Luces y sombras de los acuerdos del Pacto de Toledo

Al cabo de cuatro años intentando renacer, tras las negociaciones abortadas en febrero de 2019, superado un nuevo periodo de gestación, en el Pacto de Toledo nace una criatura apadrinada por la mayoría de los partidos que integran dicha comisión parlamentaria. Ese insólito consenso contrasta con la crispación imperante, lo cual significa que esta vez sí se ha sacado la problemática de las pensiones de la confrontación política. Conocido el rechazo de Vox, cuesta entender la valoración negativa de muchas plataformas de pensionistas.

Antes de sacar conclusiones cabe adelantar que ese acuerdo favorece a los pensionistas de hoy, perjudicando a los de mañana con medidas desfavorables que ya estaban en activo. El documento firmado el 28 de octubre no es definitivo, cuando se debata en el Congreso puede variar. Además tendrá un desarrollo posterior en la mesa de concertación entre Gobierno, patronal y sindicatos. En ese escenario la función del movimiento de pensionistas será la de siempre: actuar como grupo de presión para que se atiendan sus demandas.

Contenido de los acuerdos del Pacto de Toledo

Las propuestas del Pacto de Toledo constan de 40 medidas. Parte de ellas ya están en vigor, otras no pasan de ser declaraciones de buenas intenciones, como ocurre con el preámbulo de la Constitución, carente de valor normativo. Hay novedades de aplicación inmediata y medidas que afectan a los futuros pensionistas.

Entre las proclamaciones solemnes figura el reconocimiento de la Seguridad Social como pilar del Estado del Bienestar, el rechazo a cualquier transformación que amenace los principios del Sistema Público de Pensiones (solidario, intergeneracional, suficiencia, equidad…). La fuente básica de financiación seguirá siendo las cotizaciones, sin excluir aportaciones presupuestarias que aseguren su sostenibilidad.

Se plantea la conveniencia de recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (hucha de las pensiones), sin poder utilizarlo para fines ajenos. Es un proyecto sin ninguna concreción. Buenas palabras también sobre la brecha de género, garantizando la igualdad entre mujeres y hombres. Lo mismo pasa con las precarias condiciones de trabajo que soporta la juventud o con las actitudes xenófobas y discriminatorias hacia las personas migrantes.

Medidas de aplicación inmediata 

Las pensiones se revalorizarán en base al IPC real, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo mediante una ley específica que establecerá un indicador permanente vinculado a la inflación. En 2021 las mejoras dependerán todavía de los presupuestos.

El Estado asumirá los gastos impropios que se cargan a la Seguridad Social y que provocan el déficit acumulado. Se estima que serán unos 23.000 millones de euros. Las transferencias dejarán de considerarse préstamos, de modo que no generarán deuda. En 2019 se asignaron 14.000 millones, en 2020 más de 30.000, pero no es una referencia válida al incluir ayudas como el Ingreso Mínimo Vital, ajeno a las pensiones. El Gobierno tiene de plazo hasta 2023 para reordenar todos esos gastos.

Medidas que afectan a nuevos pensionistas

Se recogen las medidas establecidas con la reforma de pensiones del 2011, que ya se están aplicando de forma gradual: retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, aumentar el periodo de cotización de 35 a 37 años, pasar el cálculo de la base reguladora de 15 a 25. Como compensación se podrán cubrir lagunas de cotización eligiendo los mejores años. Se descarta fijar la cuantía de la pensión con las cotizaciones de toda la vida laboral.

Se pondrán trabas a las jubilaciones anticipadas, práctica habitual en grandes empresas y en la banca para reducir plantillas. El objetivo es acercar la edad de jubilación efectiva a la oficial. Se incentivará la ampliación voluntaria de la actividad laboral más allá de la edad legal.

En el plazo de tres meses el Gobierno determinará si cumplen el principio de equidad las jubilaciones anticipadas penalizadas. Las pensiones de viudedad siguen siendo contributivas, se mantiene su carácter vitalicio y no estarán condicionadas por el nivel de renta personal. Las ayudas sociales que gestionan las comunidades autónomas pueden seguir mejorando las pensiones contributivas y no contributivas. El modelo más efectivo es la RGI vasca.

La medida más novedosa es la creación de un sistema complementario de pensiones, aplicado a través de la negociación colectiva, con más ventajas fiscales y jurídicas que los modelos existentes. Se trata de una disposición discutible y preocupante, pues implica reconocer que se van a empobrecer las pensiones públicas.

Fondos de pensiones de empleo  

Aunque están regulados y operativos, son productos financieros con escasa implantación en el conjunto del Estado, donde tienen un patrimonio equivalente al 10% del PBI. En el País Vasco alcanzan el 34%, al aplicarse en todas las administraciones públicas y en numerosas empresas del metal de Gipuzkoa. Se trata en la generalidad de los casos de complementar las futuras pensiones de quienes reciben rentas altas. El Ministro Escrivá declara haber elegido el modelo de las llamadas EPSV del País Vasco para intentar lograr el objetivo contrario: ayudar a quienes soportan condiciones laborales más precarias. Cuesta imaginar cómo lo va a conseguir.

Las EPSV de Euskadi, al igual que la ikurriña, se basan en un modelo inglés. Al estar diseñadas para optimizar la jubilación de quienes tienen mayores ingresos, es obvio que ese sistema no cuadra con la inestabilidad laboral que afecta sobre todo a mujeres y jóvenes sin capacidad de ahorro. Si llega a funcionar será a costa del interés general. Los planes de pensiones colectivos, gestionados por empresas y sindicatos, poseen ventajas fiscales y otras compensaciones, sustraídas de la tributación que salvaguarda los servicios sociales. Procedería analizar si esa forma da actuar es equitativa y favorece el bien común.

La idea de promocionar los planes de pensiones de empleo se basa sobre todo en la previsible reducción de las pensiones públicas, como consecuencia de aplicar la reforma del 2011, implantada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT. Esa reforma alarga la edad de jubilación y amplia los periodos de cotización y de cálculo para acceder a la pensión íntegra. El resultado inevitable es la progresiva reducción de las pensiones públicas. De esa forma se desemboca en un modelo de pensiones mixto o dual, compensando la caída de la pensión pública con el complemento del fondo de pensiones privado.

Si el sistema público de pensiones mantuviese la tasa de reemplazo, o sea, el nivel retributivo actual (ronda el 80% del último salario), las futuras generaciones no necesitarían planes de capitalización para vivir dignamente. Tampoco haría falta transferir recursos públicos para favorecer intereses privados. Cuando el Ministro Escrivá dice que “El Estado creará un fondo de pensiones de empleo como complemento al público”, está anunciando la rebaja y en consecuencia el empobrecimiento de las pensiones públicas.

El efecto imán de los polos opuestos

La problemática de las pensiones es más política que técnica, por tanto suscita un inevitable debate ideológico. El rechazo frontal de economistas y publicaciones de tendencia neoliberal llevaría a considerar progresistas las propuestas del Pacto de Toledo, si no las rechazasen también diversos colectivos de pensionistas. Se utilizan argumentos opuestos para cuestionar las mismas propuestas. Titular de Libre Mercado del 26 de octubre: “El Pacto de Toledo consuma la farsa: no plantea ninguna reforma para las pensiones y opta por la vía griega”. El diario Naiz, afín a la Izquierda Abertzale, publicaba esta declaración: “El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha denunciado que el preacuerdo alcanzado en el seno del Pacto de Toledo no recoge sus reivindicaciones y, tras expresar su rechazo a las propuestas, que suponen nuevos recortes, han pedido a los partidos políticos que no sean aprobadas”.

El carácter político e ideológico de los análisis se aprecia también en el posicionamiento de los partidos que han participado en las negociaciones del Pacto de Toledo. Titular del diario ABC del 27 de octubre: “Vox se desmarca y rechaza el acuerdo del Pacto de Toledo: «Es un engaño a los pensionistas». En el polo opuesto, EH Bildu anunciaba su abstención advirtiendo que: “no apoyará un acuerdo en el Pacto de Toledo mientras no contemple las demandas básicas de los pensionistas”. Desde posiciones opuestas se llega a conclusiones similares, alegando defender en ambos casos los intereses de los pensionistas.

Nunca se consiguen todas las reivindicaciones, hay que ceñirse a las fundamentales. Si se logran mejoras se firma y se sigue peleando hasta conseguir el resto

El rechazo a los acuerdos por parte de numerosas plataformas de pensionistas era previsible. Basta observar las consignas de sus pancartas para constatar la hostilidad hacia la comisión del Pacto de Toledo, elegida como chivo expiatorio que aglutina los reproches dirigidos al conjunto de la clase política. En un juicio razonado se tendría en cuenta que el Pacto de Toledo es una comisión permanente sin capacidad legislativa. En ella estén representadas todas las fuerzas políticas y las decisiones finales las toma el Congreso de Diputados.

En el movimiento de pensionistas ocurre como en la actividad política, se recurre al victimismo para denunciar pretendidos agravios. Quienes avivan esas actitudes olvidan las claves de la negociación colectiva: nunca se consiguen todas las reivindicaciones, hay que ceñirse a las fundamentales. Si se logran mejoras se firma y se sigue peleando hasta conseguir el resto.

Adaptar las reivindicaciones a la nueva situación

Para el movimiento de pensionistas los acuerdos del Pacto de Toledo cierran una fase y abren otra. En la etapa que concluye se ha conseguido la revalorización que se reclamaba al salir a la calle el 15 de enero de 2018, junto con otras demandas posteriores, como suprimir los gastos impropios y transformar los préstamos en transferencias presupuestarias.

Lograda la revalorización de las pensiones con el IPC real, si se aprueban los presupuestos del año próximo, aunque en 2020 la inflación en vez de subir bajó, las pensiones contributivas obtendrán una mejora del 0.9% y las no contributivas el 1,8%. Acto seguido toca reclamar que las pensiones mínimas se igualen con los 950 € del SMI, a fin de reducir la brecha de género de las pensiones y lograr un mejor reparto de la riqueza atenuando las desigualdades sociales.

Las movilizaciones deben continuar en el conjunto del País, hasta conseguir unas pensiones dignas, desde ahora y para siempre, sin olvidar la situación del resto de la sociedad. Resulta preocupante la pérdida de nivel de vida de la clase trabajadora, así como el incierto futuro de la juventud. El colectivo de pensionistas no es hoy el sector de la población más amenazado por la exclusión social. La solidaridad es un factor esencial para aunar fuerzas, defendiendo el bien común de forma conjunta. Tienen cabida en la pancarta, compartiendo la misma causa, todos los sectores desfavorecidos. El objetivo debe ser que el conjunto de la población pueda vivir con dignidad, disponiendo de una pensión suficiente en el momento de jubilarse.

Conclusiones

Entre las propuestas aprobadas por el Pacto de Toledo destaca la reclamación que dio origen a las concentraciones de pensionistas en enero de 2018. La revalorización en función del IPC anula de hecho el 0,25 %, establecido en la reforma de las pensiones de diciembre de 2013. Dejó de aplicarla el propio Rajoy al negociar con el PNV los presupuestos del 2018. Otro tanto ocurre con el índice de sostenibilidad, ni siquiera el PP lo ha defendido en las negociaciones. Unidas Podemos rechazó en febrero de 2019 propuestas similares a las actuales. Ahora que está en el Gobierno, además de considerar derogada la reforma del PP, interpreta que “recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición, de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible”.

Los acuerdos del Pacto de Toledo neutralizan la reforma del 2013, pero mantienen vigente la del 2011, igual de negativa para el futuro de las pensiones. Además de alargar la vida laboral, reduce las retribuciones, facilitando la implantación de las pensiones privadas de empleo. Estando basadas en el modelo de las EPSV de Euskadi, las asumen los sindicatos mayoritarios, pese a intensificar las desigualdades sociales y competir con las pensiones públicas.

La comisión del Pacto de Toledo no ha propuesto medidas negativas nuevas. Las que recoge proceden de la reforma de las pensiones del 2011 y de normativas sobre fondos de pensiones. En 1987 se aprobó una ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones. Las EPSV vascas se crearon en 1996. La Constitución española de 1978 establece en su artículo 41, referido a la Seguridad Social, que “La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. La reforma del 2011, al ser de ámbito estatal, la negociaron CCOO y UGT. En las comisiones gestoras de las EPSV están también los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, que las integran en su proyecto soberanista como referente de un sistema de pensiones propio.

El acuerdo del Pacto de Toledo se puede resumir en pocas palabras: tiene ventajas y ningún deterioro para las pensiones de hoy, siendo perjudicial para las de mañana. Una parte de las propuestas responde a las demandas de los actuales pensionistas, resultando negativas para las futuras generaciones. Con las pensiones ocurre lo mismo que con el trabajo: se respetan los derechos adquiridos por trabajadores con antigüedad, mientras se condena a la juventud al empleo precario, mal pagado y sin garantías de estabilidad. Las mejoras sociales, tanto en condiciones sanitarias como laborales o pensiones, nunca son gratuitas, siempre se conquistan luchando. Esa es la lección que la gente mayor tiene bien aprendida y que la juventud debe asumir, sin resignarse a vivir peor que las generaciones anteriores.

 

LUIS ALEJOS

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