La EPSV Itzarri nació del Acuerdo que se adoptó en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) quedando recogido en el mismo, que el conjunto de Instituciones y Sociedades de la Administración, destinarían cada año, a partir del 2005, un porcentaje de la masa salarial para financiar las contribuciones a Itzarri. A esta EPSV se irían incorporando progresivamente: Osakidetza, Ertzaintza, Enseñanza Pública, Universitaria (UPV), EITB etc.

A destacar que estas Instituciones pasan a denominarse, en terminología previsional, socios protectores/promotores y sus aportaciones son obligatorias y proporcionales a las retribuciones de los y las trabajadoras, mientras que las aportaciones de estas últimas tendrán carácter voluntario y son independientes a las realizadas por la Administración. Por lo tanto, Itzarri se sitúa como uno de los componentes que van a formar parte, desde el primer momento, de la estructura retributiva del empleo público en Euskadi y como tal, su desarrollo posterior formará parte de la negociación colectiva en el seno de la Mesa General.

Mi recorrido laboral lo he hecho en Osakidetza y tengo que reconocer que ese «momento Itzarri» me produjo una reaccion de distanciamiento de los sindicatos y no volví a participar en los procesos electorales sindicales porque, al menos en mi centro de trabajo, verbos como informar, debatir, decidir etc. no se conjugaron en asamblea alguna. El hecho es que quedó acreditada la falta de cultura política democrática y participativa de esas cúpulas sindicales. Pronto quedó claro que cualquiera que planteara renunciar a Itzarri y que, al mismo tiempo, reclamara que su incremento salarial fuese llevado a nómina no iba a ser atendido, de tal forma que la V de voluntaria transmutó en la O de obligatoria. En definitiva, por la gracia sindical, me convertí en socio obligatorio de Itzarri.

¿Por qué Itzarri EPSV?

Los bajos índices de natalidad, unidos a la elevada y creciente esperanza de vida vienen configurando, desde los años 80, un nuevo escenario que algunos denominan «invierno demográfico». El Instituto Vasco de Estadística, en un estudio de julio de 2018, señalaba que en 1981 el 33% de la población vasca tenía menos de veinte años y para 2016 solo representaban el 18%. Al mismo tiempo los vascos de más de 65 años, entre 1981 y 2016, pasaron de representar el 9% al 22% con la previsión de llegar en 2025 a un 25% de la población.

El Gobierno Vasco acepta la teoría de la «insostenibilidad financiera» del Sistema Público de Pensiones (SPP) así como que los jubilados y jubiladas del futuro tendrían una pensión inicial mucho más baja que la actual y que más años de vida supondría un aumento significativo de gasto sin que lo pudiera absorver el Sistema de la Seguridad Social. De tal forma que desde el primer momento no duda en respaldar los recortes habidos desde 1985 con la reforma de la Ley de la Seguridad Social firmada por Felipe González. Tampoco dudó, una vez aprobada la Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria de 1983, (EPSV), en volcar sus esfuerzos, de forma exclusiva, en la promoción e implantación y desarrollo de las EPSV como Modelo de Capitalización frente al Modelo de Reparto del SPP de la Seguridad Social.

Tras 20 años de la aparición de esta Ley, el Gobierno Vasco completa el sector público con Itzarri que se une a la de Elkarkidetza (año 1986) de los trabajadores de la Administración Local y Foral. Así que desde las Instituciones se diseña esta EPSV para empleados públicos sin carencias, ni necesidades, ni situaciones penosas etc.

más bien todo lo contrario: empleo estable, contrato indefinido, jornada completa, condiciones salariales y laborales razonablemente buena etc. con una fiscalidad ventajosa para facilitar el ahorro finalista y ayudar a satisfacer un presunto derecho a complementar la pensión pública próxima o futura. Es decir, financiada con recursos públicos que se sustraen de cubrir auténticas necesidades del conjunto de la Sociedad.

Si en el sector privado es más que discutible esta previsión social complementaria «a la carta» en el sector público es directamente «inaceptable». Se trata de una evidente distribución de rentas de abajo-arriba. Las contribuciones del empleador público al plan previsional son recursos públicos que recaudan las Haciendas Vascas. Lo que me llama la atención es la convicción con la que se reclama que «nadie quede atrás» mientras que la práctica institucional, política y sindical se dirige a promover y avalar políticas públicas en las que lo que se pone en el centro es el «bienestar» de ese sector bien situado al cual pertenezco.

En el momento de mi jubilación en Enero de 2017 opté por no rescatar mi patrimonio consolidado. Por un lado, podía permitirme dejarlo sin tocar y por otro lado quería seguir cuestionando, desde mi condición de accionista y propietario de deuda pública, esta práctica que condena al apartheid social a una mayoría de trabajadoras/es mientras se refuerza la hegemonía cultural capitalista.

Al finalizar cada ejercicio, el director general de Itzarri manda una texto epistolar a los socios de la entidad para notificarnos la posición patrimonial de cada una/o. En esta última de marzo del año en curso aparte de mi número de participaciones y del valor de la misma me parece destacable tanto la consideración de que las más de 109.000 personas conformamos la familia Itzarri, como que la inversión en Euskadi es cercana a los 130 millones de euros. Respecto a considerarnos familia si la hubiera adjetivado como «blindada», hubiera acertado de pleno. En cuanto a la inversión me parece pertinente señalar algunos datos que no recoge el escrito. De los 130 millones, unos cuarenta están en deuda pública (euskobonos) y unos noventa millones están invertidos en: Iberdrola, BBVA, Bankoa, Tubos Reunidos, Tubacex etc. Es decir, es un 15% aproximadamente de los 865 millones de patrimonio a 31 de Marzo de 2021.

Accionista de Tubacex

Desde que apareció la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 hace más de un año, sus efectos demoledores en el plano económico, social, laboral etc. siguen presentes en el día a día. En Tubacex, una de las dieciocho empresas vascas con sede en Euskadi que cotizan en bolsa, convergen lógicas dispares e incluso disparatadas hasta condicionar comportamientos y actitudes que en definitiva, no dejan de ser un fiel reflejo de nuestra sociedad vasca: rica, de mercado, plural, rentista, desigual etc. Me explico.

Por un lado tenemos una movilización ejemplar de la plantilla que va para 3 meses y que plantea retirar el ERE de extinción de empleo ejecutado por la empresa este pasado Marzo, para negociar una alternativa no traumática. Todo apunta que la empresa lo que ha buscado es reducir costes laborales y mejorar la cuenta de resultados, de tal forma que los resultados contables van a dar el correspondiente rendimiento accionarial. Aquí aparece Itzarri como 4º accionista y me pregunto si somos conscientes las/os funcionarios de esta EPSV de que una parte de las rentabilidades de nuestro ahorro finalista procede de la pérdida de empleo de 129 trabajadores. Por otro lado, la plantilla de Tubacex sabe lo que es una EPSV por que tiene pactada una en convenio colectivo, con su fiscalidad ventajosa que responde al modelo de capitalización frente al modelo de reparto del SPP de la Seguridad Social. Me pregunto si son conscientes de lo que implica apostar por la salida individual frente a la salida colectiva que supone la protección social pública.

Que Tubacex aparezca en el listado de empresas elaborado por el Gobierno Vasco como destinataria de los fondos europeos «Next Generation» y al mismo tiempo se deshaga de una parte significativa de la plantilla alegando problemas estructurales, obedece a una lógica empresarial de mantener el negocio con el menor coste posible que encaja en un Modelo de País que no comparto.

ELA, que ostenta la posición más relevante, seguido de LAB, en las principales EPSV de empleo y en Tubacex es mayoritaria, rechaza las deducciones fiscales que hacen las empresas en el impuesto de Sociedades mientras defiende las desgravaciones de las aportaciones de los trabajadores, tanto de la plantilla como de Itzarri y por extensión de todos y de las EPSV de empleo. Esta lógica sindical obedece a una mirada corporativa, que hiperprotege a sectores de influencia a costa de fragmentar, más todavía, a la clase trabajadora y refleja un modelo social y de país basado en la inequidad y en depredar recursos públicos que, por supuesto, no comparto.

Por la prensa hemos conocido algunas posiciones sindicales sobre los llamados Fondos Europeos habilitados, se supone, para nuestra recuperación y transformación económica pero respecto a los llamados Fondos de Pensiones, en los que se integran las EPSV, seguimos a la espera.

Es indecente que los sindicatos se refugien en el silencio y hurten a la ciudadanía un debate público y participativo sobre las EPSV y sus efectos, en términos de justicia social y equidad, en la población vasca mientras exigen transparencia, rendición de cuentas etc. a gobiernos, instituciones, partidos, fundaciones, asociaciones etc.

Lo que me interesa subrayar es que cualquier mirada solidaria, y la mía lo es, dirigida a los trabajadores y trabajadoras de Tubacex y demás empresas y sectores con los empleos gravemente comprometidos no puede acabar ahí. Tiene que recorrer la pirámide poblacional y llegar a esas generaciones que tienen en las siguientes cifras razones sobradas para la incertidumbre y la indignación:

* El 13,4% de la población vasca tiene entre quince y veintinueve años. Son unos 294.000 jóvenes y la edad media de emancipación en Euskadi es de 29,6 años.

* El año 2019 se cerro con 130.552 ocupados demandantes de empleo en Lanbide. El año 2020 lo hizo con 250.000. Nunca antes se había producido un incremento de semejante magnitud. El principal factor motivacional que explica este aumento es la pésima calidad del empleo (temporal, contrato a tiempo parcial e involuntario en su mayoría etc.).

* Hay ciudadanos con trabajo que no les da para cubrir las necesidades básicas (trabajadoras/es pobres). Esto se observa en los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Del total de 54.747 beneficiarios de las ayudas con que se cerró 2020, un 18% son trabajadores precarios, es decir, unas 10.000 personas.

La igualdad debe estar en la base de cualquier política pública dado que cualquier decisión política institucional, parlamentaria y sindical impacta en la vida de las personas y por lo tanto en el incremento de la igualdad o de la desigualdad. El Gobierno Central con el Sr. Escrivá ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se dispone a normativizar en la Ley General de la Seguridad Social lo que previamente ha respaldado el Parlamento español que es, entre otras cosas, la implantación y promoción de los Planes de Pensiones Individuales de Empresa. De esta forma, la pensión se convertiría en un asunto privado y el Mercado se situaría en el «centro» de un Modelo privatizador frente a la garantía de rentas que constituye la Protección Social Pública de la Seguridad Social y sin excluir a nadie. Solo falta el aval sindical y todo apunta a que se dejarán llevar por la inercia propia de un sindicalismo corporativo.

En la CAV conocemos desde hace años este producto previsional y vemos todos los días cómo y cuánto de diferente impacto tiene en la vida de unos y otros. Por ello es más triste aún ver a asociaciones de pensionistas contemporizar con el silencio sindical que rodea a las EPSV y sin atreverse a solicitar publicamente a los sindicatos que: informen, participen, debatan y consulten. Sería un sano ejercicio de transparencia ¡inédito sin duda! pero factible. Eso sí, siempre que se quiera una ciudadanía informada y con pensamiento crítico.

Lo cierto es que no podemos perder más tiempo. Esta triple crisis sanitaria, económica y social nos interpela a todos nosotros. Somos responsables de lo que vemos, así que digamos no al cuadro que tenemos y pintemos uno nuevo. En definitiva, se trata de construir una nueva realidad con mirada transformadora que formule un proyecto compartido para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

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