Las continuas agresiones a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia y sobre todo pensiones), se ponen de manifiesto una vez más con las vergonzosas declaraciones de la Sra. Bañez y la Sra. Villalobos, pidiendo aumentar la edad de jubilación a los 70 años. El presidente de los empresarios se ha unido a esas declaraciones pidiendo la jubilación a los 75 años. Los representantes del poder económico y el gobierno que  diriguen estos mismos poderes económicos pretenden acabar con todos los derechos sociales. Las reformas laborales y de pensiones llevadas a cabo han precarizado y exiliado a los jóvenes con salarios de miseria, provocan unas cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social y por tanto impiden unas pensiones dignas. Se condena a más de 9 millones de pensionistas a la pobreza. Jóvenes, trabajadores y pensionistas sufrimos las consecuencias de la crisis que el sistema impone a la mayoría social.

 Se gobierna para una minoría privilegiada que controla el poder económico, bancos, eléctricas, y corporaciones del IBEX 35, empresas en cuyos Consejos de Administración están los políticos que han hecho las reformas laborales y de pensiones con el único objetivo de favorecer a estas empresas. Desde estos consejos, nutridos por políticos del bipartidismo, se determina la subida de la luz en más del 12%, del gas un 10% y se lleva a la

mayoría social y a los pensionistas al empobrecimiento generalizado.

El IPC actúa sobre nuestras pensiones como un impuesto que el gobierno del PP impone a los y las pensionistas de forma inmoral y perversa mientras utiliza este dinero que se nos roba para darlo a bancos y eléctricas y salvar sus cuentas financieras.

El gobierno del Partido Popular plantea para el año 2018 unos Presupuestos Generales del Estado que condenan a la miseria a los pensionistas, no garantiza las mismas, la miserable subida del 0,25% 2 €  es no sólo insuficiente frente a una inflación incontrolada que nos conduce a pensiones asistenciales sino una auténtica burla

Las reformas del 27/2011 (PSOE) y del 23/2013 (PP)  y los Pactos de Toledo introduciendo los PPP y PPE actúan como una losa y suponen, según expertos y economistas, una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones. Es evidente que este deterioro del Sistema Público de Pensiones tiene un objetivo que es favorecer los Planes Privados de Pensiones (PPP) y los Planes Privados de Empresa (PPE), y con ellos a bancos y gestores de dichos planes.

 

Desde la CEDSPP exigimos mantener el actual sistema de reparto, las pensiones como un derecho constitucional, su inclusión en los PGE para hacer frente a los posibles déficits del sistema y reenbolsar lo sustraído de la hucha de las pensiones. Exigimos retomar la jubilación a los 65 años, la jubilación sin penalización a los 40 años cotizados, así como retomar el subsidio a los mayores de 52 años y la eliminación de toda discriminación que actualmente vulnera los derechos humanos de la mujer.

Es una lucha que no podemos perder y por ello estaremos hoy y los días necesarios en las calles hasta conseguirlo.

COMUNICADO 22 FEBRERO 2018

 

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 @RedPENSIONISTAS quiere ser una entidad plural que va a utilizar las Redes Sociales para impulsar, facilitar y coordinarnos con otras entidades en pro de una jubilación con Dignidad ,en derechos y oportunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su país para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos, violencia y persecuciones, aumenta cada día. Ya son más de 70 millones en todo el mundo. En 2016, 1.259.265 trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en España. El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho más de 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección.

Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales,están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos,
esclavitud laboral…

Mientras tanto, Europa se blinda, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países
africanos, para que sean éstos los que se encarguen de “gestionar” el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución, auspiciando la esclavitud y la tortura. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional.
Vivimos una crisis del Estado de Derecho.

El Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas. El 26 de septiembre del año
pasado terminó el plazo del programa de reubicación europeo. España ha acogido a un ridículo 13,48% de las 9.323 personas asignadas en su cuota, tras haber rebajado casi la mitad el compromiso inicial de acoger a 17.337. Tan solo 1.257 personas en dos años. Un porcentaje vergonzoso, que nos coloca entre los países con un mayor grado de incumplimiento.

Además, las políticas de asilo españolas durante 2016-2017 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.

Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.

Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.

Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.

Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.

Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como España, sin trabas y de forma efectiva.

Que España, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.

Que España y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI.

Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los Derechos Humanos.

Que España y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.

Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.
La ciudadanía está en pie. No seremos cómplices. Esta Europa Fortaleza no nos representa, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN

Egoera oso latza da. XXI. mendean ongi sartuta gaudela, Bigarren Mundu Gerraz geroztik izan den errefuxiatu eta migratzaileen krisi humanitariorik handiena jasaten ari gara. Gatazka armatuen, eskubide-urraketen, indarkeriaren eta jazarpenen ondorioz bizirik jarraitzeko beren herrialdetik ihes egiten duten pertsonen kopurua gero eta handiagoa da. Dagoeneko 70 milioi baino gehiago dira mundu osoan. 2016. urtean, 1.259.265 pertsona saiatu ziren Europan aterpea aurkitzen, eta nazioarteko babesa eskatu zuten. Haietatik guztietatik, 15.755 baino ez ziren saiatu Espainian. Mediterraneo itsasoko egoera benetan lotsagarria da gaur egun. Azken 17 urteetan, 35.000 pertsona hil dira bertan, eta 2016. urteaz geroztik, 7.000 baino gehiago, haurrak tartean. Heriotza horiek ez ziren gertatuko pertsona horiek babesa lortzeko bide seguruak eta legezkoak izan balituzte.

Gainera, gure multinazionalak ere, munduko beste potentzietakoak bezala, nahitaezko migrazio horien arrazoien jatorrian daude (interes ekonomiko eta energetikoek eragindako gerrak, eskubideen urraketak, lan-esklabotza eta abar).

Aldi berean, Europa blindatu egin da, asilo-politikak gogortu egin ditugu nazioarteko babesa jasotzeko eskubidea baliatzea gero eta zailagoa izan dadin, eta seguruak ez diren hirugarren herrialdeekiko “legez kanpoko” akordioak bultzatu ditugu (Turkiarekin edo Afrikako herrialde batzuekin egindako akordioak, adibidez), gerratik ihesi doazen edo jazarpen motaren batengatik bizitza arriskuan duten milioika pertsonaren etorkizuna herrialde horietan “kudea” dadin, era horretan esklabotza eta tortura babesten bada ere. Pertsona horien giza eskubideak behin eta berriz urratzen dira, lehenik eta behin jatorrizko herrialdean, eta, ondoren, gure herrialdera iristen direnean, Espainia nazioarteko babesa eskaintzera behartzen duten nazioarteko lege eta adierazpen unibertsal guztiak gorabehera. Zuzenbide Estatuaren krisi batean sartuta gaude.

Espainiako gobernua ez da betetzen ari hartu dituen konpromisoak. Milaka pertsonak nonbait hartuko dituzten zain jarraitzen dute Europa barruko zein kanpoko errefuxiatu-esparruetan, egoera penagarrian. Joan den urteko irailaren 26an, Europako birkokapen-programaren epea amaitu zen. Espainiak bere kuotako 9.323 pertsonen % 13,48 baino ez ditu hartu, hasierako konpromisoa (17.337 pertsona hartzeko konpromisoa, alegia) ia erdira murriztu ondoren. 1.257 pertsona baino ez dira izan bi urtean. Ehuneko lotsagarria da, eta ez-betetze mailarik handieneko herrialdeen artean kokatzen gaitu.

Gainera, 2016-2017 aldian, Espainiako asilo-politikak asilo-eskubidea mugatu die Siriakoaz bestelako gatazka batzuetatik ihes egiten duten eta, Sirian bezala, eskubideen urraketak jasaten dituzten milaka pertsonari.

Orain, inoiz baino gehiago, beharrezkoa eta premiazkoa da herritar, kolektibo, elkarte, entitate eta mugimendu sozial guztiak kalera irtetea eta zer nahi dugun garbi eta ozen esatea.

EZ dugu Europa “gotorleku” bat nahi, Europa abegikor bat baizik.

Bizitzeko eta aterpea jasotzeko eskubidea babestuko duen Europa nahi dugu, heriotzatik ihesi gure mugetara iristen saiatzen diren pertsonen eskubideak urratuko EZ dituena.

Pertsona horiek nazioarteko legeriari jarraikiz hartzea nahi dugu, eta hartutako konpromisoak eta betebeharrak betetzea. EZIN da inor bidali segurua ez den herrialde batera.

Denok elkarrekin eskatzen dugu beren herrialdeetatik ihes egiten duten pertsonak dagozkien eskubideen arabera trata daitezen, eta, beraz, hainbat herrialdetan (Espainian, adibidez) dagokien nazioarteko eskubidea eragozpenik gabe eta eraginkortasunez eskatzeko aukera izan dezaten.

Espainiak eta Europako gainerako herrialdeek legezko bide seguru batzuk (hala nola korridore humanitarioak) edota enbaxadetan asiloa eskatzeko aukera berma ditzaten.

Espainiak eta EBko gainerako gobernuek premiazko harrera-neurriak har ditzaten eta berehala aplika ditzaten, kalteberatasun-egoeran dauden pertsonen babes-premiak bereziki kontuan hartuta (hala nola haurrenak, emakumeenak eta LGBTI pertsonenak).

Europar Batasunak giza eskubideak betetzen ez dituzten herrialdeekin mugak kontrolatzeko eta pertsonak itzultzeko eta berriz hartzeko akordioak bertan behera utz ditzan.

Espainiak eta Europar Batasunak errefuxiatuen eta migratzaileen duintasuna eta inklusioa bermatuko duten harrera-politikak gara ditzaten.

Eta, jakina, gobernuek garapenerako lankidetza sendotu dezaten, errefuxiatuen desplazamenduak eragiten dituzten arrazoietan lan egiteko eta pertsona horiek ihes egiten ez jarraitzeko.

Herritarrok zutik gaude. Ez gara konplizeak izango. Europa “gotorleku” honek ez gaitu ordezkatzen, GIZA ESKUBIDEAK EZ DIRA NEGOZIATZEN