Sin duda, en el País Vasco, una de las instituciones más nefastas y que lleva años en el fracaso más absoluto, es, sin duda, LANBIDE el Instituto Vasco de Empleo que casi nunca logra empleo para nadie. El ente ya nació con graves deficiencias y una pésima gestión, provocando que una media del 60% de las quejas anuales al ARARTEKO sean contra LANBIDE.
Pero hay que contar lo que sucede sin falsas hipocresías. El mal funcionamiento de LANBIDE no se debe a una mala gestión, se debe a que es un instrumento pensado por los diferentes Gobiernos Vascos, para que funcione mal. Es decir, la labor fundamental de LANBIDE es EXPULSAR EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE PERSONAS DEL SISTEMA DE PRESTACIONES SOCIALES. Así de claro, rotundo y grave.
La prioridad de LANBIDE, y para eso se destinan la mayor parte de los recursos económicos y humanos es la supuesta empleabilidad, que es un fracaso absoluto, según reconoce el propio ente. Se dice que conseguir un empleo a través de LANBIDE es una leyenda urbana. Pero el resto de recursos se destina a la verdadera misión, la de marear a las personas que solicitan prestaciones y buscar resquicios para denegarlas o suspenderlas. Cuando LANBIDE vulnera la ley, con el beneplácito del Gobierno Vasco, y ejecuta suspensiones cautelares, sin previo aviso y sin posibilidad de recurso antes de ser efectiva esa sanción, cuando las personas sancionadas no tienen acceso a la información necesaria, cuando se hacen lecturas interesadas de la ley para echar del sistema a quienes en letra y espíritu de esa misma ley tienen derecho a recibir prestaciones, cuando se criminaliza y se manipula con informaciones no contrastadas, decir que hay “errores” y sobrecarga, se está mintiendo de forma grosera e hipócrita.
Los perjuicios que LANBIDE acarrea a las personas no es una cuestión de falta de recursos o de mala gestión, sino la utilización a propósito del ente para expulsar del sistema a la ciudadanía en mayor situación de vulnerabilidad y abuso de poder.
Por todo ello LANBIDE debe desaparecer y rendir cuentas de su nefasta actuación. Es necesario volver al sistema anterior, con una trabajadora social de referencia y una mayor protección de las personas solicitantes de prestaciones.
Aunque el objetivo debe ser la desaparición de la RGI y demás prestaciones y su substitución por una RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA, mientras perdure el actual sistema, éste debe ser totalmente reformulado. Y el sistema no debe ser tutelado de forma alguna, porque pensar que quienes sufren la pobreza y exclusión económica tienen algún tipo de deficiencia que les impide a priori ser quienes gestionen su vida es una actitud clasista y excluyente.
Los políticos que se muestran tan miserables con los que menos tienen, deberían ser usuarios de LANBIDE y así sentirían en sus propias carnes lo que es el desprecio del sistema. Les suspenderían las prestaciones sin aviso, quizás varios días después lograrían alguna información de poque han sido suspendidos y entonces sólo les darían 10 días para rectificar sus errores.
La gestión y las oscuras intenciones de LANBIDE levantan continuamente ampollas entre los usuarios del servicio, y también en muchos partidos políticos y asociaciones de todo tipo que denuncian la mano del PNV (y de todos los Gobiernos Vascos) detrás de LANBIDE.
La crisis que afecta a los más desfavorecidos hace aumentar sin cesar las solicitudes de la RGI y otras prestaciones, pero el sistema sólo dificulta estos derechos. Las demoras excesivas en conceder las ayudas crean una gran angustia enla población que no comprende porque se les niega un derecho subjetivo. El ciudadano cuenta con ese dinero y los retrasos le afectan mucho. A la persona que tiene derecho no le basta con que le digan que se la conceden, precisa que se haga de manera urgente, porque no tiene más para subsistir.
Hoy en día acudir a las oficinas de LANBIDE es sufrir humillaciones y desprecios. Es encontrarse con un funcionariado hostil y aleccionado para vulnerar nuestros derechos. Nos enredan, nos marean, nos maltratan, nos dejan sin recursos y en la calle. De manera absolutamente intencionada se usan procedimientos que incumplen las leyes.
Pero incluso los políticos que denuncian esta situación o el propio ARARTEKO ponen paños calientes a la hora de juzgar la actuación de los funcionarios de LANBIDE. Pero no se trata sólo de resaltar la culpabilidad de los directivos del ente, perfectamente conscientes de la injusticia de su proceder. También los empleados, por acción o por omisión, son cómplices de esa injusticia. Hoy en día, también ellos y ellas cuentan con más que suficiente información sobre la maldad de su proceder, y no deberían excusarse en mantener su puesto de trabajo y mirar para otro lado. Existen trabajos que por un mínimo de dignidad deberían ser rechazados por las personas, por todas ellas.
Para finalizar, y a modo de resumen y compilación, las malas prácticas de LANBIDE se traducen en:
Tiempos de atención, demanda y tramitación demasiado largos. Se tarda una media de dos meses para dar una cita y desde que se tramita la documentación hasta que se concede hay una media de espera de 8 meses. Teniendo en cuenta que hablamos de una prestación para la cobertura de necesidades básicas consideramos que es un tiempo excesivo. Además, la atención en las oficinas no está sujeta a ningún criterio único, sino que nos encontramos con oficinas en las que hay esperas desde la noche anterior para coger número porque solo atienden a 10 personas al día, cuando en otra oficina atienden a 30 y en otra diferente a 50 al día.
1. Paralizaciones de expedientes.
El pasado año tenían alrededor de 7.000 expedientes paralizados, sin resolver. No entendemos a que se debe, pero creemos que puede ser por no querer atender una demanda cada vez más creciente, lo que implicaría asignar una partida económica mayor. Así personas que tienen derecho a la prestación ven que su derecho queda vulnerado por una gestión deficiente y una falta de voluntad de la administración de asignar una partida económica suficiente.
2. Suspensiones injustificadas de RGI durante meses o por criterios subjetivos, que interpretan la ley en perjuicio de la persona beneficiaria. Te pueden suspender la RGI durante meses, por meras sospechas, luego aunque demuestres de nuevo que cumples los requisitos tardan mínimo dos meses en volver a reanudar el cobro. Por lo que puede que estés seis meses o más sin cobrar la prestación, aunque te corresponda.
3. Suspensiones por interpretación de un “uso indebido de la prestación”. En base a la fiscalización cada 3 meses de los movimientos bancarios de la persona beneficiaria, a la cual se exige que justifique cualquier gasto sospechoso de no ser destinado a alojamiento o manutención; nos encontramos con casos en los que se ha retirado la RGI por comprarse ropa o por comprar tabaco o por tener una factura de teléfono más elevada de lo que se considera, entre otros casos.
4. No existe registro que especifique la documentación entregada, ni se entrega ningún tipo de certificado de la documentación que las personas aportan, por lo que es imposible demostrar que has entregado los papeles que acreditan que cumples los requisitos. Esta situación nos lleva a que no es extraño que
5. al de un tiempo te notifiquen que no te conceden la prestación porque no has entregado los papeles correspondientes, cuando ya lo has hecho.
6. No hay un cauce formal para poner quejas o reclamaciones, ni tampoco una devolución de las realizadas en persona en la oficina.
7. Desinformación o información errónea por parte del personal de Lanbide. Informaciones diferentes en función de oficinas o incluso de profesionales de la misma oficina, además en algunas oficinas directamente te informa el personal de seguridad, que no es una persona cualificada para ello.
8. Las notificaciones no se hacen adecuadamente. A veces se notifica en el lugar donde la persona no reside, a pesar que ya ha notificado que no reside allí. En el caso de suspensiones, a veces llega antes la suspensión, que la comunicación y por tanto que la posibilidad de presentar alegaciones.
9. Presunción de fraude y criminalización de la persona perceptora: hay una presunción de fraude que exige a las personas que acrediten cuestiones ante sospechas infundadas y a la mínima duda se les suspende la RGI, aún demostrando mediante papeles que cumplen los requisitos. En este marco se sufre la “doble visión” de la Administración, como cuando sospecha por norma de la buena voluntad de las personas perceptoras de las ayudas, cuya bolsa de posibles fraudes nunca superó los 300 millones de euros ( a probar) y nada dice del fraude fiscal de más de 16.000 millones, mucho más grave y lesivo socialmente hablando.
10. Existencia de una normativa interna de discriminación sobre el derecho a percibir la RGI en base a criterios puramente subjetivos de interpretación de la ley. Esto está produciendo que se vayan excluyendo colectivos que antes eran perceptores de derecho; así se está retirando la RGI a personas que están empadronada en recursos residenciales gestionados por asociaciones porque entienden que estos ya cubren sus necesidades básicas, cuando estos recursos son en muchas ocasiones temporales y tampoco cubren en la mayoría de los casos todas las necesidades; vivienda, alojamiento, vestido, sanidad, formación, inclusión social… o incluso la RGI es necesaria para la inclusión social y la posterior independencia de la persona usuaria del recurso.
11.Por lo que la denegación lleva a la persona a una dependencia e imposibilita su inclusión social. En esta sección se debería obligar a la Administración a no actuar subjetivamente con respecto a la Ley y exigir sanciones si lo hace, así como a motivar suficientemente todas sus resoluciones.
12. Exigencia de aceptar trabajos precarios o realizar trabajos comunitarios, sin posibilidad ninguna de elección y bajo la amenaza de suspenderte la prestación.
Observaciones
• Una de las medidas de la Administración que más ha contribuido a agravar la actuación de Lanbide, ha sido la decisión de centralizar en este organismo toda la tramitación de la RGI, ayudas, etc. Consideramos que habría que retornar al sistema anterior que pasaba por el circuito de acudir, en primer lugar, a la entrevista/s con la Trabajadora Social del barrio. Nada puede substituir al trabajo profesional y a la cercanía humana, y mucho menos la frialdad de las actuaciones funcionariales que nunca tienen en cuenta la dimensión humana de cada caso.
• Denunciamos también las motivaciones meramente de “recortes” que como en tantos otros casos se esgrimen a la hora de ir reduciendo cada vez más los derechos sociales de la población.
• Igualmente resulta muy grave la absoluta INDEFENSIÓN LEGAL de las personas afectadas por Lanbide que se encuentran ante el sistema opaco y obstaculizador de la Administración, que usa el Derecho Contencioso y sus complejidades en su favor y en contra de la persona reclamante.
GRUPO EN FACEBOOK:
Afectadxs lanbide de Gipuzkoa
FUENTES:
Informes ARARTEKO.
Documentos HARRESIAK APURTUZ
Documentos ARGILAN
Documentos CGT / Rojo y Negro
