos como el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) nos atan al gas fósil durante las siguientes décadas. En el caso del TCE el reciente texto para la modernización del tratado (pendiente de adopción), propone proteger las inversiones en gas hasta 2043 bajo ciertas circunstancias. Eso significa que los Estados que apuesten por el abandono de este combustible fósil corren el riesgo de enfrentarse a costosas demandas bajo el TCE. Así, la construcción de nuevas infraestructuras para el suministro de gas puede ser la justificación para alargar los plazos de la necesaria descarbonización.

Ante la situación actual, existen soluciones compatibles con la lucha climática. La reducción de la demanda mediante la priorización de los usos energéticos, la implementación de la eficiencia energética, la concienciación ciudadana y la difusión de una buena cultura energética es el primer paso. Acompañar estas medidas con una necesaria y efectiva participación ciudadana aumenta el potencial de estos tres factores, además de la justicia social y añadir valor social a la transición energética.

Por encima de necesarias medidas sectoriales, hace falta sobre todo un trabajo profundo de transformación del modelo socioeconómico de producción y consumo. Solo en un sistema que deje atrás el objetivo de crecimiento económico y cuya transformación se sustente en una participación ciudadana efectiva se podrá afrontar con garantías la transformación del sector industrial y tendrán sentido las necesarias medidas de eficiencia energética y la implementación de las alternativas limpias y locales disponibles en todo el territorio. El IPCC (IPCC AR6 WGIII 3.6.1) establece que solo un enfoque no-crecentista/decrecentista permite alcanzar la estabilización climática por debajo de los +2 °C. En definitiva, consumir menos energía facilita la sustitución de aquella procedente de fuentes fósiles.

Ante esta situación, las organizaciones que suscribimos este manifiesto exigimos:
• Que no se desarrollen nuevos yacimientos de combustibles fósiles o minas de carbón. También que, al menos, el 40% de las reservas de los yacimientos de petróleo y gas y de las minas de carbón que ya están produciendo o en desarrollo permanezcan bajo tierra para mantener el objetivo de 1,5°C.
• Que las sanciones y medidas tomadas por la UE y el Estado español en el contexto de la guerra en Ucrania no se conviertan en una excusa para incrementar la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente el gas, sin importar de donde provengan.
• Que se trabaje por aumentar la ambición climática, reforzando herramientas legislativas como el paquete Fit for 55, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y realizando una revisión ambiciosa del Plan Integrado de Energía y Clima a nivel estatal y las estrategias regionales. En concreto, debería incluirse la prohibición de las importaciones de gas procedente de fracking.
• Que se lleve a cabo un análisis riguroso del papel temporal/residual del gas en la transición energética evaluando su contribución real al Cambio Climático en todo su ciclo de vida, y que dicho análisis contenga un calendario concreto para su abandono, acorde a la implementación de los escenarios climáticos que garantizan un futuro habitable y que establecen el pico de emisiones globales en 2025 y un descenso del 43% para 2030. Ello sin perjuicio del abandono urgente del carbón y de la energía nuclear.
• Que se establezca un plan de cierre progresivo de la infraestructura de gas a medida que escalan los sistemas renovables alternativos y disminuye la demanda mediante eficiencia y eliminación de usos innecesarios. Los hitos del plan serían, como tarde, dejar de quemar gas para producir energía eléctrica en 2030, en hogares y edificios en 2035 y para procesos industriales en 2040.
• Que no se destinen más recursos públicos a la promoción del modelo gasista y que se evalúe la necesidad presente y futura de nuevas infraestructuras de gas, que acaban por sobredimensionar el sector energético, generan endeudamiento público, encarecen las facturas y acentúan la pobreza energética.
• Que se tome en especial consideración la opinión de la población directamente afectada por las infraestructuras gasistas, por los riesgos que estas implican y porque ponen a las poblaciones al servicio de los intereses del sector económico y financiero que poco o nada tienen que ver con las realidades locales.
• Que se ponga freno al impulso del gas en el sector del transporte terrestre y marítimo, dejando de lado la creación de nuevas e innecesarias infraestructuras de recarga de GNL para vehículos pesados, turismos y buques. Las medidas deben ir encaminadas a modos de transporte sostenibles, y soluciones que fomenten los desplazamientos activos, el uso de la bicicleta, el vehículo colectivo y eléctrico, el ferrocarril y su electrificación, reduciendo progresivamente el uso del vehículo privado.
• Que la imprescindible transición energética se lleve a cabo de forma transparente y democrática. Se deben evaluar las necesidades energéticas de cada territorio, incentivando la planificación y la soberanía energética, priorizando la reducción del consumo energético y promoviendo una cultura energética que permita a la ciudadanía empoderarse y contribuir a la construcción de un nuevo modelo energético limpio, abriendo un debate público donde la ciudadanía debe jugar un papel preferente.
• Que se proteja a las personas en estado de vulnerabilidad mediante una tarifa social para la energía y los suministros básicos. Además de implementar un cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables y la inversión en eficiencia energética en los edificios, se deben fomentar las comunidades energéticas con perspectiva térmica.
• Que se faciliten canales de financiación pública que apoyen la generación eléctrica distribuida y que incentiven la producción energética local, basada en fuentes renovables, en el sector doméstico e industrial. Al mismo tiempo, desde el sector público debe promoverse la desinversión fósil, retirando todos los activos económicos de proyectos de combustibles fósiles, incluyendo el gas.
• Que la participación del sector financiero, no se rija solamente por los criterios económicos, sino que incluya inversiones basadas en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés) que cumplan con las recomendaciones científicas para alinearse con el objetivo de 1,5°C. Es necesario hacer especial hincapié en los beneficios sociales y ambientales que conlleva la reasignación de capital hacia el sector de las energías limpias cuando existe una verdadera participación de la ciudadanía.
• Que la UE y el Estado Español abandonen el Tratado de la Carta de la Energía para eliminar cualquier protección a las inversiones extranjeras en el sector del gas fósil y potenciales demandas futuras, eliminando así un obstáculo más a la transición energética justa.
• Que se prohíba la publicidad de los combustibles fósiles y las empresas gasistas. Especialmente aquella que realiza lavado verde del gas fósil.
• Que el sector energético asuma el ecofeminismo como elemento esencial del nuevo modelo energético y la transición energética se lleve a cabo teniendo en cuenta la participación activa y el protagonismo de las mujeres, en un sector que todavía sigue estando muy masculinizado.



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