PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ISLA DE SANTA CLARA.

Las obras del faro de la isla de Santa Clara están a punto de finalizar y se espera que la obra de Cristina Iglesias quede abierta al público a partir de la primavera de 2021. Desde que seanunció el proyecto hemos sido muchas las asociaciones, agentes y particulares que hemos mostrado dudas sobre las consecuencias que dicho proyecto podría acarrear. Tal y como se ha señalado en más de una ocasión, esta iniciativa, tendrá repercusiones en el medio ambiente, en el patrimonio, en las finanzas públicas, en el proceso de turistificación de la ciudad y en la privatización del espacio urbano. Sin embargo, haciendo oídos sordos a las sugerencias de mejora realizadas por diversos colectivos, el Gobierno municipal de Donostia ha defendido con vehemencia la ejecución integral del proyecto. La hoja de ruta marcada al principio no ha variado ni un ápice tras el estallido de la crisis sanitaria y económica que actualmente vivimos como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Es más, el Gobierno municipal de Donostia aprobó el 3 de noviembre de 2020 la segunda modificación del contrato de obras del faro de Santa Clara, acordando encarecer un 11% el coste de las mismas, precisamente en un contexto de crisis que no ha hecho más que acrecentar las necesidades sociales.

Preocupados por los efectos colaterales que la intervención artística que se está llevando a cabo en el faro de Santa Clara pueda generar en la isla y en la ciudad en general, las asociaciones y agentes firmantes del presente escrito queremos compartir la siguiente reflexión:

La isla de Santa Clara es un elemento vertebrador que articula la identidad colectiva de Donostia. No obstante, esta joya de extraordinario valor natural es tan rica como frágil. En consecuencia, el aumento de la presión antrópica que soporta la zona puede resultar totalmente perniciosa para su subsistencia. Nuestra preocupación se fundamenta en gran medida, en el potencial devastador que un previsible incremento de visitantes podría ocasionar en la isla.

Aunque entre los firmantes cada uno tiene su opinión y su posición sobre la remodelación del faro, no pretendemos poner en tela de juicio el valor artístico de este proyecto. Sin embargo, consideramos que, si el proyecto no se lleva a cabo junto con medidas para proteger y garantizar los valores del espacio y su entorno, causará daños irreparables. De hecho, tenemos presente lo que está sucediendo en Gaztelugatxe, que desde su aparición en la serie “juego de Tronos” se ha convertido en mero escaparate turístico. Este ejemplo cercano nos muestra que la proliferación desmesurada de visitantes puede provocar una progresiva pérdida de valores naturales, así como de rasgos paisajísticos característicos.

En Donostia, todavía estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para evitar impactos sociales y medioambientales irreparables. Para ello es imprescindible prever, analizar y gestionar los posibles efectos del proyecto. Somos conscientes de que los impulsores de la iniciativa comparten también muchas de estas preocupaciones, habiendo puesto en marcha un equipo técnico de trabajo para la definición de las bases para la gestión de la isla.

Ante este escenario, consideramos fundamental para la protección eficaz del espacio la elaboración de un plan de uso y gestión de la isla que regule las actividades que se puedan desarrollar, así como sus características. Del mismo modo, se solicita que el plan respete las siguientes condiciones mínimas:

 

  1. El desarrollo del punto aprobado por el Pleno de Donostia el 23 de julio de 2020 en la moción sobre el aforo de la isla de Santa Clara. Es decir, que, elaborando un plan específico de aforo, se fijen los transportes de acceso a Santa Clara y el número máximo de personas que pueden entrar en la isla según los criterios más limitativos. En concreto, este es el punto aprobado por el pleno:
    “Donostiako Udalbatzak hertsatuki eskatzen dio Udal Gobernuari osatu eta jarri dezala herritarren eskura Santa Klara uharteko edukierari buruzko berariazko plan bat. Plan honek, halaber, COVID-19 birusaren testuinguruaz haragoko beharrei erantzun beharko die eta besteak beste bisitari kopuruak ingurumenean izan ditzakeen eraginak aintzat hartu beharko ditu.”
  2. Que la temporada de apertura al público y periodo de visitas a la isla, siga siendo de 4 meses al año, tal y como se estipula actualmente, de acuerdo al bando municipal de 2003 correspondiente a la isla.
  3. Que, asumiendo el nuevo rol del faro como principal elemento de atracción de la isla, este sólo se abra 4 días a la semana para los visitantes, y siempre con respecto a la temporada de apertura de la propia isla. Con ello se garantizaría el mantenimiento de la función de espacio de ocio y esparcimiento que actualmente cumple la isla, aunque sea durante 3 días a la semana.
  4. Que las actividades permitidas sean de carácter público y orientadas al beneficio de las y los Donostiarras (promoviendo especialmente aquellas que tengan un interés pedagógico relacionado con la educación ambiental), rechazando a su vez, aquellas destinadas a incidir en el marketing urbano y el crecimiento turístico.
  5. Encomendar la gestión del faro y el control de los accesos a un organismo público (Fundación Cristina Enea), obviando todo interés subordinado a las lógicas monetaristas.
  6. La renuncia a la construcción de nuevas infraestructuras adicionales en la isla de Santa Clara.

 

Por tanto, la intervención en el faro de Santa Clara puede ser una oportunidad única para plantear un proyecto abierto y participativo, surgido del consenso entre el ayuntamiento, técnicos y expertos, y los agentes sociales, que sirva, además, como muestra del compromiso de Donostia con la sostenibilidad. La isla de Santa Clara no puede entenderse como un recurso turístico estratégico, sino como un biotopo protegido que hay que preservar para las generaciones futuras. Por ello, las asociaciones y agentes firmantes de este escrito, instamos directamente tanto al Gobierno municipal como al equipo técnico que trabaja en el proyecto artístico del faro de Santa Clara a que activen todos los recursos disponibles para garantizar la protección de la isla, haciendo suyas las propuestas aquí expuestas.

·#NosQuedamos! #EzGoazAuzotik!

En el número 22 de la calle Egia de Donostia, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) mantiene un pulso con las vecinas de cuatro viviendas. Esta entidad y una de sus principales gestoras, Haya Reale Estate, se niegan a renovar los contratos de alquiler que afectan a 12 vecinas y amenazan con impulsar procesos de desahucio a medida que se extingan los contratos actuales. La gestora ni siquiera ha querido dialogar para abrir una negociación y, en estos momentos, una vecina de 82 años de edad se encuentra ya en situación irregular, pagando el alquiler a pesar de haber vencido su contrato (en tácita reconducción), y sin saber cuándo recibirá la carta con la fecha del desahucio.

Queremos dejar bien claro que la Sareb fue creada por el Estado español y el Consejo Europeo en 2012 para comprar los llamados “activos tóxicos” (bienes sobrevalorados en la contabilidad bancaria) a fin de salvar el sistema financiero. Cuando estalló la burbuja en 2008 y bajaron los precios, se constató que si los bancos contabilizaban esos activos tóxicos por su valor real de mercado iban a declararse en quiebra y, que en su caída, podían arrastrar con ellos a toda la economía española y poner en riesgo también a los bancos europeos. Por eso se creó Sareb, constituida con un capital de 4.800 millones de euros: el 55% de origen privado y el otro 45% de origen público; una entidad que tiene supuestamente una finalidad pública pero que es gestionada por entidades privadas que cobran importantes comisiones y se lucran por dar este servicio. La entidad recibió además un préstamo de más de 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, un dinero que el Estado español debe devolver aunque la venta de todos esos activos tóxicos adquiridos por Sareb no logre recaudar esa cantidad.

Por otro lado, denunciamos que Haya Real Estate, perteneciente al fondo buitre Cerberus Capital Management L.P., ha recibido comisiones millonarias para encargarse de los bienes inmobiliarios de Sareb, es decir, para organizar la venta de infinidad de viviendas a precios de saldo principalmente a inversores y fondos buitres. Entre esos bienes están las cuatro viviendas afectadas en Egia 22, y Sareb es propietaria además de otros dos pisos y de un local comercial de 300 m2 en el mismo edificio, todos ellos actualmente vacíos esperando el momento propicio para su venta.

 Ante esta situación, desde Donostialdeko Maizterren Sindikatua y la asociación de vecinxs Egia Bizirik hacemos un llamamiento a todas las vecinas de Donostia, y a las de Egia en particular, para que se sumen a las movilizaciones de apoyo y en defensa de las inquilinas de Egia 22, y para mostrar nuestra repulsa ante las actuaciones de estas entidades financieras y rechazar su presencia en nuestros barrios. Reclamamos a Sareb que renueve los contratos de alquiler de las personas afectadas en las mismas condiciones que han tenido hasta ahora, y exigimos al Ayuntamiento de Donostia que se ponga en contacto con Sareb para que los dos pisos y el local comercial que están vacíos pasen a propiedad municipal y se destinen a viviendas de alquiler social y equipamiento público. Reivindicamos que las viviendas que han sido “rescatadas” con fondos públicos se pongan al servicio de las necesidades populares como un primer paso hacia la desmercantilización de la vivienda y de nuestras ciudades.

Convocamos, por tanto, a las vecinas de Egia y de Donostia a la asamblea informativa y rueda de prensa que se realizará el sábado 12 de diciembre, a las 12 del mediodía, en Plaza Haundi de Egia.

Porque nuestros barrios y nuestras vidas no están en venta

Porque sabemos que juntas lo podemos todo

NosQuedamos!

 

 

Donostiako Egia kaleko 22. zenbakian, Sarebek (Banku Berregituraketatik datozen Aktiboak Kudeatzeko Sozietatea) pultsu bat du lau etxebizitzetako bizilagunekin. Erakunde horrek eta bere kudeatzaile nagusietako batek, Haya Reale Estate, ez dituzte alokairukontratuak berritu nahi. Izan ere, 12 auzokideri eragiten diete alokairukontratu horiek, eta gaur egungo kontratuak amaitu ahala, maizterrak botatzeko prozesuak bultzatzeko mehatxua egiten dute. Kudeatzaileak ez du elkarrizketarik egin nahi izan negoziazioa irekitzeko eta, une honetan, 82 urteko emakume bat egoera irregularrean dago, alokairua ordaintzen ari da kontratua amaitu arren, eta ez daki noiz jasoko duen gutuna etxetik botatzeko datarekin.

Argi utzi nahi dugu Sareb Espainiako Estatuak eta Europako Kontseiluak sortu zutela 2012an, “aktibo toxikoak” (banku-kontabilitatean gainbalioetsitako ondasunak) erosteko, hau da, finantza-sistema salbatzeko. 2008an burbuila lehertu eta prezioak jaitsi zirenean, ikusi zen bankuek aktibo toxiko horiek beren merkatuko benetako balioagatik kontabilizatzen bazituzten porrotean deklaratuko zirela eta, erortzean, Espainiako ekonomia guztia haiekin arrastaka eraman, eta, Europako bankuak ere arriskuan jar zitzaketela. Horregatik sortu zen Sareb, 4.800 milioi euroko kapitalarekin: %55 jatorri pribatukoak eta %45 jatorri publikokoak. Erakunde horrek, ustez, helburu publiko bat du, baina komisio handiak kobratzen dituzten eta zerbitzu hau emateagatik dirua irabazten duten erakunde pribatuek kudeatzen dute. Gainera, Europako Batasunak 50.000 milioi euro baino gehiagoko mailegua zion entitateari. Diru hori Espainiako estatuak itzuli behar du, nahiz eta Sarebek erositako aktibo toxiko horien salmentek kopuru hori biltzea ez lortu.

Bestetik, salatzen dugu Haya Real Estatek, Cerberus Capital Management L.P. buitre-funtsekoak, milioi askoko komisioak jaso dituela Sareben ondasun higiezinez arduratzeko, hau da, hainbat etxebizitza saldoprezioan saltzeko, batez ere, inbertitzaileei eta funts-putreei. Ondasun horien artean daude Egia 22ko lau etxebizitzak, eta eraikin berean dauden beste bi pisu eta 300 m2-ko merkataritza-lokal bat. Gaur egun hutsik daude, saltzeko une egokiaren zain.

Egoera horren aurrean, Donostialdeko Maizterren Sindikatua eta Egia Bizirik auzo-elkarteak dei egiten diegu Donostiako eta, bereziki, Egiako herritar guztiei, Egia 22ko maizterrak babesteko eta defendatzeko mobilizazioekin bat egin, eta, finantza-erakunde horien jarduerari aurre egitera. Sarebi exijitzen diogu kaltetutako pertsonen alokairukontratuak orain arteko baldintza beretan berritu ditzala. Bestetik,Donostiako Udalari dei egiten diogu Sarebekin harremanetan jartzera, hutsik dauden bi pisuak eta lokala Udalaren jabetzara pasa daitezen, eta, etxebizitzak alokairu sozialeko parkera eta lokala kudeaketa
komunitarioko ekipamendu publikoa izatera pasatzea aldarrikatzen dugu. Horrenbestez, funts publikoekin “erreskatatu” diren etxebizitzak herribeharren zerbitzura jartzea exijitzen dugu, etxebizitza eta hiriak merkantilizatzeari uzteko lehen urrats gisa.

Horrela, eta lehen urrats hau elkarrekin ematen hasteko, dei egiten diegu Egia eta Donostiako herritarrei abenduaren 12an, larunbata, eguerdiko 12etan, Egiako Plaza Haundi-n egingo den informaziobatzarrean eta prentsaurreko jendetsuan parte hartzera.

Gure auzoak eta gure bizitzak ez daudelako salgai
Badakigulako elkarrekin edozer dugula posible

EzGoazAuzotik!

 

Reclutamiento de jovenes en redes sociales.¡ALERTA sobre IM Mastery Academy!

En diversos colegios ,están previniendo al alumnado y sus familias, de la existencia de una red de captación de jóvenes a nivel mundial (muchos menores de edad) que desde hace meses están actúan en alguna comunidades autónomas y que se presentan como una Plataforma de Formación.

La forma de captación, la plataforma network marketing, es a través de la presencia en las redes sociales (especialmente Instagram) donde aparece un alto nivel de vida de jóvenes sin títulos o estudios académicos. El captador utiliza el gancho de llevar al nuevo cliente a un evento para que quede impresionado por el ambiente y el lugar donde se reúnen, de ahí la importancia de que asistan.

¿Por qué les atrae tanto a los jóvenes? Te hablan de lo “poderoso” que eres si te esfuerzas y que existe un mundo de la finanzas que ellos conocen bien, que ha estado oculto en la educación “tradicional”, “es hora de despertar” y de ser “emprendedor”. Puedes  ganar “mucho” dinero y eres dueño de tu tiempo y de tu trabajo, ¿hay algo más tentador?

Una vez captado y empiezas a pagar tu mensualidad, te conviertes en captador de otros y si consigues a tres personas más te sale “gratis”. A partir de ahí, si sumas a más gente empiezas a recibir dinero, por lo que vas a querer a toda costa que esto siga adelante.

 ¿Por qué es preocupante?:

*Una vez que empiezas desconfías de los demás, familia o profesores, que les adviertan del riesgo…Ellos han “visto el éxito “en otros.

*Desmotivación en sus estudios académicos. Su foco de atención está en otra cosa, como leer libros recomendados por la plataforma incluso en horario lectivo. Algunos alumnos ya han dejado de estudiar bachillerato persuadido por esta red.

*Se convierte en un tema abusivo, porque contactan permanentemente contigo para no perder el “alumno-cliente” que es el que sostiene la plataforma.

*Ciertamente conocen de primera mano a personas que están ganando dinero (aunque enriquecerse solo lo hace la plataforma) porque van subiendo puestos (niveles) según la cantidad de personas captadas para la organización que les recompensa con una pequeña parte. Ello hace que le otorguen veracidad al mensaje de que se “aprende trading”.

*Moralmente es preocupante porque les enseñan a ganar dinero a costa de conocidos o amigos, normalmente menores.

Ante esta situación ¿qué se han hecho desde los colegios?

-Se han dado charlas por parte de profesores de economía sobre la irregularidad de la formación que no tiene ningún tipo de certificación ni titulo. El negocio del trading es altamente tecnificado y entre el 80% y el 90% de los traders pierden el dinero propio y de los clientes-cualquier web especializada seria lo advierte por obligación legal-.Además,la formación que vende se puede encontrar gratuitamente en internet en otros portales en podcast o videos.

-Una licenciada en matemáticas y con máster en Big Data, que precisamente trabaja en una empresa tecnológica de mercados financieros, ha informado de la compleja y larga formación necesaria para llegar a ese mundo (universidades reconocidas, conocimientos de matemáticas, del mundo de la empresa, informática, etc.)

Se les ha advertido en clase de la prohibición de captar a otros.

Se ha comunicado todo ello a las familias.

-Por último, se ha hablado personalmente con aquellos alumnos que se han acercado a esta red.

Se ha recordado, que en cumplimiento del derecho de protección de los menores, en dichos Colegios está terminantemente prohibido la venta de cualquier tipo de bien o servicio por parte de otros alumnos o sus familias. Por tanto, se sancionara aplicando la normativa, como una falta grave, al alumno/a que pretenda captar a otro alumno/a del Centro Escolar.

Finalmente los Equipo Directivos de dichos Centros, lamentan que haya iniciativas de este tipo en la sociedad, aunque sean inevitables en un mundo que antepone el dinero y el éxito a los valores que como familia y colegio se queremos inculcar a nuestros hijos y alumnos. Nuestro interés compartido es formar a personas críticas, con una formación seria y reconocida para poder desarrollar nuestra vocación por el bien común en servicio de la sociedad.

No es solo una estafa piramidal, pues tiene muchísimos puntos de persuasión coercitiva idénticas a grupos sectarios.

Podemos observar:

– Dicotomía buenos/malos (somos los elegidos)
– Descrédito de toda persona e información que diga información critica o contradictoria a lo que dicen   los jefes.
– Todos hablan igual, como los jefes, con las mismas palabras, expresiones, entonación… (Prácticamente entras y te hacen ver que así conseguirás más clientes).
– Te dejan de lado o te hacen el vacio si decides no hacer algo de lo que te piden “voluntariamente”.

FAMILIAS AFECTADAS pueden dirigirse al siguiente correo:

redune.infoayuda@yahoo.es

 

LOS PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES.

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991. Se exhortó a los gobiernos a que incorporasen estos principios en sus programas nacionales cuando fuera posible. Algunos puntos salientes de los Principios son los siguientes:


Independencia

Las personas de edad deberán:

  • Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia;
  • Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos;
  • Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales;
  • Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;
  • Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio;
  • Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.

Participación

Las personas de edad deberán:

  • Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes;
  • Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades;
  • Poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.

Cuidados

Las personas de edad deberán:

  • Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad;
  • Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad;
  • Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado;
  • Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro;
  • Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

Autorrealización

Las personas de edad deberán:

  • Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial;
  • Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.

Dignidad

Las personas de edad deberán:

  • Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales;
  • Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.

Radiografía de la foto de familia del Pacto de Toledo.

Los partidos que integran la comisión del Pacto de Toledo acudieron a las negociaciones con posturas tan diferenciadas que no cabía imaginar un acuerdo final de amplio consenso. Tanto el resultado como el desarrollo de los debates difieren del incívico y crispado comportamiento habitual en el hemiciclo del Congreso. El trato dialogante que ha prevalecido algo tendrá que ver con el hecho de celebrar las sesiones a puerta cerrada, sin presión mediática. Así mismo cabe destacar que, pese a las diferencias iniciales y en contraste con lo habitual, lo pactado no conlleva un balance entre vencedores y vencidos. La imagen que destaca es la del consenso. 

Para llegar a entenderse basta una actitud favorable y plantear objetivos poco comprometidos. Ahora convenía adaptarse a la compleja situación con un acuerdo de mínimos que permita al Gobierno implantar reformas en una doble dirección: a) tranquilizar a los actuales pensionistas que llevan casi tres años movilizados, b) recortar de forma progresiva las pensiones futuras, utilizando dos instrumentos complementarios y compensatorios: las medidas establecidas en la reforma de pensiones del 2011 y los fondos de pensiones de empleo.    

En los debates participaron todos los grupos parlamentarios. Se hicieron concesiones y hubo renuncias, aunque solo queda constancia del voto negativo de Vox y de las abstenciones de ERC y EH Bildu. Justo es reconocer que buena parte del éxito de la comisión corresponde al talante cordial y dialogante de su presidenta, Magdalena Valerio. Para poder conocer los cambios de actitud de las formaciones políticas es preciso comparar los resultados con las posiciones iniciales. Ello requiere radiografiar la foto de familia del Pacto de Toledo. 

Acusar al mensajero

Sorprende la hostilidad desatada contra la comisión del Pacto de Toledo desde perspectivas opuestas. Mientras los economistas neoliberales ven en esos acuerdos una amenaza para los planes de pensiones privados, diversas asociaciones de pensionistas, entre las que aparecen las dos ramas de la COESPE, interpretan lo contrario, advirtiendo que está en peligro el sistema público de pensiones. Junto a los posicionamientos ideológicos dispares asombra el tono catastrofista de las conclusiones. El profesor José Antonio Herce, miembro del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones, reitera en sus declaraciones públicas que la mayor parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo desestabilizan el sistema de pensiones. En Canarias-Semanal.org, Conchita Ribera de COESPE declara: “los Pactos de Toledo se crearon para privatizar el sistema público de pensiones y entregar los cientos de miles de millones que mueven las pensiones a la banca, en un modelo similar al que aplicó Pinochet en Chile”.    

Esos juicios de valor tan descalificativos y categóricos no cuadran con el carácter consultivo de la comisión del Pacto de Toledo, simple eslabón de un largo proceso deliberativo. Mayor relevancia que sus recomendaciones alcanzan las disposiciones del Congreso de los Diputados, las cuentas del Estado, los compromisos con los agentes sociales (patronal y sindicatos) y en último término las decisiones del Gobierno. Además, en esta ocasión, el Pacto de Toledo no ha propuesto medidas negativas que no estuviesen en vigor, aunque la más novedosa, los planes de pensiones de empleo, requieran un desarrollo posterior. Por tanto, las reclamaciones deberían dirigirse a los organismos con capacidad legislativa y ejecutiva: Congreso y Gobierno.  

Ganancias y pérdidas en clave política  

El vencedor del Pacto de Toledo es el PSOE, personalizando el triunfo en el Ministro Escrivá. Consigue el aval para aplicar las reformas que antes propuso desde la presidencia de la AIReF. Este podría ser el decálogo de medidas esenciales:

1) Revalorizar las pensiones contributivas en base al IPC real.

2) Acercar la edad de jubilación efectiva a la oficial.

3) Elegir los 25 años de cotización más favorables para establecer la base reguladora.

4) Mantener los 15 años como período mínimo de cotización de la pensión contributiva.

5) Primar el aumento voluntario de la edad de jubilación.

6) Trasladar los gastos impropios de la Seguridad Social a los PGE.

7) Dejar de considerar deudas las trasferencias del Estado a la Seguridad Social.

8) Ajustar la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales.

9) Reducir la aportación a planes privados de pensiones con derecho a desgravación fiscal.

10) Generalizar los planes de pensiones de empleo según el modelo de las EPSV del País Vasco. 

Los gobiernos toman decisiones mirando en dos direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública

Gana el Gobierno, pese a no incluir el Pacto de Toledo propuestas programáticas esenciales del Gobierno de Coalición en materia de pensiones. Tales carencias pasan mayor factura política a Unidas Podemos que al PSOE. Entre los compromisos pendientes, no incluidos o sin plazo de aplicación, hay que citar: 1) El aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Es una demanda prioritaria, junto con la reducción de la brecha de género y pensiones de viudedad. 2) Eliminar el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad de la reforma del 2013. La reclaman hasta los sindicatos que avalaron la reforma del 2011. 3) Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Este punto choca con los planes de pensiones de empleo.

Aunque el voto pensionista vaya sobre todo a las listas del PSOE, PP o PNV, los reproches se dirigen en particular hacia Unidas Podemos. Consciente de esa realidad, Meri Pita, delegada de UP en el Pacto de Toledo, al aprobarse el 19 de noviembre el acuerdo en el Congreso, además de reconocer que no se habían alcanzado todos los objetivos previstos, declaró que los militantes de UP: “Hoy están decepcionados con el texto”. “Comprendemos y encajamos esa decepción”. Resulta inevitable comparar esta actuación con la de febrero de 2019, cuando la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, imposibilitó un acuerdo similar, con el agrado de las plataformas de pensionistas que rechazan el Pacto de Toledo. Recordemos el titular de El País: “El Pacto de Toledo descarrila ante el adelanto electoral y las exigencias de Podemos”.

La “decepción” que señala Meri Pita está motivada sobre todo por asumir UP los planes de pensiones de empleo. Implica aceptar la reducción de las pensiones públicas provocada por la reforma del 2011, impulsada por Rodríguez Zapatero con el respaldo de CCOO y UGT. Unidas Podemos justifica ese paso en falso: “En cuanto al régimen fiscal y jurídico de las aportaciones a los planes de pensiones, si bien las recomendaciones no recogen su eliminación, sí se contempla su reorganización para beneficiar a los planes de empleo que se acuerdan en la negociación colectiva frente a los individuales, y posibilitan que trabajadores de distintos niveles de renta tengan acceso a ellos”. Se trata de una disculpa poco convincente. Supone obviar el dilema de los planes de pensiones de empleo, vigentes desde 1983 en Euskadi: son productos financieros favorables a rentas salariales altas, tienen beneficios fiscales que se detraen de los ingresos públicos, adolecen de una inequidad que cronifica las desigualdades sociales. Unidas Podemos no estaba ante la disyuntiva de tener que elegir entre un SI o un NO sin condiciones. Pudo apoyar los acuerdos incluyendo un voto particular, dejando constancia de carencias y desacuerdos. Calló y defraudó.  

Manteniendo una actitud de enfrentamiento total con el Gobierno, el PP no tiene reparos en votar a favor de los acuerdos, pese a ser el gran perdedor. La reforma de pensiones impuesta por Rajoy en 2013 queda postergada, sin que el PP intente defenderla. No obstante, tanto el índice de revalorización (0,25%), como el factor de sostenibilidad (recortes) que podría entrar en vigor el 2023, oficialmente no están derogados. En la negociación, al igual que Ciudadanos, el PP ha intentado, sin lograrlo, mantener las aportaciones a los planes privados de pensiones, gestionados por la banca y aseguradoras. La decisión final corresponderá al Gobierno, que está siendo sometido a fuertes presiones para que no las reduzca.

La abstención de ERC y EH Bildu, más que en los aspectos negativos del acuerdo se basa en sus innegables carencias. Ciertamente, no queda resuelta la problemática del sistema público de pensiones. Sí se avanza en la demanda más urgente, la revalorización anual, mas sin progresar en otra reivindicación esencial: la mejora de las pensiones mínimas. Esas y otras medidas están relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado, que ERC y EH Bildu apoyarán por razones políticas. Por tanto, la abstención en el Pacto de Toledo resulta testimonial, dado que la aprobación de las recomendaciones estaba garantizada sin necesidad de sus votos.

Oteando un horizonte incierto

Aunque todavía quedan trámites pendientes y medidas con plazo de aplicación de varios años, este periodo del Pacto de Toledo concluye con mejoras para las pensiones de hoy, desventajas para las de mañana. La juventud tendrá que defender el derecho a unas condiciones de vida dignas para evitar que la actual generación de pensionistas sea la última en lograr un empleo satisfactorio y una pensión suficiente. La historia y la experiencia prueban que la movilización ciudadana es necesaria para evitar retroceder a la situación de una sociedad empobrecida. 

La capacidad de incidir sobre acontecimientos políticos, decisiones económicas y cambios sociales, depende del equilibrio de fuerzas entre el control del dinero, la autoridad de quienes gobiernan y la presión de la calle. Los acuerdos del Pacto de Toledo son un ejemplo de esa contraposición de poderes. Los gobiernos toman decisiones mirando en dos direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública. En estos momentos la confrontación afecta al futuro de las pensiones. El pulso mantenido durante los tres últimos años ha dado resultados satisfactorios. Para continuar avanzando, para evitar retroceder, hay que seguir el camino emprendido, precisando los objetivos inmediatos y no equivocándose de enemigo.     

 

LUIS ALEJOS

 

 

SEGUIREMOS LUCHANDO POR UNAS PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS

La crisis de la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de que las Instituciones Públicas fortalezcan la sanidad, la enseñanza, y las ayudas a la dependencia. En esta misma línea las personas pensionistas reclamamos que no se privaticen las Pensiones Públicas, sino que se refuercen ya que los mercados no pueden garantizar su futuro.

Una vez aprobadas las recomendaciones del Pacto de Toledo, ahora toca pasar el trámite legislativo y presupuestario.

La Comisión del Pacto de Toledo ha aprobado una serie de recomendaciones en relación con las Pensiones Públicas, entre las cuales está el reconocimiento de la revalorización de las pensiones con el IPC y que se eliminen los gastos impropios de la Seguridad Social. También se reconoce, que el Sistema Público de Pensiones es sostenible.

Varias de dichas recomendaciones tienen claroscuros, por lo que es preciso que algunas materias se desarrollen favorablemente y otras se cambien o se retiren, mediante leyes concretas que garanticen el futuro de las pensiones públicas.

Debemos seguir manteniendo la presión, ya que la ejercida durante varios años empieza a dar algunos frutos en cuestiones importantes.

Nuestra lucha sigue y seguirá hasta que se consiga:

*La sostenibilidad y solvencia del Sistema Público de Pensiones de reparto solidario y suficiente, que garantice su futuro; las pensiones son, y deben seguir siendo, una cuestión de Estado y no una cuestión de mercado.

*Subida anual de las pensiones según IPC por ley.

*Derogación del factor de sostenibilidad.

* Pensiones mínimas que garanticen una vida digna. 1080€.

*Acabar con la brecha de género en pensiones.

Defendemos que la Ley revierta el período de cálculo de la pensión a los 15 años, y no de 25. La actual situación de paro y precariedad aconseja no subir la edad de jubilación por encima de los 65 años.

Ninguna persona debe ver mermados sus derechos ni percepciones a la hora de jubilarse mediante recortes en los cálculos sobre su vida laboral. También defendemos los intereses de quiénes se jubilan de forma anticipada, y que no sean penalizados tras largas carreras de 40 años cotizados.

Prestamos especial atención a que se garantice unas pensiones mínimas que permitan una vida digna a cientos de miles de pensionistas, principalmente mujeres, que tienen auténticas dificultades para llegar a fin de mes.

Los derechos de las mujeres y de los jóvenes en paro deberían ser una prioridad en el actual colapso económico.

La crisis ha sido una lección para todo el mundo. Apelamos a los Gobiernos para que defiendan el empleo digno y con derechos, la productividad, la mejora de los salarios, la sana competencia, y la innovación, lo cual se logra con más democracia, reformas y el reparto de la riqueza, que permita en el futuro pensiones dignas.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN

Pentsio publiko duinen alde borrokan jarraituko dugu

Pandemiaren krisiak agerian utzi du Erakunde Publikoek osasuna, irakaskuntza eta mendekotasunerako laguntzak indartzearen garrantzia. Ildo beretik, pentsiodunok eskatzen dugu ez daitezela Pentsio Publikoak pribatizatu, indartu baizik, merkatuek ezin baitute beren etorkizuna bermatu.

Toledoko Itunaren gomendioak onartu ondoren, lege- eta aurrekontu-izapideak igaro behar dira orain.

Toledoko Itunaren Batzordeak zenbait gomendio onartu ditu Pentsio Publikoei dagokienez; besteak beste, pentsioak KPIarekin errebalorizatzea eta Gizarte Segurantzaren gastu bidegabeak ezabatzea. Halaber, Pentsioen Sistema Publikoa jasangarria dela onartzen da.

Gomendio horietako batzuek argi-ilunak dituzte, eta, beraz, beharrezkoa da gai batzuk ondo garatzea eta beste batzuk aldatzea edo erretiratzea, pentsio publikoen etorkizuna bermatuko duten lege zehatzen bidez.

Presioari eusten jarraitu behar dugu, urte batzuetan egindakoa fruitu batzuk ematen hasi baita gai garrantzitsuetan.

Gure borrokak aurrera jarraitzen du eta jarraituko du lortu arte:
*Pentsio-sistema publikoaren iraunkortasuna eta kaudimena, banaketa solidarioa eta nahikoa duena, haren etorkizuna bermatuko duena; pentsioak
estatu-arazoa dira, eta hala izaten jarraitu behar dute, eta ez merkatu-arazoa.
*Pentsioen urteko igoera, legez ezarritako KPIaren9 arabera.
*Iraunkortasun-faktorea indargabetzea.
*Bizitza duina bermatzen duten gutxieneko pentsioak. 1080 €.
*Pentsioetako genero-arrakalarekin amaitzea.

Legeak pentsioa kalkulatzeko epea 15 urtera itzultzea defendatzen dugu, eta ez 25 urtera. Egungo langabezia eta prekarietate egoerak erretiratzeko adina 65 urtetik gora ez igotzea gomendatzen du.

Inork ez ditu bere eskubideak eta pertzepzioak murriztu behar erretiroa hartzerakoan, lan-bizitzari buruzko kalkuluetan murrizketak eginez. Era berean, aldez aurretik erretiroa hartzen dutenen interesak defendatzen ditugu, eta kotizatutako 40 urteko karrera luzeen ondoren zigortuak ez izatea.
Arreta berezia jartzen dugu gutxieneko pentsio batzuk berma daitezen, ehunka mila pentsiodunek bizitza duina izan dezaten, batez ere emakumeek, hilabete amaierara iristeko benetako zailtasunak baitituzte.

Langabezian dauden emakumeen eta gazteen eskubideek lehentasuna izan beharko lukete egungo kolapso ekonomikoan.

Krisia ikasgaia izan da mundu guztiarentzat. Gobernuei eskatzen diegu enplegu duina eta eskubideduna, produktibitatea, soldaten hobekuntza, lehia osasuntsua eta  berrikuntza defenda ditzatela, eta hori demokrazia gehiagorekin, erreformekin eta aberastasunaren banaketarekin lortzen da, etorkizunean pentsio duinak ahalbidetzeko.

Pentsio publikoak agintean bat hala bestea egon, beti defendatzen dira

PERSONALIDADES DE LA POLÍTICA VASCA CON LAS ADJUDICATARIAS DEL METRO DE DONOSTIA

El servicio de apoyo a la dirección de obras del Metro Donostia (tramos Lugaritz-Miraconcha y Miraconcha-Easo) fue adjudicado a Asmatu en 2017 por 2,3 millones de euros.

El director de Planificación del Transporte fue responsable de medio ambiente de Asmatu entre 2010-2017.

El director de Planificación del Transporte del Gobierno vasco, Iván Pedreira, fue responsable del departamento de medio ambiente de Asmatu entre 2010 y 2017. En diciembre del 2016, Iván Pedreira fue nombrado Director de Administración Ambiental del Gobierno vasco. Su hermana, Mónica Pedreira, es la directora general de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa y en su día presidió una empresa creada por la gerente del vertedero de Zaldibar, ahora imputada.

El fundador de Asmatu llegó a vicepresidir una empresa creada por los hijos de Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento vasco. Iskander Atutxa era arquitecto del ayuntamiento de Zaldibar cuando cambiaron las normas subsididarias para facilitar la instalación del vertedero.

En 2012, adjudicaron la construcción del tramo Lugaritz-La Concha por 40,5 millones de euros sin IVA a la UTE conformada por Dragados, Iza, Amenabar y Lurgoien.

El actual director de Eusko Trenbide Sarea, Ernesto Martínez de Cabredo, era por entonces gerente de Amenabar. Durante su etapa de director de URA (Agencia Vasca del Agua) llegó a presidir una empresa creada por el responsable del vertedero de Zaldibar, ahora imputado.

La directora de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa, Mónica Pedreira, fue directora de medio ambiente de Construcciones Amenabar.

Eneko Goenaga Egibar, excandidato del pnv y sobrino del burukide Joseba Egibar, es director del departamento jurídico del Grupo Amenabar y participó en la defensa del exteniente de diputado general alavés Alfredo De Miguel, ahora condenado por corrupción.

Roberto Otxandio, exalcalde del PNV en Basauri y consejero de Iberdrola, fue director gerente una empresa del Grupo Amenabar. Iñaki Txueka, exdiputado del PNV, mantuvo relaciones societarias con el Grupo Amenabar.

Iza y Dragados, adjudicatarias de la construcción del tramo Lugaritz-La Concha, fueron investigadas por irregularidades en el tramo Beasain Este del TAV.

Las obras de Beasain Este fueron adjudicadas en julio del 2009 por el entonces Consejero de Transportes Iñaki Arriola, alcalde de Eibar hasta mayo del 2009. Su entonces secretario de alcaldía ejercía de representante del vertedero de Zaldibar.

Alberto Paris, nombrado apoderado de Iza en 1998, fue secretario de Socebasque SL: empresa de la que era consejero Jon Iñaki Echaburu, constructor condenado por el caso De Miguel.

Pablo García, director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno vasco, fue el arquitecto de una obra desarrollada por Iza en Ortuella en 2014.

El tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia fue adjudicado por 38,1 millones a la UTE Moyua, Viuda de Sainz y Comsa.

Joanes Labayen, esposo de la presidenta del Parlamento vasco, es abogado del despacho de abogados que asesoró a Alfredo De Miguel y ejerce de secretario del Grupo Moyua, adjudicatario del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia y gran adjudicataria de las labores de emergencia por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

José Félix Basozabal, exviceconsejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco, estableció la delegación en Bizkaia del Grupo Moyua. César Fernández, edil en Gasteiz, fue responsable en Araba del Grupo Moyua.

Viuda de Sainz, adjudicataria del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia, fichó al extesorero del Bizkai Buru Batzar, Xabier Sagredo, para dirigir su filial Transitia. Ahora preside la BBK y es consejero de Iberdrola.

Construcciones Cantábricas, filial de Viuda de Sainz, fichó al exalcalde de Zeberio Humberto Perea, expresidente de la Asociación de Constructores de Bizkaia y ahora miembro del Bizkai Buru Batzar.

José Alberto Pradera, exDiputado General de Bizkaia implicado en los papeles de Panamá, entre 2002 y 2010 fue asesor regional de Comsa: implicada en la trama del 3% en Catalunya y adjudicataria del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia.

El servicio de diseño y producción de una maqueta de estación tipo del tramo Lugaritz-Morlans del Metro de Donostialdea fue adjudicado a la agencia Aurman por cerca de 44.000 euros. Aurman diseñó el logotipo del PNV. El promotor de negocios de Aurman, Gabino Martínez de Arenaza, fue alcalde de Alonsotegi y está imputado por corrupción.

El tramo Miraconcha-Easo se adjudicó por 53,2 millones de a la UTE Sacyr-Cavosa-Campezo-Mariezcurrena-Zubieder.

Pabisa (del grupo Campezo, adjudicatario del tramo Miraconcha-Easo) está implicada en la trama de irregularidades en la gestión municipal en el ayuntamiento de Alonsotegi por las que están imputados tres exalcaldes del PNV del municipio.

Manu Galíndez, tío del exalcalde imputado Gabino Martínez de Arenaza y fundador de Pabisa, fue candidato del PNV en Alonsotegi. Urkullu, Lehendakari que creció en Alonsotegi, entregó un premio Jose Mari Korta 2015 a Manu Galíndez.

La Comisión Nacional de la Competencia condenó en 2011 a Campezo (adjudicataria del tramo Miraconcha-Easo) y a Orsa (del Grupo Moyua, adjudicatario del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro Donostia) por liderar un “cártel del asfalto”.

El fundador de Campezo fue imputado por caso PWC-IBM junto a un extesorero de Fundación Sabino Arana. El director general de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, exvicepresidente ejecutivo de Euskal Trenbide Sarea, César Gimeno, fue director general de Campezo entre 1998 y 2007.

Txaro Rodrigo, exdirectora de recursos humanos de Construcciones Campezo entre 2005 y 2013, es la actual Directora General de Atención a la Dependencia y la Discapacidad de la Diputación de Gipuzkoa.

Entre 1995 y 2005, Txaro Rodrigo fue directora de recursos humanos en Aztertzen y en Biharko: empresas del sector de las residencias por cuyos consejos han desfilado exburukides del PNV y los hijos del expresidente del Parlamento vasco Juan Mari Atutxa.

Campezo es cliente de Itsak SL, empresa dirigida por la hija del expresidente de la fundación Sabino Arana y exconsejero de Iberdrola Juan Mari Atutxa. Itsak promovió la creación de una fundación presidida por un exdiputado del PNV condenado por corrupción e indultado por el PP.

El PNV vulneró la financiación legal de partidos al cobrar de Sacyr (adjudicataria del tramo Miraconcha-Easo) 13.000 euros en cheques entre 2008 y 2009 a través de una empresa del partido. Sacyr ha estado implicada en los papeles de Bárcenas sobre donaciones al PP. Entre 1987 y 2007, fecha en la que se prohíben las donaciones anónimas, el PNV había recibido 27,5 millones de euros por este concepto en el citado periodo.

Los servicios de redacción del proyecto de construcción del tramo Altza-Galtzaborda del Metro Donostia fueron adjudicados a Eptisa por más de medio millón de euros.

Desde marzo de 2008, el presidente del Consejo de Administración de Eptisa es Josu Bergara, exdiputado general de Bizkaia, exconsejero de Obras Públicas del Gobierno vasco y consejero hasta 2019 de una empresa vinculada a la gestión de residencias. Entre 2009 y 2011, Joseba Andoni Leizaola, expresidente del Parlamento vasco, fue consejero de Eptisa.

La adjudicación del tramo La Concha-Morlans no llegó a finalizarse. En abril de 2014, de mutuo acuerdo, la Viceconsejería de Administración acordó indemnizar a la UTE adjudicataria con cerca de 1,5 millones de euros.

El citado tramo fue adjudicado por 50 millones a la UTE formada por Altuna y Uría, Corsan-Corviam y Cycasa Canteras y Construcciones. El asunto motivó un expediente del Tribunal de Cuentas.

El entonces secretario de la alcaldía en Eibar de Iñaki Arriola, ahora consejero de Transportes y exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, era representante del vertedero de Zaldibar y ahora ejerce de consultor en Altuna y Uría.

En la firma del contrato por la incineradora de Zubieta, el representante de Altuna y Uría era un exalto cargo del Gobierno vasco, Martín Ascacibar, condenado en 2018 por el fiasco de la planta de purines de Karrantza.

Altuna y Uría recibió en el año 2010 un premio de la Fundación Sabino Arana, entidad que llegó a presidir Juan Mari Atutxa.

El tramo del TAV de Hernialde-Zizurkil fue adjudicado a una UTE de Altuna y Uria y Cycasa: 934.326 euros. Ambas fueron adjudicatarias del tramo La Concha-Morlans del Metro Donostia.

Otra de las empresas de la UTE adjudicataria del tramo La Concha-Morlans del Metro Donostia, Corsán, había sido adjudicataria del tramo Amorebieta Etxano Lemoa del AVE. El tramo figura en una investigación sobre sobornos en las obras del AVE. Formó UTE con Urazca: implicada en los papeles de Bárcenas y en la trama del caso De Miguel.

En octubre del 2018, la CNMC expedientó a Corsán (filial de Isolux y parte de la UTE adjudicataria del tramo La Concha-Morlans del Metro Donostia) por amañar licitaciones públicas. Caja Navarra llegó a adquirir el 11,4% del grupo Isolux en 2004. A partir de 2005, Isolux comenzó a ser adjudicataria en Euskadi.

Entre 2005 y 2017, Isolux se hizo con 550 millones en Euskadi. En Euskadi 4 tramos del AVE y 2 tramos del TAV llevan su sello: vinculado al soborno. Está vinculada a una investigación sobre financiación ilegal de CDC y uno de sus directivos figura en los papeles de Bárcenas.

 

Ahoztar Zelaieta Zamakona

 

PENSIONES DE EMPRESA PRIVADAS EN EL PACTO DE TOLEDO

Las personas se merecen una jubilación decente, que puedan llegar a fin de mes sin depender de colas para alimentarse, de organismos benéficos o de sus hijos. O depender de un trabajo a tiempo parcial cuando no se desea o no se puede.Entre las recomedaciones del Pacto de Toledo apoyadas por una amplia mayoría del Congreso se propone impulsar las Pensiones de empresa y mantener las individuales, ambas gestionadas por Fondos Financieros que invierten en los mercados libremente. Son pensiones no garantizadas por el Estado, y no tienen carácter solidario.

En este país la experiencia en este tipo de pensiones privadas como las EPSVs, es muy corta y y han tenido muy poco significado en el conjunto del sistema como para entender sus riesgos y limitaciones, pero el objetivo de la derecha es que sean el eje central del Sistema.

En los países donde hay experiencia, como el Reino Unido, o los EEUU, la experiencia ha demostrado que los Fondos Privados de Pensiones son menos eficaces y sus costes transaccionales son más altos que en sus Pensiones Publicas. Los Fondos buscan quedarse con más ganancias y brindan una cobertura menos amplia de los riesgos.

Dejar las cotizaciones de los trabajadores en manos de los mercados es ponerlas en riesgo de grandes pérdidas como sucedió en la Crisis del 2008. Fue una depresión pero los mercados pueden provocar otros fenómenos como una crisis inflacionaria, con el mismo resultado.

Las jubilaciones privadas, incluso las de empleo como las EPSV son menos rentables para el conjunto de la sociedad, aunque puedan tener puntos alzistas en algunos Fondos. Al no ser un sistema de reparto, su rentabilidad depende también de los años de vida de cada trabajador, cayendo su valor si la esperanza aumenta.

En el caso de EEUU y Reino Unido, quienes invirtieron en jubilaciones privadas, vieron menguados sus beneficios hasta en un 35%. En la privatización hay una transferencia de dinero entre los pensionistas y los Fondos que gestionan su dinero. No hay pruebas de que éstos generen ingresos más altos o seguros, sino lo contrario.

No se debe confiar en los mercados para la jubilación. Las fluctuaciones entre sus valores y los ingresos generados son demasiado grandes y los Fondos de gestión de pensiones, demasiado avariciosos para que los riesgos desaparezcan. Puede argumentarse que si el Estado controla estos Fondos en cuanto a sus inversiones el problema estaría superado.

En tal caso, sus rentabilidades caerían sin ofrecer ventaja alguna, y las Comisiones que cobran los Fondos de gestión serían un regalo por nada. Pero esto tampoco cambia el rendimiento decreciente de los Fondos privados conforme aumenta la esperanza de vida, un factor clave de inseguridad para la gente mayor pensionista, además de depender de la evolución de los mercados.

Financiar Fondos de pensiones de empresa por parte del Gobierno es un golpe bajo a las Pensiones Públicas que las debilita, y es una medida grave porque fomenta la especulación privada de dichos Fondos. El uso indebido de los fondos públicos para productos que se usan en beneficio de empresas privadas es además un serio revés a los derechos de la ciudadanía, al igual que recortar las pensiones públicas y los fondos destinados a la Seguridad Social.

Lo que debe hacerse es revitalizar el sistema asegurando que no se desvíe el dinero a pensiones de empresa, sino que tal financiación añadida fuera a los trabajadores para que pudieran invertir en Pensiones Publicas garantizadas.

Esto obligaría a los Fondos Privados a bajar sus costes y sus garantías, para que no fueran al mercado especulativo para detraer más fondos de los trabajadores. De esta manera se mejoraría la pension publica y la privada sin apoyo de dinero publico, con costes y comisiones a la baja. Es un modo de regular el mercado sin dañar los derechos de los pensionistas a una Pensión Publica amparada por el Gobierno.

Los que operan en el sector Financiero no son favorables a esta solución porque les obliga a jugar limpio y no pueden competir con las Pensiones Publicas por ser más rentables y más seguras. Por un lado hablan de competencia pero piden dinero público para que su negocio basado en las pensiones privadas prospere.

Hay muchas cosas que se pueden hacer para revitalizar y fortalecer la Seguridad Social, y una es ampliar los intrumentos de inversión que complementen las inversiones de deuda pública con el objetivo de mejorar su rendimiento. Sería invertir en un fondo con amplia base a medio plazo o en bonos de un Banco de Inversión en infraestructura que podría ser público, del tipo Banco Europeo de Inversiones.Las inversiones en infraestructura pública son seguras y de alto rendimiento, y una parte de su rentabilidad podría encauzarse hacia un Fondo de la Seguridad Social, que daría solidez al sistema público de Pensiones.

Vivimos momentos de Transición, la crisis de las energías sucias es ya permanente, y el cambio hacia un nuevo Modelo social está en marcha porque es inevitable. Se constata en el número de crisis que padecemos desde el año 1973, desmantelamiento de empresas en los 80, nueva crisis en los 90, la crisis del 2006, la del 2020, que aunque sea por causa de una pandemia, hace crujir todas nuestras debilidades. El futuro es incierto y las coberturas de defensa de la ciudadanía van a ser imprescindibles.

Las pensiones públicas son la mejor defensa para el envejecimiento, y ponerlas ahora en manos de los mercados que serán cada vez más inestables es un error del que nos arrepentiremos.

Cometimos el error de recalentar la economía con créditos sin límites al ladrillo para que algunos hicieran negocio. Ahora se plantea poner las cotizaciones para las pensiones en manos de otros para hacer negocio. No deberíamos hacerlo, no deberíamos tropezar en la misma piedra.

LIBROS DE JOSÈ SARAMAGO en PDF

(Azinhaga, 1922 – Tías, España, 2010) Narrador y ensayista portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. Nacido en el seno de una familia de labradores y artesanos, José Saramago creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. A los quince años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero.

Posteriormente se desempeñó en una caja de pensiones y más tarde se dedicó al periodismo, la labor editorial y la traducción. Colaborador de diversos periódicos y revistas, entre ellos Seara Nova, fue también codirector del Diario de Noticias en 1975. Se adhirió al Partido Comunista Portugués, por lo que sufrió censura y persecución durante la dictadura de Salazar. En 1974 se sumó a la Revolución de los Claveles.

La obra de José Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas. Encontrar las claves por las que un imperio quedó relegado a un segundo plano respecto al resto de Europa y entender el accionar del hombre fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene como eje vertebrador la realidad de Portugal y su historia, no se trata, sin embargo, de una narrativa histórica, sino de relatos donde la historia se mezcla con la ficción y con lo que podría haber sido, siempre a través de la ironía y al servicio de una aguda conciencia social.

Se dio a conocer en 1947 con Tierra de pecado, novela de corte realista que no suele incluir en su bibliografía. Después de un largo período de silencio, en 1966 publicó Los poemas posibles y en 1970 Probablemente alegría, colecciones de poesías en las que, tratando con fina ironía sobre todo los temas del amor y del erotismo, renovó con vigor el lenguaje poético tradicional.

Autor de libros de crónicas, de obras teatrales, del volumen Viaje a Portugal (1981), lo más importante y fecundo de su producción literaria se inicia con El año 1993 (1975). Saramago se consolidó sobre todo como narrador de gran rigor estilístico con la novela Manual de pintura y caligrafia (1976), con los cuentos del volumen Casi un objeto (1978) y con sus últimas novelas. En Alzado del Suelo (1980) se reveló como un gran escritor. Es una narración histórica cuyo escenario es el Alentejo, entre 1910 y 1979, y en la que el lenguaje campesino, el humor y el sarcasmo se conjugan para hablar de la realidad. Con una prosa poética y una técnica narrativa propia de la tradición oral, trazó un gran fresco de la sociedad alentejana y dio muestras de haber alcanzado la madurez estilística superando la tradición neorrealista de la novela rural.

En Memorial del convento (1981), contando la historia del convento de Mafra, reconstruyó, gracias a un serio estudio de los documentos, a una hábil dosificación de perspectivas y a una sabia caracterización de los personajes y del lenguaje, un período histórico cuyo conocimiento resulta necesario con miras a superar la crisis de identidad que aflige al portugués de hoy. Su actitud crítica siempre se hace presente, y así como celebra la belleza de su tierra, señala también el espanto ante un pueblo “sediento de martirio”, que asistía a los autos de fe y a las corridas de toros en el siglo XVIII, o que se alistaba voluntariamente en las milicias del gobierno de facto en la década del treinta.

Sus novelas El año de la muerte de Ricardo Reis (1984) y La balsa de piedra (1986) confirmaron sus grandes dotes de narrador. En la primera, Saramago convierte en protagonista de su novela a Ricardo Reis, uno de los heterónimos que empleó en su obra el poeta Fernando Pessoa. Vivo sólo en la imaginación de su creador, Reis no alcanza a experimentar las emociones propias de un ser viviente; llega a Lisboa en 1935, pocos días después del fallecimiento de Pessoa, y se dedica a recorrer la ciudad y a frecuentar a sus gentes. Dos mujeres, la sencilla Lidia y la vulnerable Marcenda, conducirán a Reis hasta el límite de sus posibilidades: al final, prevalecerá su incapacidad para amar. Unas fantásticas conversaciones con su creador, Pessoa, a quien se permite regresar brevemente al mundo de los vivos, acabarán por convencerle de su condición de criatura de ficción.

Su obra de los últimos años incluye novelas, diarios y otras publicaciones, conjunto entre el que deben citarse Historia del cerco de Lisboa (1989), Todos los nombres (1997) y la obra teatral In nomine Dei (1993). En El Evangelio según Jesucristo (1991), visión alternativa de la vida de Jesús de Nazaret, se deja ver el humanismo de Saramago, enfrentado a cualquier planteamiento dogmático y que resuena siempre detrás del escepticismo que caracteriza en gran medida su punto de vista. En Ensayo sobre la ceguera (1995), advirtió sobre “la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron” y, escéptico pero solidario, se preguntaba si había lugar para la esperanza tras el nuevo milenarismo que la humanidad estaba viviendo. Cuadernos de Lanzarote (1997) es un libro curioso en el que, a manera de diario, cuenta la vida cotidiana y reflexiona sobre el ser humano, el espacio y el tiempo.

En 1998 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En 2000 apareció La caverna, relato de resonancias platónicas. En 2002 publicó El hombre duplicado, una reflexión sobre la esencia de la identidad; en 2004, Ensayo sobre la lucidez, que recogió sus reflexiones sobre la democracia actual. El autor la definió como “una patada, una muestra de indignación, de protesta”, defendiendo la utilidad del voto en blanco cuando “los gobiernos son comisarios políticos del poder económico”.

En Las intermitencias de la muerte (2005) Saramago respondía a la pregunta: ¿Qué pasaría si la gente dejase de morir? Afrontaba así el tema de la muerte a través de una parábola: en un país imaginario la muerte deja de existir, y todos sus habitantes se convierten de pronto en inmortales. Posteriormente, aparecieron las novelas Las pequeñas memorias (2006), un libro autobiográfico en el que regresó al entorno de su niñez y adolescencia; El viaje del elefante (2008), mezcla de realidad y ficción sobre el trayecto que un elefante asiático realizó por media Europa durante el siglo XIX, y Caín (2009), su última novela, en la que el autor compuso un mordaz recorrido por varios pasajes del Antiguo Testamento.

Cómo citar este artículo:
Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de José Saramago. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España).

FOTOS de Juantxo Dominguez

(Casa de José Saramago en Lanzarote)

 

LIBROS EN PDF:

El Cuento de la isla Desconocida

El Evangelio Según Jesucristo 

El Hombre Duplicado 

El Viaje del Elefante 

Ensayo sobre la ceguera

Ensayo Sobre la Lucidez

La Caverna 

Todos los nombres

Historia del cerco de Lisboa

Cuadernos de Lanzarote I (1993-1995)

Cuadernos de Lanzarote II (1996-2000)

El ultimo cuaderno

La balsa de piedra

Alabardas

Viaje a Portugal

Las intermitencias de la muerte

In Nomine Dei

Memorial del convento

Caín

La balsa de piedra

Alabardas

Viaje a Portugal

Las intermitencias de la muerte

Historia del cerco de Lisboa

BAT ETORRI/ CONSENSO. Ante las recomendaciones del Pacto de Toledo

Después de 10 años del último acuerdo, el pleno de la Comisión del Pacto de Toledo, ha alcanzado un amplio acuerdo (30 votos a favor; 5 en contra, de Vox y 2 abstenciones, de Bildu y ERC) en el que se establecen las nuevas recomendaciones que deben servir de base para acotar las reformas de las pensiones públicas por este y otros gobiernos.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, es una Comisión Permanente, no legislativa, del Congreso de los Diputados, cuyas propuestas deben ser aprobadas por el Pleno. Este proceso ha finalizado hoy, día 19 de noviembre, con un acuerdo político muy amplio, ya que ha tenido un respaldo muy mayoritario del Pleno del Congreso de los Diputados, sólo 2 votos en contra, en un parlamento más fragmentado que nunca.

El Pacto de Toledo hay que analizarlo con perspectiva y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla. A estos efectos, es preciso recordar que antes de la pandemia, a finales del año 2019, después de cuatro años de debates, los trabajos desarrollados en la Comisión del Pacto de Toledo, fracasaron estrepitosamente ya que finalizaron sin acuerdo. Ahora, con las mismas fuerzas políticas como protagonistas, se ha alcanzado un acuerdo, en el que la situación límite en la que nos encontramos como causa de la pandemia, ha jugado su papel sin ningún género de dudas.

Teniendo en cuenta que es un acuerdo entre las diferentes y muy distanciadas propuestas que tienen los partidos políticos sobre el modelo público de pensiones, el Pacto de Toledo es un punto de partida y no un punto de llegada. Es también un acuerdo de mínimos que ahora toca desarrollar al Congreso de los Diputados, a través de los Presupuestos Generales del Estado y las Leyes que regulen su reforma.

Por todo ello, como no podía ser de otra manera, el Pacto tiene luces y sombras. Entre los aspectos positivos, cabe destacar como especialmente significativo el hecho de que las recomendaciones de 2020 hayan recuperado el apoyo de los dos principales partidos estatales que históricamente han vertebrado los gobiernos del País, PSOE y PP; y que junto a ellos se haya incorporado también el apoyo de las dos nuevos partidos de ámbito estatal, UNIDAS-PODEMOS y CIUDADANOS, como exponentes de las nuevas realidades políticas surgidas en los últimos años, al calor de la crisis política, económica e institucional que vivimos desde 2008.

Hemos de comenzar por señalar entre las recomendaciones adoptadas que, una vez más, se rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización, y se reafirman los principios del sistema: universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia. La Comisión reconoce expresamente que el IRP (o,25%) aprobado en 2013 “no goza del suficiente consenso político y social” y defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley. Apuesta por la recuperación de la “hucha de las pensiones”; propone la mejora de las pensiones más bajas; profundiza en la integración del Régimen Agrario y de Empleadas del Hogar, en el Régimen General; establece vías para la equiparación de derechos y obligaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con el Régimen General; establece incentivos para el empleo de los mayores de 55 años; no incrementa loa años para el cálculo de la Base Reguladora de la jubilación, 25 años a partir del año 2022, mejorando sus cuantías por la libertad de elección de los mejores años de cotización de los beneficiarios; apuesta por el saneamiento de las cuentas al sustituir los préstamos del Estado por aportaciones que no generan deuda y eliminando los gastos impropios para que sean financiados por los Presupuestos Generales del Estado y apuesta por una financiación sostenida y sostenible de las pensiones.

En cuanto a los aspectos negativos, en las recomendaciones no se habla del blindaje constitucional; no hay referencias al factor de sostenibilidad; en cuanto a las bases máximas de cotización, las recomendaciones se limitan a una mera mención bastante inconcreta referida a que entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima debe guardar el necesario equilibrio sin menoscabo de la dimensión solidaria del sistema, y que dicha relación debe establecerse legalmente de forma clara y estable. No entra por tanto a concretar ninguna medida de forma expresa  para destopar la base máxima de cotización.

Los cinco puntos que, de forma unitaria, defiende BAT-ETORRI Consenso, son: La defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y con el modelo de reparto; Mantenimiento por Ley del poder adquisitivo de las pensiones; pensiones mínimas de 1.080 euros, derogación del factor de sostenibilidad y medidas que pongan fin a la brecha de las pensiones en razón del género. Respecto de estos cinco puntos reivindicativos, veamos que dice el Pacto de Toledo:

1.- Defensa de un Sistema Público de Pensiones, solidario y de reparto

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, en la Recomendación 0 “Reafirma su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y en el seno de cada generación, y a través del reparto equitativo de las cargas.” Además, se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual, en especial los de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, suficiencia de prestaciones, equidad en el reparto de las cargas y responsabilidad pública en la dirección y gestión del sistema.

2.- Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su garantía por Ley

En la Recomendación 2, se reconoce expresamente que el IRP aprobado en 2013(0,25%) “no goza del suficiente consenso político y social”.

De acuerdo con lo que establece esta Recomendación, es inequívoca la apuesta de la Comisión por la defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero del sistema.

3.- Pensión mínima 1.080 euros

La Comisión del Pacto de Toledo no tiene facultades para establecer la cuantía mínima de las pensiones, pero si autoriza la posibilidad subidas superiores al IPC. En este orden de cuestiones la Comisión, en la Recomendación 2, considera que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC, por ejemplo de las pensiones mínimas, sea sufragada con cargo a otros recursos financieros. Por otra parte, en la Recomendación 17, la Comisión llama la atención sobre la importancia de asegurar rentas mínimas suficientes, tanto en el ámbito contributivo como en el no contributivo, que permitan una subsistencia digna.

Sobre la suficiencia de las pensiones, la recomendación 15, entre otras cosas, dice:  “(…) la suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 10 de nuestra Constitución, asegurando el nivel mínimo de recursos establecido en el Protocolo Adicional de la Carta Social Europea. De ahí la importancia de contar con indicadores de suficiencia que a través de la delimitación de umbrales de referendo sirva para reforzar la efectividad de la lucha contra la pobreza.

Por ello, la Comisión considera necesario establecer alguna referencia adecuada (como puede ser la tasa de sustitución que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores ocupados) y un ámbito territorial de medición comparada (países más avanzados de la Unión Europea), que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas. Así, del mismo modo que la Carta Social Europea establece una fórmula para considerar que un salario es digno, resulta necesario establecer un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.

4.- Derogación del factor de sostenibilidad

No hay una referencia al factor de sostenibilidad y no ha sido objeto de ninguna recomendación por parte de la Comisión Parlamentaria. No obstante, la Comisión, en la Recomendación 0, dice que se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual, en especial los de solidaridad intergeneracional e intrageneracional y los de suficiencia de prestaciones.

5.- Medidas que ponga fin a la brecha de las pensiones en razón del género

Hay varias medidas en las recomendaciones de la Comisión para eliminar la brecha de las pensiones por razón del género.

En la recomendación 5, cuando se dice que es necesaria una evaluación del impacto que haya podido tener la ampliación de 15 a 25 años (cuando finalice el período transitorio el año 2022), del período que se toma para el cálculo de la base reguladora de la pensión, se dice que se pondrá especial cuidado en contemplar y paliar las consecuencias negativas que dichas ampliaciones podrían tener para la brecha de género en materia de pensiones.

En la recomendación 17, Mujeres y Seguridad Social, se reconoce un hecho incuestionable: Las mujeres son mayoría en la percepción de las pensiones más bajas y, por ello, una política igualitaria requiere una revisión del sistema de pensiones no contributivas, de los complementos por mínimos y de la pensión de viudedad, para garantizar progresivamente un umbral de garantía universal, suficiente y digno.

Además, se recomiendan medidas de carácter estructural para garantizar la igualdad efectiva en el campo laboral, acometer el tema de los cuidados, conseguir la igualdad retributiva que resulta clave para la equiparación de las pensiones, las lagunas de cotización haciendo aflorar el trabajo doméstico o los trabajos a tiempo parcial  no deseados que, como es público y notorio, afectan mayoritariamente a las mujeres.

Como conclusión, en líneas generales, valoramos las recomendaciones de forma positiva ya que este acuerdo da certidumbre a los pensionistas actuales y a los futuros. En primer lugar por su apuesta por un Sistema Público de Pensiones, basado en el modelo de reparto y solidario entre generaciones. En segundo lugar, hay que poner en valor el amplio respaldo alcanzado en un acuerdo, así como que se haya puesto la política por delante de la economía, lo que es un buen punto de partida para poder garantizar las pensiones de hoy y de mañana. Por otra parte, hace una referencia expresa a la sostenibilidad del sistema y refuerza la idea de que las pensiones contributivas se financiarán principalmente por cotizaciones y por impuestos donde no lleguen las cotizaciones.

La Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

En lo que a las pensiones públicas se refiere, las cuentas de los presupuestos generales para el 2021, recogen algunas grandes líneas de actuación siguiendo las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Entre ellas, en lo que a las pensiones se refiere, destacan: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la asunción de una parte importante de los gastos impropios.

Respecto a la revalorización de las pensiones públicas,  los presupuestos contemplan un incremento de la pensiones contributivas del 0,9%, inflación prevista para el año 2021, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo si la inflación crece por encima del 0,9%. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, subirán el 1,8%.

Además, siguiendo con las recomendaciones primera y sexta del Pacto de Toledo, de los casi 23.000 millones de euros identificados como gastos impropios, las cuentas del 2021 dan un gran paso y cubren cerca de 14.000 millones.

Sorprende que las pensiones mínimas no mejoren su poder adquisitivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el programa de Gobierno, en lo que a las pensiones concierne, dice de forma literal: “Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Es una mala noticia para los pensionistas que han venido exigiendo en sus movilizaciones la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas para que ninguna pensión este por debajo del umbral de la pobreza y con el objetivo de equipararlas, más pronto que tarde, al SMI. Por otra parte, la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas, es un gran instrumento para reducir la brecha de pensiones en razón del género, si tenemos en cuenta que son las mujeres las que mayoritariamente perciben complementos por mínimos.

En nuestra opinión, sorprende también el hecho de que el Factor de Sostenibilidad no haya sido objeto de ningún comentario, puesto que su entrada en vigor se encuentra actualmente suspendida hasta el 1 de enero de 2023. Pero, de no revisarse la norma, llegada esta fecha entrará en vigor.

Para finalizar, es preciso poner en valor las movilizaciones de las y los pensionistas, porque hemos conseguido, gracias al gran respaldo de las manifestaciones realizadas en los últimos años, que las pensiones hayan formado parte de la agenda política de los partidos y de las instituciones públicas. Por eso tenemos hoy un nuevo acuerdo en el Pacto de Toledo y, por eso, hemos logrado que los Presupuestos Generales del Estado garanticen el poder adquisitivo de las pensiones.

Ahora nos toca seguir reivindicando que los proyectos de Ley para la reforma de las pensiones y los Presupuestos Generales del Estado tengan presente, y hagan suyas, las recomendaciones del Pacto de Toledo, empezando por la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y su equiparación al Salario Mínimo Interprofesional y la derogación del Factor de Sostenibilidad

 NOTA.- BAT ETORRI / CONSENSO lo componemos las Asociaciones de Pensionistas: AGIJUPENS, NAGUSILAN, FEVAAS (Fed.Vasca Asociaciones), GEPE ( Gipuzkoako Erretiratu edo Pentsionisten Elkartea), ASPALGI, HELDUAK ADI y RED de PENSIONISTAS. Así como COESPE Gipuzkoa y Personas representativas de Asambleas Locales y Comarcales de Gipuzkoa. Asimismo, se adhiere a esta iniciativa, Asociación alavesa de Pensionistas -Tologorri. Coordinadora de pensionistas y jubilad@s de LasarteOria.