PENSIONISTAS EN EL CONGRESO. Sus peticiones y reivindicaciones

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), sumamente preocupada por el futuro de nuestro Sistema Público de Pensiones (SPP), se dirige a Ud. con el ruego de que haga llegar al Gobierno de la Nación; a la Mesa del Congreso de los Diputados; y a los diferentes grupos parlamentarios, nuestras reflexiones y peticiones sobre los males que aquejan a dicho SPP, así como las propuestas que COESPE contempla como posible solución.

Nuestro país dispone de un SPP llamado de reparto, porque durante la vida laboral las cotizaciones sociales sirven para pagar las pensiones en ese momento, no para capitalizar ningún ahorro personal. Nuestro sistema es de solidaridad intergeneracional, intrageneracional e interterritorial, y actúa mediante su caja única, como un enorme distribuidor de renta y de cohesión social. Se pagan pensiones por jubilación, por fallecimiento (viudedad, orfandad), por incapacidad permanente, por desempleo. En definitiva, la solidaridad para con aquellas personas que no pueden trabajar o tienen muy difícil el acceso a un puesto de trabajo. Una solidaridad que debería ser sustentada por toda la sociedad en su conjunto.

Los males que le aquejan, son a todas luces, provocados por las malas políticas desarrolladas en las últimas décadas, por los diferentes gobiernos de nuestro país, que han llevado a nuestro SPP a una situación de clara vulnerabilidad.

Así, nuestro SPP se ha ido degradando como consecuencia, fundamentalmente, de las Reformas Laborales de 2010 y 2012 que han conducido al empeoramiento de la negociación colectiva, los salarios, y la contratación, tres elementos básicos sobre los que se sustenta nuestro SPP de reparto.

Pero no conformes con esas políticas laborales, justificadas con la supuesta crisis económica, se ha permitido y financiado con desgravaciones fiscales, los planes de pensiones privados, 2.000 millones de euros anuales; se ha permitido un descontrol de las horas extraordinarias (millones de las cuales ni cotizan ni se pagan); se ha permitido un verdadero descontrol de los autónomos (que son en realidad trabajadores por cuenta ajena); se han pagado tarifas planas de fomento del empleo con cargo a las propias cuentas de la Seguridad Social (reducciones), y al Ministerio de Trabajo (bonificaciones) y que no mejoraron la tasa de empleo; se han pagado año tras año los gastos del funcionariado y mantenimiento de los edificios de la Seguridad Social, algo que debería corresponder a los Presupuestos Generales del Estado (PGE); o el desempleo que correspondería también a los PGE. Con esta mal denominada crisis, que a muchos les ha venido muy bien (España es el tercer país de Europa de más desigualdad social), se ha demostrado que a nuestro país no le ha afectado demasiado, ya que hemos estado creciendo por encima de la media de la Unión Europea (UE), entre un 2’5% y un 3%, lo que significan entre 30.000 y 36.000 millones de euros anuales. Buena prueba de ello es que el Fondo de Reserva siguió creciendo hasta finales de 2.011, pero cuando la estabilidad laboral y los salarios pasaron a mejor vida, debido a las reformas laborales, el Fondo de Reserva que
llegó a acumular casi 70.000 millones de euros, el gobierno del Partido Popular lo gastó prácticamente en cuatro años en contra de la Ley que no permitía la utilización de más de un 3%, y sobre lo que la Comisión del Pacto de Toledo no dijo absolutamente nada.

A toda esta mala gestión o mala gobernanza, podemos añadir que en España tenemos un fraude fiscal, reconocido por los propios organismos oficiales de unos 90.000 millones de euros por año, lo que significaría, si se corrigiera, 20.000 millones de ingresos de nuestra recaudación impositiva; y una evasión fiscal acumulada, que se sepa hasta ahora, de medio billón de euros, a la que recientemente se la concedió una amnistía sin ningún tipo de reparo.

Por lo que respecta al gasto medio en pensiones gastamos un equivalente a la media de los 27 países de la UE, pero en relación a los 15 países principales, con los que nos hemos de comparar por el peso de nuestra economía, estamos claramente por debajo, España está gastando un 11% de PIB en Seguridad Social, mientras que Francia gasta un 13’5% de PIB e Italia un 14% de PIB, por ejemplo. Es lo que nos dicen economistas de prestigio como Ignacio Zubiri, o Vicente Navarro, es que tenemos margen suficiente para aumentar el gasto en pensiones hasta el 15% de PIB, porque además el PIB seguirá aumentando, previsiblemente un 1 o un 1,5% al menos.

A esto hemos de añadir, que nos separa con esos países, 7’5 puntos del PIB en presión fiscal, verdadero Nudo Gordiano de nuestro raquítico Estado de Bienestar, lo que significarían unos 90.000 millones de ingresos en las arcas del Estado.

Tampoco nunca se ha reconocido ni explicado, el superávit histórico de las cuentas de la Seguridad Social, cifrado por el grupo de “Economistas frente a la Crisis” en unos 500.000 millones de euros, superávit que en su momento el Estado utilizó en temas no relacionados con la Seguridad Social. O los 72.371 millones de euros, reconocido por la Intervención General del Estado, a la financiación de los complementos a mínimos entre 2.000 y 2.012 por la Seguridad Social, en lugar de ser con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Pues bien, con todos estos datos, que los diferentes Gobiernos conocen perfectamente, en lugar de tratar de aportar soluciones razonables a nuestro SPP, sobre todo vía ingresos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, se emplearon en aprobar dos reformas de dicho sistema, tendentes a empeorar de forma clara las, ya de por sí, escuálidas pensiones de nuestros mayores (recordamos que la media de las pensiones que se cobran en España no supera los 1.000 euros, claramente por debajo del mínimo que fija la Carta Social Europea).

La reforma de 2.011 del Gobierno Zapatero, amplia de 15 años a 25 años el periodo de cálculo para la base reguladora, la edad legal de jubilación de los 65 años a los 67 años y de 35 a 37 años el tiempo de cotización para cobrar el 100% de la pensión. Esta reforma está reduciendo paulatinamente las pensiones actuales desde el año 2.015, y sus efectos irán creciendo de forma negativa para nuestros mayores hasta el año 2.027. También estableció el factor de sostenibilidad a partir de 2.027.

Cuando nuestros políticos nos decían que la reforma de 2.011 haría sostenible nuestro SPP, llega Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno, y después de estar todo un año prometiendo que no tocaría las pensiones, en octubre de 2.012 nos las congela con efectos retroactivos al 1 de enero, lo que da pie al nacimiento del movimiento y protestas de los pensionistas, presentando miles de demandas en los Juzgados de lo Social de Toda España, y a la presentación de un recurso, por parte de toda la oposición, ante el Tribunal Constitucional (TC). La sentencia del citado TC tiene cuatro votos particulares, que nos atrevemos a pedir a sus Señorías su lectura, pues reflejan claramente la situación social a la que nos están abocando las políticas actuales.

El año 2.013 el Gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, aprueba otra reforma del SPP, con dos medidas fundamentales: el Índice de Revalorización Anual y el factor de Sostenibilidad. Se trata de reducir la cuantía de las pensiones. Con la primera, no revalorizarlas de acuerdo al Índice de Precios al Consumo o Coste de la Vida, y aplicar el tristemente famoso 0,25%; y con el segundo, cobrar menos por el hecho de tener más esperanza de vida. Esta reducción supondría entre un 35% y un 45% de la prestación actual, como explica el economista Ignacio Zubiri, lo que situaría a los casi 9 millones de pensionistas en la pobreza, o en la pobreza severa.

Esta última reforma, está actualmente paralizada por un pacto entre el PP y el PNV, conseguido como fruto de las grandes movilizaciones de pensionistas, en más de 280 poblaciones de todo el Estado. Y a pesar de que atenta claramente contra los derechos constitucionales de los y las pensionistas: La revalorización de las pensiones viene recogida en el artículo 50 de la Constitución y en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social.

Volvemos a recordar una vez más que, ante estas políticas para nosotros claramente antisociales, la Comisión del Pacto de Toledo no argumento absolutamente nada en contra, ni elaboró propuestas alternativas, por lo que consideramos a dicha comisión como algo totalmente inútil.

Rechazamos la Comisión del Pacto de Toledo, ya que se ha convertido en un instrumento oscurantista y de propaganda partidista, para desviar los verdaderos problemas de nuestro SPP, donde los partidos se reparten sus cuotas de poder, para presionar, según sus intereses, en torno a dicho SPP. Una comisión que ha sido incapaz de proponer ni una sola medida que contribuyera a taponar los grandes agujeros de gasto y de mala gestión del sistema, detallados en estas líneas. Que no se ha opuesto al incumplimiento flagrante por parte del Gobierno del PP, de utilizar el Fondo de Reserva sin control. Que no se pronunció en contra de las dos reformas de pensiones, conociendo los datos, como la congelación, detallados en estas páginas. Que ni tan siquiera ha sabido ver la injusticia cometida con el cálculo de las pensiones en torno a los contratos a tiempo parcial y ha tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que dictaminara al respecto. En resumen, consideramos a dicha comisión como algo inútil e inservible.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, ve necesaria la creación de un órgano asesor independiente cuyas funciones serían la de vigilar el cumplimiento de la legislación en materia de pensiones y proponer medidas al Gobierno para la mejora del sistema público de pensiones. Un órgano formado por personas no vinculadas a aseguradoras o entidades financieras, de reconocido prestigio en el ámbito laboral, económico y social y por COESPE como representante de pensionistas.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, considera que habla en representación de una gran parte de los y las pensionistas del Estado, algo que se reflejado de forma clara y rotunda en las numerosas plataformas
que siguen sus movilizaciones y por lo tanto eleva las siguientes peticiones al Gobierno del Estado, al partido o partidos que lo sustentan y al resto de partidos de la oposición las siguientes PETICIONES:

INMEDIATAS.

1. Regulación inmediata por Ley de la indexación de la subida de las pensiones Públicas, en la misma cuantía anual que lo haga el IPC real.

2. Subida inmediata de las pensiones mínimas, hasta los 900 euros del SMI, para situarlas a lo largo de la Legislatura en los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea.

3. Derogación de la reforma legislativa del año 2.011, Ley 27/2.011 de 1 de agosto, conocida como reforma Zapatero.

4. Derogación de la reforma de pensiones Ley 23/2.013 de 23 de diciembre, llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy.

MEDIO PLAZO. (2 años).

1. Garantizar las Pensiones Públicas con los Presupuestos Generales del Estado, y situarlas en la Constitución Española como un derecho fundamental. Y no solicitar créditos al Tesoro para su financiación. 2. Retirar a la Seguridad Social los gastos impropios como: reducciones de las cotizaciones sociales para el fomento del empleo; gastos de funcionariado y mantenimiento de edificios de la Seguridad Social…. 3. Retirar el tope de las cotizaciones sociales. 4. Garantizar los servicios básicos a los/as pensionistas: vivienda, luz, agua, gas, etc. Y asegurar la financiación de la Ley de Dependencia.
5. Retirar el pago de medicamentos (copago sanitario) a los /as pensionistas. 6. Recuperación del poder adquisitivo perdido a los/as pensionistas desde la reforma de la Ley 27/2.011. 7. Potenciación de la Inspección de Trabajo, de Seguridad Social y de Hacienda, lo que permitiría reducir considerablemente: las horas extraordinarias y los falsos autónomos; el elevado fraude fiscal; la evasión fiscal, la economía sumergida, la lacra de corrupción que invade todo… 8. Derogar las dos últimas Reformas Laborales. 9. Eliminación de los beneficios fiscales a los Planes Privados de Pensiones y de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSVs). 10. Invertir fuertemente en I+D+i, lo que cambiaría nuestro mercado laboral hacia trabajos de alto valor añadido. 11. Reconocimiento de la pensión pública mínima de 1.084 euros a todas las personas, independientemente del trabajo realizado.

DURANTE ESTA LEGISLATURA:

1. Terminar con la actual diferencia de género en materia de pensiones, situada en un 37% que va contra toda lógica, discrimina de forma permanente a la mitad de la población y que va totalmente en contra de la propia Constitución.

2. Desarrollar y aprobar en esta legislatura, una verdadera Reforma Fiscal, que cargue realmente el coste de nuestra sociedad en los que más tienen. Es significativo que, entre 2007 y 2018, el impuesto de sociedades haya bajado 11 puntos y el IVA haya subido 7. Una Reforma Fiscal que nos sitúe en las bases impositivas de Europa, y recupere esos 7’5% puntos de PIB de diferencia, verdadera barrera que impide un desarrollo adecuado de nuestro raquítico Estado de Bienestar.

Atentamente, lo firman Portavoces de COESPE,

Domiciano Sandoval ,Conchita Ribera ,José Ángel Vivanco 

DOCUMENTO PRESENTADO  A :

Excma. Sra. Dª Meritxell Batet Lamaña
Presidenta del Congreso de los Diputados.
Carrera de San Jerónimo (Madrid)

En Madrid, a 16 de Octubre de 2019

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